FORO SOBRE LANZAROTE

Según La Voz de Lanzarote:

La Fiscalía de Las Palmas solicitó en la denuncia que dio origen al caso Montecarlo la imputación de 16 personas, entre empresarios, técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, concejales y ex concejales. Algunas de estas personas ya han sido imputadas por el Juzgado número 4 de Arrecife, que tramita el caso, y han prestado declaración, mientras que otras tendrán que declarar próximamente. Los concejales imputados pertenecen a cuatro partidos distintos: PIL, PSOE, PNL y PP. Así, a los nombres que habían trascendido hasta el momento, hay que sumar los de la concejal Emilia Perdomo y los de los ex ediles Lorenzo Lemaur (PP), Eduardo Lasso (PIL) e Isabel Martinón (PNL).


Foto: Lanzarote Ahora

La denuncia de la Fiscalía, firmada por el fiscal Ignacio Stampa, partió a su vez de otra denuncia anónima y se ocupa solamente del Ayuntamiento de Arrecife, ya que la investigación del Ayuntamiento de San Bartolomé, de la que se acaba de levantar el secreto de sumario, se originó a raíz de la de Arrecife. La denuncia explica pormenorizadamente cuatro casos distintos de pagos a empresas por servicios inflados o no prestados y en los que no se guardó el procedimiento administrativo legal. Todos tienen como nexo común al interventor Carlos Sáenz, que permanece en prisión provisional desde el mes de mayo.

El primero de ellos es el referido a los pagos a tres sociedades cuyo administrador es José Vicente Montesinos, también en prisión provisional. A esas sociedades se les encargaba la redacción de pliegos de condiciones y labores de asesoramiento que la Fiscalía considera que no se llevaron a cabo. Esas empresas llegaron a cobrar más de 200.000 euros en 16 facturas del año 2008, todas de menos de 18.000 euros.

Por este caso, el Juzgado imputó al entonces concejal de hacienda José Miguel Rodríguez (PIL), Carlos Sáenz, José Vicente Montesinos y a Javier Betancort, que realizaba trabajos para esas empresas, pero la Fiscalía también pide la imputación de la ex concejal de hacienda del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Isabel Martinón, por prevaricación y malversación, por autorizar los pagos, y al asesor Ángel García Gijón, por malversación.

El segundo caso tiene que ver con el abono de facturas, por cantidades mucho más bajas, a la sociedad Gesineal, de la que son socios Betancort y el abogado Federico Toledo, ambos imputados ya por el Jugado. Esa sociedad participó en la licitación para adjudicar diversos contratos presentando pliegos de condiciones y facturando cantidades de entre 2.000 y 4.200 euros. Una de las facturas fue para un concurso para instalación de marquesinas, soportes de información y mobiliario urbano. En ese caso las facturas no estaban firmadas por ningún técnico del área correspondiente, sino solamente por el concejal y no consta que se presentara el pliego. Además, el pago se autorizó en dos ocasiones.

Por estos hechos están imputados, además de Toledo y Betancort, el ex alcalde Cándido Reguera (PP), Isabel Martinón y el ex concejal de hacienda y hoy teniente alcalde José Montelongo (PSOE), por autorizar los pagos, así como el ex concejal de transportes, Lorenzo Lemaur, por prevaricación y malversación.

El tercer caso tiene que ver con la empresa Tunera Producciones y el ‘Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la concejalía de barrios’. Se investigan tres facturas: una de ellas de 63.000 euros firmada por el ex alcalde Reguera y el técnico Miguel Ángel Leal, ex secretario del PSOE de Arrecife e imputado también en la operación Unión. Según la denuncia, no se tramitó ningún expediente de contratación Las otras dos facturas son de casi 15.000 euros, lo que evidencia, según la Fiscalía un supuesto fraude para evitar que no se pudieran adjudicar de forma directa al alcanzar la cifra entre las dos de 29.450 euros.

Esas facturas las firmaban los concejales Emilia Perdomo (hoy expulsada del PIL) y Lorenzo Lemaur, sin firma de técnicos, y se ordenó el pago por parte de Montelongo y el interventor. La denuncia dice que no hubo resolución del órgano de contratación para contratar ese servicio y que no se presentó nunca memoria detallada de las actividades realizadas, por lo que no había justificación para pagar dichas facturas. Además, cree la Fiscalía que no se presentó ningún servicio. Se pide la imputación de Carlos Sáenz, Isabel Martinón, Cándido Reguera, Lemanur, Emilia Perdomo, Miguel Ángel leal, y el empresario, dueño de Tunera Producciones, Eduardo Ferrer, también imputado en el caso Unión.

Finalmente, el cuarto caso tiene que ver con la facturación de las entidades Inelcon y Señalcon, ambas del empresario Carlos Lemes, a quien se pide que se le impute un delito de malversación de caudales públicos. En este caso también se habla de fraccionamiento de facturas e inflado de precios y de hacer pasar por obras lo que era servicios, aplicando importes irregulares. Además de algunos de los anteriores, se solicita la imputación del ex concejal del PIL, Eduardo Lasso, y del técnico de festejos, José Nieves Caraballo.

Según La Voz de Lanzarote:

La empresa Instalaciones Eléctricas Conejeras (Inelcon) está en el punto de mira de la Fiscalía desde finales de noviembre de 2011, cuando se recibió una denuncia anónima advirtiendo del pago de varias facturas presuntamente ilegales por parte del Ayuntamiento de Arrecife a distintas sociedades. Y en el listado y documentación que se aportaba en esa denuncia, se incluían también varios pagos a esta empresa, que llegó a cobrar más de 250.000 euros sólo por distintos servicios prestados en las Navidades de 2010, incluyendo varios que nada tenían que ver con la electricidad.



Así lo ha desvelado el levantamiento de secreto de una parte del sumario del caso Montecarlo, en el que figura como denunciado el administrador y socio fundador de Inelcon, Carlos Lemes. En el escrito del fiscal que figura en esa parte del sumario, se pide que el empresario sea citado a declarar en calidad de imputado, junto a otras personas que aún deben pasar por los Juzgados. Junto a Lemes, en esta pieza de la causa se pide la imputación del interventor Carlos Sáenz (actualmente en prisión provisional), del ex alcalde Cándido Reguera, los ex concejales Eduardo Lasso e Isabel Martinón, el edil José Montelongo y un técnico de Festejos.

En ese escrito firmado por el fiscal Ignacio Stampa, se denuncia la “cuantiosa facturación” de dos sociedades del mismo empresario (Inelcon y Señalcon), “sin tramitarse expedientes de contratación y por prestación de servicios de todo tipo entre 2008 y 2011”. Un periodo en el que pasaron por el Ayuntamiento hasta tres grupos de gobierno distintos (el PSOE-PIL, el PP-PIL-PNL y el PP-PSOE). Según la Fiscalía, se produjo un fraccionamiento en las facturas para evitar los trámites legales de contratación establecidos para esas cuantías, “así como un inflado de los importes facturados”.

Además, había incluso advertencias de los técnicos del Ayuntamiento. Concretamente, la responsable del departamento de Contratación, Elena Martín Martín, emitió un informe el 31 de enero de 2011, cuando tenía la competencia del área de Compras, en el que indicaba que durante el mes de enero de ese año se habían presentado varias propuestas de gastos por importe de 166.592 euros, todas ellas para la “realización, montaje y desmontaje destinado a decoración navideña”, describiendo cada una de ellas e informando negativamente a la aprobación de dichos gastos. En su informe, advertía que esos pagos vulneraban la Ley de Contratos del Sector Público y las bases del Presupuesto del Ayuntamiento de Arrecife.

En su escrito de denuncia, firmado el pasado mes de marzo, el fiscal advierte que dada la “magnitud” de la investigación sobre Inelcon y de las facturas que cobró del Ayuntamiento de Arrecife, se “requiere un análisis más minucioso y detallado”, aunque en ese escrito ya da algunos ejemplos para sostener su petición de imputación del empresario Carlos Lemes.

Principalmente, se centra en los pagos relacionados con las Navidades 2010-2011. En esas fechas, la empresa cargó al Ayuntamiento facturas por conceptos muy similares relativos a las luminarias navideñas pero, pese a ser una empresa de instalaciones eléctricas, también se le pagó por distintos servicios dentro de la Cabalgata de Reyes, incluyendo los disfraces y complementos.

Entre las facturas que detalla el fiscal en su denuncia, se encuentran dos por el mismo concepto: “Montaje y desmontaje de motivos de Navidad en régimen de alquiler con p.p de transporte, mantenimiento y pequeños materiales”. Una es por importe de 55.266 euros más IGIC, y se presentó en el Ayuntamiento el 23 de diciembre de 2010, y otra de 53.924 euros, presentada el 25 de enero de 2011. En cada una, se indican distintas calles de la ciudad.

Además, entre el 3 y el 10 de enero de ese mismo año, Inelcon pasó al Ayuntamiento otras facturas por conceptos como “Montaje y desmontaje de decoración navideña”, “montaje y desmontaje de luminarias de Navidad en árboles de Arrecife”, “en entradas de barrios”; “vestuario completo para cabalgata de reyes”, “personal y complementos para cabalgata de Reyes”, “actividades durante los actos de la campaña de Navidad” y “animación de la Cabalgata de Reyes.

En total, todo ese lote de facturas sumaba unos 145.000 euros, a los que hay que agregar las dos facturas anteriores, de más de 50.000 euros cada una, sin contar el IGIC. Y en todas ellas, según denuncia el fiscal, se establecía no sólo un “elevado precio del servicio”, sino también un aumento “fraudulento” del 22 por ciento, por conceptos que no deben incluirse en un contrato de servicios.

Concretamente, Inelcon aplicó a todas las facturas un 16 por ciento de gastos generales y un 6 por ciento de beneficio industrial, como si se tratara de facturas de obras, cuando el fiscal sostiene que realmente eran de servicios, que no deben incluir estos cargos. De hecho, subraya que en otras facturas de “montaje y desmontaje”, la empresa no aplica esos porcentajes.

Además, el fiscal agrega que en unas facturas que Inelcon cargó por otras fiestas, concretamente del Carnaval, “la propia sociedad viene a reconocer la realidad y el presunto fraude de la naturaleza de la prestación", cuando en una de las facturas pone “por servicios en las fiestas del Carnaval de 2011”.

Pese a que reconocía que se trataba de un servicio, Inelcon también cargó un 22 por ciento extra a la factura como si se tratara de un contrato de obras. En total, por esa factura de Carnaval, la empresa de Instalaciones Eléctricas Conejeras cobró 14.049 euros del Ayuntamiento. En el concepto de la factura figuraba la organización de “talleres de pintura facial, talleres de caretas del carnaval, globoflexia y muñecos animados de Minni y Mickey durante el acto del Carnavalito infantil, seis cabezudos en pasacalles tradicional, siendo estos vieja, viejo, pepeye, bruja, rey y reina, tres azafatas durante el transcurso de las fiestas y coordinación del personal participante”.

Algunas de las facturas de Inelcon fueron pagadas a finales de la pasada legislatura, durante el pacto entre el PP, el PIL y el PNL, en el que Cándido Reguera ocupaba la Alcaldía, Eduardo Lasso la Concejalía de Festejos e Isabel Martinón la de Hacienda.

Sin embargo, otras facturas fueron pagadas ya en esta legislatura, durante el gobierno de PP y PSOE, en el que Reguera seguía ocupando la Alcaldía y José Montelongo estaba al frente de Hacienda. Durante esa etapa, concretamente el 18 de noviembre de 2011, se aprobó un reconocimiento extrapresupuestario de deuda de múltiples facturas. Entre ellas, se encontraban algunas de las que pasó Inelcon por las Navidades de 2010.

En esa sesión en el Ayuntamiento, la oposición advirtió que el abono de esas facturas iba "contra la Ley de Contratos", y cuestionó también si se había supervisado que los trabajos se prestaron realmente. Sin embargo, tanto el interventor, Carlos Sáenz, como el entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, defendieron estos pagos.

El escrito del fiscal también hace referencia a otras facturas del mismo empresario, y que muchas veces ni siquiera aparecen firmadas por técnicos, sino por "personas de confianza" que “parecen no tener dicha condición ni cualificación para supervisar la prestación de servicios”.

Entre los ejemplos que cita en esta denuncia, la Fiscalía señala también una propuesta de gasto por importe de 10.328 euros para comprar "carros barrenderos para limpieza viaria". La única oferta que se propuso fue del proveedor Promhostel Canarias S.L, pero, sin embargo, fue Señalcon que terminó presentando la factura al Ayuntamiento.

Como éstas, habría otras muchas facturas de ambas empresas, y "especialmente de Inelcon", cargadas a Arrecife. Y sobre ellas, el fiscal advertía en su denuncia, fechada el pasado mes de marzo, que era necesario seguir realizando una "minuciosa" investigación.

Según Diario de Lanzarote:

El fiscal del caso Montecarlo, Ignacio Stampa, ha solicitado la imputación del tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez, que acudió el martes al Juzgado de instrucción número 4 en calidad de testigo.



Rodríguez no terminó la declaración ya que el fiscal solicitó su suspensión por entender que existen “indicios suficientes” contra el funcionario para pasar a ser imputado por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos.

Tesorero desde 1999 y del catastro desde 2001, afirmó que al recaudador José Vicente Montesinos, en prisión provisional junto al interventor de Arrecife y San Bartolomé, Carlos Sáenz, se lo remitieron desde el Ayuntamiento capitalino.

Así, afirmó que “pudo ser él” quien puso en contacto a Montesinos con el alcalde y el concejal de Hacienda de la época, Miguel Martín y Cándido Reguera. Sin embargó, insistió en que recomendó realizar la inspección de tributos pero que “no propuso a Montesinos”, simplemente dijo que “había un señor interesado en ello”.

En el Ayuntamiento de San Bartolomé hicieron contratos en 2002 y 2004 a Montesinos, que cobraba a través de las empresas Progestil y Recingest, esta última dedicada a la asesoría tributaria.

El tesorero declaró que ya en 2002 le comentó a Miguel Martín “que no se estaba recaudando tanto como se preveía, pero que no fue hasta el 2007”, cuando entró el PSOE a gobernar, cuando se le pidió que informara.

Entonces “se comprobó” que “no cuadraban las cuentas” y que “había más liquidado” por Montesinos “que lo recaudado” para el Ayuntamiento, dijo. En teoría, Montesinos tenía un contrato con San Bartolomé por resultados: un 10 por ciento de las cantidades que descubría que no se estaban tributando por empresas y particulares del municipio, y un 19 por ciento de lo que se recaudaba.

Además, el tesorero declaró en el Juzgado que Montesinos también facturaba “por asesoramientos tributarios, financieros y presupuestarios” a través de Recingest y que se la pagaban 3.000 euros al mes, aunque subrayó que a él no le asesoraba en esta materia.

Cuando entró el equipo del socialista Marcial Martín a gobernar en 2007 reclamó a Montesinos la devolución del dinero que al parecer se le había abonado de más. Se procedió “al embargo de una cuenta corriente de Montesinos y de distintos créditos por el cobro de lo indebido”, reconoció el tesorero.

El resultado de la vía judicial emprendida por el Ayuntamiento para recuperar el dinero ha sido “desfavorable”, aunque la sentencia está recurrida. Fuentes municipales han apuntado que el informe del interventor Carlos Sáenz, favorable a Montesinos, fue determinante para perder el pleito en primera instancia.

Según La Voz de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Arrecife contrató a la empresa Tunera Producciones para que llevara a cabo un ‘Proyecto de apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la concejalía de barrios’. Este contrato se investiga en la operación Montecarlo y, según la Fiscalía, no se tramitó ningún expediente de contratación.



La empresa presentó tres facturas por ese proyecto: una de 63.000 euros y dos de más de 15.000 cada una. En la documentación del proyecto no se indicaba el presupuesto, pero se señalaba que terminaría a la finalización del mandato del anterior alcalde, Cándido Reguera (PP), en junio de 2011, cuando gobernaba junto al PIL y al PNL.

La Fiscalía destaca que no hubo resolución del órgano de contratación acordando la contratación definitiva y que nunca se presentó una memoria de las actividades que se llevaron a cabo, a pesar de que la empresa se comprometió a presentarla.

“En consecuencia —señala el fiscal— no existe justificación para el abono de las tres facturas mencionadas, porque no se sabe a qué servicio corresponden (…) a la vez que en realidad no parece que se haya prestado ningún servicio y que en su tramitación y abono por parte del Ayuntamiento de Arrecife no se cumple ni con las bases de ejecución del prepuesto municipal ni con la Ley de Contratos del Sector Público”.

Una de las facturas, la de 63.000 euros, presentada a finales de 2010, está firmada por el técnico Miguel Ángel Leal, adscrito al área de comercio, y por el entonces alcalde, Cándido Reguera. Otra de ellas está firmada por los concejales Emilia Perdomo (PIL) y Lorenzo Lemaur (PP), que llevaban las áreas de servicios sociales y barrios, respectivamente. Esas dos órdenes de pago están avaladas por la entonces concejal de Hacienda, Isabel Martinón (PNL).

La otra, que pertenece a la realización del proyecto durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2011, también está firmada por Perdomo y Lemaur, pero la orden de pago la firma el socialista José Montelongo, que asumió Hacienda tras la elecciones de mayo de 2011 y tras pactar con el PP. Todas las facturas están avaladas por el interventor, Carlos Sáenz.

Por este caso se solicita la imputación de estas personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, mientras que al empresario Eduardo Ferrer, dueño de Tunera, se le pide la imputación por falsedad en documento mercantil.

Fuente diariodelanzarote.com:

La contable y asesora fiscal de José Vicente Montesinos, recaudador de tributos en San Bartolomé y que contrataba con Arrecife, declaró en el Juzgado de instrucción número 4 que en sus cuentas corrientes “existían importantes salidas de dinero” y que estas eran “frecuentes, no justificadas y por grandes cantidades”.



La contable señaló en su declaración en calidad de testigo, el pasado martes, que le “advirtieron” a Montesinos de las consecuencias de esta práctica, y recordó que incluso le advirtieron “que tuviera que pagar más en concepto de [impuesto] de sociedades”.

Añadió que “cuando se le preguntaba por estas salidas de dinero no contestaba” a qué se debían y tan sólo les decía que lo pusieran como un gasto de caja “y que no tenía justificación”.

La contable, a la que la Policía requirió toda la documentación de las empresas de Montesinos que llevaba, como Progestril o Recingest, señaló que le “costó bastante trabajo” conseguir “los extractos bancarios” ante la falta de transparencia que le ofrecía su cliente.

Montesinos, en prisión provisional junto al interventor de Arrecife, San Bartolomé y Teguise, Carlos Sáenz, está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

En el Juzgado, a la contable se le mostró una oferta de su empresa para participar en un procedimiento de contratación con una institución pública. Señaló que era cierto que aparecía su DNI pero que la firma del documento no era suya y que era la primera vez que lo veía.

Así, añadió que cuando se presentó esa oferta ya conocía a Montesinos pero que “jamás le comentó nada al respecto” de que “iba a usar sus datos” y que, “si lo hubiera sabido hubiera adoptado medidas”.

Montesinos facturaba a los ayuntamientos a través de las empresas Progestril y Recingest. La primera se constituyó en 2002, cuando empezó a trabajar como recaudador para el Ayuntamiento de San Bartolomé.

En 2002 declara 50.217 euros de ingresos, al año siguiente 149.423, en 2004 unos 166.269 euros, en 2005 hasta 204.259 euros, en 2006 alrededor de 93.992 euros y en 2007 unos 200.719 euros.

Desde 2007, cuando se le acaba el contrato con San Bartolomé, en el que declara unos resultados antes de impuestos de 60.606 euros, no ha vuelto a presentar cuentas en el Registro Mercantil.

En el caso de Recingest, constituida también en 2002, sólo hay datos de 2004 (15.000 euros de ingresos) y 2005 (hasta 200.000 euros, de los cuales 163.000 fueron beneficios).

Fuente lavozdelanzarote.com:

“¿Es Progestril un testaferro y realmente usted es el propietario?” Ésa fue una de las preguntas que tuvo que afrontar el interventor Carlos Sáenz, durante el interrogatorio del fiscal tras su detención en la Operación Montecarlo. Y es que los datos que arroja la investigación de esta causa, han llevado a la sospecha de que las empresas de José Montesinos podrían ser una simple “tapadera” creada por Sáenz. Presuntamente, el interventor las habría utilizado para desviar allí dinero público de las administraciones donde trabajaba.

Entre otras cosas, la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional localizó al menos dos ingresos realizados por José Montesinos y por una de sus empresas (Recingest) en una cuenta de Carlos Sáenz, por importe de 3.000 euros cada una. Al ser preguntado por ello en los Juzgados, Montesinos lo negó asegurando que eso era “imposible”, mientras que Sáenz lo justificó afirmando que “quizá le hubiera prestado algún dinero” y el empresario se lo estaba “devolviendo”.

Sin embargo, ése es sólo uno de los vínculos económicos que la UDEF encontró entre el interventor y Montesinos, que cobró cientos de miles de euros de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, por trabajos presuntamente no realizados, gracias a las firmas de Carlos Sáenz en esas facturas. Y entre esos “vínculos”, está un crédito hipotecario que solicitó José Montesinos en el año 2007, a través de la sociedad Progestril, para adquirir una propiedad valorada en 500.000 euros en Fuerteventura. Curiosamente, quien hizo de avalista para esa compra fue el interventor de los ayuntamientos para los que trabajaba el empresario.

“Sería una metedura de pata, pero fue por devolver el favor personal que me hizo Montesinos al separarme. Quizá fue una tontería”, afirmó Carlos Sáenz durante su interrogatorio en los Juzgados, donde reconoció haber hecho de avalista para Montesinos. Según él, avaló los 500.000 euros, aunque la investigación sostiene que en realidad el préstamo fue muy superior, llegando hasta los 748.000 euros. Es decir, casi un 50 por ciento más del valor de la propiedad, que podría haber ido destinado a un presunto blanqueo de capitales. “Me reitero en que avalé en 500.000 euros, excepto si me engañaron el banco y el notario”, señaló Sáenz al respecto, al responder a las preguntas del fiscal Ignacio Stampa.

Lo que sí reconoció también el interventor es que, en varias ocasiones, pagó las letras de ese crédito hipotecario de Montesinos. “Es cierto que cuando la sociedad no ha hecho frente a las cuotas sí las he abonado”, admitió Sáenz, explicando que lo hizo “con dinero en efectivo”, sacando dinero de su cuenta “e ingresándolo en la del crédito hipotecario, porque así se lo ha aconsejado su banco para evitar gastos de transferencia. Esas cuotas mensuales eran inicialmente de unos 5.000 euros, y después pasaron a 2.000.

La investigación realizada por la Policía sostiene que esos pagos realizados por Carlos Sáenz pudieron ser con dinero negro, procedente de sus presuntas actividades ilegales. Y es que no hay asientos contables en sus cuentas de las extracciones de ese dinero que después ingresaba en efectivo para el pago del crédito de Montesinos.

“Yo muchas veces he sacado 5.000 euros del Santander y tiene que estar reflejado en la cuenta corriente. La Policía no habrá mirado bien si dice que no”, respondió Sáenz al ser preguntado por este extremo. “A veces se lo daba al director o en ventanilla, depende. Muchas veces no me identificaba pero otras sí. Yo no sé de las cuestiones bancarias, de si me tenía que identificar si hacía pagos de más de 3.000 euros”, afirmó con respecto a los ingresos.

El resto de los pagos de ese crédito se hicieron desde la cuenta de Progestril, que cobraba importantes cantidades del Ayuntamiento. “¿Quién ordenó que las facturas de Progestril fueran para amortizar dicho crédito?”, preguntó el fiscal a Carlos Sáenz. “No hay que ordenar nada, el banco se lo cobra”, respondió el interventor, que volvió a admitir que desde 2009, “en algunas ocasiones” ha sido requerido como avalista, para hacer frente a los pagos de ese crédito. “Montesinos también ha pagado cuotas”, agregó, señalando que no sabe cómo lo hizo.

Y ahí, llegó la pregunta: “¿Es Progestril un testaferro y realmente usted es el propietario”, planteó el fiscal. “No, en absoluto. Mi familia no necesita de ese tipo de historias. Tengo un patrimonio familiar muy grande. Vivo de alquiler, no tengo nada”, respondió Sáenz.

A continuación, el fiscal puso sobre la mesa otro de los nexos encontrados entre ambos imputados en la causa: Carlos Sáenz estuvo pagando el seguro de un coche de las empresas de Montesinos. Según admitió el propio Sáenz, el empresario se lo prestó para que lo utilizara la que entonces era su pareja. “Me prestó el coche y yo le pagué el seguro seis meses, ni siquiera el año. Ese coche es de una sociedad de Montesinos. Era un coche viejo”.

Sin embargo, y aunque el interventor lo negó en los Juzgados, la investigación sostiene que Carlos Sáenz aparece incluso como apoderado de Progestril en una póliza de seguros contratada por esta empresa.

Tras su detención en la Operación Montecarlo, tanto Carlos Sáenz como José Montesinos fueron enviados a prisión provisional, donde permanecen desde hace ya más de cinco meses. Durante el interrogatorio, el empresario no supo decir cuántas facturas llegó a cobrar en concepto de asesoramiento del Ayuntamiento de San Bartolomé, ni durante cuánto tiempo. Y tampoco explicó cómo es posible que se le abonaran facturas que no tenían firmas indispensables, o ni siquiera tenían el sello de entrada en el Registro.

“Eso es problema del Ayuntamiento”, “el Ayuntamiento pierde muchos papeles” o “qué quiere que yo le conteste” fueron algunas de las respuestas que dio Montesinos a la juez y al fiscal, conforme le iban mostrando facturas de sus empresas cargadas a la administración pública. “Yo no agarro ni al concejal ni a nadie le he puesto una pistola para que me pague”, afirmó el empresario.

Según la investigación, el empresario ni siquiera prestó los servicios por los que cobraba. “Algo haría cuando me firmaron las facturas”, respondió Montesinos, que invitó a que le “pregunten al interventor”, porque “él no tiene que demostrarlo”.

En el caso de San Bartolomé, muchas de esas facturas están firmadas por los entonces concejales de Hacienda, Cándido Reguera y Javier Betancort, y por el interventor. Sin embargo, faltan firmas del técnico del área. Incluso, algunas facturas están duplicadas. “No creo haber facturado varias veces la misma prestación”, respondió al respecto Montesinos, que afirmó que entregaba directamente las facturas al concejal, y no al Registro del Ayuntamiento.

Tras cambiar el grupo de gobierno en el año 2007, el Ayuntamiento de San Bartolomé prescindió de los servicios de Montesinos, e incluso le llevó a los tribunales reclamándole cerca de 80.000 euros, al entender que se había quedado con dinero que no le correspondía procedente de la recaudación de tributos, de la que también se encargaba hasta entonces.

A partir de ahí, la actividad de José Montesinos se centró más en Arrecife, donde también hay facturas y pagos bajo sospecha, por trabajos presuntamente no realizados, con el visto bueno del interventor y la presunta connivencia de los políticos imputados en la causa.

Según declaró el propio empresario en los Juzgados, tras la denuncia de un trabajador de Arrecife, que dio origen al caso Montecarlo, “Carlos Sáenz no ha querido saber nada” de él.

Fuente diariodelanzarote.com:

El ex concejal de Hacienda por el PIL, José Miguel Rodríguez, contaba con una partida de 300.000 euros en el año 2008 destinada a “gastos diversos” que fue a parar casi íntegramente (excepto 13.000 euros) a tres sociedades de José Vicente Montesinos: Gestecal, Progestril y Recingest.



José Miguel Rodríguez y Montesinos, que permanece en prisión provisional, son dos de los principales implicados en el caso Montecarlo, junto al interventor de los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, Carlos Sáenz.

Montesinos presentó varias facturas para cobrar estas cantidades por tres conceptos diferentes: asesoramiento para el departamento de compras, asesoramiento jurídico y financiero o elaboración de pliegos para suministros varios como software, material de librería, limpieza, combustible, material informático, jardinería, electricidad, cemento, papelería, ferretería, pintura, repuestos de vehículos o asfalto.

Esos contratos menores están firmados por Rodríguez con el visto bueno de Sáenz y las facturas se presentaron en 2008, aunque al menos siete de ellas están fechadas el 31 de diciembre de ese año.

Las cantidades oscilan entre los 12.800 y los 17.850 euros, siempre por debajo del límite de 18.000 que impide la adjudicación directa. Rodríguez ordenó el pago de todas excepto de una, de la que ordena el pago Isabel Martinón (PNL), concejal de Hacienda en junio de 2011.

Tras la denuncia anónima que originó la investigación del conocido como caso Montecarlo, la Fiscalía pidió que se entregara documentación sobre esos contratos. El interventor aportó a Secretaría unas copias sin el original, que no fueron compulsadas por la secretaria.

Sáenz alegó que las tenía archivadas en unas dependencias a su cargo. Por otra parte, se comprobó que el departamento de contratación no había encargado ni contratado ninguno de esos pliegos.

En el Registro General tampoco constaba registro de los mismos, por lo que la Fiscalía considera que los servicios no se prestaron y que se crearon esas copias expresamente para entregarlas al Ministerio Fiscal.

Finalmente, respecto a las labores de asesoramiento, el Ayuntamiento de Arrecife justificó esos trabajos presentando unos correos electrónicos enviados a Ángel García Gijón, asesor del concejal José Miguel Rodríguez.

Según la investigación, empresas de Montesinos -que había contratado a Javier Betancort, ex concejal en San Bartolomé- elaboraban fuera del Ayuntamiento diferentes documentos de los trámites administrativos.

Entre ellos había informes jurídicos con el nombre de la secretaria Asenet Padrón que se los pasaron para que los firmara pero que no los había elaborado ella, y se negó a firmarlos.

Fuente diariodelanzarote.com:

La empresa de electricidad Inelcon, cuyas relaciones con el Ayuntamienro de Arrecife se investigan dentro de la operación Montecarlo, ha facturado a dicho Ayuntamiento más de 7,5 millones de euros en concepto de compras entre el año 2000 y 2011.



Entre 2000 y 2008 facturó 5,5 milones, según los datos de la Agencia Tributaria, mientras que hasta 2011 fueron otros dos millones más, muchos de ellos sin expediente de contratación.

El año que menos facturó, según ese informe, la cantidad ascendió a 119.000 euros, en 2004: mientras que en 2003 fueron 1,2 millones. La media de facturacion anual supera los 600.000 euros.

Además, en el año 2010 se le adjudicó a la unión temporal de empresas formada por Inelcon y Lanzagrava (cuyas relaciones con el Ayuntamentio también se investigan en otro caso, el caso Unión) las obras de la primera fase del Plan de Barrios por 9,1 millones de euros.

En los últimos años, entre junio de 2009 y septiembre de 2012, el periodo que incialmente se investiga dentro de Montecarlo, el Ayuntamenro de Arrecife reconoció el pago extrapresupuestario de hasta 67 facturas que sumaban más de 700.000 euros, y cuyo pago se reconoció en un pleno extraordinario en noviembre de 2010.

Entre esas facturas estaban el pago de 250.000 euros por la iluminación de Navidad de 2011 o por realizar la Cabalgata de Reyes o por talleres de carnaval.

Según la Fiscalía, en estas contrataciones se producía un fraccionamiento de contratos y un “inflado” de los precios, ya que se facturan servicios como si fueran obras y se añaden a las facturas conceptos que sólo se pueden añadir a la ejecución de obras, como el 16 por ciento de gastos generales o el 6 por ciento de beneficio industrial.

Por estas facturas, la Fiscalía pide la imputación del técnico municipal José Nieves Caraballo, el interventor, aún en prisión preventiva, Carlos Sáenz, los ex concejales de hacienda José Montelongo e Isabel Martinón, el ex concejal de festejos Eduardo Lasso y el empresario, administrador de la empresa, Carlos Lemes.

Muchas de las facturas de esos tres últimos años se pagaron sin informe favorable de tesorería y con un informe negativo del departamento de contratación porque no cumplían las bases del presupuesto y vulneraban la Ley de contratos del Sector Público.

Fuente lavozdelanzarote.com:

La concejal Emilia Perdomo no firmó realmente las dos facturas que le implican en el caso “Montecarlo”, pese a que su nombre aparecía en ambos documentos. Así lo ha certificado ahora el Ayuntamiento, después de que la edil pidiera explicaciones sobre el tema, al saber que la Fiscalía había pedido su imputación en la causa por haber firmado esas facturas presuntamente irregulares.

Tras publicarse esta noticia, Emilia Perdomo pidió una copia de las facturas en el Ayuntamiento y comprobó que la firma nada tenía que ver con la suya. Sin embargo, debajo sí aparecía su nombre.

Fuentes del Ayuntamiento de Arrecife, que han confirmado esta información a La Voz, sostienen que se produjo “una equivocación” de un técnico del Consistorio, al agregar un nombre que no correspondía debajo de la firma. Según ha confirmado ahora el Consistorio, el verdadero firmante de las facturas era un trabajador del área de Barrios, Blas Cedrés.

Foto cronicasdelanzarote.es:


Tras realizar esta comprobación a instancias de Emilia Perdomo, el Ayuntamiento se ha dirigido al Juzgado para “aclarar el error”, cometido a finales de la pasada legislatura, durante el gobierno de PP-PIL-PNL. En el escrito que el Consistorio remitió la pasada semana al Juzgado, adjuntan otros dos documentos, en los que constan la firma de Emilia Perdomo y la del técnico, para evidenciar a quién corresponde realmente la rúbrica de las facturas que están bajo sospecha en el caso Montecarlo.

Las facturas investigadas forman parte de una de las piezas del caso “Montecarlo”, relacionada con la empresa Tunera Producciones. Entre otros pagos a la empresa, se investigaban estos dos, por importe de casi 15.000 euros cada uno.

La otra firma que figura en esas facturas es la del entonces concejal de Barrios, el ex edil del PP Lorenzo Lemaur, ya que fue su área quien contrató a esta empresa. El fiscal también había pedido la imputación de Lemaur en la causa, aunque ni él ni Emilia Perdomo habían sido citados todavía. Ahora, a la luz del escrito presentado por el Consistorio en el Juzgado de Instrucción, todo apunta a que la imputación de Emilia Perdomo podría no llegar a concretarse.

Al igual que en otras piezas del caso Montecarlo, la vinculada a estas facturas investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía sostiene que no se cumplieron los cauces legales establecidos para la contratación de esta empresa y que, incluso, cobró por servicios presuntamente no realizados.

Fuente diariodelanzarote.com:

El empresario José Vicente Montesinos, contratado por el Ayuntamiento de San Bartolomé hace una década para la recaudación de tributos, acusó en su última declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife al interventor, Carlos Sáenz, de “chantaje” y “extorsión”, y aseguró que le 'obligaba' a pagarle unos 3.000 euros al mes.



Montesinos declaró en el marco del caso 'Montecarlo' que fue contratado de forma “directa” y “sin publicidad” como inspector de tributos por el Ayuntamiento en 2002 tras contactar con el tesorero, Luis Manuel Rodríguez, y con el interventor. En principio, las condiciones eran de 30.000 euros al año más un 20 por ciento de lo que se recaudaba.

Esta contratación se efectúa a la empresa Progestril, pero Montesinos también facturaba al Ayuntamiento a través de la sociedad Recingest, aunque “nunca hubo contrato”, según admitió, por un supuesto “asesoramiento en materia tributaria, presupuestaria y financiera” si bien dijo que “ese trabajo no lo hacía él”.

Montesinos, imputado por un delito de malversación de caudales públicos, aseguró que facturaba con Recingest 3.000 euros mensuales, que “los cobraba por transferencia y tenía que sacarlos y dárselos a Carlos Sáenz en efectivo”. Insistió en que había sido “extorsionado” por el interventor.

En su declaración del pasado 5 de diciembre, Montesinos señaló que “había sido amigo de Carlos [Sáenz] hasta mediados de 2007 porque le chantajeaba” de tal forma que “o le pagaba o no cobraba en los ayuntamientos de San Bartolomé, Arrecife y La Oliva”.

Aseguró que ese año, el interventor “no sólo quería los 3.000 euros” sino que pedía “más dinero” y le exigió “50.000 euros de lo que cobraba Progestil”. Añadió que Sáenz le amenazó con que “si no lo hacía dejaría de recibir dinero por su trabajo”.

Montesinos manifestó en el Juzgado que Carlos Sáenz “lo hacía porque la ambición es grande y era el momento de dar el 'bocado'”, y destacó que “a partir de ese año dejó de cobrar en los distintos ayuntamientos debido a que no aceptó el chantaje”.

En su declaración, dijo que cuando Sáenz le propone facturar a San Bartolomé por asesoramiento a través de Recingest es porque “quería cobrar más dinero, aparte de los 1.200 o 1.400 euros de su sueldo” como interventor a tiempo parcial y que utilizó a una de sus empresas.

Aseguró que “le obligó a poner como accionista mayoritario” de la citada compañía, “con el 66 por ciento”, a un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife vinculado al interventor y que “tuvo que hacerlo si quería seguir trabajando en San Bartolomé y La Oliva”. No obstante, reconoció que “le compensaba a pesar de todo”.

La relación entre Montesinos y Sáenz, ambos en prisión provisional desde el pasado mes de mayo, fue tan estrecha que el empresario admitió que el interventor llegó a ser su avalista y “pagaba en efectivo cuando él no podía hacer frente a pagos de hipotecas o créditos”.

Después de su supuesta 'ruptura', en 2008 Montesinos es contratado por el Ayuntamiento de Arrecife, del que también era interventor Sáenz. Dijo que se lo propuso porque conocía su mala situación económica, tras ser “desahuciado en La Oliva” y tener “paralizados todos sus pagos”.

Es en ese momento, señaló, “cuando Carlos [Sáenz] y el concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, le proponen trabajar y no tiene más remedio porque le habían destruido y estaba desesperado” a pesar de que, según aseguró, “también estaba extorsionado cuando empezó a trabajar en Arrecife”.

Fuente diariodelanzarote.com:

El empresaraio José Vicente Montesinos, que gestionó durante varios años la inspección de tasas y tributos en el Ayuntamiento de San Bartolomé, declaró en el Juzgado el pasado 5 de diciembre que el Ayuntamiento no recaudaba todo el fraude que él descubría “por intromisones políticas”.



Montesinos, a través de la sociedad Progestril, estaba encargado, entre 2003 y 2007, de localizar fraudes y personas o empresas que no pagaban los impuestos municpales o a los que se les reclamaba una cantidad menor de la que en realidad les correspondía.

Tenía que revisar, entre otras cosas, las licencias de obra, comparar los padrones y realizar propuestas de liquidación para regularizar la situación. Según este empresario, “había una gran bolsa de fraude y se ejecutaba bastante poco”.

El empresario, que se encuentra en prisión provisional desde que se inició la operación Montecarlo, que investiga también delitos en Arrecife y en La Oliva, aseguró que el inteventor Carlos Sáenz le presionó en abril de 2004 para cambiar las condiciones de su contrato con el Ayuntamiento, que por otra parte se había formalizado de forma prácticamente directa aunque simulando un concurso público.

Según su declaración, descubrió fraude en las concesiones del aparcamiento del aeropuerto, un caso que está actualmete en los tribunales. También reconoce que falseó la firma del tesorero (también imputado en el caso), pero asegura que lo hizo “para evitar perjucio al contribuyente porque era un tema sangrante”.

Se refiere al caso de la empresa Hiperdino que tributaba, segun Montesinos, como supermercado cuando era una gran superficie, “por artimañas entre contribuyente y político”. Hubo un procedimiento judicial sobre este caso y el Ayuntamento finalmente se allanó,es decir, dio la razón a la cadena de supermercados.

La jueza del Juzgado número 4 de Arrecife que instruye el caso, Aurora García, decretó tras su declaración la prisión provisional para Montesinos por su implicación en San Bartolomé. El empresario ya estaba en prisión provisional pero por su implicación en la trama del Ayuntamienrto de Arrecife.

Este lunes pasaron de nuevo por el Juzgado para declarar los ex concejales de hacienda, Cándido Reguera y Javier Betancort, ambos imputados en el caso, y este martes está prevista la declaración del interventor Carlos Sáenz, que se encuentra en prisión provisional, y del ex alcalde Miguel Martín, también imputados. En enero está previsto que declare el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez.

Fuente lavozdelanzarote.com:

El ex alcalde de Arrecife y ex concejal de San Bartolomé, Cándido Reguera, ha vuelto este lunes a los Juzgados de Arrecife para declarar de nuevo como imputado en el caso Montecarlo, dentro de la pieza separada sobre el Ayuntamiento de San Bartolomé. Además, también ha regresado a los Juzgados Javier Betancort, que ocupó la Concejalía de Hacienda en ese municipio justo cuando la abandonó Reguera, y actualmente es presidente del Consejo Regulador del Vino de Lanzarote.



Reguera ha llegado a primera hora a los Juzgados y los ha abandonado a media mañana, tras declarar durante cerca de una hora ante la juez, el fiscal y los abogados de los imputados en esta pieza. Por su parte, Betancort ha entrado a continuación y ha tenido que responder a preguntas durante más de dos horas.

En sus declaraciones, tanto Cándido Reguera como Javier Betancort han negado tener responsabilidad en la presunta malversación de fondos que se investiga en este Consistorio, y han señalado a los técnicos como responsables de los pagos que están bajo sospecha.



En el caso de San Bartolomé, se investigan las cantidades abonadas al empresario José Montesinos, que está en prisión provisional desde que fue detenido dentro de esta operación, hace casi siete meses. Junto a él, también está en prisión el interventor de San Bartolomé, Carlos Sáenz, que también ejercía el mismo cargo en Arrecife y en Teguise.

Además, en esta pieza también se investiga al tesorero de este municipio, Luis Manuel Rodríguez Pérez, que hace dos meses acudió a declarar como testigo pero terminó imputado en la causa.

El otro imputado en esta pieza es el ex alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, que gobernó primero junto a Cándido Reguera y luego junto a Javier Betancort, dentro del pacto que mantuvieron CC y PP en este municipio.

Al igual que sucede con otras personas implicadas en el caso Montecarlo, tanto Cándido Reguera como Javier Betancort están imputados también en otras piezas de la causa, centradas en el Ayuntamiento de Arrecife. Por un lado, en Arrecife se investigan también pagos a Montesinos, pero también hay presuntos delitos de malversación de fondos en facturas abonadas a otras empresas.

Por la pieza de Arrecife, Cándido Reguera está imputado en calidad de ex alcalde, durante buena parte de la etapa que se investiga, mientras que Javier Betancort tendrá que responder por los trabajos que presuntamente realizó para el Ayuntamiento capitalino. Además de haber coincidido con Montesinos en San Bartolomé, cuando él era concejal de Hacienda, Betancort trabajó después un tiempo para el empresario, que a su vez cobraba por servicios al Ayuntamiento de Arrecife.

Entre otras cosas, Javier Betancort realizó unos supuestos pliegos por los que Montesinos facturó al Ayuntamiento de Arrecife, pero que no aparecían en el Consistorio cuando los solicitó la Fiscalía dentro de esta investigación.

Según Diario de Lanzarote:

La jueza que instruye el caso Montecarlo, Aurora García, ha acordado imputar al tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Jesús Cabrera Panasco, supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.



En un auto judicial, cuyo contenido ha publicado Efe, la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de Arrecife imputa al tesorero municipal al considerar que "existen indicios serios" de que Cabrera Panasco “ha participado en los delitos que se vienen investigando en el procedimiento".

Según el auto, la participación del tesorero se basa "no solo por lo que se desprende del informe del interventor-auditor", sino también a la vista de lo instruido en el procedimiento, en el que se investiga el supuesto pago irregular de facturas.

Tal y como ha adelantado Efe, fuentes judiciales han indicado que en esta decisión ha sido importante la existencia en el procedimiento de un informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado a petición de la Fiscalía.

En ese informe se señala que serían responsables de los delitos que se investigan todos los miembros de la cadena de pagos del Ayuntamiento, es decir todos los intervinientes en el pago de una factura.

El auto judicial señala que "en este momento de la instrucción sí hay indicios de que pueda ser autor de los hechos que se investigan, por cuando no se ha respetado la legalidad en la materia de contratos, presentación de facturas, comprobación de la realidad de los prestado y falta a las normas de procedimiento".

Esta conducta ha provocado, según la resolución, que se hayan abonado facturas "faltando a las mínimas normas legales de procedimiento, consiguiendo así malversarse de los caudales públicos cantidades importantes, e incluso escandalosas, máxime en la difícil época en la que vivimos".

Fuente lavozdelanzarote.com:

La Fiscalía se opuso a la imputación del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, en el caso “Montecarlo”. Así lo señala el propio auto de la juez en el que acuerda su imputación, y así lo ha confirmado también a La Voz el fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García Panasco. Además, García Panasco también ha adelantado que el Ministerio Fiscal presentará un recurso contra ese auto, ya que no ve “ningún tipo de indicio de delito” en la actuación del tesorero.



“En este caso concreto, nosotros tenemos claro que no concurre ningún indicio que justifique su imputación, y no se puede decir lo mismo de otras personas”, ha declarado a La Voz el fiscal jefe de la provincia, que ha subrayado que hasta la mañana de este miércoles, ni siquiera se les había “notificado oficialmente” este auto. “Nuestra intención es recurrirlo”, ha señalado.

“Nosotros estamos para velar por los derechos y por las garantías del procedimiento, y por los derechos de fundamentales de todos. También de las personas que, a nuestro juicio, son objeto de imputación sin motivo justificado”, ha explicado.

La Operación Montecarlo comenzó a raíz de una denuncia elevada al Juzgado por la propia Fiscalía, tras una investigación que se inició gracias a una denuncia anónima de un trabajador del Ayuntamiento de Arrecife. Y dentro de la causa, el tesorero jugaba un papel importante como testigo. De hecho, Antonio Cabrera elaboró un informe interno, antes incluso de que se iniciara la investigación, advirtiendo de presuntas irregularidades en el pago de facturas.

A diferencia con lo que sucede con el tesorero del Ayuntamiento de San Bartolomé, que sí fue imputado a solicitud de la Fiscalía en el caso Montecarlo, el Ministerio Fiscal entiende que en la actuación de Antonio Cabrera no hay indicios de delito.

En el caso de San Bartolomé, lo que se investigan son los pagos al empresario José Montesinos como responsable de la recaudación de tributos del municipio. Es decir, por un área directamente ligada a Tesorería.

Sin embargo, en Arrecife, las facturas bajo sospecha corresponden a otros departamentos. Por eso, la Fiscalía entiende que el papel del tesorero en este caso no era el de fiscalizar esos pagos, ya que la autorización de las facturas estaba en manos de los técnicos del área correspondiente, del político que las firmaba o en su caso del alcalde y, en última instancia, del interventor, ya que eran ellos quienes daban el visto bueno para que se abonaran.

Fuente diariodelanzarote.com:

El teniente alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, José Montelongo (PSOE), fue quien solicitó la imputación del tesorero municipal, Antonio Cabrera Panasco. La Fiscalía de Las Palmas se opuso a esta medida aunque la jueza Aurora García, que instruye el caso Montecarlo, acabó accediendo a la pretensión de la defensa de Montelongo.



Cabrera Panasco tendrá que declarar el 3 de abril acusado de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, según recoge un auto del Juzgado de instrucción número 4 fechado el pasado martes.

La solicitud de la defensa de Montelongo se realizó considerando que en el informe del Interventor-Auditor del Estado, que se aportó a la causa, existen indicios para imputar a Cabrera Panasco, mientras que la Fiscalía considera que es una interpretación sacada de contexto.

En el auto, la jueza asegura que “no se va a entrar en el cruce de alegaciones entre el solicitante” de la imputación, Montelongo, “y el Ministerio Fiscal por cuanto exceden de los trámites procesales”. Para la Fiscalía, el tesorero sería un testigo clave, considera que no ha incurrido en delito alguno y va a recurrir la decisión de la jueza instructora.

Dice la jueza en el auto que le sorprenden las dos posturas “y no por estar justificadas, sino que igual que pudiera sorprender que un imputado interesa la imputación de un testigo, igualmente pudiera sorprender la postura del Ministerio Fiscal”.

La juez instructora considera que “existen indicios serios de que el tesorero del Ayuntamiento de Arrecife haya participado en los delitos que se vienen investigando”, no sólo por el informe de Hacienda sino también por lo instruido en las diligencias del caso Montecarlo.

Así, destaca que “se está llegando a la constancia de que para la comisión de estos delitos hay una conexión entre la Concejalía de Hacienda, Intervención y Tesorería y que los actos cometidos conllevan cierta implicación de cada uno de ellos”.

Asegura la juez que de la investigación se concluye que en el Ayuntamiento capitalino no se ha respetado la legalidad en materia de contratos, presentación de facturas, comprobación de la realidad de lo prestado ni las normas del procedimiento.

“Con ello”, recalca, se han abonado facturas “faltando a las mínimas normas legales de procedimiento, consiguiendo así malversarse de los caudales públicos cantidades importantes e incluso escandalosas, máxime en la difícil época en la que vivimos”.

“Y en ello alguna sospecha más que importante existe que el tesorero del Ayuntamiento haya tenido alguna participación, dadas sus competencias en estos procedimientos”, concluye en el auto judicial.

Montelongo también está imputado en el procedimiento por su actuación como concejal de hacienda. Comparte defensa con otro imputado en este mismo proceso, el tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez, que fue involucrado a petición de la Fiscalía después de acudir a declarar como testigo.

Aunque fue concejal de hacienda con los alcaldes Cándido Reguera y Manuel Fajardo Feo, Montelongo dimitió de ese cargo a principios de octubre pero mantiene las áreas de Plan General, Oficina Técnica y Vías y Obras.