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NotaPublicado: Vie 08 Feb, 2013 8:54 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, responsable también del caso “Unión”, ha decidido imputar al empresario Juan Francisco Rosa por la construcción de la bodega Stratvs, ubicada en La Geria. El pasado mes de julio, La Voz ya informó de que el Juzgado había abierto unas nuevas diligencias, las 1089/2009, por un presunto “delito contra la ordenación del territorio, respecto a la construcción de una bodega en suelo no urbanizable”.

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Ahora, la juez María Jesús Hernández Elvira ha decidido citar como imputado por estos hechos al empresario, que suma así una nueva causa pendiente. Junto a Rosa, también están imputados el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el arquitecto que diseñó la bodega, Miguel Ángel Armas.

Todos ellos tendrán que comparecer en el Juzgado el próximo 20 de febrero, para prestar declaración entorno a los presuntos delitos en los que pudieron incurrir, vinculados a la concesión de la licencia municipal y a la construcción de esta bodega.

Según señala la empresa en su página web, las Bodegas Stratvs se ubican en el Barranco del Obispo, "a orillas del Parque Nacional del Timanfaya” y en un espacio natural protegido. En la zona había un antiguo caserío, que aseguran que se ha “conservado”.

La obra fue inaugurada en mayo de 2008, en un acto al que acudieron muchos cargos públicos de la isla, y también del Gobierno de Canarias.


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NotaPublicado: Lun 11 Feb, 2013 1:31 pm 
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NotaPublicado: Jue 28 Feb, 2013 11:15 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Una comisión judicial ha acudido en la mañana de este jueves a la bodega Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa, para realizar una inspección ocular en las instalaciones y determinar las presuntas ilegalidades cometidas en su construcción. Así, se ha dado un nuevo paso en la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción Número 5, en la que hasta ahora están imputados Juan Francisco Rosa, el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el arquitecto que diseñó la bodega, Miguel Ángel Armas.

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Hasta esta bodega, ubicada un espacio protegido de La Geria, se han desplazado la juez del Juzgado de Instrucción Número 5, María Jesús Hernández Elvira, el fiscal Ignacio Stampa y el secretario judicial, además de tres agentes de Seprona y cinco peritos. Entre estos últimos, se encontraban dos técnicos de Patrimonio, dos de la oficina del PIOT y una de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias.

El propio Juan Francisco Rosa y su abogado, Felipe Fernández Camero, han estado presentes durante la inspección de la bodega, en la que se han tomado medidas de las instalaciones, a la espera de realizar ahora nuevos informes sobre este espacio.

La investigación sostiene que la bodega se construyó con una licencia presuntamente ilegal, concedida por el ex alcalde de Yaiza, que está imputado en esta causa por un delito de prevaricación urbanística. En cuanto a Rosa y el arquitecto, están imputados por delitos contra la ordenación del territorio, ya que el Juzgado y la Fiscalía consideran que, además, lo construido superó con creces lo que autorizaba realmente esa licencia.

Las tres personas imputadas hasta el momento en esta causa fueron citadas en los Juzgados el pasado 20 de febrero, pero finalmente esas declaraciones se suspendieron. Así, Juan Francisco Rosa, José Francisco Reyes y Miguel Ángel Armas aún están pendientes de declarar.

Al parecer, la juez decidió retrasar esas declaraciones hasta analizar la nueva documentación que había solicitado el Juzgado al Cabildo, relativa al expediente de construcción de la bodega. Además, a esto se suma la nueva diligencia judicial practicada este jueves, de la que surgirán nuevos informes periciales.

La bodega Stratvs fue inaugurada en mayo de 2008, nueve años después de obtener la licencia. En 2005, Reyes concedió una prórroga de ese permiso, que autorizaba la “restauración de vivienda y construcción de sótano-almacén”. Y lo hizo sin tener en cuenta los cambios que se habían producido durante ese tiempo en la legislación. En cuanto a la licencia de actividad, el Ayuntamiento la concedió cuando la bodega ya llevaba varios meses abierta. Sin embargo, en esa licencia se aclaraba que la misma estaba condicionada a que los técnicos municipales realizaran una visita antes de que entrara en funcionamiento.


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NotaPublicado: Lun 24 Jun, 2013 3:41 pm 
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Según Lancelot Digital:

La actual alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y el concejal en la oposición de CC, Leonardo Rodríguez, recibían días atrás una citación judicial para asistir a declarar el 12 de julio en los Juzgados de Arrecife, como miembros de la Junta de Gobierno del año 2008. También ha sido llamado a declarar como imputados un técnico del ayuntamiento sureño, Chini Morales, y otros dos concejales de esa Junta de Gobierno.

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La alcaldesa de Yáiza ha señalado que de momento se desconoce el motivo oficial de la citación aunque aventura que podría tener algo que ver con el caso de la licencia de actividad económica que se otorgó a una bodega, probablemente Bodegas Stratvs. Una licencia de actividad que dio en su día con los informes técnicos positivos.

Como es conocido, contra esa bodega, una de la mejores instalaciones de Canarias y alabada por los expertos por su originalidad y buen gusto, se ha abierto una especie de cruzada judicial y periodística, por la licencia de construcción que en su día se le otorgó y por la que se han visto imputados ya más de una decena de personas entre políticos, técnicos del ayuntamiento de Yaiza y de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, entre ellos el tótem del ecologismo canario, Faustino García Márquez, además del arquitecto de la bodega, M. Ángel Matallan y su propietario, Juan Francisco Rosa.

La denuncia fue presentada por Ezequiel Navío, hoy asesor del Cabildo para asuntos petrolíferos, Mario Alberto Perdomo, hombre ligado al empresario Eduardo Spínola y al PSOE de Carlos Espino, Díaz Reixa, Luis Giráu (próximos a la Fundación César Manrique) y Gines Díaz, el que fuera presidente de El Guincho y amigo personal de Mario Alberto Perdomo.

Estos ciudadanos presentaron justo en medio de la explosión del caso Unión la citada denuncia, casualmente en el Juzgado que por aquel entonces llevaba el juez Pamparacuatro, para que se investigara si se había cometido un delito contra el territorio al construirse esa bodega en La Geria, zona de cultivo de vid. Al parecer, estos inquietos ciudadanos creyeron que era un delito gravísimo conceder una licencia de construcción de una bodega en La Geria, zona tradicional de bodegas. Por el contrario, no consideraron ningún delito que en esas mismas fechas Faustino García Márquez concediera la autorización territorial a la Bodega Rubicón, muy cerca a la de Stratvs, o a la ampliación de la bodega El Grifo. Mucho menos, esos inquietantes ciudadanos se fijaron que en ese lote de autorizaciones de la Dirección General de Urbanismo, se concediera la autorización en suelo protegido a la Fundación César Manrique, para el famoso taller de la Casa de Las Cúpulas, hoy declarado ilegal por la Justicia.

También, esa bodega fue denunciada recientemente por Patrimonio del Cabildo por haber plantado cuatro palmeras canarias en lugar de tres y también por un efímero Portal de Belén que se puso en las últimas navidades.


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NotaPublicado: Jue 04 Jul, 2013 2:32 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Faustino García Márquez presentó en junio su dimisión como miembro del Gabinete Científico del Consejo de la Reserva de la Biosfera en Lanzarote, tras ser imputado en la causa penal por la bodega Stratvs por emitir informes favorables a la construcción de esta infraestructura. Ante esta “situación procesal”, el Gabinete Científico ha mostrado este jueves su “solidaridad” con García Márquez y ha destacado su “admiración y gratitud con el trabajo ingente que ha desarrollado durante largos años”.

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El Gabinete Científico ha emitido un comunicado en el que defiende que Faustino García Márquez trabajó para “conseguir que la isla de Lanzarote fuese declarada Reserva de la Biosfera y para contener las ansias especuladoras de aquellos grupos de poder que amenazaban la sostenibilidad ambiental y turística de la isla”. “Las normas son un instrumento al servicio de unos valores superiores, a los que Faustino García Márquez ha servido con admirable generosidad, dignidad y valor”, ha manifestado el Gabinete Científico.

Para este Gabinete, Faustino García Márquez ha dado “una vez más ejemplo de su integridad ética y ciudadana”, presentando su dimisión para que “la Justicia pueda realizar su investigación sin ninguna clase de condicionamientos”. “Esperamos y confiamos que el restablecimiento de la verdad y la justicia dejen fuera de cualquier sospecha delictiva la intachable trayectoria de nuestro compañero, al que apoyamos de manera incondicional con la tranquilidad y garantía que nos proporciona su impecable trayectoria vital”, ha defendido el Gabinete Científico.

De esta manera, los miembros del Gabinete Científico de este Consejo consideran “encomiable” la tarea de todas aquellas personas y grupos que “vienen dedicando sus esfuerzos, con valor cívico y personal, a la de denuncia de las infracciones urbanísticas, que no sólo vulneran la legalidad, sino que perjudican gravemente los intereses económicos y turísticos de la isla”.


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NotaPublicado: Dom 14 Jul, 2013 11:12 am 
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Según Canarias 7:

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y dos ediles de la anterior junta de gobierno de Yaiza declararon ayer por la licencia de actividad dada a la bodega Stratvs, imputados por prevaricación. Todos declararon que el permiso se dio porque tenía autorización del Gobierno y los informes técnicos eran favorables. El edil Leonardo Rodríguez no declaró.

Ayer fue otro día casi eterno en el Juzgado de Primera Instancia 5 que investiga la licencia de la bodega Stratvs en La Geria del empresario Juan Francisco Rosa, al ser llamados a declararlos cuatro miembros de la junta de Gobierno de Yaiza, imputados por presunta prevaricación.

Entre ellos declararon la alcaldesa actual, Gladys Acuña, quien compareció asegurando a preguntas del fiscal y la jueza que la autorización de apertura a la bodega se concedió, al existir permiso en regla de la anterior Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias de 1998; y contar con el informe técnico favorable, porque no había posibilidad de no darla.

La alcaldesa sureña, sin embargo, también declaró que el expediente correspondió tramitarlo al entonces teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Leonardo Rodríguez, en quien había delegado esas competencias.

Rodríguez, sin embargo, no prestó declaración, ni lo hará hasta que se resuelva el recurso planteado a la jueza, en el que considera que la imputación que se le hace no es correcta, al haberse concedido la licencia con informes favorables, por lo que no existiría delito. Los otros dos ediles confirmaron la misma declaración, en el sentido de que los permisos se concedieron con los informes pertinentes.

Además, el ingeniero municipal ratificó los informes que respaldaron la licencia de apertura de la bodega.


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NotaPublicado: Mar 23 Jul, 2013 12:04 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Una comisión judicial del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, junto con técnicos del Cabildo y agentes del Seprona han acudido este martes a las 10.00 horas a la bodega Stratvs para realizar una cata, es decir, una prueba geológica sobre el terreno para verificar qué hay debajo de esta construcción.

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La providencia de la juez Silvia Muñoz es de 18 de julio de 2013 y en ella fija este martes para realizar esta cata acordada en una resolución el 18 de junio. La resolución le ha sido notificada al propietario de la bodega, Juan Francisco Rosa, para que pueda facilitar el acceso de los técnicos del Cabildo, de miembros del Seprona y de la comisión judicial a estas instalaciones, ubicadas en La Geria.

Los técnicos han bajado de un furgón varias herramientas, como un motor eléctrico, una radial o un taladro. Así se han acercado hasta la fachada de la bodega para realizar el primer agujero, la primera cata en la pared. Posteriormente, han vuelto a hacer otra inspección geológica.

En febrero, otra comisión judicial, la juez y el fiscal así como cinco peritos y tres agentes del Seprona se desplazaron hasta la bodega Stratvs para realizar una inspección ocular de las instalaciones y para determinar así las presuntas ilegalidades cometidas en su construcción.

La causa penal por la construcción de la bodega Stratvs suma ya 13 imputados, entre los que se incluyen políticos y técnicos que participaron en la concesión de los permisos a Juan Francisco Rosa. El Juzgado considera que esta obra nunca debió autorizarse, ya que se ubica en suelo rústico protegido y además ni siquiera se ajustó a lo que establecía la licencia.

Recientemente, el 6 de junio, el empresario Juan Francisco Rosa tuvo que regresar a los Juzgados de Arrecife para declarar como imputado por la presunta ilegalidad de la bodega. Ese mismo día estaban citados el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.


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NotaPublicado: Mar 03 Dic, 2013 10:18 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La familia Negrín se ha personado en la causa penal contra Stratvs, que se sigue en el Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, en calidad de “perjudicada” al denunciar que una parte de la finca en la que se levanta la bodega es de su propiedad. Acaba de solicitar el cierre cautelar de las instalaciones.

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José Juan Negrín Ramos, junto a su madre y dos hermanas, defiende que es titular “del pleno dominio” de una parte de la finca sobre la que se ejecutó la bodega, en el barranco del Obispo, “que se corresponde con la zona donde existía una vivienda”.

La familia Negrín, personada en la causa hace apenas 15 días, ha registrado un escrito en el que destaca “la existencia de posibles hechos delictivos”. Así, considera que se ha producido una presunta “usurpación” de su propiedad y señala que le pertenece una parte de los terrenos, menos de un seis por ciento. Responsabiliza, supuestamente, al promotor Juan Francisco Rosa "personalmente o como administrador de BTL Lanzarote", la empresa que gestiona la bodega.

Asegura que se ha vulnerado “un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, sin autorización de ningún tipo”, “demoliendo la vivienda” antigua y construyendo las instalaciones de Stratvs, de las que el Ayuntamiento de Yaiza cerró de forma cautelar un restaurante por carecer de licencia.

Para la familia Negrín, cabe “la posibilidad” de que se hayan cometido un delito contra el patrimonio histórico, por la “destrucción de la vivienda de valor etnográfico y de varios socos”, así como un “delito contra la ordenación del territorio” por las “gravísimas irregularidades urbanísticas” detectadas “al amparo de un proyecto falsamente ejecutado”.

También considera que supuestamente se habría cometido un “delito contra el medio ambiente”, y cita un informe de la Dirección General de Aguas, “donde se hace constar el alto grado de contaminación, con valor de ecoli en el sanitario de baños y lavado de la bodega que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos, filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo”.

Además, entiende que se ha cometido una presunta “prevaricación” al “arrogarse” la propiedad de una finca de la cual, “al menos una parte”, “no le pertenece”. Y un supuesto “delito de falsedad ante la Agencia Tributaria”, “al hipotecar una finca, sobre la cual no hay nada edificado, ya que la bodega y todos sus anexos están ubicados en la finca colindante”.

La petición de medida cautelar de cierre y precinto de todos los locales y bodega existente en el complejo de Stratvs, propiedad de BTL Lanzarote, vinculada al promotor Juan Francisco Rosa, “se basa en la protección de la ordenación del territorio y del medio ambiente”, así como en la “restauración del equilibrio perturbado, previniendo con ello la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma”, concluyen.


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NotaPublicado: Lun 09 Dic, 2013 11:26 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La causa penal abierta por la construcción y gestión de la bodega Stratvs tiene un nuevo imputado: la sociedad BTL Lanzarote (en la que se integró hace unos años la sociedad “Juan Francisco Rosa e Hijos S.L.”). En un auto dictado el pasado 4 de diciembre, la titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, acuerda esta medida basándose en la reforma del Código Penal del año 2010, que abrió la puerta a imputar a “personas jurídicas”, es decir, a empresas, en procedimientos penales.

Esta reforma perseguía involucrar a socios y altos directivos en la prevención de comportamientos delictivos dentro de las empresas, y también mejorar la eficacia del proceso penal, en los casos en los que no se puede identificar a la persona que cometió los hechos.

En el caso de Stratvs, ya estaba imputado el dueño y administrador de la sociedad, Juan Francisco Rosa, pero ahora lo está también su empresa, que es dueña de la bodega y de otras importantes propiedades de la familia.

En su auto, la juez cita a un representante legal de BTL Lanzarote para que comparezca en el Juzgado el próximo miércoles 18 de diciembre, a las 9:30 horas, y para que a continuación participe en la comparecencia convocada para decidir si se ordena el cierre de las instalaciones, tal como ha solicitado una de las partes personas en la causa.

En el enjuiciamiento de una sociedad, es un representante legal quien debe comparecer ante la Justicia (acompañado de un abogado, como cualquier imputado más), y las posibles penas recaen sobre la empresa. Las más habituales son multas, pero el Código Penal también contempla penas como la disolución de la sociedad; la suspensión de las actividades; la clausura de locales y establecimientos; la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito; la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social; e incluso la intervención judicial.

La responsabilidad penal de la sociedad sólo afectará a lo sucedido desde 2010 en adelante, ya que en ese año fue cuando se reformó el Código Penal. Al respecto, la juez señala en su auto que con posterioridad a la entrada en vigor de esa modificación del Código Penal, “subsisten hechos permanentes constitutivos de delito, como la construcción carente de las preceptivas autorizaciones en paisaje natural protegido con vulneración de las normas sobre ordenación del territorio de la instalación Stratvs y sus anexos”, así como “contra el patrimonio Histórico, posible actividad contaminante o/y estafa a la Administración Tributaria”. Entre otras cosas, se refiere a obras posteriores a la construcción de la bodega y a posibles vertidos contaminantes.

En cuanto a los hechos previos a 2010, el anterior Código Penal no permitía imputar, pero sí exigir responsabilidades civiles a las sociedades. Así, la juez también hace recaer esa responsabilidad tanto sobre BTL Lanzarote como sobre la sociedad “Juan Francisco Rosa e Hijos S.L.”, que en su momento fue titular de la bodega pero después fue absorbida por BTL Lanzarote.

Por su parte, Juan Francisco Rosa está imputado por una larga lista de delitos tanto urbanísticos y medioambientales como económicos, cometidos presuntamente desde que se inició la construcción de la bodega hasta la actualidad. En su auto, la juez recuerda que hay presuntos delitos contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, contra el Patrimonio Histórico y contra el Medio Ambiente; delitos contra la Administración Pública y delito de falsedad documental, así como “delito contra el patrimonio y orden socioeconómico”.

Junto a Rosa y la sociedad BTL, en la causa están imputadas otras 16 personas, incluido el arquitecto de la bodega, así como cargos y ex cargos públicos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza y del Gobierno de Canarias.


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NotaPublicado: Jue 12 Dic, 2013 4:43 pm 
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NotaPublicado: Vie 13 Dic, 2013 11:54 am 
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La Jefa de instrucción de expedientes sancionadores de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), que encargó el informe elaborado por una arquitecto técnico sobre la bodega Stratvs, y que concluía que las obras realizadas no tenían nada que ver con lo autorizado, denunció al director de la Apmun, Emiliano Coello, que había recibido presiones sobre ese expediente. El propio Coello lo reconoció esta semana en su declaración ante el Juzgado como testigo dentro del procedimiento penal sobre la bodega.

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La instructora, que posteriormente causó baja médica, y que tenía previsto declarar este jueves también como testigo, había decidido mantener ese informe técnico oculto al sistema informático de la Agencia, por las presiones recibidas. La instructora le comunicó al director de la Apmun esas presiones, precisando que partían de técnicos del Servicio de Protección del territorio del Gobierno de Canarias. Coello no le dio importancia a este asunto pero permitió a la instructora que mantuviera oculto el informe.

En octubre, la juez instructora pide a la Agencia que informe sobre la actuación del organismo en relación a las obras de la bodega desde el año 1998 y se decide convocar una comisión jurídica creada en la Apmun para asuntos de relevancia y levantar el carácter secreto del informe.

La Jefa del servicio jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, plantea entonces que el informe técnico contiene consideraciones jurídicas y la comisión decide que hay que revisarlo, a pesar de que tenían conocimiento de que se habían producido esas presiones. Pérez, que también declaró esta semana como testigo en el Juzgado, reconoció que es la primera vez que hace una revisión de un informe en 11 años de trabajo en la Agencia.

Así que, en lugar del informe solicitado por la juez se envía al Juzgado un informe jurídico complementario al primer informe, que la juez no había pedido, y que dice que no hay vicios de nulidad ni en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza para la bodega ni en la autorización de la Dirección general de urbanismo del Gobierno. Hay que recordar que hay cinco técnicos del Gobierno de Canarias imputados en este procedimiento por su participación en los permisos para la bodega.

La historia no acaba ahí. Carlota Pérez, durante su declaración judicial, reconoció que consultó ese expediente con la Jefa del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, así como la forma de remitir ese informe al Juzgado. Quintana estaba presente en la declaración porque interviene como abogada de dos de los técnicos imputados, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz, este último ex Director general de Urbanismo. La Fiscalía pidió entonces que se suspendiera la declaración para que la testigo aportara los correos electrónicos que prueban esos contactos y por si tanto Pérez como Coello pudieran haber cometido algún delito.


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NotaPublicado: Vie 13 Dic, 2013 5:48 pm 
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NotaPublicado: Mié 18 Dic, 2013 4:46 pm 
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NotaPublicado: Mié 18 Dic, 2013 8:52 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La comparecencia convocada por la juez del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ya ha llegado a su fin, y con ella ha quedado echada la suerte de la bodega Stratvs. Tras escuchar a todas las partes, la juez debe ahora decidir si ordena el cierre total de la instalación, tal como han solicitado hasta cuatro partes presentes en el procedimiento.

La vista se convocó tras la solicitud de cierre planteada por la familia Negrín, que se personó en la causa como parte perjudicada, ya que sostiene que la bodega se levantó sobre parte de sus terrenos. Sin embargo, no ha sido la única en defender esta medida cautelar. La Fiscalía también ha solicitado el cierre durante la comparecencia, al igual que la acusación popular, representada por la asociación Transparencia Urbanística.

A ellos, además, se ha sumado uno de los imputados en este procedimiento: el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo Manuel Jesús Spínola. Su abogado, que además es director de la asesoría jurídica del Cabildo, Pedro Fraile, se ha mostrado partidario del cierre. Y es que su cliente sostiene que el proyecto sobre el que él informó favorablemente desde la primera Corporación, no es realmente el que se terminó desarrollando.

Además de una larga lista de delitos contra el territorio, el patrimonio histórico e incluso contra la Agencia Tributaria, en la causa también se investiga un delito contra el Medio Ambiente, que podría ser el determinante para adoptar esta medida. De hecho, justo después de convocar esta comparecencia, la juez pidió un informe al Seprona sobre el sistema de depuración y evacuación de aguas residuales de la bodega, para confirmar si existe actividad contaminante en esta instalación, tal como advertían informes del Gobierno de Canarias y del Consejo Insular de Aguas que se han incorporado a la causa.

Tras realizar una nueva inspección en las instalaciones el pasado 9 de diciembre, los agentes del Seprona enviaron las muestras al Instituto de Toxicología de Sevilla, que ya ha enviado sus conclusiones. Y con esos resultados en la mano, la Fiscalía se ha sumado a la solicitud de cierre, al igual que las otras dos acusaciones y uno de los imputados.

Por su parte, la defensa ha aportado durante la comparecencia tres informes privados, encargados por Juan Francisco Rosa a tres ingenieros, para intentar demostrar que la instalación cumple con la normativa en lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales. Incluso, un técnico responsable de uno de esos informes ha estado presente también en la vista para prestar declaración.

Sin embargo, lejos de convencer a la Fiscalía y a las acusaciones particulares, tras escuchar su testimonio éstas se han reafirmado en su solicitud de cierre. Ahora, la decisión está en manos de la juez, que en los próximos días deberá dictar un auto resolviendo si ordena o no el precinto de toda la instalación.


Además de esta comparecencia para decidir sobre el posible cierre de Stratvs, este miércoles estaba prevista la declaración de un representante de la sociedad BTL, ya que la juez también decidió imputar a la empresa hace dos semanas, acogiéndose a una nueva figura del Código Penal reformado en 2010.

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En representación de la empresa ha ido Juan Francisco Rosa, que ya estaba imputado en la causa a título personal por varios delitos, y que en esta ocasión se ha negado a prestar declaración. Después, Rosa ha participado junto a su abogado, Felipe Fernández Camero, en la comparecencia sobre las medidas cautelares, en la que se han reunido un buen número de letrados de las distintas partes.

Junto a Rosa y la empresa BTL, en la causa hay imputadas otras 16 personas, entre técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote.

La investigación judicial sostiene que la bodega recibió licencias ilegales, pero también que lo construido ni siquiera tiene que ver con lo que se había autorizado “indebidamente”. Así lo sostienen diversos informes técnicos que obran en la causa, tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, que explican que lo que se pidió fue licencia para rehabilitar una construcción preexistente, que tenía valor etnográfico, y lo que se hizo fue derribarla y realizar una edificación mayor. Además, señalan que donde debería ir la bodega levantaron un restaurante (careciendo de permiso para ello), y que la bodega se construyó en otra zona no autorizada, y ocupando casi el doble de lo que había solicitado.

Incluso, un informe de la Dirección de Aguas del Gobierno de Canarias advierte de que existe un “alto grado de contaminación” en “el sanitario de baños y lavado de la bodega, que sobrepasan de una manera increíble los límites establecidos”, “filtrándose dicha contaminación al terreno de cultivo”.


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NotaPublicado: Vie 20 Dic, 2013 4:41 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado un auto decretando el cierre cautelar de la bodega Stratvs, después de que el miércoles se celebrara una vista en la que tanto la Fiscalía como la acusación particular y el abogado del Cabildo solicitaron la medida.

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Fuentes próximas al caso indicaron que el auto de la jueza se dictó este viernes y que desde el Juzgado se ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que llevaran a cabo la medida cautelar del cierre de manera inmediata.

“La realidad supera a la ficción en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años”. Así comenzó el fiscal Ignacio Stampa su intervención en la vista que se celebró este miércoles para decidir el posible cierre de la bodega Stratvs en La Geria.

El fiscal, que pidió el cierre cautelar de la bodega, destacó que “la primera realidad” es que se solicitó rehabilitar una vivienda y construir un almacén bodega de 900 metros cuadrados pero se demolió la vivienda, se construyó una más grande, se hizo un “restaurante clandestino”, una terraza de 500 metros y una bodega de 2.500, entre otras cosas.

El fiscal siguió enumerando ilegalidades: la bodega no está ubicada en el sitio establecido inicialmente y urbanísticamente es incompatible con la ordenación del territorio. También añadió que “incesantemente se está falseando la documentación”, que se aportaron certificaciones catastrales falsas, certificados de obra que dicen que lo construido coincide con lo proyectado cuando es falso y se confunde la titularidad de la finca.

Lo que se está viendo no es conforme con la realidad. Jurídicamente, conforme a Derecho, (la bodega) está en otro sitio. Está construida sobre la finca de la familia Negrín”, dijo, añadiendo que el promotor no ha justificado ni un solo metro de una de las fincas catastrales aunque aparece como propietario del cien por cien.

También abordó el problema de las aguas residuales, destacando que el dueño de la bodega se comprometió hace cinco años a instalar una depurada que no está instalada. El fiscal insistió en la gravedad del delito: “Me causa cierto desasosiego -dijo- la opinión pública de que actuamos a veces de forma desigual o de forma lenta”, porque asegura que han llegado “al delito más grave”, castigado con entre 5 y 7 años y medio de prisión si la actividad funciona clandestinamente y con engaño a la Administración, así como si se han vulnerado las órdenes de suspensión de la Administración, si se ha falseado la documentación y si los vertidos causan daños al medioambiente. “Si se cierra la bodega la Justicia no va a ser responsable del desempleo de las personas que trabajan en la misma, sino la persona que jugó con fuego”, dijo.

Por su parte, la asociación Transparencia Urbanística también pidió el cierre, al igual que la acusación particular y el abogado del Cabildo, que defiende a un ingeniero imputado en el procedimiento: “Ha utilizado el suelo protegido por todos para sacar rentabilidad económica él”, dijo la abogada de Transparencia sobre el propietario de la bodega, y añadió que “La Geria representa el esfuerzo de todos y Stratvs representa la infracción”. “La permisividad del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias nos avergüenza a todos”, señaló.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com