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NotaPublicado: Mar 27 Ene, 2015 4:01 pm 
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NotaPublicado: Jue 29 Ene, 2015 9:19 am 
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El arquitecto y director de la obra de la bodega Stratvs, Miguel Ángel Armas Matallana, firmó el certificado final al terminar la construcción “sin medir”, porque le "pareció" que el proyecto se ejecutó “como él había dicho”. Así lo afirmó en su última declaración en el caso Stratvs, en el que está imputado por un delito contra el territorio y el medio ambiente y también tendrá que responder por dos presuntos delitos de falsedad documental. Y es que el arquitecto, que también era dueño de buena parte del suelo donde Juan Francisco Rosa levantó la bodega, firmó dos certificados oficiales sobre esta construcción que nada tenían que ver con la realidad.

Tanto en el certificado de obra nueva de 2005 como en el de fin de obra de 2008, Armas hizo constar que lo construido era un almacén-bodega de 900 metros cuadrados, cuando lo cierto es que solo la bodega tiene una superficie de más de 2.500 metros cuadrados, según los informes periciales. Y a eso hay que sumar el restaurante y el resto de instalaciones que completan el complejo, que en total tiene más de 12.000 metros cuadrados. Y todo ello, se hizo con una licencia para restaurar una vivienda protegida preexistente (que según la investigación fue derribada para construir una nueva más grande) y para construir un almacén de 900 metros.

Pensé que los metros eran reales y no comprobé la medición”, declaró Armas en los Juzgados. Según él, “parece que hay un par de metros de más”, pero niega que sean “muchos”, pese a que los informes señalan que lo construido solo en la bodega triplica lo autorizado. “Como hay altura, se hizo una entreplanta”, agregó. En cuanto al restaurante y el resto del complejo, que no reflejó en sus certificados de obra, el arquitecto intenta desvincularse, asegurando que él sólo dirigió las obras de la bodega y la vivienda.

En el restaurante yo no participé en nada”, aseguró el arquitecto, pese a que esa obra se hizo al mismo tiempo, y se encuentra además en medio del complejo. “Vi que se estaba haciendo otro edificio, pero no era de mi competencia”, declaró Miguel Ángel Armas, que además era el dueño de buena parte del suelo donde se levantó Stratvs. Según su declaración, “alguna vez” le preguntó a Juan Francisco Rosa por esa obra, pero le dijo “que eso era cosa de él”. “Eso era aparte, en eso no intervine”, insistió.

La diferencia es importante, porque el propio Rosa reconoció en los Juzgados que para el restaurante ni siquiera tenía ni había pedido licencia. De hecho, afirmó que “el restaurante no estaba dentro del proyecto” que presentó al solicitar los permisos y admitió que “era consciente” de que lo ejecutó sin licencia. ¿Y sabía que ese suelo está en un espacio natural especialmente protegido? “No”, respondió Juan Francisco Rosa, pese a que la bodega está en pleno corazón de La Geria, y pese a que la propia página web de Stratvs destacaba el “valor paisajístico” del lugar donde se levantó y su “condición de espacio natural protegido”.

También el arquitecto y director de la obra declaró que “no sabía que el espacio (del que él era propietario) era especialmente protegido”. “Pensé que era suelo rústico y nada más”, declaró. En su opinión, “se solicita la licencia y el Ayuntamiento es el que tiene que vigilar si es espacio protegido”. Sin embargo, en el caso del restaurante ni siquiera se solicitó esa licencia y, en cuanto al resto, lo construido no se ajustaba en nada a lo que se autorizó (que por otra parte, según la investigación, ni siquiera debía haberse autorizado).

En su declaración, el arquitecto alegó que “no estuvo encima de la obra continuamente” y lo mismo afirmó Juan Francisco Rosa, que declaró que “Miguel Ángel Armas iba poco por la obra”. Además, los dos intentaron separar las obras de la bodega de las del restaurante, asegurando que las primeras se terminaron en 2005. Incluso, sostuvieron que el arquitecto firmó ese año el certificado de obra terminada.

¿Por qué entonces hay un certificado de obra terminada con fecha de 2008, firmado también por Armas Matallana? Según el arquitecto, “fue un lapsus”. En ese año le “pidieron que visara el certificado por el Colegio de Arquitectos” y puso la fecha de aquel momento. “Tendría que haber puesto que se terminó en 2005, pero los dos certificados son idénticos, excepto en la fecha”, alegó.

Sin embargo, cuando el fiscal le mostró los dos certificados, el arquitecto tuvo que reconocer otras diferencias esenciales. Sobre todo, que en uno pone “escritura de obra nueva” y, en el otro, “escritura de obra terminada”. Es decir, que uno es del inicio de la ejecución (habitual para solicitar un crédito, como al parecer hizo Rosa), y otro el que certifica el fin de los trabajos. Y en ambos, lo que se describe nada tiene que ver con lo que se hizo. Además, no se especifica la ubicación exacta en la que se encuentra la construcción, lo que después dio lugar a que en distintos documentos se hiciera constar que Stratvs está en otra finca distinta, donde realmente no hay nada construido.

En su declaración, el arquitecto dijo no recordar “por qué Juan Francisco Rosa le pidió el nuevo certificado de 2008”. Tampoco sabía si el empresario pidió un crédito, ni recordaba cuándo terminaron las obras ni cuándo se inauguró la bodega. Ni siquiera recordaba cuál fue el presupuesto de la obra que él dirigió. Sobre si ese presupuesto varió respecto a lo proyectado inicialmente, Armas también dijo no saberlo, aunque detalló que “muchas veces el presupuesto se pone por debajo del precio” (“No tengo cabeza para recordar si el proyecto fue de 150.000 euros”, respondió por su parte Rosa).

Además, el arquitecto ni siquiera recuerda si llegó a firmar un contrato con Juan Francisco Rosa para este trabajo. “Normalmente se hace un contrato, pero en este caso no recuerdo si se hizo”, declaró, agregando después que “cree” que “no hubo contrato con Rosa” y que “puede ser que por confianza no se firmara”. Lo que sí sostiene es que cobró solo por el proyecto, y no por la dirección de la obra, pese a que según el certificado que firmó y su declaración en los Juzgados, corrió a su cargo.

En lo que insistió en reiteradas ocasiones, incluso a preguntas de su abogada, es en que su trabajo terminó en 2005, pese a que fue en 2008 cuando se inauguró la bodega junto al resto de instalaciones, y cuando él firmó el certificado de obra terminada.


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NotaPublicado: Vie 30 Ene, 2015 9:28 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

“El terreno se compró para hacer una vivienda y por eso se puso el proyecto a nombre de mi esposa. Luego, se falsificó su firma”. Así explicó uno de los imputados en el caso Stratvs, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, el inicio del “permanente engaño” (como lo definió la Fiscalía) de este proyecto promovido por Juan Francisco Rosa. Y es que en el lugar donde supuestamente se iba a rehabilitar una casa para el matrimonio, se acabó levantando una bodega industrial, un restaurante, una tienda y otra larga lista de instalaciones anexas.

Según explicó en su última declaración en los Juzgados, Miguel Ángel Armas entró en contacto con Rosa porque el empresario estaba buscando “un sitio donde construir una bodega” y se decantó por su finca. Armas asegura que él y su mujer compraron ese terreno a otros familiares porque pretendían hacer una vivienda, en la casa histórica que ya existía allí. Sin embargo, sostiene que los planes cambiaron después, al entrar en contacto con Rosa y su propuesta de construir una bodega.

“Juan Francisco Rosa me dijo que se encargaba de la tramitación del expediente”, declaró Armas Matallana. Según su versión, una cosa es el supuesto proyecto de hacer una vivienda que tenía el matrimonio, y en el que sí figuraba el nombre de su esposa, y otro el que finalmente llevó a cabo Rosa (y en el que Miguel Ángel Armas participó como arquitecto y director de la obra).

Respecto a por qué aparece el nombre de su mujer (y no el de Juan Francisco Rosa) en las solicitudes de licencia de la bodega, Armas llegó a declarar que “alguien se atribuiría la representación” de su esposa, ya que “aparecieron documentos” que ella” “no había firmado”. De hecho, aunque Armas habla de que la firma de su mujer está “falsificada”, ni siquiera se llegó a fingir su rúbrica. Simplemente aparece su nombre y, debajo, una firma que nada tiene que ver con la de ella. Según el arquitecto, “no tuvo conocimiento de la falsificación de documentos porque eso nunca lo vio”. Sin embargo, su mujer sí firmó después la transmisión de la licencia a Juan Francisco Rosa.

La licencia en cuestión, que la investigación también sostiene que es ilegal, sólo autorizaba la rehabilitación de esa vivienda preexistente y la construcción de una bodega-almacén de 900 metros cuadrados, que nada tiene que ver con lo que se terminó construyendo. De hecho, sólo la bodega ocupa 2.500 metros cuadrados, y en total el complejo tiene más de 12.000.

“Miguel Ángel depositó mucha confianza en mí en muchos sentidos. Nunca quise perjudicar ni a Miguel Ángel ni a su mujer en nada y si les perjudiqué no lo hice con mala intención”, declaró por su parte Juan Francisco Rosa ante la juez y el fiscal el pasado 26 de noviembre. Sin embargo, Armas se ha convertido en uno de los principales imputados en la causa junto a Rosa (por el número de delitos que se le imputan), mientras que su mujer tuvo que declarar como testigo.

“Ella no firmó nada”, respondió Rosa cuando le preguntaron por este tema. Según explicó, era un trabajador de su empresa (que ya declaró en los Juzgados y llegó a estar imputado, aunque su imputación ha sido sobreseída) quien se encargó de “los papeles”. Los presentaba “como mandatario verbal”, según Rosa. “Las abogadas le decían que fuera a llevar los documentos y todo salía de Galerías Rosa”, relató.

Sobre si este trabajador firmaba documentos, Rosa declaró que “no lo recuerda”. Y también respondió “no sé” cuando le preguntaron si él había firmado algo a nombre de la esposa de Miguel Ángel Armas.

Respecto a la titularidad del suelo donde se levantó la bodega, Armas declaró que “la mitad” de la finca era de él “y la otra parte de Negrín”. Es decir, de la familia que está personada en la causa porque denuncia que se usurparon sus terrenos. Cuando el abogado de la acusación particular le preguntó si compraron la parte de los Negrín antes de iniciar el proyecto, Armas se negó a contestar.

En cuanto a la parte de la finca que pertenecía a Miguel Ángel Armas, en realidad tampoco hay un documento que acredite que Rosa la comprara. Tanto el empresario como el arquitecto afirman que sí lo hizo, pero no hay datos de cómo se realizó el pago, ni Juan Francisco Rosa “ha justificado a día de hoy la más mínima titularidad sobre la finca”, según subrayaba la juez Silvia Muñoz en el auto en el que ordenó el cierre de la bodega.

De hecho, en distintos documentos se “simuló” incluso que Stratvs se encuentra en otra finca distinta, que sí pertenece a Rosa, y donde realmente no hay nada. Y en los certificados de obra firmados por Armas como arquitecto y director de la obra, y que se rubricaron ante notario, no se concreta la ubicación exacta de la finca, entre otras irregularidades (como reflejar una descripción de las obras que nada tenía que ver con lo realmente realizado).

Sólo por firmar esos certificados (el de inicio y el de fin de la obra), Armas deberá responder por dos presuntos delitos de falsedad documental, además de otras imputaciones por delitos urbanísticos, medioambientales y contra el patrimonio, como responsable técnico de la obra.

La alteración de datos del Catastro es precisamente otra de las “patas” de la causa, ya que se constituyeron distintas garantías hipotecarias sobre una finca que en realidad no tenía apenas valor, simulando que en ella se encontraba la bodega Stratvs. Una de esas garantías hipotecarias se utilizó para responder de una deuda del hotel Princesa Yaiza con Hacienda, lo que dio lugar a la imputación de nuevos delitos y a que la Abogacía del Estado se personara en la causa.

“Yo no soy el Catastro”, respondió Rosa hasta en dos ocasiones, cuando tuvo que responder en los Juzgados por este tema. “¿Por qué la bodega no se hizo en el lugar donde se aportó la ficha catastral?”, le preguntó el fiscal Ignacio Stampa. “Debe ser un error, pero yo no soy el Catastro”, reiteró Juan Francisco Rosa. Según él, “los técnicos”, cuya identidad no concretó, “se encargaron de la documentación catastral”. “En mi anterior declaración ya dije que sería un error si se aportó la de otro lugar”, agregó. Además, aseguró que “no recuerda” por qué no se hizo realmente la bodega en esa finca.

Respecto a los certificados de obra firmados por Miguel Ángel Armas, Rosa afirmó que “desconoce” si en ellos se identifica el emplazamiento de la bodega y dijo que “no sabía” si “eso que se hizo para la escritura” en la Notaría “era fraudulento”. Según su declaración, le pidió a Armas que firmara los certificados pero “no se ocupó” él, “sino las chicas que trabajaban allí” (en Galerías Rosa).

Por su parte, el arquitecto declaró que “de la ficha catastral no se encargó él”, sino Juan Francisco Rosa. “¿Pensó que le utilizaron, que le engañaron?”. “No”, respondió Armas. “No veo motivo para el engaño en eso (en que se hayan “confundido” en la referencia catastral de la finca). En el proyecto está donde está”.

Una visión muy distinta a la que mantienen la juez y el fiscal, que en la vista en la que se solicitó el cierre de la bodega afirmó que “la realidad supera la ficción” en Stratvs, “en el sentido de que es un permanente engaño durante los últimos 15 años”. El cierre, ordenado hace ya más de un año, fue avalado por la Audiencia Provincial, que recordó a la propiedad que el posible “perjuicio económico no se causa con la medida cautelar (de cierre), sino con las irregularidades que se vienen constatando y están siendo objeto de un proceso penal”.


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NotaPublicado: Mié 11 Mar, 2015 3:51 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, ha imputado un nuevo delito de prevaricación urbanística a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, en este caso por omisión. La juez considera que “con posterioridad al 12 de julio de 2013”, que fue cuando acudió a declarar por primera vez como imputada en esta causa, Acuña pudo incurrir en un nuevo delito, al seguir sin adoptar medidas contra la bodega, pese a tener conocimiento de su ilegalidad.

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En aquella declaración, en la que tuvo que responder por la autorización que dio a la apertura de la bodega, Acuña alegó que otorgó la licencia porque había informes positivos y porque desconocía las numerosas irregularidades que ha puesto de relieve esta causa. Sin embargo, la juez entiende que al menos tras esa declaración ya conocía que Stratvs “carecía de títulos habilitantes en relación a su construcción y funcionamiento” (ya que lo autorizado, un almacén-bodega de 900 metros, nada tenía que ver con lo que se realizó), y sin embargo siguió sin actuar.

Durante la declaración, la juez llegó a preguntar a Acuña si iba a adoptar medidas ahora que tenía conocimiento de la situación urbanística de Stratvs, y su respuesta fue afirmativa. Sin embargo, casi 20 días después, el Juzgado tuvo que dirigirse al Ayuntamiento a través de una providencia, para que manifestara qué medidas se habían adoptado, dado que la bodega seguía abierta.

Finalmente, en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Yaiza ordenó un precinto, pero sólo sobre el restaurante. Sobre el resto del complejo, que en realidad estaba en la misma situación, mantuvo abierto el expediente, pero no llegó a adoptar medidas. Fue el propio Juzgado quien, en diciembre de 2013, tuvo que ordenar el cierre total de la bodega.

En aquel auto, que fue recurrido por Juan Francisco Rosa y confirmado por la Audiencia Provincial, la juez Silvia Muñoz reprochaba la “aún actual y flagrante inactividad del Ayuntamiento y su patente dejadez en el cumplimiento de sus funciones”.

La juez hacía extensivo este reproche al resto de administraciones implicadas (Gobierno de Canarias y Cabildo de Lanzarote), llegando a decir que habían mostrado una “inactividad alarmante” ante este caso durante los últimos 15 años. Y todo ello, pese a que en las distintas administraciones constan informes desde hace una década, en los que se advierte de las distintas irregularidades e incluso de la contaminación que se estaba produciendo con los vertidos de aguas residuales. Y también pese a que lo que se construyó, no tenía nada que ver con lo que se había autorizado.

La decisión municipal de ordenar el cierre del restaurante de Stratvs pero no del resto del complejo fue debatida en dos Juntas de Gobierno de Yaiza celebradas el 19 de julio y el 8 de agosto, tras la primera declaración como imputada de Gladys Acuña. Sin embargo, según el nuevo auto de la juez, a la segunda reunión (que fue donde se aprobó el acuerdo) no asistieron ni Acuña ni el concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, que también está imputado en esta causa.

Por eso, el Juzgado ha pedido ahora al Consistorio de Yaiza que en el plazo de cinco días aporte una copia compulsada de las convocatorias de esas dos juntas de gobierno, “así como certificación de las causas que obren en su archivo o registro por las cuales Gladys Acuña y José Antonio Rodríguez no estuvieron en la celebrada el 8 de agosto, con la copia compulsada de la documental que justifique su ausencia o excusa”.

Al igual que Acuña, Rodríguez está imputado por prevaricación urbanística (en su caso al firmar una prórroga de la licencia concedida a Stratvs baja lo Alcaldía de José Francisco Reyes) y también por el mismo delito “en su modalidad omisiva”, cometido posteriormente por la “arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs”.

En el caso de José Antonio Rodríguez, que ha sido el último en sumarse a la causa como imputado, ya fue citado para responder por ambos delitos el pasado 2 de febrero, aunque se negó a declarar ante la juez. En el de Acuña, tendrá que volver a comparecer ahora para responder por esta nueva imputación por prevaricación urbanística “en su modalidad omisiva”, y la juez ya le ha citado para este jueves 12 de marzo.


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NotaPublicado: Jue 12 Mar, 2015 4:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar, negándose así a responder a las preguntas de la juez, el fiscal y la acusación particular en el caso Stratvs. Acuña ya había prestado declaración como imputada en esta causa en julio de 2013, pero la juez Silvia Muñoz volvió a citarle este jueves para que respondiera por un nuevo delito.

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En un auto fechado el pasado 9 de marzo, la juez imputó a Acuña otro delito de prevaricación urbanística “en su modalidad omisiva”, al no haber adoptado medidas contra la bodega Stratvs pese a que, al menos a raíz de su primera declaración en los Juzgados por esta causa, conocía la “carecía de títulos habilitantes en relación a su construcción y funcionamiento”.

Gladys Acuña estaba citada a las 10 de la mañana de este jueves y poco antes de esa hora ha llegado a los Juzgados de Arrecife. Sin embargo, no ha querido prestar declaración ni responder a las preguntas sobre este nuevo delito que se le imputa.

Acuña ya estaba imputada en la causa por un delito de prevaricación urbanística, al haber autorizado en su día la apertura de la bodega. En su primera declaración, en julio de 2013, la alcaldesa alegó que otorgó la autorización porque contaba con informes positivos y desconocía las numerosas irregularidades que ha puesto de relieve esta causa.

En ese momento, la juez le llegó a preguntar si iba a adoptar medidas ahora que tenía conocimiento de la situación urbanística de Stratvs. Sin embargo, aunque la alcaldesa respondió que sí, la bodega continuó abierta. De hecho, 20 días después de esa declaración, el Juzgado tuvo que dirigirse al Ayuntamiento para que manifestara qué medidas se habían adoptado.

Finalmente, en septiembre de 2013 el Ayuntamiento de Yaiza ordenó un precinto, pero sólo sobre el restaurante. Sobre el resto del complejo, que en realidad estaba en la misma situación, mantuvo abierto el expediente, pero nunca lo concluyó. Fue el propio Juzgado quien, en diciembre de 2013, tuvo que ordenar el cierre total de la bodega. En aquel auto, la juez Silvia Muñoz reprochaba la “aún actual y flagrante inactividad del Ayuntamiento y su patente dejadez en el cumplimiento de sus funciones”.


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NotaPublicado: Lun 16 Mar, 2015 6:33 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La juez Silvia Muñoz realiza en un auto hecho público este lunes una reconstrucción de los hechos que han llevado a 17 personas y una empresa a tener que sentarse en el banquillo, después de que las acusaciones, particular y popular, y la Fiscalía, hagan sus escritos de acusación.

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En el auto señala que Rosa sabía que era imposible conseguir un permiso para realizar una obra nueva dentro del Paisaje protegido de La Geria y que por eso se concertó con el arquitecto Miguel Ángel Armas “para que, a través de aquellas alteraciones de la realidad que fueran necesarias y con total desprecio por la normativa urbanística y protectora del patrimonio histórico y medio ambiente, llevaran a su consecución el proyecto, prevaliéndose para ello de las influencias políticas que fueran necesarias”.

La jueza relata cuatro fases distintas en el proceso de autorización y construcción de la bodega: la excavación y edificación de Stratvs, con tres expedientes diferentes (dos en el Ayuntamiento y uno en el Gobierno), su ejecución material, su puesta en funcionamiento y la actividad contaminante, con los expedientes de licencia de actividad clasificada y de depuración de aguas.

Y, finalmente, detalla tres hechos posteriores a la inauguración de Stratvs, como un cambio de titularidad catastral fraudulento, la constitución de una hipoteca con engaño de la Administración Tributaria sobre una finca de valor inferior y la deuda con el Ayuntamiento de Yaiza por impago del Impuesto de Actividades Económicas.

También avanza el auto la posible responsabilidad civil a la que se puede enfrentar el empresario lanzaroteño porque se ha permitido “un negocio privado lucrativo, contraviniendo el principio de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita”.

Así, la juez destaca que se han acreditado unos ingresos mínimos de un millón de euros anuales con el funcionamiento de las diversas actividades realizadas en el complejo Stratvs. En 2012, los ingresos fueron, hasta el mes de abril, de casi 800.000 euros.

En el auto, dictado el pasado viernes, concede un plazo de 20 días a la Fiscalía, a la acusación particular representada por la familia Negrín y a la acusación popular representada por Transparencia Urbanística para que presenten sus escritos de calificación.

La juez considera en el auto que Juan Francisco Rosa, promotor de la bodega, debe seguir imputado por delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, delito contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, delito contra la Administración pública, delito contra el patrimonio y orden socioeconómico en su modalidad de usurpación y hurto, estafa y falsedad documental y como responsable civil directo.

También considera que BTL Lanzarote SL, la empresa que explota la bodega, debe seguir imputada por delito contra la ordenación del territorio (con posterioridad al 23 de diciembre del año 2010) además de como responsable civil subsidiario.

El arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, sigue imputado por delito de falsedad documental, así como por delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente y contra el patrimonio histórico y usurpación.

Armando Villavicencio Delgado, Juan Cesar Muñoz Sosa, Faustino García Márquez y Pablo Carrasco Cabrera, están imputados por delito de prevaricación urbanística. El ex alcalde, José Francisco Reyes, por prevaricación urbanística y prevaricación. Andrés Morales por los mismos delitos que Reyes.

Además, en el auto se mantiene la imputación contra la actual alcaldesa, Gladys Acuña, por delito de prevaricación urbanística y delito de prevaricación medio-ambiental. Además, hay otros imputados por prevaricación urbanística: un ingeniero del Cabildo, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, al igual que Vicente Bartolomé, ex secretario de Yaiza.

Blas Noda está imputado por delito de falsedad documental en documento público. José Juan Hernández Duchemín por delito de prevaricación medioambiental y José Antonio Rodríguez, concejal de Urbanismo por delito de prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.

DOCUMENTO: Consulte el auto de la juez Silvia Muñoz:
https://www.dropbox.com/s/9svqoqt39wiwz ... s.pdf?dl=0


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NotaPublicado: Mar 17 Mar, 2015 3:35 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Juan Francisco Rosa deberá responder por casi una decena de delitos dentro del caso Stratvs y, junto a él, el imputado que más cargos acumula es el arquitecto de la bodega y dueño de una parte de los terrenos donde se levantó, Miguel Ángel Armas Matallana. Pero junto a ellos y la sociedad BTL Lanzarote, en el banquillo se sentarán otras quince personas, que ocupaban, y algunas siguen ocupando, relevantes cargos en el Ayuntamiento de Yaiza, en el Cabildo de Lanzarote y en el Gobierno de Canarias. En el auto en el que da por concluida la instrucción de la causa, la juez Silvia Muñoz relata la participación de cada uno de ellos.


Armando Villavicencio Delgado:

Era el secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) cuando dio luz verde a la construcción de Stratvs y está imputado por un delito de prevaricación urbanística. Según la juez, Villavicencio se basó en un informe de un trabajador de Gesplán que, aunque informaba favorablemente, hacía “constar la falta de información administrativa” y, además, en su dictamen utilizaba “preceptos jurídicos” que en realidad debían llevar a “la denegación de lo solicitado”. Pese a ello, Armando Villavicencio Delgado ratificó ese informe y dio su visto bueno a la construcción de la bodega, sin tener en cuenta la “manifesta confrontación” de los preceptos que citaba el propio informe y obviando “las omisiones documentales” que ponía “de manifiesto”. El técnico de Gesplán que firmaba ese informe estuvo imputado en la causa, pero finalmente se archivaron los cargos contra él, ya que ni siquiera tenía competencias para emitir un informe en ese expediente.


Juan Cesar Muñoz Sosa:

Era el director general de Urbanismo cuando se concedió el permiso y está imputado por un delito de prevaricación urbanística. Según la juez, el 24 de marzo de 1999 autorizó tanto la construcción del almacén-bodega de 900 metros cuadrados como las obras de restauración de vivienda de 243 metros cuadrados, pese a que había informes negativos y otros que, aún siendo positivos, advertían de las “omisiones documentales del expediente”. La resolución fue notificada al día siguiente a Juan Francisco Rosa, pese a que no figuraba como promotor del proyecto, ya que los permisos ni siquiera se solicitaron a su nombre.

Según el auto, Muñoz Sosa no recabó la información que faltaba en el expediente, pese a que hizo constar esa carencia. Incluso, en la resolución en la que autorizó el proyecto, él mismo señalaba que se había solicitado informe al Ayuntamiento de Yaiza sin “recibir contestación”, que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias había informado de forma “desfavorable” y que el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo había emitido un informe negativo, señalando que la actividad era “incompatible” con la conservación de ese suelo, calificado como rústico de protección.


Faustino García Márquez:

Era el jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias y está imputado por un delito de prevaricación urbanística. Según la juez, basándose en un informe negativo (en lo que respectaba a la construcción del almacén-bodega) del jefe de la Sección de Ordenación Natural y en otro en el mismo sentido del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Faustino García Márquez informó el 23 de octubre de 1998 negativamente a la construcción de un almacén (y positivamente sólo a la rehabilitación de la vivienda). Sin embargo, meses después emitió un nuevo informe favorable a la construcción.

Según el auto, “en contradicción con lo anterior, y con conocimiento de su frontal confrontación con el derecho, puesto que no varían los argumentos contenidos en la resolución anterior de signo negativo, en fecha 10 de marzo de 1999, Faustino García Marquez informó a favor, sin justificar en modo alguno el cambio radical de criterio, para el que utilizó los mismos argumentos fácticos y jurídicos que para denegarlo”.


José Francisco Reyes:

El ex alcalde de Yaiza está imputado por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación. Bajo su mandato, firmó la primera licencia de obras de Stratvs, además de dos decretos posteriores autorizando la prórroga de esa licencia. Respecto al primer permiso de julio de 1999, “para la restauración de vivienda y construcción de sótano almacén”, la juez subraya que lo concedió pese a que había un informe negativo de secretario del Ayuntamiento, y “pese a la falta de proyecto de ejecución visado por el Colegio de Arquitectos, que ni se presentó con carácter previo ni posteriormente, omitiendo cualquier tipo de control o requerimiento de aportación de documentación”.

Además, pese a que esa licencia establecía que las obras debían iniciarse en seis meses, la construcción no empezó hasta cuatro años después, cuando el permiso ya había caducado. Aún así, el Ayuntamiento no actuó. Además, cuando dos años después de iniciar las obras se pidió una prórroga de la primera licencia, Reyes la autorizó, “pese a poder constatarse de manera objetiva, clara y flagrante por parte del alcalde que las obras se habían realizado sin respetar los términos (plazo, condiciones, ubicación…) de la licencia inicial” y pese a que “las dimensiones distaban mucho de lo autorizado” y ni las obras ni la ubicación se ajustaban al proyecto. Junto a la prórroga, Reyes también autorizó la transferencia de la licencia a Juan Francisco Rosa, que por primera vez apareció como promotor del proyecto (hasta entonces, los permisos se pedían a nombre de la mujer del arquitecto).

Por último, Reyes también fue quien inició el expediente para otorgar la licencia de actividad clasificada (que se culminó ya bajo la alcaldía de Gladys Acuña). El 29 de mayo de 2006, “siendo conocedor del exceso no autorizado ni autorizable de la construcción”, Reyes “acordó la remisión del expediente al Cabildo de Lanzarote, previa afirmación en el expediente de que procedía la concesión de la licencia de actividad, a sabiendas de que no procedía”.


Gladys Acuña:

La actual alcaldesa está imputada por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación medioambiental, tanto por acción como por omisión. Los primeros hechos que se le imputan se remontan a diciembre de 2008, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de actividad clasificada a Stratvs, con el voto favorable de Acuña y de los otros tres ediles que participaron en la reunión. Según el auto, concedieron ese permiso pese a que conocían “lo no autorizable tanto de la instalación en su magnitud, como en su actividad, que de facto se convirtieron en múltiples actividades”, y “a sabiendas de que la construcción ya excedía y en mucho lo autorizado en el año 1999, y que la actividad en sí, no podía autorizarse”.

Al aprobar la autorización introdujeron dos condicionantes, pero la juez subraya que nunca tuvieron intención de cumplirlos ni de exigir su cumplimiento. De hecho, “ni se controlaron con carácter previo a la concesión de la licencia de actividad clasificada ni posteriormente”. El primero de ellos era que los técnicos competentes visitaran la bodega para comprobar que se ajustaba al proyecto que se había autorizado (y que era la rehabilitación de una vivienda y una bodega almacén de 900 metros, cuando el complejo Stratvs tiene más de 12.000 metros cuadrados). Sin embargo, esa visita nunca se realizó ni fue ordenada por la alcaldesa, según la juez.

El segundo de los condicionantes era que la entidad debía estar en posesión de la autorización de vertidos otorgada por el Consejo Insular de Aguas. Con esto, según la juez, pretendían “salvar formalmente el escollo que les suponía conocer que obraban informes” de Salud Pública, que desde el año 2006 venían advirtiendo de que las instalaciones no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales.

“El Ayuntamiento conocía en el momento de conceder la licencia de actividad clasificada la existencia de una industria en funcionamiento no solo limitada a la actividad de bodega, sino también de tienda y restauración, así como los vertidos inconsentidos y, pese a ello, omitiendo de manera patente, clara e inobjetable, todo tipo de control, concedió la licencia de actividad clasificada”, subraya el auto.

Además, la juez imputa a Gladys Acuña un delito de prevaricación urbanística por omisión, ya que al menos después de su imputación y primera declaración en esta causa, debía ser ya plenamente consciente de las “graves irregularidades urbanísticas y medioambientales” y, pese a ello, no adoptó medidas, siendo el Juzgado quien finalmente ordenó en diciembre de 2013 el precinto de la bodega.


Juan Lorenzo Tavío Santana:

Como concejal del grupo de gobierno por el PIL, participó en la Junta en la que se concedió a Stratvs la licencia de actividad, autorizando su apertura. Está imputado por un delito de prevaricación urbanística.


Evaristo García Pérez:

También era concejal del PIL y participó en la Junta en la que se concedió a Stratvs la licencia de actividad. Al autorizar ese permiso, se establecieron condicionantes que nunca se cumplieron. Está imputado por un delito de prevaricación urbanística.


Leonardo Rodríguez García:

El concejal de CC era teniente alcalde y concejal de Urbanismo de Yaiza cuando se concedió la licencia de actividades clasificadas a Stratvs, y participó en la Junta de Gobierno en la que se concedió ese permiso.

Además, el auto señala que el día antes de esa junta, el día 18 de diciembre de 2008, Leonardo Rodríguez recibió en su teléfono móvil (que en ese momento estaba intervenido por la UCO dentro del caso Unión) un mensaje de voz de quien se identificaba como la secretaria de Juan Francisco Rosa, pidiéndole que llamara al empresario cuando pudiera, “puesto que le tenía comentar un tema de la bodega”. Ese mismo día, el concejal devolvió a llamada a Rosa, en una conversación que se ha incorporado al caso Stratvs y que, según la juez, “pone de manifiesto la complicidad y las buenas relaciones entre ambos”. En esa llamada, según relata la juez, Rosa le dice que “sólo le falta la licencia para legalizar la bodega y que se vota al día siguiente, con ánimo de favorecerse de la buena relación con el señor Rodríguez para obtener el voto favorable de la Junta”.

Al día siguiente, según el auto, tras votar favorablemente a la concesión de la licencia, Leonardo Rodríguez “llamó hasta en dos ocasiones a Juan Francisco Rosa, sin que conste en el teléfono intervenido judicialmente que consiguiera contactar con él”. Finalmente, el día 22 de diciembre de 2008 Leonardo Rodríguez se acercó a la casa de Juan Francisco Rosa “a entregarle algo, probablemente la licencia”, señala la juez.


José Antonio Rodríguez:

La imputación del que era (y es) concejal de Urbanismo está relacionada con un decreto que firmó ejerciendo de alcalde accidental, en junio de 2005, en reemplazo de José Francisco Reyes. Concretamente, tras los decretos firmados por Reyes prorrogando la primera licencia de Stratvs, Rodríguez firmó un tercer decreto. En él, “se incluye de manera intencionada sobre los anteriores dictados por el señor Reyes la palabra bodega”. Hasta ese momento, lo que se había autorizado era la rehabilitación de la vivienda y la construcción de un “almacén”.

Además, al igual que a Gladys Acuña, la juez le imputa un delito por omisión, al no adoptar medidas para el cierre de Stratvs, como concejal de Urbanismo, pese a tener perfecto conocimiento “de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales”.


Pablo Carrasco Cabrera:

Como aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, informó hasta en dos ocasiones a favor de otorgar permisos a Stratvs, por lo que está imputado por delitos de prevaricación urbanística. Su primer informe lo realizó en 1999, cuando se presentó la primera solicitud de licencia de obras en el Ayuntamiento. Según la juez, Carrasco informó favorablemente, “orillando de manera intencionada los preceptos normativos aplicables y omitiendo cualquier comprobación de la documentación técnica del expediente y los informes negativos previos, como el del secretario del Ayuntamiento de Yaiza, que advirtió en informe de carácter jurídico la falta de preceptiva calificación territorial”.

La licencia daba un plazo de seis meses para iniciar las obras, pero éstas comenzaron cuatro años después, en 2003, sin tener un permiso en vigor. Cuando finalmente en 2005 se pidió una prórroga de la primera licencia, Carrasco volvió a emitir un informe favorable. Y lo hizo, según la juez, “conociendo que la solicitud incumplía todos los condicionantes recogidos en el primero de los Decretos de fecha 27 de julio de 1999, ya que era fácilmente constatable que las dimensiones distaban mucho de lo autorizado, que las obras no se ajustaban al proyecto, que la ubicación de la construcción tampoco era coincidente y que las obras se estaban realizando fuera del término que acordó la licencia de obras del año 1999. Datos todos ellos que silenció de manera voluntaria en el informe, con la connivencia del señor Reyes, para facilitar la concesión de la prórroga, como si la misma fuera un acto reglado de la Administración”.


Vicente Bartolomé Fuentes:

El secretario del Ayuntamiento de Yaiza, que informó contra la concesión de la licencia de obras de Stratvs en 1999, informó después a favor de la concesión de la licencia de actividades clasificadas para la apertura de la bodega. Según el auto, “conocía que la actividad era contraria” a la Ley de Actividades Clasificadas y, sin embargo, “omitió reflejarlo en su informe jurídico de agosto de 2005”, cuando se inició ese expediente.

Además, en la Junta de Gobierno que se celebró ya bajo la Alcaldía de Gladys Acuña, y en la que se concedió esa licencia, Vicente Bartolomé Fuentes estuvo presente como secretario y también informó favorablemente.


Andrés Morales González:

Como técnico del Ayuntamiento de Yaiza, informó en dos ocasiones dentro del expediente para conceder a Stratvs la licencia de actividades clasificadas. La primera fue en agosto de 2005, cuando realizó un informe al iniciarse ese expediente, y “omitió” deliberadamente, según la juez, que “la actividad, de nueva aparición, era contraria a lo dispuesto la Ley de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas”. Además, “era conocedor”, según el auto, “de que la construcción en ese momento alcanzaba además unas dimensiones que excedían en mucho de lo autorizado por la licencia de obra”.

Posteriormente, en mayo de 2006 y en el seno del expediente municipal de actividad clasificada, Andrés Morales emitió nuevo informe favorable a la autorización de dicha actividad, “a pesar de ser plenamente conocedor de todos los impedimentos legales que concurrían para ello”. Morales deberá responder por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro delito de prevaricación.


Blas Noda Gonzalez:

Como encargado del Catastro en el Ayuntamiento de Yaiza, está imputado por un delito de falsedad en documento público, cometido presuntamente cuando ya se había iniciado la instrucción de esta causa. Según el auto, en marzo de 2013, siendo “conocedor de que la edificación principal del complejo Stratvs se ubicaba sobre una finca de la que no era propietario, Juan Francisco Rosa Marrero, en nombre de BTL Lanzarote, dirigió solicitud de modificación de la titularidad de la parcela catastral”. Para ello aportó el acta notarial de finalización de obra, en la que según la juez se había “omitido intencionadamente” la referencia catastral.

“Con esos documentos, y sin consultar los archivos catastrales a su disposición para comprobar el anterior titular catastral de la parcela catastral cuyo cambio se solicitaba (de fácil identificación puesto que es la única sobre la que se ubicaba una vivienda preexistente), el sabado 4 de mayo de 2013, Blas Noda González, funcionario adscrito al catastro del Ayuntamiento de Yaiza con 5 años de experiencia en aquel departamento (y 13 en la Administración Pública), procedió al cambio de la titularidad catastral de la parcela sobre la que se ubica la bodega Stratvs, omitiendo de manera intencionada cualquier mínima comprobación, con la intención de satisfacer al solicitante”, sostiene la juez.

Todo ello, considera que se hizo “con el necesario beneplácito del anterior titular catastral, Miguel Ángel Armas Matalla”, pero no del resto de los titulares de la finca donde se asienta la bodega Stratvs. Además, “posteriormente y sin justificación alguna”, Blas Noda “denegó la información solicitada en relación al cambio de titularidad catastral por José Juan Negrín Ramos”, personado en esta causa como acusación particular por la presunta usurpación de sus terrenos. Según el auto, Noda le denegó esa información, pese a que Negrín aportó una nota simple registral de la finca, en la que en la que él figuraba como co-propietario, “así como otros documentos que acreditaban su interés legítimo, impidiendo así que pudiera ejercer en vía administrativa sus derechos”.


Manuel Jesús Spinola Pérdomo:

Como ingeniero responsable de Actividades Clasificadas del Cabildo, informó favorablemente a otorgar esa licencia de actividad a Stratvs, “pese a tener conocimiento de que el uso de bodega no estaba permitido”, según subraya la juez. Spínola está imputado por un delito de prevaricación urbanística.


José Juan Hernández Duchemín:

El gerente de Consejo Insular de Aguas informó favorablemente a la concesión de un permiso provisional a Stratvs para la emisión de vertidos, pese a que había informes que advertían de que éstos eran contaminantes. De hecho, al iniciarse el expediente se realizó una inspección por parte del Vigilante de Cauces, que tomó muestras que arrojaron “parámetros contaminantes”.

Inicialmente, Hernández Duchemín trasladó a BTL Lanzarote que el sistema de depuración de la bodega no cumplía con la normativa y le informó de que para conceder la legalización de los vertidos debería instalar un sistema de depuración. Sin embargo, cuando Rosa pidió justo después una autorización provisional, Duchemín informó favorablemente, “pese a que tenía conocimiento de la misma suponía la emisión de vertidos contaminantes”.

Aquel permiso era provisional y sin posibilidad de prórroga, pese a lo cual tampoco se actuó cuando este permiso caducó y la bodega siguió funcionando durante años sin tener una autorización en vigor. Además, el permiso que se le dio establecía que se realizarían analísticas periódicas de carácter mensual para “garantizar la calidad de las aguas”, pero esas muestras nunca se tomaron. “Aunque dicha autorización fue concedida a sabiendas de la frontal contradicción con el derecho, y conocedor el señor Hernandez Duchemín de los riesgos existentes, no se efectuó control alguno del cumplimiento de la resolución, ni se incoo expediente de cancelación de la autorización de vertidos que incumplió desde el primer momento los condicionantes impuestos, ni se comprobó el incumplimiento continuado de las condiciones que recogía la resolución”, subraya la juez.

“A modo de ejemplo”, señala que “ desde el 24 de noviembre de 2008 hasta la actualidad únicamente se presentaron por el interesado dos analíticas de dudosa procedencia (cuando la resolución establecía analíticas mensuales), y no consta la instalación de depuradora alguna, habiendo el Sr. Duchemín incurrido, en el ambito de sus competencias, en omisión en sus funciones de control, permitiendo con esta omisión la comisión continua de un vertido ilegal por parte de BTL Lanzarote S.L. y su administrador, Juan Francisco Rosa Marrero, con el consiguiente riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales, y los riesgos que pudiera conllevar para la exposición humana tales parámetros de contaminación al tratarse de una industria abierta al público”.


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NotaPublicado: Mié 25 Mar, 2015 3:34 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El fin de la instrucción del caso Stratvs, que ya tiene escrito de acusación de la Fiscalía y este mismo año podría ir a juicio, no significa que la investigación haya terminado. Así lo refleja el fiscal Ignacio Stampa en su escrito de calificación, en el que pide que se abran nuevas diligencias centradas sólo en las subvenciones recibidas “de forma presuntamente delictiva” por Juan Francisco Rosa o algunas de sus sociedades para construir la bodega.

La Fiscalía considera que el empresario pudo incurrir en un delito de fraude de subvenciones, al recibir dinero público en concepto de ayudas para la “construcción ilegal de las edificaciones, instalaciones y/o desarrollo de la actividad del complejo Stratvs”. Por eso, pide que se deduzca testimonio de esta parte de la causa, para que sea “objeto de instrucción e investigación en procedimiento separado”.

Aunque en el escrito no se cuantifica el importe de esas subvenciones recibidas por Rosa o por sus empresas para esta actividad, que se puso en marcha sin licencias y en un suelo que ni siquiera pertenecía al empresario, el propio Juan Francisco Rosa reconoció en los Juzgados haber recibido al menos una de la Unión Europea.

En su última declaración en los Juzgados, el pasado 26 de noviembre de 2014, Rosa afirmó que “las subvenciones” que le han dado “legalmente” son “de la Comunidad Europea”. Después agregó que “sólo he han dado una subvención” para “la compra de depósitos, para la maquinaria”, aunque aseguró que no recordaba la cantidad.

Ahora, la Fiscalía pide que se investiguen todas las subvenciones públicas que hayan recibido “presuntamente de forma delictiva” tanto Juan Francisco Rosa como las sociedades BTL Lanzarote (actual dueña de la bodega), Juan Francisco Rosa e Hijos S.L. (anterior titular de Stratvs) o la sociedad Bodegas Stratvs S.L., para financiar “una construcción ilegal”.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que “lejos de contener su voracidad falsaria y defraudatoria, Juan Francisco Rosa” utilizó distintas “maniobras” para “obtener beneficios económicos de diferentes administraciones públicas, a las cuales engañó premeditadamente, utilizando documentación ficticia con el fin de conseguir una vez más sus ilegales propósitos”.

Además de las subvenciones que serán investigadas ahora en un nuevo procedimiento, en la causa principal se ha formulado acusación entre otras cosas por presuntos delitos de estafa. Según ha revelado la investigación, Rosa puso una finca como garantía hipotecaria para responder de deudas con Agencia Estatal de la Administración Tributaria y después con el Ayuntamiento de Yaiza, simulando que sobre ella se asentaba la bodega Stratvs.

Al hacerlo aportó una tasación que fijaba el valor de la finca en más de 6,4 millones de euros, cuando la realidad es que sobre ese suelo que puso como garantía no había construcción alguna. De hecho, Rosa lo compró por poco más de 48.000 euros. Según la Fiscalía, el empresario utilizó esa finca “según su capricho, conforme a las necesidades que se le iban planteando en relación con el complejo Stratvs”, llegando a crear “la ficción” de que sobre ella se asentaba la bodega, ya que no era propietario de los terrenos donde realmente la construyó.

Además, la Fiscalía relata distintos impagos de impuestos a las administraciones públicas. Desde el precio real que debió pagar por la licencia de obras otorgada ilegalmente (ya que el proyecto que presentó y que se autorizó nada tenía que ver con el que ejecutó), hasta la tasa por los vertidos de aguas residuales. Incluso, el fiscal señala que tras una inspección tributaria del Ayuntamiento de Yaiza, el Consistorio le reclamaba una deuda de casi 60.000 euros, “por diferentes actividades que se estaban llevando a cabo sin declarar, relacionadas con el complejo Stratvs”, incluyendo el restaurante, “el comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas con vendedor y bibliotecas y museos, además de otra actividad de comercio al por mayor de frutas y verduras”. Para responder de esa deuda, Rosa puso como garantía hipotecaria la finca en la que había simulado que se asentaba Stratvs, según el fiscal.

Junto a otros beneficios económicos obtenidos por el empresario, la Fiscalía también señala el valor del “rofe” y el material sustraído durante las excavaciones para realizar el macrocomplejo Stratvs, en un suelo que no le pertenecía. Según la tasación pericial, se extrajeron más de 44.000 metros cúbicos que fueron trasladados a otra finca de Rosa, que tendrían un valor de 266.581 euros. Por esta cantidad, además de por el derribo de la vivienda histórica preexistente en la finca y por el uso ilegítimo del suelo, la Fiscalía también pide que Rosa indemnice a los verdaderos propietarios del terreno que se han personado en la causa.

Respecto a los ingresos obtenidos por Juan Francisco Rosa por la actividad de Stratvs, no han podido cuantificarse ya que no hay datos oficiales de la empresa. Sólo hay constancia de los ingresos por venta de vino y explotación del complejo Stratvs en el año2011, que ascendieron a 2.718.828 euros, y del primer cuatrimestre de 2012, que llegaron a casi 778.000 euros.

Además, también obtuvo préstamos bancarios, según la Fiscalía, “falseando las condiciones necesarias para su obtención”, al poner también como garantía hipotecaria la finca que sí era de su propiedad, y donde simuló que se encontraba la bodega.

La nueva causa que pide abrir la Fiscalía por las subvenciones recibidas por Stratvs se suma al procedimiento paralelo que se abrió ya el pasado mes de enero, tras la declaración como imputado del gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

Tras escuchar su declaración, la juez Silvia Muñoz vio indicios de nuevos delitos que nada tenían que ver con la causa por la que fue llamado a declarar, y en los que podrían verse implicados otros cargos públicos del Cabildo de Lanzarote. Por eso, decidió dar traslado de su declaración y de esos nuevos indicios a otro Juzgado, para que investigue si se han cometido presuntos delitos de prevaricación y/o malversación en los pagos que realiza el Cabildo a este funcionario. Y es que en los Juzgados, él mismo reconoció que ocupa varios cargos en la Corporación que serían incompatibles, y que cobra por todos ellos.

En su providencia, la juez recordaba que el Estatuto del Consejo Insular de Aguas, aprobado en 1997, especifica que el cargo de gerente es “incompatible con el de otras funciones públicas o privadas también retribuidas”. Sin embargo, Duchemín declaró que además de ése ocupa “otros cargos en el Cabildo y son importantes”. En concreto, especificó que también es “secretario del consorcio de bomberos”, que realiza funciones “en los Centros Turísticos” y que está “adscrito a la Secretaría General”. Y por todo ello, “recibe la retribución correspondiente en nómina”, según explicó él mismo.

En su providencia, la juez señala que esta situación era “conocida tanto por la institución como por su servicio jurídico y administrativo”, por lo que existen “indicios de que se ha omitido el control debido”.

Durante su declaración, la juez también le preguntó por su formación para ocupar estos cargos, a lo que Hernández Duchemín respondió que tiene “Bachillerato y COU”. Además, pese a que es gerente del Consorcio, no tiene “ninguna diplomatura”, ni siquiera “un curso” relacionado con aguas. “Como manejaba más o menos la legislación, me nombraron”, declaró Duchemín en los Juzgados, al ser preguntado por su designación para ocupar este cargo.


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NotaPublicado: Vie 27 Mar, 2015 4:09 pm 
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NotaPublicado: Jue 23 Abr, 2015 4:35 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, intentó que la Fiscalía adoptara “medidas” contra el fiscal del caso Stratvs, Ignacio Stampa, contra el que presentó una queja oficial el pasado mes de agosto. El escrito fue enviado “en nombre y representación” de la institución y estaba firmado también por el consejero Francisco Fabelo, pero pocos en el Cabildo conocían su existencia, que no había trascendido hasta ahora. En su queja, San Ginés y Fabelo acusaban al fiscal de una supuesta “falta grave” y pedían acciones “disciplinarias” contra él.

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Sin embargo, la queja de Pedro San Ginés y de Francisco Fabelo fue rechazada por la Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado. “Se acordó su archivo de plano”, afirma el Fiscal Jefe Inspector, Fausto Cartagena Pastor, en un escrito dirigido a La Voz de Lanzarote. Así, aunque el fiscal Ignacio Stampa no ha querido pronunciarse al respecto, la Fiscalía General del Estado sí ha confirmado a este medio que se recibió esa queja firmada por cargos públicos del Cabildo y que fue archivada.

Concretamente, Pedro San Ginés y Francisco Fabelo acusaban al fiscal de una supuesta “falta grave”, al haber puesto en duda la imparcialidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo (dirigida por Fabelo) en la emisión de un informe de carácter medioambiental que se requería dentro de la causa. Ambos consideraban que el fiscal había faltado al respeto al consejero al hablar de sus “vínculos laborales” con el principal imputado, Juan Francisco Rosa.

Lejos de adoptar medidas, la Fiscalía archivó la queja, al considerar que la actuación de Stampa había sido justificada y motivada, respaldando así su labor en esta causa, en la que el pasado mes de marzo ya se presentó el escrito de acusación contra 16 personas, entre las que hay cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo y del Gobierno de Canarias.

En marzo de 2014, durante la instrucción de la causa, el fiscal solicitó que fueran técnicos adscritos a la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en Madrid, y no los del Cabildo, quienes realizaran el informe sobre los daños causados a los valores naturales de La Geria con la construcción de Stratvs en el Barranco del Obispo. Pretendía así garantizar la “objetividad e imparcialidad” del dictamen, ya que señalaba que el órgano gestor de ese espacio protegido dependía directamente de Fabelo, que a su vez “aparece vinculado laboralmente” con Rosa y con BTL Lanzarote, también imputada como sociedad.

En la providencia en la que aceptó esta petición de la Fiscalía, la juez también hacía referencia a la “relación laboral” de Fabelo con Rosa, para el que trabajaba antes de entrar al Cabildo como consejero. Al respecto, la juez señalaba que en la propia web de Stratvs, según consta en una copia aportada a la causa, “puede leerse que la quesería nació a finales de 2006, promovida por Juan Francisco Rosa, impulsor del proyecto, quien contó con Francisco Fabelo, veterinario y maestro quesero al frente del mismo”.

A esto habría que sumar la aparición de Fabelo en el programa “Un país para comérselo”, de Televisión Española, en septiembre de 2013. Aunque en ese momento ya era consejero del Cabildo, Fabelo aparecía junto a la presentadora, Ana Duato, haciendo de ‘anfitrión’ en la finca de Rosa. En el reportaje, en el que se encargaba de mostrar las instalaciones y explicar su funcionamiento, le presentaban como “veterinario y gerente de la Finca de Uga”, y en los rótulos aparecía como “maestro quesero”.

Por otra parte, el fiscal también agregaba que en la inspección llevada a cabo en Stratvs en febrero de 2013, y en la que participaron técnicos y peritos, Francisco Fabelo fue “invocado por Juan Francisco Rosa como testigo en beneficio de sus intereses", para "poner en duda la imparcialidad de la funcionaria del Cabildo Joana Macías”.

Y lo mismo hizo Rosa, según el fiscal, cuando “recusó” a esta perito, alegando que existía una "enemistad" pero "sin justificarla". En ese momento, el empresario también citó "de forma expresa tanto al mismo señor Fabelo como al señor secretario cabildicio, Francisco Perdomo, en apoyo a sus oscuras pretensiones”.

También el presidente, basándose en el criterio de otros juristas del Cabildo, cuestionó después públicamente y en los Juzgados el contenido del último informe elaborado por Joana Macías a petición de la juez de Stratvs, en el que confirmaba la ilegalidad de la bodega e incluso advertía de “vicios de nulidad” en el nuevo Plan de La Geria. Incluso, San Ginés anunció la presentación de un ‘contrainforme’ en el Juzgado, aunque finalmente no lo hizo. En su momento, en una providencia, la juez Silvia Muñoz recordó que “intentar influir” en los técnicos puede incluso constituir un delito.

Tanto la juez como el fiscal se refirieron también a las declaraciones públicas realizadas por Francisco Fabelo sobre la bodega Stratvs en algunos medios de comunicación. “No se ruboriza en realizar manifestaciones públicas ya no sólo a favor de la bodega objeto de autos, sino expresamente en contra de la medida cautelar adoptada por la (juez) instructora de la causa, incluso insinuando veladamente la existencia de una persecución contra Stratvs”, señalaba el fiscal, en respuesta al recurso que presentó uno de los imputados, contra la decisión de no pedir ese informe a técnicos de Medio Ambiente del Cabildo.

También la juez, al rechazar ese recurso, señalaba como un “hecho notorio, conocido y ostensible las manifestaciones públicas del citado consejero, en las que ha incluido valoraciones sobre la situación jurídica del complejo Stratvs”. Por eso, consideraba “plausible la parcialidad del informe”, en caso de que se hubiera encargado al área de Medio Ambiente del Cabildo, por lo que concluía que la “imparcialidad” de la institución en este caso concreto “quedaba en entredicho”.


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NotaPublicado: Vie 24 Abr, 2015 5:17 pm 
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NotaPublicado: Vie 05 Jun, 2015 3:18 pm 
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NotaPublicado: Vie 12 Jun, 2015 3:25 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La juez del caso Stratvs ha exigido a Juan Francisco Rosa una fianza de casi 900.000 euros, que deberá depositar antes de que se celebre el juicio. De esa suma, 267.000 euros son para cubrir las multas a las que puede ser condenado, y 405.426 por la suma que se le podría imponer en concepto de responsabilidad civil. A ambas cifras, se les suma un tercio más, tal como establece la Ley de Enjuiciamento Criminal.

Además, la juez reclama también una elevada fianza al arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana. En total, Armas deberá depositar 636.568 euros (72.000 en concepto de multas y 405.426 en concepto de responsabilidad civil, más un tercio añadido de cada cantidad). “Todo ello”, aclara la juez, “sin perjuicio de los incrementos que procedan ulteriormente sobre las cantidades en concepto de intereses de demora, intereses legales y procesales y moratorios”.

En su auto, en el que ordena la apertura de juicio oral, la juez da cinco días hábiles a Rosa y a Armas Matallana para depositar esta fianza. Si transcurrido ese plazo no cumplen con el requerimiento, la juez ordena que se embarguen bienes de su propiedad "en cantidad suficiente para cubrir dicha suma".

Buena parte de esa cifra responde a la suma que tendrían que abonar a la familia Negrín, personada como acusación particular, en caso de ser condenados. Entre otras cosas, los Negrín denuncian que Rosa usurpó terrenos de su propiedad para levantar el macrocomplejo Stratvs, que el empresario realizó careciendo de licencia para ello y en un suelo del que ni siquiera era titular.

Junto a Juan Francisco Rosa y Miguel Ángel Armas, en el banquillo se sentarán otras 15 personas, incluyendo cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias. Las mayores penas se solicitan para Rosa y Armas. Para el empresario, la Fiscalía pide 15 años de prisión, además de las multas y la responsabilidad civil, mientras que la acusación popular reclama 21 años de cárcel.

En cuanto a Armas, tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones le piden 10 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, un delito contra el patrimonio histórico y otro de usurpación.

Además de ser el arquitecto de la bodega y dueño de una parte de los terrenos donde se levantó Stratvs, el sumario de la causa apunta a Miguel Ángel Armas como una pieza clave en el "permanente engaño" que según la Fiscalía rodeó a la construcción de la bodega. Un "engaño" que va desde la titularidad de los terrenos, que no pertenecían a Rosa, hasta la "ocultación del promotor real" en las primeras solicitudes de permisos (que se tramitaron a nombre de la mujer de Armas), e incluye también presuntos delitos de falsedad documental, con supuestas alteraciones incluso en el Catastro.


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NotaPublicado: Jue 18 Jun, 2015 5:21 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Audiencia Provincial ha rechazado la pretensión de la propiedad de la bodega Stratvs de que se levantase el cierre cautelar y precinto de las instalaciones, dictado en diciembre de 2013, confirmado por la propia Audiencia el año pasado y reafirmado por el Juzgado número 5 de Arrecife el pasado mes de enero.

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En un auto, la Audiencia destaca que “ante la abundancia de los datos e indicios” del Juzgado para mantener el cierre cautelar de Stratvs, “sorprende” la “escasez de alegaciones” planteadas por el promotor, Juan Francisco Rosa, y la empresa BTL Lanzarote.

“Le bastaría con acreditar que ha cumplido con las obligaciones que se fijaron en el año 2008”, como la “elaboración de estudio hidrogeológico e instalación de una depuradora, para lograr el fin de la medida cautelar”, algo que “no sólo no hace sino que pretende que ese fin se produzca” aunque se mantenga “el mismo estado de las cosas”.

La Audiencia también resalta “la acumulación de indicios de comisión de múltiples delitos, contra la ordenación del territorio, falsedad, prevaricación” y contra el “medio ambiente” que “han determinado que se haya ordenado la apertura de juicio oral”.

Además, la Audiencia pone en tela de juicio la argumentación de la propiedad de la bodega de que “en estos instantes todas las obras son legalizables”. “Pone el acento en la posibilidad de legalizar diversas obras introduciendo cambios varios, pero no entra a determinar si realmente puede o no llevarlos a cabo o si realmente sería viable la bodega caso de verificarse los mismos”, expone.

Así, subraya “lo que parece claro es que en el estado actual las instalaciones ni están autorizadas” y que tampoco pudieran serlo “sin modificaciones que se nos antojan importantes, pues implicaría en ocasiones incrementos de superficies de fincas adyacentes, agrupación de otras fincas o incluso modificación de estructuras”.

La Audiencia recuerda la lista de presuntas irregularidades de la bodega Stratvs, como “la ausencia de depuradora, de estudio hidrogeológico, la ocupación de más de 12.000 metros cuadrados cuando se autoriza” por el Gobierno de Canarias “la rehabilitación de una casa de valor etnológico y una bodega subterránea de unos 300 metros cuadrados”, así como “la ausencia de requisitos y garantías de no dañar el medio ambiente con la fosa séptica”.

Sobre la contaminación de la bodega Stratvs, la Audiencia recalca que hay análisis que evidenciaban “un alto grado de contaminación que sobrepasaba, de una manera notable, los límites fijados en la legislación vigente”, y que “se tipifican como delito no sólo las emisiones o vertidos” que afecten a aguas subterráneas “sino también en el suelo”.

DOCUMENTO: Auto de la Audiencia:
http://www.diariodelanzarote.com/sites/ ... 4-2015.pdf

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NotaPublicado: Lun 20 Jul, 2015 5:12 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Stratvs, ha dictado este lunes un auto inhibiéndose del procedimiento judicial, que sólo estaba pendiente de la presentación de los escritos de defensa, a favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por el aforamiento de Gladys Acuña.

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Acuña se presentó a las elecciones autonómicas y consiguió un escaño por Nueva Canarias. La Fiscalía le pide una condena de tres años y 10 meses de prisión, así como 10 años de inhabilitación para cargo públicos por dos delitos de prevaricación y prevaricación medioambiental, por permitir la apertura de la bodega y por no cerrarla posteriormente.

El pasado 23 de junio Gladys Acuña, que también es alcaldesa de Yaiza, se convirtió en diputada autonómica. Seis días después tuvo entrada en el Juzgado número 5 de Arrecife una petición de su defensa que planteaba que la competencia al estar aforada pasaba a ser del TSJC.

Por ello, la jueza Silvia Muñoz acordó este lunes en un auto “la inhibición para el conocimiento y fallo” del caso Stratvs “a favor de la Sala de Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”, que también tendrá que resolver “los recursos que se encuentran pendientes”.

Estaba previsto que el caso Stratvs lo juzgase la Audiencia Provincial de Las Palmas y, de hecho, la jueza Silvia Muñoz, decretó el pasado 12 de junio la apertura del juicio oral, pero al no poder dividirse el caso en dos (ante el TSJC para Acuña por estar aforada y ante la Audiencia para el resto), todos los acusados pasarán a ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com