FORO SOBRE LANZAROTE

Según lavozdelanzarote.com:

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias aprobó inicialmente el pasado 28 de septiembre el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, que incluye seis convenios urbanísticos, según publicaba el viernes el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Además, ha sometido el expediente de aprobación inicial y el modificado de su informe de sostenibilidad ambiental al trámite de información pública por el plazo de dos meses.

Así, quedarán a información pública seis convenios distintos. Uno de ellos es de Wigberto del Carmen Ramos Lleó, sobre una propuesta de convenio urbanístico para el establecimiento de las condiciones de ordenación urbana en una parcela en Cortijo de Costa Roja, presentada el 19 de julio de 2012.

Otro es el de Ignacio González Alonso, presidente de la Junta Rectora de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca, sobre una propuesta de convenio urbanístico para su incorporación al Plan General, presentada el 7 de mayo. Asimismo, el 21 de mayo, Ignacio Díaz de Aguilar presentó la documentación para su unión a dicha propuesta.

Otro de los convenios que se someterán a información pública es el de Miguel Ángel Vera, que representa a “Unión para la Conservación de la Urbanización San Marcial de Rubicón”, sobre un convenio urbanístico en ese plan parcial. Este mismo trámite tendrá que pasarlo también la propuesta de convenio urbanístico de Rafael González Jaraba, como mandatario de Club Lanzarote S.A., para la ordenación de la superficie incluida en el Centro de Interés Turístico Nacional de Montaña Roja. Posteriormente, Joaquín Cañadas Arroyo presentó documentación para su unión a dicha propuesta.

El quinto convenio que saldrá a exposición pública será el de Juan Francisco Rosa, sobre una parcela de campo de golf en Playa Blanca y una propuesta de convenio en la parcela D del Plan Parcial Costa Papagayo. Además, este mismo trámite lo realizará la propuesta de convenio urbanístico para modificar la ordenación pormenorizada en el entorno de la parcela H1 del Plan Parcial Castillo del Águila, presentada por José Abraham Domínguez.

El expediente se encontrará expuesto en dependencias de la Consejería Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, y en el Ayuntamiento de Yaiza. Además, el documento también deberá someterse al trámite de consulta a las administraciones públicas, así como al trámite de informe que resulte preceptivo de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial.

En el BOP también se recoge que con la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza se suspende el otorgamiento de las licencias en las áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas “nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente”.

Boletín de 12 de Octubre de 2012:
http://www.boplaspalmas.com/boletines/2 ... -10-12.pdf

Según diariodelanzarote.com:

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza, elaborado por el Gobierno de Canarias, vuelve a incorporar al ilegal plan parcial Playa Blanca, anulado por los tribunales a raíz de recursos judiciales del propio Ejecutivo regional, del Cabildo y de la Fundación César Manrique, por haber quedado extinguido desde hace más de una década y haberse desarrollado infringiendo le legalidad.



Los redactores del Plan General se escudan en que a pesar de haber sido declarado ilegal, se han construido y vendido viviendas, lo que provoca, a su entender, una “situación anómala y perjudicial de los adquirentes de viviendas, que se considera que en su mayor parte tienen la condición de terceros de buena fe”.

Algunos de estos compradores acudieron a la Justicia para anular los contratos de compra venta y los Juzgados de Arrecife les han venido dando la razón al entender que los promotores conocían las deficiencias legales de la urbanización, obligándoles a devolver el dinero desembolsado. Una vía que, de consolidarse, pondría en serias dificultades económicas a las inmobiliarias y que obvian en su justificación los redactores del Plan General de Yaiza.

Así, en la nueva ordenación del plan parcial Playa Blanca no sólo amparan las 804 viviendas que ya se han construido sino que recuerdan que en la zona “se estiman un total de 1.474 viviendas para una población aproximada de 3.021 habitantes”. De forma confusa, añaden que “en un supuesto de máxima consolidación faltarían por ejecutar más de 1300 viviendas”.

Además de volver a clasificar como urbanizable los más de 1,1 millones de metros cuadrados del plan parcial Playa Blanca, los redactores del Plan General introducen una parcela hotelera de casi 41.000 metros cuadrados de extensión, con una superficie edificable de casi 25.000 metros cuadrados.

Con el nuevo Plan General lo que se pretende es agrupar en el este las parcelas de uso residencial, hotelero y comercial por estar más desarrollada la urbanización, y concentrar en el oeste las parcelas de uso dotacional. Eso sí, manteniendo en líneas generales el suelo que pasaría a la administración pública, que apenas aumenta 25.000 metros.

De hecho, la superficie a edificar por los promotores privados sería de 165.000 metros cuadrados en la urbanización, la misma que con el plan parcial anulado por los tribunales. Al agruparse las parcelas privadas, se necesitarán unos 60.000 metros cuadrados menos de viales.

Esto, junto a la reducción de 160.000 metros para áreas de protección, permite definir una parcela de 200.000 metros cuadrados para equipamiento recreativo, que es el elemento utilizado por los redactores del Plan General para ensalzar que se haya 'desenterrado' el plan parcial Playa Blanca tras su anulación por la Justicia.



Claves legales

01. El 1 de abril de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulo de pleno derecho el plan parcial Playa Blanca y, en 2010, obligó al Ayuntamiento de Yaiza a adoptase las medidas necesarias para cumplir con el fallo.

02. La sentencia estimó el recurso contra los decretos que el entonces alcalde, José Francisco Reyes, dictó en diciembre de 2003 y marzo de 2004 autorizando el inicio de las obras de urbanización del suelo en el plan parcial.

03. El plan parcial Playa Blanca quedó extinguido en 2001, cuando entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes, que desclasificaba aquellas urbanizaciones total o parcialmente turísticas en las que no se había movido una piedra hasta entonces.

04. El Cabildo advirtió que no se urbanizara el suelo porque el plan parcial había quedado extinguido por la Ley de Medidas Urgentes de 2001. El Ayuntamiento hizo caso omiso. Ignacio Díaz de Aguilar asesoró a los promotores.

Según diariodelanzarote.com:

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza contempla un nuevo campo de golf justo al norte de la localidad de Playa Blanca, solicitado desde la pasada década por el promotor turístico Juan Francisco Rosa, que ha planteado un convenio urbanístico para su ejecución a firmar por Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento.



Para ello, el planeamiento municipal, al que le falta la aprobación definitiva, cambia de categoría una gran bolsa de suelo de más de 540.000 metros cuadrados al norte de la localidad turística, que pasa de tener la consideración de suelo rústico de protección territorial a rústico de infraestructuras y equipamientos.

El promotor ha pedido que, además de en el Plan General de Yaiza, el nuevo campo de golf sea incluido en el Plan Insular y en el Plan Territorial Turístico que tramita el equipo del urbanista José María Ezquiaga para el Cabildo de Lanzarote. Hasta ahora no había obtenido permiso por incumplir la normativa urbanística.

De aprobarse finalmente el modelo de ordenación plasmado en el Plan General, Playa Blanca contaría al menos con dos campos de golf: el ya previsto desde hace dos décadas en la urbanización Montaña Roja, de 685.000 metros cuadrados, y éste nuevo a la entrada de la localidad.

Según el convenio presentado por Rosa, pendiente de la firma de las instituciones públicas, además del campo de golf se permitiría la construcción de una “casa club” de unos 4.000 metros cuadrados de superficie.

Al margen del uso deportivo de las instalaciones, con el convenio se daría luz verde a restaurantes y aparcamientos, estando prohibidos los usos alojativos, tanto turísticos como residenciales.

En el proyecto se recoge la construcción de un complejo deportivo de unos 14.000 metros cuadrados, con la posibilidad de construir idéntica superficie de forma subterránea. La altura máxima que se fijaría para el edificio sería de dos plantas y hasta 10 metros de altura. También habría instalaciones deportivas abiertas destinadas a pádel, tenis, fútbol o natación.



En los planos del nuevo Plan General de Yaiza, que sustituirá al aprobado en 1973 con el sello del prestigioso arquitecto Fernando Higueras, se refleja la ejecución de una vía de circunvalación que dejaría encajado el campo de golf solicitado por Rosa dentro del núcleo de Playa Blanca. Unos terrenos que hasta ahora estaban fuera de la 'frontera' de la localidad.

Publicación en el BOC:

Por Orden nº 438, de fecha 28 de septiembre de 2012, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial se aprobó inicialmente el Plan General de Ordenación supletorio de Yaiza, municipio de Lanzarote, cuyo texto íntegro podrá ser consultado en la sección de "Participación Ciudadana" de la web de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/citv o en la web del Gobierno de Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/cmayo ... /index.jsp, cuya parte resolutoria señala lo siguiente:

"Visto el expediente con nº MAYTE 2010/1542, tramitado de conformidad con lo previsto en el apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (en adelante Ley de Directrices), para aprobación del Plan General de Ordenación supletorio de Yaiza.

Vista la propuesta del Viceconsejero de Política Territorial de 6 de agosto de 2012.

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación supletorio de Yaiza, y tomar conocimiento de modificado de su Informe de Sostenibilidad Ambiental.

Segundo.- Someter el expediente de aprobación inicial del Plan General de Ordenación supletorio de Yaiza, y el modificado de su Informe de Sostenibilidad Ambiental al trámite de información pública por plazo de dos meses mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de Canarias, en el Boletín Oficial de la Provincia y en, al menos, uno de los diarios locales de mayor difusión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 17.1, 29.3 y 30.3 del Reglamento de Procedimientos.

- Someter a información pública las siguientes propuestas de Convenios:

1. De don Wigberto del Carmelo Ramos Lleó propuesta de Convenio Urbanístico para el establecimiento de las condiciones de ordenación urbana de una parcela en Cortijo de Costa Roja, presentada el día 19 de julio de 2012.

2. De don Ignacio González Alonso, presidente de la Junta Rectora de la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Playa Blanca, propuesta de Convenio urbanístico para su incorporación al Plan General, ordenando el citado Plan Parcial. El día 7 de mayo de 2012 se presenta la propuesta del Convenio firmada por los particulares que figuran en el encabezamiento, titulares de parcelas en el Plan Parcial Playa Blanca. Asimismo, el día 21 de mayo de 2012 don Ignacio Díaz de Aguilar Cantero presenta documentación para su unión a la propuesta de Convenio presentada el día 7 de mayo sobre el Plan Parcial Playa Blanca.

3. De don Miguel Angel Vega Luján en representación de "Unión para la Conservación de la Urbanización San Marcial del Rubicón", propuesta presentada el 10 de mayo de 2012 de Convenio Urbanístico sobre el Plan Parcial San Marcial del Rubicón.

4. De don Rafael González Jaraba, como mandatario de Club Lanzarote, S.A., propuesta presentada el 26 de junio de 2012 de Convenio Urbanístico para la ordenación de la superficie incluida en el Centro de Interés Turístico Nacional de Montaña Roja. El día 17 de julio de 2012 se presenta por don Joaquín Cañadas Arroyo documentación para su unión a la propuesta de Convenio presentada sobre Montaña Roja.

5. De don Juan Francisco Rosa Marrero propuesta presentada el 19 de julio de 2012, de Convenio de la parcela de campo de golf en Playa Blanca y propuesta de Convenio de la parcela D del Plan Parcial Costa Papagayo.

6. De don José Abraham Domíguez Santana, propuesta presentada el día 23 de julio de 2012 de convenio urbanístico cuyo objeto es la modificación de la ordenación pormenorizada en el entorno de la parcela H1 del Plan Parcial Castillo del Águila, en Playa Blanca, Yaiza.

A tal efecto, el expediente se encontrará expuesto en las dependencias de esta Consejería en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas en la calle Profesor Agustín Millares Carlo, nº 22, Edificio de Usos Múltiples I, planta 7ª, y en el Ayuntamiento de Yaiza.

Tercero.- Someter el expediente de aprobación inicial del Plan General de Ordenación supletorio de Yaiza al trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas de conformidad con el artículo 11 del Texto Refundido y artículos 29.3 y 33 del Reglamento de Procedimientos, así como al trámite de informe que resulte preceptivo de conformidad con lo dispuesto en la legislación sectorial.

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias en las áreas del territorio objeto del planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.6 del Texto Refundido y artículo 16.1 del Reglamento de Procedimientos.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo previsto en el artículo 16.3 del Reglamento de Procedimientos, a partir de la publicación de esta aprobación inicial sólo se podrá tramitar y otorgar licencia a los proyectos ajustados al régimen vigente en el momento de su solicitud siempre que dicho régimen no haya sido alterado por las determinaciones propuestas en el instrumento de ordenación en tramitación, o, habiendo sido alterado, las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor. El plazo máximo de suspensión de licencias no podrá exceder, en ningún caso, de dos años desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias, extinguiéndose la suspensión, en todo caso, con la aprobación definitiva del planeamiento.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Yaiza antes de proceder a su publicación en el Diario Oficial que corresponda a fin de que proceda a resolver sobre la interrupción del proceso de otorgamiento de las licencias presentadas con anterioridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.2 del Reglamento de Procedimientos.

Contra el presente acto, por ser de trámite, no cabe interposición de recurso de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.4 del Reglamento de Procedimientos, salvo por los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra el acuerdo de suspensión de licencias se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, o ser impugnado directamente en el plazo de dos meses a partir de la última publicación del acuerdo de suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de octubre de 2012.- El Secretario General Técnico, Pedro Gómez Jiménez.

PDF:
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-203-5149.pdf

Según diariodelanzarote.com:

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza recalifica como suelo urbanizable residencial una franja de 86.000 metros cuadrados entre los planes parciales Puerto Calero y Cortijo. Por construirse su vivienda en la zona, el juez Pamparacuatro acusó de un delito contra la ordenación del territorio al arquitecto Carlos Morales, imputado en el caso Unión.



El nuevo Plan General firmado por el urbanista Jorge Coderch y elaborado por Gesplan, empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias, cambia en este caso un criterio plasmado en el planeamiento vigente, de 1973, de dejar un espacio sin edificar entre cada urbanización para evitar la sensación de masificación.

Así, en el nuevo planeamiento se destaca la recalificación “de suelo rústico de protección territorial”, que impediría la construcción, a “suelo urbanizable residencial” de esta bolsa de suelo, denominada “Puerto Calero 2”.

Para estos terrenos se contempla el mismo cambio de categoría del suelo que se produce en el plan parcial Playa Blanca, declarado ilegal y al que se le vuelve a dar cabida, y la zona de Costa Roja, vinculada al promotor Luis Lleó, que pretendía construir más de 1.000 viviendas y trató de sobornar al socialista Carlos Espino para conseguirlo, desencadenando el caso Unión.

En la memoria del Plan General, que está en periodo de información pública, se señala que “este sector es una estrecha franja de suelo comprendida entre los sectores turísticos [y] residenciales de Puerto Calero al este y Cortijo Viejo al oeste, limitando al norte con suelo rústico y al sur con el espacio portuario, siendo su uso característico el residencial”.

El Plan General remite su desarrollo a un plan parcial en el que se defina su ordenación pormenorizada. Se justifica la recalificación en que serviría “de articulación entre los dos ámbitos de Puerto Calero y Cortijo Viejo actualmente separados mediante la creación de una vía interior y una rotonda en su lindero norte”.

Además, destaca que la zona está “en parte” edificada, aunque la mayor parte de las viviendas, salvo la construida por Morales, autorizada de forma presuntamente ilegal por el ex alcalde José Francisco Reyes el 5 de diciembre de 2006, son antiguas.

Morales resultó imputado en el 'caso Unión' por un delito contra la ordenación del territorio precisamente por haber levantado en primera línea, justo encima del paseo marítimo, una vivienda dentro de una parcela de alrededor de 4.300 metros cuadrados de superficie, en la que pretendía fijar su residencia.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil determinó que el arquitecto –ganador del proyecto del futuro Palacio de Congresos de Arrecife- habría promovido “la construcción de una vivienda sobre suelo no urbanizable” entre el plan parcial Puerto Calero y el plan parcial Cortijo Viejo.

En el caso de que llegue a ser juzgado por este supuesto delito, podría enfrentarse a una petición de pena de hasta dos años de prisión. La actual alcaldesa, Gladys Acuña (PIL), pidió cuando estaba en la oposición que se paralizase la construcción. José Francisco Reyes está imputado por un delito de prevaricación por el permiso de obras.

La licencia otorgada por José Francisco Reyes, según el informe de la UCO que sirvió de base para la imputación de Morales y del ex alcalde, es “manifiestamente ilegal y por lo tanto nula de pleno derecho”, por lo que recalca que la construcción no se podía autorizar “según el planeamiento urbanístico en vigor”.



El pasado 12 de julio, Carlos Morales y su esposa Alexia de Grecia junto a José Calero presentaron en el Ayuntamiento de Yaiza una propuesta de convenio urbanístico para desarrollar esta franja de suelo que se va a recalificar. Morales y su esposa, de forma directa o a través de una empresa, son propietarios de más de 10.000 metros cuadrados en la zona.

En el convenio urbanístico interpretan que el Plan General de 1973 consideraba estos terrenos como suelo de reserva urbana “que admite el desarrollo de urbanizaciones” y también que el Plan Insular de 1991 los incluye dentro del “núcleo turístico” formado por las urbanizaciones Puerto Calero y Cortijo Viejo, aunque no consta que ninguna institución lo haya avalado.

Así, concluyen que este suelo ahora recalificado en el Plan General junto a Puerto Calero y Cortijo Viejo “conforman una indiscutible unidad territorial”. “Cualquier previsión que se adopte en el nuevo Plan General”, señalan, “ha de partir del reconocimiento” de “la calidad residencial y de vida alcanzada” en ambas urbanizaciones.

En la misma línea, añaden que “la distinción adquirida como ‘marca vacacional'” y el “enorme prestigio internacional conseguido” como conjunto turístico y residencial “ha requerido un periodo de más de dos décadas y muchos esfuerzos y aciertos, que han de mantenerse y preservarse a ultranza por el nuevo planeamiento municipal”.



Claves

01. En el convenio se apunta que la zona tiene 86.276 metros cuadrados y que son necesarios otros 5.000 “externos” para “la ejecución de los dos enlaces viarios en rotonda previstos en la ordenación”.

02. Al Ayuntamiento se le cedieran 17.914 metros de viales, 9.091 metros de espacios libres públicos y 1.759 metros cuadrados para equipamiento cultural y docente, así como una parcela edificable por definir.

03. Los promotores quieren construir viviendas unifamiliares y agrupadas sobre 57.511 metros cuadrados de terreno, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable y una altura máxima de dos plantas.

Según La Voz de Lanzarote:

Debería ser una gran zona verde pública pero, en lugar de eso, hay instalaciones privadas de ocio y deporte, pertenecientes al hotel Princesa Yaiza. Sin embargo, lejos de recuperar el espacio que ocupa desde hace años el Kikoland, para que sea realmente un parque público, el nuevo Plan General de Yaiza ha cambiado el uso del suelo.



Concretamente, lo que aparecía como zona verde en el anterior Plan, ahora figura como suelo destinado a equipamientos deportivos, dando así cabida a lo que se construyó en su día al margen del planeamiento, y también al margen de la titularidad del suelo, ya que la parcela pertenece en realidad al Ayuntamiento.

“Dada la extrema singularidad del proceso de gestión que se ha producido en este ámbito, se mantienen los usos desarrollados en aquellas parcelas de zonas verdes del plan parcial, tales como deportivos y recreativos, pero considerando en todo caso a las parcelas afectadas como bienes de dominio público”, se limita a exponer el documento, en el capítulo dedicado al Plan Parcial Costa Papagayo, donde se ubica el Princesa Yaiza.

Es decir, que acepta los hechos consumados con la ocupación de ese suelo, y adapta el Plan General para darles cabida. En total, en ese Plan Parcial elimina casi 100.000 metros cuadrados de zonas verdes, que deberían haber sido parques públicos. Ahora, pasan a tener uso de equipamiento deportivo y recreativo.

Así, podría resolverse uno de los incumplimientos de esa instalación. Y es que incluso aunque el Princesa Yaiza hubiera tenido una concesión del Ayuntamiento para ocupar ese suelo, tampoco podría haber construido ahí una instalación como la del Kikoland, ya que se trataba de una zona verde.

La “extrema singularidad” a la que apela el equipo redactor del Plan General para modificar el uso de esa parcela, ya había sido denunciada hace años, en el informe de Legalidad Urbanística elaborado por el Cabildo en la anterior legislatura. En él, además de analizar los distintos incumplimientos de la ley por parte de los hoteles ilegales, también se advertía de ocupaciones ilegales de suelo público.

Aunque entonces el Ayuntamiento no hizo nada por resolver la situación, en noviembre de 2011 el tema se puso sobre la mesa en un pleno de Yaiza, cuando CC denunció el caso concreto de un hotel de Montaña Roja, el Paradaise Island, que también ocupa suelo público. Ahí, la actual alcaldesa, Gladys Acuña, encargó un informe técnico, que vino a confirmar que en Playa Blanca se ocuparon ilegalmente un gran número parcelas públicas que debían ser zonas verdes, careciendo incluso de cualquier tipo de permiso.

En aquel momento, el interventor del Ayuntamiento advirtió que había “reales indicios delictivos contra la ordenación del territorio”, por lo que entendía que debían dilucidarse con “los correspondientes expedientes urbanísticos sancionadores y de reposición de la legalidad urbanística alterada”.

Cuatro meses después, a finales de mayo, el grupo de gobierno llevó el tema a pleno y acordó iniciar los trámites para recuperar esos espacios públicos, aunque hasta el momento nada se ha sabido de cómo avanza ese proceso. Lo que sí dejaba claro el interventor en su informe es que esto no podía resolverse cobrando un “tributo” a las empresas por la ocupación de ese suelo. “Eso podría tener un efecto perverso de proporcionar una cobertura de legalidad a unas ocupaciones que en principio carecen de título habilitante”, advertía el interventor.

Lejos de aquellas consideraciones del interventor, el Plan General parece ahora dispuesto a dar cobertura a esas ocupaciones de suelo, al menos en lo que al Princesa Yaiza y al Plan Parcial Costa Papagayo se refiere. Sin embargo, para ello no bastaría con cambiar la calificación del uso del suelo, ya que se sigue tratando de parcelas públicas.

Lo que sí facilita es el camino a una posible concesión por parte del Ayuntamiento. Y es que a diferencia de lo que sucede con una zona verde, un suelo dedicado a equipamientos deportivos o recreativos sí podría ser gestionado por una empresa privada, normalmente a cambio del pago de un canon.

Sin embargo, para ello es necesario que exista una concesión del Ayuntamiento, que debe convocar un concurso para que pueda presentarse cualquier interesado. Aunque eso, se debe hacer antes de que se produzca la ocupación, y no años después, cuando la instalación privada ya está construida en un suelo municipal.

Fuente diariodelanzarote.com:



Fuente lancelotdigital.es:

Fuente lanzaroteahora.es:

El pata-Plan
¿Oyeron el notición? Los Técnicos del Ayuntamiento de Yaiza serán los que fijen las compensaciones que los propietarios de hoteles ilegales de Playa Blanca tendrán que aportar por haberse pasado tres pueblos y “un papelito” a la hora de especular. Así lo dice esa cosa que llaman Plan General de Yaiza y que ayer sacaron a pasear el cerebro “gris” de la consejería de Política Territorial y un par de técnicos aprovechando que el Jefe Berriel tenía que venir a Lanzarote a declarar en el Caso Unión (como testigo, eh?). Pues sí, queridos, los mismos técnicos (se supone, porque son habas contadas) que están imputados en varias causas judiciales relacionadas con la presunta corrupción urbanística en el sur, son los que tendrán que negociar con los empresarios a los que, supuestamente, favorecieron por acción u omisión. ¡Áteme esa mosca por el rabo! Y la alcaldesa, Gladys Acuña, que también está imputada en el sumario de Unión por un asuntillo de una casa de un tal Dimas, o de la familia de un tal Dimas, queriendo que el Plan pata-Plan contemple un manicomio en el municipio. ¡¡Pues que sea bien grande que, por lo que parece hasta vendrán de fuera a quedarse!! ¿Algún Juez o algún Fiscal en la sala que esté mirando? ¡Pues que no se vayan muy lejos que la cosa promete!

Sin vergüenza
O sin rubor, para que no haya equívocos. Que si hay un terreno rústico del que el responsable de la redacción del Plan pata-Plan conoce perfectamente que el dueño es “famoso y está imputado” (lo dijo él sin que nadie le preguntara) pues se cambia a urbano y asunto resuelto. Pero, ojo, no por famoso o imputado, sino porque tiene que ser así ya que “es absurdo que dos urbanizaciones no estén conectadas entre sí”. Y digo yo, qué le hubiese costado al famoso e imputado (según se dijo) construir en una de las dos urbanizaciones, carajo. Nada, tuvo que hacerlo enmedio. Lo hace cualquiera de ustedes, o de nosotros, y estamos media vida acojonados a la espera de que viniera alguien del Gobierno a echarnos el invento al piso. Aquí también ha aparecido el Gobierno, pero para bendecir el asunto. Amén. Por cierto. A la presentación del Plan pata-Plan no acudió ni uno de los concejales de Coalición Canaria, la misma fuerza política que gobierna en la Consejería de Política Territorial a la Carta, a la que pertenece Gesplán pata-Plan, los papás de la criaturita pensada para resolver los problemas urbanísticos de los ricachones del sur. Y, si queda hueco, a los pobrecitos de los campos también. Eso por no hablar de lo imaginativo del Plan pata-Plan. ¿Salida a la situación económica actual? Aumento de la edificabilidad ¡Venga! “porque va en consonancia con la Ley de Modernización Turística”.

Fuente diariodelanzarote.com:

Esto eran un viceconsejero, una alcaldesa, un concejal de urbanismo, un director general, un arquitecto y un técnico de la Consejería que dan una rueda de prensa para explicar un Plan General que intenta legalizar casi todo lo que los tribunales han ilegalizado. ¿Quién lo explica? No es un chiste. Los dos técnicos. Así se hace política y así se hace urbanismo. Una decisión política, que consiste en legalizar sin gran coste los hoteles (excepto el Papagayo Arena, que son inversores de fuera), en volver a poner en el mercado un plan parcial que estaba extinguido pero que construyó a pesar de todo y en recalificar un suelo rústico sobre el que Carlos Morales se plantó su casa sin mayor problema, se hace pasar como una decisión técnica. Pues que se presenten los arquitectos y los abogados a las elecciones.



El redactor del PIO de Lanzarote dijo hace unos meses, tras unas jornadas sobre Derecho urbanístico presididas por Juan José Santana, técnico de la consejería que ayer dio la rueda de prensa, que la regularización de los hoteles ilegales dependería de la voluntad del Ayuntamiento de Yaiza. La voluntad del Ayuntamiento ha sido la de dejar en manos del Gobierno la solución, y la del Gobierno, dejarla en manos de los propios infractores.

El aumento de la edificabilidad a los hoteles es la solución para regularizarlos. Dijo Santana que esa solución es general, no para los hoteles (no puede decir otra cosa) y que está en consonancia con el espíritu de la Ley de Modernización Turística del Gobierno canario. ¿Y quién colaboró con el borrador de esa Ley y también participó en las jornadas de urbanismo citadas anteriormente? Pues, entre otros, Ignacio Díaz de Aguilar, asesor jurídico del plan parcial anulado y representante de media docena de sociedades a las que se les anuló la licencia para sus hoteles. Ese es el espíritu.

¿Y el suelo rústico donde se hizo la casa Carlos Morales? La cosa es más o menos así: Hay una franja de suelo rústico entre dos planes parciales ya urbanizados. Se compra el suelo a precio de saldo (porque es rústico), se construye uno su propia casa, tiene la mala suerte de que le denuncian y le procesan (este es el fallo, pero veremos si el fallo judicial, si lo hay, es favorable), se espera a que se redacte un nuevo Plan General, y se recalifica el suelo porque “es lo lógico desde el punto de vista de al ordenación”, según el redactor del Plan. Hasta aquí el presente. El futuro, aplicando la lógica, será parcelar, urbanizar, construir y vender a un precio lógico para un suelo urbano, con el que poder pagar buenos abogados o posibles indemnizaciones, y algún capricho, lógicamente.

P.D. Posibles motivos por los que los políticos de la mesa no hablaron demasiado:

a) Porque no se han leído el Plan.

b) Porque no hay por dónde cogerlo.

c) Porque la alcaldesa está recalificando el suelo de la casa de Carlos Morales, que hace años se encargó de denunciar cuando era concejal en la oposición; porque el viceconsejero Mario Pérez está legalizando un plan (el Playa Blanca) que se encargó de impugnar en los tribunales cuando era presidente accidental del Cabildo y porque el concejal de urbanismo, Tato Rodríguez, era el mismo concejal de urbanismo que cuando se hicieron toda estas ilegalidades que ahora se legalizan.

Fuente diariodelanzarote.com:

El ex secretario insular del PSOE y actual asesor de la vicepresidencia del Gobierno canario, Carlos Espino, ha presentado a título particular alegaciones al Plan General de Yaiza, que ya ha sido aprobado de forma inicial.



Espino considera que el Plan General redactado por la empresa pública Gesplan y que es de carácter supletorio, podría ser anulado porque se excede en las competencias que otorga la Ley de Directrices a este tipo de planes. Considera que el resultado del Plan de Yaiza no puede justificarse como una decisión técnica sino que debe ser una decisión política.

Señala que el Plan, al ser de carácter supletorio, sólo puede ordenar el contenido estructural para adaptarlo a las Directrices y que la ordenación pormenorizada sólo cabría en el caso que resultara necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios.

Considera que el Plan tiene disposiciones que no encajan en los supuestos descritos. La primera de ellas es sobre el plan parcial Playa Blanca, extinguido por orden judicial y que se pretende calificar como urbano. Señala que es una “monumental estafa” y que no corresponde a la Administración “consagrar los resultados de la misma”.

Respecto a los hoteles ilegales, cuestiona el aumento de la edificabilidad que se otorga para mejora de la calidad turística y que permitiría su regulación. Señala que la legislación canaria define claramente cuáles son los estándares de calidad y que entre ellos no está, por ejemplo, la disposición de permitir que las recepciones disfruten de una mayor altura.

Señala que esa medida del Plan General responde “a la necesidad de dar cobertura a recepciones con mayor altura que la permitida”, al igual que ocurre con las disposiciones que permiten más plantas de las previstas o que incrementan la volumetría o la ocupación de la parcela, cosas que irían teóricamente contra la calidad turística.

“Es el Gobierno de Canarias—señala Espino— en última instancia el promotor de este plan supletorio por lo que tendría que saberse si es su intención trasladar los nuevos estándares de calidad aplicados en Playa Blanca al resto de zonas turísticas del archipiélago, porque en caso contrario cabría suponer que tales estándares no son tales, sino una solución ad hoc, un planeamiento a la medida de los infractores”.

En el mismo sentido, destaca una disposición que permite tener a los hoteles dos plantas de sótano. “En la actualidad, con la mayor parte de las parcelas hoteleras construidas, tan solo el Princesa Yaiza dispone de dos plantas de sótano. Por más que se pretenda considerar tal norma como de carácter general, solo es de aplicación a una concreta instalación hotelera”.

También destaca la ausencia de compensaciones a cambio de la legalización, ya que el 15 por ciento del aprovechamiento, que es lo que fija el Plan a cambio de regularizar los hoteles “viene a ser casi la contribución que soportaría cualquier promotor que actuara dentro de la legalidad”.

En contra de la supuesta mejora de la calidad del espacio público también estaría, según Espino, el mantenimiento del uso de los espacios verdes y libres de los que se han apropiado algunos promotores.

Destaca igualmente los casos de Cortijo Viejo y Puerto Calero, en el que se recalifica el suelo donde tiene la casa el arquitecto Carlos Morales, cuando en Lanzarote hay suelos consolidados como Los Ancones, Las Vírgenes o el diseminado de Los Cocoteros, que no han sido legalizados desde hace años.

Del campo de golf señala que el Plan propone “la decisión de situar no un campo de golf en Playa Blanca, sino el campo de golf solicitado por Juan Francisco Rosa Marrero, que goza de un nivel de detalle que no parece tampoco adecuarse al limitado y tasado alcance del plan supletorio”.

Entre las conclusiones de sus alegaciones repite que el Plan contiene normas que están orientadas únicamente a dejar sin efecto las sentencias de nulidad de licencias que se han producido en Playa Blanca “bajo la apariencia de disposiciones de carácter general”. Espino se apoya en que la Memoria del Plan Territorial Especial de Ordenación Turística que tramita el Cabildo reconoce que “ el Plan General Supletorio pretende ser la base para resolver la situación de inseguridad jurídica creada en el municipio de Yaiza (...)”.

Según Espino, “resulta imposible compartir la afirmación de que en la actualidad se ha creado una inseguridad jurídica en Yaiza, al contrario, en este momento lo que sobra es certeza jurídica: certeza de que las licencias han desaparecido del mundo jurídico y de que hay que restablecer el orden jurídico perturbado con la concesión de las mismas y la materialización de las obras para las que se solicitaron”.

El ex secretario del PSOE parte de la base de que la mayoría de los propietarios de los planes parciales incumplieron su obligación de adaptarse al planeamiento. “ Se trata —señala— pura y llanamente, de la voluntad concitada de abogados, arquitectos, promotores, técnicos y políticos de eludir el cumplimiento de la ley, creando una apariencia de legalidad”.

“El alcalde que concedió las licencias anuladas y algunos de los técnicos que tramitaron los expedientes se han lucrado con la concesión de licencias irregulares y el que, hasta el día de la fecha, no se haya podido determinar con precisión el quién y cuánto, el cómo y el cuándo de cada uno de esos pagos no hace más que ensombrecer la percepción sobre ese escenario”.

Finalmente, expresa su respeto por el trabajo de los redactores del Plan pero recalca que ese respeto “no supone en ningún caso la conformidad con el resultado ni la renuncia a judicializar en los ámbitos que pudieran corresponder el documento si resultara aprobado definitivamente y siguiera conteniendo las medidas objeto de las presentes alegaciones”.

“La ordenación territorial —señala— ha de legitimarse ante la ciudadanía para obtener el respeto de la misma. Una ordenación que consagre las actividades delictivas de un puñado de especuladores, un reducido grupo de políticos y unos pocos técnicos, tan sólo logrará el repudio de los ciudadanos y las ciudadanas de Lanzarote y, probablemente, el de los órganos judiciales”.

Fuente diariodelanzarote.com:

Consulte las alegaciones de Espino:
https://docs.google.com/open?id=0B2Jajo ... 1RWOWlRem8

Según La Voz de Lanzarote:

“Lo que antes aparecía como zona verde en el anterior Plan General, ahora, en el Plan Supletorio, figura como suelo destinado a equipamientos deportivos, dando cabida a lo que, en flagrante ilegalidad y confundiendo lo público con lo privado, se construyó en su día al margen del planeamiento, en zona verde, y también al margen de la titularidad del suelo, pues la parcela pertenece en realidad al Ayuntamiento”. Así se refiere la Fundación César Manrique a la ocupación de zonas verdes públicas que se produjo en Playa Blanca, y que ahora va a “consolidarse” con el nuevo Plan.



Como un “ejemplo significativo” de esto, la FCM se refiere al caso del Kikoland, anexo al Princesa Yaiza, que ocupa una parcela de 10.000 metros cuadrados correspondiente a una zona verde de titularidad pública. “Este tipo de situaciones”, a juicio de la Fundación, “deberían ser corregidas restituyendo el suelo al municipio y pagando una multa ejemplar”. Sin embargo, éste se ha convertido “en uno de los muchos ejemplos escandalosos de usurpación de zonas verdes públicas con fines privados en la zona de Playa Blanca, a las que, incomprensiblemente, el PGO Yaiza-Supletorio pretende dar cobertura”.

El propio redactor del Plan General de Yaiza calificó de “kafkiana” la situación del Kikoland, aunque finalmente se le dio cobertura en este nuevo documento. Como ésta, la FCM recuerda que existen “numerosas zonas verdes y espacios libres, de titularidad pública, ocupados por particulares, sin título habilitante suficiente”. Y algunos de esos espacios, han pasado ahora a ser “suelo de equipamento deportivo” en el nuevo Plan, “lo que consolidaría el uso ilegal y anómalo que existe actualmente”. En total, en el nuevo Plan General se eliminan casi 100.000 metros de zonas verdes, que deberían haber sido parques públicos.

“Si se puede impedir este reiterado trato de favor a los mismos beneficiarios, se procurará hacer ahora por la vía de las alegaciones y en el futuro, si procede, en los tribunales de Justicia”, advierte la Fundación.

Además, las alegaciones presentadas por la Fundación César Manrique también se centran en los convenios urbanísticos que se han incorporado a la aprobación inicial del Plan General, y que fueron redactados por los promotores. “A juicio de la FCM, muchas de las estipulaciones justificatorias tienen objeciones legales suficientes como para considerarlas nulas de pleno derecho”.

Además, la Fundación subraya que “dichos convenios no están firmados por todas las partes intervinientes, ni tampoco obran los informes técnicos y jurídicos preceptivos, ni se justifica que concurran intereses públicos, sino de exclusivo beneficio y favor al promotor”.

En sus alegaciones, la FCM critica “severamente” el convenio para el Plan Parcial Playa Blanca, que los tribunales ya han dado por ilegal e incluso por extinguido, es decir, sin existencia jurídica alguna. “Resulta inaudito que para resolver el problema creado con la existencia de 400 viviendas ilegales, además de su legalización, se proponga construir más de 1.000 nuevas viviendas y, como premio al promotor, conceder 40.000 metros de superficie hotelera, con sus correspondientes plazas alojativas, además de 5.000 metros cuadrados destinados a equipamiento privado”, denuncia la Fundación.

Respecto al Sector de Equipamientos de Costa Roja y su convenio urbanístico, se pretenden reclasificar más de 440.000 metros cuadrados, según la FCM, “vulnerando la legalidad y cambiando un criterio plasmado en el planeamiento municipal vigente, de 1973, luego recogido por el PIOT en vigor de 1991”. Además, considera “inexplicable que se pretenda desarrollar un Plan Parcial completo que, por otro lado, de facto vendría ya a consolidar la impunidad, habida cuenta de que sobre estos terrenos pesan dos causas penales en tramitación con imputaciones y graves indicios de fraude”.

Con relación al nuevo campo de golf programado en una parcela de Juan Francisco Rosa, la FCM muestra su rechazo a que, a través del PGO Yaiza-Supletorio, se pretenda la implantación de un equipamiento “cuyo destino específico es el de campo de golf, contraviniendo el PIOT de 1991, cuando, por otro lado, ya existen previsiones de este tipo de dotación en Playa Blanca”.

Fuente lavozdelanzarote.com:

Coalición Canaria en Yaiza está repartiendo un cartel entre los vecinos, en el que afirma que el nuevo Plan General “recalifica los terrenos propiedad de la alcaldesa”, Gladys Acuña, en Uga, mientras “deja a otros vecinos sin futuro”. “Para que alguien recalifique y se beneficie… alguien tiene que perder y sacrificarse”, sostiene la formación nacionalista.



El portavoz de CC en Yaiza, Leonardo Rodríguez, ha explicado a La Voz que en este cartel se puede ver en color rosa “los terrenos recalificados como suelo urbano, que son propiedad de la alcaldesa y de su familia”. Por otro lado, se observa en color verde “las propiedades de los vecinos”, que tienen la calificación de terreno rústico.

Incluso, Rodríguez ha señalado que hay una vivienda que está “justo enfrente” de la que es “propiedad de la familia” de Gladys Acuña y que lleva “mucho más tiempo construida”, pese a lo cual “es rústica”. Además, para el portavoz de CC en Yaiza hay otros ejemplos “clarísimos”, como la bolsa de suelo que está ubicada en la parte de arriba del plano a la izquierda, que ahora es “urbana” y precisamente también es “propiedad de familiares de la alcaldesa”.

Leonardo Rodríguez ha explicado que el principal objetivo de esta campaña es que “se corrija” el Plan General de Yaiza, para que “no haya unos beneficios tan claros para la alcaldesa y tantos perjuicios para los vecinos”.

Con este cartel, CC en Yaiza también quiere “que el vecino sepa quién está gobernando” en el municipio, que es “alguien que se ha preocupado más por lo de ella que por el interés general”. “Denunciamos la distinta vara de medir: el terreno de la alcaldesa es urbano y el de los vecinos rústico”, ha insistido Rodríguez, que ha asegurado que se tendrán que dar explicaciones sobre “los criterios urbanísticos que se han tomado para urbanizar de esta forma”.

Vídeo de Lancelot TV: