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NotaPublicado: Sab 19 Jul, 2014 12:32 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Ha sido su abogado durante años en casi todas las causas administrativas y penales a las que se ha enfrentado pero, al menos en el caso Stratvs, Felipe Fernández Camero ya no representará a Juan Francisco Rosa. El empresario tendrá desde ahora una nueva abogada, Margarita Alejo Hervás, que llevará su defensa en este procedimiento.

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El escrito dando cuenta de la renuncia de Camero y de la designación de una nueva letrada se registró en el Juzgado de Instrucción Número 5 el pasado 15 de julio y ya se ha hecho efectivo. Desde ahora, Margarita Alejo representará tanto a Rosa como a BTL Lanzarote, que también está imputada en la causa como sociedad.

En el caso Stratvs, que provocó el cierre cautelar de la bodega en diciembre de 2013, Juan Francisco Rosa está imputado por una larga de delitos, entre los que se incluyen delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio y contra el medio ambiente, así como falsedad documental y delitos económicos.

Tras el cierre cautelar de la bodega en diciembre de 2013, Felipe Fernández Camero presentó un recurso ante la Audiencia Provincial en nombre de Juan Francisco Rosa y BTL Lanzarote pidiendo la reapertura. Sin embargo, la Audiencia no sólo rechazó su solicitud, sino que también cuestionó la defensa que planteó Fernández Camero.

En el auto, La Sección Sexta de la Audiencia mostraba en varias ocasiones su “sorpresa” por los alegatos de la defensa, subrayando que el abogado puso sobre la mesa temas que nada tenían que ver con el recurso, pero no dijo nada para rebatir las presuntas ilegalidades de la bodega y dedicó sólo “medio folio” a discutir el tema de fondo que se planteaba.

Además, la Audiencia cuestionaba que la defensa utilizó “argumentos procesales y constitucionales” que nada tenían que ver con la resolución que estaba impugnando, es decir, el auto que en diciembre ordenó el cierre cautelar de la bodega. Una medida cautelar “cuyos razonamientos de fondo ni siquiera vienen a discutir con más extensión que medio folio, lo que sorprende a esta Sala”, insistía.

Ésta no es la primera vez en la que Fernández Camero tiene que renunciar a la defensa de Juan Francisco Rosa, aunque en anteriores ocasiones, esto se produjo porque el propio abogado pasó a estar imputado en la causa, lo que impedía que siguiera llevando su defensa.

Esto ya sucedió en el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, en la que en su momento estuvo imputado Juan Francisco Rosa. Cuando Felipe Fernández Camero se sumó a la lista de imputados, Rosa tuvo que contratar un nuevo abogado. En este procedimiento, se acabaron archivando las actuaciones contra Rosa, pero sigue la causa contra Camero en una pieza separada por malversación de caudales públicos.

Además, tanto Rosa como Fernández Camero están imputados en el caso Unión, por lo que el empresario también tuvo que encargar su defensa en esta causa a otro letrado cuando Camero fue detenido.


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NotaPublicado: Sab 19 Jul, 2014 1:26 pm 
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NotaPublicado: Lun 04 Ago, 2014 9:12 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Juzgado que instruye el caso de Stratvs no se fía ni del Cabildo de Lanzarote ni del Gobierno de Canarias para que elaboren un informe sobre los posibles daños causados por la construcción de la bodega en el Espacio Natural de La Geria. El informe lo harán, finalmente, técnicos adscritos a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, como pidió el pasado mes de marzo el fiscal del caso.

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La juez Silvia Muñoz ha desestimado el recurso de uno de los imputados, el técnico del Ayuntamiento de Yaiza, Andrés Morales, que alegaba que el informe lo debía hacer el Gobierno de Canarias porque si no, se alteraba la “Administración natural” y porque los técnicos serían ajenos al marco competencial al no estar familiarizados con la normativa autonómica ni con los instrumentos de ordenación.

Frente a esto, la juez Silvia Muñoz dice que no hay una Administración natural y que en los delitos penales ecológicos, que es lo que se investiga, prolifera la normativa europea. El motivo por el que tanto la Fiscalía antes, como ahora la juez, no quieren que el informe lo elaboren técnicos ni del Cabildo ni del Gobierno de Canarias es porque quieren garantizar la imparcialidad.

Por un lado, destacan que en el Cabildo, el consejero que ostenta las competencias en sanciones de medio ambiente es Francisco Fabelo, que mantiene relaciones profesionales con el dueño de la bodega porque es el maestro quesero de Finca de Uga, la marca de Juan Francisco Rosa.

Y por otro, que en el Gobierno hay cinco técnicos imputados en este procedimiento. La juez reconoce, en un auto del mes de julio, que la imparcialidad del Cabildo queda en entredicho por la relación laboral de Fabelo con Rosa.

“Es más -dice-, en los últimos tiempos han sido un hecho notorio, conocido y ostensible, las manifestaciones publicadas del citado consejero en las que ha incluido valoraciones sobre la situación jurídica del complejo Stratvs, siendo por tanto plausible la parcialidad del informe si lo hubiera tenido que hacer el Cabildo”.

Fabelo alabó en los medios de comunicación la labor de Stratvs, confiando en que pudiera abrir pronto sus puertas y diciendo que las medidas cautelares del cierre eran exageradas.


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NotaPublicado: Vie 03 Oct, 2014 10:14 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, ha decidido personarse en el caso Stratvs como parte perjudicada, ya que uno de los delitos que se investigan es un presunto intento de estafa a este organismo dependiente de Ministerio de Hacienda. Concretamente, como garantía de pago de una deuda con la AEAT, Juan Francisco Rosa presentó una finca donde supuestamente se levantaba la bodega Stratvs, cuando realmente no era así, ya que en la finca en cuestión no hay bodega alguna y carece prácticamente de valor.

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Tras tener conocimiento de estos hechos a través del Juzgado que instruye la causa, la Agencia ha decidido sumarse al procedimiento. De momento, el abogado del Estado ha pedido que se le dé traslado del sumario completo y, una vez analizado, podría decidir si ejerce sólo acción civil contra los responsables del presunto intento de estafa o si participa también como acusación particular, reclamando responsabilidades penales.

Hasta el momento, además de la Fiscalía, en la causa están personados también la asociación Transparencia Urbanística como acusación particular, y la familia Negrín como parte perjudicada, ya que denuncia que Juan Francisco Rosa usurpó suelo de su propiedad, ocupando parte de su finca para levantar la bodega Stratvs.

Por estos y otros datos que se fueron recabando en la instrucción, a los delitos urbanísticos, medioambientales y contra el patrimonio que se empezaron investigando en esta causa, se sumaron después muchos más, incluyendo falsedad documental y estafa. Según señalaba la juez Silvia Muñoz en el auto con el que ordenó el cierre de Stratvs, la investigación ha puesto de relieve que la bodega ni siquiera se encuentra realmente en la finca en la que está registrada.

El presunto intento de estafa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se remonta a hace tres años. En aquel momento, el hotel Princesa Yaiza (también propiedad de Juan Francisco Rosa) mantenía una deuda con Hacienda, por una inspección tributaria que se realizó en 2011. Para retrasar el pago, la empresa presentó como garantía de la deuda una hipoteca sobre la finca registral 9606, perteneciente a otra sociedad familiar, BTL Lanzarote, donde supuestamente se ubicaba la bodega Stratvs.

Cuando la investigación desveló que realmente la bodega se asienta en otra parcela, y que la finca utilizada como garantía prácticamente carece de valor, la propia Agencia Tributaria remitió un escrito al Juzgado, en el que sostiene que Juan Francisco Rosa intentó de forma consciente “engañar” a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado.

Según Rosa, la parcela tenía un valor de casi 6 millones de euros, al encontrarse supuestamente en ella la bodega Stratvs, pero la realidad es que la finca que usó de garantía estaría valorada en poco más de 40.000 euros, ya que allí no existe bodega alguna.

Además de a Juan Francisco Rosa, por este presunto delito también se imputó en la causa hace siete meses a la presidenta y consejera delegada mancomunada de la mercantil Hotel Princesa S.L., Rosa María Rosa Martín, y también han tenido que declarar como testigos dos socios del hotel, para aclarar si conocían los detalles de esta operación ante la AEAT o si fue realizada en exclusiva por Rosa y la presidenta.

En cuanto al suelo en el que realmente se asienta Stratvs, según subraya la juez instructora en el auto de cierre de la bodega, Rosa no había acreditado “la más mínima titularidad sobre esa finca”. En ese auto dictado en diciembre de 2013, “a modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos”, la juez hacía referencia a “la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado”.

Junto a Juan Francisco Rosa y la propia sociedad BTL, propietaria de la bodega, en la causa están imputadas ya otras 17 personas. Entre ellas se encuentra el arquitecto que diseñó Stratvs y distintos políticos y técnicos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote que ampararon o permitieron estas obras. Según el sumario de la causa, Stratvs recibió licencias ilegales pero, además, lo construido no se parece en nada a lo que realmente se había autorizado.

Lo que se solicitó en su día fue permiso para rehabilitar una casa histórica y para construir un almacén de 900 metros cuadrados, y lo que se terminó haciendo fue demoler la vivienda y construir una edificación más grande (donde se instaló la tienda, la cafetería y la sala de degustación); así como construir un restaurante subterráneo, terrazas, lavandería, saldas de reuniones, aparcamiento y, sobre todo, una bodega industrial de unos 2.500 metros cuadrados. Y todo ello sin licencia, y con un permiso sólo para un almacén de 900 metros, que además ni siquiera se podía haber autorizado, según la investigación.


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NotaPublicado: Mié 12 Nov, 2014 9:32 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Cabildo de Lanzarote ha remitido al Juzgado número 5 de Arrecife, que instruye el caso de la bodega Stratvs, un contundente informe sobre la situación legal de Stratvs en el que se concluye que la bodega “no es legalizable” y que cuestiona abiertamente el Plan Especial de La Geria aprobado en septiembre por el Gobierno de Canarias.

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El informe había sido solicitado por el Juzgado y se divide en dos análisis, uno técnico y otro jurídico. El estudio técnico ya advierte que “la bodega no cumple con las condiciones establecidas en el Plan Especial de La Geria” al no emplazarse en una parcela que como mínimo tenga los 15.000 metros cuadrados exigidos. También se resalta que se superó con creces la edificabilidad máxima.

Las mediciones de los técnicos del Cabildo arrojan una superficie construida de 3.560,56 metros cuadrados, cuando en realidad el promotor, Juan Francisco Rosa, tenía permiso para rehabilitar una vivienda antigua, que se derribó sin autorización, y ubicar en un antiguo almacén una bodega de 900 metros.

La jurista responsable del informe del Cabildo subraya que, como la finca donde se emplaza Stratvs tiene una superficie registral de 13.695 metros, con la edificabilidad permitida en la zona, lo máximo que se podían construir eran 136,95 metros. Para edificar lo que se edificó en Stratvs, añade, “sería necesario” que dichas obras se establecieran en una parcela con más de 3,5 millones de metros cuadrados.

Con respecto a diversos usos del suelo que se superponen en el Plan Especial de La Geria en la zona donde se encuentra Stratvs, la jurista considera que la bodega “no es legalizable” si se tienen en cuenta las categorías de protección paisajística y protección agraria paisajística.

Si se analiza el uso de protección de infraestructuras y equipamientos, que también se ‘pinta’ sobre los terrenos donde está Stratvs, “estamos ante una categoría sin delimitación, dejada al libre albedrío del propietario”, lo que a su juicio supone un incumplimiento de la Ley del Territorio de Canarias y la hace “inaplicable”.

No es ésta la única ocasión en la que la jurista pone en tela de juicio el Plan Especial de La Geria en su minucioso informe, de 126 páginas. De hecho, considera que el Gobierno de Canarias ha incurrido en una ilegalidad en su aprobación. Como se recordará, el Plan Especial fue anulado por los tribunales en marzo de 2012. Pero esa sentencia, subraya la jurista, “no ha sido ejecutada en sus propios términos con la consiguiente vulneración”.

Tras la sentencia, el Gobierno de Canarias no comenzó desde el principio un nuevo plan especial sino que acordó otra aprobación definitiva, dando lugar a un planeamiento para La Geria “viciado de nulidad” al no seguir el procedimiento “legalmente establecido para su formulación, tramitación y aprobación”, careciendo además de informes obligatorios.

La jurista del Cabildo cuestiona incluso que la Consejería de Ordenación Territorial, dirigida por Domingo Berriel, sea la competente para tramitar el Plan Especial de La Geria, y asegura que debe ser la Consejería de Sostenibilidad, en la actualidad en manos del socialista José Miguel Pérez, la encargada de tramitar el citado planeamiento. Así, entiende incluso que el Plan Especial no debe ser tenido en cuenta: “La primera técnica para combatir los reglamentos ilegales es su no aplicación”, concluye.

Otro de los aspectos sobre los que se incide en el informe es en el “uso público” que el Plan Especial de La Geria le asigna a la bodega Stratvs, catalogada como el “único destino” para la ubicación de la oficina de gestión del paisaje protegido de La Geria.

Así, en el documento se llega a contemplar un presupuesto de 10.800 euros por año para alquilar un local en Stratvs. En total, el Gobierno establece una dotación económica de 527.800 euros para los cuatro primeros años, al incluir medios materiales y personal mínimo, con un agente de medio ambiente, dos técnicos superiores y un administrativo por 118.000 euros al año.

Para la jurista, al margen de otras consideraciones, ese uso público asignado a Stratvs entra “en contradicción” con la Ley del Territorio al no estar la bodega en una zona de uso general, “que pueda admitir una afluencia mayor de visitantes” sino en una zona “de uso tradicional”, con posibilidades más restringidas.

También recuerda que el Ayuntamiento de Yaiza solicitó la apertura de Stratvs como “centro de interpretación y museo natural”, en “detrimento” del resto de bodegas de La Geria, pretendiendo que se convirtiera en “el primer destino de los visitantes del paisaje protegido”. La bodega también está incluida, como “Casa del vino de Lanzarote”, en el proyecto de “Ecomuseo” impulsado por la Mancomunidad del Sur, integrada por los ayuntamientos de Yaiza y Tías.

Más claves

01. “NO CUMPLE”. En el informe remitido por el Cabildo al Juzgado se subraya que Stratvs “no cumple” la parcela mínima de 15.000 metros cuadrados (catastralmente tiene 12.308 metros y registralmente 13.695 metros). Tampoco cumple la edificabilidad, ni los 1.500 metros máximos construidos sobre rasante, ni la altura máxima de una planta y cinco metros, al tener la bodega dos plantas y una altura interior de 7,8 metros sin contar el forjado.

02. PICÓN Y AGUAS. “En la concreta localización de las construcciones de la denominada bodega Stratvs”, indica el informe, “existía picón, en más abundancia que en el resto del paisaje protegido, al encontrarse en el mismo corazón de La Geria, y aguas subterráneas, al quedar constatada una red hídrica en la zona meridional” del paisaje protegido, “que se acentúa al situarse sobre la barranquera que va desde la montaña de Guardilama hacia la carretera LZ-30”.

03. CONTRARIO A LA LEY. El informe del Cabildo destaca que el Plan Especial de La Geria “carece de habilitación legal para la implantación de equipamientos estructurantes”, asimilables a un centro turístico o un equipamiento de rango insular. “Pese a ello, incorpora, contra legem, a la estructura territorial insular básica de Lanzarote” 10 bodegas industriales como “equipamientos estructurantes”.

04. BODEGA Y CAMPUS. En su dictamen, la jurista considera “paradójico” que el mismo Gobierno de Canarias haya exigido una revisión parcial del Plan Insular para la implantación del campus universitario, que no tiene aprovechamiento lucrativo alguno, en un suelo rústico residual, mientras que para catalogar como “equipamientos estructurantes” bodegas como Stratvs “en un suelo rústico con valores ambientales, no exige la revisión parcial del Plan Insular”. “Esto contraviene” los principios “de legalidad, jerarquía, seguridad jurídica, igualdad” o “razonabilidad”.


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NotaPublicado: Jue 13 Nov, 2014 9:27 am 
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La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha respondido con contundencia a un escrito que le envío el pasado viernes el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y le ha recordado que la Corporación no puede “supervisar” los informes que realizan sus técnicos a petición de un Juzgado, porque podría “suponer una incursión” en su “independencia”.

Incluso, la juez advierte de que la independencia de los peritos está protegida por las leyes procesales y que incluso el Código Penal tipifica como delito, en el artículo 464, el “intentar influir directa o indirectamente” en cualquiera que sea parte de un procedimiento judicial, incluyendo los peritos.

Esta respuesta forma parte de una providencia fechada el pasado 10 de noviembre, en la que la juez acuerda incorporar a la causa un informe técnico y otro jurídico realizados por dos técnicos del Cabildo, que concluyen que Stratvs es ilegal e ilegalizable y hacen un diagnóstico demoledor sobre el trato privilegiado que recibe esta bodega, propiedad de Juan Francisco Rosa, en el Plan Especial de La Geria.

Al remitir esos informes al Juzgado, San Ginés adjuntó un escrito en el que aclaraba que los dictámenes firmados por los técnicos Joana Macías y Gustavo Navarro no habían sido “validados ni supervisados en profundidad” por falta de “tiempo material para hacerlo”. Incluso, adelantaba que el de Macías “excedía el objeto de lo solicitado (por el Juzgado), amén de los errores de contenido en que incurre el mismo”.

Tres días después, en una providencia en la que acordó incorporar esos informes a la causa, la juez dio respuesta también a ese oficio de San Ginés. “En relación al exceso sobre el objeto, es materia que compete en exclusiva a esta instrucción, que no observa exceso en relación a la pericia acordada”, advierte Silvia Muñoz, subrayando que es el Juzgado quien debe determinar si un informe se ajusta o no a lo solicitado.

Respecto a la “supervisión” a la que hacía referencia San Ginés en su escrito, la juez también es tajante y le aclara al presidente que no es “admisible valoración alguna por personas ajenas” a ese informe o que no hayan sido “designados como peritos” dentro de esta causa penal.

Incluso, advierte de que “la supervisión institucional pudiera suponer una incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe”, y que está “protegida” por “las leyes procesales” y penales. Y es que la responsabilidad sobre una pericial, tal como aclara la juez, corresponde “exclusivamente al perito suscribiente de las valoraciones y razonamientos que el mismo contenga”, sin que puedan influir terceras personas.

Los dos informes solicitados al Cabildo fueron entregados un día después de que venciera el plazo que les había dado el Juzgado para remitirlos. Al respecto, el presidente señalaba en su escrito que no se enviaron con anterioridad porque el técnico y la jurista los entregaron a las 14 horas del jueves 6 de noviembre, que era el día límite para aportarlos al Juzgado. El Cabildo los envío a la juez al día siguiente.

Significarle que tales informes no han sido validados, ni supervisados en profundidad por la Asesoría Jurídica de esta Corporación, dado que no ha habido tiempo material para hacerlo”, agregaba San Ginés. Además, adelantaba que “de una primera lectura por parte de los Servicios Jurídicos de la Corporación, se me comunica que el informe suscrito por doña Joana Macías Fernández excede el objeto de lo solicitado, amén de los errores de contenido en que incurre el mismo, según me traslada el Director Insular de Política Territorial de esta Institución”.

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NotaPublicado: Vie 05 Dic, 2014 2:10 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El caso de la bodega Stratvs, que instruye el Juzgado número 5 de Arrecife, está entrando en su recta final. El Juzgado sigue recopilando informes y otras pruebas pero la instrucción se acerca a su fin. Se han llevado a cabo nuevas declaraciones y el caso mantiene una veintena de imputados. Entre los que declararon recientemente se encuentran el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas, y el propietario, Juan Francisco Rosa.

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Rosa reconoció en su última declaración ante la juez Silvia Muñoz que era consciente de que no tenía licencia para hacer el restaurante que está en el interior de la bodega. Según su declaración judicial, no hay proyecto del restaurante ni del generador eléctrico ni del museo. “No hubo proyecto”, señala la transcripción de la declaración. El restaurante se construyó en el lugar donde estaba el aljibe de la casa donde se hizo la bodega. Según Rosa, cuando empiezan a trabajar aparece el aljibe y “no tenían licencia sobre esto”.

El restaurante no estaba dentro del proyecto y cuando el aljibe se recupera se hace el restaurante sin licencia. Era consciente de esto”, dice la declaración. Rosa señala que la obra de la bodega costó entre 8 y 9 millones de euros y que no pidió un crédito sino una póliza al BBVA por tres millones “para obtener liquidez”, que afrontó con la dación en pago de patrimonio e inmuebles, y asegura que la bodega estuvo en pérdidas desde que abrió.

También declaró el arquitecto y director del proyecto, Miguel Ángel Armas Matallana, que reconoció que la obra se hizo en un barranco. Hay que recordar que la bodega está cerrada, entre otros motivos, porque se considera que las aguas negras contaminan el subsuelo. El arquitecto dijo que recuerda que cuando era niño en esa zona había una fuente de la que manaba el agua que corría por el barranco. Por su parte, Rosa ni siquiera reconoce la existencia del barranco: “Aquello no era un barranco”, asegura.

Armas declaró que fue él quien compró la mitad de esos terrenos a su familia y que la otra mitad eran de la familia Negrín. La idea primigenia era la de construirse una vivienda para él y por eso es su esposa quien pide la licencia inicial para rehabilitar la casa, aunque es Rosa quien acaba construyendo una bodega y ocupando terrenos que no le pertenecen. Tanto Armas como Rosa no quisieron contestar a las preguntas del abogado de la acusación particular, que representa a la familia Negrín.

El arquitecto también reconoció que certificó la obra sin hacer mediciones y se quiso desvincular del resto de las obras de la bodega diciendo que desde 2005 él ya no intervino en la obra, aunque se certifica su final por él mismo en 2008. Señaló que fue un “lapsus” poner esa fecha. De hecho, hay dos certificados de obra diferentes.

Asimismo, aseguró que en algunos documentos se ha falsificado la firma de su mujer y que era Rosa quien se encargaba de la tramitación del expediente. El empresario, por su parte, señaló que uno de sus trabajadores actuaba ante los bancos y en algunas administraciones en este expediente con una autorización verbal.

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Al dueño de Stratvs se le preguntó durante su declaración en el Juzgado por múltiples cuestiones sobre el proceso de construcción de la bodega y su relación con las administraciones. Se le cuestionó si había intercedido ante trabajadores o cargos públicos Rosa dice que “el empresario tiene que exigir que se cumplan los proyectos en el menor tiempo posible. Si a eso llama interceder, pues sí”, responde.

Dijo que “si tiene que llamar a alguien para que avive los papeles” lo hace y reconoció que también mandaba a sus hijos para que agilizaran los papeles. Durante la declaración se reprodujeron conversaciones pinchadas al teléfono del concejal Leonardo Rodríguez (CC) en el caso Unión, que entonces era concejal de actividades clasificadas. Reconoce que efectivamente es él y acepta como buenos los cedés.

También dijo que le pidieron el certificado de final de obra, que tenía que estar visado por el Colegio de arquitectos, pero no con la fecha de 2005 sino con la de 2008 y que se puso esa fecha. Señaló que fue a Notaría y que no sabía “si eso que hizo para la escritura era fraudulento”, dice la declaración.

Afirmó que considera que los peritos de Patrimonio Histórico, los técnicos del Gobierno canario y los técnicos de la Oficina del PIO del Cabildo, Joana Macías y Gustavo Navarro van contra él a pesar de que reconoce que no los conoce ni sabe quiénes son pero que “se tienen que limitar a hacer su trabajo bien hecho que es lo que tienen que hacer”.

No fue la única salida de tono de Rosa, ya que también le preguntaron por qué la bodega está construida en una finca pero aparece catastrada en la finca colindante y no en la que realmente está. “Sería un error, yo no soy el catastro”, dijo. También habló de la ausencia de depuradora en la bodega y dijo que habría que preguntarles a los técnicos por qué no se instaló esa depuradora o si era necesaria y que una fosa séptica es una depuradora. “El 90 por ciento de Arrecife está como la bodega”, aseguró.

Rosa dice en su declaración que pidió las subvenciones que le permitió la ley, que eran de la Unión Europea y que sólo le han dado una subvención, que no recuerda la cantidad, para compra de depósitos y maquinaria.

Según el BOC de 12 de septiembre de 2005, recibió casi 1,2 millones de euros de un presupuesto de tres millones para instalaciones de fontanería, electricidad en la bodega, cámaras frigoríficas, obras de habilitación interior, instalaciones, etc. Parte de ese dinero era del Fondo europeo de orientación y garantía agrícola (Feoga), otra parte del Ministerio y otra parte de la Comunidad Autónoma.

Además, dos empresas suyas, Juan Francisco Rosa Marrero e Hijos, y BTL, la propietaria de la bodega, recibieron, de fondos Feder, Feoga y FSE, entre 2000 y 2006 1,3 millones en cinco proyectos: dos de industrialización y comercialización de productos agrarios, dos de mejora de condiciones de comercialización y transformación y uno de modernización de explotaciones agrarias, en tandas de 431.000, 447.000, 353.000, 100.000 y 33.000 euros.

La bodega, en cifras

15.000. Un informe pericial encargado por el Juzgado a una jurista del Cabildo concluye que “la bodega no cumple con las condiciones establecidas en el Plan Especial de La Geria” al no emplazarse en una parcela que como mínimo tenga los 15.000 metros cuadrados exigidos. También se resalta que se superó con creces la edificabilidad máxima.

3.560. Las mediciones de los técnicos del Cabildo arrojan una superficie construida de 3.560,56 metros cuadrados, cuando en realidad el promotor tenía permiso para rehabilitar una vivienda antigua, que se derribó sin autorización, y ubicar en un antiguo almacén una bodega de 900 metros.

136. La jurista subraya que, como la finca donde se emplaza Stratvs tiene una superficie registral de 13.695 metros, con la edificabilidad permitida en la zona, lo máximo que se podían construir eran 136,95 metros. Para edificar lo que se edificó en Stratvs, añade, “sería necesario” que dichas obras se establecieran en una parcela con más de 3,5 millones de metros cuadrados.


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NotaPublicado: Vie 12 Dic, 2014 9:14 am 
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El Juzgado número 5 de Arrecife ha aceptado la imputación del gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemín, que tendrá que prestar declaración la próxima semana.

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La Fiscalía había solicitado la imputación del funcionario ya que de lo investigado “se desprenden indicios de la comisión de un presunto delito contra el medio ambiente”, al que se le puede sumar otro presunto delito de prevaricación.

En concreto, la Fiscalía considera que hay indicios delictivos en la propuesta favorable emitida el 21 de noviembre de 2008 por el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la autorización provisional de vertidos concedida a Stratvs.

El cierre cautelar de la bodega, del que este mes se cumple un año, se basa, al margen de irregularidades urbanísticas, en que se sobrepasaron durante años los límites de contaminación de las aguas residuales.

Tal y como destacó la Audiencia Provincial, nunca se ejecutó una planta depuradora ni se hizo un estudio hidrogeológico “que estaba obligado a poner y realizar” el promotor de la bodega Stratvs.

El Ministerio Fiscal cita en su informe el artículo 329 del Código Penal, que alude al delito contra el medio ambiente, y que se refiere a autoridades o funcionarios que “a sabiendas” informan a favor de licencias “manifiestamente ilegales” a “industrias o actividades contaminantes”, o que silencian la infracción de leyes.

La Fiscalía también había solicitado que declarase como imputado Fabián Martín, que como responsable político del Consejo Insular de Aguas firmó en noviembre de 2008 la autorización provisional de vertidos otorgada a Stratvs, aunque el Juzgado por el momento no lo ha considerado.


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NotaPublicado: Lun 15 Dic, 2014 3:57 pm 
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NotaPublicado: Mar 16 Dic, 2014 1:45 pm 
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La familia Negrín, acusación particular en el caso Stratvs, personada en el procedimiento por ocupación de suelo de su propiedad en la construcción de la bodega, ha denunciado el “ataque que está sufriendo el principio de independencia del poder judicial”.

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Un ataque que se materializa, según se detalla en un escrito registrado en el Juzgado número 5, en “los diferentes comentarios realizados en medios de prensa afines a uno de los imputados en este proceso penal, en concreto Juan Francisco Rosa” y que les podrían “afectar plena y gravemente” como “perjudicados” en la causa.

También subraya que “es inadmisible” que el Cabildo, a través de su presidente, Pedro San Ginés, “valore” el informe redactado a petición del Juzgado por la jurista Joana Macías manifestando “que incurre en errores o excede” de lo solicitado por la jueza Silvia Muñoz, “sin ser perito o parte alguna en el procedimiento, en un claro intento de defensa de los intereses de un imputado, ya sea persona física o jurídica”.

La acusación particular añade que “no bastándole a tal presidente cabildicio” esas manifestaciones públicas, solicitó la presencia en la Isla de Domingo Berriel, consejero de Política Territorial, para valorar el citado informe jurídico, que plantea la falta de encaje legal de la bodega y la nulidad del Plan Especial de La Geria, aprobado en julio pasado.

“Raudo y veloz”, añade, el consejero se desplazó a Lanzarote para “defender” el Plan Especial de La Geria frente al informe emitido por la jurista, recalcando que se trata de una “prueba pericial aportada en un procedimiento penal”.

A juicio de la acusación particular, las declaraciones de Berriel rechazando el informe del caso Stratvs son “un claro intento de intromisión del poder ejecutivo en el judicial, intentando, sin ser parte, conducir el proceso en una dirección interesada”, obviando que el Plan Especial de La Geria ya ha sido recurrido en los tribunales “y no precisamente por el informe” de Macías.

Es más, añade que “si nos atenemos en ‘strictu sensu’ a dicho informe” jurídico que cuestiona la validez del Plan Especial de La Geria, “algunas personas e instituciones podrían haber cometido algún ilícito penal en la tramitación y modificaciones habidas en interés de terceras personas”.

El escrito presentado por la acusación particular se presenta, según aclara, “a los efectos de acreditar el ataque que se está haciendo a la instrucción de este proceso por parte de uno de los imputados con la colaboración del presidente del Cabildo y ahora del consejero de Política Territorial del Gobierno, valorando ambos una prueba pericial judicial en un claro intento de obstrucción a la Justicia en un procedimiento donde no son parte del mismo”.


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NotaPublicado: Vie 19 Dic, 2014 11:19 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, declaró el jueves en el Juzgado número 5 de Arrecife imputado por un presunto delito contra el medio ambiente, al que se le puede sumar otro supuesto delito de prevaricación, por su propuesta favorable a una autorización provisional de vertidos concedida a la bodega Stratvs en noviembre de 2008.

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El funcionario elevó al entonces responsable político del Consejo Insular de Aguas, Fabián Martín, la propuesta de autorizar los vertidos de forma “provisional y excepcional”, durante seis meses. Sin embargo, luego “no se cerró ni clausuró la instalación”, como reconoció en su declaración en el Juzgado.

Duchemín indicó que la bodega había pedido inicialmente una autorización para vertidos y reutilización, pero que luego renunció a la reutilización de las aguas. En su declaración, insistió en que aunque la bodega se encuentre en el Barranco del Obispo, en el paraje protegido de La Geria, “en la superficie no hay barranco” y que esa denominación se trata de “una toponimia”.

Ante la solicitud de autorización de Stratvs, Duchemín declaró en el Juzgado que “se mandó” a un técnico de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, que “venía cada 15 días” a Lanzarote para hacer “los trabajos de campo”, tomar “muestras” y emitir “después su informe”. Ese técnico hizo “una analítica” que dio “unos parámetros desorbitados”. Duchemín aseguró que en aquel momento “no tardó ni dos días en comunicar” que la bodega “no cumplía los parámetros” sobre contaminación.

“A posteriori”, añadió, la bodega “cambió de opinión” y “pidió una autorización provisional” para vertidos asegurando que deseaba instalar una planta depuradora. Esa solicitud, fechada el 19 de noviembre, estaba acompañada de un informe emitido por la empresa Consultores Canarios, contratada por Stratvs, en el que se detallaban diversas actuaciones para disminuir la “carga contaminante” de las aguas que vertía la bodega.

Duchemín recalcó que ese informe de Consultores Canarios es “lo que le vale” para dar su visto bueno, con la medida de que se vigilase la calidad de las aguas que se vertían con “analíticas posteriores”. Dijo que ese informe de la empresa “para él tuvo el mismo valor que el que le sirvió el técnico” de la Dirección General de Aguas.

En otro momento de su declaración ante la jueza Silvia Muñoz, el gerente del Consejo Insular de Aguas señaló que aunque “tiene más credibilidad lo que dice la Administración Pública”, “se tiene que fiar” de la empresa contratada por la bodega “y se fio”. También añadió que los vigilantes del Consejo Insular de Aguas “no tendrían capacidad para recoger muestras de todas las autorizaciones” que otorga el organismo, encargado de velar por el dominio público hidráulico de Lanzarote.

El funcionario destacó en su declaración en el Juzgado que “la Administración tiene que confiar en los ciudadanos”, que “son los que tienen que presentar los autocontroles” sobre la calidad de las aguas que vierten. “Si la Administración detectara que está incumpliendo entonces tiene que caer el peso de la ley”, añadió. En el caso concreto de Stratvs, manifestó que “le bastaba que Consultores Canarios le dijera que lo que estaba mal lo habían aplicado y ya estaba bien”.

Cabe destacar que en las analíticas efectuadas por la empresa contratada por la bodega Stratvs, se detalla que “el operario” que realiza el “muestreo” es el "peticionario"; es decir, la propia bodega, propiedad de BTL, empresa de Juan Francisco Rosa. “Si el señor ha falseado los datos no es problema” suyo, declaró Duchemín, quien dijo que confiaba “en la labor de los técnicos de laboratorio de ensayo”. También aseguró que “así es como se hace con todas las autorizaciones”.

CARGOS. Duchemín declaró en el Juzgado que era funcionario del Cabildo desde hacía cuarenta años, que tiene estudios de bachiller y COU, que está adscrito a la Secretaría del Cabildo pero que también tiene “otros cargos importantes”, como el de secretario del Consorcio de Bomberos o en los Centros Turísticos.

AUTORIZACIÓN. A preguntas de su abogado, el funcionario señaló que “si se hubiera pedido” por parte de la bodega Stratvs “una autorización definitiva se habría dado”. También destacó que Consultores Canarios hizo tres analíticas más durante 2009 “y cumplían con los parámetros”.


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NotaPublicado: Jue 08 Ene, 2015 7:12 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“La instrucción da indicios de que la decisión delictiva (del presunto intento de estafa a la Agencia Tributaria) fue tomada por el señor Juan Francisco Rosa Marrero”. Eso es lo que sostiene la juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, en un auto en el que acepta sobreseer las actuaciones contra la otra persona que estaba imputada en la causa por este delito, Rosa María Rosa Martín.

La imputación de Rosa Martín se produjo en febrero de 2014, ya que era la presidenta y consejera delegada mancomunada de la sociedad Hotel Princesa Yaiza SL cuando se produjo ese presunto intento de estafa. Concretamente, para responder a una deuda con Hacienda, el hotel Princesa Yaiza presentó como garantía hipotecaria una finca donde supuestamente se ubicaba Stratvs, pero que carece de valor porque realmente la bodega no se encuentra ahí.

La propia Agencia Tributaria remitió un informe al Juzgado en el que sostiene que se intentó de forma consciente engañar a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado. De hecho, hace unos meses, la Abogacía del Estado se personó en la causa como parte perjudicada.

Como máxima responsable de la sociedad Princesa Yaiza SL, Rosa María Rosa fue llamada a declarar como imputada hace diez meses y, tras investigar su presunta participación en los hechos, la juez concluye que “no existen indicios suficientes que permitan sostener con la razonabilidad necesaria” que “tuvo el dominio del hecho y poder de decisión en el ofrecimiento” de esa finca a la Agencia Tributaria. Todo ello, eso sí, “sin perjuicio de otro tipo de responsabilidades que como presidenta del Consejo de Administración, pudieran recaer sobre Rosa María Rosa Martín por los mismos hechos, en otra jurisdicción que no sea la penal”, aclara la juez.

En su auto, fechado el pasado 16 de diciembre, Silvia Muñoz hace referencia a la “insuficiencia probatoria” para mantener la imputación contra Rosa María Rosa, por lo que acuerda el sobreseimiento provisional y parcial, al no poder acreditar que fuera consciente de ese intento de engaño a la Agencia Tributaria, del que la juez responsabiliza directamente a Juan Francisco Rosa.

Por un lado, en el auto recuerda el vínculo familiar que une a ambos y, sobre todo, subraya que la instrucción ha constatado el “poder de decisión” que tiene Rosa en la sociedad del Princesa Yaiza, de la que es consejero, pese a que él no sea el presidente. La propia Rosa María Rosa, al pedir el archivo de su imputación, aportó documentos que reflejan que Juan Francisco Rosa realiza actuaciones en nombre de esa sociedad, y lo mismo afirmaron dos miembros del Consejo de Administración que fueron citados a declarar como testigos.

Además, la finca que se puso como garantía, donde supuestamente se ubica la bodega, pertenece a otra empresa familiar, BTL Lanzarote, de la que sí es administrador único Juan Francisco Rosa. Por todo ello, la juez considera “razonable” que “hubiera sido el señor Rosa” quien “hubiera tenido el poder de decisión” en el “ofrecimiento fraudulento”. Y es que las diligencias practicadas han confirmado que tenía potestad para adoptar esa decisión y para actuar como administrador del Hotel Princesa Yaiza SL, por lo que la participación de Rosa María Rosa no hubiera sido “necesaria”, ni tampoco ha podido acreditarse que conociera el supuesto engaño.

En la recta final del caso Stratvs, la juez también ha aceptado la solicitud de otro imputado, el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y ha sobreseído provisionalmente las actuaciones contra él. En este caso, casi terminada ya la instrucción, la juez señala que existe una “impotencia probatoria” para mantener la acusación contra Lorenzo.

El jefe de la Oficina Técnica fue imputado por su presunta participación en la concesión de la licencia de actividad clasificada a Stratvs en el año 2008 por parte del Ayuntamiento. Junto a él estaban imputados otros técnicos y todos los concejales que participaron en la Junta de Gobierno en la que se adoptó esa decisión. Sin embargo, no se ha podido acreditar que Lorenzo participara en esa reunión y por tanto diera su visto bueno como técnico.

Al respecto, la juez señala que los concejales y la alcaldesa (que sí continúan imputados) "ofrecieron declaraciones contradictorias” sobre si Antonio Lorenzo estuvo o no presente en esa Junta de Gobierno. A diferencia del resto, su presencia no consta acreditada en el acta de la sesión y, además, el secretario de Yaiza emitió un certificado en el que sostiene que Antonio Lorenzo estaba disfrutando en esas fechas de un periodo vacacional.

La causa continúa así, a punto de entrar en la recta final, con casi una veintena de imputados, ya que la juez ha rechazado otras solicitudes de sobreseimiento. Además de Juan Francisco Rosa, en el procedimiento están imputados el arquitecto que diseñó la bodega, así como políticos y técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, incluyendo a la alcaldesa, y técnicos del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias.


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NotaPublicado: Jue 22 Ene, 2015 9:18 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, acaba de sumarse a la lista de imputados en el caso Stratvs. En la recta final de la instrucción, la juez Silvia Muñoz ha acordado citarle a declarar el próximo 2 de febrero, para que responda por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, tanto por su participación en el expediente que autorizó la bodega, como por un supuesto incumplimiento de su deber de actuar ante las “actividades que venían desarrollándose ilegalmente” en Stratvs.

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José Antonio (Tato) Rodríguez fue durante años concejal de Urbanismo bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando se concedieron decenas de licencias ilegales, especialmente en Playa Blanca. Ahora, sigue ocupando ese mismo cargo en virtud del pacto entre Nueva Canarias y el PIL, con Gladys Acuña como alcaldesa. Pese a que ha sido responsable del área de Urbanismo en Yaiza en las dos últimas décadas, hasta ahora Rodríguez no había tenido que responder ante los tribunales en ninguna de las causas penales abiertas, ya que quien firmaba esas licencias ilegales era el alcalde. Sin embargo, en el caso Stratvs, el nombre del concejal sí ha aparecido en el expediente.

Concretamente, José Antonio Rodríguez firmó un decreto el 28 de junio de 2005, ejerciendo de alcalde accidental en reemplazo de Reyes. Y con ese decreto autorizó una prórroga de la licencia, así como la transferencia de la misma a una de las empresas de Juan Francisco Rosa, que hasta ese momento no había figurado como solicitante de los permisos.

Además, atendiendo la solicitud del fiscal Ignacio Stampa, la juez también imputa a Rodríguez otro presunto delito de prevaricación urbanística por “omisión”. Concretamente, la providencia de la juez se refiere a la “arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs”.

El delito por omisión está recogido en el artículo 11 del Código Penal, que castiga a quienes teniendo obligación de actuar, no lo hacen, y a quienes, con esa inacción, causan igualmente un efecto perjudicial en el “bien jurídicamente protegido”.

Junto a José Antonio Rodríguez, en la causa hay ya una veintena de imputados, entre los que se encuentran tanto el ex alcalde José Francisco Reyes como la actual alcaldesa, Gladys Acuña, que fue quien otorgó la licencia de apertura a la bodega. También están imputados otros tres concejales que entonces constituían la Junta de Gobierno (Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y Leonardo Rodríguez). Además, entre otros hay imputados técnicos tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, así como el propio Juan Francisco Rosa.


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NotaPublicado: Jue 22 Ene, 2015 9:31 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, José Juan Hernández Duchemín, no solo sigue imputado en el caso Stratvs, sino que además la juez ha visto indicios de nuevos delitos que nada tienen que ver con la causa por la que fue llamado a declarar, y en los que podrían verse implicados otros cargos públicos del Cabildo de Lanzarote.

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Tras escuchar el testimonio de Duchemín, Silvia Muñoz ha decidido dar traslado de su declaración y de esos nuevos indicios a otro Juzgado, para que investigue si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y/o malversación en los pagos que realiza el Cabildo a este funcionario. Y es que en los Juzgados, él mismo reconoció que ocupa varios cargos en la Corporación que serían incompatibles, y que cobra por todos ellos.

En su providencia, la juez recuerda que el Estatuto del Consejo Insular de Aguas, aprobado en 1997, especifica que el cargo de gerente es “incompatible con el de otras funciones públicas o privadas también retribuidas”. Sin embargo, Duchemín declaró que además de ése ocupa “otros cargos en el Cabildo y son importantes”. En concreto, especificó que también es “secretario del consorcio de bomberos”, que realiza funciones “en los Centros Turísticos” y que está “adscrito a la Secretaría General”. Y por todo ello, “recibe la retribución correspondiente en nómina”, según explicó él mismo.

Durante su declaración, la juez también le preguntó por su formación para ocupar estos cargos, a lo que Hernández Duchemín respondió que tiene “Bachillerato y COU”. Además, pese a que es gerente del Consorcio, no tiene “ninguna diplomatura”, ni siquiera “un curso” relacionado con aguas. “Pregúntele a la persona que me nombró por qué me nombró”, “yo no tengo que enjuiciar si era competente o no. Era un nombramiento provisional para salvar una situación, que era que el gerente que había se jubilaba”, respondió Duchemín a preguntas del fiscal Ignacio Stampa.

Ese nombramiento “provisional” (a través de un decreto firmado por el entonces vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín) se realizó en el año 2008, tres meses antes de que el funcionario informara favorablemente al sistema de vertidos de Stratvs. Siete años después, Duchemín sigue siendo gerente del Consorcio, además de ocupar otros cargos que prácticamente le convierten en el segundo funcionario con mayor influencia dentro del Cabildo, solo por detrás del secretario, de quien depende directamente.

En su providencia, la juez señala que esta situación era “conocida tanto por la institución como por su servicio jurídico y administrativo”, por lo que existen “indicios de que se ha omitido el control debido”. Entre otras cosas, subraya que el secretario del Cabildo es el mismo que el del Consejo de Aguas, Pancho Perdomo, y el Cabildo y el Consejo también tienen el mismo presidente, que en la actualidad es Pedro San Ginés. Por eso, considera que ambos debían saber que Duchemín estaba prestando servicios en ambos organismos, y cobrando por ello, pese a que el cargo de gerente es incompatible con cualquier otro.

Por todo ello, y dado que estos hechos no guardan ninguna relación con lo que se investiga en el caso Stratvs, la juez ordena dar traslado de su declaración al Juzgado de instrucción que por turno corresponda, para que abra diligencias e investigue si se han cometido posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Esta medida había sido solicitada por la acusación popular, representada por la asociación Transparencia Urbanística, y también por el Ministerio Fiscal, que se adhirió a esa petición que ahora ha sido atendida por la juez.

Aunque Duchemín fue citado a declarar como imputado por haber informado favorablemente a la autorización del sistema de vertidos de Stratvs, buena parte de su interrogatorio se acabó centrando en este nuevo frente que él mismo abrió, al detallar sus distintos cargos en el Cabildo. Según subraya la juez en su providencia, Hernández Duchemín “manifestó al Juzgado de manera desglosada y concreta la retribución que percibía” por cada uno de esos cargos y reconoció “conocer que ello era contrario artículo 23 Decreto 135/1997 de 11 de julio”, es decir, al Estatuto Orgánico del Consejo Insular de Aguas.

Respecto a su nombramiento como gerente de este órgano, el propio funcionario acabó señalando que le “sorprendió”, aunque según él le designaron porque “la legislación de aguas es muy amplia” y él tiene “facilidad para manejarla”. “Como manejaba más o menos la legislación, me nombraron”, afirmó.

Sin embargo, también explicó que posteriormente se ha contratado además a un asesor jurídico en el Consejo Insular de Aguas, “para una misión concreta, para los expedientes sancionadores”, porque “el tema de la legislación de aguas es complejísimo”.

Respecto al tema que le había llevado a declarar como imputado, la autorización del sistema de vertidos de Stratvs, Hernández Duchemín afirmó que se basó en un informe privado aportado por el propio Juan Francisco Rosa, realizado por Consultores Canarios. “La administración tiene que confiar en los ciudadanos, que son los que tienen que presentar los autocontroles”, sostuvo en el Juzgado el gerente del Consejo Insular de Aguas.

Ese informe, realizado por la empresa en base a una muestra aportada por el propio Rosa, contradecía los dictámenes previos de técnicos de la administración pública, que advertían de un alto grado de contaminación por los vertidos de la bodega. “Si el señor ha falseado los datos no es mi problema”, respondió al respecto Duchemín. “Confié en que habían bajado los parámetros y ya está”.

Respecto a por qué después no se siguieron haciendo controles periódicos, pese a que la autorización así lo contemplaba, el gerente alegó que pasó una temporada de baja por una operación. Ni antes de esa baja, ni después, ordenó que se tomaran muestras. Y tampoco tomó medidas cuando la autorización, que era provisional por seis meses, caducó. Pese a ello, Stratvs siguió funcionando durante más de cinco años, hasta diciembre de 2013, cuando la juez ordenó su cierre cautelar.


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NotaPublicado: Lun 26 Ene, 2015 6:39 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana Quintana, ha solicitado a la juez que instruye el caso Stratvs, Silvia Muñoz, que se inhiba de la causa y la remita a reparto para que la instruya un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria.

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Quintana ejerce la representación legal de dos trabajadores del Gobierno de Canarias imputados en el caso, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz Sosa, técnico jurídico de planeamiento del Gobierno de Canarias y Director General de Urbanismo entre 1996 y 1999, respectivamente.

Anteriormente, la defensa de otro ex trabajador del Gobierno, Faustino García Márquez, ya había pedido que se separase una pieza de la instrucción principal que afectara sólo a los implicados en el primer permiso otorgado la bodega, para construir en suelo rústico, entre los que están todos los funcionarios regionales que habrían intervenido en el expediente de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno.

Quintana sostiene que el presunto delito de prevaricación habría sido cometido en Las Palmas, por ser el lugar donde se tramitó dicho expediente. Tanto la Fiscalía como la juez instructora han sostenido que hay una serie de delitos conexos entre las diferentes infracciones que se investigan sobre la bodega y que por eso no se pueden hacer varias piezas separadas.

La jueza denegó la separación por razones de eficacia, celeridad o simplicidad y porque la ruptura de la causa podría dar lugar a sentencias contradictorias, y el fiscal señaló que no sólo son delitos conexos sino concursos de delitos.

La abogada del Gobierno de Canarias sostiene que según el artículo 18 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en el caso de delitos conexos tiene preferencia, para determinar el órgano que debe investigarlo, el primero que se hubiera podido cometer y por esta razón considera que se debe trasladar toda la causa a Las Palmas, ya que el primero de los delitos sería la concesión del Gobierno de Canarias.

Hay que recordar que en este caso ha habido varios desencuentros entre la juez instructora y el Gobierno de Canarias. En diciembre de 2013 la juez decidió investigar la aparición de un informe jurídico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aportado al Juzgado sin que nadie lo solicitara. El informe fue elaborado por la jefa de los Servicios Jurídicos de la Agencia con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com