FORO SOBRE LANZAROTE

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NotaPublicado: Mié 23 Abr, 2014 12:11 pm 
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“Hartos de la indignante ausencia de explicaciones por parte de la principal causante de este problema, la Santa Madre Iglesia, nos hemos visto obligados a venir aquí a exigir esas explicaciones al Obispado y a la parroquia de San Ginés”. Con esta palabras arranca su manifiesto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que este miércoles se ha concentrado ante esta parroquia para protestar por los desahucios que están previstos en viviendas de Argana Alta, que fueron vendidas por la Iglesia.

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El pasado 7 de marzo, miembros de esta plataforma y vecinos de Arrecife consiguieron paralizar el desahucio de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años. La comisión judicial decidió suspender de manera provisional el desalojo al no poder garantizar la seguridad de los que estaban en la zona, por no contar con una ambulancia. El próximo desahucio, el del matrimonio formado por Sinforiano Lemes, de 90 años, y Pilar Callero, de 87 años, está previsto para el 23 de mayo. En 2013, ya fueron desahuciadas de sus casas dos familias y las viviendas fueron derribadas.

La plataforma considera que esta situación es una “gran estafa” y entiende que la Iglesia habría dado a sus afectados explicaciones “si tuviera un mínimo de humanidad y de los valores cristianos que cada domingo predica”. “Ya no nos interesa saber por qué la iglesia vendió un terreno cedido por un feligrés para alojar a gente necesitada y en el que los vecinos y cursillistas de la cristiandad construyeron unas viviendas para el citado fin. No fue la iglesia la que hizo un esfuerzo de generosidad y solidaridad, fueron los vecinos del barrio y personas que creían que la justicia social es posible”, han señalado los miembros de este colectivo, que han entregado este manifiesto a la Iglesia.

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A la plataforma tampoco le interesa saber si “son 300.000 o 600.000 euros” los que ha obtenido la iglesia por esta operación, algo que consideran que es una “especulación pura y dura”. “Qué hicieron con ese dinero tampoco nos importa ya, nos gusta suponer que todo fue a ayudar al prójimo y no para nuevas inversiones, fastos lujosos y llenar barrigas. Dios nos libre de estos malos pensamientos”, han insistido en este escrito.

El colectivo ha asegurado que el párroco que se encargó de realizar esta operación de compraventa “ni siquiera se molestó en informar a los vecinos de que estaban vendiendo sus vidas”. “Sí, no lo duden, aquí sus ilustrísimas han traficado con seres humanos, han tratado de arrebatar la dignidad a personas despojándolas de un derecho tan fundamental como el de la vivienda. Escandaliza que en esta parroquia se sigan dando sermones contando a la gente cómo debe portarse cuando en su sacristía se ha fraguado un negocio en el que se puso en venta a hombres y mujeres. Muy propio para las fechas que acabamos de dejaratrás, ¿un tal Judas hizo lo mismo les suena?”, se ha preguntado la PAH.

En su escrito, este colectivo también ha querido recordar que falta menos de un mes para que un matrimonio de ancianos sea desalojado de estas viviendas en Argana Alta y también para que se lleve a cabo el desahucio de Luis Manuel Torres Guillén. Por ello, ahora han exigido “soluciones”.

“Está en su mano que estas personas recuperen su vida”, ha señalado la PAH en referencia a la Iglesia. Además, el colectivo también ha pedido al Obispado que muestre el acuerdo con Iveco, empresa a la que le vendió este terreno, para saber si es cierto que la compañía se comprometió a realojar a los vecinos, “tal y como se ha encargado de difundir en prensa”.

Son ustedes los que han admitido la existencia de ese compromiso y si les queda un poco de ese sentimiento cristiano, serían ustedes los que deberían exigir a Iveco su inmediato cumplimiento. Si no lo hacen, serán como hasta ahora lo han sido, cómplices de maltratar a ancianos y enfermos, de quitarles parte de su vida, de intentar arrancarles su dignidad”, ha insistido en este manifiesto.

A la PAH no le vale “una propina” de la Iglesia para que estas personas pasen el primer mes en un lugar para que luego “les echen a la calle”. Por ello, reclaman que se cumpla este acuerdo al que supuestamente llegaron el Obispado y la empresa y, si no, recuerdan que la Iglesia es una de las instituciones “con mayor número de inmuebles”, por lo que es “capaz de realojar a un grupo de feligreses a los que ha dejado en la calle”.


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NotaPublicado: Mar 20 May, 2014 9:06 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El matrimonio formado por Sinforiano Lemes, de 90 años, y Pilar Callero, de 87 años, no ha aceptado la última propuesta de la empresa antes de la ejecución de su desahucio, que está previsto para el viernes. Iveco les ha ofrecido dos años y tres meses de alquiler, o lo que es lo mismo, 8.100 euros, pero el matrimonio lo ha rechazado y ha decidido luchar hasta el final para intentar que no le desalojen de su vivienda de Argana, que en su día la Iglesia vendió a esta empresa.

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Así lo ha señalado a La Voz Andrés Medina, ex presidente de la asociación de vecinos del barrio y que está ayudando al matrimonio en esta dura experiencia. Medina ha mantenido este lunes una reunión con el hijo del propietario, a quien ha exigido el documento en el que se fijó el supuesto compromiso con la empresa de realojar a las familias, pero no se lo ha facilitado.

Es una vergüenza”, ha exclamado Medina, harto de los cambios de versión de la empresa y de la Iglesia y de que no le muestren el documento. El matrimonio quería al menos asegurarse tres años de alquiler, unos 12.000 euros, pero la empresa no lo ha aceptado. “Primero, sólo ofrecían un año y luego ya llegaron a dos años y tres meses”, ha explicado Medina.

Además, este vecino asegura que tampoco “se fiaba” de que el trato fuera a ser así. “Yo no estaba de acuerdo, no lo veía lógico. ¿Por qué tanta prisa en negociar ahora? ¿Por ahorrarse la foto del desahucio porque eso da mala imagen?”, se ha preguntado Medina.

Ante esta situación, Sinforiano Lemes y Pilar Callero han decidido no aceptar la última propuesta de la empresa, por lo que junto a Medina y a miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) intentarán paralizar el desahucio, que está previsto para el viernes 9.00 horas. Ese mismo día, también se prevé que se ejecute el desalojo de Luis Manuel Torres Guillén, de 56 años.


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NotaPublicado: Jue 22 May, 2014 6:53 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, señala en un escrito enviado al Juzgado en relación al caso del desahucio de los ancianos de Argana, que “motivado por las noticias que aparecían continuamente en los medios de comunicación” empezó a buscar en los archivos del Obispado y de la Parroquia de San Ginés para “esclarecer los hechos” y que “se ha sorprendido de encontrar un acuerdo o documento privado firmado por el párroco Antonio Perera y por Juan Antonio Rivera”.

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En una cláusula de ese contrato, de tres páginas, dice claramente que la empresa respetará y permitirá que los actuales ocupantes de los números 2 y 8 de la calle Palacio Valdés “puedan seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento” y añadía que, no obstante, podrá realojarles en otra vivienda de igual calidad y superficie pero igualmente hasta su fallecimiento.

Sobre el resto de las viviendas, dice el contrato que Iveco negociará con cada uno de los ocupantes el desalojo, pero previo pago de la indemnización que las partes acuerden y permitiendo la empresa que ocupen esas viviendas como mínimo durante un año para que pudieran encontrar un nuevo alojamiento.

El incumplimiento de estas condiciones a las que se obliga la mercantil Juan Antonio Rivera dará lugar a que la Diócesis de Canarias pueda exigir el cumplimiento de las mismas a dicha mercantil”, señala otra cláusula. La última cláusula dice que la Diócesis se compromete a colaborar activamente en la resolución judicial de los precarios existentes en la parcela con documentos o ratificación testifical o notarial de los acuerdos existentes.

A pesar de que este contrato se firmó en 2007, ni la empresa ni la Iglesia lo han aportado para que lo conocieran los afectados. A la mayoría de ellos nunca se les hizo una oferta firme de realojo, sino que se les dijo que se tenían que marchar. La Diócesis de Canarias vendió por unos 360.000 euros los terrenos sobre los que se construyeron las casas, a mediados del siglo pasado, destinadas a familias con escasos recursos económicos.

De las familias que habitaban las seis casas, dos se marcharon y las viviendas ya están derribadas. De las otras cuatro familias, todas recurrieron a la Justicia, pero el documento nunca se aportó a las causas. Dos han ganado y dos han perdido: Sinforiano y Pilar, que se quedarán por ahora en su casa, y Luis Manuel que puede ser desahuciado este viernes.

Hasta esta misma semana, la empresa Iveco ha estado intentando negociar con este matrimonio el pago de un alquiler en otra vivienda durante un máximo de dos años a pesar de que les correspondía la vivienda de por vida. Las negociaciones se iniciaron cuando se fijó el desahucio pero no en los siete años anteriores.

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NotaPublicado: Mié 04 Jun, 2014 2:02 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La empresa Juan Antonio Rivera-Iveco ha ofrecido este miércoles en la vista que se ha celebrado en el Juzgado número 4 de Arrecife el abono durante 27 meses de un alquiler en otra vivienda a Marcial Sinforiano Lemes y Pilar Machín, el matrimonio de 91 y 87 años que viven en una las casas de Argana que vendió la Iglesia.

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La vista se había fijado después de que el Juzgado suspendiera el desahucio previsto para el 23 de mayo porque la Diócesis de Canarias aportó al Juzgado un contrato firmado en 2006 que obligaba a la empresa a que permitiera vivir en esa casa hasta su fallecimiento a este matrimonio.

A pesar de la existencia de ese contrato, Iveco insiste en hacer otro ofrecimiento diferente. El abogado de la empresa he hecho el mismo ofrecimiento que antes del desahucio no había aceptado el matrimonio y ha optado por no validar el documento firmado en junio de 2006 entre la Diócesis de Canarias y la empresa y por solictar otra vista ante al falta de acuerdo.

El matrimonio quiere permanecer en esa vivienda hasta su fallecimiento, tal y como le permite ese documento. Ahora será el Juzgado el que tome una decisión. En el contrato firmado entre Iveco y la Iglesia, de forma paralela a la compraventa del terreno donde había seis casas, se incluyó una cláusula que señala que estos inquilinos podían “seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento” o ser realojados en otra vivienda de igual calidad y superficie pero igualmente hasta su fallecimiento.

A pesar de que este contrato se firmó en 2006, ni la empresa ni la Iglesia lo han aportado para que lo conocieran los afectados. A la mayoría de ellos nunca se les hizo una oferta firme de realojo, sino que se les dijo que se tenían que marchar.

La Diócesis de Canarias vendió por unos 360.000 euros los terrenos sobre los que se construyeron las casas, a mediados del siglo pasado, destinadas a familias con escasos recursos económicos.

De las familias que habitaban las seis casas, dos se marcharon y las viviendas ya están derribadas. De las otras cuatro familias, todas recurrieron a la Justicia y dos han ganado y dos han perdido. Uno de los que perdieron, Luis Manuel Torres, fue desahuciado el pasado 23 de mayo.


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NotaPublicado: Mié 18 Jun, 2014 10:02 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la empresa Juan Antonio Rivera para tratar de lograr el desahucio de otra de las casas construidas el siglo pasado en Argana (Arrecife) para familias sin recursos económicos, que le vendió la Diócesis de Canarias en 2006.

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El origen de este pleito fue la sentencia del Juzgado número 4 de Arrecife, que el 12 de diciembre de 2011 falló a favor de la familia que ocupa la vivienda y apreció “de oficio” la “falta de legitimación activa de Juan Antonio Rivera SL para ejercitar la demanda de desahucio por precario”.

El Juzgado de Arrecife consideró que “no había acreditado ser propietaria de la vivienda” pues “en su título de dominio solo adquiere un solar” pero no la hilera de casas de la calle Palacio Valdés, en el barrio de Argana.

En cambio, la Audiencia Provincial, en sentencia de 15 de febrero, señala que “no comparte el criterio del juez” de que la empresa no tenga legitimación activa, pues aporta la escritura pública de 6 de junio de 2006 a través de la que compra a la Diócesis de Canarias un solar “donde no se discute se encuentra la vivienda”.

A juicio de la Audiencia, era “irrelevante” que no constase “la declaración de obra consistente en varias casas que sobre ese terreno se levantaron hace bastantes años y a las que se alude en la propia escritura de venta”.

Sin embargo, la Audiencia evitó el desalojo de la casa, al señalar que “existen indicios que permiten concluir” que ni la empresa ni la Diócesis “cedieron en precario” la casa, ya que existía un contrato de arrendamiento de 1988, que “en principio daría derecho a ocupar la vivienda”.

La Audiencia también destaca que si el contrato fue “simulado o no” era algo que no se pudo probar de forma adecuada, al no haberse sometido “a contradicción las manifestaciones escritas de los representantes eclesiásticos”.

La familia ha conseguido tres sentencias favorables frente a la empresa desde diciembre de 2011

Es más, la Audiencia Provincial añadió que si las viviendas “fueron dadas no en arrendamiento sino para ser ocupadas por los pobres, nos podríamos situar en presencia de una situación jurídica de comodato”, que implica la vinculación de la casa a ese fin social. Hasta “que no concluyese el uso para el que se prestó el inmueble no podría reclamarse”, explicó la Audiencia.

Ahora, en un dictado el pasado 27 de mayo, el Tribunal Supremo vuelve a rechazar el recurso de Juan Antonio Rivera. Señala que la existencia de un contrato de arrendamiento de 1988 “comporta, ineludiblemente, como consecuencia lógica, que no quepa el desahucio por precario”, como solicitaba.


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NotaPublicado: Vie 04 Jul, 2014 9:41 am 
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Fuente humor elagistador.com:

La empresa Juan Antonio Rivera-Iveco ha ofrecido a Marcial Sinforiano Lemes y Pilar Machín, el matrimonio de 91 y 87 años que viven en una las casas de Argana que vendió la Iglesia, la opción de residir en la cabina de uno de los camiones que tienen en exposición durante 27 meses y a un precio módico.

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El responsable de la empresa ha aclarado que se trata, en cualquier caso, de uno de sus últimos modelos, el Stralis Hi-Way, por lo que “estarán más cómodos que en su casa, o sea, que en nuestra casa, queremos decir”.

Iveco considera la nueva oferta “una muestra de nuestra sensibilidad hacia los más mayores y de una gran generosidad. Tenemos furgonetas más pequeñas, pero nuestra mayor preocupación es la dignidad de Sinforiano y Pilar, por lo que esperamos que esta muestra de humanidad que hemos tenido se traduzca en un aumento de las ventas”.

Según fuentes de la empresa, Iveco podría estar valorando la posibilidad de vender el camión con la pareja de ancianos dentro, en el marco de la campaña publicitaria “Ser camionero ya no será una profesión solitaria”.


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NotaPublicado: Vie 11 Jul, 2014 3:18 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife ha requerido a los ancianos Sinforiano Lemes y Pilar Callero que entreguen a la empresa Iveco las llaves de su vivienda en Argana Alta el 30 de julio a las 10.00 horas, en la secretaría del Juzgado. Además, advierte al matrimonio de que, en caso de no hacerlo, se procederá al lanzamiento, es decir, al desahucio, entre el 1 y el 15 de septiembre.

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Asimismo, también le requiere a Iveco para que en la misma fecha entregue al matrimonio las llaves de una vivienda de características similares, facilite su mudanza y el realojo gratuito, pero sólo durante 27 meses.

El ex presidente de la asociación de vecinos del barrio, Andrés Medina, que ha ayudado al matrimonio en todo este proceso, ha señalado que estos ancianos se han quedado “indefensos ante la Justicia”. Cuando el propio Medina ha comunicado esta “desagradable” noticia a Sinforiano Lemes y a Pilar Callero “han empezado a llorar de impotencia y rabia” al saber que tendrán que abandonar su casa. “A la señora Pilar, que se encuentra delicada de salud, le ha dado un ataque de ansiedad”, ha lamentado.

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El matrimonio logró que su desahucio se paralizara de forma provisional el pasada 22 de mayo, a raíz de la “aparición por sorpresa” del contrato entre la empresa Iveco y la Diócesis de Canarias, según ha recordado Medina. En este contrato aparece recogido que se “respetará y permitirá que los actuales ocupantes” de varias casas, “puedan seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento” o sean realojados en otra casa “de igual calidad y superficie, igualmente hasta su fallecimiento”.

Posteriormente, la juez citó a un acto de conciliación a ambas partes, que tuvo lugar el 4 de junio. En él, Iveco insistió en que sólo iba a pagar el realojo de este matrimonio de ancianos durante 27 meses, algo a lo que se negó el abogado de la pareja que exigió el cumplimiento del contrato.

Ahora la sorpresa es que el Juzgado, en lugar de favorecer al perjudicado, beneficia a quien no ha cumplido un contrato. Una vez más, el matrimonio se ha quedado indefenso ante la Justicia. Una vez más ganan los que tienen el poder económico e influencias”, ha denunciado Medina, que no se explica por qué la juez “no ha tenido en cuenta” la documentación que presentó el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, en la que se recoge el compromiso que adquirió la empresa de realojar o permitir que se quedaran en esta casa hasta su fallecimiento.

A partir de la próxima semana, el matrimonio intentará presentar una demanda de juicio de revisión de sentencia ante el Tribunal Supremo.


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NotaPublicado: Sab 19 Jul, 2014 1:17 pm 
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NotaPublicado: Vie 25 Jul, 2014 3:59 pm 
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NotaPublicado: Mié 30 Jul, 2014 9:20 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

El Consejo de Gobierno del Cabildo acordó la concesión de una subvención anual para el alquiler de una vivienda a Sinforiano Lemes y Pilar Callero, matrimonio de ancianos de 90 y 87 años respectivamente, que se enfrentan a tener que abandonar la vivienda en la que residen desde los años cincuenta, construida por feligreses para familias sin recursos y vendida por la Diócesis de Canarias en 2006.

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El Juzgado ha precisado que la empresa que compró los terrenos tiene que realojar al matrimonio de forma gratuita durante 27 meses, si bien había un convenio firmado con la Diócesis para que el realojo se produjese mientras viviesen.

Además, el Juzgado ha fijado para este miércoles la entrega de las llaves de la casa. En caso de no hacerlo, podrían ser desalojados a comienzos de septiembre. “De proceder al intercambio de llaves de las viviendas”, los ancianos darían por aceptada la resolución judicial, “lo que anularía la posibilidad de recurso para evitar el desahucio ordenado”, precisó el Cabildo.

“Con el fin de garantizar que puedan seguir pleiteando con la garantía y tranquilidad de disponer de una vivienda alternativa”, rechazando así el acuerdo establecido por el Juzgado, el Cabildo de Lanzarote “se haría cargo, si fuera necesario, del alquiler mensual de dicha vivienda, ofreciendo además, gracias a este acuerdo del Consejo de Gobierno, apoyo en materia jurídica, asistencial, sanitaria y psicológica necesaria”.

El consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, recuerda que ya en febrero pasado mantuvo una reunión con el portavoz de la pareja, Andrés Medina, en la que le transmitió “la disponibilidad del Cabildo de ofrecer asistencia psicológica y social a los afectados desde el momento que lo solicitasen”.

“También establecimos contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ofreciéndoles el asesoramiento jurídico que requirieran, a pesar de que la Institución no tiene competencias a la hora de actuar en el ámbito de los desahucios”, añadió Acuña.

El consejero resalta “la predisposición del Cabildo de ayudar al matrimonio de ancianos de Argana Alta con una subvención para el alquiler de una vivienda en el mismo barrio donde reside su familia y donde ellos lo han hecho casi toda su vida, siempre y cuando se produzca una sentencia judicial que haga efectiva el desahucio y lo solicite el Ayuntamiento de Arrecife al ser competente en la materia”.

De esta forma, añade Acuña, “queremos que estas personas tengan la tranquilidad de que desde el Cabildo no vamos a permitir que se queden en la calle, dadas las singularidades del caso”.

En un informe elaborado por el Área de Bienestar Social se especifica que Sinforiano Lemes y Pilar Callero “han vivido de forma independiente, no son usuarios, ni han interpuesto demanda de ningún Servicio Social municipal ni insular”.

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NotaPublicado: Vie 01 Ago, 2014 8:54 am 
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El recorrido judicial para que Sinforiano y Pilar se puedan quedar en su casa de Argana Alta, en la que llevan viviendo más de medio siglo, aún no ha terminado. El Juzgado que debía ejecutar ese desahucio entre el 1 y el 5 de septiembre ha optado por suspender el desalojo a la espera de ver lo que pasa con un recurso de revisión de sentencia presentado ante el Tribunal Supremo.

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El caso de Sinforiano Lemes y Pilar Callero ha logrado un apoyo casi unánime en la sociedad lanzaroteña. Los dos ancianos cuentan con el apoyo activo de vecinos y ciudadanos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que se han estado movilizando para intentar que no tengan que salir de su casa. La primera fecha de desahucio, a finales de abril, se logró salvar in extremis.

El Juzgado lo paralizó porque el día anterior la Diócesis de Canarias, que vendió esos terrenos con los inquilinos dentro en 2006 a la empresa Juan Antonio Rivera, que es quien insta el desahucio, entregó al Juzgado un anexo al contrato en el que se especifica que los dos ancianos tenían derecho a permanecer en esa vivienda hasta su fallecimiento o, en todo caso, a que la citada empresa les pagara una de similares características.

Con la aparición de ese papel parecía que todo estaba arreglado, pero días después y tras una reunión en el Juzgado entre ambas partes, los compradores sólo se comprometen a aportar una vivienda durante 27 meses.

El Juzgado, alegando que se trata de un caso con sentencia firme, da por buena esa solución y dice que Sinforiano y Pilar debían entregar las llaves de su casa el pasado miércoles y abandonarla definitivamente entre el 1 y el 5 de septiembre próximos. Una solución que no contenta en absoluto a los dos ancianos, que no han entregado las llaves.

Por otra parte, fuentes jurídicas señalan que es dudoso que fijar una fecha abierta para el desahucio (cinco días, con lo que se pretendía evitar la resistencia ciudadana al desalojo) fuese correcto, ya que hay que fijar un día y una hora concretos.


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NotaPublicado: Mié 10 Feb, 2016 5:49 pm 
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El Juzgado de primera instancia número 4 de Arrecife ha fijado nueva fecha para el desahucio de los ancianos Sinforiano Lemes y Pilar Callero. El lanzamiento de su vivienda está previsto para el próximo 10 de marzo a las 10.00 horas.

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El matrimonio reside desde los años 50 del pasado siglo en una casa que construyeron los feligreses en Argana Alta para familias con escasos recursos económicos. En el año 2006, la Diócesis de Canarias vendió las casas y el solar, que fue cedido por Leopoldo Díaz, a la empresa Juan Antonio Rivera por 360.000 euros.

En el año 2014 se paralizó el desahucio al reconocer la Diócesis de Canarias que en el contrato de venta se estipulaba que los ancianos podían seguir utilizando la vivienda “hasta su fallecimiento” o que la empresa compradora podría realojarles en otra casa de igual calidad y superficie.

Los ancianos demandaron a la empresa y a la Diócesis al conocerse el contenido del contrato y se llegó a celebrar una vista en el Juzgado de primera instancia número 3 el pasado mes de octubre, a la que no acudió el párroco Antonio Perera, que fue quien intermedió en la venta de las casas.

El mismo mes de octubre, la empresa volvió a reclamar en el Juzgado de primera instancia número 4 el desahucio de los ancianos, fijando fecha para el 10 de marzo. El actual concejal Andrés Medina, que ha apoyado a los ancianos desde que era presidente de la asociación de vecinos de Argana Alta, subraya que el lunes se presentó un recurso a la decisión judicial. “Es el tercer intento para dejarlos en la calle”, afirma.

“Cuando el jueves pasado se lo comuniqué a Sinforiano y a Pilar se pasaron todo el día llorando, en cama y sin querer salir”, explica Medina, quien resalta que con esta nueva orden de desahucio ha vuelto “el dolor y la incertidumbre” a la pareja de nonagenarios.

Medina se puso en contacto desde finales de la semana pasado con Presidencia del Cabildo para abordar la situación de la pareja y está a la espera de una reunión con la Consejería de Bienestar Social, que en el pasado mandato “se comprometió a realojarlos en el caso de que se produjera el desahucio”. También trasladó la situación al alcalde de Arrecife, y a la concejal de Asuntos Sociales, Eva de Anta.


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NotaPublicado: Vie 26 Feb, 2016 3:49 pm 
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La empresa Juan Antonio Rivera, concesionario de Iveco en la provincia de Las Palmas, ha realizado este viernes sus primeras declaraciones sobre las casas de la calle Palacio Valdés en Argana, después de casi diez años de conflicto. El representante de la empresa, José Mamerto Negrín, ha asegurado que han ofrecido un acuerdo a Sinforiano y Pilar, que se firmará en una notaría, que les permite vivir en la casa hasta su fallecimiento.

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Negrín ha asegurado, en primer lugar, que Iveco "no tiene nada que ver con este asunto". Es más, ha señalado al senador de Lanzarote, José Ramón Galindo, que había enviado una carta a Iveco España para que conocieran el asunto, que "el problema está en Lanzarote, no en Madrid".

Según la versión de la empresa, estuvieron intentando negociar durante los cuatro primeros años para realojar a los ocupantes de las viviendas y les ofrecieron la compra de la vivienda. "Los precaristas se negaron en redondo", señaló el representante legal.

La empresa alega que ofreció a los ancianos que pudieran disfrutar de una vivienda similar, en las mismas condiciones y en el barrio, y que ese ofrecimiento lo hizo la Diócesis, pero que Sinforiano y Pilar se negaron a cualquier acuerdo.

No obstante, en 2006, la Diócesis y Juan Antonio Rivera firman un contrato de compraventa con una cláusula de la que no informaron a los habitantes de las casas, que permitía a Sinforiano y Pilar y a otra de las ocupantes quedarse en las viviendas hasta su fallecimiento.

La cláusula decía que la mercantil "respetará y permitirá que los ocupantes puedan seguir disfrutando de las viviendas hasta su fallecimiento. Negrín alegó que en ese documento se añadía que la empresa "podrá realojarles en otra vivienda". "Ese podrá no deja lugar a dudas", dijo.

A pesar de ello, Negrín señaló que no tenían por qué aportar ese documento y que no lo ocultaron. Sin embargo, fue la Diócesis la que lo aportó al Juzgado para paralizar el desahucio el año pasado.

El abogado Esaú de León señaló que nunca han querido el lanzamiento y que, aunque ganen otro pleito que aún hay en los tribunales, seguirán con el acuerdo de que permanezcan en la casa.

Negrín aseguró que Sinforiano y Pilar se han estado negando a un acuerdo "quizá porque querían quedarse con la propiedad de la vivienda". Preguntado por si eran conscientes del sufrimiento ocasionado a los ancianos, señalaron que no entran en esa cuestión". También señaló que la inversión no ha sido rentable y que no saben qué planes tiene la empresa para esos terrenos. "Sólo en abogados, la empresa se ha gastado una fortuna", dijo.

Negrín se refirió al concejal Andrés Medina, que actúa como portavoz de la familia, señalando que sus declaraciones "están sacadas de la mente de un novelista de ficción". "Salvo los signos de puntuación, lo demás carece de veracidad".

También dijo que con la rueda de prensa ofrecida este viernes, desmienten "el 95 por ciento de las informaciones sobre el caso", aunque reconoció que las informaciones no habían podido ser contrastadas hasta ahora porque la empresa había decidido no hacer declaraciones.

El acuerdo, que está a disposición de los ancianos, según la empresa, les permitirá disfrutar de la casa hasta su fallecimiento. La empresa se haría cargo del pago del IBI. "No hay ninguna condición", según dijo el abogado.

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NotaPublicado: Sab 27 Feb, 2016 9:24 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

Sinforiano y Pilar no podrán ser desahuciados. Más allá del acuerdo ofrecido esta semana por la empresa, lo cierto es que los tribunales acaban de dar la razón a este matrimonio de ancianos. Tras la vista celebrada este jueves, el Juzgado ya ha dictado sentencia y ha condenado a Juan Antonio Rivera S.L. a cumplir el contrato firmado hace 10 años con la Diócesis de Canarias, cuando adquirió ésta y otras viviendas que hasta entonces pertenecían a la Iglesia, y que habían sido entregadas para su uso a familias sin recursos.

En ese contrato, del que Sinforiano y Pilar no tuvieron conocimiento hasta hace menos de dos años, se incluyó una cláusula que obligaba a la empresa a respetar el derecho de las familias que habitaban esas casas a permanecer allí hasta su muerte. Tras tener acceso a este documento a través de la Diócesis de Canarias, después de años de lucha para evitar su desahucio, el matrimonio inició un nuevo procedimiento en los tribunales, que es el que acaban de ganar ahora.

El fallo obliga a la empresa, concesionaria de Iveco en Lanzarote, a permitir que Sinforiano y Pilar puedan seguir usando esta vivienda o a realojarles en otra casa de igual calidad y superficie hasta su fallecimiento. La demanda de Sinforiano y Pilar se dirigía también contra la Diócesis de Canarias, aunque la sentencia no considera que exista responsabilidad y absuelve a la Diócesis.

Esta victoria judicial para el matrimonio llega el mismo día en que la empresa ha comparecido por primera vez ante los medios, para hacer pública una propuesta de acuerdo que ya adelantó este jueves La Voz de Lanzarote. En su comparecencia, el abogado y un representante de Juan Antonio Rivera S.L. han asegurado que "bajo ningún concepto" querían que se llegara al desahucio, que ya estaba fijado para el próximo 10 de marzo, a petición de la empresa.

En cuanto a su oferta de acuerdo, la empresa acepta que el matrimonio siga viviendo en esa casa hasta su fallecimiento. Tras la rueda de prensa de la empresa y tras conocer esta sentencia, el portavoz de la familia, Andrés Medina, ha confirmado que se firmará el acuerdo el próximo lunes, ya que lo que hace es reconocer un derecho que este matrimonio siempre ha sostenido que le corresponde, teniendo ahora además el respaldo de la Justicia.

Además, ha insistido en que la empresa intentó que no llegara esta sentencia. De hecho, propuso el acuerdo justo unos días antes de que se celebrara la vista y, según Medina, ponía como condición que el matrimonio retirara este procedimiento judicial. Sin embargo, la pareja decidió no aceptar ese punto y esperar a que se celebrara la vista. Y también rechazó otra cláusula que puso inicialmente la empresa, que pretendía que el matrimonio pagara el IBI del inmueble. En la rueda de prensa de este viernes, la empresa ya ha afirmado que había aceptado retirar esa condición.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com