FORO SOBRE LANZAROTE

Fuente diariodelanzarote.com:

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a pagar por unos terrenos privados clasificados como de uso público en las inmediaciones del aeropuerto de Guacimeta. Los propietarios reclamaron en los tribunales el pago de más de 5,4 millones de euros al Ayuntamiento o, de manera subsidiaria, al menos 3,2 millones de euros.



Los dueños, un particular y la empresa Caldera de Tisalaya, llevan más de una década desarrollando acciones legales para conseguir una compensación económica por la expropiación de dos fincas que suman 25.390 metros cuadrados en la localidad de Playa Honda.

En junio de 2005, el jurado provincial de expropiación fijó el justiprecio de la bolsa de suelo en unos 879.500 euros, cantidad con la que los propietarios no están de acuerdo. Pidieron una nueva tasación y el jurado de expropiación elevó en junio de 2007 a más de un millón de euros el valor de los terrenos.

Sin embargo, recurrieron a los tribunales al estar disconformes con la cuantía y reclamar una cantidad que multiplicaba por cinco la fijada. En su sentencia, el TSJC subraya que el suelo, en la trasera de la calle Mástil de Playa Honda, tiene la condición de urbano. Las parcelas habían sido reservadas para dotaciones de uso público aunque no se ha hecho nada con ellas.

La sentencia anula, como pretendían los dueños de los terrenos, el justiprecio establecido por considerar que la valoración se efectuó sin tener en cuenta la ponencia catastral de San Bartolomé, que estaba en vigor.

No obstante, el tribunal destacó que no podía “acceder a la pretensión” de los dueños con respecto a la cantidad reclamada, y ordenó que el jurado de expropiación dictase “un nuevo acuerdo” apoyándose en el “aprovechamiento” urbanístico que le corresponda según la valoración catastral.

Fuentes municipales han explicado que están tratando de llegar a un convenio con los propietarios de esta bolsa de suelo para zanjar el pleito y establecer una fórmula de pago. En el Ayuntamiento de San Bartolomé son conscientes de que la suma a desembolsar puede rondar al menos los 1,2 millones de euros.

Fuente diariodelanzarote.com:

La alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, ha firmado dos convenios con los propietarios de un total de cinco parcelas que suman más de 45.931 metros cuadrados en Playa Honda que fueron calificadas más de dos décadas como suelo de uso público para equipamientos y, con posterioridad, para parques.

El acuerdo suscrito con la empresa Caldera de Tisalaya y Jesús López por un lado, y el firmado con los herederos de Tomás Toledo por otro, pone fin a una batalla judicial que se ha alargado durante años para que el Ayuntamiento cumpliese con la obligación de expropiarles. La Corporación municipal tendrá que abonar más de 2,3 millones de euros, fraccionando el pago mensualmente hasta el año 2029.

En el primer convenio citado, el Ayuntamiento pagará por 25.390 metros cuadrados en la trasera de la calle Mástil de Playa Honda, al borde del aeropuerto de Guacimeta, un total de 1,2 millones, de los cuales 392.000 corresponden a intereses de demora al haber estado reclamando desde 2002.

Así, de enero a noviembre el Ayuntamiento pagará 6.000 euros y cada diciembre otros 15.000. Además, Caldera de Tisalaya y su administrador, que llegaron a pedir 10,5 millones por el suelo, no renuncian a cobrar una suma superior ante una nueva tasación que se tendrá que llevar a cabo y a que se les reconozca la titularidad de más suelo en la zona que aseguran que les pertenece.

En el segundo convenio, los herederos de Tomás Toledo, que llegaron a solicitar 5 millones de euros por sus 20.500 metros también ubicados cerca del aeródromo, al final han aceptado cobrar del Ayuntamiento casi 890.000 euros en plazos.

Otros 124.000 euros tendrá que desembolsar el Consistorio para pagar impuestos y costes judiciales. Eso sí, en este caso renuncian a percibir intereses por la demora del Ayuntamiento en la expropiación. En el convenio se destaca que, en este caso, el Consistorio “se ahorra” unos 500.000 euros.

En la justificación de ambos convenios se destaca que el Ayuntamiento “no dispone de la liquidez necesaria” para afrontar el pago de golpe pero, eso sí, si falla en cuatro mensualidades los propietarios tendrán derecho a cobrar lo que les quede pendiente de una sola vez.