FORO SOBRE LANZAROTE

Según Diario de Lanzarote:

La jueza instructora del caso Unión, Lucía Barrancos, ha emitido un auto por el que continúa con las diligencias e imputa tres delitos de cohecho a los empresarios Fernando Becerra y Luis Lleó por intentar sobornar al ex secretario del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, que en el momento de los hechos era consejero del Cabildo de Lanzarote.



El auto forma parte de una pieza separada del caso Unión, la que investiga la urbanización Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza).

Este intento de soborno fue el que dio inició a la operación Unión, que derivó posteriormente ene decenas de tramas diferentes y que ahora la jueza instructora está separando para elevarlas a juicio.

La investigación se inició porque Espino denunció ese intento de soborno y los encuentros entre éste y Becerra y más tarde Lleó, fueron grabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Lo que pretendía Lleó es que Espino influyera en el Cabido para desbloquear un proyecto de más de mil viviendas en Playa Blanca, cuyas obras se habían paralizado por orden judicial.

El promotor quería que Espino influyera en los técnicos para que estos elaborasen un informe desistiendo del procedimiento, ya que las obras se habían parado a instancias del Cabildo. Becerra era el intermediario, que llegó a ofrecer una comisión a Espino de 600.000 euros a repartir entre ambos.

Lleó también aspiraba a conseguir el cambio de la calificación urbanística de los terrenos y, tras elaborar una “hoja de ruta”, a que los terrenos sirvieran para que los dueños de hoteles ilegales comprasen parte de ese suelo como compensación por legalizar los hoteles, ya que el Cabildo proponía una solución similar.

Los tres delitos de soborno son por cada una de estas acciones. Dos de ellos están penados con penas de entre tres y seis años y el otro con penas de entre dos a cuatro, por lo que los empresarios se enfrentan a penas de entre 8 y 16 años que juzgará un tribunal del jurado.

Los acusados pedían la nulidad de algunas actuaciones durante la instrucción del anterior juez, César Romero Pamparacuatro. Sin embargo, la juez considera que son “sean perfectamente válidas en cuanto a la forma y el trámite procesal”.

La defensa de Becerra y Lleó se basa, principalmente, en alegar que Espino no era el cargo competente para lograr aquello que le estaban solicitando. La juez considera, no obstante, que Espino "era la persona que con ocasión del cargo público que desempeñaba tenía la facultad de requerir informes técnicos y jurídicos a los funcionarios de la oficina insular de planeamiento del Cabildo de Lanzarote".

También considera que "era la persona que después de la Presidenta del Cabildo (de su mismo partido político) tenía mayor capacidad de decisión en el grupo de Gobierno del Cabildo en materia de ordenación del territorio".

El abogado de Becerra alegó que su cliente “no tenía idea” de las irregularidades administrativas que se solicitaban, “al punto se no ser técnico en Derecho”, y “tratándose de una norma penal en blanco habría que estudiar el derecho administrativo para analizar y decidir tanto si el señor Espino podía por si mismo ejecutar lo propuesto o hubiera sido imposible”.

Ante esto, la juez dice que “es difícilmente creíble que una persona, por muy desconocedora que sea del derecho penal, no comprenda que no se debe ofrecer a un político, en el ejercicio de su cargo y en su despacho, miles de euros para conseguir un trato de favor, aunque no sea para sí mismo, sino para otro”.

Auto del Juzgado número 5:
http://www.diariodelanzarote.com/images ... -union.pdf

Fuente canarias7.es:

La grabación de la única reunión que Luis Lleó tuvo con su denunciante Carlos Espino, para probar su supuesto soborno, ha desaparecido. La UCO dice que envió un CD al juez y el Juzgado no lo encuentra. Tampoco consta transcripción. La defensa exige la prueba para defenderse de la imputación.

Se trata de la grabación que Carlos Espino hizo de la única reunión que tuvo con el abogado Luis Lleó, el 20 de mayo de 2009. El encuentro de más de dos horas de duración, en el que también participó el empresario Fernando Becerra (supuesto intermediario entre Espino y Lleó) fue grabado por Espino y la copia entregada a agentes de la Guardia Civil (UCO), con la correspondiente denuncia.

Desde el inicio de la investigación, la grabación constituyó una hipotética prueba del intento de soborno que presuntamente Lleó le hizo al político, a cambio de que ejerciera su influencia como consejero del Cabildo, para que la primera Corporación retirara un pleito contra el Plan Parcial Costa Roja, del que Lleó era promotor.

Ahora, varios años después, se ha sabido que la grabación no figura en el sumario, de ahí que los abogados del imputado la reclamen por considerarla clave para su defensa. Pero ni el Juzgado, ni la Fiscalía, ni la UCO tienen copia y lo más chocante es que no existe tampoco transcripción de la misma.

El hecho es que la UCO asegura por escrito que remitió el CD con la grabación al Juzgado, si bien por el órgano no se explica qué ha sucedido con dicha prueba, que según la Guardia Civil se le hizo llegar.

Es extraño que haya fallado todo el protocolo establecido, que según declaró el agente de la UCO responsable, instructor del expediente de la denuncia de Espino en sede judicial, consiste en volcar el contenido de la grabadora en el ordenador de la Guardia Civil y enviar copia y transcripción al juez, al fiscal y guardar en los archivos informáticos policiales otra copia.

Sin embargo, ni el Juzgado, ni el fiscal dicen tener copias y la UCO reconoce que ha tenido un problema informático y se ha dañado este archivo. Ahora los abogados de Luis Lleó creen que la grabación es clave para su defensa y no existe.