FORO SOBRE LANZAROTE

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NotaPublicado: Vie 16 Feb, 2007 12:42 pm 
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Según la voz de lanzarote:

La secretaría técnica y el alcalde de Yaiza se quedaron anclados en 1973, al menos en lo que a ordenaciones urbanísticas se refiere. El alcalde del municipio más al sur de Lanzarote concedió el día 5 del pasado mes de diciembre una nueva licencia de obras mediante un decreto que, en esta ocasión, concede permiso para la construcción de 1.008 viviendas y 220 locales al norte de la localidad de Playa Blanca, en un suelo, que según la ordenanza vigente a día de hoy, no es edificable.

La licencia fue concedida al promotor Luis Lleó Khunel en representación de Residencial Costa Roja S.L, quienes pretenden construir en la zona conocida como Cortijo de Costa Roja, casi un millón de metros cuadrados en los que ubicar a más de 4.000 nuevos residentes, el equivalente a toda la población de Tinajo y, sin duda, el complejo residencial más grande de todo Playa Blanca.

El informe de la oficina técnica del Ayuntamiento se ha basado en el Plan General de Ordenación de Yaiza del año 1973 para informar favorablemente el proyecto del promotor, pese a que ha sido anulado en estos aspectos por la nueva legislación que rige la ordenación del espacio. El Ayuntamiento ha actuado como si no existiera el Plan Insular de Ordenación (PIOT) que desde el año 1991 está por encima de cualquier normativa municipal en materia de ordenación del territorio.

Pese a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que obliga al Ayuntamiento de Yaiza a informar al Cabildo de todas las licencias de edificación que conceda, la Institución Insular no tiene conocimiento alguno de este nuevo permiso ni de la próxima construcción de las algo más de 1.200 nuevas edificaciones que poblarán el paisaje de Playa Blanca, ya saturado por la enorme y polémica presión edificatoria que ha padecido en los últimos años.

En ningún momento el Consistorio solicitó al Cabildo el necesario informe de compatibilidades para conceder la licencia de obra a una obra tan grande como la que ha autorizado por decreto poco antes de finalizar el pasado año 2006 en un municipio cuyo obsoleto Plan General de Ordenación del año 1.973 no se ha adaptado nunca a la normativa insular, es decir al conocido PIOT.

La concesión de esta licencia tampoco fue comunicada al Pleno de la Corporación el pasado 9 de febrero, día en que se celebró el último pleno ordinario en el municipio, a pesar de que el alcalde debía dar cuenta de todos los decretos que ha dictado desde el último pleno y tratarse de una operación urbanística de esta dimensión, que volverá a poner al alcalde de Yaiza y su oficina técnica en el punto de mira de la opinión pública.

Este nuevo complejo estará en la zona norte de Playa Blanca, situado en la vía LZ-2 esquina con la Avenida de Femés y tiene un presupuesto de obra que asciende a los 69,3 millones de euros, 11.500 millones de las antiguas pesetas. La concesión de la licencia ha reportado a las arcas del Ayuntamiento cerca de 4 millones de euros en concepto de tasas e impuestos.

Según lo establecido en la licencia concedida por el alcalde José Francisco Reyes, comenzará a construirse a los seis meses desde el momento en que fue autorizada. El próximo mes de junio las excavadoras iniciarán las obras de las 1.008 viviendas y los 220 locales, que deben estar concluidas en un plazo de cuatro años. Así en el verano de 2011 más de 4.000 nuevos vecinos se instalarían al norte de Yaiza, un número similar al de los habitantes del municipio de Haría.

Los 920.000 metros cuadrados del suelo de Cortijo de Costa Roja donde se pretende hacer esta operación multimillonaria no se encuentran ordenados en ninguno de los planes parciales del municipio, que como es conocido desde el pasado verano también se encuentran paralizados por el Cabildo de Lanzarote. Carece de proyecto de dotación, por lo que a las nuevas viviendas no llegarían servicios básicos de luz, agua y saneamientos.

Pese a los sesenta pleitos que el Cabildo mantiene con el Ayuntamiento de Yaiza en los últimos cuatro años, pese a que el PGO del municipio no se ha adaptado al Plan Insular de Ordenación y pese a que todos los planes parciales de la isla, no sólo de Playa Blanca, están paralizados por decisión del Pleno del Cabildo tomada el pasado mes de noviembre, el alcalde ha concedido la licencia de obra con el informe emitido por el aparejador de la oficina técnica de Yaiza, que ya se enfrenta a una solicitud de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente del TSJC de prisión durante cinco años.

Una petición que recae sobre uno de los aparejadores por haber informado favorablemente la concesión de nueve licencias para la construcción de viviendas en una finca rústica entre las localidades de Femés y Las Breñas, aplicando el Plan General de Yaiza de 1973 en contra de lo dispuesto en el PIOT. Un procedimiento judicial que sigue abierto, en el que además la Fiscalía solicita 19 años de inhabilitación para el alcalde José Francisco Reyes.


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NotaPublicado: Vie 16 Feb, 2007 7:24 pm 
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Registrado: Sab 17 Dic, 2005 1:20 pm
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El Ayuntamiento mas corrupto de la isla,,, menos mal que el cabildo le paro las patas..

_________________
Mi blogg es http://maho-alzados.blogspot.com/


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 Asunto: timy
NotaPublicado: Vie 16 Feb, 2007 11:42 pm 
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Registrado: Vie 27 May, 2005 9:44 pm
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Espero q no tarden mucho y la fiscalia anticorrupción a este señor junto al anterior alcalde, y algunos empresarios, los lleven esposados a la cárcel como esta pasando en algunos otros municipios canarios. Seguro q entonces se dará cuenta q siempre fue solo es un pastor de cabras con aires de grandeza.


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NotaPublicado: Mié 07 Mar, 2007 11:10 pm 
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Registrado: Lun 20 Mar, 2006 11:00 pm
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El tema es preocupante, pero están intentando desviar la atención. Alguien se ha dado cuenta de que con el nuevo Plan de Ordenación de Teguise en el municipio puede caber Tinajo, Yaiza y si no se cortan un poco San Bartolomé.
Se les ha acabado la especulación en la costa y ahora les toca al interior, Teguise es un ejemplo. Nuestros pueblos estan perdiendo su encanto, y donde antes había casas tradicionales y paisaje ahora se levantan adosados y cajones horrorosos.
Salvemos el municipio deTeguise, la lucha es algo mas que la carretera de Tahíche. No sean hipócritas y digan que está pensada para dar movilidad a toda la gente que quieren meter en Teguise, Tahiche y Nazaret.
Golfos


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NotaPublicado: Lun 24 Sep, 2007 1:23 pm 
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Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cinco de Las Palmas ha accedido a la petición del Cabildo de Lanzarote de aplicar medidas cautelares y ha suspendido la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza a Costa Roja SL para la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en la vía LZ-2, esquina Avenida de Femés, en Playa Blanca.

El Cabildo, que ha recurrido la licencia, destaca que la autorización ahora suspendida “amparaba la construcción de un núcleo de población con más habitantes que Tinajo, la mayor promoción en la historia de Lanzarote y, probablemente, de Canarias, a pesar de que su título consistía en un escueto ‘Conjunto Residencial'”.

El Juzgado de lo Contencioso reconoce la pretensión del Cabildo de suspender la mencionada licencia, dado que la misma “autoriza un proyecto que va en contra de los parámetros urbanísticos globales que para dicho suelo se establece en el Plan General, al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, a lo que se suma el hecho de que dicha licencia autoriza un uso distinto al establecido (uso turístico) mientras que el proyecto autorizado lo es para uso residencial, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle”. De lo que se deduce que la licencia suspendida violenta el propio Plan General de Yaiza.

La magistrada ha señalado que “aparece, por un lado, el interés del Cabildo Insular de Lanzarote, que representa un interés supralocal o supramunicipal, de establecer una regulación regional del uso del suelo y ordenación del mismo, y del otro lado, está el interés del Ayuntamiento y del titular de la licencia de que se ejecuten las obras por ella autorizada”.

En este sentido, la sala reconoce, “una vez más y de manera clara y contundente, la capacidad de intervenir del Cabildo en su calidad de responsable de la ordenación insular, posibilidad ésta negada sistemáticamente por la defensa jurídica de los promotores y ayuntamientos infractores, contra los que la primera Corporación ha interpuesto diversos procedimientos judiciales”, subraya la institución en un comunicado.

En cuanto a los intereses en conflicto, el auto recoge que “frente a la alegación de que debe valorarse igualmente los beneficios de todos los vecinos, los cuales se verán favorecidos por la creación de puestos de trabajo y de riqueza, no se comparte dicha tesis, en el sentido de que la hipotética creación de riqueza deba erigirse en un interés más digno de protección que la legalidad urbanística; y ello porque la riqueza, como patrimonio de una sociedad determinada, no se mide sólo por el número de edificios destinados a vivienda que existan en un municipio, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico”.

La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, ha manifestado este lunes la “enorme satisfacción que le produce el presente auto” y destaca “la urgencia” con que atendió este asunto, una vez ocupó la presidencia insular, dando instrucciones al letrado del Cabildo para que solicitara la suspensión cautelar.

A su juicio, “se ha logrado paralizar la construcción de un proyecto delirante, mientras se avanza en el procedimiento contencioso-administrativo, impidiendo que se consolide la transformación del suelo por la vía de los hechos consumados”.

En la adopción de medidas cautelares resulta fundamental la apariencia de “buen derecho” del lado del solicitante de las mismas. Según la magistrado, “el Tribunal podrá acordar la suspensión del acto cuando se revele una contradicción palmaria, clara y evidente con el Ordenamiento jurídico”, algo que se evidencia en este caso.

Desde la Corporación insular se destaca que “la concesión de esta licencia supuso un verdadero escándalo público hace meses, toda vez que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ocultó la misma al Cabildo y a la propia corporación municipal”.

Auto del Juzgado de lo Contencioso:
http://www.diariodelanzarote.com/docume ... 408350.pdf


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NotaPublicado: Jue 08 May, 2008 1:05 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

El ayuntamiento de Yaiza ha paralizado las obras de canalización de barrancos y el vallado que la Sociedad Costa Roja, S.L, ahora disuelta y conformada bajo otro nombre, llevaba a cabo en la parcela de Playa Blanca donde tenía previsto construir más de 1000 viviendas.

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Las obras han sido paralizadas después de una inspección rutinaria del departamento de Disciplina Urbanística del ayuntamiento, que constató que las obras no se llevaban a cabo con arreglo a la licencia concedida para el proyecto de canalización de barrancos. Los técnicos denunciaron que se había extralimitado en los trabajos de desmonte, superando los límites marcados en el proyecto.

La sociedad promotora tenía licencia para llevar a cabo este proyecto de canalización de barrancos, la licencia fue otorgada por el anterior equipo de gobierno liderado por José Francisco Reyes e informada positivamente por el órgano competente del cabildo Insular.

Si bien, tal y como apunta el actual responsable de Urbanismo Leonardo Rodríguez, “la empresa se había extralimitado en el desmonte del terreno por lo que el ayuntamiento actuó en consecuencia y decretó la paralización de las mismas”. El concejal de urbanismo defiende esta actitud “vigilante” de la corporación frente a todas las obras que se llevan a cabo en el municipio y en Playa Blanca.

Por otro lado y según fuentes de la corporación, los promotores han comunicado su voluntad de atenerse a lo establecido en la licencia para retomar las obras de canalización aunque de momento no ha presentado escrito en la institución.

De la misma manera el ayuntamiento de Yaiza justifica la paralización del vallado de la parcela que se acometía desde hace meses, dado que para llevar a cabo el proyecto de canalización de barrancos no es necesario vallar el total de la superficie y basta tan sólo con vallar la zona en obras. El ayuntamiento debe decidir ahora si se mantiene o no esas vallas que bordean la parcela.

Esta parcela ha estado rodeado de la polémica desde que el anterior alcalde José Francisco Reyes concediese licencia al proyecto de Residencial Costa Roja para la construcción de 1.000 viviendas, permiso que fue recurrido por el Cabildo después de que La Voz de Lanzarote la diera a conocer. Pese a las medidas cautelares dictadas por el juzgado, Reyes volvió el pasado mes de junio a dar la licencia a la promotora para empezar las obras.

En estos momentos todos los expedientes relativos a esas licencias han sido remitidos por parte del ayuntamiento de Yaiza al Juzgado número 8 de Arrecife tras el requerimiento judicial de los mismos.


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NotaPublicado: Mié 04 Mar, 2009 8:19 am 
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Según lapronvincia.es:

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una resolución mediante la que desestima el recurso de apelación que el Ayuntamiento de Yaiza y la entidad Costa Roja SA interpusieron contra la orden de suspensión de obras que el Juzgado formuló en 2007, acogiendo la solicitud de medidas cautelares formulada por los servicios jurídicos del Cabildo. La decisión fue notificada el pasado 26 de febrero.

La Corporación recurrió las licencias de obras que el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió a dicha promotora para construir un megacomplejo de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.599 plazas de garaje a la entrada de la localidad de Playa Blanca.

El rechazo de los recursos de apelación que tanto el Ayuntamiento como el promotor formularon contra la paralización de dicho proyecto deja definitivamente en suspenso tanto la licencia que el 5 de diciembre de 2006 concedió el ex alcalde de Yaiza autorizando el proyecto básico como la licencia que posteriormente, el 8 de junio de 2007, otorgó dicho edil autorizando el proyecto de ejecución de la obra.

El Tribunal desestima los argumentos expuestos por la defensa del Ayuntamiento de Yaiza y advierte que la suspensión de las licencias debe mantenerse porque, entre otras razones, si se permitiera ejecutar unas obras de esta entidad se produciría una gran transformación del suelo "que haría muy difícil la reversión de la situación creada, y, en caso de ser posible, con un altísimo coste para las arcas municipales".

La Sala advierte de que, ante la gran envergadura del proyecto, "también existe el riesgo cierto de que la ejecutividad de la resolución municipal ponga en peligro o afecte seriamente al desarrollo urbanístico de todo el municipio". El proyecto de 1.012 viviendas y 220 locales comerciales cuya suspensión ha sido confirmada por el alto Tribunal constituye uno de los dos casos en que el Cabildo ha impugnado proyectos de obras de tipo residencial.

El otro supuesto son las 1.800 viviendas que se pretenden desarrollar en el Plan Parcial Playa Blanca. Para ambos casos el Cabildo defiende que el suelo correspondiente a dichas actuaciones no se puede desarrollar por haber quedado desclasificado con la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes en materia Territorial y Turística, con independencia del uso a que se destine.


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NotaPublicado: Jue 23 Abr, 2009 2:19 pm 
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Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
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Según lavozdelanzarote.com:

La Audiencia Provincial de Las Palmas dictó el pasado 4 de abril una resolución por la que estima el recurso del Cabildo de Lanzarote, que pedía personarse en la causa contra las licencias otorgadas por el ex alcalde de Yaiza en Playa Blanca.

La Sala estima la apelación que el Cabildo de Lanzarote formuló contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife de 14 de marzo de 2008 que había denegado a la primera corporación insular la posibilidad exigir responsabilidades penales por la concesión de las licencias que el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (PNL), concedió a la mercantil Costa Roja, SL para construir más de 1.000 viviendas, 220 locales comerciales y 2.599 plazas de garaje en Playa Blanca.

El Alto Tribunal corrige el criterio que mantuvo el Juzgado de Instrucción, que consideraba que la personación en la causa del Ministerio Fiscal impedía al Cabildo comparecer en ese proceso penal que se sigue contra el ex alcalde, técnicos y promotores por la concesión de la licencias de Costa Roja.

La corporación ahora está legitimada para exigir responsabilidades administrativas, disciplinarias y sancionadoras por las licencias ilegales que ha impugnado y además para que se depuren las posibles responsabilidades penales en que hubieran podido incurrir las personas que hayan intervenido en la concesión de esas licencias.

Esta decisión de la Audiencia podría tener efecto en las demás causas criminales que se siguen en Lanzarote por la concesión de licencias turísticas ilegales porque permite al Cabildo de Lanzarote personarse en dichos procesos penales.


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NotaPublicado: Mar 04 Jun, 2013 9:52 pm 
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Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
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Según Diario de Lanzarote:

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas ha dictado sentencia anulando las licencias de construcción de la macro urbanización de 1.012 viviendas y 220 locales comerciales autorizada por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al promotor Luis Lleó.

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La sentencia, del pasado 27 de mayo, da la razón al Cabildo de Lanzarote, que reclamó la nulidad de las autorizaciones otorgadas a Residencial Costa Roja, empresa controlada por Lleó, uno de los principales imputados en el caso Unión por el intento de soborno al socialista Carlos Espino para que desbloquease esta importante bolsa de suelo. La Fiscalía pide para él seis años de cárcel.

El Juzgado asume las alegaciones del Cabildo y destaca que basta la ausencia del informe jurídico municipal sobre la legalidad del proyecto para declarar la ilegalidad de las licencias, concedidas en diciembre de 2006 y junio de 2007.

Así, subraya que el dictamen “que obra en el expediente carece del contenido propio para poder ser calificado como informe jurídico, al omitir referencia expresa a la solicitud formulada” por el promotor. “Esta falta de contenido conlleva la anulación”, añade.

El Juzgado también recalca que las licencias se otorgaron para “un macro proyecto edificatorio” sobre unos terrenos “que carecen de cualquier tipo de ordenación pormenorizada, vulnerando de forma abierta y absoluta” la legislación territorial de Canarias.

Igualmente, añade la sentencia, se omitió el informe del Cabildo sobre la compatibilidad del proyecto con el Plan Insular. También destaca que el proyecto “incumple de forma ostensible los parámetros del Plan General de Yaiza en el suelo afectado”.

La bolsa de suelo de Costa Roja carecía de ordenación y, por tanto, no se podía construir. En cualquier caso, el proyecto de Lleó tenía “una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida” para esos terrenos, que además cuando se ordenasen tendrían uso turístico y no residencial.

DOCUMENTO: Sentencia que anula Costa Roja:
https://docs.google.com/file/d/0B2Jajo1 ... sp=sharing


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NotaPublicado: Vie 07 Jun, 2013 9:42 am 
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Registrado: Jue 25 Oct, 2012 5:38 pm
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Fuente diariodelanzarote.com:

El promotor Luis Lleó, para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel y un millón de euros de multa por el intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, también ha sido condenado a abonar a la empresa del arquitecto Enrique Ruiz, que diseñó el macro complejo de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas comerciales, unos 2,3 millones de euros en concepto de honorarios.

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La Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó la sentencia contra la promotora de la urbanización, Residencial Costa Roja. A esta resolución judicial se ha añadido la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas, que anuló las licencias de construcción de la urbanización, en la entrada de Playa Blanca desde Yaiza.

La sentencia, del pasado 27 de mayo, dio la razón al Cabildo, que reclamó la nulidad de las autorizaciones otorgadas. El Juzgado destaca que basta la ausencia del informe jurídico municipal sobre la legalidad del proyecto para declarar la ilegalidad de las licencias, concedidas en diciembre de 2006 y junio de 2007 por el entonces alcalde, José Francisco Reyes.

Así, subraya que el dictamen “que obra en el expediente carece del contenido propio para poder ser calificado como informe jurídico, al omitir referencia expresa a la solicitud formulada” por el promotor.

El “macro proyecto edificatorio” se pretendía desarrollar sobre unos terrenos “que carecen de cualquier tipo de ordenación pormenorizada, vulnerando de forma abierta y absoluta” la legislación. Se pretendía “una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida”.


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NotaPublicado: Lun 01 Jul, 2013 9:18 am 
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Registrado: Jue 25 Oct, 2012 5:38 pm
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Fuente diariodelanzarote.com:

Un supuesto error en la instrucción del caso Unión puede provocar que parte del caso Costa Roja, en el que se investiga la concesión al empresario Luis Lleó de una licencia ilegal para construir más de 1.000 viviendas en Playa Blanca, se desbarate. La Fiscalía da por 'perdidos' todos los documentos y correos electrónicos incautados en los registros de los domicilios y las oficinas de Lleó por un fallo grave en la orden para entrar en las propiedades del promotor.

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El análisis de la ingente documentación recopilada, efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO), permitió que en marzo pasado se reabriese el caso Costa Roja, que ya estaba pendiente de juicio y en el que sólo habían quedado como imputados el ex alcalde, José Francisco Reyes, y el secretario municipal, al encontrarse nuevas pruebas.

La jueza Ángela López-Yuste llegó a imputar prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos al catedrático Rafael Entrena Cuesta, considerado uno de los juristas más relevantes en el ámbito del Derecho administrativo en España.

También volvió a imputar a Lleó y a Felipe Fernández Camero, letrado del Ayuntamiento, por los mismos supuestos delitos. Ahora, sólo la prevaricación en el seno del Consistorio sureño estaría clara.

El fiscal de Medio Ambiente de la provincia de Las Palmas, Javier Ródenas, ha reconocido en la contestación a un recurso planteado por Lleó en el que defiende la ilegalidad de los registros que “parece procedente anticipar”, por “la evidente falta de motivación y vulneración del derecho a la tutela judicial”, la “aparente nulidad de los autos de entrada y registro en las oficinas y domicilio” del promotor: una vivienda en Playa Honda y cuatro oficinas en la misma localidad y en Arrecife, revisadas dos días después de que estallara el caso Unión.

La historia de la orden de registro es rocambolesca. Según la defensa del promotor, la resolución judicial apareció el pasado 26 de abril, casi cuatro años después. “Al parecer se encontraban en un ordenador” pero no estaba en el sumario ni, como admite la Fiscalía, estaba argumentada.

El fiscal insiste en que la nulidad de los registros no tiene que afectar al juicio por intento de soborno al socialista Carlos Espino para que desbloquease desde el Cabildo la urbanización porque no ha tenido en cuenta ninguna prueba hallada en las propiedades de Lleó por la UCO. Además, asegura que “la consumación del delito de cohecho” se acredita en “conversaciones telefónicas y entrevistas personales”.

En el ámbito jurídico se considera 'fruto de un árbol envenenado' a la prueba conseguida con ayuda de información obtenida de forma ilegal, definición que se amolda a lo ocurrido. Lo descubierto en los correos de Lleó era relevante: desvelaba que se encargó un dictamen a la carta para “blindar” al alcalde, que costó 27.000 euros y que lo pagó el Ayuntamiento aunque lo encargó el propio promotor.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com