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NotaPublicado: Mar 11 Jul, 2017 3:28 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Agentes del Seprona de la Guardia Civil han acudido este martes a la bodega Stratvs para levantar el precinto que pesaba sobre las instalaciones desde diciembre de 2013. La propiedad venía reclamando que los propios agentes fueran a retirar el precinto para poder reabrir las instalaciones, después del último auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

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Ese auto, conocido el pasado 3 de julio, rechazó los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular y levantó la medida cautelar de cierre dictada hace tres años y medio por la juez instructora del caso Stratvs. “La instrucción ha concluido, han transcurrido casi cuatro años y el juicio oral está próximo a celebrarse”, señalaba el auto, justificando así su decisión de permitir la reapertura.

En cualquier caso, aclaraba que esta decisión no supone “ponderar, en modo alguno, las pruebas” que constan en la causa y la “valoración que debe hacerse en el momento del juicio oral”. Sobre esos juicios, cabe recordar que uno ya se celebró hace tres semanas y está a la espera de sentencia y el otro, que es el principal, sigue pendiente de que esta misma Sección de la Audiencia fije fecha para la vista.

"Resulta incomprensible que se alce la medida cautelar y se proceda a la apertura de la bodega cuando es ilegal su funcionamiento por la carencia de títulos habilitantes y la contradicción frontal con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación", sostenía por su parte la Fiscalía. Con éste y otros argumentos recurrió el auto dictado el pasado mes de diciembre por la Sección Sexta, concretamente por el juez Salvador Alba, subrayando entre otras cosas el “sorpresivo cambio de criterio” del magistrado. Y es que este mismo juez había avalado en 2014 el cierre de la bodega, rechazando otro recurso presentado por Juan Francisco Rosa.

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Sin embargo, en diciembre el juez Alba acordó levantar la medida cautelar e incluso ordenó entonces que el Seprona acudiera a retirar el precinto, tras recibirse una llamada en la Audiencia del abogado de Juan Francisco Rosa. En aquel momento, el presidente de la Sección Sexta, Emilio Moya, intervino para anular esa resolución de Alba, alegando que podría causar “perjuicios irreparables” y que había que esperar a resolver los recursos. Finalmente, casi seis meses después, esos recursos han sido rechazados, haciendo firme el auto que levanta la medida cautelar de cierre.

Ahora, a la espera de la decisión que tome el Ayuntamiento de Yaiza -que aún podría intervenir para impedir la apertura, culminando los expedientes que tenía abiertos contra las instalaciones- el futuro de Stratvs dependerá del juicio que aún debe celebrarse. En él, el Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión para Juan Francisco Rosa por delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio y de usurpación de terrenos y falsedad documental, entre otros, así como el derribo del complejo Stratvs. En cualquier caso, lo que no podrá abrir sus puertas es el restaurante, ya que el Consistorio sí llegó a culminar ese expediente, ordenando el cierre en 2013, al constatar que carecía de cualquier tipo de permiso.


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NotaPublicado: Mar 11 Jul, 2017 3:29 pm 
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NotaPublicado: Mié 12 Jul, 2017 2:58 pm 
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NotaPublicado: Sab 27 Ene, 2018 10:27 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la licencia de actividad de la bodega Stratvs que otorgó el Ayuntamiento de Yaiza y destaca en su sentencia que su concesión era “imposible” a la vista del planeamiento territorial y urbanístico.

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El TSJC subraya que lo “adecuado” hubiera sido que el Ayuntamiento subiese rechazado incluso el inicio de los trámites de la licencia de apertura y, en todo caso, “la denegación expresa” de la autorización por incumplir tanto el Plan General de Yaiza como el Plan Insular de Ordenación.

En el primer juicio del caso Stratvs tan sólo se ha analizado una parte de la causa, la relacionada con la participación de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, al encontrarse aforada por su condición de diputada autonómica, dentro del grupo de Nueva Canarias.

En la pieza principal, pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, se evaluará la licencia de obras concedida por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en marzo de 1999, y el posterior permiso municipal para restaurar una vivienda de 243 metros cuadrados y un almacén y bodega de 900 metros cuadrados totalmente subterráneos.

Aunque no se dictamina sobre esos permisos de obra, en la sentencia del TSJC, que se refiere a la licencia de actividad de las instalaciones, se tienen en cuenta las irregularidades urbanísticas para determinar que el permiso de apertura no se tenía que haber tramitado ni concedido y para concluir que se infringió tanto el planeamiento insular como el municipal.

La sentencia cita el informe de una técnico del Cabildo, Amada Fontes, que tres años antes de la concesión de la licencia de actividad concluye que de acuerdo con el Plan Insular, el emplazamiento no era apto y que el uso de bodega en la zona en la que se construyó “no está permitido”. También recoge que la Oficina del Plan Insular del Cabildo advirtió en otro informe lo mismo.

En concreto, la sentencia explica que el suelo donde se asienta Stratvs tiene la consideración en el Plan Insular de suelo rústico protegido por su valor paisajístico y por ser un paisaje singular. En ese suelo sólo es compatible el “uso recreativo”. También recalca que el Plan General no permitía “la instalación de industrias de ningún tipo, ni aunque sean vitivinícolas”, y precisa que en los proyectos presentados en el Ayuntamiento por el promotor “se diseñaban instalaciones propias de una industria vitivinícola”, no autorizada en el planeamiento municipal.

El TSJC resalta que el entonces secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, a quien condena como cooperador necesario de un delito de prevaricación y por un delito contra la ordenación del territorio a 14 años de inhabilitación, debió haber advertido de la “exigencia” de solicitar al Cabildo “el informe de compatibilidad de la actividad solicitada con el Plan Insular de Ordenación”, algo que no hizo.

El tribunal también culpa al exalcalde José Francisco Reyes de que era “conocedor de la naturaleza de suelo rústico de protección especial” que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza establecía en la zona del Barranco del Obispo, en el paraje protegido de La Geria, y que tenía que haber decretado “la denegación expresa de la licencia” de actividad de Stratvs cuando fue solicitada en su etapa en la alcaldía.

El TSJC insiste en que otro condenado, el técnico municipal Andrés Morales, era “conocedor” de que el proyecto de la bodega “no se adecuaba al PGOU de Yaiza ni a la normativa del Plan Insular” ni a las “previsiones” de esos instrumentos de ordenación. Con respecto al informe de compatibilidad de Stratvs con el planeamiento insular, el tribunal destaca que era un “trámite fundamental y obligatorio” y que se obvió por completo porque hubiera resultado desfavorable.

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En la sentencia del TSJC se recalca que “a pesar de las advertencias” recogidas en los informes que solicitó la alcaldesa de Yaiza una vez que ya estaba en marcha la investigación penal, ni Acuña ni el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, “adoptaron medida alguna” para que se ejecutara, “al menos provisionalmente, el cese de las actividades” que había acordado el Ayuntamiento.

El tribunal apunta a que la alcaldesa y el exconcejal de Urbanismo conocían que en el emplazamiento “de las instalaciones del complejo Stratvs” no se podía autorizar el uso concedido de bodega ni otras actividades que se desarrollaban sin haber pedido ni siquiera licencia de obras, como sucedió con el restaurante El Aljibe.

Gladys Acuña ha sido condenada a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación por omisión para el ejercicio de cargo público “de carácter municipal”, además de otros siete años de inhabilitación, también para cargos municipales, por un delito contra la ordenación del territorio por la concesión de la licencia de actividad. Rodríguez fue condenado a siete años de inhabilitación para el cargo de concejal por prevaricación por omisión.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com