FORO SOBRE LANZAROTE

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NotaPublicado: Vie 31 Ene, 2014 2:19 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha realizado un acto de protesta en la calle Folías de Arrecife, donde este viernes se ha ejecutado un desahucio de una familia que ya había abandonado la vivienda “ante las presiones que estaba sufriendo”. La comisión judicial y la Policía Nacional han llegado a este lugar, donde les esperaban miembros de la PAH, que han realizado un “pasillo de la vergüenza” y han explicado a estos funcionarios que “pueden negarse a ejecutar estos desahucios”.

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Los integrantes de esta plataforma han gritado lemas como “Funcionario borrego, ayudas al banquero”, “Puedes negarte, puedes concienciarte” o “Sí se puede, pero no quieres”. Además, han señalado a través de un comunicado que no tratarán de impedir a estos funcionarios la realización de su trabajo, “arrebatando a otra familia su vivienda para entregársela a un banco que la dejará vacía y cerrada esperando una mejora del mercado”.

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Con este acto, la PAH pretende concienciar a la sociedad de lo que está pasando “todos los días de manera silenciosa en este país”. “Cada día, la Comisión Judicial sale para tomar posesión de pisos que ya se encuentran vacíos de personas, vacíos de fuerza, vacíos de esperanza, vacíos de vida. Vacíos porque la presión y amenazas del banco han conseguido acabar con la resistencia de una familia más. Y como la policía no da empujones, la prensa no visualiza que todos los días se producen agresiones silenciosas contra los Derechos Humanos y contra los derechos de los menores”, ha denunciado la PAH.

Desde la plataforma han señalado que si los jueces aplicaran la legislación y jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, “de obligado cumplimiento, por cierto, no habría desahucios”. “Si cumplieran con su obligación de revisar de oficio ellos mismos los contratos hipotecarios y señalaran las cláusulas abusivas que pueblan todos los préstamos hipotecarios, no habría desahucios”, ha insistido la PAH.

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La Plataforma considera que si los funcionarios “objetaran y se negaran a aplicar una Ley injusta, una resolución injusta que se dicta en un procedimiento en el que sus señorías no han leído el contrato cuando la propia Ley les obliga, no habría desahucios”. “Y sí, sí puedes y tienes derecho a decir ‘yo no lo hago’. La tan criticada plaza para toda la vida del funcionario tiene precisamente ese sentido, el ser libre e independiente para poder decir que no a órdenes de superiores que no se ajustan a derecho”, ha solicitado la PAH, apelando así a la sensibilidad de los funcionarios.

Igualmente, la plataforma considera que “si la Policía defendiera al ciudadano, a su igual, a su vecino, al padre y la madre de los niños que juegan con sus hijos, no habría desahucios”. “Tu trabajo no es obedecer órdenes ciegamente, ésa es la disculpa bajo la que se han cometido los mayores crímenes de la humanidad. Sabemos de sobra que hay policías a los que se ha sancionado con pérdida de sueldo por negarse a participar en desahucios. Una parte de tu sueldo no es tan grande como una vivienda digna para una familia. Una parte de tu sueldo bien vale llegar a tu casa y poder mirar a tus hijos a los ojos, porque no sientes vergüenza de haber dejado a su amigo del cole viviendo en la calle”, ha señalado la PAH.

Por ello, desde la plataforma han pedido a los policías que “se preocupen de lo que puedan hacer” y dejen de ser “una parte del problema para convertirse en una parte de la solución”. “No dejemos que se produzca ni un solo pasillo de la vergüenza”, han exigido los integrantes de este colectivo.


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NotaPublicado: Mar 12 Ago, 2014 9:06 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

“Este banco roba, este banco estafa, este banco echa a la gente de su casa”. Así pasan la mañana, megáfono en mano, un grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote, coreando consignas a la puerta de la oficina de Bankia en Puerto del Carmen.

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Están acompañando a Ana Morales, que lleva más de un mes protestando en la calle para pedir a la entidad bancaria la cancelación de su hipoteca, la dación en pago y un alquiler social. La batalla no es fácil, porque Bankia, a pesar de ser una entidad rescatada con más de veinte mil millones de euros de dinero público, es de las más reacias a este tipo de acuerdos.

Ana compró su casa, en San Francisco Javier, en el año 2003. Pidió una hipoteca a Bancaja (hoy Bankia) por 94.000 euros para una casa de 64 metros cuadrados. Entonces sus circunstancias eran otras: tenía trabajo fijo en el aeropuerto y pagaba unos 500 euros mensuales.

En 2007, Iberia deja Guacimeta y Ana se queda en la calle, con la indemnización correspondiente. “Todo iba normal hasta que llegó la estafa”, dice. En enero de 2008 la cuota mensual supera los 700 euros.

La subida coincide con la época de sus peores condiciones económicas. Ana está separada, tiene dos hijas de 13 y 16 años y trabaja ahora en información en el Hospital José Molina. Su ex marido le pasaba una cantidad de dinero que ya no puede pasar, así que las dificultades para pagar la hipoteca empiezan a apretar.

En 2011 va a hablar con su banco (todavía Bancaja) por primera vez, para renegociar las condiciones y buscar una solución y se entera de que su hipoteca está “titulizada”, es decir que forma parte de una especie de fondo de inversión.

Después presenta dos escritos que no surten efecto y más tarde acaba yendo a la PAH. En septiembre de 2012 deja de pagar, lo que le ha generado ya unos intereses de demora. En total, ha pagado más de 55.000 euros. “Yo creo que la casa está más que pagada porque ahora, a precio de mercado, puede valer 40.000 euros, que es lo que queda por pagar”, señala.

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El proceso de desahucio está, de momento, detenido, primero por el traspaso entre Bancaja y Bankia y ahora porque ha pedido en el Juzgado que se revise la inclusión de cláusulas abusivas en la hipoteca. Ya ha tenido unas cuentas entrevistas con el gerente y con el director de la oficina, que no le dan una solución.

En estos casos, la PAH siempre pide un interlocutor válido, en Madrid. La última oferta del banco es hacer una novación, que la cuota se quede en 180 euros pero ampliar la hipoteca de treinta a cuarenta años. Ana no está de acuerdo. Está “agotada”, de baja laboral y no puede centrarse. Quiere cancelar la hipoteca como sea, y si puede, conservar la casa pagando un alquiler.

Además, no se fía. “Esto es una estafa y yo ya no me arriesgo a nada -dice-, el banco tiene que poner algo de su parte porque ha sido rescatado con dinero público. Yo asumo que firmé una cosa, ya está”.

Además de agotada, ahora tras más de un mes protestando, se siente “hostigada”, en este caso por la Policía Local de Tías, que les hace visitas regularmente. “Nosotros hacemos protestas pacíficas, tengo la solicitud de reunión o manifestación y me dicen que me enfrento a una multa de 700 euros. El PP nos manda a la Policía Local para hostigarnos, y esto no sólo lo hago por mí sino porque podemos conseguir abrir la brecha para muchas hipotecas de Bankia”, asegura.


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NotaPublicado: Jue 11 Sep, 2014 7:18 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Guardia Civil de Tías se ha llevado detenida este jueves por la tarde a la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote, Cristina Cividanes, que se encontraba junto a cuatro compañeras un grupo llevando a cabo una protesta dentro de la oficina de Bankia de Puerto del Carmen.

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Cividanes se ha negado a declarar y ha salido del cuartelillo pasadas las 17.30 horas acusada de desobediencia, desorden público y allanamiento, tras la denuncia que ha interpuesto el director de la sucursal, Luis Alberto Aparicio Leal. Sus cuatro compañeras, que accedieron a salir de la oficina, no fueron detenidas pero se les acusa de los mismos cargos.

La PAH acudió este jueves por la mañana a la oficina bancaria para intentar negociar la dación en pago de la vivienda de una compañera, Ana Morales, que tiene un proceso de desahucio en marcha por el impago de cuatro mensualidades, y que protesta desde hace dos meses cada día en esa oficina para resolver su hipoteca.

El Juzgado de Primera Instancia número de Arrecife ha emitido recientemente un auto por el que anula el proceso de ejecución hipotecaria de la casa de Morales por contener cláusulas abusivas, si bien eso no resuelve el problema porque Morales quiere desligarse por completo de la vivienda.

Con ese auto, la PAH ha acudido por la mañana para intentar conseguir el compromiso de la dación en pago, y pasadas las 11.30 han entrado en la oficina pero no han conseguido un compromiso.

Cuando ha llegado la hora del cierre, a las 15.00 horas, han mostrado su intención de quedarse en la oficina hasta conseguir una solución y el director ha llamado a la Guardia Civil. Cuando han llegado los agentes, las cuatro compañeras de Cividanes han optado por salir y ella se ha negado marcharse, por lo que ha sido detenida.

Cividanes, tras salir del cuartelillo, ha señalado que no se puede permitir que una persona, con dos hijas menores de edad, como es Ana Morales, siga pasando un calvario para desprenderse de una vivienda por la que ha pagado ya más de 50.000 euros de los 90.000 de la hipoteca y ha dicho que “eso supone un gran sufrimiento”.

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El Juzgado había dejado sin efecto la ejecución hipotecaria por considerar que hay cláusulas abusivas. Señala al juez en su auto que “la ejecución se instó por toda la cantidad debida en el contrato de préstamo (89.071,21 euros) más intereses y costas, cuando únicamente consta que se hubieran impagado cuatro cuotas debidas (septiembre a diciembre de 2012) y por el impago de una cantidad noventa veces inferior a la debida; y por otro lado, se reclamó una cantidad en concepto de intereses de demora no ajustada a la Ley”.

“Como claramente se puede observar -dice la juez Ana Manella - ante el impago de poco más de mil euros se reclaman en la presente ejecución casi noventa mil euros, lo que supone que el acreedor impone un castigo desproporcionado al incumplimiento contractual del consumidor”.

“Y es ahí”, resalta la jueza, “donde radica la abusividad de la cláusula que fundamentó la presente ejecución hipotecaria pues como se ha dicho supone una consecuencia desmedida para el deudor ante su impago, de tal suerte que genera un gran desequilibrio en las obligaciones impuestas a cada uno de los contratantes, máxime cuando no hay una mínima reciprocidad en ninguna de las prestaciones exigibles a cada parte”.


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NotaPublicado: Mié 17 Sep, 2014 4:12 pm 
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NotaPublicado: Mié 08 Oct, 2014 1:13 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Los Naranjos es una urbanización en las afueras de Costa Teguise. Era un complejo turístico pero, no se sabe cómo, se reconvirtió en residencial y comenzó a vender los apartamentos. Ana es vigilante de seguridad y compró uno en el año 2007: 42 metros, “49 con terraza”, por más de 120.000 euros. La tasación subió hasta los 195.000. La hipoteca, con la CAM, hoy Banco Sabadell, era a cuarenta años y la cuota de unos 700 euros.

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Cinco años más tarde su situación económica empeoró y los gastos fijos absorbían todo su sueldo. Tuvo que dejar el piso y dejar de pagar. Su hipoteca estaba llena de cláusulas abusivas. El tipo de interés no era el que parecía y el banco, por ejemplo, podía coger el dinero de su cuenta corriente sin su permiso para satisfacer la deuda. El dinero destinado a la pensión que les pasa a sus hijos.

Como ella son cientos y cientos de personas en la Isla las que no han podido afrontar el pago de sus hipotecas. Víctimas de la crisis pero también de los abusos bancarios, de la burbuja inmobiliaria y de la especulación. Son historias diferentes pero unidas por un lastre, el de la hipoteca y la deuda, que no les deja seguir avanzando hasta que no se soluciona el problema.

En el caso de Ana aún no se ha solucionado. El mismo tasador que había fijado el precio de la vivienda casi en 200.000 euros en 2007, cinco años después la tasó en 35.000, y en Los Naranjos los apartamentos hoy se venden por 23.000. Ana ha dejado de pagar pero el banco no le reclama nada, de momento. Quien sí le reclama, media cuota, es una sociedad, Activ Capital, dedicada a comprar deuda e intentar cobrarla.

Desde octubre de 2012, cuando dejó de pagar y abandonó la vivienda, no se ha solucionado nada. Le ofrecieron firmar un documento en el que se daba a entender que le daban la dación en pago pero no era así. “Sólo me dicen que como tengo sueldo tengo que pagar, pero es que no puedo afrontar todos los pagos”, dice.

“El banco no hace nada porque juega con que crezca la deuda”, explica su abogado, Borja Pascual, que asegura que “en algunos casos, y debido a las cláusulas abusivas, si se anula la hipoteca, puede ser que sea el banco quien deba dinero a sus clientes”. “Para los bancos somos números; a veces les interesa ahogar al ejecutado y a veces no les conviene, depende de si la casa puede ser rentable y pueden hacer negocio”, añade.

Para este abogado, la dación en pago puede ser una solución pero tampoco es la mejor solución. “Es un desahucio silencioso”, dice. Tiene trampa. El comprador pierde todo lo que ha puesto en la casa, a veces más de lo que valía inicialmente, y aunque no le quede deuda, aparecerá en listas de morosos o tendrá que pagar la plusvalía, porque la dación se considera una venta. Y si la hipoteca era superior a 100.000 euros, no se puede acceder a un alquiler social, según el Decreto de buenas prácticas bancarias.

Casi todos los bancos se comportan de la misma manera, aunque los hay aún peores. Es el caso de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), vinculada al Santander, conocida por otorgar ‘hipotecas basura’ y especializada en casos que no querían otros bancos y en hipotecas puente: daban un crédito a personas que ya tenían una casa para comprar otra, vendiendo la primera. Es el caso de Rosa y Boubacar. Les quedaban por pagar 50.000 euros y les dieron 100.000 de hipoteca, pero la primera casa no se vendía. Cuando la venden, en lugar de reducirse la deuda, aumenta porque “el precio era más bajo que la responsabilidad hipotecaria”, así que les prestan otros 43.000 euros. Pasaron de pagar 600 euros a pagar 1.375. Dice Rosa que es la primera vez que deja de pagar algo, pero no podía hacer frente. Ahora tiene dos hipotecas con dos tipos de interés distinto, asociados no al Euribor sino al IRPH, un diferencial que manejan los propios bancos.

Me han refinanciado tres veces, cada vez para pagar más, y no he amortizado nada de nada de capital, nunca se amortiza”, dice. La UCI ahora ya no tiene ni oficina en Arrecife, hay que hacer las gestiones pagando a través de un teléfono 902, pero dos personas fueron a su casa a exigirle el pago de la hipoteca. “Me están toreando y me están poniendo enferma”, dice Rosa.

Su abogado señala que “rozan lo inmoral” y que a una clienta, cuyo hijo tenía cáncer, el gestor de recobro le llegó a decir que iba a tener dos problemas: su hijo se iba a morir e iba a perder la casa. Según Borja Pascual, los bancos están cambiando la estrategia. En ocasiones no ponen demandas pero intimidan con cartas o visitas. En esta nueva postura ha influido la condena de Estrasburgo a España por las ejecuciones hipotecarias y la postura de los jueces de primera instancia, que se han puesto del lado de los consumidores. En Lanzarote, los jueces Cobo Plana y Jerónimo Alonso fueron de los primeros del país en anular ejecuciones hipotecarias, y el resto les ha seguido.

Los problemas, no obstante, siguen para mucha gente. Hay quien consigue la dación sólo parcialmente y mantienen una deuda, para la que le dan un crédito personal sabiendo que es de riesgo y que pueden no pagarlo. Hay quien se queda con una deuda eterna que les expulsa prácticamente del sistema por miedo a que les embarguen la nómina… En Lanzarote ya se ha presentado la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (Apdef), que facilita las demandas colectivas, y sobre todo, ha abierto camino la PAH (Plataforma de afectados por la hipoteca), que acompaña y asesora y cuenta prácticamente sus batallas por éxitos.

Los abusos más comunes


01. PREFERENTES, ACCIONES DE BANKIA, SUBORDINADAS. No son productos asociados a hipotecas, sino a los ahorros de la gente, y hay afectados en toda España. Se están poniendo demandas colectivas por un fraude a gran escala. Las preferentes nunca se cobraban y las acciones no valen nada porque se infló, supuestamente, el valor del banco.

02. SWAP. Sobre todo, es un producto del Santander. Su funcionamiento no lo entienden ni los empleados de banca, pero consiste en que, suba o baje el tipo de interés, siempre gana el banco, aunque se contrataba para blindarse ante la posible subida de los tipos. En la Isla no sólo contrataron particulares, que han perdido mucho dinero, sino casi todos los ayuntamientos.

03. CLÁUSULAS SUELO. El tipo de interés de la hipoteca, en la práctica, no baja nunca del tres por ciento, y era una parte de la letra pequeña, que se lee en la notaría a toda prisa y no se informa de forma adecuada.

04. VENCIMIENTO ANTICIPADO. En algunos casos, por una sola cuota sin pagar, o por tres o cuatro, de un préstamo de 200 cuotas, el banco puede reclamar toda la deuda de forma inmediata.

05. DURACIÓN E INTERESES. Préstamos hipotecarios generalizados de hasta cuarenta años e intereses de demora abusivos que aumentan la deuda de forma exagerada si no se paga.

06. OTROS. Cláusulas como la prohibición de alquilar la casa o de usarla como oficina, la posibilidad de traspasar dinero de la cuenta corriente sin permiso o atribuirse la posesión de la vivienda al entrar en un contencioso y cobrar al dueño por administrar su propia casa.


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NotaPublicado: Mié 01 Abr, 2015 3:59 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Los juzgados de Arrecife han declarado nuevamente nulas por abusivas las cláusulas de la hipoteca de la vivienda de una familia en Lanzarote. Así lo ha confirmado este miércoles David Montes López, el abogado que ha actuado como letrado en la defensa de estos ciudadanos. "Ya son pocas las entidades que siguen manteniendo estas cláusulas abusivas", ha explicado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote David Montes, un joven abogado que ha ganado ya varias causas judiciales en este sentido.

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Según ha señalado Montes, "siempre ha existido cierto miedo. Ahora yo animo a los ciudadanos porque cada vez las sentencias son mayores. Las posibilidades de éxito en este tipo de demandas son del 99 por ciento", ha explicado en el programa ’A buena hora’.

La decisión de los tribunales en primera instancia, recurrible ahora por la entidad bancaria ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, obliga a este banco a eliminarlas y a dejar de usarlas en lo sucesivo, y decreta además efectos retroactivos, es decir, la devolución de lo pagado indebidamente desde mayo de 2013, fecha en que emitió su famosa sentencia el Tribunal Supremo (TS) por la que se decretaban abusivas este tipo de cláusulas. En este caso concreto, el euribor más el diferencial que debía pagar esta pareja era del 0,90% aunque el banco venía cobrándoles un porcentaje del 4,5%, es decir, un 3,6% de más.

Con ésta, son ya siete las sentencias de los juzgados de Lanzarote que dan la razón a los clientes de una hipoteca frente a los intereses de una entidad bancaria. Por el momento, los juzgados han emitido dos sentencias contrarias a Banca March, otras dos al Banco Popular y otras tantas contra Bankia, a la que se suma la nueva victoria cosechada en los tribunales.

El letrado David Montes López asegura que este tipo de pleitos son cada vez más frecuentes y afirma estar a disposición de todo aquel interesado en este tipo de recursos contra las entidades bancarias.


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NotaPublicado: Lun 06 Abr, 2015 7:15 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El desahucio de la vivienda de Deiva Salamanca estaba previsto para las 11.00 horas de este lunes. Una hora más tarde, el Juzgado confirmaba que se había suspendido la ejecución porque el Banco Santander lo había solicitado.

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No lo piden porque tengan un componente social y humanitario sino porque no les interesa esta publicidad negativa”, decía Cristina Cividanes, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote, que había juntado a una veintena de personas para evitar el lanzamiento.

La casa de Deiva Salamanca está en la calle Cherne de Playa Blanca, detrás del Lanzarote Princess. La compró en el año 2004 por 160.000 euros. Es una vivienda antigua, construida en el año 1980. Tiene cuatro habitaciones distribuidas en 105 metros cuadrados. El piso de arriba está abandonado.

La zona es buena, a pocos metros del mar, pero los inmuebles ya son viejos. Ahora viven en esa casa ella, que trabaja como cocinera en un hotel, y su hijo de 16 años, al que se abrazaba cuando se supo que el desahucio se había paralizado.

Hace unos años también vivía su hijo mayor, que ahora vive en Colombia. “Se fue por la deuda -dice ella - se le fue cayendo el pelo por los nervios”. A su hijo, como tenía nómina, lo pusieron de avalista del préstamo cuando el primer avalista también se volvió a su país. La UCI, una financiera vinculada al Santander, le dio dos préstamos: uno para la casa, para pagar la hipoteca, y otro personal para pagar los gastos.

En 2005, como pagaba más de 1.300 euros al mes, le pasaron la hipoteca al Santander, pero llegó un momento en que no podía pagar más. “El banco -dice- se quedaba con mi nómina y la de mi hijo y nos dejaba 300 euros para pasar el mes”. Así que en 2011 dejó de pagar. “Quise arreglarlo pero el banco me dijo que tenía que pagar 5.000 euros y yo no los tenía, si los pagaba me quedaba sin comer”.

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La entidad bancaria ha aceptado la dación en pago, la casa ya ha sido subastada, y a Deiva le comunicaron que no tenía ninguna deuda, pero el banco ha vendido la deuda a Lindorf, un fondo buitre que ahora le reclama 34.000 euros. “Y los fondos buitres se comen la carne hasta que sólo queda hueso”, dice Cividanes.

El desahucio se ha parado pero la deuda sigue. La alegría entre los miembros de la PAH que habían acudido a arropar a Deiva se mostró en forma de cánticos, abrazos y señales de victoria puño en alto cuando se comunicó la paralización por teléfono. Pasadas las 12.30 ya aparecían los bocadillos que habían preparado por si la resistencia era larga. “La lucha no ha terminado -dicen en la PAH – porque Deiva necesita una segunda oportunidad”.



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NotaPublicado: Mié 27 May, 2015 2:37 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En abril de 2013, el entonces titular del Juzgado número 4 de Arrecife, Juan José Cobo Plana, dictó una batería de resoluciones judiciales en las que no sólo rechazaba los desahucios de propiedades inmobiliarias instados por los bancos sino que anulaba las escrituras de los préstamos que habían concedido y también las hipotecas. Una auténtica ‘revolución’ judicial en contra de los bancos que ahora la Audiencia Provincial ha echado por tierra.

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El juez Cobo Plana se basaba para anular los préstamos y las hipotecas en la consideración de que eran ilegales por tener un interés de demora “abusivo y usurario”, que en algunos casos era del 18,5 por ciento anual y en otros llegaba al 20,5 por ciento.

Las resoluciones de Cobo Plana fueron dictadas en procedimientos en los que los bancos estaban ejecutando las hipotecas para quedarse con las propiedades y al anular tanto los préstamos como las hipotecas paralizaba los desahucios.

La ‘doctrina Cobo Plana’ se plasmó en numerosos casos en los que condenaba el “abuso inmoral” que supone “que las entidades financieras sigan fijando y manteniendo unos tipos de intereses moratorios superiores a los intereses básicos que rijan en cada momento en el mercado hipotecario” y que en los casos que tramitó variaba entre el 3,6 y el 6,1 por ciento anual.

“La concepción de los intereses moratorios como una sanción o pena por el incumplimiento de la obligación de pagar las cuotas del préstamo hipotecario carece de sentido en la actualidad”, reiteraba el juez Cobo Plana en sus autos, ahora anulados por la Audiencia Provincial.

También añadía que no tiene justificación “el establecimiento de intereses moratorios superiores, ni siquiera en un punto, a los intereses normales, dado que ninguna pena o sanción se puede imponer a quien ninguna culpa tiene por no poder atender a un préstamo hipotecario”.

La sección quinta de la Audiencia Provincial ha dictado en los últimos meses al menos siete autos en los que anula las decisiones del juez Cobo Plana, tres de ellos de forma reciente, que afectan a hipotecas otorgadas en Lanzarote por Banco Santander, Bankia y La Caixa.

El ponente de la Audiencia, Carlos Augusto García Van Isschot, censura que los autos del juez Cobo Plana se dictaron sin escuchar los argumentos de los bancos. Así, recalca, las resoluciones deben ser revocadas por no haber dado a las entidades financieras “posibilidad de contradicción y defensa”.

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La Audiencia Provincial también subraya que las resoluciones anulando los créditos y las hipotecas fueron dictadas por el Juzgado número 4 de Arrecife en abril de 2013 sin que los propios clientes afectados contestaran a la decisión previa del juez de suspender provisionalmente la ejecución de las hipotecas.

Sobre todo, subraya la Audiencia Provincial, el juez Cobo Plana dictó los autos antes de que se publicase, el 15 de mayo, la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que entró en vigor “con posterioridad” a las decisiones del Juzgado número 4 de Arrecife sobre las hipotecas.

Además, la Audiencia destaca que la nueva ley sólo estableció un límite –tres veces el interés general del dinero- para los intereses de demora de créditos concedidos “para la adquisición de vivienda habitual”. En los casos que ha revisado, la Audiencia Provincial “ignora” si las hipotecas anuladas por el juez Cobo Plana eran sobre “vivienda habitual”.

Es más, señala que en las hipotecas sobre viviendas habituales en las que se haya establecido un interés de demora superior al máximo permitido, la ley permite un “recálculo” sin necesidad, como hizo el Juzgado de Arrecife, de anular las hipotecas.

La Audiencia Provincial obliga al Juzgado de Arrecife a “analizar” las cláusulas de las hipotecas que se anularon hace dos años y, “de considerar la posible nulidad de alguna ellas, concretamente de la cláusula de intereses moratorios, dar audiencia a todas las partes”, es decir, a los bancos, “permitiéndoles la contradicción y defensa”.

Es decir, que quienes hace dos años creían que se habían librado de hipotecas que no podían pagar por decisión del Juzgado, ahora sólo podrán aspirar, por orden de la Audiencia, a que se reduzca el interés de demora si fallan a los pagos de la hipoteca al límite que fija la ley, y sólo si se trata de su vivienda habitual.


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NotaPublicado: Vie 05 Jun, 2015 3:14 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han ocupado esta mañana de forma pacífica la oficina de Bankia de la calle México para protestar por la ejecución hipotecaria de la entidad contra Carmen, una mujer enferma de cáncer que tiene dos hijas de 14 y 20 años. La afectada señala: “Sé que Bankia no ha estudiado mis papeles, sólo están esperando a que me muera”.

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Según fuentes de la PAH, “Carmen es una luchadora a la que Bankia le está arrancando su fuerza vital, una fuerza que tenía que estar absolutamente centrada en la lucha contra un cáncer de estómago y que gracias a Bankia se está agotando”. Esta familia pagó su hipoteca hasta que la madre se vio obligada a dejar de trabajar por recomendación médica “y con su vida en juego”.

La PAH señala que pusieron su caso en conocimiento del banco para llegar a algún tipo de arreglo e intentaron acogerse al código de buenas prácticas firmado por el banco pero que no obtuvieron respuesta. “No hay que ser un eminente doctor para saber que el que alguien te amenace con echarte de tu casa por la fuerza estando muy enferma, hace que se agrave tu dolencia”, señalan.

Las reiteradas solicitudes de dación en pago de su casa con alquiler social le han sido denegadas, su enfermedad no le permite trabajar y el banco es capaz de decir que no entra en su código de buenas prácticas porque sus ingresos son suficientes para pagar la hipoteca, según señalan desde la PAH, que considera que Carmen es un caso claro para acogerse al código de buenas prácticas.

La Plataforma se pregunta “qué ingresos puede tener si está desempleada gracias al empeoramiento de su salud por la presión ejercida por el banco” y si “de verdad Bankia va a ser capaz de sacar de su casa a una persona que se encuentra en la cama con una enfermedad terminal” o si “algún funcionario o policía va a colaborar en ese crimen”.

“En la PAH -señalan- creemos todavía en las personas y si Bankia no cede, confiamos plenamente en que ningún ser humano será capaz de colaborar con ellos en este despropósito. Sabemos que ningún funcionario va a estar tan deshumanizado para escudarse en el cumplimiento del deber impuesto para hacer el trabajo sucio a Bankia, y sabemos que no va a ser necesario que se pongan ante esa situación porque la PAH no va a dejar de plantar cara a Bankia”.

Desde el punto de vista de la PAH, “Bankia ha rebasado todo lo inimaginable con Carmen, está colaborando en que las dos hijas de Carmen crezcan sin madre, está contribuyendo activamente a que se la enfermedad pueda con Carmen y es hora de que todos nos posicionemos para ser parte de la solución”.

Consideran que Bankia es, con diferencia, la entidad más despreocupada por el sufrimiento “que ha creado una crisis de la que ha sido uno de los principales culpables y de la que ha salido no por su eficaz gestión empresarial, sino gracias a que entre todos la hemos rescatado. Es con mucho el banco más deshumanizado a la hora de buscar soluciones para los que hasta hace poco eran estimados clientes”.

“En esta isla -concluyen- han ordenado que se envíen policías para sacar a rastras a familias de sus casas, se niegan a dar soluciones personas a las que la justicia ha dado la razón frente a sus hipotecas estafa, ha denunciado activamente la recuperación de pisos vacíos para familias que no tienen un techo donde cobijar a sus hijos, siendo la entidad que más pisos deshabitados tiene, el 60 por ciento de todo su parque inmobiliario”.


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NotaPublicado: Lun 27 Jul, 2015 3:59 pm 
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El Juzgado de primera instancia número 1 de Arrecife ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad del contrato por el que una pareja adquirió acciones de Bankia en julio de 2011, cuando salió a Bolsa.

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La sentencia destaca que la “información” que dio Bankia en la oferta pública de venta de acciones “resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes, dando apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad de su situación financiera”.

Los demandantes, representados por el letrado David Monte López, interpusieron una demanda en contra de la entidad Bankia por no ser veraz la información narrada en el ‘folleto informativo’, que debe publicarse siempre que exista una oferta pública de valores.

Debido a esta información errónea aportada por Bankia, los clientes afectados decidieron hacer una compra de acciones, en la que invirtieron 3.000 euros, que de haber sabido la verdadera situación económica no habrían hecho.

Menos de un año después de la 'oferta pública de suscripción' de acciones de Bankia se aprobaron la cuentas anuales de 2011 auditadas de la entidad que arrojaban unas pérdidas por 3.031 millones de euros. Los accionistas minoristas vieron que el valor de las acciones, que habían comprado a un precio de dos euros por acción de valor nominal, se reducía a un céntimo.

Tras lo ocurrido los afectados presentaron una demanda en la que exigían la nulidad del contrato de suscripción de acciones. Ahora, el Juzgado de primera instancia número 1 de Arrecife les ha dado la razón y obliga a la entidad a devolver el dinero invertido en sus acciones más los intereses legales desde la fecha de compra.

En la sentencia se destaca que “las acciones se configuran como instrumentos de inversión regulados en la Ley de Mercado de Valores” y que “la normativa del mercado de capitales se estructura sobre un pilar básico, cual es la protección del inversor”, para lo que es es necesario el “principio de información”.

El Juzgado subraya que Bankia “acabó solicitando la intervención pública” y, por tanto, la situación financiera y las cuentas que presentó en su salida a Bolsa “no fueron reales” y “no reflejaban ni la imagen de solvencia publicada y divulgada, ni la situación económico financiera real, de ahí su incorrección e inveracidad”.

La sentencia resalta que Bankia apenas aportó en el procedimiento judicial dos informes elaborados en el seno de la causa penal que se instruye en la Audiencia Nacional, “que no aparecen suscritos por persona alguna”.

A pesar de que el Banco de España ya en el año 2010 aventuraba una progresiva situación negativa de Bankia, en 2011 salió a Bolsa el 55 por ciento de la entidad a un precio de 3,75 euros por acción (dos euros de valor nominal y una prima de emisión de 1,75 euros), por el cual captó más de 3.000 millones de euros.

Los motivos de la salida a Bolsa de Bankia mediante la realización de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) se justificaban en el folleto de emisión, donde explicaba la necesidad que existía de reforzar la estructura de recursos propios para cumplir con el plan, aprobado por el Gobierno de España, que obligaba a los bancos a crear una reserva de capital para defenderse ante cualquier posible problema.

Sin embargo, la información aportada a sus clientes minoristas no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad. En mayo de 2012, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato dimitía y la nueva dirección de la entidad reconocía unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros, lo que llevó a las suspensión inmediata de la cotización de las acciones y a una inyección de 19.000 millones de euros para su recapitalización.


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NotaPublicado: Sab 19 Sep, 2015 6:22 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife ha declarado nulo un contrato de compra de acciones de Bankia y condenado a la entidad a devolver al comprador los 6.000 euros que abonó por ellas al estimar que la información "gravemente inexacta" que se le facilitó sobre la situación económica y solvencia del banco le llevó a comprar las acciones que no había adquirido de conocer la realidad.

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La resolución judicial declara nulo el contrato de compra de acciones, que unos particulares realizaron en julio de 2011 por importe de 6.000 euros, y condena a Bankia a la devolución del precio abonado entonces, más los intereses legales originados desde la fecha de celebración del contrato, así como al pago de las costas procesales.

La sentencia judicial estima íntegramente las pretensiones de los demandantes, dirigidos por el letrado Samuel García Hérnandez, y considera probada la existencia de "dolo" en la actuación de la entidad bancaria "en cuanto que con la información gravemente inexacta sobre su situación económica y sobre su solvencia indujo a la parte demandante a comprar unas acciones que, de haber conocido la realidad financiera de Bankia, no habría adquirido".

La sentencia añade que "la actuación dolosa de Bankia provocó un error en la parte actora, puesto que su voluntad se formó a partir de una creencia inexacta", de tal manera que "la representación mental que sirvió a los actores como presupuesto para la realización del contrato fue equivocada y errónea, ante la imagen saneada y de solvencia " ofrecida por el banco.


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NotaPublicado: Mar 20 Oct, 2015 1:42 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Cristina da habitualmente voz a quienes están en riesgo de desahucio en Lanzarote. Este martes, sin embargo, era ella la que tenía que enfrentarse a una entidad bancaria ante un juez. Bankia pretende desahuciarla de la casa en la que vive desde hace 3 años, una vivienda “recuperada” por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que pertenecía a la entidad y en la que Cristina se instaló con su hija, que entonces era menor de edad. Ella ha pedido un alquiler social, pero la entidad, según relata, "se niega" a dárselo e “insiste en la vía judicial”. Considera que ha cometido "usurpación" y, ahora, pide en los Juzgados que sea condenada a pagar una multa de 1.080 euros y las costas del procedimiento; y a abandonar la vivienda.

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“He presentado toda la documentación que me han requerido, en varias ocasiones. El informe de la trabajadora social, el certificado de haber solicitado vivienda social al Gobierno de Canarias, etcétera”, enumera esta miembro de la PAH, que afirma que “no entiende” por qué la entidad “insiste” en desahuciarla en vez de negociar un alquiler social. “Bankia lo que hace es un expediente administrativo e ir por la vía judicial. No te digo que no, pero el no es la vía judicial, insistirle al juez para que te desahucie, ése es el no”.

Este martes ante el juez Cristina Cividane ha presentado "los recibos de pagar la luz, agua, comunidad desde que vivo ahí, desde el minuto cero, que estaba en negociación con Bankia solicitando un alquiler social, en cualquier casa". "No tiene que ser en esta", incide, recalcando que lo único que quiere es el alquiler social, aunque sea "en un rincón remoto" de la isla. La Fiscalía, por su parte, pide para ella una multa de 540 euros y el desahucio. Ahora, el Juzgado emitirá en 15 días su fallo.

Para Cristina, "lo que se juzga es la pobreza". "Eliges entrar en una vivienda abandonada para darle una vivienda a tu hija y eso es considerado un delito, pero parece que no es considerado un delito que vivas en la calle con tu hijo; que le proporciones un techo sí, un techo que le proporciono como última opción porque las administraciones no han dado respuesta", lamenta.

Cristina Cividane denuncia que su caso con Bankia no es “particular”, sino que se trata del “modus operandi” de la entidad “en toda España”. “Prefieren las casas vacías a negociar y dar un alquiler social”, critica. Así, este martes por la mañana ha acudido al Juzgado número 2 de Arrecife acompañada por sus compañeros de la PAH para tratar de defender ante el juez su deseo de permanecer en la casa. Allí quería demostrar que ha "recorrido todas las administraciones buscando ayuda", que lleva "5 años esperando" una vivienda social del Gobierno de Canarias" y que "Bankia tenía una deuda con la comunidad y yo no he sido una carga para la comunidad, el estado de la vivienda cuando entré, las mejoras que he hecho". "No sé qué decisión va a tomar el juez”, explica.

Según relata Cristina, su vivienda llevaba “dos años abandonada” y estaba “en muy malas condiciones” cuando la PAH la ‘recuperó’ para ella y su hija, que a día de hoy es ya mayor de edad y está en la universidad. “Cuando entré en esa vivienda, toda la comunidad estaba de acuerdo porque el estado de la vivienda devaluaba sus propiedades. Por ejemplo, debajo de donde yo vivo no se podía alquilar por los cadáveres que había. Había gatas que parían y se morían los gatos arriba, tuve que retirar muchos cadáveres. El olor hacía que La Caixa, que es el propietario de abajo, no pudiera alquilar”, relata.

Además, señala que la entidad tenía deudas con la comunidad y “nunca mostró interés por la vivienda ni por atender a los vecinos”, que “interpelaron” a Bankia en varias ocasiones para que pagase los recibos que debía. Desde que se instaló en la casa, Cristina recalca que se ha hecho cargo de los pagos a la comunidad y de las facturas y ha hecho “mejoras” en la vivienda.

“Es una vivienda en un lugar muy, muy humilde. El estado de la vivienda, aunque yo he ido arreglando lo que he podido, es muy precario, muy precario. No comprendo qué interés puede tener en una vivienda en esta situación”, se pregunta.

Cristina incide especialmente en que antes de entrar en la vivienda de Bankia recorrió “todas las administraciones pidiendo ayuda”. “Tú antes de entrar en la Obra Social PAH intentas que la administración te dé una solución, agotas todas las vías, por supuesto. Pero una vez agotadas y ver que o dejo a mi hija en la calle o le doy un techo, obviamente vas a elegir darle un techo”, se explica.

Sin embargo, para Cristina, Bankia “prefiere las casas vacías y la gente en la calle”. “Bankia es la entidad rescatada por todos los españoles. Los creadores de la crisis, las tarjetas black, las preferentes y lo que todos sabemos”, recuerda. “Rescatamos a la entidad con 22.000 millones de los que sólo ha devuelto el 4%, tiene una deuda con todos los españoles que estamos pagando en recortes en sanidad y educación y se niega a dar alquileres sociales y prefiere que las casas se destruyan”, sentencia.


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NotaPublicado: Mié 20 Abr, 2016 4:11 pm 
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Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevaron a cabo una cacerolada este lunes por la tarde ante la sede del PP en Arrecife. Pertrechados con pancartas y valiéndose de cacerolas, ollas y cucharones, hicieron sonar los utensilios cocina y leyeron un manifiesto dentro de esta protesta que la PAH había convocado a nivel estatal. El objetivo era mostrar el rechazo de la Plataforma porque “el Partido Popular de Mariano Rajoy quiere tumbar la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y cortes de suministros”, aprobada por el Parlamento de Cataluña, “llevándola al Tribunal Constitucional antes de que finalice abril”. Así, agrupaciones de la PAH en toda España, y también en Lanzarote, quisieron “exigir” con su protesta a los ‘populares’ que “detengan la suspensión” de esta norma autonómica.

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A juicio de la PAH, se trata del “último favor” del gobierno en funciones “a la banca y suministradoras”. “Este gobierno en (de)funciones quiere hacer un golpe de estado a los derechos humanos y fundamentales”, afirmaban en el comunicado remitido a los medios. “Y lo hace sin ningún tipo de remordimiento ni empatía, condenando a cientos de miles de familias a vivir en la calle y sufrir sed, frío y oscuridad. Es un golpe de estado en toda regla, una declaración de guerra a toda la ciudadanía”.

La plataforma considera que la ley, que recuerda que se aprobó “por unanimidad” en el Parlamento de Cataluña, es “la más garantista en materia de derecho a la vivienda y protección de la pobreza energética en todo el Estado español”. La PAH subraya que en España “se han ejecutado más de 448.624 desahucios desde 2008, de los cuales 68.274 han sido en Cataluña”.

“No se puede permitir este atropello”, defienden, a la vez que añaden que “el PP quiere tumbar esta ley como lo ha hecho con otras legislaciones autonómicas como en Andalucía, Navarra y País Vasco”. La Plataforma considera que el partido “lo hace porque es una ley que da soluciones reales a la emergencia habitacional, poniendo limitaciones a los abusos sistemáticos de la mafia financiera y el oligopolio energético”.

“Esta ley ha dado respuesta a la situación de emergencia habitacional que estábamos sufriendo, garantizando el artículo 47 de la Constitución Española y el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos fundamentales: todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna.

Es inadmisible que el PP pise los derechos fundamentales una vez más sin ningún miramiento, mientras estamos hartas de ver cada semana casos de corrupción, mentiras, recortes en educación y sanidad, reducción de los derechos laborales y ataques directos a la democracia”, lamentan.

“¡Hay vidas en juego!”, exclama la Plataforma, que argumenta que si se suspendiera esa ley “no sólo se condenaría a la exclusión social a miles de familias que a día de hoy pierden su casa y no tienen ninguna oportunidad de salir adelante, sino a toda la población que continúa sufriendo la estafa, mal llamada crisis”.

La PAH enumera que esta ley autonómica “garantiza el realojo a las familias con desahucio, obliga a los bancos a ofrecer un alquiler social a las familias, fuerza a las eléctricas a que asuman parte del coste energético de las familias y evita el corte de suministros básicos, dota a los ayuntamientos de mecanismos para hacer uso de los pisos vacíos de la banca y obliga al aumento del parque público de vivienda”.

Por estos motivos, afirma que es “importante defenderla” y pidió la adhesión a su campaña, “para decirle al PP que la ley es útil y eficaz”. Con su protesta, la PAH quería “exigir” a los ‘populares’ que detengan su suspensión en el Tribunal Constitucional.

“El 15M salimos a las plazas a defender nuestros derechos, para echar a corruptos y banqueros ¡Estamos aquí para defender la conquista de nuestros derechos! ¡No permitiremos un golpe de estado orquestado por el PP, la banca y las eléctricas!¡La Ley 24/2015 no se toca!”, reivindicaron.


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NotaPublicado: Vie 07 Oct, 2016 4:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Una quincena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Lanzarote se concentró este jueves frente a los Juzgados de Arrecife. Con esta iniciativa, el colectivo defendía el “derecho a una vivienda digna” y mostraba a su vez su “apoyo” a sus compañeros en Madrid, que este jueves, viernes y sábado celebran, ante el Tribunal Supremo, unas jornadas con las que pretenden “rendir homenaje a las víctimas de la crisis” y reivindicar una serie de cambios en materia de vivienda a nivel nacional.

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Portando carteles de “Stop Desahucios” y “Sin justicia no hay derechos”, con su concentración las miembros de la PAH de Lanzarote se han adherido a esas reivindicaciones que hace el colectivo ante el Tribunal Supremo. Entre ellas, destacan la “paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna”, la “aplicación efectiva” de la normativa que obliga a eliminar las “cláusulas abusivas” de los contratos y la “absolución” de todos los detenidos o multados durante movilizaciones en contra de los desahucios.

A través de un comunicado, la Plataforma explica el contexto del que parten sus reivindicaciones, y del que responsabiliza también a los poderes públicos, a los que acusa de tener una “conducta antisocial”. El colectivo critica que desde que “colapsó” la burbuja inmobiliaria al inicio de la crisis en 2008, “por medio de la fuerza, se ha expulsado de su hogar a ciudadanos de a pie, familias completas, sin importar la edad, la presencia de niños y niñas, mayores y dependientes”. “Se han generado deudas perpetuas y condenado a la ‘muerte civil’ a personas cuyo único afán había sido contar con un techo digno y trabajar para pagarlo. En los últimos ocho años se cuentan más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, con el resultado de al menos 200.000 expulsiones de la vivienda habitual”, lamentan.

En este contexto, el colectivo, en el que señala que muchos ciudadanos han encontrado un “punto de apoyo” en un “panorama de sufrimiento y dolor que llega a costar vidas humanas”, hace una serie de reivindicaciones a la justicia. Reclama, además de la “paralización inmediata de todos los desalojos sin alternativa de vivienda digna”, la “aplicación efectiva de la normativa europea (TJUE) que obliga a eliminar todas las cláusulas abusivas de los contratos, compensando a los afectados por los daños producidos”. “En consecuencia, deben anularse todos los procedimientos ya terminados en los que no ha existido derecho a la defensa y cancelar las deudas generadas en esos procesos ilegales”, defienden.

Asimismo, piden que “se investiguen y juzguen las actividades presuntamente delictivas de las entidades financieras que promovieron la burbuja y se beneficiaron de la crisis, y se depuren judicialmente las responsabilidades políticas” y que se promueva la “despenalización de la ocupación de viviendas vacías por necesidad” y la “tipificación del delito de usura”.

Como quinto punto, solicitan que se investigue la venta de viviendas sociales a los denominados fondos buitre y “proteger a las víctimas de sus desahucios y adoptar medidas de reparación al daño causado”. Por último, exigen la “absolución de todos los detenidos y multados por participar en las movilizaciones contra los desahucios, pues no han hecho sino cumplir con su deber de defensa de los Derechos Humanos”.

“En España las entidades financieras y los especuladores crearon durante años las condiciones para la generación de una burbuja inmobiliaria por la que una mayoría de la población se endeudó por décadas para acceder a una vivienda. En 2008, el sistema económico asociado a esta burbuja colapsó, y su resultado directo fue el desempleo masivo y la degradación de las condiciones de vida de la población. Desde entonces, las entidades financieras han ejecutado cientos de miles de procedimientos judiciales, de dudosa legalidad, contra las víctimas de la burbuja”, señala la Plataforma en su comunicado.

“En este contexto de crisis humanitaria, los poderes públicos acudieron al rescate de los especuladores, especialmente las cajas de ahorro, aportando más de 53.000 millones de euros de fondos públicos. Al mismo tiempo, acometieron recortes sociales, bajaron los salarios, congelaron las pensiones, perdonaron la evasión fiscal, bloquearon el procesamiento de los responsables de la burbuja y se negaron a aprobar una iniciativa popular que recogió un millón y medio de firmas por la paralización de los desahucios”, recuerdan.

Para la PAH, la conducta “antisocial” de los poderes públicos ha llegado al punto de “boicotear” las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condenaban a España, “por mantener vivo un procedimiento de ejecuciones y desahucios inhumano”. Aluden en este sentido a la sentencia del caso Aziz, de 14 de marzo de 2013, que “declaró que los procedimientos para cobrar deudas hipotecarias vulneraban derechos fundamentales, impedían la defensa, y permitían el abuso bancario masivo”.

“Aun así, las autoridades responsables de frenar esta injusticia han hecho todo lo posible por proteger los intereses del poder financiero. En particular, el Tribunal Supremo mantiene a día de hoy que "las ejecuciones hipotecarias no se pueden suspender porque no son tan perjudiciales para los deudores" (Sentencia de 23 de diciembre de 2015), o que "las cláusulas suelo son abusivas, pero que devolver todo el dinero a los afectados sería peligroso para el sistema financiero" (Sentencia de 9 de mayo de 2013)”, reprocha el colectivo.

Así, la PAH afirma en ese comunicado que “la lista de actos de violación de Derechos Fundamentales por parte de los poderes financieros y sus cómplices en el poder político incluye la estafa de las preferentes, la venta a fondos buitre de viviendas sociales, la convivencia pacífica con decenas de desahucios diarios, las puertas giratorias, la Ley Mordaza, las tasas judiciales, la criminalización de familias sin recursos que recuperan viviendas de bancos para dormir bajo techo, la reforma del artículo 135 de la Constitución, las tarjetas Black y la corrupción crónica”.

“Sin embargo, la letra y el sentido de muchas leyes sigue apelando a una idea de justicia que defienda al débil, castigue al culpable y, –tal y como establece el Preámbulo de la Constitución, garantice la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo en el que se proteja el ejercicio de los derechos humanos", recuerda la Plataforma. Señala, además, que “por encima de ello, contamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de cumplimiento obligatorio, que reconoce el derecho a una vivienda y a unas condiciones de vida dignas”.


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NotaPublicado: Mar 19 Sep, 2017 8:10 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife ha condenado al Banco Santander a devolver a un cliente de Lanzarote los gastos de formalización de la hipoteca siendo la "primera sentencia" que se dicta la isla en este sentido, según ha confirmado a La Voz el abogado David Monte, de M.L.D. Abogados, que llevó la demanda.

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En concreto, el Banco Santander deberá reintegrar a un vecino de la isla los gastos de notaría, los del Registro de la Propiedad y los de gestoría, que ascienden a 1.190 euros, por considerar que la cláusula de todos estos gastos "es abusiva". De esta forma, los Juzgados de Arrecife han comenzado a aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 que obliga a los bancos a pagar los gastos de la hipoteca.

"Tanto la formalización de la escritura pública ante notario como la inscripción de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad se efectúan en el exclusivo interés del banco prestamista. Es éste quien debe correr con dichos gastos, por lo que habrá de proceder a reintegrar al prestamista los que éste haya acreditado haber abonado en la aplicación de la cláusula declarada nula", señala el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife en su sentencia.

Sin embargo, en cuanto a la liquidación por actos jurídicos documentados por importe de 1.778 euros que el cliente también reclamó, el Juzgado sentencia que "no cabe su restitución" al considerar en este caso que corresponden al consumidor. "Esto es lo que queda por batallar, que será la Audiencia la que lo discuta", ha señalado su abogado.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com