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NotaPublicado: Jue 07 Jun, 2018 3:51 pm 
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NotaPublicado: Mar 12 Jun, 2018 3:59 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

"Lanzarote pagará el agua más cara de todo el Estado español si no aparta a Pedro San Ginés del Consorcio". Así lo considera NC, que cree que se está produciendo un "derrumbre del sector del agua comandado por San Ginés", mientras "las formaciones políticas que lo mantienen miran para otro lado de forma absolutamente irresponsable". La formación exige así "a los partidos que sostienen" al presidente del Cabildo, PP y PIL, "que no le permitan acabar con este imprescindible sector para nuestra isla".

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La formación apunta que "en las últimas semanas hemos asistido a tres hitos judiciales que son muy graves", recordando, por un lado, la sentencia del TSJC advirtiendo "que el contrato del agua con Canal Gestión es absolutamente ilegal" porque se cambiaron las condiciones del concurso "en beneficio" de esta empresa, y por otro las dos sentencias que anulan el Plan Hidrológico de Lanzarote, tras haber sido recurrido por Daminvest y Asolan, "liquidando de un plumazo la pretensión de que San Ginés le pueda garantizar a sus amigos del Canal el monopolio absoluto del agua en la isla".

Nueva Canarias considera que la respuesta por parte del presidente del Cabildo, que afirmó que "al agua subirá de precio si no se garantiza el monopolio absoluto a Canal Gestión", ha sido "terrible" y que es "algo que él sabe que a estas alturas es materialmente imposible". "El irresponsable presidente del Cabildo se ha enfrentado a dos procesos contra el Plan Hidrológico de Lanzarote sin ni siquiera personarse en los procedimientos y además ahora pretende hacer pagar a los ciudadanos su incompetencia manifiesta con la subida de precios", señalan desde el partido.

A este respecto, desde NC recuerdan que "esta posibilidad fue blindada a la empresa investigada por corrupción que San Ginés trajo a la isla". "San Ginés incluyó en el contrato la posibilidad de subir el precio del agua de un punto por encima del IPC anual, por lo que en una década los lanzaroteños podrían pagar casi el 30% más del precio del agua que estamos pagando en la actualidad", advierte. Y es que, la formación explica que "la media del IPC de este año 2018 está en un 1,4% y el servicio de estudios económicos de Bankinter sitúa la previsión del 2019 en un 1,5%", por lo que "si aplicamos una subida del IPC de 1,4% (media del año en curso y la previsión del 2019) más un punto los próximos 10 años, el agua en Lanzarote puede llegar a subir un 30%".

Además, NC no entiende "cómo es posible que en Lanzarote se pierda un 50% del agua producida, que además los campos estén sin agua de regadío, y nadie exija a Canal Gestión una mínima explicación, con el impacto económico y medio ambiental que estos desastres tienen".

El partido exige que se investiguen estas pérdidas recordando que San Ginés "es responsable del agua desde el año 2009" y que "Canal Gestión se hizo con el servicio hace media década". Además, apunta que "Club Lanzarote ya denunció el estado deplorable en el que habían dejado sus instalaciones, tras más de un año en manos de Canal Gestión, cuando Pedro San Ginés asaltó la planta". "Nadie entiende que tras las inversiones en infraestructuras se sigan perdiendo esas cantidades mientras San Ginés sigue preocupado en comprar barcos podridos por temas sentimentales", añade.

Por eso, desde Nueva Canarias alertan que "o se aparta a San Ginés del Consorcio del Agua o los lanzaroteños pagaremos en un futuro cercano el agua más cara de todo el Estado español". "Un desastre en cadena de esta magnitud al final lo pagará el ciudadano medio", apunta el partido, que exige "a los partidos que sostienen a San Ginés que no le permitan acabar con este imprescindible sector para nuestra isla".


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NotaPublicado: Vie 27 Jul, 2018 4:12 pm 
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NotaPublicado: Vie 24 May, 2019 4:09 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El abogado Ignacio Calatayud no solo participó activamente en el proceso para adjudicar el agua a Canal de Isabel II -de quien luego cobró más de 116.000 euros en menos de dos años-, sino que también fue quien propuso llevar a cabo esa adjudicación a través de un procedimiento negociado. Así lo reflejan las actas que este miércoles hizo públicas el presidente, Pedro San Ginés, que pretendía intentar atacar con ellas a su principal adversaria en las próximas elecciones, pero que en realidad han permitido conocer datos que aumentan las sospechas sobre este procedimiento en el que la Justicia ya ha visto irregularidades y sobrados indicios de nulidad, ordenando que sea revisado.

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En una de las reuniones reflejadas en esas actas, celebrada después de que quedara desierto el concurso, se puso sobre la mesa un informe elaborado por el secretario del Consorcio planteando los pasos que podían darse a partir de ese momento. En ese informe, como tercera opción incluía la posibilidad de acudir a un procedimiento negociado, pero antes planteaba otras dos posibilidades: volver a convocar el concurso con los mismos pliegos o modificar esas bases y realizar una nueva convocatoria pública.

Sin embargo, junto a ese informe se aportó otro de Ignacio Calatayud, que no es funcionario de la Corporación pero ha sido contratado de forma habitual como asesor externo por San Ginés -que ha reconocido públicamente que les une una relación de amistad-, y también ha sido designado para representar a la institución en algunos de los principales pleitos que ha perdido en los tribunales, como el de la Cueva de Los Verdes.

En su informe, Calatayud ni siquiera valoraba las otras dos posibilidades que planteaba el secretario para volver a sacar a concurso esta adjudicación y se centraba solo en defender el procedimiento negociado. Para ello, sostenía que la ley “lo permite” y defendía la “necesidad urgente de inversiones que eviten y atajen la pérdida de aproximadamente el 50 por ciento del agua”. Sin embargo, más de cinco años después de la adjudicación y tras las inversiones que asegura haber realizado ya Canal Gestión, las pérdidas siguen rondando el 50 por ciento.

“Está y estaría justificada la decisión de optar por el procedimiento negociado, desde el punto de vista del interés público, por razones de economía-costes-tiempo y de eficacia en la actuación administrativa”, defendía Calatayud en su informe, que fue en el que se basó San Ginés para proponer iniciar un procedimiento negociado en lugar de volver a intentar convocar un nuevo concurso público.

En caso de recurrir a esa opción, el secretario había advertido que no se podría “alterar de forma sustancial” el pliego que había salido al concurso que quedó desierto. Sin embargo, eso fue precisamente lo que terminaron haciendo, según ha considerado acreditado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia que ya es firme y que ordena revisar todo el proceso de adjudicación. En ese fallo, el TSJC concluye que durante la negociación se introdujeron “sorprendentes alteraciones” en los pliegos que fueron “en beneficio” de Canal.

Cabe recordar que tras esa adjudicación, Ignacio Calatayud también fue quien “asesoró” al presidente para incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja y para entregársela a Canal Gestión. Y cuando lo hizo, Calatayud ya había empezado a trabajar para Canal, que le abonaba 3.300 euros mensuales, además de pagarle también para asesorar al Consorcio. “Me parece irrelevante”, contestó San Ginés cuando este medio le preguntó si conocía esta relación laboral de su asesor externo y amigo, después de que el juez le hiciera esta misma pregunta cuando declaró como imputado en la causa por la incautación.

Después de haber emitido el informe en el que se basó San Ginés para acudir a un procedimiento negociado para adjudicar el agua, Calatayud también participó en todas las reuniones, tanto de la mesa de contratación como con las empresas invitadas a participar en este proceso que la Justicia ha ordenado revisar.

En cuanto a los pliegos del concurso, quien los elaboró fue la empresa de un ex directivo de Canal, que después fue detenido en una de las causas de corrupción en las que está inmersa Canal de Isabel II. Además, cuando el concurso quedó desierto y se acudió al procedimiento negociado por recomendación de Calatayud, se volvió a contratar a este ex directivo de Canal para realizar la valoración técnica de las ofertas, dando la mayor puntuación a su antigua empresa. En la comisión de investigación creada en el Cabildo se le preguntó a San Ginés por esas contrataciones, pero no aclaró cómo se llevaron a cabo ni por qué se optó por la empresa de un ex alto cargo de Canal de Isabel II.

El otro informe, correspondiente a la valoración económica de las ofertas, fue redactado por el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y ni siquiera incluía un cálculo de cuánto dinero suponía cada oferta en lo relativo a los cánones variables, que era el punto fuerte de la otra empresa aspirante, Gestagua, superando con creces a la oferta de Canal. Esos cánones aparecían en el pliego inicial que se sacó a concurso, que señalaba que se valorarían con 15 puntos, es decir, más aún que la oferta en inversiones, por la que se podían obtener un máximo de 10 puntos . Sin embargo, a la hora de hacer su informe, el gerente argumentó que sería un “ejercicio de predicción” calcular cuánto dinero supondrían esos cánones variables y no llegó a dar cifras. Domingo Pérez se negó después a comparecer en la comisión de investigación creada hace unos meses en el Cabildo, mientras que San Ginés aseguró que era “imposible” conocer esa cifra. Sin embargo, tal como publicó este jueves La Voz de Lanzarote, las actas también confirman que el presidente sí manejaba datos de lo que hubiera supuesto, y la diferencia sería de decenas de millones de euros a favor de Gestagua.


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NotaPublicado: Jue 30 May, 2019 10:25 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de ordenar que se ejecute la demoledora sentencia que determinó que debe revisarse la adjudicación del agua en Lanzarote a Canal de Isabel II por las irregularidades detectadas en el procedimiento. La resolución, que está fechada el pasado 27 de mayo, señala que el fallo ha “ganado firmeza”, confirmando así lo que había publicado La Voz de Lanzarote y desmintiendo con ello al presidente en funciones del Cabildo, Pedro San Ginés, que hace solo dos semanas volvió a asegurar que este procedimiento estaba “cerrado” o “archivado”.

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“No hay nada que ejecutar”, afirmó San Ginés después de que La Voz hiciera pública la providencia del Tribunal Supremo que hizo firme ese fallo, al rechazar los recursos presentados por el Consorcio del Agua y por Canal de Isabel II. Además, San Ginés reconoció que ya conocía esa providencia -que se había dictado casi tres meses antes- y que la había mantenido oculta, igual que hizo en su día con la sentencia del TSJC, que también tuvo que ser desvelada medio año después por este medio.

Ahora, la diligencia de ordenación dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no solo deja constancia de la “firmeza” de esa sentencia, sino que también ordena que se “lleve a puro y debido efecto” y que se “exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”.

Ese fallo estimó un recurso interpuesto por Club Lanzarote y anuló una resolución del Consorcio por la que se rechazó su petición de revisar la adjudicación del agua a Canal. Así, ordenaba que se llevara a cabo esa revisión, “con observancia de todos y cada uno de sus trámites”, tras haber detectado causas de nulidad. De hecho, la Sala apuntaba que había valorado anular directamente la adjudicación, aunque finalmente optó por ordenar que fuera la administración quien iniciara la revisión de sus actos.

“Lo prudente ahora es actuar como usualmente hacemos, esto es, ordenar se admita la solicitud y que se sustancie el procedimiento por todos sus trámites”, señalaba la sentencia, que también advertía que “muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo”. Así, apuntaba que ese procedimiento de revisión terminará declarando nulo el contrato.

Por su parte, San Ginés se resiste a iniciar esa revisión y se aferra al convenio que negoció con Club Lanzarote por la desaladora de Montaña Roja, en el que incluyó una cláusula para que se retiraran también de este procedimiento. Sin embargo, la retirada del demandante no le exime de la obligación de ejecutar el fallo, dado que no se trata simplemente de un pleito entre particulares sino de una cuestión de orden público. Además, la propia Ley obliga a toda administración a revisar sus actos cuando hay causas de nulidad, y en este caso esa advertencia de nulidad viene de una sentencia judicial firme que el TSJC ya ha ordenado ejecutar.

Entre otras cosas, esa sentencia considera acreditado que en el procedimiento negociado se produjeron “sorprendentes alteraciones” en los pliegos “en beneficio” de Canal. Ese procedimiento negociado se inició después de quedar desierto el concurso, y quien propuso acudir a esta vía en lugar de convocar una nueva licitación fue el abogado Ignacio Calatayud, que después participó activamente en el proceso como asesor de San Ginés.

En ese momento, el secretario de la Corporación había señalado que también podía convocarse una nueva licitación, bien con los mismos pliegos o modificándolos y sacando un nuevo concurso, pero San Ginés optó por la vía propuesta por su asesor y amigo personal, que tras la adjudicación llegó a cobrar de Canal 116.000 euros en menos de dos años. Además, Calatayud también fue quien asesoró después al presidente para incautar la desaladora de Club Lanzarote en Montaña Roja y entregársela a Canal Gestión, en unos hechos por los que San Ginés se sentará en el banquillo acusado de prevaricación.

Además, pese a que el secretario advirtió que en caso de ir a un negociado no podían introducirse cambios sustanciales en los pliegos, la sentencia del TSJC confirma que eso fue exactamente lo que terminaron haciendo. “Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial”, señalaba la sentencia del TSJC que ocultó San Ginés y que ahora deberá ser ejecutada.

En cuanto a los pliegos del concurso, quien los elaboró fue la empresa de un ex directivo de Canal, que después fue detenido en una de las causas de corrupción en las que está inmersa Canal de Isabel II. Después, cuando el concurso quedó desierto y se acudió al procedimiento negociado por recomendación de Calatayud, se volvió a contratar para realizar la valoración técnica de las ofertas a este ex directivo de Canal, que dio la mayor puntuación a su antigua empresa.

El otro informe, correspondiente a la valoración económica de las ofertas, fue redactado por el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y ni siquiera incluía un cálculo de cuánto dinero suponía cada oferta en lo relativo a los cánones variables, que era el punto fuerte de la otra empresa aspirante, Gestagua, superando con creces a la oferta de Canal.

Cabe recordar que Domingo Pérez se negó a comparecer en la comisión de investigación creada hace unos meses en el Cabildo y por tanto no aclaró las lagunas de su informe, mientras que San Ginés aseguró que era “imposible” conocer esa cifra. Sin embargo, tal como publicó la pasada semana La Voz de Lanzarote, las actas de las reuniones de la mesa de contratación confirman que el presidente sí manejaba datos de lo que hubiera supuesto la oferta de Gestagua, y la diferencia sería de decenas de millones de euros a los que renunció el Consorcio al adjudicar el agua a Canal.


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