FORO SOBRE LANZAROTE

Fuente lavozdelanzarote.com:

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional lleva más de dos años investigando los negocios y el patrimonio de Pedro de Armas, dentro de una causa penal que se abrió en enero de 2012 por parte del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, y de la que no había trascendido nada hasta ahora, ya que las actuaciones se encontraban hasta hace poco bajo secreto de sumario. Durante este tiempo, la investigación se ha ido extendiendo también a la mujer y a los hijos de Pedro de Armas y a su “entramado societario”, en busca de presuntos delitos de blanqueo de capitales. Ahora, la Audiencia Provincial ha ordenado seguir la instrucción de la causa, al entender que hay indicios suficientes para ello.



Concretamente, lo que se investiga es la presunta participación de De Armas “en operaciones relacionadas con fincas, concesión de licencias y ejecuciones de obras conectadas con la administración”, especialmente con los ayuntamientos de Arrecife y Yaiza, “a partir de las cuales se han podido obtener rendimientos ilegales que han podido ser blanqueados o desviados fuera de España”. De hecho, la investigación ha incluido una comisión rogatoria a Argentina, pidiendo datos sobre los movimientos económicos de Pedro de Armas en ese país.

En un auto de la Audiencia Provincial al que ha tenido acceso La Voz, se relata que la investigación se inició a instancias de la propia Udef, como consecuencia del trabajo que había realizado esta misma unidad en el “caso Yate”, que investigó la concesión masiva de licencias ilegales por parte del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y que actualmente está pendiente de juicio.

En el marco de esa investigación, los agentes se encontraron “de forma reiterada” con el nombre de Pedro de Armas, relacionado con Reyes tanto por su pertenencia al mismo partido, el PNL, como por los vínculos personales y económicos entre ellos. Además, entre otras cosas, Reyes otorgó a De Armas licencias para construir en el Plan Parcial Playa Blanca, que después fueron declaradas ilegales por la Justicia.

En su informe, la Udef hacía referencia al “entramado” societario de Pedro de Armas y relataba “diversas operaciones mercantiles” que despertaron sus sospechas, vinculadas sobre todo con la compra-venta de parcelas, de las que la policía tuvo conocimiento porque la información ya había llegado al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo. Además, la Udef subrayaba que Pedro de Armas ha ostentado en los últimos años “diversos cargos públicos relacionados, en muchos casos, con el planeamiento urbanístico, todo ello a la vez que aparece como empresario con negocios en el mundo inmobiliario y con negocios con el ex alcalde de Yaiza”.

La Udef solicitó entonces la apertura de un procedimiento penal, y su petición fue atendida mediante un auto el 16 de enero de 2012, disponiéndose además el secreto de las actuaciones.

Desde entonces, la Udef fue enviando informes periódicos al Juzgado y abriendo nuevas líneas de investigación, que llegaron también a las sociedades de Pedro de Armas y a sus familiares directos. Y entre otras cosas, se han encontrado “importantes transferencias de dinero hacia sus hijos, mediante donaciones”, así como “posibles salidas de dinero a Argentina, aún sin aclarar”, ya que cuando se dictó este auto todavía no se había obtenido respuesta de la comisión rogatoria remitida a ese país.

En julio de 2013, poco después de que se produjera un cambio de titular en el Juzgado que instruye la causa, el nuevo juez se dirigió a la policía dándole un plazo de 7 días para que informara “detalladamente de las investigaciones efectuadas y de sus conclusiones”.

Tras recibir el informe policial, el juez dictó dos autos el 12 de agosto, cambiando el criterio de las anteriores juezas y ordenando el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el levantamiento del secreto de sumario. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta decisión y la Audiencia Provincial le ha dado la razón, concluyendo que existen indicios suficientes para continuar la investigación. Lo que no ha aceptado la Audiencia es mantener el secreto de sumario, por lo que las partes ya han tenido conocimiento de esta investigación.

“Por mucho que haya durado la investigación, no está ni mucho menos agotada, pues precisamente se echa en falta no sólo que la policía judicial aporte el informe final de sus pesquisas, realizadas a partir de diversas autorizaciones judiciales”, “sino, sobre todo, la documentación que se ha ido recabando a lo largo del tiempo y que no nos consta que se haya unido a la causa ni examinado por el instructor a la hora de adoptar la decisión apelada”, señala la Audiencia en su auto. Además, agrega que aún ni siquiera “se ha recibido, por ejemplo, la información que se ha reclamado a la República Argentina”.

Así, da la razón al argumento mantenido por el fiscal Ignacio Stampa en su recurso, al que La Voz ha tenido acceso a través del fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guilermo García Panasco. En su escrito, la Fiscalía denunciaba que se había “vulnerado por el instructor el derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que se ha concluido la causa sin agotar la investigación, pues aún no se han practicado las diligencias que, en su día, fueron acordadas por otras jueces que conocieron de las mismas”. Es decir, las dos juezas que también han pasado por ese Juzgado durante el tiempo que ha durado la instrucción.

Además, la Audiencia también coincide con el fiscal al cuestionar las “apreciaciones” que realiza el actual juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, en relación a los informes policiales e incluso al origen de la investigación.

Así, lejos de las valoraciones del juez que sobreseyó la causa, la Audiencia sostiene que la investigación ha puesto de relieve “hechos que cuando menos merecen ser objeto de análisis, un análisis que ni mucho menos está completo”.

Por eso, sostiene que aún se debe determinar si la “capacidad económica” de Pedro de Armas “se corresponde o no con su actividad empresarial”, y cuestiona que lo que ha hecho el juez es entrar a “justificar” las distintas operaciones bajo sospecha “una por una”, “en ocasiones sin mayores aditamentos que la afirmación por parte del Instructor de que la operación es normal en el tráfico mercantil”.

En esas operaciones, se incluyen compraventas de parcelas en el Plan Parcial Playa Blanca y en Arrecife, donde De Armas obtuvo beneficios millonarios (“extraordinarios”, según subraya la Audiencia), consiguiendo licencias donde antes se habían denegado. De hecho, esas licencias fueron después declaradas ilegales por la Justicia.

Además, la investigación subraya la vinculación política de Pedro de Armas con ambos municipios, ya que desde hace años es concejal de Arrecife, donde incluso fue concejal de Urbanismo, y además era compañero de partido del entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, con quien también ha compartido “negocios” y una “relación personal”.


A todo ello, la Audiencia subraya que “debe unirse que en las diversas operaciones inmobiliarias en las que interviene” Pedro de Armas, “y que son expuestas por la policía, aparece relacionado también con otros empresarios que constan imputados en diversas causas por delitos de cohecho o tráfico de influencias”, como Luis Lleó, entre otros.

Por eso, considera que “precisamente” la información que aún falta en esta investigación “es aquella que nos podía dejar claro si esas actuaciones en conexión con personas imputadas por diversos delitos, y que han derivado en beneficios extraordinarios, tienen o no fundamento o base con su actividad empresarial”, o si podría estar vinculada a presuntas actividades delictivas.

Ésta no es la primera vez que el nombre de Pedro de Armas aparece en una investigación judicial, aunque en esta ocasión la causa se centra en él. Anteriormente, entre otras cosas, declaró como testigo en la primera causa penal abierta por la licencia de Costa Roja, concedida a Luis Lleó. El arquitecto de ese proyecto denunció en los tribunales las presuntas ilegalidades y aseguró que Pedro de Armas fue el intermediario entre Lleó y el ex alcalde de Yaiza, afirmando que se pagó una supuesta comisión ilegal de 3 millones de euros.

A principios de 2013, la Fiscalía pidió que se practicaran nuevas diligencias en esa causa para investigar los “indicios” contra Pedro de Armas, al considerar que pudo “haber sido el mediador económico de José Francisco Reyes en Yaiza y negociador de posibles comisiones ilegales”.

Además, De Armas también fue investigado en el caso Unión y actualmente el Juzgado de Instrucción Número 5 mantiene abierta una pieza contra José Francisco Reyes por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por las licencias concedió a Pedro de Armas para construir 10 chalets en Playa Blanca.

Ahora, en esta nueva causa que acaba de conocerse, lo que se investiga es el patrimonio de Pedro de Armas, para determinar si durante años ha podido blanquear dinero procedente de actividades supuestamente ilícitas.

Fuente lavozdelanzarote.com:

La investigación del patrimonio de Pedro de Armas y su familia ha arrojado ya “un ingente número de indicios de criminalidad que requieren un estudio pormenorizado”. Así lo sostiene el fiscal Ignacio Stampa, en un recurso que hace unos meses encontró respaldo de la Audiencia Provincial para continuar esta investigación contra el concejal del PNL-Nueva Canarias en Arrecife por presunto blanqueo de capitales. La causa penal se inició en enero de 2012, pero hasta ahora no había trascendido porque se encontraba bajo secreto de sumario



Hasta ahora, entre otras cosas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado ya “la existencia de 112 fincas, 20 vehículos y 9 embarcaciones, así como 66 cuentas corrientes”. En su escrito, al que La Voz ha tenido acceso a través de la jefatura de la Fiscalía de la provincia de Las Palmas, el fiscal subraya que “se desconoce la forma de adquisición” de “semejante patrimonio” y agrega que el último informe policial de la UDEF describe hechos que son “más que indiciarios de operaciones vinculadas al blanqueo de dinero”.

Sólo una de las embarcaciones, “El Cabo Andrés”, tendría un precio de “entre 800.000 y 1.050.000 euros”, según la investigación. Este barco se hizo especialmente famoso a principios de esta legislatura, cuando varios medios nacionales se hicieron eco de la travesía que De Armas realizó con él a la isla de Martinica, abandonando su puesto de concejal en Arrecife durante medio año.

Otro de los frentes de la investigación se centra en la República Argentina, donde “ya se ha probado” que Pedro de Armas y su familia “poseen al menos una mercantil y dos fincas” de “más de 13.000 hectáreas” (es decir, 130 millones de metros cuadrados). A raíz de este hallazgo, la UDEF solicitó al Juzgado que instruye la causa, el Número 3 de Arrecife, una Comisión Rogatoria de Auxilio dirigida a las Autoridades Judiciales de la República Argentina, “ante la posibilidad de que hubiesen podido desviar al país referido parte del capital que hubiesen podido obtener ilícitamente”.

Según señala la Fiscalía, el objetivo de esa comisión rogatoria, que fue autorizada por el Juzgado, es determinar si hay “más propiedades, cuentas o productos en dicho país”, así como conocer quién les vendió o cedió esas 13.000 hectáreas en Argentina y a qué precio y, “sobre todo, de dónde salió ese capital para adquirir unas fincas de semejantes dimensiones”.

Al respecto, el fiscal subraya que según una escritura de apoderamiento de la mujer de Pedro de Armas, las fincas fueron adquiridas en el año 2008 y “en un análisis previo de las cuentas corrientes, no se han observado salidas de capital al extranjero” en ese periodo.

La investigación de la UDEF también ha detectado importantes donaciones de Pedro de Armas y su mujer a sus hijos. Concretamente, durante el año 2009 les cedieron “la cantidad de 1.447.402 euros, siendo el origen de dichos bienes desconocido aún”, según señala la Fiscalía, que considera que ese hecho “por sí solo evidencia un paulatino y elevadísimo trasvase de patrimonio a personas de su íntima confianza”.

De hecho, esa donación hizo que en su día el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) diera cuenta de ello a la Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC), perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial. En ambos organismos (a los que bancos, notarios o registradores de la propiedad, entre otros, están obligados a informar de operaciones que cumplan ciertos criterios previstos en leyes contra el blanqueo de capitales), constaban ya éstos y otros datos de operaciones bajo sospecha que ahora se investigan en esta causa.

“El OCP señala que el investigado participa en multitud de escrituras, entre las cuales se encuentran las apuntadas por la UCIC, por lo que el trabajo ha de ser de cotejo de dicha información, que no se suministra de cualquier persona, ni respecto de cualquier operación notarial”, subraya el fiscal.

Además, explica que se amplió la investigación a la mujer y a los hijos de Pedro de Armas porque “en este tipo de delitos y en cualquier investigación de blanqueo de capitales”, los “primeros testaferros son los familiares directos”, “siendo además precisa su inclusión por haber observado donaciones y ventas a sus hijos, así como por el hecho de que Pedro de Armas, su cónyuge y sus cuatro hijos formen la totalidad de los socios partícipes de la mercantil Marivista”, con la que se realizaron lucrativos negocios de compra-venta de parcelas en el Plan Parcial Playa Blanca, consiguiendo además licencias ilegales de construcción por parte del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, con quien De Armas compartía partido, vínculos personales y negocios.

A todos estos elementos se suman además otros datos aportados por entidades bancarias, que reflejan por ejemplo que el 16 de febrero de 2007, Pedro de Armas invirtió en cuatro operaciones un total de 260.000 euros, “cuyo origen también se desconoce”.

Según sostiene la Fiscalía, éstos y otros datos encontrados durante la investigación han hecho que ésta se prolongue en el tiempo, debido a su “magnitud y complejidad”. Y es que han encontrado “cantidades de dinero que además de exigir una explicación de su origen, han venido reafirmando y aumentando los indicios de criminalidad existentes”, que aún siguen investigándose a la espera de nuevos datos, como los que surjan de la comisión rogatoria enviada a Argentina, y de la elaboración del informe definitivo de la UDEF sobre el patrimonio de Pedro de Armas.

Por estos y otros motivos la Fiscalía se opuso al sobreseimiento provisional de la causa acordado el pasado mes de agosto por el actual juez instructor, presentado un recurso que ha sido admitido por la Audiencia Provincial. Ésta ha ordenado que continúe la investigación al entender que hay indicios que así lo justifican, y ha respaldado así el criterio que mantienen la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado que inició la investigación, la Fiscalía y las otras dos jueces que desde que se abrió la causa han pasado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, que ha sufrido tres cambios de titular en este tiempo.

Ahora, la investigación seguirá su curso, aunque con el informe presentado el pasado mes de agosto por la UDEF, a modo de avance de lo investigado hasta el momento, el fiscal señala que “resultan patentes los indicios de criminalidad existentes respecto de los investigados, particularmente del principal investigado, Pedro de Armas”.

Y es que el fiscal subraya que “de la mecánica de las operativas descritas en dicho informe, las elevadísimas cantidades de dinero de las que se tiene constancia, las fechas coincidentes con el desarrollo de su labor pública, las personas intervinientes, su relación con personas involucradas en tipos penales vinculados a la corrupción, su condición de cargo público, la utilización de sociedades y de personas de su entorno de máxima confianza en su esfera tanto pública como privada, la contratación de un elevadísimo número de productos financieros, en definitiva, los descomunales incrementos de patrimonio de que se ha visto beneficiado, obligan a llevar la presente investigación hasta el conocimiento último del origen de dichos fondos”.

Fuente lavozdelanzarote.com:

La empresa familiar de Pedro de Armas ganó 800.000 euros “en un momento” y sin salir siquiera de la notaría, comprando y vendiendo en el mismo día una parcela en el Plan Parcial Playa Blanca, declarado ilegal por la Justicia. Así lo sostiene la investigación policial que lleva dos años rastreando el patrimonio y los negocios del concejal del PNL-Nueva Canarias en Arrecife y ex consejero delegado de Gesplán, dentro de la causa penal abierta contra él por presunto blanqueo de capitales.



En esta operación, que es sólo una de las que se investigan, tanto la Fiscalía como la Audiencia Provincial ven indicios de posibles delitos, especialmente por la relación que De Armas mantenía con el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.

El informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) relata que la mercantil Xinxol SL llevaba casi dos décadas, desde 1989, intentando edificar sobre dos parcelas que poseía en Playa Blanca, sin que el Ayuntamiento lo autorizara. Finalmente, en el año 2005, vendió las dos fincas, con Pedro de Armas como “intermediario”. Y antes incluso de ser oficialmente titular de los terrenos, el nuevo propietario ya había conseguido licencia del Consistorio, gobernado entonces por José Francisco Reyes, que era compañero de partido de De Armas, con quien además compartía “negocios” y "vínculos personales".

Las dos parcelas (la R8.C y la R17.A) fueron adquiridas el 19 de septiembre de 2005 por la empresa familiar de Pedro de Armas, Marivista, que ese mismo día vendió una de ellas (la R8.C) a otra sociedad, Villas Blancas Lanzarote SL. Y con la compraventa se embolsó 800.000 euros en un solo día. En realidad, “en un momento”, según subraya la Fiscalía. Y es que según el informe policial, Marivista, Xinxol y Villas Blancas acudieron ese día “juntas a la misma notaría” a realizar la operación.

En el auto en el que ordena seguir la instrucción de la causa, la Audiencia Provincial destaca que Pedro de Armas no sólo obtuvo “importantes beneficios económicos en un solo día, de casi un millón de euros”, sino que además en la operación se vieron “afectados terrenos en los que, con anterioridad a su participación en las labores de intermediación, la ejecución de obras había sido imposible, resultando concedidas las licencias tras su adquisición de las fincas, y siendo finalmente anuladas las licencias otorgadas en su día por el Juzgado de lo Contencioso”.

Además, la Audiencia agrega que “no deja de ser sorprendente que quien ni siquiera es propietario del inmueble que compró y vendió la sociedad de Pedro de Armas en el mismo día, obtenga una licencia de obras antes incluso de verificar la compraventa”.

En cuanto a la otra parcela que Marivista compró a Xinxol SL, la R17.A, no fue revendida ese mismo día, sino ocho meses después, también a Villas Blancas. Antes, la propia empresa de Pedro de Armas, como titular de los terrenos, consiguió licencias de construcción que hasta ese momento se habían denegado al anterior dueño. Concretamente, Reyes otorgó licencia para construir 10 viviendas unifamiliares en esa parcela a su compañero de partido el 14 de noviembre de 2005, y solo ocho días después autorizó el movimiento de tierras en la zona. Además, pese a que tenía orden judicial de informar al Cabildo de las licencias que concedía, Reyes ocultó esas licencias a la primera institución, evitando así que pudiera recurrirlas en los Tribunales.

Finalmente, la Justicia terminó declarando ilegales tanto estos permisos como los concedidos a Villas Blancas en la otra parcela, la R8.C. Actualmente, el Juzgado de Instrucción Número 5 hay una causa penal abierta (una de las que tiene pendientes el ex alcalde de Yaiza), en la que están imputados Reyes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, por un delito contra la ordenación del territorio, por la concesión de esas licencias a Pedro de Armas.

Al revender la segunda parcela ocho meses después de comprarla, ya con la licencia de construcción, la empresa de De Armas obtuvo un nuevo beneficio de 136.900 euros. Y todo ello, en un Plan Parcial que el Cabildo ya había advertido de que estaba extinguido y, por tanto, no se podía autorizar su construcción, tal como ratificaron después los tribunales de Justicia.

Respecto a la otra parcela que Marivista compró y vendió en el mismo día, recibiendo 800.000 euros más de lo que había pagado, la Fiscalía llama la atención sobre el hecho de que cuando pagó ese precio por el terreno, “Villas Blancas tenía unas expectativas muy buenas, a pesar de que Xinxol no obtenía licencia. Expectativas que curiosamente se ven cumplidas cuando cambia el promotor, que ha consumado su aprovechamiento urbanístico al construir en la parcela mientras el Ayuntamiento oculta la licencia al Cabildo para que no pueda recurrirla o al menos le dé tiempo suficiente para ello”.

En la misma línea se pronuncia la Audiencia Provincial, que en su auto señala que Pedro de Armas, “además de desempeñar cargos públicos a lo largo del tiempo, resulta tener una relación personal con el alcalde que concede finalmente la licencia, y además obtiene, por esa intermediación de un día, unos beneficios que se nos antojan extraordinarios por una labor que al final parece que ha dado pocos frutos, dada la nulidad declarada de la licencia en cuestión”. “Y además de forma reiterada”, agrega, refiriéndose a lo que sucedió también con la parcela R17 A, vendida por la sociedad de Pedro de Armas tras conseguir personalmente las licencias.

Además de estar imputado por la concesión de esas licencias a Pedro de Armas, José Francisco Reyes tiene ya una condena a sus espaldas por prevaricación urbanística y varias causas pendientes. En la más importante, centrada en la concesión masiva de licencias ilegales durante años en Playa Blanca, la Fiscalía pide para él 25 años de cárcel por prevaricación urbanística, cohecho, malversación y blanqueo de capitales, por un importe “superior a 1,3 millones de euros”.

Durante el tiempo en que se concedieron esas licencias, Pedro de Armas y Reyes compartían partido político y sociedades. Además, el nombre de De Armas ha aparecido en alguno de los procedimientos que se siguen contra el ex alcalde. En uno de ellos, por la macro licencia que concedió a Luis Lleó para el residencial Costa Roja, también declarada ilegal, el arquitecto de ese proyecto declaró que se había pagado una comisión ilegal de 3 millones de euros y aseguró que Pedro de Armas fue el presunto “intermediario” entre Reyes y Lleó.

Con el empresario Luis Lleó, que a su vez es uno de los principales imputados en el caso “Unión”, De Armas ha compartido además operaciones mercantiles de compraventa de fincas, según señala la Udef en su informe, que actualmente están también bajo sospecha.

Fuente cronicasdelanzarote.es:

El portavoz y concejal de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Arrecife, Pedro de Armas, ha asegurado este viernes en Cope Lanzarote que "la información de la investigación sobre mi patrimonio se ha desvelado estos días para tapar temas como el de los correos electrónicos o mi petición para sacar a concurso la defensa letrada del Ayuntamiento”. Durante esta semana se ha difundido en diferentes medios de comunicación el contenido de la investigación realizada al concejal y a su familia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, donde, tras estudiar a fondo su patrimonio y analizar las pruebas presentadas por la Policía y la opinión vertida por la Fiscalía, el titular decidió archivar la causa, tal y como ya informó en su día la propia emisora de radio. Lo que más le llama la atención al afectado es que esos medios y algunos articulistas hayan obviado este importante hecho y no hayan informado de que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha aceptado reabrir el caso a petición del Ministerio Fiscal simplemente para que llegue una información de Argentina que faltaba para completar el proceso, momento en el que se volverá a remitir todo al Juzgado que lo ha analizado. Así, por la manipulación que entiende que han realizado algunos medios y por la difusión de noticias y opiniones falsas, De Armas ha confirmado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que presentará varias querellas, puesto que considera que ha sido sometido de nuevo a un linchamiento público que no es más que otra cortina de humo para tapar el escándalo que a su juicio supone el contenido de los correos electrónicos que se han difundido estos días en Arrecife y que están siendo investigados por la Policía Nacional y por la Justicia y por su empeño en que termine el tremendo despilfarro público que supone el montante total de facturas que se han presentado por algunos abogados por la defensa de la institución que preside el nacionalista Manuel Fajardo Feo.

De Armas ha comentado este viernes por la mañana en en la tertulia del programa "A buena hora" de Crónicas Radio-Cadena Cope el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas firmado por tres magistrados en el que se recuerda al Ministerio Fiscal que tras la intensa investigación realizada se ha detectado la ausencia de todo delito en el proceso del que se está hablando, que ya ha sido archivado en dos ocasiones. El afectado, que dice estar tranquilo y que anuncia que va a seguir plantando cara a los que están detrás de tratar de tergiversar lo que realmente ha sucedido, tiene claro que es una cortina de humo para tapar el escándalo que está convencido de que saltará no dentro de mucho y que afectará a un conocido despacho de abogados y al Partido Socialista (PSOE).

“Si las cosas van por el camino que tienen que ir, no me personaré porque ya lo están haciendo otros para que se llegue hasta el fondo de la cuestión del contenido de los correos electrónicos del Ayuntamiento de Arrecife. Ahora, si tengo que personarme, me personaré. Lo que aquí se ha comentado y se comenta públicamente lo contrasta públicamente uno de los correos, en el que se dice algo así como que te mando lo del Plan General de Arrecife para que emitas un informe”, ha argumentado el edil en la 97.4, después de apostar que tras la investigación pertinente se va a dar fe de que los correos distribuidos son auténticos y corresponden a conversaciones reales.

El edil en la oposición de Arrecife considera que las noticias difundidas estos días sobre él, su familia y su patrimonio tratan de desviar la atención de la opinión pública sobre estos asuntos, lo que a su modo de ver no se va a producir. De Armas señaló además durante su intervención que toda la información que se ha hecho pública esta pasada semana odebece a un claro intento de venganza después de que se ha interesado, intentando defender los intereses de los vecinos de la capital, por un conjunto amplio de facturas que este año ha reconocido de forma extrajudicial el Ayuntamiento de Arrecife, y que tiene relación con los servicios prestados por unos pocos despachos de abogados al Consistorio.

Por su parte, Nueva Canarias ya ha asegurado que no se ha planteado hasta el momento que Pedro de Armas deje su cargo como concejal de Arrecife a pesar de que lo ha puesto a disposición del partido en dos ocasiones, la segunda tras saltar estas informaciones y la primera después de que saliera elegido el nuevo presidente, Alejandro Díaz, quien, tras conocer todo el procedimiento y leer el auto de la Audiencia Provincial, ha mostrado su apoyo total a su compañero. El partido señala que analizará la situación en sus órganos internos, aunque ya en una escueta nota de prensa recuerdan que no está imputado en ninguna causa judicial y que la investigación sobre su patrimonio ha sido archivada en dos ocasiones.

El concejal de Nueva Canarias está tremendamente molesto con la forma en la que se ha abordado el caso por parte de algunos medios, sobre todo porque partiendo de la opinión de un fiscal se han sacado conjeturas que nada tienen que ver con la opinión de los jueces, y se ha obviado sobre todo cómo se ha desarrollado realmente el proceso. Así, ha insistido en que la instrucción la ha realizado el Juzgado Número 3 de Arrecife, que ha remitido el caso a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que mantiene el expediente abierto, asegura, “al menos hasta que llegue una información procedente de Argentina”, momento en el que, independientemente de lo que se diga, tendrá que volver todo al Juzgado de la capital lanzaroteña que ya lo archivó. "Están tratando de hacer ver a la gente que la Audiencia Provincial ha visto indicios de delito en alguna de las actuaciones, cuando es absolutamente falso", explicó De Armas.



El juez titular del Juzgado Número 3 de Arrecife ha calificado la investigación que se ha practicado durante los dos últimos años sobre el patrimonio de Pedro de Armas de “generalista, inquisitorial y basada en suposiciones”. Además, el juez interpreta que dicha investigación es “proscrita por la Constitución”, y a su entender, fue “abierta por pertenecer al mismo partido político que José Francisco Reyes, y creándose el silogismo mediante el cual se llega a la conclusión de que si uno estaba involucrado en supuestos hechos delictivos, el otro también lo estaría”.

Por su parte, la Audiencia Provincial estima en su auto del pasado 30 de septiembre de 2013, en respuesta a un recurso de apelación interpuesto por el propio Ministerio Fiscal, que “podrá estar o no de acuerdo el fiscal con los razonamientos expuestos por el juez a quo, pero lo que no puede negarse es que el mismo expone con claridad el fundamento de la decisión que adopta, que no es otro que la ausencia de todo indicio de delito en relación con las personas investigadas y, por ello, es perfectamente posible su control por esta Sala, …”.

Además, a lo largo de todo el auto, la Sala repite en más de cinco ocasiones que no existen “expectativas de obtener nuevos datos inculpatorios”.

Por otro lado, es la propia Audiencia Provincial de Las Palmas la que determina que no debe existir secreto de sumario en esta instrucción, tal y como solicitaba en su recurso la Fiscalía, que parecía empeñada en que las actuaciones siguieran así, a juicio de la Sala para ejercer un control que no entienden, una vez que la información se había hecho pública. “En cuanto lo estimen necesario, pueden tomar conocimiento de las actuaciones y plantear su defensa en los términos que estime más conveniente sin que, por tanto, la instrucción quede sujeta, en exclusiva, al control del Ministerio Fiscal”, expone el auto.

Fuente lavozdelanzarote.com:

Tiene razón Pedro de Armas cuando dice que en los últimos días se han contado muchas mentiras sobre la causa penal que le investiga por presunto blanqueo de capitales. De hecho, las mayores las ha contado él mismo, con alguna ayuda externa. Sin embargo, de lo publicado por La Voz de Lanzarote, que fue quien destapó la noticia sobre esta investigación, no ha podido desmentir ni una sola coma.

Obviamente, como investigado, Pedro de Armas está en su derecho de cuestionar las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, del Ministerio Fiscal y hasta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Lo raro sería lo contrario. ¿Se imaginan a un investigado o imputado diciendo: “Sí, sí, me lo he llevado crudo”?

Pero una cosa es su derecho a defenderse y otra el mínimo respeto que merecen la verdad y los hechos objetivos. Y ver cómo tergiversa todo un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, manipulando su contenido, debería ponerle los pelos de punta a cualquier ciudadano que mínimamente conozca lo sucedido.

Y lo sucedido es que la Audiencia ha ordenado seguir investigando, porque ve indicios para ello. Pero parece que el señor De Armas y los suyos, sólo se han leído un párrafo de ese auto de siete folios. En ese párrafo, lo que se hace es reproducir una conclusión que no es de la Audiencia, como el afectado ha pretendido hacer ver, sino del actual juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, que acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra De Armas.

Obviamente, aunque esa decisión ha sido ya anulada por la Audiencia Provincial, es lógico que Pedro de Armas se aferre ahora a ese auto del juez instructor. Cualquier investigado lo haría, y se frotaría las manos al ver que el juez incluye varias frases cuestionando la causa que se sigue en su propio Juzgado, llegando a tacharla de “inquisitorial”, “generalista”, “proscrita por la Constitución” y “abierta por pertenecer al mismo partido político que José Francisco Reyes”.

¿Si usted fuera la infanta Cristina, por poner un ejemplo, con qué se quedaría: con el auto de imputación del juez Castro, o con el recurso del fiscal Horrach defendiendo su inocencia? Pues en este caso, donde también se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, se ha vivido una discrepancia muy similar, también con duras respuestas cruzadas en los escritos de juez y Fiscalía. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Aquí es la Fiscalía quien considera que hay indicios más que suficientes de criminalidad para seguir investigando, y además ha encontrado respaldo de la Audiencia Provincial, que considera exactamente lo mismo.

En este caso, quien opina lo contrario es un juez que ni siquiera ha instruido esta causa desde su inicio. De hecho, llegó al Juzgado a finales de junio de 2013, cuando la investigación ya llevaba un año y medio abierta, respaldada y avalada con sus correspondientes autos por las otras dos jueces que habían pasado por ese Juzgado durante ese tiempo. Poco más de un mes después de llegar y encontrarse con esa causa abierta, el nuevo juez dio siete días a la Policía para que le enviara un informe de lo investigado hasta el momento, y a los cuatro días de recibirlo archivó la causa.

Así que, por más respetable que sea, es el criterio de un juez que acababa de llegar al Juzgado (tras pasar varios años fuera de la judicatura, ejerciendo como abogado), frente al de las dos jueces que le antecedieron en el cargo, al de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, al del Ministerio Fiscal y al de la Audiencia Provincial.

De hecho, esta última llega a plantear que antes de tomar la decisión de sobreseer las actuaciones, el juez ni siquiera “examinó” ni incorporó a la causa documentación que se había ido recabando durante la instrucción. Y también muestra su “sorpresa” porque el juez realice esas afirmaciones y después acuerde el sobreseimiento “provisional”, que de por sí implica que “los indicios” que dieron lugar a la apertura de una causa penal “siguen existiendo”.

Además, subraya que la investigación “no está ni mucho menos agotada”, y que faltan aún muchos datos. Unos datos que no pasan sólo por la comisión rogatoria remitida a Argentina, como ha ido diciendo Pedro de Armas, sino en varios más, incluyendo el análisis detallado de las 66 cuentas corrientes que se han detectado en la investigación de su patrimonio.

Y todo esto, lógicamente, lo pasa por alto Pedro de Armas. Y no llama la atención que lo haga. Lo que sorprende es que ofenda a la inteligencia de los ciudadanos, insistiendo en el manido discurso de que es víctima de una persecución política y planetaria, como si una Unidad especializada de la Policía Nacional, el Ministerio Fiscal y la Audiencia Provincial de Las Palmas se dedicaran a “perseguir” a concejales (en su caso, por cierto, de un partido con un solo edil y en la oposición, en un ayuntamiento de poco más de 55.000 habitantes).

Al parecer, para De Armas el problema no es que esté siendo investigado por la policía y por la Justicia, sino que los ciudadanos se hayan enterado. Como si lo normal fuera que los medios no informaran de estas cosas (o al menos no cuando le pasan a él).

Sin embargo, independientemente de cómo termine esta causa penal, y de que Pedro de Armas sea o no condenado por estos hechos, lo concreto es que la investigación ya ha puesto sobre la mesa muchísimos datos que es bueno que la sociedad conozca.

Aquí ni siquiera estamos hablando de que a alguien se le ha acusado de asesinato y luego puede resultar inocente, con el lógico daño que eso puede suponer al afectado. Estamos hablando de unos hechos objetivos (que hacen sospechar a los ciudadanos y hacen sospechar a la policía y a la Justicia), independientemente de que se termine determinando o probando si son delictivos o no.

Estamos hablando de alguien que ha amasado una fortuna durante años, hasta el punto de ganar 800.000 euros en un solo día, en una sola mañana y sin salir de la notaría (algo que, por cierto, ni él mismo ha desmentido), dedicándose a comprar y vender terrenos (es decir, a la especulación urbanística) mientras ocupaba cargos vinculados al urbanismo y mientras tenía una relación política, personal y de negocios con el ex alcalde de Yaiza, que concedió licencias donde antes las denegaba, después de que apareciera el nombre de Pedro de Armas en esa operación. Y de que esas licencias que le concedió, y que lógicamente cambian el valor de un suelo, eran además ilegales.

Por eso, al margen de lo que termine pasando en los Juzgados, esa información por sí sola ya es extremadamente relevante (de hecho, sólo por desvelarla, el trabajo que han realizado la Udef, el fiscal y las dos anteriores juezas ya merece un reconocimiento). Así lo han entendido muchísimos medios de comunicación fuera de la isla, tanto regionales como nacionales, que se han hecho eco de estos datos. Y por supuesto, así lo entiende la mayoría de los ciudadanos, que, con suerte, si son mileuristas, necesitarían unos 20.000 días de trabajo honrado (es decir, más de 60 años) para ganar 800.000 euros.

Esos ciudadanos, al margen de lo que suceda mañana con esta causa en los tribunales, tienen derecho a emitir su propio juicio y a saber qué hacen y a qué se dedican sus representantes públicos. Porque una cosa es el sistema judicial, en el que la lógica no basta para dictar sentencias, y otra la conciencia de una sociedad que debe tener su propio listón de exigencia. Una sociedad a la que algunos intentan transmitirle que mientras uno no tenga al menos dos o tres condenas por una decena de delitos, aquí no pasa nada, como si la moral, la ética y la decencia no contaran.