FORO SOBRE LANZAROTE

Fuente diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife inició en septiembre del año 2006 un expediente sancionador contra la empresa Juan Antonio Rivera SL., concesionario oficial de Iveco, por la ocupación de parte de una calle, Claudio Toledo Cabrera, entre las calles Polca y Palacio Valdés, en Argana Alta, y aún no ha recuperado ese tramo para el dominio público a pesar de las reiteradas denuncias de los vecinos.



La empresa compró los terrenos para instalar un taller de reparación de automóviles, que se inauguró precisamente en septiembre de 2006, y cerró la calle con un muro y una cadena, impidiendo el paso. La Oficina Técnica municipal reconocía por entonces que la obra no se ajustaba a la licencia concedida, pero siete años después las cosas siguen igual.

Además de la ocupación de la calle, el Ayuntamiento reconocía que se había invadido con un muro parte de la acera. En 2007 también reconoce que el proyecto visado no se ajusta a la normativa urbanística ni a las ordenanzas municipales.

Es más, el taller que comenzó su actividad en 2006 y a cuya inauguración acudieron tanto la entonces alcaldesa María Isabel Déniz como la entonces presidenta del Cabildo, Inés Rojas, no pudo conseguir la licencia de actividades clasificadas ya que el informe técnico era desfavorable y no existía informe del Servicio Canario de Salud que debía hacerse por si la actividad era molesta para los vecinos, ya que se encuentra en medio de una zona residencial.

El Cabido de Lanzarote informó negativamente sobre la posibilidad de conseguir la licencia considerando que se archivaba el expediente y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que debía conceder el permiso, dejó el asunto sobre la mesa, aunque el taller no ha dejado de estar abierto en todo este tiempo.

La empresa solicitó y consiguió en 2005 licencia de obra menor para vallado del solar, pero no para ocupar la calle. Después de que el taller entrara en funcionamiento, los vecinos denunciaron la situación en varias ocasiones ante el Ayuntamiento pidiendo el permiso que permitía a la empresa cerrar la calle, pero no se les contestó, y las quejas llegaron al Diputado del Común. También acudieron a Fiscalía, que consideró que no había infracción penal.

El concejal de Infracciones, José Montelongo, señala que “está caminando” un nuevo expediente sancionador y asegura que “el Ayuntamiento actuará si hay alguna infracción urbanística o de actividades clasificadas”. “Si lo hemos hecho con nuestras instalaciones, cuanto más con las privadas”.



Esta misma empresa compró en 2006 por 360.000 euros un terreno de 740 metros cuadrados que está junto su taller en el que había construidas seis viviendas. La Iglesia , que había construido las casas hace más de medio siglo gracias a la donación de un particular, vendió las viviendas con varios inquilinos viviendo en ellas (algunos de más de 80 años) que aunque no tenían la propiedad de la casa, llevaban disfrutando de su uso varias décadas.

Los Juzgados han dictado sentencias diferentes ante el recurso de los inquilinos. En unos casos han dado la a razón a Iveco y piden el desalojo de las viviendas (incluso alguna ya se ha derribado) y en otros han dado la razón a los inquilinos, señalando que la empresa tan sólo compró el terreno pero no las viviendas y por lo tanto no puede pedir el desalojo de las mismas.

Fuente diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de Arrecife tomará conocimiento en el próximo pleno de una propuesta de sanción de 15.001 euros y el precinto de instalaciones de la empresa Juan Antonio Rivera-Iveco por desarrollar “una actividad ilegal de taller de mecánica” en el barrio de Argana.



El Consistorio inició el pasado mes de abril un expediente sancionador a la empresa, que sólo tenía autorización para usar como taller uno de los ocho módulos en que se dividen sus instalaciones en la calle Palacio Valdés de Argana.

Sin embargo, según el informe de los técnicos municipales que visitaron las instalaciones, el 28 de abril, existe “la absoluta certeza, sin ningún tipo de duda al respecto, de que se trata de un taller de mecánica en toda regla”, una actividad para la que la empresa carecía de autorización.

Así, en el informe de los técnicos se destaca que el proyecto presentado por la empresa planteaba el uso de las instalaciones como zona de exposición y venta de vehículos, cuando en realidad se usa como taller, tanto el edificio como un solar colindante.

Por ello, en la propuesta de resolución que será elevada al pleno, además de la sanción económica, se estipula el precinto de las instalaciones.

El instructor del expediente –iniciado a raíz de la denuncia de Andrés Medina, ex presidente de la asociación de vecinos de Argana- considera que “no se puede negar la evidencia” de que se estaba desarrollando una actividad no autorizada por el Ayuntamiento y niega que hubiera existido “extralimitación alguna” por su parte.

“Cuando una persona observa en un supuesto concesionario de coches varios de ellos con el capó abierto, medio motor fuera con piezas de todo tipo, grasas, aceites alrededor, en elevadores, etc. no piensa en otra cosa que en que están siendo reparados y que se encuentra ante un taller de mecánica”, señala un funcionario en respuesta a las alegaciones de Iveco.

“En cuanto a la alegación de que vuelvo a emitir un juicio de valor al respecto de los vehículos en estado lamentable que se encontraban en el exterior, me ratifico en que muchos de los vehículos (la mayoría camiones, furgonetas y hasta guaguas) estaban en un muy mal estado, y más parecía un cementerio de vehículos o una chatarrería que un concesionario”, añade el funcionario.

Además, sobre los vehículos estacionados en un solar anexo al taller, advierte de que “se podrían poner los hechos en conocimiento del Seprona de la Guardia Civil para que sean investigados”.

Según La verdad de Lanzarote:

Recordemos que en el Pleno celebrado el pasado 28 de junio, se acordó "sancionar a la empresa JUAN ANTONIO RIVERO SL, por la comisión de una INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA MUY GRAVE... con una MULTA DE 15.001 EUROS, y CON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD POR EL PLAZO DE UN MES", así como el "PRECINTO POR LA POLICÍA LOCAL DE ARRECIFE DE LOS MÓDULOS DONDE REALIZA TALLER SIN AUTORIZACIÓN (1, 2, 3, 4, 6, 7 y ".



Más de 2 meses después, tal y como consta en el Informe Policial 3029/12, "siendo las 12,20 horas (del 5 de septiembre), se procede a informar que la empresa IVECO-JUAN ANTONIO RIVERA SL en ausencia del propietario, Ana Vanesa Acosta Espino... siguiendo instrucciones por el Concejal de Infracciones José Montelongo Espinosa, de la ORDEN DE PRECINTO de los módulos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 de la calle Palacio Valdés nº 3... A todo esto, responde, que siguiendo instrucciones del dueño, en su ausencia NO puede permitir el acceso a la propiedad, por lo que se le informa que se procederá a informar de lo acontecido, así como que no se ha podido llevar a cabo el Precinto ordenado".

Como dato importante, resalta el Informe que "a la llegada de los actuantes, las naves 1, 6 y 7 se encontraban abiertas, pero que a la retirada de éstos sólo estaban la 5 y la 6". Es decir, que ni se ha podido efectuar el precinto de la actividad, ni los módulos ilegales han dejado de realizar su "actividad". Lo cual significó un Expediente sancionador abierto a la empresa Juan Antonio Rivero SA (CIF G35284082), por “la actividad sita en la calle Isa, esquina Palacio Valdés nº 3 en Arrecife, por incumplimiento al artículo 32.9 en la Ley 7/2011, de 5 de abril de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos y otras medidas administrativas complementarias”.

Sin embargo, la empresa presentó un Escrito de Alegaciones en el que señala que “no se puede considerar de ninguna manera que por parte de la empresa, se obstaculizara el acceso para realizar el precinto, ya que el administrador y único representante legal de la sociedad no realizó ningún acto negativo. Tampoco lo hizo la trabajadora que con unas simples manifestaciones no menoscabó o desprestigió la función pública, ya que no fue reiterada, formal o suficiente para quebrantar la autoridad”.

- El Informe "culpa" a la Policía de "inexperiencia"

Según el Informe elaborado por el Instructor Jaime Abdul Martín, “esto parece ser cierto en tanto en cuanto los mismos agentes alegaron ante el instructor y ante el Secretario que NO AVISARON DE LA GRAVEDAD QUE SUPONÍA NO DEJAR HACER EL PRECINTO. Por otra parte, también alegaron que no tuvieron ningún problema con la empleada, que no se encontraba ni Juan Antonio Rivera ni Emilia Espino, que la empleada en ningún momento se presentó como encargada y que ella misma le dijo que según órdenes del dueño no podían entrar en las instalaciones”. Añadiendo que “el expedientado en escrito de fecha 25 de septiembre de 2014 comunica al Ayuntamiento de Arrecife su voluntad de colaboración para que se lleve a cabo el precinto, que efectivamente fue ejecutado el día 03 de octubre de 2014”.

Recordemos que el 16 de septiembre de 2014, el Alcalde de Arrecife, Manolo Fajardo, presentó un Escrito denunciando un supuesto Delito de Desobediencia a la Autoridad por parte de la empresa IVECO.

Propuesta de Resolución de Jaime Abdul

Tras los citados hechos, el Instructor Jaime Abdul presentó la siguiente Propuesta de Resolución: “Archivar el Expediente sancionador INF-AP 6904 que se tramita en el Ayuntamiento de Arrecife a nombre de JUAN ANTONIO RIVERA SL… “. Alegando que “los agentes de la policía tenían que haber avisado con contundencia de lo que podía suponer esta posible desobediencia a la autoridad, cosa que, según ellos mismos, no hicieron. Además, estos agentes aseguran que no tuvieron ningún problema con esta empleada”. Añadiendo que “hay que tener en cuenta también que la empresa, al momento, se puso a disposición del Ayuntamiento de Arrecife para que se le ejecute el precinto, cosa que se hizo sin ningún problema por parte de la Policía Local de Arrecife”.

El 19 de enero de este año, el citado Instructor envió el Escrito a la Secretaria General del Ayuntamiento de Arrecife, solicitando su inclusión en este pasado Pleno del 6 de febrero. Así fue como en su Punto Séptimo rezaba: “Acuerdo que proceda sobre Archivo del Expediente Sancionador INF-AP 6904/14 en materia de Actividades (Empresa Juan Antonio Rivera SL”.

Transcurso del Pleno

Una vez leída la Moción por el Secretario, tomó la palabra el Concejal de Nueva Canarias, Pedro de Armas para “rectificar” un párrafo leído por el funcionario. A continuación intervino Domingo García, edil de Alternativa Ciudadana, que expuso que no estaba “de acuerdo con archivar el expediente” ni con el hecho de “culpar a los agentes municipales por no explicar bien el motivo del precinto de los talleres”. Recordándole al teniente de Alcalde, José Montelongo, que “esta empresa está denunciada en la Fiscalía”; y que el propio Montelongo “tiene una petición de imputación por este asunto por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el Juzgado de Arrecife” tras la denuncia de VECINOS UNIDOS CANARIOS.

Luego tomó la palabra del concejal del PIL, Juan Jesús Docal, preguntando “si la culpa era de los policías municipales por no estar preparados para notificar y llevar a cabo los precintos”; y aconsejando al Concejal de Policía, Jacobo Lemes, que “se hagan cursos preparando a los Agentes responsables de tramitar dichos decretos”.

Fue entonces, sin haber terminado el turno de palabra el portavoz del PIL, cuando José Montelongo, como responsable de la Oficina Técnica, tomó la palabra y dijo: “Ante las dudas planteadas, solicito que esta propuesta quede sobre la mesa para un posterior pleno”. Motivo por el cual se votó la Moción, y por mayoría de todos los concejales asistentes, se dejó este punto sobre la mesa.

- Sanciones "anuladas" y técnicos imputados

La relación entre la empresa IVECO y los diferentes Concejales de Infracciones del ayuntamiento de Arrecife se ha convertido en un "culebrón" prolongado por espacio de 9 LARGOS AÑOS. Pero ha sido la actuación decidida del ex-Presidente de la AAVV Argana Alta, ANDRÉS MEDINA, la que ha destapado muchos de los "trapos sucios" de esta relación:

a) En 2012, la entonces Concejal de Infracciones del consistorio, María Teresa Lorenzo Rodríguez, advirtió con un Expediente Sancionador de 30.000 euros y el Precinto de la actividad... ¡No se llegó a nada!

b) El 2 de abril de 2013, el siguiente Concejal de Infracciones, José Montelongo, advirtió con un Expediente Sancionador de 30.000 euros y la Clausura de la Actividad... ¡Tampoco se llegó a nada!

c) Su sucesor, Pedro Viera Espinosa, el 28 de octubre de 2013 exigió a la empresa que "corrija deficiencias detectadas" o abriría un Expediente Sancionador "de entre 3.001 a 15.000 euros y suspender la actividad 3 meses"... ¡Ni se corrigieron las deficiencias ni se hzo nada!

d) El 16 de mayo de 2014, el Instructor Jaime Abdul hizo una Propuesta de Resolución de 15.001 euros a la empresa... ¡Y así hasta ahora!

Lo único claro es que la Fiscalía, tras la denuncia de VECINOS UNIDOS CANARIOS, pidió la Imputación del teniente de Alcalde de Arrecife, JOSÉ MONTELONGO; así como a los técnicos municipales LIDIA SÁNCHEZ SUÁREZ, DOMINGO QUINTANA LÓPEZ e ISABEL CELIS RAMÍREZ.