FORO SOBRE LANZAROTE

Según diariodelanzarote.com:

El Ministerio Fiscal, en unas diligencias terminadas en mayo de 2007, apreció la posibilidad de que se estuvieran cometiendo delitos continuados de estafa y falsedad en documento público, pero también de la posible comisión de cohecho o tráfico de influencias.

Los hechos se remontan al año 2002 aunque las diligencias de la Fiscalía se incoaron el 4 de septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la ex alcaldesa María Isabel Déniz (CC) sobre irregularidades en la gestión del catastro.

La denuncia se basa en un informe encargado por la propia regidora a Cristina Fernández, responsable del departamento de rentas. A su vez el informe lo impulsó la denuncia pública del club de fútbol Altavista, ya que le disputaban la propiedad de un solar que le pertenecía.

De manera resumida, y según el escrito de la Fiscalía, los hechos son los siguientes: se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro (otorgando referencias catastrales ficticias) como en el Registro de la Propiedad, posteriormente hacer segregaciones ilegales, aplicar linderos que no coinciden con la realidad, solicitar la licencia municipal correspondiente y venderlas a un tercero.

Todo esto, con la colaboración necesaria de funcionarios del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que los compradores y los vendedores de los terrenos son siempre los mismos.

Las fincas afectadas están en el barrio de Maneje, en la zona llamada Cercado Viejo. Se trata de terrenos sin construir que aparecen con propietario “desconocido” en la base del catastro, “lo que no quiere decir que no tengan dueño”, resalta la Fiscalía.

Además de los cambios de titularidad, se hacen múltiples segregaciones pero la finca matriz continúa siempre con las mismas dimensiones. Esas peticiones de segregación se solicitan siempre “a la misma persona del Ayuntamiento”, según el informe municipal, y están escritas a mano y sin firmar.

Esas segregaciones serían la base para realizar las operaciones urbanísticas. Las compraventas no sólo se hacen entre las mismas personas o sociedades sino que tanto las licencias de segregación como la constitución de esas sociedades se realizan en la notaría de Carmen Martínez Socias, de la que la Fiscalía señala que tiene una actitud “poco o nada rigurosa”.

En el escrito se analizan cuatro casos particulares, que han llegado a los tribunales reclamando su propiedad. Algunos han terminado y otros llegaron a un acuerdo extrajudicial. Se han detectado hasta 53 movimientos de fincas y la Fiscalía señala que estos casos “no son más que una mínima parte de todos los que han ocurrido o pueden estar todavía ocurriendo”.

La parte vendedora siempre es la misma: Mercedes Cabrera Medina o herederos de Cabrera Sastre, mientras que la compradora siempre es Lucía Medina Tavío, que es quien solicita las segregaciones, o bien una constructora (Piconca, Volcán de la Lapa, Mayreb u otras). Entre los administradores de algunas de estas empresas están Segundo Martín Cibantos, Raquel Inmaculada Martín Rebolo o Teresa Tavío Robayna, madre de Lucía Medina.

El fiscal pide la imputación, al menos, de Lucía Medina y Mercedes Cabrera y señala que, dentro del Ayuntamiento, “los datos apuntan a la participación primordial de Dulce Carmona, el señor Morera, Martín Robayna, Jesús Morales y Miguel Bethencourt”, pero apuna que también existen indicios contra otros funcionarios “por cuanto los hechos investigados se conocen de largo y se consintió durante largo tiempo".

Se cita también en el escrito a la ex concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, expulsada del PSOE, que participó en una reunión entre afectados. Asimismo, se pide que se esclarezca la participación de la notario Carmen Martínez Socias, “cuya actuación resulta poco o nada rigurosa y habrá de aclararse al menos si pudiera haber incurrido en responsabilidad civil o disciplinaria, si no penal, por cuanto resulta coincidente que todo movimiento que lleva a cabo Lucía Medina es a través de ella [de Martínez Socias]".

La Fiscalía de Arrecife tomó declaración a la firmante del informe-denuncia, Cristina Fernández, sobrina del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Además solicitó información de las fincas y de las empresas implicadas, pidió datos al Ayuntamiento y a la Gerencia territorial del Catastro, que no aportó apenas nada y tomó declaración a cuatro de los perjudicados.

Según diariodelanzarote.com:

Se basa el Ministerio fiscal en la poca colaboración prestada por el Ayuntamiento para su investigación a pesar de ser el impulsor de la denuncia y de que es el propio informe municipal el que concluye que los hechos se cometen con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de sus propios funcionarios públicos.

Es más, el Ayuntamiento ni siquiera le señala al instructor la identidad de la persona que firmaba las licencias y la de quien estaba encargada de los cambios en el catastro en el año 2002. “A pesar de los reiterados intentos por este instructor de que el Ayuntamiento le dijera la identidad de dichas personas no se le ha querido contestar, sabiéndose su identidad”, se afirma.

El Ayuntamiento, a través de su secretaria accidental, contestó en 2007 respecto a la identidad de los funcionarios que tenían acceso a la base de datos del catastro que “no se puede informar toda vez que el encargado del catastro Martín Robayna Rodríguez (...) se encuentra en situación de excedencia voluntaria desde el 21 de septiembre de 2006” .

Respecto a esto, dice el fiscal que si el funcionario está en excedencia “sigue habiendo todavía funcionarios que deben conocerlos, sin ir más lejos, en el departamento de rentas o la propia alcaldesa [en referencia a María Isabel Déniz]”. La excedencia, por otra parte, coincide con la fecha de la denuncia del Ayuntamiento.

En el Ayuntamiento se hacía una “tramitación administrativa especialmente rápida en la Oficina técnica y en el catastro a través de la ayuda de funcionarios encargados de la gestión de dicha materia”, según el fiscal. En ocasiones la tramitación es tan diligente que “se olvidan de cobrar las tasas”.

Las investigaciones de la Fiscalía hablan de una trama con cooperación de funcionarios municipales dedicada a registrar fincas (que ya tienen dueño) a su nombre y modificar los linderos para comerciar con ellas. Se habla de hasta 53 movimientos de fincas y la posible implicación de funcionarios municipales, una notario, algún cargo público y otras personas.

Según diariodelanzarote.com:

La conclusión del informe municipal encargado por al ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz y redactado por la encargada del departamento de rentas Cristina Fernández es que las presuntas operaciones fraudulentas del catastro se cometían con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de algunos funcionarios públicos.

Así se destaca en las diligencias abiertas por la Fiscalía. El informe municipal se basa para hacer esa afirmación en que los datos aportados sólo los podían conocer personas que trabajan con esa materia dentro del Ayuntamiento.

La propia redactora del informe, sobrina del ex secretario del consistorio, Felipe Fernández Camero y cuñada del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, en su declaración en la Fiscalía , señala su sospecha de que la trama es interna y se basa en cuatro cuestiones.

En primer lugar, señala que los cambios han de hacerlos una o varias personas concretas con acceso al sistema informático catastral, además de asegurar que en las operaciones urbanísticas se manejan los datos obrantes en el departamento y que esos datos no son de acceso al público en general.

Finalmente, destaca que en los informes emitidos (tanto a mano como impresos) para la concesión posterior de las licencias de segregación “se consignan los datos necesarios para que coincidan con la posterior escritura, la descripción de la finca con los linderos y las cabidas ya irreales, dándole una referencia catastral falsa y realizando después de la escritura el cambio de la titularidad en el catastro cuando antes no tenía titular conocido”.

Fernández, en su declaración, señala que esas peticiones las hacía siempre Lucía Medina “a la misma persona del Ayuntamiento”, aunque no facilita ni su nombre ni su cargo. Posteriormente cuando el fiscal instructor solicita al Ayuntamiento la identidad de quien redacta esos informes sin firmar y que “constituyen la piedra angular de la cuestión”, según sus propias palabras, no se le llega a desvelar.

Una de las afectadas por esta trama, sin embargo, en su declaración ante el fiscal, señala que la redactora del informe le informa de que la funcionaria municipal Dulce Carmona (hermana del encargado del catastro Francisco Carmona, imputado en el caso La Bufona ) era amiga íntima de Lucía Medina y que le proporcionaba la información “tratando siempre con ella de forma directa”. Esa misma testigo señala que “un tal señor Morera” “estaba al tanto de las operaciones” según la información oficial que dice que le transmitió la redactora del informe.

Tampoco contesta el Ayuntamiento a la petición del fiscal de que se le facilite quiénes eran los funcionarios que tenían acceso a la base de datos del catastro y que efectuaban las grabaciones de los cambios de titularidad desde el año 2002. El fiscal saca la conclusión de que se trata de Martín Robayna el encargado de los cambios de titularidad ya que era el encargado del catastro en el periodo en que se producen. Lo que sí contesta el Ayuntamiento es la identidad de los técnicos que firmaban las licencias de segregación, que serían Jesús Morales y Miguel Bethencourt.

Es decir, se ‘fabricarían ‘, según las investigaciones, las escrituras falsas desde el propio Ayuntamiento aportando una referencia del catastro ficticia. Con la falsificación hecha, se acudiría al Registro de la propiedad. En el informe se reconoce que se hace esto al menos con tres fincas y que en una de ellas se ha llegado a vender hasta veinte veces la superficie original.

El ‘modus operandi' que se deduce de las investigaciones del fiscal y del informe municipal sería el siguiente. Siempre, de manera presunta, Lucía Medina solicitaba información sobre certificaciones catatrsles y licencias de segregación de determinadas fincas. Ese sería el primer paso.

Después se realizaba el informe ‘falso', que no se firmaba y que en ocasiones se escribía a mano y que resulta clave para obtener el resto de informes ya que incorporaba la información que no se corresponde con la realidad. Se cambia la titularidad en el catastro, que pasa de ‘desconocido' aunque en algunas ocasiones sí se conoce el propietario, a, generalmente, Mercedes Cabrera Sastre. Se hace a través de solicitudes en el modelo 901.

Según el padrón del IBI de 2006 hay 53 movimientos de fincas que pasan de titular “desconocido” a “Cabrera Sastre y herederos” y posteriormente a Lucía Medina o a las empresas Segundo Martín o Piconca en la que administradora es la mujer del anterior. La primera de las empresas se registró en Granada como sociedad anónima en1982 y pasó posteriormente su residencia a Arrecife en 1998 como sociedad limitada.

Otras empresas que compran estos solares a través de Cabrera Sastre son Mayreb, Perguin Ingeniería, Volcán de la lapa o Emprendimientos insulares ABC. Todas ellas realizan todas las escrituras de constitución o cambio de domicilio, así como las escrituras de segregación y venta de las fincas en la notaría de Carmen Martínez Socías.

Respecto al comportamiento de la notario, señala el fiscal que su actuación resulta poco o nada rigurosa ya que “las escrituras no describen las fincas segregadas como deberían e incluso no se mengua la cabida”.

En un solo día, el 20 de mayo de 2002, se segregan cuatro fincas, de un total de unos 800 metros , de una finca matriz de más de 5.000 metros cuadrados y ésta no disminuye de tamaño ni se justifica “tal cabida resultante con unos linderos claros y sin haber comprobado la regularidad del procedimiento administrativo previo, por cuanto es en esas mismas (fincas) en las que se incorpora la referencia catastral inventada”, según señala la Fiscalía.

Por otra parte, la ex alcaldesa María Isabel Déniz, aseguró al periódico Canarias 7 que se apartó a los cinco funcionarios nombrados en el informe del fiscal del catastro y se les destinó a otras áreas. Déniz, que fue quien solicitó el informe y lo mandó a la Fiscalía , también ha señalado a cronicasdelanzarote.com que espera que “que la trama esté más bien fuera del Ayuntamiento de Arrecife, en las personas que querían aprovecharse de que ciertas fincas no estaban catastradas”.

La ex alcaldesa señala que “los funcionarios del Ayuntamiento actuaron con total honradez, ya que una vez falsificados ciertos documentos entiendo que para los técnicos también debía ser muy complicado detectar ciertas cosas”.

Según diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife ha prescrito deudas tributarias correspondientes al periodo comprendido entre los años 1996 y 2001, por valor de 345.000 euros. El Consistorio no hizo nada en cuatro años por cobrar estas deudas, de ahí que hayan prescrito legalmente.

En el Pleno ordinario del Ayuntamiento, celebrado este martes, salió a relucir el listado de deudas por diversos conceptos, como sanciones de tráfico, impuesto sobre actividades económicas, sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, sobre vehículos de tracción mecánica o tasas de basura comercial, industrial y en domicilios.

En total, 345.056 euros que el Consistorio capitalino debería haber ingresado en sus arcas. Sin embargo, al haber transcurrido "más de cuatro años desde la última actuación por parte del Ayuntamiento tendente al cobro de las mismas", la alcaldesa firmó un decreto el pasado 23 de septiembre en el que determina la prescripción de oficio en aplicación de la ley general tributaria.

El concejal de Alternativa Ciudadana, Andrés Barreto, criticó la prescripción de los 345.000 euros y mostró el interés de la formación política por conocer "quiénes son los privilegiados que no pagan sus deudas" con el Ayuntamiento.



Según diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife ha decretado en lo que va de año la prescripción de más de 1,3 millones de euros de deudas tributarias correspondientes al período comprendido entre 1996 y 2001. Este montante económico se refiere a tributos como el impuesto sobre bienes inmuebles, la tasa por la recogida de basura o el impuesto sobre actividades económicas.

La gestión de la recaudación de impuestos ha sido ineficaz durante años en el Consistorio capitalino a tenor de las elevadas cantidades económicas que ha dejado de percibir la institución. En los meses que llevamos de 2006, la alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, ha tenido que prescribir deudas tributarias que ascienden al menos a 1.357.000 euros al haber transcurrido "más de cuatro años desde la última actuación por parte del Ayuntamiento tendente al cobro de las mismas".

Estas cantidades que las arcas del Ayuntamiento nunca han llegado a ingresar se refieren a sanciones de tráfico, tasas como la de la basura o impuestos como el de actividades económicas, bienes inmuebles o vehículos de tracción mecánica correspondientes al lustro que va de 1996 a 2001.

El concejal de Hacienda, Manuel Pérez Gopar, ha asegurado que estos resultados se produjeron en una etapa en la que la gestión de los tributos municipales se hacía de manera indirecta, a través de la empresa Recaudaciones Camerales, mientras que en la presente legislatura se está llevando a cabo por personal propio del Ayuntamiento.

En su momento, Alternativa Ciudadana criticó esta cuantiosa pérdida de ingresos para el Ayuntamiento de Arrecife y mostró su interés por conocer quiénes eran "los privilegiados" que no pagaban "sus deudas" con el Consistorio. Los concejales de la formación han podido acceder a la información, aunque con la advertencia de la alcaldesa de no revelarla. El portavoz de AC, Andrés Barreto, ha manifestado que "ilustres" vecinos de Arrecife se encuentran en el listado.

Pérez Gopar indicó que cuando se hizo cargo de la Concejalía de Hacienda se encontró con "18 millones de euros pendientes de cobro" (el presupuesto del Ayuntamiento es de unos 43 millones), de los cuales unos "13 ó 14 eran reales".

La diferencia la achaca a los padrones municipales de tributos, que estaban "muy mal" elaborados y que desde entonces se han tenido que actualizar, según explicó.

El edil pone como ejemplo que una misma persona podía aparecer dos o tres veces en el padrón, y otros ni siquiera aparecer, pues asegura Pérez Gopar que los padrones han aumentado en su etapa al frente del área. Su antecesora en el cargo, en la pasada legislatura, fue la socialista Nuria Cabrera, ahora en Urbanismo.

Manuel Pérez Gopar confirmó que sólo en apenas un año, entre 2003 y 2004, prescribieron hasta seis millones de euros de tributos que no se cobraron.

El Ayuntamiento ha prescrito en los primeros cinco meses del año al menos 1,3 millones de euros y, según Pérez Gopar, podría quedar "otro millón más por caducar".

Según La Voz de Lanzarote:

La juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones seguidas contra cinco funcionarios de Arrecife, dentro de la causa abierta hace ya más de seis años por una presunta estafa en el Catastro de Arrecife. El procedimiento, que entra ahora en la recta final, continuará así con sólo dos personas imputadas: Lucía Medina Tavío y María Teresa Tavío Robaina.



En su auto, la juez señala que ambas podrían ser responsables de presuntos delitos de estafa y de falsificación de documentos públicos, al haberse apropiado de terrenos que no eran suyos, cambiando la titularidad en el Registro. Sin embargo, archiva la causa contra los técnicos municipales, porque entiende que “no aparece justificada la comisión de infracción penal alguna”.

Los hechos ocurrieron entre los años 2004 y 2005, y afectan a decenas de fincas sin urbanizar, situadas en la zona conocida como “Cercado Viejo” de Arrecife. Según la juez, “existen indicios racionales suficientes que permiten concluir provisionalmente” que las imputadas, “con ánimo de obtener un ilícito beneficio”, aprovecharon que esas fincas “aparecían en el catastro como de titular desconocido” y, “a sabiendas de la existencia de titulares legítimos de dichos terrenos, procedieron a cambiar la titularidad catastral de dichas fincas a su favor o a favor de otras personas”.

Para ello, “simulaban segregaciones” de una misma finca matriz y presentaban una solicitud de cambio de titularidad catastral, “en la que siempre aparecía el mismo transmitente y el mismo adquirente”. En cuanto a la supuesta finca matriz que segregaban, en cada operación le daban una descripción distinta, adaptando los linderos a los de la finca de la que supuestamente se iban a apropiar.

El tema salió a la luz pública de la mano del Club de fútbol Altavista, que fue víctima de esta supuesta trama y estuvo a punto de perder dos fincas de su propiedad. Tiempo después de que lo denunciara en los medios de comunicación, la entonces alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, acudió a los tribunales. En su denuncia, presentada en 2006, aportó un informe municipal elaborado por la encargada del departamento de Rentas, Cristina Fernández (sobrina de Felipe Fernández Camero), en el que se aseguraba que las presuntas operaciones fraudulentas del catastro se cometían con el consentimiento, asesoramiento y colaboración de algunos funcionarios públicos.

A raíz de ese informe, en la causa fueron imputados Dulce Carmona, Jesús Morales, Martín Robayna, Miguel Bethencourt y Sergio Morera, todos ellos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, que ahora han querido hacer público este auto en el que se archivan las actuaciones contra ellos.

En un escrito conjunto, estos técnicos afirman que el informe presentando en su día por María Isabel Déniz “no se ajustaba a la verdad”. “Parecía que desde el Ayuntamiento se realizaba por parte de los firmantes labores de cambio de titularidad de propietarios de solares en el padrón municipal”, cuando esa “labor está reservada exclusivamente a la Gerencia de Castrado”, sostienen. “La única función que se realizaba desde el Ayuntamiento era labor de ayuda administrativa: recibir documentación de los interesados y remitirla a la Gerencia en Las Palmas, para que en los casos que se consideraban desde esa Administración resolviera si procedía, como así se expuso y verificó ante el Juzgado en el procedimiento abierto”.

Además, cuestionan que en el informe y la denuncia de María Isabel Déniz se “mecionaba sólo a parte del personal municipal que trabajaba en la Oficina Técnica y Catastro de ese momento, dejando fuera nombres de compañeros que trabajaban directamente en dicha área, a quienes no mencionaba en la denuncia por razones personales”, aseguran, agregando que ese dato es “fácilmente corroborable”.

Cabe recordar que en su momento, la propia Fiscalía cuestionó la falta de “colaboración” del Ayuntamiento con la investigación, al no identificar a todas las personas que tenían responsabilidad en este tema en el Consistorio. Incluso, el fiscal llegó a apuntar en uno de sus escritos que la denuncia de la entonces alcaldesa “parecía deberse más bien a criterios de oportunidad política o de otra naturaleza que al interés por ponerle fin”.

Ahora, más de seis años y medio después de presentarse esta denuncia, la causa entra ya en la recta final, aunque sólo con dos imputadas. Además de archivar las actuaciones contra los técnicos, la juez también ha decidido dejar fuera de la causa a la otra particular implicada.

En el auto, fechado el pasado 20 de diciembre, la juez dio diez días al Ministerio Fiscal para presentar el escrito definitivo de acusación contra las personas que continúan imputadas, y a que solicite la apertura del juicio oral.