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NotaPublicado: Sab 08 Feb, 2014 11:06 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La defensa de la bodega Stratvs, cerrada cautelarmente por orden judicial desde el pasado mes de diciembre, arremete en su recurso a la negativa del Juzgado a ejercer labores de mantenimiento del vino, contra las otras nueve bodegas que hay en La Geria.

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El abogado de Stratvs, Felipe Fernández Camero, dice que todas esas bodegas están, “en el mejor de los casos, en una situación jurídica previa similar a la clausurada, y sensiblemente más desfavorable en varias de ellas” pero sin embrago todas siguen abiertas y en funcionamiento. En el recurso no se especifica de qué casos se trata ni cuáles son las supuestas infracciones del resto de bodegas.

Señala que la situación de Stratvs es excepcional porque ninguna otra bodega ha sido clausurada ni objeto de ninguna medida cautelar a pesar de haber estado o estar envueltas en procedimientos penales. En el recuso, Stratvs pide que se le deje hacer las labores de mantenimiento del vino, los lunes y jueves, y de la maquinaria, para que no se eche a perder el producto.

Dice que en varias ocasiones han sonado las alarmas porque la maquinaria está en funcionamiento y eso obliga a levantar el precinto y llamar a la Guardia Civil, y que hay tres informes técnicos que hablan de la necesidad de cuidar el vino para evitar su destrucción, y que tiene un valor de varios millones de euros.

Además, asegura que la clausura dictada no impide que se pueda mantener el producto y que si se interpreta estrictamente el auto de la juez decretando el cierre también tendría que haber denegado el permiso para retirar la maquinaria, que califica como imposible, porque habría que construir otra bodega para ello. Afirma, también, que el auto vulnera el principio de proporcionalidad sin que satisfaga ninguno de los valores y fines propios de la Justicia.

En declaraciones a TVE, Fernández Camero llegó a asegurar que si no se deja tratar el vino adecuadamente y la maquinaria podría llegar a explotar.


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NotaPublicado: Mié 12 Feb, 2014 3:42 pm 
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NotaPublicado: Jue 20 Feb, 2014 9:42 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La presidenta y consejera delegada mancomunada de la mercantil Hotel Princesa S.L., Rosa María Rosa Martín, se ha sumado a la lista de imputados en la causa de la bodega Stratvs, que alcanza ya casi la veintena. La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5, Silvia Muñoz, ha acordado citarla a declarar el próximo 24 de febrero, para que responda por un presunto delito de estafa en grado de tentativa.

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En un auto fechado el pasado 11 de febrero, la juez adopta esta medida atendiendo a la solicitud formulada por el fiscal, Ignacio Stampa, que pidió la imputación de la presidenta y consejera delegada y la citación como testigos de todos los miembros del Consejo de Administración de Hotel Princesa Yaiza S.L. durante el año 2012.

Esta petición surge de uno de los muchos delitos que se investigan en torno a esta bodega, relacionado con una presunta estafa en grado de tentativa a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Según la investigación, el hotel Princesa Yaiza mantenía una deuda con Hacienda, por una inspección tributaria que se realizó en 2011, y para evitar el pago presentó como garantía de la deuda una hipoteca sobre la finca registral 9606, perteneciente a otra sociedad familiar, BTL Lanzarote (antigua “Juan Francisco Rosa e Hijos S.L.”), donde supuestamente se ubicaba la bodega Stratvs.

Sin embargo, uno de los datos que esta causa penal ha puesto sobre la mesa es que la bodega ni siquiera se encuentra realmente en esa parcela, que prácticamente carece de valor al tratarse de suelo rústico. En el marco de esta causa penal, la propia Agencia Tributaria ha remitido un informe al Juzgado en el que sostiene que Juan Francisco Rosa intentó de forma consciente engañar a Hacienda con esta operación, ofreciendo como garantía una parcela con un valor que nada tenía que ver con el declarado.

Juan Francisco Rosa (que es propietario y consejero delegado de BTL, y uno de los principales dueños del Princesa Yaiza) era hasta ahora el único imputado por este delito, pero a él se ha sumado el nombre de Rosa María Rosa Martín, que en ese momento figuraba como máxima responsable de la sociedad del hotel y ha ocupado cargos relevantes en varias empresas familiares.

Atendiendo a la solicitud de la Fiscalía, la juez ha pedido también que se expida un mandamiento al Registro Mercantil para que identifique a todas las personas que formaron parte del Consejo de Administración de la mercantil Princesa Yaiza en el año en el que se realizó esa operación, 2012, y que se “certifique en qué acuerdo del Consejo de Administración se adoptó el ofrecimiento y constitución de hipoteca unilateral por BTL Lanzarote SL en garantía de la deuda de la entidad Hotel Princesa Yaiza S.A. con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, o expida certificación negativa de no existir”.

Además, solicita que se expida “copia del acta notarial que recoge la reunión del Consejo de Administración de la entidad Hotel Princesa Yaiza S.A. celebrada en Yaiza el día 11 de diciembre de 2013”.

En el auto en el que ordenó el cierre de la bodega, el pasado 20 de diciembre, la juez señalaba que hay “indicios racionales de criminalidad” y de que Stratvs funcionaba “en ejercicio de una actividad delictiva, cuya actividad es carente de cualquier tipo de autorización, careciendo de actividad y control alguno desde el punto de vista administrativo y sanitario”, incluyendo presuntos vertidos ilegales de aguas residuales y la consecuente contaminación, sobre la que alertaban varios informes desde hace años, sin que las instituciones implicadas actuaran al respecto.

Pero además, entre otras cosas, la juez advertía también de la “reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella, cuando no se ajusta a la realidad”. De hecho, según el auto, Stratvs asienta realmente en otra finca, sobre la que Juan Francisco Rosa “no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad”.

Este hecho fue puesto de relieve a raíz de la denuncia presentada por un integrante de la familia Negrín, que se ha personado como perjudicado en la causa. Según la investigación, esta familia era propietaria de una parte del suelo donde se levantó Stratvs, por lo que Rosa está imputado también por un delito de usurpación, además de otros de estafa, falsedad y delitos contra el Medio Ambiente, contra la Ordenación del Territorio y contra el Patrimonio Histórico.

“La realidad supera la ficción, en el sentido de que es un auténtico y permanente engaño durante los últimos 15 años”, en los que “incesantemente se ha estado falseando la documentación”, señaló el fiscal en la comparecencia en la que se pidió el cierre de la bodega.

“A modo ejemplificativo y sin ánimo de ser exhaustivos”, señalaba la juez en el auto en el que ordenó el cierre, “podemos citar la reiterada simulación de la identidad real del promotor, la falseada aportación de los datos de la parcela catastral, las certificaciones de obras conforme a proyecto en contra de la realidad, los cambios en las titularidades catastrales, la fraudulenta alteración de los linderos, la reiterada constitución de garantías hipotecarias sobre una finca simulando que la bodega se encuentra construida sobre ella cuando no se ajusta a la realidad, y otras cuyo torticero proceder apuntan que habría plena conciencia de que las obras y las actividades eran y son incompatibles con el suelo afectado”.

Incluso, según sostiene la juez, “se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral” en la que se asienta la bodega.

Además de Juan Francisco Rosa y la propia sociedad BTL, propietaria de la bodega, en la causa están imputadas ya otras 17 personas. Entre ellas se encuentra el arquitecto que diseñó Stratvs y distintos políticos y técnicos del Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Yaiza y del Cabildo de Lanzarote que ampararon o permitieron estas obras. Según la causa, Stratvs recibió licencias ilegales, pero además lo construido no se parece en nada a lo que realmente se había autorizado.


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NotaPublicado: Lun 10 Mar, 2014 11:50 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife ha dado traslado a la Agencia Tributaria de las actas de declaraciones recientes de imputados del caso de la bodega Stratvs “con ofrecimiento de acciones penales” o “civiles” para que decida si personarse en la instrucción judicial.

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La jueza Silvia Muñoz ha aceptado así la petición de la Fiscalía, que en un escrito pedía que se remitiera a la Agencia Tributaria copia de las declaraciones “en calidad de imputados” de Juan Francisco Rosa, Rosa María Rosa y BTL Lanzarote.

Esas declaraciones están relacionadas con “los hechos investigados relativos a la hipoteca unilateral” sobre una finca en La Geria sobre la que supuestamente estaba construida la bodega, “constituida para garantizar la deuda tributaria la mercantil Hotel Princesa Yaiza”.

La jueza recalca en una providencia del pasado 27 de febrero que estos hechos “pudieran ser constitutivos de delito de estafa cualificada en grado de tentativa a la Agencia Tributaria”.

Tal y como adelantó el pasado mes de enero DiariodeLanzarote.com, la Agencia Tributaria remitió un escrito al Juzgado dentro del procedimiento de la bodega Stratvs, en el que aseguraba que el promotor de la bodega llevó a cabo un “engaño consciente” al aportar una garantía de pago de una deuda que tenía el hotel con Hacienda.

Así, se llegó a poner como garantía una finca en la que supuestamente se encuentra la bodega Stratvs, valorada en 5,5 millones, pero que en realidad corresponde a la finca colindante que está tasada en 44.000 euros porque es rústica.

Según los indicios de la investigación sobre la bodega, las obras se registraron documentalmente en otra finca distinta a la realidad física.

En su escrito, Hacienda añadió que la dueña de la bodega decidió asumir la deuda unilateralmente, aunque “sorpresivamente pone como aval la joya del patrimonio de BTL”, que es Stratvs, garantizando una deuda con una finca que en teoría tiene un valor que excede en mucho la cantidad adeudada, lo que Hacienda califica como “una solución antieconómica e impropia de un empresario como el señor Rosa, salvo que se tenga constancia del valor real de la misma”.


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NotaPublicado: Mar 25 Mar, 2014 12:39 pm 
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La jueza Silvia Muñoz, titular del Juzgado número 5 de Arrecife e instructora del caso Stratvs, ha decidido ‘pasar’ del Cabildo y del Gobierno de Canarias y acudir a técnicos del Ministerio de Medio Ambiente para que informe “sobre la afectación y daños a los valores del espacio natural protegido de La Geria que haya causado, en su caso, la construcción y actividad” de las instalaciones de la bodega.

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La jueza acepta de esta manera la petición del fiscal Ignacio Stampa, quien había solicitado al Juzgado un “informe detallado” ocasionado por la implantación de Stratvs. En el auto que motivó el cierre cautelar de la bodega en diciembre, destacó que lo construido “supera de manera grosera lo autorizado” y destaca que se intervino sobre “12.000 metros cuadrados construidos que exceden de los algo más de 1.000 autorizados”.

El informe será elaborado por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente adscritos a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente de Madrid. El fiscal argumentó que no se tuviera en cuenta al Cabildo para la emisión del dictamen “por cuanto el órgano gestor del espacio protegido depende directamente de Francisco Fabelo”, consejero de Medio Ambiente, “vinculado laboralmente en el ámbito privado con el principal incriminado en la presente causa, Juan Francisco Rosa”, promotor de la bodega.

El fiscal recuerda que Fabelo “fue invocado” por el propietario de las instalaciones “como testigo en beneficio de sus intereses” en una inspección que se llevó a cabo en febrero de 2013 “para poner en duda la imparcialidad de la funcionaria del mismo Cabildo, Joana Macías”.

El fiscal también señala que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), dependiente del Gobierno de Canarias, “ha mostrado su negativa a emitir un informe de tales características” y que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma “están asumiendo la asistencia letrada de dos imputados”.

Para la Fiscalía, resulta “imprescindible que se garantice la objetividad e imparcialidad de los autores de dicho informe técnico” solicitado. La jueza, en una providencia dictada el pasado 12 de marzo, admite la petición del fiscal “a efecto de evitar posibles tachas en la práctica del informe”.

Así, la jueza señala que la acusación destacó que Fabelo, “como consejero del Cabildo de Lanzarote, ostenta las competencias en materia de ‘informes de compatibilidad y sanciones’ en materia de medio ambiente desde el 19 de septiembre de 2013”.

En la resolución judicial se cita la propia web de Stratvs en la que se dice que “la quesería”, en alusión a Finca de Uga, “nació a finales del año 2006 promovida por Juan Francisco Rosa, impulsor del proyecto, quien contó para el mismo con Francisco Fabelo, veterinario y maestro quesero al frente del mismo”.


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NotaPublicado: Lun 05 May, 2014 11:14 am 
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El empresario Antonio Curbelo Robayna, vinculado a Juan Francisco Rosa, ha presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra las nueve bodegas de La Geria, por presuntos delitos contra el medio ambiente. La denuncia se produjo poco después de que la Justicia ordenara el cierre cautelar de la bodega Stratvs, en el marco de la causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife.

Curbelo Robayna ha figurado como socio, consejero o administrador en varias sociedades junto a Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs, y con esto pretende sostener que el resto de las bodegas se encuentran en una situación similar en cuanto al tratamiento de las aguas residuales (que es sólo uno de los hechos por los que se investiga a la bodega Stratvs).

Ésta no es la primera vez en la que determinados empresarios responden a sus problemas judiciales o legales denunciando otras instalaciones. En el año 2009, anunciaron una cascada de denuncias contra licencias que no habían sido recurridas en su momento por el Cabildo, sobre todo residenciales, para denunciar una supuesta doble vara de medir. Algunos de los pleitos que interpusieron fueron retirados después por ellos mismos, ya que afectaban a algunos de los propios denunciantes.

Además, esos empresarios llegaron a actuar también contra los Centros Turísticos, emblema de la isla, planteando incluso que deberían cerrarse por carecer de licencia de apertura.

Después de emprender estas acciones, cinco empresarios, entre los que se encontraban Juan Francisco Rosa y Antonio Curbelo, firmaron un comunicado justificando esa actitud. “Hace algunas semanas un grupo de empresarios de diferentes sectores de la isla iniciaron una serie de medidas insólitas y excepcionales que respaldamos los que suscribimos este artículo”, señalaban. En ese escrito, aseguraban además que esas acciones, que fueron duramente contestadas desde las administraciones públicas, no suponían “una coacción ni tampoco una petición de amnistía general”.

“Los grandes perjudicados de esta situación somos los empresarios, que vivimos en una tremenda incertidumbre bajo la amenaza del derribo de nuestros hoteles o promociones, o de exigirnos compensaciones a cambio de legalizar lo existentes”, defendían en ese escrito.

Cinco años después, y en medio de una causa penal que investiga por graves delitos la construcción y funcionamiento de la bodega Stratvs, se repite una situación similar y Antonio Curbelo Robayna ha acudido a Fiscalía para denunciar al resto de bodegas de La Geria, pretendiendo plantear que se encuentran en una situación similar.

Sin embargo, cabe recordar que en el caso de Stratvs no sólo se investigan los posibles vertidos, sino también delitos contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, contra el Patrimonio Histórico; delitos contra la Administración Pública y delito de falsedad documental, así como delito contra el patrimonio y orden socioeconómico.

Según la investigación, Rosa consiguió una autorización para rehabilitar una construcción preexistente, con valor patrimonial, y construir un almacén de unos 900 metros cuadrados. Sin embargo, lo que hizo fue derribar esa construcción y levantar una nueva más grande, y construir en total unos 12.000 metros cuadrados, donde hoy se ubican la bodega, el restaurante, la tienda, la terraza y otras instalaciones, todo ello en suelo protegido de La Geria.

Además, según denunció un afectado, parte de la bodega se levantó sobre suelo que ni siquiera pertenecía a Juan Francisco Rosa, sino a la familia Negrín. “Se ha venido pretendiendo crear la apariencia de que Rosa Marrero, a través de sus empresas, es propietario del suelo en el que llevó a cabo la construcción, circunstancia que es particularmente relevante en el presente caso, no sólo porque existen titulares legítimos que se han personado como perjudicados, sino porque (Juan Francisco Rosa) no ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca registral” en la que se asienta la bodega, sostenía la juez en el auto en el que ordenó el cierre cautelar de la bodega.

Los nombres de Juan Francisco Rosa y Antonio Curbelo Robayna se unieron también hace años para reclamar que se declarara caducado el expediente para declarar La Geria como Bien de Interés Cultural (BIC). Ese expediente se inició bajo la presidencia de Manuela Armas en el Cabildo de Lanzarote en el año 2009.

Cuatro años después, ya el actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, dio traslado al Gobierno de Canarias de tres denuncias de mora que se habían presentado, dos de ellas de Rosa y Curbelo.

Finalmente, al entender que se había superado el plazo para la tramitación de ese expediente, el Ejecutivo regional propuso la caducidad y archivo del procedimiento, evitando así la declaración como BIC de este espacio.


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NotaPublicado: Mar 06 May, 2014 10:59 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La denuncia en Fiscalía de un empresario próximo al propietario de la bodega Stratvs contra otras nueve bodegas de Lanzarote a las que acusa de incumplir la legalidad ha empezado a generar reacciones.

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Ramón Melián, responsable de bodegas La Geria, afirmó que se quiere, “en cierta forma, desquitarse con el resto del sector” porque “se sienta perjudicada en un planeamiento o por la concesión de una licencia que a lo mejor no corresponde, según se ve”.

“Aquí todos tenemos problemas” pero “no tienes que meter a los demás”, destacó Melián, quien consideró que en “los gremios”, como el de los bodegueros, “te gusten más o te gusten menos creo que puede haber competencia pero nunca estar con rollos judiciales”.

Así, criticó en Biosfera TV que se interpongan “denuncias unos contra otros, porque todo eso va haciendo una bola cada vez más grande”. La citada denuncia se interpuso por Antonio Curbelo, vinculado empresarialmente a Juan Francisco Rosa, propietario de Stratvs.

“Desconozco a dónde va a llegar” la denuncia y “me imagino que será como una medida de presión lo presentado por esta bodega”, con el criterio de “si a mí me toca que le toque también a los demás”.

Sin embargo, Melián recalcó que “las circunstancias de las demás es muy distinta a las circunstancias de esta bodega”, en alusión a Stratvs. “Los demás todos tienen su licencia de apertura, y de hace mucho tiempo por cierto, y no creo que les vaya a afectar”. “A mí por lo menos no me quita el sueño”, concluyó.

En cuanto a la estrategia seguida por Stratvs o su entorno, su propio abogado defensor, Felipe Fernández Camero, declaró a Antena 3 la semana pasada, tras la vista de la Audiencia Provincial sobre el cierre cautelar: “No hay ninguna bodega en La Geria que tenga mejores instalaciones de depuración que Stratvs, ninguna, y están abiertas”.


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NotaPublicado: Jue 22 May, 2014 12:57 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La sección sexta de la Audiencia provincial de Las palmas ha resuelto que la bodega Stratvs permanezca cerrada, desestimando así el recurso que su propietario Juan Francisco Rosa había interpuesto contra la decisión de cierre cautelar dictada por el Juzgado número 5 de Arrecife el pasado 20 de diciembre. La Audiencia, que ha tardado tres semanas en decidir sobre esta medida, también condena en costas a la bodega.

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La Audiencia es bastante dura en su resolución: “La consecuencia de una actividad que no es autorizable, una construcción que no es autorizable, que puede poner en peligro el medio ambiente y el propio paisaje en un espacio natural protegido no es otra que el precinto cautelar y provisional de la actividad y del complejo en su totalidad”, señala.

La Sala, de hecho, manifiesta su sorpresa por la escasez de alegaciones que hace Rosa sobre el fondo del asunto y dice que si la bodega reuniera los requisitos legales y administrativos y hubiera cumplido con sus obligaciones medioambientales desde 2008, que pasaban por instalar una depuradora y hacer un estudio hidrogeológico, “bastaría con alegarlo y acreditarlo”.

Destaca el auto que en el año 2005 el Cabildo ya advirtió que en el suelo donde está la bodega no se puede ejercer esa actividad, porque sólo caben actuaciones de interés público, y que la bodega ni siquiera discute las “múltiples irregularidades urbanísticas a las que el recurrente no da explicación alguna”, como la ocupación de más de 12.000 metros cuando se había autorizado la rehabilitación de una casa y una bodega subterránea de 300 metros.

Respecto al delito medioambiental, dice que desde noviembre de 2008 se sobrepasan los límites de contaminación de las aguas residuales y que “es igual que ahora se nos aporten informes con analíticas que reflejan unos valores muy por debajo de los permitidos por cuanto ahora no se encuentra la bodega en plena actividad pues está precintada”.

Se pregunta la Sala que si se permitiera la actividad de bodega y restaurante se volverían a alcanzar los anteriores valores de contaminación y contesta que probablemente sí, “pues nada ha cambiado al no existir constancia alguna de depuradora o estudio hidrogeológico que estaba obligado a poner y realizar el propio imputado”.

De hecho, añade la Audiencia Provincial, según el decreto del control de vertidos, sólo podrá autorizarse un vertido si ese estudio demuestra que es inocuo, reiterando que ni se ha hecho el estudio ni se ha puesto depuradora.

El auto de la Audiencia aborda, igualmente, el delito urbanístico, porque en ese tipo de suelo solo era autorizable el uso de interés público y el uso recreativo de los paisajes, y además recalca que lo construido no se corresponde con lo autorizado.

Por otra parte, dice el auto que el perjuicio económico a la bodega no lo causa la medida cautelar sino las irregularidades que se vienen constatando y dice que sólo se levantaría el precinto si existieran garantías de que no se lesiona el medioambiente, pero nunca por causar un perjuicio económico.

Desde el punto de vista formal del procedimiento, respalda todas las decisiones de la juez Silvia Muñoz, tanto la celebración de una vista, como la imputación de BTL o la personación de la familia Negrín, señalando que no hay indefensión por parte de la bodega. Además dice que resolver sobre otras cuestiones que pide la defensa “solo serviría para empantanar el procedimiento”.

El cierre cautelar será por un máximo de cinco años o hasta que termine el procedimiento penal, en el que ya hay más de veinte imputados, entre funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, del Gobierno de Canarias y la propiedad de la bodega.

En definitiva, la Audiencia considera que el cierre es “idóneo, proporcional y procedente” y dice que no existen argumentos para dejar sin efecto la medida cautelar ni tampoco para compartir la “postura salomónica” de la Fiscalía que pidió que se abriera la bodega pero que no fuera hasta que probara las garantías de su correcto funcionamiento, entendiendo la Sala que eso es una contradicción.

DOCUMENTO: Consulte el auto de la Audiencia Provincial:
https://www.dropbox.com/s/uflzp5zvwr02k ... tratvs.pdf


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NotaPublicado: Vie 23 May, 2014 8:11 pm 
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NotaPublicado: Mié 11 Jun, 2014 4:10 pm 
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NotaPublicado: Lun 23 Jun, 2014 4:21 pm 
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NotaPublicado: Mié 25 Jun, 2014 10:03 am 
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Fuente canarias7.es:

El empresario Antonio Curbelo, que ya denunció en el Juzgado y Fiscalía a todas las bodegas por verter sus aguas a pozos negros, ha pedido también al Consejo Insular de Aguas que proceda a la suspensión temporal de todas las actividades de la Isla (restaurantes, bodegas y poblaciones) que no tengan red de saneamiento.

La denuncia fue presentada el pasado viernes, por este empresario afín al dueño de Bodegas Stratvs, que fue clausurada en diciembre por orden de la magistada Silvia Muñoz, del Juzgado de Primera Instancia 5, a petición expresa del fiscal Ignacio Stampa, alegando que sus vertidos se realizan a fosas sépticas y supuestamente incurren en contaminación medioambiental.

Ahora, este denunciante también ha llevado la denuncia (que hace escasos días presentó en la Fiscalía y en el Juzgado contra todas las bodegas de La Geria que se encuentran en igual situación que Stratvs), ante el Consejo Insular de Aguas, para que se les aplique la misma medida de cierre, ya que todas usan un sistema similar de evacuación de sus aguas, al no contar con redes de saneamiento.

La denuncia, sin embargo, va mucho más allá, al pedir al Consejo Insular de Aguas (organismo que regula y controla la ejecución de las leyes hidráulicas en la Isla) que proceda a ordenar la clausura de «toda actividad, no solo bodegas industriales y artesanales de La Geria, sino restaurantes y otras industrias potencialmente contaminantes de todas las poblaciones», fijando excepción para parte de San Bartolomé, Arrecife, Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise, por ser zonas con red de saneamiento público.


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NotaPublicado: Jue 26 Jun, 2014 4:07 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com