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Según La Voz de Lanzarote:

"Si preocupados estábamos antes, más preocupados e indignados estamos ahora tras revisar muchos de los expedientes y detectar casos que, técnicamente, cumplen con los requisitos para ser admitidos pero que consideramos no pueden percibir en ningún caso la misma cantidad”. Así se ha pronunciado el PP tras la reunión celebrada este miércoles en el Cabildo, en la que el grupo de gobierno ha tenido que aceptar las propuestas de la oposición para desbloquear la aprobación de estas ayudas, que volverá a llevarse a pleno este jueves.

En un comunicado, el PP ha defendido la postura que la oposición mantuvo en el pleno extraordinario del pasado lunes, proponiendo que este tema quedara sobre la mesa. El argumento fue que no compartían los criterios que se habían utilizado para asignar estas ayudas, que otorgaban la misma cantidad a cada alumno.

“Con el sistema empleado por el equipo de gobierno se producen circunstancias completamente surrealistas”, subraya el PP tras conocer esos expedientes. Así, afirma que hay familias que tienen ingresos por unidad familiar de unos 2.500 euros, con vivienda en propiedad, sin cargas familiares por discapacidad o mayores de 65 años, y dos hijos estudiando fuera de la isla, que percibirán los mismos 1.000 euros, por alumno, que otra familia con las mismas características sociales y que sus ingresos son únicamente los 460 euros de la prestación básica”.

Los populares consideran "intolerable” que se haya tratado “por igual a los 135 alumnos que se presentaron a la convocatoria: a aquellos que viven en hogares en los que el único dinero que entra es el de la prestación básica de los 400 euros y aquellos cuyos progenitores son, por ejemplo, trabajadores de la propia institución pública”.

Sobre este tema, el propio presidente, Pedro San Ginés, reconoció este martes en Radio Lanzarote que los hijos de los trabajadores del Cabildo también podían acceder a esta ayuda. "Que sean trabajadores públicos no significa que no puedan estar en una situación de emergencia", señalan desde el gobierno, agregando que se tienen en cuentra otros factores además de la renta, como el número de hijos, la existencia de una hipoteca y otras cargas familiares.

Tras conocer estos datos, la consejera del Partido Popular en la Comisión de Educación del Cabildo de Lanzarote, María del Cristo Acosta, ha insistido en que “lo mejor que se pudo hacer con las ayudas de emergencia educativa fue dejarlas sobre la mesa e intentar corregir las situaciones tan injustas y discriminatorias que se producían por la decisión de otorgar a todos los solicitantes la misma cantidad económica”.

En este sentido, Acosta critica que el equipo de gobierno no haya tenido “la previsión suficiente para trabajar bien este asunto antes de llevarlo a pleno para su aprobación”. Y es que, tal y como recuerda la consejera, el PP “expresó sus dudas y su disconformidad con la forma de repartir estos fondos de emergencia desde el minuto uno en el que se llevó a comisión, porque entendíamos que los criterios que se habían establecido no garantizaba que las familias más necesitadas fueran las más apoyadas económicamente”.

“Sencillamente -recalca- no se producía una distribución equitativa de los recursos”. “Unas ayudas que se llaman de emergencia social no pueden repartirse por igual, otorgando a todos una cuantía uniforme de 1000 euros, porque precisamente la situación de las familias tampoco es la misma y, lógicamente, hay personas con más necesidad que otras y en condiciones económicas más difíciles”.

El PP también ha cuestionado las declaraciones “totalmente fuera de lugar que están realizando cargos públicos de CC, como el Alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, que se dedica a descalificar a los grupos de la oposición en el Cabildo y hacerlos responsables de que la propuesta no saliera adelante en el pleno”.

Además, los populares le recuerdan a Betancort que, “aunque la propuesta partiera de la oposición, la decisión de dejarlo sobre la mesa se adoptó por unanimidad de los grupos políticos del Cabildo, incluido el de CC”.

“Parafraseando al Alcalde de Teguise, señala Acosta, “lo que no podemos comprender es cómo se puede jugar con algo tan serio como es la educación y con las familias que realmente sí están en una situación de emergencia social real”.

Según la consejera, “esto sí que resulta una vergüenza y no la actitud del Partido Popular, que lo único que ha pretendido al dejarlo sobre la mesa es, precisamente, que se corrijan estas desigualdades tan bochornosas y que evidencian la incompetencia de determinados representantes políticos, que confunden la gestión pública con el servicio a intereses muy personales y particulares sin medir los dañinos efectos colaterales de sus decisiones”.



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NotaPublicado: Jue 21 Nov, 2013 3:41 pm 
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NotaPublicado: Mié 18 Dic, 2013 8:45 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Legalmente, el presidente de la Corporación debió someter a votación la urgencia de la moción planteada ante el Pleno por el grupo político PIL, en relación con la concesión de ayudas de emergencia educativa”. Eso es lo que concluye el informe elaborado por el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, en respuesta a una solicitud del PIL y el PP, tras el polémico pleno celebrado el pasado viernes 29 de noviembre.

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En aquella sesión, San Ginés se negó a debatir siquiera la urgencia de la moción, alegando que el asunto ya estaba resuelto, porque esa misma mañana la Junta de Gobierno había aprobado la concesión de las ayudas. El presidente sostuvo que no tenía sentido votar la nueva propuesta de reparto elevada al Pleno por el PIL, que defendía un reparto “más justo y equilibrado” de estas ayudas.

Tres semanas después de aquel Pleno, en el que el presidente terminó levantando la sesión entre los gritos de la oposición y de parte del público presente en la sala, el secretario ha confirmado ahora que, efectivamente, debió votarse la urgencia. Tras citar la legislación y jurisprudencia sobre el tema, el secretario señala en su informe que “parece evidente la existencia de un mandato legal inexcusable que debió ser cumplimentado por el presidente del a Corporación en la sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2013, permitiendo que los miembros corporativos de esta institución votaran la urgencia propuesta en la moción presentada por el grupo político PIL”.

Además de este informe, el secretario también ha elaborado un segundo dictamen, en este caso a petición del propio Pedro San Ginés, analizando qué consecuencias hubiera tenido la posible aprobación de la moción del PIL, cuando la Junta de Gobierno ya había adoptado un acuerdo sobre esas ayudas.

En ese informe, que ha hecho público el Cabildo, el secretario señala que de haber prosperado la moción, “el acuerdo adolecería de un vicio de nulidad de pleno derecho”. Para concluir esto, se basa en la normativa que declara la nulidad de los acuerdos que no cuentan con crédito presupuestario. Es decir, que como el reparto de la partida para esas ayudas ya había sido aprobado en Junta de Gobierno unas horas antes, la propuesta del PIL con una nueva distribución no contaba con fondos y por tanto hubiera carecido de “eficacia jurídica”.

No obstante, el secretario también plantea en su informe que “cuando la moción implique la adopción de acuerdos idénticos ya adoptados, pero en sentido contrario o con algunas variaciones, dicha moción únicamente debería ser factible si se propusiera al Pleno el acuerdo de iniciar por el órgano correspondiente la tramitación del expediente para revisar de oficio los citados actos”.

Durante el Pleno de la polémica, el PIL solicitó en reiteradas ocasiones que se pronunciara el secretario, que estaba presente en la sesión, pero no llegó a tomar la palabra. “¡Pues a los tribunales! No necesito informe de Secretaría. ¡Vayan a los tribunales!”, terminó afirmando San Ginés en aquel Pleno, dando por terminada la sesión.


Tras entregar este miércoles ambos informes a la oposición, el grupo de gobierno ha enviado un comunicado en el que sostiene que de los informes jurídicos del secretario “se desprende, por una parte, que de haber prosperado la citada moción, el acuerdo adolecería de un vicio de nulidad de pleno derecho, dada la insuficiencia de crédito presupuestario, tal y como ha sostenido, en todo momento, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés”.

En el comunicado, el grupo de gobierno reproduce algunos párrafos del segundo informe jurídico del secretario, para insistir en que el acuerdo no hubiera sido válido, aunque en el último párrafo admite que el dictamen de Perdomo “establece la obligatoriedad de haber sometido a debate la urgencia". Sin embargo, a continuación agrega que el informe del secretario también "menciona la Sentencia del Tribunal Supremo que viene a negar la procedencia de debatir el fondo, que no obstante habría sido nulo de pleno derecho de prosperar”.

Respecto a la sentencia del Supremo, efectivamente, el secretario hace referencia a ella en su informe, aunque agrega que “existe otra consolidada jurisprudencia favorable a la obligación de someter a debate y votación el fondo de los asuntos”. Es decir, que no sólo debía haberse votado la urgencia, como concluye categóricamente, sino también la moción en sí, en caso de haber prosperado la primera votación.


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NotaPublicado: Jue 19 Dic, 2013 4:25 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com