Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm Mensajes: 3147
Fuente La Voz de Lanzarote:
Una sentencia del Tribunal Supremo confirma la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló la orden del Gobierno de Canarias, donde se aprobó la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de agua, solicitada por el Consorcio del Agua de Lanzarote. Así lo ha asegurado el Partido Popular de la isla, a través de un comunicado. La orden del Ejecutivo canario es de 16 de diciembre de 2008.
El PP ha señalado que esta sentencia supone "un nuevo revés" para el Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo de Lanzarote, y los siete ayuntamientos de la isla. El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de las tarifas del agua que ha estado cobrando a los usuarios la empresa pública Inalsa, intervenida judicialmente, según ha apuntado el PP.
El alcance de este nuevo fallo judicial emitido por el Alto Tribunal el pasado 1 de julio, que ratifica la sentencia del 1 de octubre de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se centra en que esas tarifas de Inalsa, ahora anuladas, fueron "acordadas por el Cabildo para intentar sanear Inalsa, la empresa pública del agua cuando se encontraba a un paso de su intervención judicial", según ha informado esta formación política.
A finales del año 2008, el entonces pacto de gobierno en el Cabildo de Lanzarote, presidido por Manuela Armas (PSOE), con el apoyo del PIL, acordó una subida importante de las tarifas del agua, entre ellas la obligatoriedad de pagar una cuota fija, hubiera o no consumo de agua, por tenencia de contador. "Esa cuota de servicio se estableció para sanear Inalsa y donde el mínimo era de 6 euros por recibo, para personas físicas o particulares, y 12 euros, para los contadores de empresa, además de un importante incremento por los tramos de consumo", ha recordado el PP.
Además, también se incluye la nulidad de los precios por la depuración de aguas residuales que facturaba Inalsa a través de sus recibos a los abonados. Ahora, el Tribunal Supremo rarifica el fallo del TSJC de octubre del 2010, anulando las tarifas que entraron en vigor el 1 de enero del año 2009, aceptando un recurso contencioso administrativo de los empresarios turísticos de Lanzarote, y donde en la práctica las empresas y particulares tienen el derecho a que se les devuelva estas cantidades cobradas por una Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a instancias del Consorcio del Agua de Lanzarote, a través de la Dirección General de Consumo.
Esta sentencia del Tribunal Supremo fue dictada el pasado 1 de julio. El 11 de ese mismo mes, el presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, y presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, había convocado una asamblea extraordinaria del Consorcio Insular de Aguas para debatir sobre un acuerdo con la Junta de Acreedores de Inalsa, intervenida judicialmente y que estudia el Juzgado de lo Mercantil.
Según el PP, San Ginés omitió en esa asamblea la existencia de esta "dura sentencia que pudiera obligar a la devolución de una millonada a los usuarios de Inalsa en estos años atrás". Sin embargo, San Ginés, sí remitió un acuerdo de plan de pagos con los acreedores de Inalsa por cerca de 40 millones de euros procedentes de la entidad Canal de Isabel II tras la privatización del servicio de agua en Lanzarote para las próximas décadas.
"A partir de ahora, es muy probable, que el Consorcio del Agua de Lanzarote tenga que destinar ese dinero al reintegro de las tarifas cobradas de forma fraudulenta (sin amparo legal) a los ciudadanos y empresas de Lanzarote, y no pueda hacer frente a las cláusulas en el Convenio de Acreedores de Inalsa, con la dación y transferencias de los créditos", ha manifestado el PP a través de un comunicado.
“Es materialmente imposible que se haya producido un enriquecimiento ilícito de la administración, porque se ha prestado un servicio por debajo de su coste. El enriquecimiento sería el único fundamente jurídico que obligaría a la devolución” económica. De esta manera ha explicado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, las consecuencias que podría tener la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la nulidad de las tarifas del agua de Inalsa en Lanzarote. “En principio, no va a tener consecuencias económicas”, ha insistido.
El presidente del Cabildo ha ofrecido una rueda de prensa este viernes, en la que ha asegurado que esta sentencia es “anulatoria” de los acuerdos por los que se aprobaron estas tarifas, en 2008, y "no condenatoria a devolución alguna por cobro indebido como da a entender el PP”, que es el partido que hizo público este jueves el fallo judicial del Supremo. Además, asegura que para devolver el dinero, “alguien” tendría que “solicitar la ejecución de sentencia en forma de devolución”. Esto, de momento, no ha tenido lugar.
Por tanto y, “a falta de un informe jurídico más profundo”, el presidente del Cabildo ha insistido en que “en principio” no se tendría que devolver dinero a los usuarios, puesto que “el servicio se ha venido presentando con una tarifa pública por debajo de los costes de producción durante todos estos años”. “Precisamente, por eso Inalsa entró en concurso de acreedores, porque aquellas tarifas de 2008 no cubrían los costes de producción”, ha insistido el presidente.
Así, el presidente no ha podido garantizar al 100 por cien que estas cantidades no tengan que devolverse a los usuarios, puesto que “al 100 por cien en esta vida, sólo está la muerte”. “Bajo mi punto de vista, sería muy complicado que nos condenasen a devolver, porque no ha habido enriquecimiento”, ha insistido.
San Ginés ha querido dejar claro que la subida de las tarifas, acuerdo que ha sido anulado ahora por el Tribunal Supremo, fue aprobado en 2008, “cuando el PIL ostentaba una responsabilidad directa en Inalsa y era el PSOE quien presidía el Consorcio y el Cabildo”. “Dichas tarifas entraron en vigor el 1 de enero de 2009, diez meses antes de que asumiera la Presidencia. Fue precisamente bajo mi Presidencia, cuando en cumplimiento con la sentencia se regularizó la situación y lo que eran tarifas pasaron a convertirse en tasas, que es lo que indica la sentencia”, ha explicado.
Además, el presidente ha cargado contra el PP, que hizo público este fallo y advirtió que la sentencia “pudiera obligar a la devolución de una millonada a los usuarios de Inalsa en estos años atrás”. “Se trata de una más de las muchas y burdas mentiras del PP en su vano intento de criminalizar la gestión del grupo de gobierno y, en particular, la imagen de esta Presidencia”, ha denunciado.
San Ginés ha querido dejar claro que en ningún momento “ocultó la sentencia” puesto que “no habría ninguna razón para ello”, desmintiendo así lo declarado por el PP que aseguró que el presidente la había “omitido”. “Es rotundamente falso que conociera esta sentencia dictada el 1 de julio. Hoy, 2 de agosto, todavía no ha sido comunicada formalmente dicha sentencia al Consorcio Insular”, ha afirmado el presidente que, sin embargo, ha reconocido que sí fue comunicada “11 días después de la Asamblea del Consorcio a la que se refiere el PP” por el letrado que representa al Consorcio.
No obstante, aunque se hubiera conocido meses antes esta sentencia, San Ginés ha insistido en que no tiene “absolutamente nada que ver, ni podría afectar en nada a la posibilidad de utilizar el dinero previsto en el convenio, aprobado para proponer a la Junta de Acreedores, como sostiene el PP”. Por todo ello, el presidente ha afirmado que el PP es “víctima de sus propias incoherencias”, porque también estaba “de acuerdo con que se utilizase el dinero del concurso para abonar la deuda con los acreedores de Inalsa”, pero la formación quería que se convocara un nuevo concurso y no se hiciera a través de un procedimiento negociado con publicidad.
Ante esta situación y ante las críticas del PP, el presidente ha pedido a esta formación “prudencia, responsabilidad y lealtad institucional”, en lugar de estar “alarmando con terribles consecuencias de la sentencia”. “Es lo que le falta al PP, altura de miras y lealtad institucional”, ha manifestado.
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