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NotaPublicado: Sab 13 Jul, 2013 10:38 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

Vecinos Unidos Canarios y la Confederación Social y Autónoma Canaria (Coveinca) han llevado a Fiscalía la privatización de Inalsa ante las “numerosas irregularidades detectadas” durante el proceso. Estos colectivos han solicitado a Fiscalía que lleve a cabo las “investigaciones oportunas”, teniendo en cuenta que “el agua es un bien tan esencial para una isla como Lanzarote”.

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El escrito ha sido entregado este viernes por la mañana en Fiscalía por parte de José Díaz, presidente insular de Coveinca. Ambos colectivos consideran que en el proceso de privatización se vulneró el artículo 43 del Plan Hidrológico Insular, el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias de Aguas y la resolución del Parlamento de Canarias de 13 de julio de 2000.

Además, recuerdan que el concurso público “quedó desierto” y se decidió ir a un procedimiento negociado con publicidad. “Nosotros, en vista de las numerosas irregularidades observadas, instamos al secretario acumulado del Consorcio, que declarase nula la asamblea por cuanto los asistentes no estaban legitimados para tomar tal decisión”, indican.

En el escrito, además, se hace un relato de los antecedentes históricos de Inalsa, así como de las intervenciones judiciales que ha sufrido. En este sentido, destacan que la Confederación General del Trabajo ya denunció en 2001 “un primer intento de privatizar la planta de Janubio” y aseguran que el caso “Unión” “destapó el segundo intento”.

Así, recuerdan que en el sumario de este caso, aparece el Plan de Viabilidad presentado por PIL y PSOE en 2008 como “el comienzo de la privatización de Inalsa”. En las grabaciones efectuadas por la UCO de la Guardia Civil se recoge que “Dimas Martín quería privatizar el 30 por ciento de Inalsa”. En junio de 2009, después del estallido de la operación “Unión”, se celebró el concurso de acreedores.

Debido al estado de las cuentas de Inalsa, los jueces concursales decidieron acudir al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas, que ordenó el embargo preventivo de bienes por valor de 1.914.730 euros a 16 de los ex consejeros de Inalsa”, recuerdan. Además, aseguran que Vecinos Unidos y Coveinca ya advirtieron al presidente en enero de 2013 que “los casi dos millones de euros en propiedades de esos gestores era un aval más que suficiente para contentar a las empresas acreedoras, mientras se liquidaba Inalsa y el Consorcio renegociaba la deuda”.

Asimismo, en su escrito presentado ante la Fiscalía exponen también los “informes contradictorios de los interventores”, tanto el de la ex interventora del Consorcio Insular de Aguas, que puso reparos a la fórmula de pago de la deuda a los acreedores de Inalsa, como el del interventor de Tías, que avala el de la ex interventora, y el encargado por el Consorcio a Pedro Lasso Purriños, que defiende la propuesta del Consorcio.

Para estos dos colectivos, la intención es “salvar del embargo de sus bienes a los 16 ex consejeros de Inalsa en la época de su ruina, con PIL-CC y PSOE”.

Documento de Crónicas de Lanzarote:
http://www.cronicasdelanzarote.es/IMG/d ... CALIA-.doc


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NotaPublicado: Sab 13 Jul, 2013 10:59 am 
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Según Diario de Lanzarote:

La denuncia presentada ante la Fiscalía por la gestión de Inalsa en los últimos años, su quiebra y entrada en proceso concursal y su proceso privatizador, considera que 26 miembros de los consejos de administración de la empresa pública y de la asamblea del Consorcio del agua pudieron cometer hasta seis delitos en su gestión para que la empresa haya llegado a la situación en que se encuentra: prevaricación, tráfico de influencias, insolvencia, delito societario, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

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En la denuncia registrada el miércoles por Alternativa Ciudadana se hace responsable de la situación de Inalsa a los miembros de los dos últimos consejos de administración antes de la entrada en proceso concursal y entre los que se encuentran miembros del PIL, CC y PSOE, como Manuel Fajardo, Inés Rojas o Mario Pérez, sobre los que pesa un embargo preventivo de su bienes, pero también a los gerentes de la empresa y a los miembros de la asamblea del Consorcio del Agua (Cabildo y ayuntamientos) entre 2007 y 2012, que serían Pedro San Ginés, Manuel Fajardo Feo, Gladys Acuña, Echedey Eugenio, Dolores Corujo y Jesús Machín Duque.

Sobre los primeros, los miembros de los consejos de administración de Inalsa, la denuncia considera que deberían haber instado antes el proceso concursal de la empresa y que no lo hicieron, agravando así su situación, por “una absoluta falta de diligencia” ya que debían haber reflejado en las cuentas el pago de 12 millones a la empresa FCC por el laudo de la planta desaladora de Janubio, entre otras cuestiones.

También se les acusa de caos y desgobierno en la empresa y de que podían haber evitado la quiebra subiendo las tarifas tal y como se llegó a aprobar, o invirtiendo en la mejora de las redes para evitar las pérdidas de agua o exigiendo el pago del consumo de agua de los edificios públicos. La insolvencia de la empresa, según la denuncia, era clara, atendiendo a diversos ratios económicos financieros.

Además, se acusa a los responsables de la compañía de desviar una parte de las subvenciones para la producción de agua a pagar la deuda de la factura de la luz, lo que sería un “ilícito penal”. Por último se destaca que la propuesta de convenio con los acreedores no la presentó Inalsa sino el Consorcio, que es ajeno el proceso mercantil.

“La única finalidad que motivaba al Consorcio a modificar el sistema de gestión”, privatizando el agua y entregándosela a la empresa madrileña Canal de Isabel II, “era lograr, aun cuando resultara ilegal, pagar la deuda contraída por Inalsa para liberar a los responsables políticos de lo que parecía inminente, la condena al pago de parte de la deuda mediante el embargo de todos sus bienes”, señala la denuncia.

Hace tres años, Inalsa prejubiló a varios trabajadores a los que concedió una indemnización, que se podía recibir en un solo pago o a través de una cantidad mensual de formas vitalicia. Cerca de 20 trabajadores se acogieron a esa forma de pago y venían recibiendo algo más de 900 euros al mes por parte de la empresa de aguas. Ahora, los administradores concursales de la empresa han comunicado a los pensionistas que, ya que Inalsa no recibe ingresos al haber dejado de prestar el servicio de aguas, dejarán de recibir ese dinero. Los ex trabajadores van a recurrir.


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NotaPublicado: Sab 20 Jul, 2013 12:35 pm 
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NotaPublicado: Mié 14 Ene, 2015 3:23 pm 
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NotaPublicado: Jue 17 May, 2018 4:34 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó el pasado mes de noviembre revisar la adjudicación a Canal de Isabel II del ciclo integral del agua en Lanzarote, en una sentencia que el Consorcio del Agua ha mantenido oculta y que no había trascendido hasta ahora. El fallo al que ha tenido acceso ahora La Voz, fechado el pasado 21 de noviembre, tacha de “polémica” la actuación del Consorcio presidido por Pedro San Ginés y concluye que se produjeron “sorprendentes alteraciones” en el procedimiento de adjudicación “en beneficio” de Canal.

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Por eso, el TSJC estima el recurso presentado por Club Lanzarote y ordena iniciar un procedimiento administrativo para determinar si esa adjudicación debe ser declarada nula. Además, advierte que “muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo”, que debería emitir un informe dentro de ese proceso de revisión del contrato.

La adjudicación del ciclo del agua de Lanzarote a Canal de Isabel II, investigada en Madrid en una causa penal por delitos de cohecho y malversación, no se hizo con un concurso público sino a través de un procedimiento negociado con publicidad, después de que quedara desierta la licitación que se había convocado. En esos casos, la ley permite acudir a un negociado, pero siempre que no haya “modificaciones sustanciales” con respecto al pliego que rigió el concurso declarado desierto. Y en este caso, la Sala de lo Contencioso del TSJC afirma que, “con claridad cegadora”, se puede concluir que sí existieron "alteraciones".

Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial”, señala la sentencia, que estima así el recurso de Club Lanzarote y anula el fallo que se había dictado en primera instancia.

A diferencia de lo que ha ocurrido ahora, el Consorcio sí informó en su día de esa primera sentencia, dictada en octubre de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas. Y lo hizo con un comunicado en el que aseguraba que la Justicia había “ratificado la legalidad de la adjudicación del ciclo integral del agua a Canal Gestión Lanzarote”. Sin embargo, tal como en ese momento informó La Voz, aquel fallo se limitó a desestimar el recurso de Club Lanzarote señalando que la empresa no estaba “legitimada” para interponerlo, al entender que no fue “parte” en el proceso de adjudicación.

Precisamente por eso, en contra de lo que informó entonces el Consorcio, aquella sentencia ni siquiera entró a analizar la legalidad o no de la adjudicación a Canal. Pero quien sí lo hizo un año después fue el TSJC, en esta nueva sentencia que no se había conocido hasta ahora y sobre la que el Consorcio no ha dado explicaciones.

En este fallo, el Tribunal comienza concluyendo que Club Lanzarote sí puede ser considerada parte en el procedimiento, entre otras cosas porque podría haber optado al concurso en caso de haberse realizado una segunda convocatoria pública con las mismas condiciones de las que se benefició Canal Gestión en el procedimiento negociado.

Respecto a esas condiciones que se modificaron “sustancialmente”, la sentencia hace expresa referencia a una de ellas, a modo de “ejemplo”, aunque apunta que hay más. Concretamente, subraya que entre las condiciones iniciales del contrato “estaba la de que el canon -que ascendía a la cantidad de 50 millones de euros- debía abonarse con anterioridad a la formalización del negocio jurídico, mientras que en el contrato finalmente suscrito se permite al adjudicatario abonar sólo 15 millones de euros de entrada; 8 millones de euros el segundo año; 8 millones de euros el tercer año; 9 millones el cuarto año y 10 millones el quinto año”.

“Obviamente, en las condiciones expuestas no es difícil comprender por qué Club Lanzarote pasó de descartar su participación en el procedimiento a interesarse vivamente por ser parte del mismo”, concluye el TSJC. “Y subrayamos que sólo hemos mencionado una de las diversas sorprendentes alteraciones que, en beneficio, al fin y a la postre, de la empresa que resultó adjudicataria tras la celebración del procedimiento negociado (que reemplazó al abierto, que era el previsto), experimentó súbitamente el pliego de condiciones”, agrega la sentencia.

Club Lanzarote se dirigió al Consorcio del Agua en el año 2014 pidiéndole que realizara una “revisión de oficio” de la resolución por la que acordó iniciar un procedimiento negociado para adjudicar la gestión del agua en la isla. En diciembre de ese año, su solicitud fue rechazada y entonces la empresa acudió a los tribunales para que se anulara el acuerdo desestimando su petición, que es el que ahora ha sido revocado y declarado nulo por el TSJC.

Así, lo que implica la sentencia es que debe “admitirse la solicitud de revisión deducida por Club Lanzarote, sustanciarse con observancia de todos y cada uno de sus trámites, y resolver tal petición, en los términos que procedan, con arreglo a Derecho”. En cuanto a la otra demanda que formulaba la empresa en su recurso, reclamando que fuera anulada la adjudicación en sí, la sentencia cita jurisprudencia al respecto y concluye que antes debe llevarse a cabo ese procedimiento administrativo de revisión.

“Lo prudente ahora es actuar como usualmente hacemos, esto es, ordenar que se admita la solicitud y que se sustancie el procedimiento por todos sus trámites”, señala la sentencia, que no obstante adelanta que “muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo”. La solicitud de un informe a este órgano del Gobierno de Canarias sería uno de los primeros pasos que debería dar el Consorcio para ejecutar esta sentencia, tras abrir el correspondiente expediente de revisión para determinar si la adjudicación fue nula. Sin embargo, seis meses después de dictarse esa sentencia, no consta que el Consorcio haya iniciado ese expediente ni tampoco si ha presentado o no algún tipo de recurso contra este fallo de segunda instancia del TSJC.


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NotaPublicado: Jue 17 May, 2018 4:45 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha desvelado este jueves en primicia informativa en Cope Lanzarote que fue la presión del PSOE y su secretaria general, Dolores Corujo, las que propiciaron que se tuviera que levantar el reparo de Intervención a la adjudicación a Canal Gestión del ciclo integral del agua en la Isla.

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El presidente ha mostrado su enorme sorpresa por la reacción del PSOE al conocer de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de pedir que se revise la adjudicación del ciclo integral del agua, sobre todo cuando fue su actual secretaria general y de su secretario de Organización, José Juan Cruz, los que le llevaron al levantamiento del reparo puesto por Intervención. San Ginés ha revelado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que los dirigentes socialistas le llegaron a presentar a un abogado que a la postre sería quien redactaría un informe para garantizar que el levantamiento a los reparos puestos por la interventora saliera adelante, precisamente en el momento en el que los representantes de los dos últimos consejos de Administración de Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) estaban amenazados con el embargo de sus bienes por su desastrosa y cuestionada gestión al frente de la empresa pública. Fue en el momento, según explicó, en el que él, que evidentemente no figuraba entre los políticos embargados, había pensado en que lo mejor podría ser no seguir peleando para arreglar el lío que otros habían dejado y que fueran los ayuntamientos a través del Consorcio y los políticos afectados con sus bienes los que sacaran a la empresa de la situación.

"Loli Corujo insistía en que algo había que hacer y yo le decía que lo hiciera ella. Y fue Loli Corujo, que tanto ha criticado desde el PSOE que yo busco informes externos para rebatir los informes internos, la que asumió la responsabilidad de buscar al letrado externo que hizo el informe que permitió levantar el reparo de la Intervención. Y fue José Juan Cruz, el que está pidiendo ahora mi comparecencia, el que trajo el abogado al Consorcio, un ex miembro, ex cargo público del Partido Socialista, y como esto es verdad, lo puedo contar", ha revelado San Ginés.

En la entrevista concedida este jueves al programa ’A buena hora’, el presidente ha confirmado que comparecerá ante el Pleno del Cabildo en calidad de presidente de la Institución y del Consejo Insular de Aguas, para exponer todas las explicaciones necesarias después de conocerse esta semana la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a revisar la adjudicación del ciclo integral del Agua a Canal Gestión Lanzarote.

Por ello, asegura que está dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias sobre es proceso pero advierte de que sería justo que también María Dolores Corujo hiciera lo mismo. "Si no es así, que en la propia comparecencia que se sienta conmigo la propia Loli Corujo y que lo desmienta, o que traiga al abogado que trajo Pepe Juan Cruz al Consorcio para presentarlo al gerente y encargarle y pagarle por supuesto el informe externo que permitió levantar el reparo para el concurso, por el enorme interés y la presión que tenía el Partido Socialista, por razones obvias, en que el concurso saliera adelante", ha explicado el presidente.

"Mi interés era que la deuda no recayera sobre el Cabildo y los ayuntamientos, pero ellos tenían otra preocupación. Si no se levantaba el reparo para el concurso, además de que la deuda podía recaer sobre los ayuntamientos y el Cabildo, podía haber con toda seguridad una gestión culposa o dudosa de quienes habían administrado Inalsa hasta ese momento, el PSOE y el PIL, durante esas décadas, aunque es verdad que también había un embargo, aunque mucho menor, sobre el segundo Consejo de Administración", ha alegado en referencia a los posibles embargos patrimoniales de quienes conformaban los dos últimos consejos de Administración de Inalsa, entre ellos Enrique Pérez Parrilla, Manuela Armas y Carlos Espino. "Espero que no tengan la poca vergüenza de rebatirme todo esto porque sería muy fácil de demostrarlo", ha añadido.

Para el presidente, "esta es la verdadera historia de todo este proceso por parte del PSOE, que tiene una hipocresía que ya le vale, ya le vale, para estar manteniendo ahora la posición que mantiene en torno a toda esta cuestión".

San Ginés ha admitido que cuando el concurso público para la adjudicación de la gestión del agua en Lanzarote quedó desierto, estuvo a punto de tirar la toalla. "En aquel momento este quien les habla, bastante decepcionado, se plantó en la Asamblea del Consorcio y dijo que ya había hecho todo lo que estaba en mi mano por levantar este concurso. El problema era que la deuda habría recaído casi con toda seguridad, aunque decíamos lo contrario en ese proceso de negociación y de quitas con los proveedores, en los propietarios del Consorcio, los siete ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote", ha relatado San Ginés. "Yo me planté y dije hasta aquí he llegado, pero fue la presión de Loli Corujo, supongo que presionada por su propio partido, que era el máximo responsable del hundimiento de Inalsa, porque recordarán que fue a Manuela de Armas a la que se le sustrajo la gestión de Inalsa por parte de la justicia. Fue tal la presión", ha advertido, "que pensé que con ese informe de Intervención yo no podía autorizar ese pago".

El presidente del Cabildo afirma que hubo "absoluta transparencia" en la adjudicación del Ciclo Integral del Agua a Canal y que además ya están cerrados todos los procedimientos judiciales.

"Estoy absolutamente tranquilo porque ni ha pasado ni va a pasar nada. No va a haber consecuencias graves para nadie aunque se estén pidiendo comparecencias. El proceso de adjudicación del ciclo integral del agua se hizo con absoluta transparencia y están cerrados todos los procedimientos judiciales a efectos prácticos. Tampoco es cierto que Dolores Corujo, ni Gladys Acuña, ni Pedro San Ginés, que fuimos las tres personas a nivel político que intervinimos en la negociación porque fuimos designados por la Asamblea del Consorcio como comisión negociadora, alteramos ningún pliego de condiciones", ha insistido San Ginés.

En cualquier caso, ha expuesto, "el convenio que alcanzó la Asamblea del Consorcio con el Canal Gestión fue un convenio validado por los tribunales de justicia mucho antes de que se produjera esta sentencia, que ya no tiene ningún efecto porque aquel convenio establecía el desestimiento de todos los procesos judiciales entre ambas administraciones y fue semanas antes de esta sentencia. Esto no se hizo por temor a la sentencia", ha dicho.

Respecto a la nula publicidad que ha tenido hasta ahora la sentencia del TSJ que ordenaba revisar de oficio la adjudicación a Canal Gestión Lanzarote del proceso del agua en la Isla, San Ginés ha alegado la "delicada" situación política que atravesaba la Institución cuando recibió esta notificación y ha argumentado que consideró que lo más adecuado era recurrir ante el Tribunal Supremo, al que siguió el posterior acuerdo con Club Lanzarote, que venía explotando la desaladora del Plan Parcial de Montaña Roja.

"Es más, cuando se firmó aquel convenio, lo que tenía el Consorcio en las manos era una sentencia en primera instancia del Tribunal de lo Contencioso, que había quitado la razón a Club Lanzarote, que había pedido la revisión de oficio de la adjudicación del concurso. Se está diciendo ahora que lo firmamos para evitar esa sentencia que, por otra parte, después recurrimos y lo hicimos porque también la recurrió el Canal ante el Supremo, que no se ha pronunciado. Pero sea cual sea el resultado", ha insistido, "no tiene virtualidad alguna en la medida en que Club Lanzarote desistió de ese recurso de manera expresa, creo recordar que el mismo día que se emitió la sentencia".

El presidente ha garantizado que "no ha habido ninguna alteración, como aventuran, pues es mentira que la sentencia entre en el fondo de la cuestión. Simplemente mandata la revisión de oficio y presupone una alteración sustancial del pliego de condiciones". San Ginés ha precisado que "lo único que se varió, sin alteración sustancial, y que tuvo informe favorable de la Intervención del Consorcio, y que además fue publicado en los boletines oficiales una vez que lo aprobó la Asamblea, fueron los criterios de negociación, en virtud de los cuales se permitía que el pago, en lugar de hacerse de manera única, se pudiera hacer en varias anualidades, cosa que nadie recurrió, ni siquiera el resto de licitadores ni absolutamente nadie". "Tal es así, ha añadido, "que Canal Gestión ofreció pagar la deuda de 50 millones de euros en cinco años y el resto de licitadores en más de años (en seis el segundo)".

Por su parte, el Partido Popular (PP) ha confirmado en Cope Lanzarote a través de su portavoz en el Cabildo, Ángel Vázquez, que la situación provocada por el procedimiento de adjudicación del ciclo integral del agua en Lanzarote no afectará al actual pacto de gobierno al que los populares se sumaron junto a Coalición Canaria (CC), el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Nueva Canarias (NC).

"Nosotros hemos firmado un pacto con unos puntos determinados y nuestros objetivo es dar estabilidad y llegar a las máximas inversiones por el bien de Lanzarote y en eso estamos. Lo que haya a nivel personal no creo que deba afectar al pacto para nada", ha explicado el consejero del PP. "Tenemos unos acuerdos firmados en hacer unos temas muy concretos y estamos centrados en sacarlos adelante, pues para eso firmamos el acuerdo", ha señalado, tras recordar que "entendimos que se variaron las condiciones del concurso inicial y el PP ya lo dijo en su día, con lo que no se debió haber hecho el negociado tal y como se hizo".

Las explicaciones de Vázquez se producen después de que este miércoles el PP se desmarcara de San Ginés y volviera a exigir a CC y al PSOE explicaciones por la adjudicación presuntamente irregular de Canal Gestión. “El tiempo viene a darnos la razón, ya que en 2012 el PP defendió en solitario la irregularidad del procedimiento de adjudicación por modificaciones sustanciales en los pliegos”, explicaba la presidenta insular del PP, Astrid Pérez, que recuerda que la alianza de CC, PSOE y PIL "permitió la adjudicación de Inalsa que ahora cuestiona el TSJC". “Vamos a pedir una convocatoria urgente de la Asamblea del Consorcio del Agua para que aclare las graves consecuencias para la isla sobre el fallo de esta sentencia, conocida ahora tras el silencio de CC en el Cabildo de Lanzarote”, ha advertido Astrid Pérez.

Con respecto a la sentencia del TSJC sobre la adjudicación ciclo integral del agua, Coalición Canaria ha emitido este jueves un comunicado de prensa en el que respalda la gestión del presidente del Cabildo, Pedro San Ginés.

En su nota, los nacionalistas van en la línea que el presidente del Consorcio al recordar "a los socialistas que su secretaria general, María Dolores Corujo, participó en las mesas de negociación, como hicieron el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y que fue la Asamblea del Consistorio quien validó por unanimidad ese contrato"

Destacan que "fue la gestión de Manuela Armas y otros históricos socialistas quien llevó a INALSA a la situación que obligó a sacar a concurso la gestión del ciclo integral del agua y fueron estos dirigentes, entre otros, los que tuvieron sus cuentas embargadas hasta que María Dolores Corujo, Gladys Acuña y Pedro San Ginés cerraron este histórico acuerdo para la Isla".

Desde CC exponen que respecto al informe para el levantamiento del reparo del pago de la deuda, "fue María Dolores Corujo quien asumió buscar un letrado externo y José Juan Cruz quien ejecutó la encomienda al letrado excargo público de su formación, con la conformidad del Consorcio".

Además, afirman que el acuerdo extrajudicial con Club Lanzarote que validó el juzgado "pone fin a los procedimientos judiciales y por tanto, la sentencia que tanto les preocupa a los socialistas no tiene consecuencias jurídicas".

Coalición Canaria Lanzarote muestra así su "total y rotundo apoyo" al presidente del Cabildo, "el compañero Pedro San Ginés".


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NotaPublicado: Jue 17 May, 2018 4:55 pm 
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NotaPublicado: Jue 17 May, 2018 7:57 pm 
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'Participé en una sola reunión y no he tenido nada que ver con la adjudicación', Loly Corujo (PSOE)
http://www.ivoox.com/participe-sola-reu ... feed_1.mp3

'No se dio a conocer la sentencia porque es intrascendente', Pedro San Ginés
http://www.ivoox.com/no-se-dio-a-conoce ... feed_1.mp3


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NotaPublicado: Vie 18 May, 2018 4:14 pm 
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NotaPublicado: Mié 23 May, 2018 4:12 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Los cuatro partidos que integran la oposición en el Cabildo de Lanzarote (PSOE, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos) han registrado una solicitud para que durante el pleno extraordinario de la corporación, convocado por el presidente para este viernes, se someta a votación la reprobación de la actuación de Pedro San Ginés.

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Los partidos de la oposición le acusan de del ocultar durante casi medio año la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que insta al Consorcio del Agua a revisar el procedimiento de contratación que culminó con la adjudicación a Canal de Isabel II, al considerar que se efectuó "una modificación sustancial del procedimiento de adjudicación del contrato".

Además, y derivado de las dudas que expresa dicha sentencia sobre el procedimiento de negociado por el que se terminó adjudicando a Canal de Isabel II la gestión del ciclo integral del agua, los grupos de la oposición piden que se inste al presidente del Consorcio a que inicie el proceso de revisión de oficio del procedimiento.

PSOE, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos recuerdan que el fallo del TSJC llega a señalar que se produjeron "sorprendentes alteraciones en beneficio de la empresa que resultó adjudicataria", por lo que, además, piden que el pleno pueda acordar la retirada de un posible recurso a la sentencia del alto tribunal canario.

"Si existen dudas sobre el procedimiento, y tratándose de un sector estratégico de la importancia que tiene el agua para Lanzarote, lo lógico es que se proceda a la revisión de oficio del proceso de negociado; mantener el litigio solo supone destinar recursos del ente público a enredar y a evitar que se transparente una cuestión de tanta relevancia", añaden.

Las organizaciones que conforman la oposición confían en que "la mayoría política que se ha mostrado contraria al ocultamiento de información, y partidaria de aclarar las incertidumbres que se ciernen sobre el proceso de adjudicación a Canal, tenga la oportunidad democrática de tratar estos puntos en el pleno extraordinario que tratará de manera monográfica esta polémica".

En este sentido, recuerdan que tanto el PP en nota de prensa como el consejero del Partido de Independientes de Lanzarote, ambos socios de gobierno de San Ginés, "han manifestado públicamente su desacuerdo con la actuación opaca del presidente", razón por la cual desde la oposición se confía en que prospere "tanto la reprobación a la actitud de San Ginés como la solicitud de revisión del contrato".


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NotaPublicado: Vie 25 May, 2018 5:01 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Ni votación de los puntos que la oposición había solicitado que se incluyeran en el orden del día ni turno siquiera de réplica. El Pleno extraordinario convocado para hablar de la sentencia del TSJC que ordena revisar la adjudicación del ciclo integral del agua al Canal de Isabel II ha terminado siendo prácticamente un monólogo del presidente, Pedro San Ginés, que solo ha dejado cinco minutos para intervenir al resto de partidos, sin permitir siquiera un segundo turno de palabra.

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¿Y el turno de réplica?”, ha preguntado con incredulidad el consejero de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, al ver que el presidente levantaba abruptamente la sesión. “Mucho miedo, señor presidente. Mucho miedo. Salga huyendo”, le ha increpado por su parte el portavoz de Podemos, Carlos Meca, mientras San Ginés abandonaba el salón de Plenos, sin responder siquiera a los cuestionamientos que llegaban desde distintos grupos de la oposición.

Sobre la posibilidad de que estos grupos pidan ahora un nuevo pleno extraordinario, como tenían previsto antes de que el presidente se adelantara convocando la sesión de este viernes, San Ginés también ha dejado claro cuál será su actitud si se ve obligado a celebrarlo. “¿Saben qué voy a hacer? Poner la grabación de este Pleno”, ha afirmado, dejando claro que no tiene intención de dar más explicaciones sobre esta sentencia que mantuvo oculta durante seis meses, pese a las dudas que han seguido quedando en su comparecencia de este viernes.

Es verdad que he dedicado mucho tiempo a preparar este Pleno, pero cuando salga de aquí me olvidaré de este asunto y seguiré con mi trabajo”, ha señalado San Ginés, que ha intervenido al iniciarse el Pleno y al final, tras los 5 minutos que ha dejado hablar a la oposición y a sus socios de gobierno. Sin embargo, la mayor parte del discurso del presidente no se ha centrado en hablar del proceso de adjudicación del agua a Canal, que es el que cuestiona la sentencia, sino en hechos previos a la privatización, de los que ha culpado al PSOE, contra quien ha centrado la mayor parte de sus ataques.

Así, ha seguido sin explicar las “alteraciones sorprendentes” de las que habla la sentencia del TSJC, que considera que en el procedimiento negociado que se abrió tras quedar desierto el concurso se realizaron modificaciones sustanciales “en beneficio” de Canal Gestión. San Ginés, que la pasada semana aseguró que solo había habido una “variación” y que no era “sustancial”, ha tenido que reconocer en el Pleno que sí hubo más cambios, tal como este viernes publicaba La Voz de Lanzarote y como le han recordado varios grupos de la oposición.

Sin embargo, lo ha hecho contradiciendo una vez más el fallo del TSJC e insistiendo en que eran “alteraciones legales” de aspectos que eran “negociables”. Una afirmación que choca de plano con la sentencia, que precisamente ordena revisar la adjudicación por considerar que el contrato que se terminó firmando tenía unas condiciones “radicalmente distintas” de las que salieron a concurso.

Entre otras cosas, esas alteraciones implicaron que el Consorcio renunciara a cobrar millones de euros, al rebajarse significativamente el porcentaje de los tres cánones variables que debe pagar anualmente la empresa. “Si absurda es esta algarabía, más absurdo es lo del pelotazo”, ha defendido por su parte San Ginés, que ha insistido en destacar que Canal ofreció más inversión en obras, concretamente 54 millones, frente a los 15 que se reclamaban en el concurso. “Fue un pelotazo, pero para Lanzarote”, ha asegurado San Ginés.

No obstante, tal como publicaba este viernes La Voz de Lanzarote, cabe recordar que eso se hizo a costa de la rebaja del canon variable, que hubiera supuesto unos ingresos millonarios para el Consorcio. De esta forma, quien pasó a manejar ese dinero y la adjudicación de las obras fue Canal de Isabel II, que precisamente está investigada en Madrid por el presunto amaño de concursos, a través de los que sus directivos se quedaban supuestamente con comisiones.

Tal como le ha recordado la oposición, tanto el que entonces era director del Canal de Isabel II, Adrián Martín –que fue quien firmó el contrato con Pedro San Ginés-, como el primer gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, han sido detenidos y están imputados por corrupción en dos de los procedimientos judiciales abiertos sobre esta empresa y algunas de sus filiales.

“Seguro que también hará buen tiempo en California, pero esto no tiene nada que ver con este Cabildo ni con este contrato”, ha respondido San Ginés, que ha alegado que los “asuntos de Canal” a los que se ha referido la oposición se centran en operaciones realizadas por esta empresa en Centroamérica.

En cuanto a la sentencia, San Ginés ha vuelto a dejar claro que “no va a haber ninguna revisión de oficio”, pese al mandato del TSJC. Para ello ha apelado al acuerdo que alcanzó con la demandante, Club Lanzarote, dentro de otro pleito. Ese acuerdo estaba destinado en realidad a poner fin al conflicto por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, pero se incluyó también una cláusula por la que Club se retiraría de la demanda por las supuestas irregularidades en la adjudicación del ciclo del agua. Sin embargo, según ha desvelado el presidente, la empresa tardó 15 días en notificar la retirada de su recurso al Tribunal, por lo que no pudieron evitar que se dictara este fallo.

No obstante, San Ginés ha insistido en que no va a ejecutarlo, diga lo que diga el Tribunal Supremo, que aún debe resolver dos recursos contra el fallo. Y es que aunque el presidente ha afirmado que la sentencia es “intrascedente”, presentó un recurso contra ella, al igual que Canal Gestión. Lo que tampoco ha sabido explicar en el Pleno es por qué presentó entonces ese recurso, si considera que la sentencia no tiene consecuencias. “Yo también me planteo qué necesidad hay”, le ha respondido al portavoz de Podemos cuando le ha planteado esa pregunta. “¿La búsqueda de la verdad? Pues pudiera ser”, ha añadido San Ginés.

Además, tampoco ha aclarado cómo se explica que en la isla se siga perdiendo el 50 por ciento del agua que se produce, cuando asegura que Canal ha realizado ya obras por valor de 40 millones de euros. “A mí también me preocupa”, le ha contestado a Carlos Meca, recordando que en el último Pleno ya se aprobó una moción de Podemos para investigar esas pérdidas. “Probablemente la solución esté en Timanfaya”, ha ironizado a continuación San Ginés, refiriéndose al anuncio realizado hace un año por Podemos, con estudios que confirmaban la existencia de un gran acuífero en esa zona.

Aunque desde entonces ni el Gobierno de Canarias ni el Consorcio han realizado las catas que faltaban para confirmar la cantidad y la calidad del agua que alberga el subsuelo de Timanfaya, el presidente ha señalado que este año han incluido una partida en los presupuestos para realizar los estudios. “Vamos a estar haciendo catas en Timanfaya hasta que encontremos agua, no se preocupe. De la mano de su ilustre ingeniero”, le ha respondido el presidente a Meca, en referencia al ingeniero responsable de esos estudios, Carlos Soler, pero sin dar una explicación a que se sigan registrando las mismas pérdidas en la red pese a las obras supuestamente realizadas por Canal.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com