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NotaPublicado: Lun 20 Oct, 2014 9:42 am 
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Fuente diariodelanarote.com:

El Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas ha dictado auto este pasado viernes desestimando la demanda interpuesta por Club Lanzarote contra el procedimiento de incautación de la infraestructura hidráulica de la urbanización de Montaña Roja en Playa Blanca.

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Así lo ha asegurado este domingo en un comunicado el Consorcio del Agua, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla. La incautación fue ejecutada por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que tiene la potestad de inspección y sanción en materia hidráulica, el pasado 18 de septiembre.

De esa forma, el juez confirma que el procedimiento llevado a cabo por el Consejo Insular “mediante resolución de fecha 17 de septiembre de 2014 en el marco de un procedimiento sancionador” es “del todo legal, no habiendo lugar a que la infraestructura referida sea devuelta a Club Lanzarote”, según indicó el Consorcio.

Así, destaca que “la actuación administrativa que se ha denunciado por parte de la actora está amparada en un acto administrativo”. Explica el auto además que no “concurren los requisitos generales para acordar la medida cautelar interesada (es decir, la solicitud de Club Lanzarote para que dejara sin efecto la incautación)”.

En la resolución judicial se destaca “la producción de agua sin autorización y su venta a terceros” por la citada empresa “sin la preceptiva concesión, y que dan cobertura a la medida cautelar adoptada” por el Consejo Insular de Aguas.

“Debiendo prevalecer en este supuesto”, añade el auto, “los intereses públicos generales presentes en un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua a la urbanización, por lo que no procede acceder a la medida cautelar interesada”.

Para el Consorcio, del auto judicial “se desprende que el Consejo Insular de Aguas tiene potestad suficiente para ejecutar una incautación como la llevada a cabo en el plan parcial de Montaña Roja sin necesidad de obtener orden judicial alguna con anterioridad”.

En ese sentido, el Consorcio ha criticado de forma velada a la patronal turística Asolan, que acusó al Consejo, al Cabildo y al propio presidente Pedro San Ginés de actuar “sin atenerse a las mínimas normales legales”.

Para el presidente del Cabildo, “el auto no deja de ser una noticia satisfactoria que esperábamos pues pone en evidencia que este gobierno ha actuado siempre bajo las directrices de los servicios jurídicos, como no podía ser de otra manera y, por supuesto, en defensa del interés general”.

“Ahora, es necesario exigir que en situaciones como estas se debe ser más responsable cuando se hacen aventuradas declaraciones carentes de fundamento alguno como ha quedado demostrado, y como ocurriera, entre otras, con las graves acusaciones vertidas por la patronal turística”, agregó San Ginés.

El presidente insistió en que “lo importante es que los 6.000 vecinos de Montaña Roja recibirán un servicio como les corresponde, en las mismas condiciones de calidad y precio que el resto de los lanzaroteños”.

De hecho, esta semana la adjudicataria de la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión “iniciará el proceso pertinente para regularizar la relación contractual con los abonados de ese plan parcial que hasta la fecha vienen recibiendo el servicio de abastecimiento de agua potable con total normalidad”.

La intención de la empresa, tal y como en su día se informó a los vecinos, es trasladar oficinas móviles hasta Playa Blanca y cerca de las urbanizaciones afectadas con el objeto de facilitar los trámites que sean necesarios, “a cuyos efectos el Canal informará convenientemente en los próximos días”.


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NotaPublicado: Lun 20 Oct, 2014 1:51 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Club Lanzarote anunció este lunes que recurrirá en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el auto del Juzgado número 6 de lo contencioso administrativo de Las Palmas, que ha denegado la medida cautelar solicitada tras la incautación por parte del Consejo insular de aguas de la planta desaladora de Montaña Roja.

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El Consejo insular de aguas adoptó la medida tras efectuar requerimientos a la empresa, que desalaba agua sin autorización en vigor y la vendía a terceros, según el citado organismo, sin permiso alguno.

Club Lanzarote ha destacado este lunes en un comunicado que “desde 1988 ha gestionado de manera pública y pacífica, con el conocimiento y autorización de las autoridades públicas, la desalinizadora situada en el proyecto urbanístico Montaña Roja, como responsable de la prestación del servicio privado del agua”.

La injustificada y arbitraria incautación de la planta desalinizadora tiene directa relación con la concesión del abastecimiento de aguas de Lanzarote a la mercantil Canal Gestión, controlada al cien por cien por el Canal de Isabel II”, añade la empresa.

“De hecho, según se ha advertido, desde el otorgamiento de la concesión, el Consorcio de Aguas está siguiendo una política muy dura en contra de todo tipo de autoconsumo de agua en la Isla, ampliando de esta manera el mercado de su concesionario, Canal Gestión”, agrega Club Lanzarote.

Club Lanzarote ha denunciado “la arbitrariedad del Cabildo de Lanzarote por desposeer a sus legítimos propietarios de una planta desalinizadora en perfecto funcionamiento para entregarla a una empresa privada de la competencia, sin la cobertura legal correspondiente”.

Así, asegura que le ha provocado “un importante quebranto económico a una empresa y beneficiando mediante un enriquecimiento injusto a otra, Canal Gestión, que se encuentra de forma totalmente gratuita con una moderna planta de desalación y una red de abastecimiento resultado de años de esfuerzo y dedicación”.


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NotaPublicado: Lun 12 Ene, 2015 8:51 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

La empresa Club Lanzarote, propietaria del plan parcial Montaña Roja en Playa Blanca, considera que la incautación por parte del Cabildo de la potabilizadora y las redes de suministro en ese plan parcial hace que el convenio urbanístico firmado el pasado 1 de agosto entre la empresa, el Cabildo, el Gobierno y el Ayuntamiento haya quedado sin efecto.

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Los promotores hicieron esta solicitud a finales de noviembre reclamando el cumplimiento del convenio, incluido, junto a otros cuatro, dentro del nuevo Plan General de Yaiza, ya que consideran que la incautación supone un “grave incumplimiento”, altera el equilibrio económico del urbanizador y supone una “infracción manifiesta” porque en ese convenio se dejan claras sus responsabilidades como urbanizador así como el plazo de entrega al Ayuntamiento de todas las infraestructuras del plan parcial.

Debido a esta reclamación, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno canario ha abierto un expediente en el que se ha personado el Cabildo de Lanzarote, según un acuerdo del último Consejo de Gobierno, que rechaza los argumentos de Club Lanzarote.

El Cabildo considera que la petición es improcedente ya que la Institución insular firmó el convenio solamente para concretar los derechos de aprovechamiento urbanístico derivados de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en octubre de 2008, que reconocía una indemnización de más de seis millones de euros a la promotora por las plazas que el Plan Insular desclasificó en el año 1991 dentro de ese plan parcial.

El Cabildo, según un informe del Director insular del Territorio, considera que es ajeno al resto de consideraciones urbanísticas del convenio, que le corresponden al Ayuntamiento de Yaiza, y señala además que la condición de Club Lanzarote como urbanizador no le concede derechos como explotador de servicios públicos y que no se especifica ningún derecho para prestar esos servicios.

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El convenio urbanístico de Montaña Roja, que ahora los promotores dan por ‘liquidado’, les obligaba a suscribir un aval por 12,9 millones de euros para garantizar la terminación de las obras de urbanización, según destacó el Ayuntamiento de Yaiza.


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NotaPublicado: Lun 02 Feb, 2015 12:59 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Nueva Canarias ha dado un paso más en la polémica abierta en torno al gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, tras los datos revelados dentro de la investigación del caso Stratvs, y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener alguno de los informes firmados por el funcionario. En concreto, desde NC se refieren a la incautación de la desaladora de Montaña Roja, llevada a cabo el pasado verano a través de un decreto firmado por el presidente, Pedro San Ginés.

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Desde el partido sostienen que esa decisión, que ya está en los tribunales, “toma una especial gravedad” cuando les ha “llegado información” de que “el informe técnico en la que se sustenta la incautación, fue encargado por parte del presidente del Cabildo a José Juan Hernández Duchemín, el técnico investigado por incompatibilidad por parte de la Justicia, y que además no tiene ninguna formación específica para poder sustentar un informe de esta entidad”.

NC advierte del “enorme riesgo que corre el Cabildo de Lanzarote de pagar una indemnización multimillonaria por la extraña y disparatada incautación de la planta potable de Montaña Roja” y recuerda que “la empresa propietaria de la planta, Club Lanzarote, ya ha ganado pleitos por más de 36 millones de euros a instituciones públicas gobernados por irresponsables”.

Por eso, se preguntan “qué sucederá en el juicio” por la incautación de la desaladora cuando, “ante un juez, el Cabildo tenga que explicar que el técnico que realizó el informe es posible que fuera incompatible en el ejercicio de su cargo”, que “además, y en todo caso, estaba de forma interina, y que encima no tiene ninguna formación que pueda respaldar semejante acción”. Según NC, “esto demuestra la calidad del gobierno de San Ginés, y lo sencillo que es tomar decisiones cuando el dinero no es el suyo”.

En opinión del presidente insular de Nueva Canarias, Alejandro Díaz, con esta actuación “queda constatada la absoluta falta de juicio y criterio de un presidente que lleva al Cabildo de Lanzarote a la ruina, tal y como ya hiciera Coalición Canaria con Inalsa y el famoso y triste laudo de Edam Janubio que, a la postre, supuso la quiebra de la compañía pública”. Y es que sostiene que “a ningún ciudadano en su sano juicio se le ocurriría encargar un informe técnico, sobre una materia tan compleja como el agua, a una persona sin formación y sin conocimientos", y que tal y como el propio Duchemín declaró en los Juzgados, tiene "estudios de BUP y COU" y se le designó para el cargo porque “más o menos manejaba la legislación”.

Nueva Canarias recuerda la “enorme polémica” que produjo la incautación “con las principales patronales” y “con las diferencias fuerzas políticas” y, tras conocer estos nuevos datos, teme “que los peores augurios se hagan realidad”. Por eso, le pregunta a Pedro San Ginés “si más o menos pagará él, o más o menos pagaremos nosotros, los ciudadanos”, cuando “llegue el momento de afrontar una más que posible indemnización”.

Además, Alejandro Díaz considera “patéticas” las explicaciones de San Ginés, que alegó que no fue él quien nombró a Duchemín, sino el grupo de gobierno anterior a que él llegara a la Presidencia. “San Ginés lleva seis años gobernando y, en ellos, se ha caracterizado por echar a todos los que le han llevado la contraria, técnicos del Cabildo, compañeros de partido e incluso socios de gobierno”, critica NC, que considera que “a un presidente que cobra 90.000 euros al año debemos de exigirle mayor seriedad y rigor cuando sus acciones pueden arruinar la isla”.


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NotaPublicado: Vie 03 Jul, 2015 2:56 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado que se devuelva a Club Lanzarote la planta desaladora de Montaña Roja, incautada en septiembre del año pasado por el Consejo Insular de Aguas.

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El Juzgado de lo contencioso había rechazado la medida cautelar solicitada por Club Lanzarote, la empresa promotora de la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca, pero ahora el TSJC le ha dado la razón.

El Consejo Insular de Aguas se incautó de la planta desaladora privada y de las redes de distribución de agua de la urbanización con el argumento de que Club Lanzarote carecía de autorización para desalar agua y vendérsela a residentes y empresas, unos 6.000 vecinos, como venía haciendo.

Nueva Canarias (NC) ha criticado la “orden caprichosa del presidente del Cabildo” de proceder a la incautación de la planta desaladora sin orden judicial y ha recordado que fue “el primer partido político en advertir de las graves consecuencias que esto tendría”.

Desde Nueva Canarias han exigido que, “en caso de indemnización a la empresa, los dos principales responsables, Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud”, abogado que asesora al Cabildo, “paguen con su patrimonio personal”.

Nueva Canarias lamenta en un comunicado “que Pedro San Ginés sea tan soberbio y no atendiera a las múltiples recomendaciones que nuestro partido le advirtió el día que decidió incautar por su cuenta la desaladora de Montaña Roja”.

“Debemos recordar”, añade Nueva Canarias, “que nuestra formación política insistió en numerosas ocasiones que el Cabildo negociara con la empresa afectada y no esperar a perder un pleito del que todos sabíamos cuál sería su desenlace final”.

Ya advertimos en su momento que esto era una actuación caprichosa y bananera por parte del presidente del Cabildo de Lanzarote, y que tendría consecuencias muy graves para nuestra Isla”, agrega NC.

“Con estas formas, las de un presidente que no atiende a la razón, el Cabildo vuelve a lesionar su imagen dando una sensación de que es una entidad que continuamente pierde sus acciones y pleitos”, subraya Nueva Canarias.

La formación política que preside en Lanzarote Alejandro Díaz, señala como “principales responsables” de “este despropósito” al presidente del Cabildo y a “su amigo personal y letrado Ignacio Calatayud”.

“Recordamos que ambos han sido también responsables del espectáculo ofrecido con la Cueva de Los Verdes, dando un Juzgado la razón al Ayuntamiento de Haría condenando al Cabildo de Lanzarote a una indemnización de 14 millones de euros”, subraya NC.

Después de lo ocurrido con la planta desaladora nos preguntamos cuánto dinero nos costará a todos los lanzaroteños esta última acción perdedora del presidente del Cabildo”, concluye Nueva Canarias.


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NotaPublicado: Vie 03 Jul, 2015 2:58 pm 
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La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Club Lanzarote por no haberse admitido a trámite la querella presentada por la incautación de la desaladora de Montaña Roja el año pasado.

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Club Lanzarote interpuso la querella contra el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, el gerente del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemin, y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Domingo Pérez Callero, y ordena admitir a trámite la querella.

En un auto, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordena tramitar la querella al Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife, que la había archivado el pasado 20 de octubre, declarando el “sobreseimiento” de la causa. Club Lanzarote considera que los querellados cometieron presuntos delitos de prevaricación.

La Audiencia Provincial analiza la medida cautelar de incautación de la planta desaladora y apunta que “no se señala en qué medida la incautación puede paliar” el “posible desabastecimiento” que argumentó el Consejo Insular de Aguas.

También añade que no se le hicieron “múltiples requerimientos” a Club Lanzarote sino que “sólo consta uno efectuado en el año 2013, del mismo modo que solo consta una única denuncia” por “un posible desabastecimiento”.

“Estos hechos sucintamente expuestos, considerados de forma aislada, no determinan la existencia de una posible resolución arbitraria” pero “considerados en su conjunto sí que revelan indicios” de una “injusticia” y de la “utilización espuria de una medida cautelar”, agrega la Audiencia.

Además, añade la Audiencia, “existe un segundo acto presuntamente delictivo, y es que para la ejecución de la medida de incautación se entró, de forma evidente, en las instalaciones” de Club Lanzarote, “sin que conste” ni el consentimiento del propietario “ni la autorización del Juzgado” que “se ha de recabar” para la entrada en edificios “cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración”.


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NotaPublicado: Vie 03 Jul, 2015 3:07 pm 
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NotaPublicado: Lun 13 Jul, 2015 6:27 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón a Club Lanzarote. En este caso, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso de apelación interpuesto por la empresa, según el cual se suspende la incautación de la infraestructura de la planta de Montaña Roja. Este nuevo fallo se conoce después de que el mismo Tribunal resolviera ya suspender la incautación de la planta.

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El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote resolvió en septiembre de 2014 incautar la planta a Club Lanzarote, por decisión de su presidente, Pedro San Ginés, que incluía también la incautación de toda su infraestructura (canalizaciones y tuberías para llevar el agua hasta la desalinizadora y la depuradora). En la misma resolución, se cedía esa infraestructura a Canal Gestión.

Ahora, después de que el mismo Tribunal fallase el pasado 17 de junio estimar la apelación de Club Lanzarote y suspender la incautación de las instalaciones, la Sala apunta en este nuevo fallo del 26 de junio que “por mera consecuencia procede suspender” también la incautación de la infraestructura. El TSJC refuta así al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas, que el 18 de diciembre de 2014 había desestimado la petición de Club Lanzarote.

En su recurso, Club Lanzarote pedía también la suspensión de los contratos entre Canal Gestión y los particulares. La Sala señala que esta parte del recurso “no puede prosperar”, puesto que se trata de “un acto de una entidad privada” y que, por lo tanto, no está sujeta al Derecho administrativo. Señala, no obstante, que “ciertamente” la petición de la empresa “guarda conexión con el acto objeto de recurso”

Sin embargo, sí hace una advertencia. Tras dejar claro que no corresponde a la Sala decidir sobre los contratos entre una empresa privada y los particulares, incide en que esto ocurre “sin perjuicio de que la suspensión” de la incautación de la infraestructura “tenga una clara consecuencia en sus efectos prácticos”. El TSJC advierte de este modo que la devolución de la planta y su infraestructura a Club Lanzarote tiene consecuencias evidentes en los contratos de los particulares con Canal Gestión.


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NotaPublicado: Vie 17 Jul, 2015 2:12 pm 
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NotaPublicado: Vie 07 Ago, 2015 3:31 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La querella de Club Lanzarote contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, y el ex gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, por la incautación de la desaladora de Montaña Roja (Playa Blanca) el 18 de septiembre del año pasado, reclama que abonen “una indemnización por los daños y perjuicios” derivados de las “resoluciones arbitrarias y las coacciones” que la empresa denuncia haber padecido.

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En ese sentido, pide que tengan que depositar una fianza para asegurar las “responsabilidades pecuniarias”. La querella, en la que se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de la desaladora, de la depuradora y de las redes de abastecimiento de la urbanización, fue interpuesta el 2 de octubre del año pasado por Club Lanzarote.

El Juzgado la desestimó el 20 de octubre, con el visto bueno de la Fiscalía, que destacó que la disputa por la desaladora tenía que resolverse en la jurisdicción contencioso administrativa pero no en la penal.

En cambio, la Audiencia Provincial ordenó el pasado 23 de junio al Juzgado admitir a trámite la querella y reabrir la causa, en la que este viernes declaran San Ginés y los dos técnicos.

La Audiencia subrayó que había “indicios evidentes” de que el Consejo insular del agua cometió una “injusticia” al incautar la desaladora, aprecia la “utilización espuria” de la medida cautelar de la incautación en el marco de un procedimiento sancionador y considera que pudo ser “presuntamente delictivo” entrar en las instalaciones de Club Lanzarote sin “autorización” judicial.

La intervención de la desaladora fue respaldada por un informe jurídico del letrado Ignacio Calatayud, que antes de que se produjera consideró que la medida era “viable jurídicamente” aunque su dictamen, asumido por el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, está fechado 11 días después de la incautación.

En el informe de Calatayud se sostiene la tesis de que “las plantas” desaladora y depuradora “son dotaciones públicas propiedad de la Administración”, “no de la entidad Club Lanzarote”, al considerarlas obligatorias para ejecutar la urbanización.

También señala que las instalaciones están vinculadas a la prestación de un “servicio público”, el de suministro de agua, para el que Club Lanzarote no tenía concesión.

En cambio, en la querella la empresa considera que se trata de “instalaciones privadas” y que, para que pasaran a manos públicas, el Consejo insular de Aguas debía iniciar el procedimiento para expropiarles, “previa declaración legal de la utilidad pública” y con el “pago de un justiprecio”.

Club Lanzarote tacha la incautación de “resolución arbitraria” que fue llevada a cabo con “medidas violentas e intimidatorias, como la entrada forzosa en el recinto privado, sin autorización judicial alguna, quebrantando candados”.

Sin embargo, para el letrado y el secretario del Consejo insular de Aguas, la Administración pública “para declarar sus derechos y ejecutar sus actos no requiere acudir a los tribunales de justicia”.


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NotaPublicado: Vie 07 Ago, 2015 3:33 pm 
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El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, declara este viernes en el Juzgado por la querella interpuesta por Club Lanzarote, la empresa propietaria de la desaladora de Montaña Roja que fue incautada por el Consejo en septiembre del año pasado.

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San Ginés estaba citado a declarar a las diez de la mañana, mientras que durante la jornada también tenían que prestar declaración José Juan Hernández Duchemín, que era gerente del Consejo Insular de Aguas cuando se incautó la desaladora, y Domingo Pérez, gerente del Consorcio del Agua.

La querella, en la que se les acusa de presuntos delitos de prevaricación y coacciones, fue presentada tras la incautación de la desaladora pero no se admitió a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife.

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La Audiencia Provincial de Las Palmas, en contra del criterio de la Fiscalía, decidió en junio pasado que se reabriese la causa y ordenó al Juzgado que tramitase la querella, en la que se solicita “una indemnización” a los tres querellados “por los daños y perjuicios”.


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NotaPublicado: Vie 07 Ago, 2015 3:37 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El presidente del Cabildo y del Consejo insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional, remitida al Juzgado de instrucción número dos de Arrecife, en la que se considera que la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja en Playa Blanca, y “sus representantes”, supuestamente han cometido cinco delitos: contra el medio ambiente, contra la salud pública, contra los consumidores, de defraudación tributaria y de estafa.

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La denuncia, registrada en la Comisaría el pasado 20 de julio, surge del expediente sancionador que se inició el 18 de septiembre del año pasado por la “venta ilegal de agua” por parte de Club Lanzarote, empresa a la que se le incautaron la planta desaladora, la depuradora y las redes de la urbanización como medida cautelar.

En la denuncia presentada por San Ginés, después de que el instructor del expediente sancionador apreciase “la posibilidad de que existan responsabilidades de tipo penal achacables a la entidad Club Lanzarote”, se destaca que la compañía vendía agua a hoteles y villas sin autorización “para la captación y desalación de aguas”, “sin la preceptiva concesión del Consejo Insular de Aguas”, sin tarifas aprobadas y “sin los preceptivos controles”, lo que “representa un claro peligro para los ciudadanos y el medio ambiente”.

“La posible comisión de un delito contra el medio ambiente” se argumenta con las conclusiones de un informe elaborado por técnicos del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, en el que se advierte que “el fango resultante de la depuración” de las aguas residuales “no se trata en modo alguno y se vierte al suelo en las inmediaciones de la estación con la consiguiente contaminación”, algo que califican de “extrema gravedad”. “Se han producido reiteradamente vertidos de lodos de manera clandestina”, subraya el informe, que también recalca que “numerosos hoteles y viviendas no están conectados a la red de saneamiento, con lo cual los vertidos se realizan sin control alguno”.

Entre otras deficiencias, los técnicos constataron que “el equipo de medición de cloro está fuera de servicio y estropeado, por lo que no puede desinfectarse el agua supuestamente depurada”. Además, Club Lanzarote “no dispone de autorización para la reutilización de aguas depuradas” y los análisis efectuados “en distintos puntos de la red de riego con agua depurada” de la urbanización Montaña Roja superan “los valores máximos permitidos de contaminación bacteriológica y microbiológica”. Por ello, en la denuncia se considera que se habría cometido un delito contra la salud pública.

En la denuncia tramitada ante el Juzgado de guardia también se apunta un posible delito de defraudación tributaria puesto que, se asegura, “era práctica de Club Lanzarote no emitir factura” a los usuarios. “Dado que los ingresos de la entidad se estiman en más de 2,5 millones de euros anuales por la venta de agua y otros servicios es por lo que la no facturación y la no repercusión de impuestos pudiera haber dado lugar a un fraude”, señala la denuncia, “que supere la cuantía de 120.000 euros” por ejercicio, el límite para que se considere delito.

También se considera “cierto” en la denuncia que Club Lanzarote “no tenía aprobadas ni autorizadas tarifas para la venta de agua y de otros servicios”, que se cobraba “a los consumidores sin ofrecer el detalle del consumo mensual” y sin que se estos pudieran verificarlo y que “se cobraban tarifas diversas en supuestos idénticos y derramas en caso de roturas de infraestructuras” y “no por servicios al usuario”. Estas presuntas irregularidades en la denuncia se consideran indicios de delitos contra los consumidores y estafa.

El instructor del expediente sancionador a Club Lanzarote por la desalación de agua en Playa Blanca y su venta a particulares y empresas concluye que el Consejo Insular de Aguas debe “exigir a la empresa la obligación de restituir la totalidad de los ingresos ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante los últimos 15 años”, que se estiman en 35,6 millones de euros, a razón de unos 2,3 millones por año.

El instructor pidió el pasado 22 de junio que se suspendiera el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial resolviera sobre posibles “responsabilidades penales”. También entiende que se tendría que “proceder a la clausura de la actividad de abastecimiento y depuración de agua, así como a precintar las infraestructuras”, pero añade que el Reglamento de dominio público hidráulico “permite cuando lo aconsejen circunstancias de interés general mantener el servicio”.


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NotaPublicado: Vie 07 Ago, 2015 4:14 pm 
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NotaPublicado: Sab 08 Ago, 2015 10:43 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, ha imputado a Pedro San Ginés un presunto delito de prevaricación y otro de coacciones, por el modo en el que ordenó y ejecutó la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Además de no contar con autorización judicial para ello, el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas ha reconocido en los Juzgados que tampoco tenía informes jurídicos por escrito que avalaran tal decisión antes de adoptarla, tal como este jueves adelantó La Voz de Lanzarote.

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En el acta de la declaración que ha prestado este viernes San Ginés en los Juzgados, consta que el juez le ha informado de estas imputaciones antes de tomarle declaración. Sin embargo, a su salida el presidente ha afirmado a los medios que desconocía cuál era su situación judicial. “Yo entiendo que es la misma que cuando he entrado”, ha declarado San Ginés, que hasta ahora había sostenido que iba a declarar en calidad de “querellado” y no de imputado.

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En cuanto a los gerentes del Consejo y del Consorcio Insular de Aguas, que han prestado declaración este viernes después de San Ginés, ambos están también imputados por el juez. A José Juan Hernández Duchemín le imputa un delito de prevaricación y a Domingo Pérez Callero un delito de coacciones, ya que fue quien estuvo presente cuando se tomó posesión de la planta de Club Lanzarote.

Según el Código Penal, el delito de prevaricación administrativa supone dictar "una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia" por parte de una autoridad o funcionario público, y está castigado con penas de inhabilitación para ocupar cargo público de entre 9 y 15 años.

En cuanto al delito de coacciones, está castigado con penas de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, “según la gravedad de la coacción o de los medios empleados”, o incluso superiores. Entre los posibles delitos de coacciones, el Código Penal se refiere al que puede cometer “el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”. En caso de que “la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental”, las penas "se impondrían en su mitad superior”.

El Código Penal también considera un delito de coacciones que una persona “lleve a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado”, actuaciones que, por ejemplo, “atenten contra la libertad o contra el patrimonio” de otro. Para este supuesto, las penas que se contemplan van de tres meses a dos años de cárcel o multa de seis a veinticuatro meses.


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NotaPublicado: Dom 09 Ago, 2015 11:34 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, negó durante su declaración ante el juez haber participado en la decisión de incautar la desaladora de Montaña Roja. Duchemín, que en esta causa se enfrenta a una nueva imputación por un delito de prevaricación, descargó la responsabilidad en el presidente del Cabildo y del Consejo, Pedro San Ginés, y en el abogado Ignacio Calatayud, al que San Ginés ha venido contratando durante su mandato como letrado y asesor externo de la Corporación.

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Yo no decidí sobre la incautación, supongo que el presidente se habría asesorado debidamente”, respondió Duchemín a preguntas de la fiscal Laura Ordás. En su declaración, el gerente defendió que “la única participación que tuvo en el expediente” contra Club Lanzarote fue elaborar un informe previo, a petición de San Ginés.

A raíz de ese dictamen, el presidente firmó una resolución ordenando abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote e incautar la planta como “medida cautelar”. Sin embargo, Duchemín declaró ante el juez que él no propuso “medidas concretas a adoptar” y que eso “quedaba en manos del presidente”. Efectivamente, Duchemín en su informe proponía abrir un expediente sancionador a la empresa por tres supuestas faltas leves y una menos grave y adoptar medidas cautelares, pero no concretaba qué tipo de medidas ni nombraba la palabra incautación. Esa palabra, apareció por primera vez en la resolución firmada por San Ginés al día siguiente, ordenando esa medida.

Después, el gerente sí firmó otra resolución para que se llevara a cabo la incautación y se entregara la planta a Canal Gestión, pero según él fue un acto “de mera ejecución”. “Me limité a reproducir lo que había indicado el presidente”, sostuvo ante el juez Jerónimo Alonso.

Según Duchemín, el presidente ni siquiera le “consultó las medidas cautelares que debían adoptarse”. Sobre si San Ginés fue asesorado por el secretario del Cabildo, el gerente respondió que no lo sabe. Y también afirmó desconocer quién “acordó la decisión sobre la forma de llevar a cabo la incautación”.

Tampoco “recuerda que se consultara al Consorcio” antes de ejecutar esta medida. Ni siquiera se visitaron previamente las instalaciones de Club Lanzarote. “Emití el informe el día 16 de septiembre y de mí no dependió lo rápido o no que se hizo después”, respondió Duchemín al ser preguntado por la celeridad con la que se llevó a cabo el proceso, dado que entre su informe, la resolución del presidente y la ejecución de la incautación y la entrega de la planta a Canal Gestión, pasaron solo 48 horas.

Lo que sí se realizó según Duchemín es un informe posterior, tras haber incautado ya la desaladora. Al respecto, el gerente declaró que “le consta que había deficiencias”, aunque “no recuerda exactamente las deficiencias que se detectaron”.

Junto al de Pedro San Ginés, el nombre que más repitió Hernández Duchemín durante su declaración fue el del abogado Ignacio Calatayud. Entre otras cosas, afirmó incluso que fue él quien le “asesoró” para elaborar el informe que dio lugar a la apertura del expediente a Club Lanzarote. Según el gerente, antes de abrir ese expediente, San Ginés “puso a su disposición al asesor jurídico del Consorcio de Aguas, llamado Ignacio Calatayud”.

Entre otras cosas, dijo que Calatayud fue quien le “asesoró” para poner en ese informe que Club Lanzarote no tenía autorización para producir agua, porque se le había denegado la solicitud de prórroga “por silencio administrativo”. En el auto en el que ordenó admitir a trámite esta querella, la Audiencia Provincial llegaba a tachar de “sorprendente” este argumento. “Escudar la ausencia de autorización en un previo incumplimiento no parece de recibo”, sostenía, recordando que “la administración tiene obligación de resolver”. Además, añadía que en cualquier caso la denegación no era firme, ya que la empresa tenía derecho a presentar un recurso en los tribunales.

Por este tema también fue preguntado Pedro San Ginés en su declaración, aunque él no apuntó a Calatayud, sino a Duchemín. “Creo que ese criterio me lo dio el propio gerente del Consejo Insular”, señaló al ser preguntado sobre por qué puso ese argumento en su resolución ordenando la incautación. A continuación, agregó que en cualquier caso lo consideraba “irrelevante”, porque en su opinión lo importante es que Club Lanzarote no tenía “autorización para la venta de agua a terceros”.

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Lo que sí admite Duchemín que hizo sin asesoramiento fue señalar en su resolución “ejecutiva” que la planta se entregaría al Consorcio y por tanto a Canal Gestión. Según su declaración, el Consorcio del Agua era “el órgano competente” para hacerse cargo de la desaladora”, pero carecía de “personal propio”, y por eso se entregó a Canal Gestión Lanzarote. Según él, lo hizo porque esa empresa “tenía una concesión” (tras la privatización de la antigua Inalsa) y “disponía de la capacidad necesaria para explotar las instalaciones”.

En cuanto al expediente sancionador, Duchemín declaró en el Juzgado que inicialmente San Ginés le nombró a él como instructor, pero agregó que “se limitó a realizar unas primeras diligencias” y después fue sustituido por otro funcionario, ya que él se acogió a una baja médica. El expediente se abrió en septiembre de 2014 y Duchemín está de baja desde finales de enero de 2015, poco después de declarar como imputado en el caso Stratvs y de que la juez ordenara abrir nuevas diligencias contra él por presunta incompatibilidad en los distintos cargos que ocupa en el Cabildo.

En su declaración en el Juzgado, Duchemín aclaró que aunque se encontraba de baja, hasta ese viernes seguía siendo gerente del Consejo de Aguas. Cabe recordar que se acaba de nombrar un nuevo gerente para el Consejo, elegido por el procedimiento de “libre designación”. El nombramiento se publicó este viernes en el Boletín Oficial pero ahora falta la firma del contrato para hacer oficial la designación.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com