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NotaPublicado: Lun 04 Feb, 2013 9:07 am 
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El Ayuntamiento de San Bartolomé ha dado un impulso para recuperar más de 673.000 metros cuadrados de suelo que considera que es de titularidad municipal y que, sin embargo, está ocupado por particulares. Buenas parte de este suelo, dividido en una media docena fincas en los Morros de Güime, está ocupado por la empresa Lanzagrava para una explotación minera.

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Un buen número de fincas se encuentran a nombre del Ayuntamiento en el catastro de bienes inmuebles pero no en el inventario municipal, según un informe técnico. El Ayuntamiento está trabajando desde hace casi dos años en la recuperación de esos terrenos.

La alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, asegura que tras el estudio que ha efectuado el Consistorio “presume que ese suelo es municipal” y no privado. En el caso de la empresa Lanzagrava, destaca que “ocupa suelo que es público” y recalca que “se la ha notificado el expediente para que acredite su titularidad pero hasta hoy no han aportado documentación” suficiente. De forma inminente se abrirá un nuevo plazo de alegaciones.

El informe elaborado por el arquitecto Maximiliano Valero para el Ayuntamiento es concluyente: tras un amplio periodo de investigación y requerir a la citada empresa, Lanzagrava ha aportado títulos de propiedad sobre 152.433 metros cuadrados , “siendo las descripciones y lindes muy confusos y contradictorios al denominarse cada uno” de los terrenos “de diferente manera siendo en teoría el mismo sitio”.

La empresa aportó “un plano con los nombres encima sin describir los linderos, ni las dimensiones ni los límites”. Según el Ayuntamiento de San Bartolomé, estos terrenos sobre los que ha facilitado las escrituras coincidirían con donde se encuentran “sus instalaciones”.

Sin embargo, añade el estudio, “Lanzagrava tiene ocupada para múltiples actividades ejercidas sobre el territorio una superficie de 461.000 metros cuadrados, según planimetrías oficiales y vuelos de la zona, comprobados por la oficina técnica” del Consistorio.

El arquitecto municipal subraya que “debido a la actividad principal de extracción de áridos se produce una modificación constante de la topografía”, con cortes verticales en las excavaciones “que superan los 15 metros de altura”. Las canteras de explotación minera a cielo abierto se remontan a comienzos de la década de los 80 del pasado siglo, según el informe.

Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento intenta recuperar estos terrenos. La primera se inició en 1997, con un expediente sobre más de medio millón de metros. El caso acabó en los tribunales y su desenlace fue desfavorable para los intereses municipales.

Ahora, asegura la alcaldesa, creen que han hecho un estudio mucho más exhaustivo y que la razón está de su parte. Corujo no esconde que el Ayuntamiento ve en esa zona minera una posibilidad de jugosos ingresos para las arcas públicas, y no como ha sucedido hasta la fecha.


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NotaPublicado: Jue 19 Jun, 2014 9:19 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, aseguró que el Ayuntamiento va a reclamar los beneficios obtenidos por la empresa Lanzagrava en la cantera que ha venido explotando durante años en la zona de los morros de Güime, que el Consistorio sostiene que se emplaza en terrenos de titularidad municipal.

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Corujo destacó que el pleito por la propiedad de la zona de extracción minera próxima a la localidad de Güime “es uno de los casos más importantes” que tiene en la actualidad el Ayuntamiento.

La alcaldesa denunció en Biosfera TV las “omisiones” que “históricamente” había tenido el Ayuntamiento de San Bartolomé, que habían “perjudicado al interés general de los vecinos” del municipio.

Así, explicó que tras el expediente de investigación sobre los terrenos, la citada constructora “pudo acreditar unos 173.000 metros cuadrados”. “Sin embargo, el Ayuntamiento presume, y así se ha acreditado, que tiene más de 600.000 metros cuadrados en esa zona”, que han sido utilizados sin permiso ni pagar un canon por ellos durante años.

Corujo explicó que la Oficina Técnica municipal “está haciendo un análisis, que es complejo, para conocer no solo el valor del suelo sino el beneficio que durante todo este tiempo ha obtenido la empresa, que tiene que repercutir necesariamente en los beneficios del Ayuntamiento”.

La alcaldesa insistió que el Ayuntamiento va a “reclamar” los beneficios “de la explotación de un espacio público” por parte de una empresa privada, “que no ha repercutido en ningún caso al interés general de los vecinos del municipio y especialmente los de Güime”. “Esa es una decisión que ni siquiera es discutible”, recalcó.

Corujo se quejó de que, mientras que el Ayuntamiento considera que se está haciendo un uso lucrativo sin autorización de una propiedad municipal, “la situación de todas las calles es lamentable” y San Bartolomé pasa por estrecheces económica, con un presupuesto de 14 millones, la mitad destinado a personal, y habiendo “heredado una deuda brutal”.

El caso se encuentra en los tribunales, tras la negativa de Lanzagrava a aceptar la decisión del Ayuntamiento de retirarle el control de la cantera en terrenos municipales. El Ayuntamiento tampoco puede ocupar directamente el suelo hasta que no haya sentencia, según la alcaldesa, tras el dictamen del Gobierno de Canarias de que se trata de una zona de extracción minera de interés general.


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NotaPublicado: Lun 04 Ago, 2014 9:09 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Desde 1991 la empresa Lanzagrava se estima que ha extraído de la cantera de los Morros de Güime cerca de 1,8 millones de metros cúbicos de áridos, lo que supone un valor a precio de mercado en la Isla que superaría los 23 millones de euros, según fuentes del Ayuntamiento de San Bartolomé.

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Todo este material, que ha ido vendiendo la empresa durante años, obteniendo unos beneficios cuantiosos, se ha extraído de una cantera con una superficie enorme que el Ayuntamiento reclama como suya.

En 1997 el Ayuntamiento ya exigió esos terrenos pero su demanda no prosperó en los tribunales. La ofensiva, ahora, parece que va más en serio. San Bartolomé sostiene que le pertenecen unos 600.000 metros cuadrados que estarían en la cantera. Si esto se confirma, la empresa habría estado explotando terrenos que son propiedad municipal y habría obtenido unos suculentos beneficios por ello.

El caso está en los Juzgados, donde el Ayuntamiento reclama ese suelo, después de haber iniciado un expediente para recuperarlo por la vía administrativa, al que se ha opuesto la empresa. La cantera se divide en seis fincas, que están catastradas a nombre del consistorio, aunque no se reflejan en el inventario municipal.

La empresa, de momento, no ha aportado la documentación que la acredita como propietaria de todas las fincas. Tan sólo justificó ser dueña de unos 150.000 metros, aunque con descripciones y lindes confusos, según puso de manifiesto un informe encargado por el Ayuntamiento el año pasado, de los más de 600.000 que forman parte de la cantera. En estos 23 años se habría excavado una profundidad de más de 24 metros: más de un metro al año, según las estimaciones del Consistorio.

Cuando inició el trámite para reclamar la cantera, San Bartolomé encargó un informe a un arquitecto para que señalara cuáles eran los terrenos municipales, basándose en testimonios de veteranos trabajadores municipales, en títulos de propiedad y en el análisis sobre el terreno.

El siguiente paso fue reclamar esos terrenos, y el último los Juzgados. El penúltimo, porque el último será, si los tribunales dan la razón al Ayuntamiento, reclamar los beneficios que ha obtenido la empresa.

El Ayuntamiento ya tiene ese cálculo, que eleva hasta los 23 millones el precio de mercado de los materiales obtenidos por la constructora sobre suelo supuestamente municipal, tanto en áridos, piedra o revuelto seco. Los beneficios industriales se calcula que pueden estar, en una primera aproximación, entre 1,5 y 3,5 millones de euros. La empresa habría ocupado sin permiso y sin pagar canon esos terrenos municipales durante todos estos años, y por ese motivo se encargó a la Oficina técnica que hiciera un análisis para conocer tanto el volumen extraído como el valor del suelo y el posible beneficio de la empresa.

La posibilidad de reclamar esos beneficios por una explotación privada en suelo municipal ya la adelantó hace dos meses la alcaldesa de San Bartolomé, Loli Corujo, quien aseguró que el pleito por la propiedad de la zona de extracción minera “es uno de los casos más importantes” que tiene en la actualidad el Ayuntamiento y que las “omisiones” que históricamente había tenido San Bartolomé habían “perjudicado al interés general de los vecinos del municipio”.

Según Corujo, el Ayuntamiento está dispuesto a reclamar esos beneficios por vía judicial porque la explotación de la cantera no ha repercutido en ningún tipo de beneficio para los vecinos de Güime, en particular, y de todo el municipio en general. El Ayuntamiento no puede ocupar directamente el suelo hasta que no haya sentencia, porque el Gobierno de Canarias emitió un dictamen señalando que se trata de una zona de extracción minera de interés general.

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En violeta, la delimitación de los terrenos que el Ayuntamiento considera de su propiedad. En rojo, los terrenos que el Cabildo entiende como propios. En azul, y con rayas, la “presumible” área de titularidad de Lanzagrava, y en amarillo, todo el suelo ocupado por actividades de la empresa.


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NotaPublicado: Jue 14 Ago, 2014 8:57 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Un informe técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé, dentro del expediente de investigación de bienes de Morros de Güime, afirma que la cantera que explota Lanzagrava en esa zona se fue ampliando sin licencia, cometiendo “irregularidades” urbanísticas y, sobre todo, ocupando suelo público municipal.

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Concretamente, el Ayuntamiento considera que unos 670.000 metros cuadrados son en realidad de su propiedad. Por su parte, del cerca de millón de metros cuadrados afectados, Lanzagrava sólo ha podido acreditar la titularidad de unos 152.000, “siendo las descripciones y lindes muy confusos y contradictorios al denominarse cada uno de ellos de diferente manera siendo en teoría el mismo sitio”, según este informe. Además de San Bartolomé, el Cabildo también sería titular de otra parte de esos terrenos.

Además de reclamar la titularidad del suelo, el Ayuntamiento también se plantea exigir parte de los beneficios obtenidos por Lanzagrava durante estos años, al entender que ha obtenido unos ingresos importantes en un suelo público, sin pagar “absolutamente nada” al Consistorio. En este expediente se puede observar cómo el Ayuntamiento concedió la primera licencia de obra para un proyecto de planta asfáltica en 1989 y, los siguientes años, también le dio permisos de apertura de esta planta a Lanzagrava.

Después, la cantera se fue ampliando, ocupando más suelo y construyendo nuevas instalaciones. Durante ese tiempo, se abrieron varios expedientes tanto del Gobierno de Canarias como de administraciones insulares. Incluso hubo órdenes de paralizar las obras y hasta de demoler trabajos ya realizados, pero la cantera siguió funcionando.

En el informe técnico de San Bartolomé se destaca que Lanzagrava mantuvo durante años la explotación minera “con las licencias iniciales”, pero después “se cometieron muchísimas irregularidades por parte de la propiedad, al no solicitar las licencias necesarias previas en muchas de las actividades realizadas sobre el terreno en el momento de su ejecución”.

Lanzagrava ha ido ocupando suelo durante años de forma sistemática”, ha señalado a La Voz la alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, que ha asegurado que ahora “está actuando” para recuperar lo que cree que es del Ayuntamiento y “luchando por el interés general”.

Este procedimiento, que se encuentra en el Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 2 de Las Palmas, se inició durante la legislatura pasada, cuando se comenzó con este expediente y se dio un periodo para que los interesados pudieran alegar. Tras ello, se adoptaron diferentes acuerdos plenarios declarando la titularidad municipal de parte de este suelo.

“Una vez finaliza el expediente, podemos presumir que somos propietarios de gran parte de este suelo”, ha defendido la alcaldesa. Lanzagrava recurrió este acuerdo plenario y, por ello, el procedimiento se encuentra ahora en los Juzgados y probablemente llegará a juicio. No obstante, Corujo tampoco descarta negociar con la empresa para llegar a un acuerdo, algo que todavía no se ha producido.

Anteriormente, San Bartolomé ya intentó defender en la Justicia que es propietario de gran parte de ese terreno, pero no se consiguió porque “el expediente que se hizo estaba mal, no cumplió los plazos y debía acreditar que el suelo era municipal”. “Ahora así lo hemos acreditado nosotros en el expediente y consideramos que tenemos muchas posibilidades de que nos den la razón”, ha insistido Corujo.

A la alcaldesa le resulta “inconcebible” que una empresa privada “haya hecho un uso de un suelo público para un beneficio económico y minero”, mientras que el Ayuntamiento de San Bartolomé “no ha percibido nada a cambio, absolutamente nada”. Precisamente por ello, se plantea exigir a la empresa parte de los beneficios por la explotación de la cantera. Según un informe preliminar, la indemnización por la piedra extraída del suelo municipal ascendería a entre 1,5 y 3 millones de euros, aunque aún está sin definir.

Preguntada por cómo es posible que esa cantera llevara tanto tiempo explotando una actividad en un suelo que el Ayuntamiento cree que es suyo, Corujo ha señalado que “ha habido una omisión importante por parte de la administración”, por no resolver antes este asunto sin necesidad de llegar ahora a un pleito judicial.

Lo que no ha podido hacer el Ayuntamiento es exigir el cierre de esta cantera, ya que la competencia en Minas la tiene el Gobierno de Canarias, que considera que esta cantera es de interés general.


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NotaPublicado: Mié 09 Sep, 2015 7:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha ordenado el precinto y la suspensión de la actividad en una de las canteras de Lanzagrava, concretamente la que está ubicada al sur de Güime, dentro del expediente que el Consistorio abrió contra la empresa. Entre otras cosas, ese expediente concluye que Lanzagrava ocupa suelo que es de propiedad municipal y que desarrolla esta actividad “sin título habilitante y previa calificación y licencia municipal urbanística”, en “suelo rústico de protección de valor natural ecológico El Jable y parque urbano”.

Hace casi un año, en noviembre de 2014, el Ayuntamiento decidió remitir ese expediente a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, así como al Cabildo de Lanzarote y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), que son quienes tienen las competencias para aplicar sanciones en materia de medio ambiente y de infracciones urbanísticas, respectivamente.

Sin embargo, según sostiene la resolución firmada el pasado mes de julio por el secretario del Consistorio, José Manuel Fiestas, y por la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, "al día de la fecha no consta a esta administración local que por parte de dichas administraciones públicas se hayan adoptado las medidas que correspondan, ni que se hayan puesto en marcha los procedimientos de restablecimiento o sancionadores que procedan”. En esa resolución, el Consistorio decide actuar ordenando esta medida cautelar ante la “inactividad” del Ejecutivo regional y del Cabildo.

Según se explica en la resolución, inicialmente el Ayuntamiento optó por dar traslado del expediente a esas administraciones para que fueran ellas quienes ordenaran la suspensión de la actividad, paralelamente a la incoación de un expediente sancionador. Sin embargo, “al mantenerse la inactividad de las administraciones con competencia sancionadora”, la resolución señala que el Ayuntamiento debe cumplir las leyes de ordenación del territorio en vigor. Entre otras cosas, esas leyes establecen que “las potestades de protección de la ordenación y de sanción de las infracciones a la misma, serán de ejercicio inexcusable”.

El expediente contra Lanzagrava se inició por el litigio sobre la propiedad del suelo, ya que el Consistorio sostiene que durante años la empresa fue ampliando su cantera y ocupando terrenos que pertenecían al Ayuntamiento. De hecho, se planteó incluso la posibilidad de cobrar un canon e incluso exigir una parte de los beneficios obtenidos por Lanzagrava durante estos años.

Sin embargo, paralelamente también se descubrió que se estaba llevando a cabo “una actividad extractiva sin título habilitante, o cuando menos incumpliendo las condiciones de dicho título, al exceder notoriamente el ámbito espacial para el que fue concedida la autorización de la Dirección General de Industria el 21 de octubre de 1986”. Por eso, el expediente concluía que la prioridad era regularizar la actividad e incluso dar cuenta a las administraciones competentes en materia de sanciones.

En el caso del Cabildo, no consta que haya abierto un expediente sancionador, pero lo que sí hizo fue pedir al Ayuntamiento que archivara el suyo. Según se expone en la resolución de la alcaldesa, en febrero de 2014 el presidente, Pedro San Ginés, envió un escrito al Consistorio defendiendo que “el Cabildo es el legítimo propietario de los terrenos donde se asienta la cantera” de Lanzagrava y que habían interpuesto un recurso contencioso.

En ese escrito, San Ginés pedía además que el Consistorio dejara “sin efecto el expediente, al no ostentar derecho alguno en Ayuntamiento sobre la explotación de los terrenos donde se asienta la cantera”.

Según los informes municipales con los que cuenta el Consistorio, efectivamente la empresa también habría ocupado terrenos de la primera institución insular, además de los que sostienen que pertenecen al Ayuntamiento.

En cuanto al Gobierno de Canarias, en junio de 2013 el Consistorio pidió un informe a la Dirección General de Industria sobre los permisos con los que contaba Lanzagrava. Meses después, el Ayuntamiento tuvo que repetir su solicitud al no recibir respuesta y finalmente obtuvo contestación en noviembre de ese año. Y en esa respuesta, desde el Gobierno no respondían a dos de las cuestiones planteadas por el Consistorio, alegando que esa petición de información “no se sustancia en ningún procedimiento administrativo reglado”.

Respecto a la tercera cuestión, relativa a la conveniencia o no de mantener la explotación activa, la Dirección de Industria respondía con frases como “el autoabastecimiento de materias primas minerales es un objetivo prioritario a nivel de la Unión Europea, debiéndose impulsar el mismo dentro de un marco medioambiental sostenible”, o “la existencia de una determinada industria, ya sea extractiva o de cualquier otra clase, en un municipio, es siempre fuente de riqueza directa e indirecta para el mismo”.

Dentro del expediente, también se han recabado informes sobre los ingresos que habría obtenido Lanzagrava por esa explotación de una cantera que según el Ayuntamiento ocupa suelo público. Y según el informe elaborado por los técnicos del Consistorio, la empresa podría haber obtenido un beneficio industrial de entre 1,3 y 3,6 millones de euros.

En base a esas cifras, los técnicos estimaban que el Ayuntamiento podría reclamar un canon a Lanzagrava de 67.983 euros anuales, al margen de la posibilidad de exigir una compensación por los ingresos de todos los años anteriores. Por su parte, desde la empresa respondieron alegando que su beneficio industrial anual asciende a 20.535 euros, por lo que consideraban excesiva esa cifra. Sin embargo, sí mostraron su disposición a “considerar el pago de un canon por el arrendamiento de la cantera”, según plantearon ya en febrero de 2014 en un escrito dirigido al Ayuntamiento. Eso sí, agregaban que eso no podía “interpretarse” como una “renuncia a los derechos que puedan derivarse de los procedimientos judiciales” abiertos por la titularidad del suelo.

Al dar traslado del expediente al Cabildo y al Gobierno de Canarias hace casi un año, el Ayuntamiento proponía entre otras cosas, además de la apertura de posibles expedientes sancionadores contra la empresa y la clausura de la actividad, que ésta fuera regularizada en caso de ser posible y que se firmara “el correspondiente contrato de arrendamiento de los terrenos, proponiéndose a tal efecto la coordinación entre las distintas administraciones”.

Tras enviar el expediente en noviembre de 2014, el pasado mes de abril el Consistorio volvió a reiterar el contenido del acuerdo adoptado por su Junta de Gobierno a las mismas administraciones, sin obtener respuesta. Por eso, decidió actuar ordenando la suspensión y el precinto de la actividad. Además, acordó dar traslado de nuevo de esta resolución al Cabildo y a la Apmun, que es el organismo “competente para la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y en su caso sancionador”.

En su resolución, el Ayuntamiento advierte también de que en caso de incumplimiento de la orden de suspensión de la actividad por parte de la empresa, el Consistorio impondrá “hasta diez multas coercitivas” y dará cuenta al Ministerio Fiscal para que se depuren posibles responsabilidades penales.

Para la empresa, ésta es la segunda orden de suspensión de su actividad a la que se enfrenta en poco tiempo. La anterior se produjo el pasado mes de junio y afecta a su cantera de Tías, en la zona conocida como “Las Majadas” y “Corral Prieto”. En este caso, el Ayuntamiento ordenó paralizar la actividad en una de las tres zonas de la cantera, por estar explotándose en suelo protegido “sin la preceptiva licencia municipal”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com