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NotaPublicado: Mié 16 Abr, 2014 9:11 am 
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El Plan General de Yaiza, que ha vuelto a salir a exposición pública tras sufrir “modificaciones sustanciales”, ha introducido un importante cambio respecto al puerto deportivo Marina Rubicón, que hasta ahora no tenía cabida en el planeamiento y que ha motivado hasta acusaciones penales contra el ex alcalde y técnicos de Yaiza, que están pendientes de juicio por la concesión de ésta y otras licencias en Playa Blanca.

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Atendiendo una alegación presentada por los promotores del puerto, el nuevo documento cambia el tipo del suelo donde se ubica esta instalación, que pasa de “urbano no ordenado” y pendiente de un “planeamiento especial” a “suelo urbano consolidado ordenado”.

Además, según se reconoce en el propio documento, “el Plan General incorpora la ordenación propuesta por la propiedad, ajustada a sus criterios de ordenación”. Es decir, que son los promotores quienes han establecido la ordenación de un suelo sobre el que, en realidad, ya han construido.

Eso sí, el equipo redactor advierte de que esa propuesta “aún no ha sido favorablemente informada por Puertos Canarios” y que “de no contar con carácter previo a la aprobación definitiva de este Plan General, de informe favorable de Puertos Canarios”, el suelo de Marina Rubicón mantendrá su anterior catalogación, en la que no está contemplada esta infraestructura.

En la alegación que presentaron los promotores (Rafael Lasso, Juan Francisco Rosa y Francisco Armas), pedían que el nuevo Plan General de Yaiza recogiera “la edificación existente, ya que la instalación y edificación de Marina Rubicón es consecuencia de una concesión que establece la ordenación pormenorizada”.

La “concesión” a la que hacen referencia los promotores es la que firmó el 31 de octubre del año 2000 el entonces consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, Antonio Castro Cordobez, entregando la concesión administrativa a la empresa Puerto Deportivo Rubicón S.A. para realizar la obra y explotar el puerto durante 30 años. Sin embargo, lo cierto es que para cuando llegó esa concesión, las obras ya llevaban meses en marcha sin tener un solo permiso. Incluso, había un informe técnico en el Gobierno canario, firmado por Faustino García Márquez, que informaba desfavorablemente y advertía de que no había sido calificado como sistema general, ni estaba contemplado en el planeamiento insular, ni se había desarrollado un Plan Especial para su ordenación, por lo que no podía autorizarse.

Pese a ello, el Gobierno canario les otorgó la concesión administrativa, aunque esta incluía varios condicionantes y advertía de que tendrían también que obtener las autorizaciones y permisos necesarios de acuerdo con la legislación vigente. Sin embargo, las obras siguieron adelante sin pedir siquiera licencia al Ayuntamiento de Yaiza.

En medio de pleitos en los tribunales, expedientes sancionadores de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Apmun), denuncias del Seprona y hasta órdenes judiciales de paralización de los trabajos, finalmente los promotores pidieron licencia al Ayuntamiento de Yaiza cuando las obras estaban prácticamente terminadas.

Sólo seis días después de solicitarla, el 20 de marzo de 2003, el entonces alcalde, José Francisco Reyes, les concedió la licencia. Se basó en un informe del aparejador municipal, Alfredo Morales, y otro del entonces secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes. Ambos están imputados junto a Reyes en el caso Yate y la Fiscalía pide para cada uno dos años de cárcel sólo por la concesión de esta licencia para Marina Rubicón.

En sus informes, ninguno de los dos advirtió de que el Plan General de Yaiza no contemplaba un puerto deportivo en ese emplazamiento. Tampoco estaba previsto en el Plan Insular, pero el Ayuntamiento no pidió al Cabildo el informe de compatibilidad con el PIOT. Además, según señaló la Apmun en 2011, en un informe solicitado por el Juzgado en el marco de esta causa penal, la parcela se ubica en una zona de dominio público marítimo terrestre.

Por todo ello, además de haber formulado ya escrito de acusación contra Reyes y estos dos técnicos, la Fiscalía ha pedido también que en el juicio del caso Yate, pendiente de celebrarse, se declare también la nulidad de la licencia de Marina Rubicón, a la luz de todo lo que ha permitido destapar esta causa.

Sin embargo, mientras tanto, los promotores del puerto intentan buscarle ahora encaje en el planeamiento, y lo hacen aferrándose a la concesión que recibieron de la Consejería de Obras Públicas de Canarias en el año 2000, y que en realidad estaba condicionada a la concesión del resto de permisos pertinentes. Unos permisos que no se podrían obtener con el Plan General que estaba en vigor entonces y que sigue en vigor ahora, al menos hasta que se apruebe el nuevo documento que se está tramitando.

Ahora, el nuevo Plan General “establece directamente la ordenación pormenorizada amparada en una propuesta técnica de los promotores y propietarios de la citada marina”, dando cobertura a lo ya construido. Además, deja la decisión última en manos de Puertos Canarios, señalando que es quien debe informar favorablemente a ese ordenamiento presentado (y ejecutado ya) por los propios promotores. Un informe favorable que aún no ha llegado y que, si no se emite antes de la aprobación definitiva del nuevo Plan de Yaiza, seguiría dejando a Marina Rubicón fuera del planeamiento.


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NotaPublicado: Mié 16 Abr, 2014 9:15 am 
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La finca de Costa Roja en Playa Blanca, cuyo intento de ‘desbloqueo’ está en el origen del caso Unión por el supuesto ofrecimiento de un soborno al socialista Carlos Espino, se recalifica en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Yaiza, que permite usos como el hotelero y el comercial.

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Entre 2006 y 2007 el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió al promotor Luis Lleó licencias para construir 1.012 viviendas, 220 locales y 2.559 plazas de garaje. El proyecto fue recurrido por el Cabildo al asentarse en un suelo no apto para construir.

El Juzgado paralizó cautelarmente las obras en septiembre de 2007 y en mayo de 2013 dictó sentencia declarando ilegales los permisos otorgados por Reyes. Por otro lado, Espino, entonces secretario de Organización del PSOE, interpuso una querella por la concesión de las licencias, pendiente de juzgarse.

Por el intento de soborno denunciado también por Espino a cambio de que se permitiese el desarrollo de la urbanización, una de las ramas del caso Unión, que estalló en 2009, la Fiscalía solicita una pena de prisión de seis años para el promotor Luis Lleó por un delito continuado de cohecho.

En el Plan General de Yaiza que acaba de salir a exposición pública, el Gobierno de Canarias considera “de interés público” la firma de un convenio urbanístico para urbanizar Costa Roja, una bolsa de suelo de casi 432.500 metros cuadrados.

Aunque los usos específicos que se recogen en el convenio son el sanitario, el social asistencial, el docente y el deportivo, en la parte más próxima al pueblo se consideran “compatibles” otros usos, como el comercial, autorizando desde el “pequeño comercio” al “centro comercial”.

Al norte de la finca de Costa Roja se da vía libre a un hotel, con categoría mínima de cuatro estrellas, cuatro plantas y un máximo de 500 plazas, que deberá estar vinculado a un equipamiento “deportivo o recreativo” que cuente con una superficie mínima de 50.000 metros cuadrados.

El convenio puntualiza que “no se consideran como plazas alojativas ni residenciales las vinculadas al uso sanitario o las destinadas a personas discapacitadas o dependientes albergables en las instalaciones social asistenciales o vinculadas al uso docente”, que también se pueden construir en la futura urbanización.

Las empresas promotoras del convenio de Costa Roja, que adjudica 98.711 metros cuadrados construidos de edificabilidad, son Hoya de la Yegua, la antigua Costa Lleó y Parcelaciones Ajey, vinculadas a Lleó. Sobre la última pesa el embargo de otra compañía acreedora.

En el convenio se considera que debe estar firmado, además de por el Gobierno de Canarias y por el Ayuntamiento de Yaiza, responsables del planeamiento municipal, por el Cabildo de Lanzarote, de cara a su incorporación al futuro Plan Insular.

Además, se destaca que “la ordenación urbanística de las parcelas” resulta “adecuada” para “satisfacer los intereses públicos generales cuya defensa corresponde a las administraciones”. Se dice que incorpora a la oferta de Playa Blanca “usos de alto valor añadido en términos económicos, de desarrollo urbano estable y de atracción de turismo de calidad”.

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NotaPublicado: Mié 16 Abr, 2014 9:22 am 
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Wigberto del Carmelo Ramos Lleó, en representación de las tres empresas promotoras de la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, exigió al Gobierno de Canarias que se aceptase su propuesta de convenio, sobre la que ha habido discrepancias.

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En concreto, presentó alegaciones porque decía que la superficie de la futura urbanización no coincidía “con la realidad topográfica y registral”, y que se veía afectado por un sistema general viario “que no existe en la realidad ni en la propuesta” de convenio.

También reclamó que no se identificase al sector de suelo como Costa Roja sino que se denominase Playa Blanca, como accedió el Gobierno, y recalcó que se debía prever una parcela de uso turístico para un hotel de 500 plazas, lo que se refleja en el convenio considerado de “interés público” por el Ejecutivo regional.

En sus alegaciones, advirtió que en el caso de que no se aceptara la propuesta de convenio urbanístico se debía “clasificar el suelo como urbano por reunir los requisitos legales para esta clasificación, y haberse concedido licencias urbanísticas en el año 2006 y 2007”.

“Y si así no fuera”, continuó, “se deberá consignar en el estudio económico financiero las indemnizaciones que correspondan”. Se da la circunstancia de que la Justicia ha declarado ilegales y anuladas las licencias a las que hace referencia, que otorgó el ex alcalde José Francisco Reyes para la construcción de más de 1.000 vivienda.

El equipo redactor del Plan General subraya que “la consideración como suelo urbanizable” de Costa Roja “responde a una estructura territorial lógica”. Entiende que se eliminarían “vacíos” sin construir “entre suelos ya transformados o en avanzado estado de transformación”.

“La posición del suelo en cuestión dentro del conjunto de la ordenación” de Playa Blanca “y la ausencia de valores en esos terrenos que puedan excluir su transformación, así como el hecho de que fuesen suelos de reserva urbana en el planeamiento vigente, justifican la coherencia de la ordenación propuesta”.

La Fundación César Manrique (FCM) se opuso en sus alegaciones al Plan General al convenio urbanístico de Costa Roja por entender que indirectamente se está clasificando un nuevo suelo turístico, incumpliendo la Ley de Medidas Urgentes.

Además, la Fundación consideró que “se vulnera la legalidad y se cambia un criterio plasmado en el planeamiento municipal vigente, de 1973, luego recogido por el Plan Insular” de 1991, en vigor.

En la misma línea, la FCM recalcó que “resulta inexplicable que se pretenda desarrollar un plan parcial completo que, por otro lado, de facto vendría ya a consolidar la impunidad, habida cuenta de que sobre estos terrenos pesan dos causas penales en tramitación”, en alusión a una querella por las licencias urbanísticas y al caso Unión.

La asociación Transparencia Urbanística indicó en sus alegaciones que la calificación de los terrenos de Costa Roja “no responde ni puede justificarse por necesidades objetivas de crecimiento” de la localidad de Playa Blanca.

Es inaceptable por injustificada y porque la clasificación y categorización pretendida incide sobre una situación jurídica extremadamente delicada que pende de un proceso contencioso administrativo”, en referencia al pleito interpuesto por el Cabildo contra las licencias, que ganó el año pasado en primera instancia.

En cambio, para el equipo redactor del Plan General, que depende del Gobierno de Canarias, “la pendencia de procesos judiciales no impide el ejercicio de la potestad de planeamiento siempre que el ejercicio de dicha potestad no tenga por objeto evitar pronunciamientos judiciales, lo que en modo alguno se deriva del Plan General”, asegura.


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NotaPublicado: Sab 07 Jun, 2014 11:12 am 
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De estar imputado por un delito contra la ordenación del territorio en una de las piezas del caso Unión por la construcción ilegal de su ‘mansión’ de más de 1.500 metros, el arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia, ha pasado a ser bendecido en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza como promotor de una de las pocas bolsas de suelo que se recalifican en todo el municipio, con la posibilidad de levantar más de 60 viviendas. Y todo en poco más de un año.

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El nuevo Plan General, cuya elaboración y aprobación el Ayuntamiento de Yaiza entregó al Gobierno de Canarias, califica como suelo urbanizable sectorizado no ordenado la franja de suelo de 85.000 metros cuadrados que separa las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo. Es decir, bastará con presentar un documento en el que se defina dónde irán las villas y dónde las calles para que el Ayuntamiento dé vía libre a su ejecución.

Hasta ahora, la zona estaba vedada a nuevas construcciones. Otro arquitecto, Fernando Higueras, considerado uno de los más destacados profesionales del siglo pasado en España y estrecho colaborador de César Manrique, estableció en el Plan General de Yaiza de 1973, que todavía está vigente, una disposición avanzada para la época, en los albores del turismo: la obligación de dejar una franja de 50 metros de zona verde en los bordes de las futuras urbanizaciones, para evitar la sensación de masificación.

La franja de terreno que separa Puerto Calero de Cortijo Viejo tiene unos 115 metros de ancho. El equipo redactor del Plan General de Yaiza, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, reconoce que esa obligación de dejar zonas verdes entre las urbanizaciones “supuso la inviabilidad de hecho” de cualquier desarrollo urbanístico.

En esa franja de terreno, en la que no se podía construir, el matrimonio formado por Carlos Morales y Alexia de Grecia compró 5.134 el 11 de abril de 2005. Luego Morales adquirió otros 5.135 metros el 18 de octubre del mismo año a través de la sociedad Island Kowledge on Settlement. Quien le vendió la primera finca fue un ciudadano llamado Heinrich Becker. Pagó 257.000 euros y en la escritura se detalla con claridad que lo que se vende es una finca rústica.

Ese mismo año, el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le concede la licencia de construcción de una vivienda en primera línea y la urbanización de las inmediaciones. El vendedor declararía ante la Guardia Civil que había intentado construir y que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo se lo habían autorizado.

Las licencias de la casa de Alexia de Grecia y Carlos Morales fueron investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Unión. Morales estuvo imputado junto al ex alcalde de Yaiza. Al arquitecto el Juzgado número 5 de Arrecife le archivó la causa penal en marzo del año pasado, mientras que Reyes sigue implicado por vulnerar “las más básicas reglas” de la “normativa urbanística aplicable” al dar licencias sin informe jurídico y sin el dictamen “preceptivo y vinculante” del Cabildo.

Cuando le quitó de encima la losa de la imputación, el Juzgado recalcó que “las obras ejecutadas”, una espectacular vivienda de 1.511 metros distribuidos en tres plantas y piscina, sobre el paseo de Puerto Calero, eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar su construcción, pero que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El Juzgado se limitó a pedir a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que le abriese un expediente.

Fue clave que el redactor del nuevo Plan General y la Consejería de Política Territorial del Gobierno adelantasen en sus declaraciones en el Juzgado la intención de recoger los terrenos como un sector urbanizable en el nuevo planeamiento de Yaiza, que está pendiente de aprobarse de forma definitiva, nueve años después de la licencia para construir otorgada por el Ayuntamiento.

En julio de 2012, unos ocho meses antes de que el Juzgado archivase su imputación, Carlos Morales, Alexia de Grecia y Puerto Calero SA, sociedad propietaria de 4.030 metros en la citada franja, registran un convenio urbanístico en el Ayuntamiento de Yaiza para que se incorpore al Plan General. Piden que se les autorice el uso residencial, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable. Ahora el Gobierno de Canarias les concede, en el nuevo Plan General de Ordenación 12.559 metros cuadrados y 62 viviendas. Un negocio redondo.

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El Gobierno de Canarias ha desechado las alegaciones que se presentaron para impedir la recalificación de los terrenos entre Puerto Calero y Cortijo. Entidades como la Fundación César Manrique (FCM) y Transparencia Urbanística (TU), partidos como Alternativa Ciudadana y el PSOE, que forma parte del propio Ejecutivo regional, presentaron objeciones en tal sentido.

En las alegaciones, la FCM destacó que se estaba “incumpliendo” la legislación y TU subrayó que la recalificación estaba “forzada por las situaciones urbanísticas irregulares”. Para el equipo redactor, los terrenos “carecen en la actualidad de valor ambiental alguno” y “su consideración como suelo urbanizable responde a una estructura territorial lógica que elimine los vacíos” entre suelos “ya transformados o en avanzado estado de transformación”.


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NotaPublicado: Mié 30 Jul, 2014 9:29 am 
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Fuente laprovincia.es:

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) aprobó ayer el nuevo plan general de Yaiza que permitirá la creación de 10.676 nuevas plazas turísticas en el municipio. Sin embargo, los redactores del documento, que tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno de Canarias, destacan que el número de camas turísticas del nuevo plan es inferior a las que se contemplaba en el actual plan general que data del año 1973. Así, se ha pasado de las 34.900 plazas que se fijaban para Yaiza en el plan de hace 41 años a las 28.569 camas que se reflejan en la nueva ordenación urbanística.

Según los datos recogidos en el nuevo plan en el municipio de Yaiza se contabilizan actualmente un total de 17.893 plazas hoteleras y extrahoteleras, con lo que todavía faltarían 10.676 plazas para alcanzar el techo turístico.

"En cuanto al uso turístico, es objeto específico del modelo territorial adoptadoconsolidar Playa Blanca como destino turístico, por lo que en las zonas aún no colmatadas se prioriza el uso turístico de la primera línea de costa, distribuyendo el uso residencial a partir de este en segunda línea, sin que clasifique ningún nuevo suelo de uso turístico (lo que en todo caso actualmente tampoco sería posible por no permitirlo la legislación vigente, salvo para determinados supuestos, tal y como se contempla en el artículo 12 de la Ley 6/2009 de Medidas Urgentes)", señala el nuevo plan general de Yaiza.


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NotaPublicado: Lun 22 Dic, 2014 10:53 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La esperada cascada de pleitos judiciales contra el Plan General de Yaiza ha comenzado. El primero del que se ha tenido constancia es el interpuesto por la empresa Papagayo Arena, propietaria del hotel del mismo nombre en Playa Blanca, cuyas licencias han sido declaradas ilegales por la Justicia.

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El pasado 11 de diciembre, el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Jesús Romero Espeja, dictó una resolución en la que ordenaba la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del expediente administrativo del nuevo Plan General.

La empresa titular del hotel Papagayo Arena ha impugnado el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), del pasado 29 de julio, en la que se aprobó el Plan de Yaiza, si bien no ha entrado en vigor hasta diciembre.

El hotel recibió licencias en los años 1998 y 2000 por el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que fueron recurridas por el Cabildo de Lanzarote y anuladas en 2007. En el análisis que efectuó el Cabildo del proyecto, el establecimiento incumple el Plan Insular, la normativa de la urbanización de Las Coloradas y la normativa turística.

Entre los incumplimientos denunciados por el Cabildo destaca que no se ajusta a la altura, número de plantas y retranqueo exigible en la zona, así como que invade un vial peatonal previsto entre dos parcelas que dan a la playa de Las Coloradas, que se agruparon para construir el hotel.

Cabe destacar que en julio de 2006, el Ministerio de Medio Ambiente lo incluyó en un programa de adquisición se fincas en el litoral, bajo el cual se compró para uso público la Isleta de la Santa, en Tinajo. Sin embargo, la adquisición del Papagayo Arena nunca se llegó a ejecutar y el programa se abandonó.


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NotaPublicado: Lun 09 Mar, 2015 6:10 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite dos nuevos recursos contra el Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza, que fue aprobado de forma definitiva el pasado 29 de julio. Uno de los recursos fue presentado por la empresa Prosolmar S.A. y el otro por Paul Brain Tillett y Felicity Eileen Tillett. En ambos casos, los recurrentes piden que se anule el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que aprobó definitivamente este documento hace medio año.

En dos anuncios publicados en el Boletín Oficial de Canarias, el Gobierno regional hace público su acuerdo de remitir todo el expediente del Plan a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que les había requerido la documentación.

Al hacer público el anuncio, la Dirección General de Ordenación del Territorio traslada la información a “cuantos pudieran aparecer interesados” para que se personen en el procedimiento si lo estiman necesario.

Estos dos nuevos recursos se suman a varios más que se han presentado contra el documento, incluyendo los tres que se conocieron la pasada semana. Uno de ellos fue presentado por la Fundación César Manrique el pasado 21 de enero, y los otros dos por las empresas Hipercan Don Jersey, S.L. y Palmera Canaria, S.L., también a finales de enero. Los tres recursos están siendo también tramitados por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC.

En el caso de la FCM, en su momento ya presentó alegaciones al Plan General de Yaiza cuando estuvo sometido a exposición pública. En sus alegaciones, que fueron rechazadas, la Fundación sostenía entre otras cosas que el documento es “un ejercicio técnico para legalizar las licencias de los hoteles y apartamentos que hoy por hoy no tienen encaje legal en el planeamiento actual, y viene a reconocer y legitimar el libre albedrío que ha presidido el proceder de muchos promotores durante décadas, en connivencia con los sucesivos gobiernos municipales y su aparato técnico y jurídico, como lo atestiguan las causas penales en curso”.


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NotaPublicado: Mié 11 Mar, 2015 3:37 pm 
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El Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, está recibiendo una batería de impugnaciones en los tribunales, por parte de entidades como la Fundación César Manrique y Transparencia Urbanística, que denuncian la legalización de irregularidades, pero también por empresas que no han quedado satisfechas con el nuevo planeamiento.

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Uno de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha interpuesto la empresa Prosolmar, promotora de una urbanización turística en Playa Quemada, un núcleo costero que en las últimas décadas se ha mostrado en contra de convertirse en una localidad turística.

Prosolmar defendió en sus alegaciones al nuevo planeamiento del municipio sureño que el ámbito del plan parcial Costa Playa Quemada debía ser clasificado como suelo urbanizable, “ya que cuenta con plan parcial aprobado el 22 de diciembre de 1993 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 17 de octubre de 2001”.

Además, la empresa representada por el constructor José Luis Betancort expuso que “la demora en la publicación” del plan parcial “fue responsabilidad de la administración como ratifica la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2009, siendo el plan parcial valido desde el año 1993 y eficaz desde su publicación en el año 2001”.

El plan parcial Costa Playa Quemada contemplaba casi medio millón de metros cuadrados de afección de suelo, 500 camas para una clínica de salud que acompañaría a un hotel y villas que sumarían 1.200 camas, así como equipamiento comercial y un campo de golf.

El equipo redactor del Plan General, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, rechazó las alegaciones e incorporar la urbanización al nuevo planeamiento. Argumentó que el plan parcial Costa Playa Quemada se encontraba afectado por la Ley de Medidas Urgentes de 2001, por lo que quedaba “extinguida” su “eficacia”.

Así, Coderch justificó la decisión en que cuando entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes no se había aprobado un proyecto de reparcelación, ni la junta de compensación ni el proyecto de compensación, y tampoco se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento de Yaiza.

Por ello, indicó Coderch, procedía la reclasificación del medio millón de metros cuadrados del plan parcial Costa Playa Quemada de suelo urbanizable con uso turístico en suelo rústico de protección territorial “al encontrarse en la zona de influencia del litoral”, considerando “necesario preservar de actividades y edificaciones el suelo”. Otra parte de la superficie del plan parcial se clasificó como suelo rústico de protección de infraestructuras.


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NotaPublicado: Mié 11 Mar, 2015 3:55 pm 
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NotaPublicado: Lun 11 May, 2015 3:45 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El nuevo Plan General de Yaiza no ha gustado a todo el mundo. De hecho, son más de 25 los recursos que se han anunciado ya contra él, aunque fuentes municipales consideran que incluso “son pocos” porque el Plan no ha querido admitir algunas de las peticiones de muchos empresarios que consideran inasumibles y que van contra el interés general. El municipio, pero sobre todo Playa Blanca, sigue siendo atractivo para la inversión y complicado para su ordenación, después de cuatro décadas de falta de control público y de especulación urbanística.

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Algunos de los pesos pesados del empresariado del Sur, de los mayores dueños de suelo, están entre los que pondrán recurso porque no se han admitido sus peticiones: Juan Francisco Rosa, Domingo Rodríguez Cedrés, Ángel García Puertas u Honorio García Bravo, que pide incluso una indemnización de 39 millones de euros.

El Plan se ha cerrado con la firma de seis convenios urbanísticos pero se habían propuesto más. En el casco urbano de Yaiza hay dos casos que tienen bolsas de suelo sin edificar y que querían que se facilitara su construcción. Uno de los casos, en una parcela conocida como El Rincón, considera que ese suelo siempre había sido urbanizable o de reserva urbana y el otro quiere que se le considere como urbano consolidado.

A algunos dueños de suelos en planes parciales no les ha convencido cómo quedan esos planes. Es el caso de Construcciones Mardo, que se queja sobre San Marcial del Rubicon, porque dice que está mal medido y le afecta a la edificabilidad y alturas. El caso es que con este plan, un hotel de su propiedad, el Iberostar Papagayo Park, tendría muchos problemas para obtener la licencia.

La misma sociedad se queja del plan parcial Playa Blanca en el que reclaman 10.000 metros edificables y aseguran que el convenio que se ha firmado no da viabilidad a los terrenos “que lastran el porvenir” de Mardo. En San Marcial del Rubicón también recurre Xinxol porque dice que se le trasladan cargas y obligaciones que ya fueron cumplidas en su día.

Juan Luis Lorenzo critica el plan parcial Castillo del Águila, del que dice “que se le da la vuelta como un calcetín” y que una parcela sufre una evolución “espectacular que va a dar grandes plusvalías sin justificación” y aporta en su favor el acta de la Comisión de ornato y urbanismo a la que asistieron Honorio García Bravo y César Manrique en 1987.

También se queja Wigberto Lleó diciendo que en 1991 una parcela de su propiedad, cerca de Los Ajaches, la Finca del Cortijo, tenía una proyección que ahora no tiene, y Ángel García Puertas que dice ser propietario de una pare de los terrenos de Costa Roja aunque no lo demuestra y pide que se anule el paso hacia la playa que ocupa el Papagayo Arena, que es el elemento que puede hacer que el hotel acabe demolido.

Otra alegación peculiar es la de Hipercan, que quiere recuperar el edificio Atlante del Sol, el hotel abandonado cerca del Faro de Pechiguera que nunca funcionó. En sus alegaciones, los propietarios llegan a citar el ejemplo del Hotel Oasis de Maspalomas o el problema con la residencia Sol de Otoño, ya que quieren rehabilitar el edificio para dedicarlo a un centro sociosanitario.

Otro peso pesado en recurrir es Domingo Rodríguez Cedrés que acusa al Plan General de “irregularidades que afectan a nuestros intereses” ya que considera que algunos de sus suelos son urbanos, y por supuesto Honorio García Bravo que hace unas alegaciones que suman más de 350 folios en las que pide, por un lado, que se arreglen las irregularidades urbanísticas de la Casa del Embajador que incluso ha ocupado una zona verde pública y que se le mantengan las determinaciones urbanísticas de una parcela sin edificar en la que consiguió una licencia cuando él mismo era alcalde, pretendiendo que sigan vigentes.

Juan Francisco Rosa solicita que se le permita desarrollar dos parcelas como equipamientos privados con uso sanitario y docente para desarrollar un hospital y un centro educativo privados. Reclama más edificabilidad y dice que esos negocios los haría agrupando a otros hoteleros y señala su intención de “no entrar en nuevos negocios que difícilmente son buenos negocios en un ámbito como el de Playa Blanca sino potenciar este destino turístico”.

Señala que los equipamientos “nadie los promueve, ni siquiera el Ayuntamiento que dispone de parcelas ociosas y que redundarán en beneficio de todos” a pesar de que serán privados, y afirma que hay dotaciones que nadie resuelve “salvo honrosas excepciones”.

También pide, por otra parte, que se amplíe como suelo urbano consolidado toda la parcela del Hotel Las Salinas que ha comprado recientemente “para hacer un proyecto de mayor calidad”. La primera de las alegaciones no se la aceptan porque “no justifica la mayor edificabilidad ni presenta proyecto concreto que lo justifique”.

Muchos de estos empresarios tienen hoteles con licencia anulada o han ocupado zonas públicas en el municipio y ahora argumentan que Playa Blanca ya no es buen negocio aunque siguen solicitando que se les contemplen mejores condiciones para sus parcelas.


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NotaPublicado: Mar 22 May, 2018 4:11 pm 
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La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la parte del Plan General de Yaiza, aprobado en 2014, que incide sobre el dominio público marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre en varios planes parciales de Playa Blanca: Castillo del Águila, Montaña Roja, Puerto Calero, San Marcial del Rubicón, Las Coloradas y Costa Papagayo.

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El motivo de la anulación es que el Plan se aprobó sin que se cumpliera el plazo establecido por ley para que la Dirección General de Costas emitiera un informe sobre esas zonas. Durante la tramitación del Plan, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar emitió un informe que señala deficiencias fundamentalmente en tres aspectos, según la sentencia.

Así, incide en la representación de las líneas de ribera del mar, deslinde de dominio público y servidumbre de protección de los deslindes vigentes en el municipio; la justificación para las fachadas marítimas de Playa Blanca y Playa Quemada, y la no justificación del cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Costas para los sectores de suelo urbanizable sectorizado.

Costas pidió que se corrigieran esas deficiencias y que se remitiera de nuevo el Plan para informar sobre él, pero el Plan se aprobó sin que se agotara el plazo legal para que Costas emitiera de nuevo ese informe. El fallo obliga ahora a reponer el procedimiento “al momento oportuno para que pueda suplirse tal falta emitiendo el referido informe”.

El punto de fricción entre el Plan y el Ministerio de medio ambiente está en que este último considera que se debe aplicar la servidumbre de protección que se refleja en la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral que modifica la Ley de Costas de 1988.

El fallo afecta a las parcelas no edificadas en esos planes parciales. El Plan les sigue aplicando la servidumbre de 20 metros y Costas dice que deben ser 100 metros, en base a la nueva legislación y a que los suelos no se desarrollaron.


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Según Diario de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Yaiza ha anunciado este martes que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula de forma parcial el Plan General de Ordenación Urbana (PGO), a raíz de una demanda interpuesta por el Ministerio de Ambiente por la ordenación de las zona costeras.

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El Consistorio, presidido por Óscar Noda, avanzó que además de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo también "iniciará los trámites tendentes a alcanzar un acuerdo con Costas respecto a la línea de deslinde y las zonas de servidumbre mientras se sustancia el recurso" judicial.

El Ayuntamiento de Yaiza apuntó que también tiene ya una "cita concertada" con el Gobierno de Canarias, que es la institución demandada, para tratar este asunto. El Plan General de Yaiza se encomendó al Ejecutivo regional, que fue el responsable de su elaboración y aprobación.

No obstante, desde el Ayuntamiento sureño se ha valorado que "si bien el Plan General que entró en vigor en diciembre de 2014 ya ha recibido más de una veintena de recursos, la mayoría pidiendo su anulación total, es de destacar que el recurso en cuestión", el del Ministerio de Medio Ambiente, "tampoco lo consigue".

Así, Medio Ambiente solicitaba la nulidad del Plan General en su totalidad basándose en que no se había emitido informe preceptivo que establece la Ley de Costas. Tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Yaiza "argumentaron su solicitud" de informe a Costas "en varias ocasiones sin que se emitiera respuesta alguna". "Es más, el Tribunal confirma que el Gobierno de Canarias envió documentación más de una vez sin que Costas emitiera dicho informe", añade el Consistorio.

La última solicitud que se hizo a la Dirección General de Costas acompañada de documentación complementaria fue en junio de 2014 y el Plan General fue aprobado en julio de ese año por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), "sin que transcurriera, en esta ocasión, los dos meses que tenía Costas para contestar".

El tribunal entiende que no es causa suficiente para acordar la nulidad del Plan General en su totalidad, sino la anulabilidad de la parte que afecta a Costas, que es la línea del dominio público marítimo terrestre y la zona de servidumbre.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente considera que la zona de servidumbre de Costas debe ser en algunas partes del litoral de 100 metros y no de 20 metros "como marca el Plan General". El Consistorio apunta que "debe retrotraerse el procedimiento", solicitar informe a Costas "y esperar a su emisión" para dar cumplimiento a la sentencia.

Por otra parte, el grupo de gobierno municipal (UPY y PIL), ha destacado este martes "el avance urbanístico para el municipio que ha supuesto el Plan General en vigor y su utilidad en la puesta en marcha de proyectos tan visibles como la dotación de infraestructuras educativas y deportivas", así como "la construcción de viviendas en distintas localidades".


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com