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NotaPublicado: Vie 28 Feb, 2014 2:12 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La Fiscalía de Las Palmas ha defendido la legalidad de su actuación en el caso “Unión” frente a las quejas de manipulación manifestadas por los imputados de la mayor causa de presunta corrupción que se investiga en Canarias. En las últimas semanas, las defensas de algunos de los imputados han expresado sus sospechas sobre la investigación, al tiempo que el primer juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, ha presentado una denuncia por la supuesta desaparición de, al menos, 21 autos originales de la causa.

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En una entrevista de Efe, que ha sido recogida por La Provincia, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, ha asegurado que ninguna de esas incidencias afectan a las acusaciones formuladas por la Fiscalía en dos de las piezas más importantes de esta causa. En este sentido, ha asegurado que tanto el proceso que se sigue contra el empresario Luis Lleó, como el que afecta al ex presidente del Cabildo, Dimas Martín, y al ex consejero regional de Empleo, Francisco José Rodríguez Batllori, llegarán a juicio.

García Panasco ha insistido que las sospechas y denuncias presentadas no afectan a la posición del Ministerio Fiscal, porque "todo lo que ha sido objeto de acusación se ha obtenido de lo que consta en las actuaciones y con material probatorio suficiente para actuar". Este mismo jueves, La Sexta emitía un reportaje sobre el caso “Unión”, en el que García Panasco también manifestaba que la Fiscalía entendía que tenía “material probatorio más que suficiente para sostener en juicio las acusaciones formuladas”.

En la entrevista a Efe, el fiscal jefe de Las Palmas también considera que es una “locura” que se sostenga que el juez César Romero Pamparacuatro acordó las entradas y registros después de que éstas ya se hubieran realizado. “De eso no se tiene constancia, sino justo de lo contrario”, ha afirmado, ante la macroquerella anunciada por las defensas de algunos de los imputados.


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NotaPublicado: Vie 14 Mar, 2014 8:52 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Ni armas, ni correos electrónicos y coches oficiales, ni visitas al Palacio de Justicia, ni contactos con los agentes locales de la Guardia Civil… La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tomó “medidas de reserva y discreción especialmente rigurosas” para poder mantener en secreto la operación Unión, según dice uno firmado por el Capitán Jefe del Grupo, realizado a petición del primer juez instructor del caso.

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Esas medidas también fueron tomadas por el juez, no introduciendo el caso en el sistema Atlante, que utilizan los Juzgados de Canarias, para evitar todo tipo de filtraciones, que sin embargo se produjeron, como la desaparición de pruebas, autos y otros documentos o la filtración de algunas detenciones, en una fase más avanzada de la operación, cuando ya se habían realizado las primeras detenciones y registros.

En la operación se asumieron todas estas medidas de seguridad por el conocimiento de fallos en la gestión de Atlante y para que personas no autorizadas no pudieran acceder a la causa. En su denuncia por la sustracción de documentos del caso, el juez Pamparacuatro explica que eso fue una “garantía adicional (...) dado el tipo de delitos objeto de la investigación, circunstancias de arraigo, parentesco y amistad propias de una isla no capitalina que se daba y se da entre el personal y usuarios de la administración de justicia (en sus distintos ámbitos), cuerpos policiales, testigos, peritos e imputados, no debiendo olvidar que se trataba de una plaza donde existía un gran porcentaje de interinidad y por ende el constante nombramiento de funcionarios, jueces, y fiscales sustitutos”.

Hay que recordar que la investigación comenzó con una denuncia por un intento de soborno al entonces secretario general del PSOE, Carlos Espino, para que desbloqueara los problemas urbanísticos de una urbanización de Luis Lleó, y que se fueron produciendo durante un año encuentros grabados por la UCO entre Espino y el intermediario, Fernando Becerra, pero que el caso se fue complicando por lo que revelaban los pinchazos telefónicos y por otra denuncia sobre comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife que se sumó a la operación.

La UCO dice en su informe que esas medidas especiales se fueron tomando porque entre las personas investigadas se encontraban “autoridades, cargos públicos, funcionarios, empresarios y profesionales muy conocidos en la sociedad lanzaroteña”.

“Esta circunstancia -dice este informe- junto con otras derivadas de la insularidad, llevaron a los responsables de la investigación a adoptar desde el principio y durante todo el desarrollo de la misma, las siguientes medidas de seguridad de carácter extraordinario, encaminadas a garantizar la más absoluta reserva y discreción, y con ello el éxito final de la operación”.

Esas medidas supusieron mantener fuera de la operación a la propia Guardia Civil de Lanzarote, no comunicando a esas unidades el desplazamiento de los agentes de la UCO, no solicitando ningún apoyo de medios materiales a dichas unidades territoriales, incluido el de vehículos camuflados, usando coches de alquiler.

Tampoco pidieron ningún tipo de gestión ni información a la Guardia Civil, ni apoyo durante los registros para los servicios de orden público, utilizando en su lugar a unidades especiales traídas desde la Península (los GRS, que habían llegado para el Ironman).

Además, realizaron los servicios operativos sin portar armas para no revelar su presencia en los controles del aeropuerto y sin identificarse en ningún momento como agentes de policía judicial ante los miembros de los cuerpos de seguridad.

A su vez, tuvieron que alojarse “en lugares discretos” y no visitaban el Palacio de Justicia, manteniendo las reuniones “en lugares apartados y discretos, donde también se llevaba a cabo la recogida y entrega de documentación” y tratando “exclusiva y directamente con el juez y el fiscal, evitando la intermediación con ningún otro funcionario judicial, ni siquiera el secretario del Juzgado, hasta la fecha final de la explotación”.

Tampoco utilizaron el fax para enviar documentación ni las cuentas oficiales de correo electrónico facilitadas por el Gobierno de Canarias y aplazaron cualquier solicitud de información procedente de terceros que pudiera revelar la existencia de una investigación.

En el informe, la UCO hace constar que “dichas medidas se han adoptado en base a un principio general de prevención sin que en modo alguno ello implique desconfianza al respecto de personas o sistemas determinados ni mucho menos la existencia de indicios o sospechas concretas de comportamientos delictivos”.


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NotaPublicado: Vie 23 May, 2014 9:24 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El secretario del Juzgado número 5 de Arrecife, José Ramón Vera, que ejerció durante cuatro años como secretario del caso Unión, Unión, afirma en un escrito enviado a la juez instructora, Silvia Muñoz, que los autos que afectan a derechos fundamentales y en los que no aparece la firma del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, no son los originales y los incorporó él mismo al procedimiento imprimiéndolos y firmándolos.

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El secretario corrobora de esta forma la denuncia del juez sobre que esos autos se han extraviado o han sido sustraídos del sumario. Algunos de los principales imputados han acusado a Pamparacuatro de haber elaborado los autos después de que se produjeran los registros o las detenciones, aprovechando que la causa no estaba dentro del sistema Atlante.

Vera señala que la regla general era que el magistrado redactara, imprimiera y firmara de forma inmediata todas las resoluciones que afectaban a derechos fundamentales y señala que es evidente que en el caso concreto de los 21 autos que el magistrado se negó a firmar recientemente “lo que ha ocurrido es que por este secretario se incurrió en su día en el simple error material de firmar la copia de los mismos” y que por tanto los originales “firmados por el juez han tenido que o bien haberse extraviado, o bien haberse sustraído”.

Vera señala que coincide de esta forma con lo que manifestó Pamparacuatro en su comparecencia en febrero ante el Juzgado cuando se le llamó para que firmara los autos que no estaban rubricados por el magistrado.

De esta forma, el secretario judicial solicita a la juez instructora que se proceda, tal y como solicitó también el juez, a una reconstrucción de autos. El juez pidió incluso que se comprobara “que a los ordenadores en los que se confeccionaron y guardaron no pueden acceder y accedieron más que las personas habilitadas para ello”.

Los 21 autos en los que no aparece la firma del juez se elaboraron entre abril y noviembre de 2010 y desaparecieron, en teoría, entre esa fecha y el segundo alzamiento del secreto de sumario, en julio de 2012.

Cuatro de estos autos son del 18 de abril de 2010, de entrada y registro a las casas de cuatro detenidos, los primeros de la operación Jable, la segunda fase de Unión. Otros 12 son del 27 de abril, también de registros y seis detenciones, y hay un auto decretando la libertad con fianza de Fernández Camero y otros cuatro solicitando información a bancos o a empresas.

El juez llegó a decir que parecía como si se hubiera llevado a cabo “una operación quirúrgica ejecutada con un bisturí de precisión” porque sólo han desaparecido aquellos de los que no se dio testimonio a la Audiencia Provincial, que habían apelado la Fiscalía y las defensas, como es el caso de la detención y entrada en prisión de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz.

Entre los autos que afirma Vera que no son originales se encuentran los dos de entrada y registro a las oficinas de Luis Lleó, imputado por presunto intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear la urbanización de Costa Roja.

El secretario del caso Unión dice que esos autos también se integraron en el procedimiento después de imprimirlos en papel “tal y como aparecían en la aplicación de Word” que había en el ordenador del Juzgado “al considerarse en su momento una forma idónea para ello”.

Se da la circunstancia de que esos autos, dados por originales por la Audiencia Provincial de Las Palmas aunque sólo figuraba en ellos la firma de Vera, han sido anulados por la Audiencia, con el respaldo de la Fiscalía, porque en ellos aparecía la fundamentación de otro de los detenidos y no de Lleó.

Así pues, la Audiencia ha anulado unos autos que no eran los originales, por lo que puede que su redacción original no sea la que se ha anulado. Gracias a la decisión de la Audiencia quedaron anuladas todas las pruebas elaboradas en base a esos registros, entre ellas dos informes que revelaban graves delitos en CajaCanarias e implicaban a dos letrados del Tribunal Constitucional en el asesoramiento a Lleó.

El secretario del caso Unión también asegura que el CD grabado el 20 de mayo de 2009, que corresponde a la conversación entre Carlos Espino y el promotor Luis Lleó, días antes de las detenciones, no consta en el sumario del caso Unión y que “el motivo de ello debe deberse igualmente o bien al extravío o a la sustracción del mismo”.

Claves del caso

01. AL JUZGADO. El secretario del caso Unión firma el pasado 21 de abril el escrito en la que viene a corroborar la denuncia de Pamparacuatro en el sentido de que faltan autos originales del sumario, “en los que no consta la firma del magistrado”.

02. PAMPARACUATRO. “La regla general es que el magistrado referido procedía a redactar personalmente desde su ordenador, a imprimirlas y a firmarlas inmediatamente todas aquellas resoluciones que afectaban a los derechos fundamentales”.

03. DESAPARICIÓN. “Los originales de dichas resoluciones firmados por el juez han tenido que o bien haberse extraviado, o bien haberse sustraído, coincidiendo este secretario en ello con lo manifestado por dicho magistrado en su comparecencia”.


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NotaPublicado: Jue 05 Jun, 2014 9:13 am 
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Fuente canarias7.es:

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5, Silvia Muñoz, acaba de dictar una providencia en la que por primera vez desde este órgano se pide que se investigue la supuesta sustracción o extravío de autos y grabaciones de conversaciones de imputados, relativos al sumario del Caso Unión.

En dicha providencia, del 27 de mayo de 2014, ordena que se deduzca testimonio de escritos y declaraciones del secretario de este sumario (697/2008), José Ramón Vera Machín, por las contradicciones en que pudiera incurrir al explicar qué pudo suceder con 24 autos en los que no figura la firma del anterior juez César Romero Pamparacuatro.

También sobre lo que sucedió con al menos un cd, de la única grabación de la conversación del 20 de mayo de 2009, entre el denunciante de este caso, Carlos Espino y Luis Lleó, y que, según el anterior juez del Caso, César Romero Pamparacuatro y ahora, recientemente, también el propio secretario, aseguran que pudieron ser «extraviados o sustraídos del Juzgado».

La magistrada ordena que determinada documentación se envíe al Decanato para que por reparto se remita al juzgado correspondiente, por si los hechos fuesen constitutivos de delito, aunque como se sabe el Juzgado de Instrucción 3 ya investiga una denuncia previa del propio juez Pamparacuatro, en la que se pone en conocimiento la supuesta sustracción o extravío de dichos autos, por lo que lo más seguro es que las nuevas pruebas o indicios aportados sean remitidas a este órgano.

Hasta el 21 de abril, el secretario nada había dicho acerca de la supuesta sustracción o extravío de los autos, ni del cd mencionado. Tan sólo se limitó a decir que el material «no constaba»; y sobre los autos nunca hizo referencia a robos o extravíos. Pamparacuatro, sin embargo, le contradijo, al afirmar que si visionó el cd, con audio, en el Juzgado.


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NotaPublicado: Mié 18 Jun, 2014 9:52 am 
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Fuente canarias7.es:

El secretario del caso Unión ha respondido a la juez que no existen copias de seguridad del disco duro del ordenador del sumario, a pesar de que consta que, a requerimiento de una inspección, declaró que hizo dos copias en DVD, bajo su custodia, por lo que incurre en supuesta contradicción.

En concreto, José Ramón Vera Machín ha vuelto a incurrir en una nueva contradicción al negar ahora que en su día hubiera hecho dos copias de seguridad del disco duro del ordenador de la sala polivalente del Juzgado, que contiene el sumario del caso Unión.

En su respuesta al requerimiento que el pasado día 2 de junio le hace la titular del caso, Silvia Muñoz, para que aporte las dos copias del disco duro en formato DVD, ahora responde a la juez que todo se debió a un «error» y que dichas copias no existen. Contrasta esta versión con en su día respondió a la Unidad Inspectora Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que había realizado copias para garantizar la protección de las actuaciones.

Como ya se ha publicado por parte de este periódico, el pasado 21 de febrero de 2011, en el expediente gubernativo abierto por el TSJC para aclarar por qué el sumario del caso Unión no se había incluido en el programa informático de los juzgados Atlante II, el secretario que instruyó dicho expediente pidió a Vera Machín que explicara por qué razón las actuaciones no guardaron ese protocolo. Y se pidió, además, que diera cuenta de las medidas de seguridad para proteger dicho sumario. En su contestación a la demanda, el secretario Vera Machín respondió que «el sumario se hizo en un ordenador de la sala polivalente, en formato word, por orden del juez Pamparacuatro y por mor de la seguridad de las actuaciones».

Además, respondió este profesional que «en aras a garantizar la seguridad de los ficheros word se han habilitado dos copias de seguridad en soporte DVD, las cuales se hallan debidamente custodiadas por el secretario suscribiente, a amén de que al citado ordenador solo pueden acceder previo uso de la correspondiente contraseña el juez instructor (en este caso Pamparacuatro), el funcionario encargado de la tramitación de la causa y el secretario suscribiente».


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NotaPublicado: Vie 20 Jun, 2014 9:36 am 
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Fuente canarias7.es:

La pericial ordenada por la juez, consistente en el clonado del disco duro del ordenador de la sala polivalente del Juzgado de Primera Instancia número 5, en el que se guarda el sumario del caso Unión, no pudo ayer llevarse a cabo, a consecuencia de un calentamiento de la placa o hardware, que envuelve la memoria del computador.

El hecho es que la citada placa o hardware acabó quemándose a causa del calentamiento, por lo que ahora los informáticos tendrán que buscar en el mercado un componente igual para sustituirlo y poder llevar a cabo finalmente la copia necesaria de la memoria del disco duro.

Durante toda la mañana de ayer y ya antes durante la mañana del martes, los informáticos de la Policía Nacional trataron de realizar la copia al completo del disco duro, pero cada vez que iniciaban el proceso se producía un calentamiento en la citada placa, hasta que ayer finalmente acabó quemándose. Al parecer, según fuentes consultadas, el disco duro del ordenador en sí no estaría dañado, y podría recuperarse la información almacenada, pero para ello habrá que cambiar la placa dañada.

Según las mismas fuentes, el sobrecalentamiento de este componente se ha debido a que se trata de un ordenador antiguo, datado del año 2007.

Como se sabe, la juez del caso unión, Silvia Muñoz, ordenó hace varios días que se clone el disco duro de este ordenador ,para comprobar si las fechas de los autos dictados por el anterior juez se corresponden con los archivos informáticos. De este forma se pretenden despejar las dudas sobre manipulación de fechas en dichas resoluciones judiciales, que podrían anular parte del procedimiento.


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NotaPublicado: Jue 03 Jul, 2014 8:51 am 
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La nueva secretaria del caso Unión sostiene en un escrito que no puede garantizar que los CDs que figuran en la causa con las grabaciones de las conversaciones grabadas por Carlos Espino sean las originales, ya que su entrada en el Juzgado no se registró por el anterior secretario.

Las cinco grabaciones aportadas como prueba del supuesto intento de soborno de Luis Lleó a Carlos Espino (que este último grabó, con aparatos de grabación que le facilitó la UCO de la Guardia Civil) no ofrecen garantía de ser las originales, ya que el anterior secretario, José Ramón Vera Machín, no registró debidamente su incorporación a la causa, ni fueron debidamente identificadas, ni recepcionadas. Así lo expresa la actual secretaria del caso, en un escrito oficial del pasado mes de marzo que ha trascendido en estos días.

Además se ha conocido la aparición de un nuevo CD, hasta ahora inexistente, con una de las grabaciones de fecha de 5 de junio de 2008, que recoge una conversación entre Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, que ya figuraba en el sumario como un DVD diferente al CD ahora hallado.

El nuevo material que recoge la misma conversación del 5 de junio de 2008, entre Carlos Espino y Fernando Becerra, apareció cuando iba a ser clonado por peritos informáticos, a petición de la juez, para confirmar su originalidad. Fue en ese momento cuando el propio Luis Lleó, presente en la pericial, denunció a la juez que se trataba de un soporte informático nuevo, diferente al existente en las actuaciones y cuya fotografía había sido arrancada de las páginas del sumario.


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NotaPublicado: Mié 30 Jul, 2014 9:26 am 
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El Ministerio fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se siguen dentro de una pieza separada del caso “Unión” respecto a 17 imputados. En un escrito fechado el día 21 de julio, el fiscal Javier Ródenas pide el archivo provisional de la causa para Segundo Rodríguez, Dayran Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez Pérez, Juan Jesús Acuña, Pedro Manuel Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez.

En ese escrito, el fiscal pide que se dicte este auto de sobreseimiento provisional en esta pieza separada número 12 de este caso, “por la ausencia de material probatorio que justifique la pendencia de este estadio procesal ante la falta de elementos corroboradores en la investigación, que legitime la posibilidad de interesar la apertura de juicio oral”.

Esta pieza se centraba en la presunta exigencia de comisiones ilegales por parte de cargos y ex cargos públicos, sobre todo en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife en el periodo de 2007 a 2009, pero también desde 2005 en algún caso concreto, a empresarios de la isla cuyos intereses económicos habrían estado en buena parte ligados, de hecho, habrían dependido de las decisiones políticas, según un auto de 5 de julio de 2012.

El fiscal concreta en su escrito por qué no es posible fundamentar la acusación contra alguno de estos imputados. En este sentido, recuerda que Matías Curbelo declaró en sede judicial en febrero de 2010, “la participación en operaciones destinadas a la financiación irregular del PIL en el año 2003-2007”, época en la que era la persona que ejercía las funciones de administrador de campaña del partido.

Sin embargo, afirma el fiscal, las operaciones que relató en dicha comparecencia, “muchas de ellas con poca precisión e inconexas”, no han podido ser corroboradas por datos externos a su propia declaración y por expedientes concretos de adjudicación de obras. “No existiendo otro material en las actuaciones que la personal declaración del coimputado no es posible fundamentar en este sólo dato una eventual acusación ante la falta de corroboraciones externas a su personal declaración”, señala el fiscal.

Respecto a Joel Delgado, concejal del PP en Arrecife, el Ministerio Público asegura que no se ha acreditado “dato de sesgo incriminatorio que permita atribuirle conducta ilícita en una contratación, la de su madre, que no se produjo en ningún momento”.

Sobre los tres arquitectos imputados en esta pieza del caso “Unión”, Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez, el fiscal insiste en que también procede decretar el archivo provisional de las actuaciones “porque no se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de voluntades entre los arquitectos con los responsables públicos para defraudar a la administración en la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife”.

De otra parte, el fiscal solicita la práctica de diligencias “indispensables” para enfilar la “decisiva” fase intermedia respecto a 22 imputados. En concreto, respecto a Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Antonio Machín, Yoana Cabrera Machín, Loyola del Mar Fernández Álvarez, María Luisa Blanco, Juan Rafael Arrocha, María Elena Martín, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Yeray Cañada, Manuel Gregorio Reina Fabre, Francisco Javier Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenes, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y Joaquín Herrera.

Ante este escrito del fiscal, la juez, en una providencia y atendiendo a la petición del Ministerio Público, pide que se dé traslado a las restantes acusaciones personadas en la causa para que en un plazo de diez días puedan alegar, en particular si sostienen la acusación contra los citados imputados, o se adhieren a lo interesado por el Ministerio fiscal.

También, solicita que se cite a declarar como imputado a Samuel Lemes por un presunto delito de estafa, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la vista del dictamen pericial auditor de los expedientes de obras de la empresa de su titularidad por la facturación supuestamente excesiva al Ayuntamiento de Arrecife en el acondicionamiento del centro sociocultural de San Francisco Javier. Para ello, se fija el día 12 de septiembre a las 10.30 horas.

En esta misma providencia, se acuerda oficiar al director de la cárcel de Tahíche para que en el plazo de 10 días se aporte el testimonio íntegro de la documentación entregada por el interno Dimas Martín para la consecución del tercer grado penitenciario, en especial, el contrato de trabajo presentado lograr tal objetivo.


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NotaPublicado: Sab 02 Ago, 2014 10:24 am 
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Según Diario de Lanzarote:

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La Fiscalía ha decidido pedir el archivo de las actuaciones contra 17 de los imputados en Unión. Diez de ellos fueron detenidos y los otros siete, llamados a declarar. Seis de ellos fueron detenidos en la primera fase, en mayo de 2009 (uno de ellos con una bolsa con 95.000 euros), por las investigaciones de la UCO basadas sobre todo en las conversaciones pinchadas. Otros tres más, empresarios, lo fueron un año después, junto a otros tres, llamados a declarar por la confesión de Matías Curbelo de que pagaban al PIL o que obtuvieron contratos con el Ayuntamiento. Otros tres, los arquitectos, estuvieron implicados por el supuesto amaño del Plan General, que no se llegó a ejecutar. Y hay dos más por otras causas. El fiscal no ve que haya pruebas suficientes, aunque se les investigó por los siguientes hechos:

Segundo Rodríguez y Jorge Álvarez. El ex vicepresidente del Cabildo estuvo dos meses en prisión provisional. Se le acusaba de mediar junto con Matías Curbelo para lograr la concesión del servicio de basura en Yaiza para Clusa, de Álvarez. Poco antes de viajar a Cuba con Matías Curbelo, Álvarez viajó hasta Guacimeta y entregó a Curbelo un sobre. En sus declaraciones admitieron que había dinero: uno dijo que era “una donación”, otro que era el cobro de una deuda y otro que era para viajar a Cuba. Rodríguez tiene una empresa en Panamá, “Gestión y Servicio Caribe”, y viajó a este país con Luis Lleó, supuestamente para gestionar una empresa de máquinas tragaperras. También medió para la compra por parte del Cabildo del Cortijo de Manguia.

Dayrán Muñoz. De las Juventudes del PIL. Hablaba con Ubaldo Becerra y con Dimas. Se supone que buscaba empresarios dispuestos a pagar comisiones. A Becerra le dice en una conversación que “son 400.000 euros, jodío” y a Dimas que a un empresario ya consiguió sacarle dinero para el partido “y ya lo gestiona usted”.

Fermín Curbelo. Un constructor que trabajó mucho con Luis Lléo en distintas promociones. En este caso hablaba con Ubaldo Becerra para intentar que le incluyeran en el Plan General unos terrenos de su propiedad como suelo urbano consolidado y solicitaba una compensación con terrenos en Maneje. No se llegó a hacer ninguna de esas operaciones.

Joel Delgado. No fue detenido. Al concejal del PP se le imputó por las conversaciones que tenía con Ubaldo Becerra por teléfono por las gestiones para intentar que su madre acabara contratada en el Ayuntamiento en un proyecto con fondos europeos como traductora de inglés. No se hizo el contrato.

María José García Acosta. Intentó cobrar facturas que el Ayuntamiento de Arrecife le debía a su empresa, que había heredado de Agustín Acosta. Se reunió para ello con Dimas. No hay ningún indicio de que pagara comisiones ilegales al PIL.

Carlos Morales, José María Pérez y Víctor Sánchez. No fueron detenidos. A los tres arquitectos se les iba a encargar la redacción del Plan General de Arrecife por parte de Dimas Martín aunque se iba a buscar a otras personas para que lo firmaran. No se hizo el encargo. Sí se hizo una reunión en la Bodega Santiago, grabada por la UCO el 21 de enero de 2009, en la que se habló de ello. A Morales también se le archivó su imputación por la construcción de su casa de mil tres más, empresarios, lo fueron un año después, junto a otros tres, llamados a declarar por la confesión de Matías Curbelo de que pagaban al PIL o que obtuvieron contratos con el Ayuntamiento. Otros tres, los arquitectos, estuvieron metros en un terreno rústico de más de 5.000, que compró por 50 euros el metro cuadrado en Puerto Calero.

Juan Jeśus Acuña, Ginés Parrilla y Manuel Arbelo. Tampoco fueron detenidos. Fueron implicados por la confesión de Matías Curbelo, que los nombró como empresarios que habían pagado al PIL. Acuña, con sobres mensuales de 2.500 euros entregados a Curbelo, Parrilla con 18.000 euros en campaña y Arbelo con 6.000. No ha quedado acreditado el pago ni la contraprestación.

José Luis Betancort. De Construcciones Torres. Se llevó casi todas las obras del Plan E. Tantas, que declaró que renunció voluntariamente a una obra “para hacer un favor” a otra empresa. Admitió que le mandaron una lista de personas a las que contratar pero que eso “es normal”.

Demetrio Rodriguez. De Lanzagrava. Curbelo dijo que había dado al PIL 9.000 euros. En 8 años facturó al Ayuntamiento de Arrecife más de 13 millones de euros. Otro imputado, Carlos Curbelo, declaró que había ido a su casa a recoger un sobre. En el registro de la casa de Matías Curbelo se encontró un pagaré de Lanzagrava de 18.000 euros.

Pedro Rodríguez. De Naos Iluminación. Se le investigó si había girado a Urbaser un cheque de 6.480 euros que había sido destinado a pagar parte de un Chevrolet Captiva que adquirió el jefe de la Oficina técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. También fue nombrado por Matías, como donante de unos 500 euros mensuales al PIL.

Celso Betancort. Al ex presidente del PIL se le imputaba la falsificación de las cuentas del partido. Queda por ver si seguirá imputado por la trama de Urbaser.

Alfredo Santiago Rodriguez. Lo detuvieron con la comisión de 95.000 euros que se pagó en La Tavernetta. Ha fallecido.

Los anteriores. En Unión ya se han archivado varias piezas: la trama de las gasolineras que implicaba a Honorio García Bravo y al secretario del Cabildo, la trama del edificio de Naos en la que también estaba García Bravo, Lleó y otros empresarios como Eugenio Romero, la investigación sobre la filtración de la detención de Déniz y Jacinto Álvarez, donde se investigó a un coronel de la Guardia Civil y se cerró, o la trama de la casa de Carlos Morales, en la que queda imputado el ex alcalde de Yaiza, así como la casa de Dimas en Los Rostros en la que queda imputado él sólo.

Las piezas que quedan

La pieza 12. Es en la que se ha pedido el archivo para estos 17. Quedan imputados 22, relacionados con comisiones ilegales o la financiación del PIL: Dimas Martín, Carlos Sáenz, Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Yoana Cabrera, Loyola del Mar Hernández, Luisa Blanco, Elena Martín, Rafael Arrocha, María José Docal, Matías Curbelo, Antonio Gómez, Jesús Manuel Martín Brito, Daniel Cañada, Manuel Reina Fabre, Francisco Armas, Eduardo Ferrer, Antonio Cárdenas, Samuel Lemes, Juan Francisco Rosa y el ex director de la cárcel, Joaquín Herrera.

La pieza inicial. La del soborno de Lleó a Espino por Costa Roja. Se juzgará con jurado a Lleó y Fernando Becerra, acusados con seis años y seis meses de prisión, respectivamente.

La de Batllori. Será la primera que se juzgue, en octubre, por las facturas cobradas por el ex consejero del Gobierno canario, Rodríguez Batllori a Inalsa y a Arrecife. También están acusados Dimas Martín, José Miguel Rodríguez, que devolvió el dinero, Plácida Guerra, Luisa Blanco y Rafael Elorrieta.

Proselan. Trama de facturas falsas por trabajos de electricidad en fiestas de barrios en Arrecife. Ya está hecha la calificación de Fiscalía.

La del patrimonio de Dimas. Para dilucidar si el líder del PIL ocultó su patrimonio para evitar el embargo por sus deudas con la Justicia. Con una decena de imputados.

Urbaser. Una de las principales, que implica a la ex alcaldesa Isabel Déniz, al ex secretario y a cinco directivos de Urbaser, entre otros. Se cuenta con la confesión del anterior gerente de la empresa, Jacinto Álvarez.

Pabellón de Argana. Se investiga el supuesto amaño y comisiones por esta obra a la empresa FCC.

Otras. Los Rostros, el Teatro de Arrecife, la denuncia de los Centros Turísticos que se sigue ya en otro Juzgado y otra denuncia de vecinos que se separaron del caso.


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NotaPublicado: Jue 07 Ago, 2014 10:43 am 
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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado los recursos de las defensas de Dimas Martín y Felipe Fernández Camero contra la decisión de la juez instructora del caso Unión, Silvia Muñoz, de fijar hora y fecha para que compareciera en el Juzgado el primer juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, para subsanar la falta de firma en algunas resoluciones.

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Martín alegaba que esa decisión vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva porque no sostenía que no estaba motivada y consideraba que la falta de firma es un defecto no subsanable. También señalaba que no se puede permitir la entrada en la causa de una persona ya ajena a ella.

Hay que recordar que se detectaron en el sumario una serie de documentos sin firmar, y la nueva juez emplazó a Pamparacuatro a que los firmara. Tras su vista, el juez firmó algunos de mero trámite, y respecto a otros, decidió enviar un informe con los motivos por los que no firmaba además de una denuncia por la "desaparición, sustracción o extracción" de al menos 21 autos originales.

Posteriormente, el anterior secretario de la causa admitió que los había incorporado a la causa imprimiéndolos y firmándolos cuando advirtieron que faltaban.

La Audiencia dice que los imputados, Martín y Camero, debían haber recurrido las resoluciones en las que se ordena la subsanación de la firma y no la providencia en la que se fija la fecha.

Respecto a que el juez ya no es parte de la causa, la Audiencia señala que Pamparacuatro “es y seguirá siendo el juez instructor de la causa durante todo el periodo en que prestó servicio” y que no se le desvela diligencia alguna puesto que son suyas.

Sobre el recurso de Camero, que quería estar presente en el acto de subsanación de firmas, dice la Sala que es una garantía de corrección que el juez acudiera en presencia del secretario de la causa, y que a las partes se les permite participar en las diligencias del procedimiento pero no están habilitadas para intervenir en la firma de las resoluciones ni en la aclaración de las mismas.

Si como se dice en el recurso del juez, parte de las resoluciones unidas a la causa no fueron las dictadas y firmadas por él en su día, es evidente que, como no podía ser de otra manera, presentes o no las partes, el juez no va a firmar o aclarar algo que no haya dictado con anterioridad, de manera que ninguna indefensión se le provoca por no estar en el acto material e aclaración”.

Varios imputados en la operación están recurriendo todas las resoluciones de caso, intentando anular todo el procedimiento o parte de él. Hasta ahora, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha avalado todas las actuaciones excepto el registro en las oficinas de Luis Lleó, que fue anulado por un error material en la redacción del auto de entrada.


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NotaPublicado: Mié 20 Ago, 2014 8:58 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes solicitar al promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, una investigación sobre la comisión de posibles irregularidades por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife en el marco de la investigación del denominado caso Unión.

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Así lo han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press, y precisan que la posible existencia de irregularidades obligan a esta intervención para aclarar las posibles responsabilidades de carácter disciplinario derivadas de la actuación del juzgado.

El pasado 31 de julio la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento provisional de las acusaciones que pesaban sobre 17 de los 39 imputados en este procedimiento judicial, que arrancó en mayo de 2009 y tuvo una segunda fase, la operación Jable, al año siguiente.

El fiscal Javier Ródenas solicitó el archivo de las actuaciones contra imputados en una de las principales piezas del caso Unión, relacionada con las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y otros negocios y contratos y con la financiación irregular del PIL.

Los imputados para los que se pidió el archivo son Segundo Rodríguez, Dayrán Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Demetrio Rodríguez, José Luis Betancort, María José García Acosta, Jorge Ramón Álvarez, Juan Jesús Acuña Borges, Pedro Rodríguez, Ginés Parrilla, Manuel Arbelo, Fermín Curbelo, Joel Delgado, Carlos Morales, Víctor Sánchez, José María Pérez y Celso Betancort.

La Fiscalía solicitó este archivo ante la ausencia de pruebas y la falta de elementos corroboradores en la investigación para interesar la apertura de juicio oral contra los citados políticos y empresarios.


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NotaPublicado: Mié 20 Ago, 2014 3:43 pm 
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NotaPublicado: Dom 24 Ago, 2014 12:06 pm 
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Según Canarias 7:

El informe de la juez Barrancos desvela la aparición de 26 folios, numerados a mano, que estaban traspapelados, no se trasladaron a las partes al alzarse parcialmente el secreto en diciembre de 2009, ni siguieron protegidos bajo secreto reforzado, por lo que pudieron añadirse a la causa de forma irregular, así como con indicios de falseamiento.

Se trata de 26 folios numerados como bis a bolígrafo, incorporados a la causa de forma irregular, que la juez Lucía Barrancos, sustituta de César Pamparacuatro al frente del caso Unión, recogió en su informe de 29 de noviembre de 2011, junto al fiscal Javier Ródenas, en el que relataba de forma exhaustiva el estado de la causa y las numerosas irregularidades que detectaba.
Dichos veintiséis folios se conocieron por la juez, como parte integrante del archivador 35, como se observa en su exhaustivo informe en el que detalla las numerosas irregularidades que encuentra en la causa y que advirtió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que mantuvieron oculto hasta el pasado mes de julio.
En dicho informe, detalla Barrancos que «la causa consta de 30 tomos numerados hasta el 30 inclusive, que se corresponden con la parte respecto de la cual se alzó el secreto de sumario y está adecuadamente foliada hasta el último folio del tomo 30, folio 12.451 que corresponde con el auto de 11 de diciembre de 2009, dictado por el juez Pamparacuatro ordenando el alzamiento parcial del secreto de las actuaciones. A partir de este folio la causa no se divide en tomos, sino que se encuentra desorganizada en archivadores...» y prosigue: «el archivador 31 continúa con el foliado desde la página 12.452 hasta la 12.620».
Sin embargo, en la actualidad, en las actuaciones entregadas a las partes, tras acordarse el alzamiento definitivo del secreto reforzado el 15 de noviembre de 2012, en el tomo 30 aparecen documentos nuevos que no estaban foliados según Barrancos, que contienen la numeración del foliado escrita a mano, en el margen superior derecho, que van del folio 12.451 Bis 1, al 12.451 Bis 26.
Es decir que los 26 folios Bis, numerados a bolígrafo, no se dieron a conocer a las partes cuando el juez Pamparacuatro levantó el secreto en diciembre de 2009, ni permanecieron tampoco bajo secreto reforzado de forma expresa cuando se alzó dicho secreto de forma parcial, ni tampoco estaban foliados cuando Barrancos hizo su informe de la causa el 29 de noviembre de 2011, sino como parte integrante del archivador 35.
Tras su análisis se observa que las fechas podrían estar supuestamente falseadas y los documentos no ser auténticos, con indicios de haberse predatado y elaborado con posterioridad a la fecha de datación que figura en los mismos para justificar las posteriores detenciones del caso Jable, del mes abril de 2010.


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NotaPublicado: Mié 03 Sep, 2014 9:16 am 
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Fuente canarias7.es:

El Grupo de Delincuencia Urbanistica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) supuestamente manipuló grabaciones del caso Unión, que originaron la causa. La Policía Científica señala que ninguno de los tres soportes analizados es original, y uno al menos pudo manipularse.

Las conclusiones del informe pericial de la Policía Científica pedido por la juez del caso Unión, Silvia Muñoz, a instancias de las partes, son concluyentes, al afirmar que de los tres soportes con grabaciones en formato audio analizados no hay garantía de autenticidad de ninguno (no son originales) y al menos uno pudo ser manipulado.
La defensa de varios imputados llevaba seis meses solicitando que se encargara un informe pericial a la Policía Científica. Sin embargo, tanto la juez actual, Silvia Muñoz; como el fiscal, Javier Ródenas, se opusieron durante seis meses, hasta que finalmente la magistrada accedió a acordar la prueba pericial técnica, consistente en el análisis de los soportes donde se alojaban las grabaciones, a lo que finalmente terminó por adherirse el fiscal, quien a su vez amplió el objeto de la prueba para que se aclararan algunos extremos más que despejasen las dudas sobre la autenticidad y la integridad de los soportes electrónicos obrantes en las actuaciones.

El pasado 18 de junio se entregaron por la actual secretaria en funciones de refuerzo en el Juzgado a la Policía Científica los soportes de tres grabaciones en formato CD y otras tres en DVD.

De momento se acaba de entregar los resultados de los análisis de los tres CD/DVD analizados en formato audio, que corresponderían a grabaciones encubiertas realizadas por Carlos Espino al empresario Fernando Becerra, hipotéticamente hechas por el propio Espino los días 5 de junio de 2008, 24 de julio de 2008 y 13 de mayo de 2009, respectivamente. Sobre los DVD en formato vídeo cabe decir que están pendientes de conocerse aún los resultados, pero sobre los tres CD-DVD de audio las conclusiones son determinantes.

En primer lugar, señala el informe que «no es posible alcanzar un criterio concluyente sobre la autenticidad de los registros de audio analizados».

El primer soporte analizado, con la grabación del 5 de junio de 2008, hay que aclarar que se trata de una grabación en soporte CD que fue introducido supuestamente en las actuaciones de forma sorpresiva sin que las partes lo conocieran.

De este modo, se ha analizado como numero uno del informe pericial un CD del que supuestamente no había constancia alguna en las actuaciones de su existencia, en sustitución del primigenio DVD Fujifilm que la UCO entregó inicialmente conteniendo esa grabación. Pese a todo, la grabación alojada en ese soporte «presenta 11 cortes, que no se consideran lógicos en el entorno en que se desarrollan los registros», señala el estudio.

En cuanto al numero 2 del informe, consistente en un CD de 24 de julio de 2008, la Policía Científica detecta nada menos que 40 cortes de los que al menos 5 afectan al plano semántico de la conversación, no pudiéndose determinar la cantidad de discurso original que no se ha registrado durante su producción. «Se observan indicios asociados a una alteración posterior al momento en que se realizaron los actos de habla originales o procesos de edición o grabación del archivo de adujo aportado», lo que supondría que supuestamente se manipuló el contenido de los archivos de audio.

Esta grabación contendría el supuesto ofrecimiento de dinero por el empresario Fernando Becerra al exsecretario del PSOE Carlos Espino, en nombre del también empresario Luis Lleó. Por ultimo, está el CD con la grabación de 13 de mayo de 2009. Se crea el 18 de mayo de 2009 y el archivo el 14 de mayo de 2009. No hay indicios de alteraciones, sin embargo el soporte no es original, como concluye la Policía Científica en su análisis.

A la vista del informe que pone en duda la autenticidad de las grabaciones, así como la fe pública judicial de las mismas, unido a la deducción de testimonio al secretario del caso José Ramón Vera, por infidelidad en la custodia, según diligencia de la actual juez, no sería de extrañar que se anulen como pruebas.

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NotaPublicado: Lun 08 Sep, 2014 9:09 am 
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Fuente canarias7.es:

El atestado 9/2010 de la UCO, que originó el caso Jable y las detenciones de medio centenar de imputados, en abril de 2010, es un misterio.A él se añadieron, no se sabe cómo, 2.942 folios, de 29 anexos inexistentes, sin requerimiento del Juzgado, ni fe pública de su entrada, lo que hace pensar que se metieron de rondón.

El atestado 9/2010 de la Guardia Civil fue descrito por la juez Lucía Barrancos, que sustituyó a Pamparacuatro en junio de 2011, quien plasmó en su informe con total precisión cuál era su estado y los documentos que lo componían en noviembre de 2011. Según la fotografía de este documento que hizo la propia magistrada Barrancos cuando analizó el sumario, el atestado sólo tenía los anexos 1 y 2 y del 20 al 29.

Sin embargo, inexplicablemente, un año después, el 15 de noviembre de 2012, la juez sustituta, María Jesús Hernández Elvira, cuando alzó el secreto definitivo del sumario y se entregaron a las partes la totalidad de las actuaciones, hubo cambios. En ese momento se constató que el atestado 9/2010 se había engordado con los 17 anexos que no estaban cuando Barrancos hizo su informe (del 3 al 19), así como otros 12 anexos (del 30 a 41) que tampoco existían cuando Barrancos hizo su informe y que ni siquiera intuía de su existencia.

Esto supone que se presuntamente se añadieron 7 tomos numerados ahora como bis, en total 2.942 folios, inexistentes, que no estaban en las actuaciones cuando Barrancos hizo su informe.

La incorporación de estos anexos al atestado, ahora numerados como en siete tomos bis del tomo 33 actual (inexistentes hasta noviembre de 2011, cuando Barrancos hace su informe), es extraña, pues no hay en los 60.000 folios del sumario un sólo requerimiento del Juzgado a la UCO (ni de la juez Barrancos, ni de los otras dos juezas que le sustituyeron), para que se incorporan al sumario como parte del atestado los 17 anexos que no estaban y la juez Barrancos señaló su ausencia, junto a otros 12 anexos más que ni la propia Barrancos intuyó que existían.

El proveído de 16 de abril de 2010 (folio 13.469) por el que se debió dar cuenta de la entrada al Juzgado del atestado 9/2010, no tiene las firmas del juez y el secretario, lo que da idea de la ausencia de fe pública en las actuaciones; y los proveídos de los atestados de la UCO 75/2010 y 76/2010, no tienen ni la firma del secretario, ni del juez Pamparacuatro; y los atestados 79/2010, 80/2010, 91/2010, 94/2010 y 114/2010 tampoco tienen estampa de Pamparacuatro.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com