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NotaPublicado: Lun 10 Ago, 2015 3:40 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“No entré a la fuerza en la planta, ni di orden a nadie para que lo hiciera”. Eso fue lo que aseguró el pasado viernes el gerente del Consorcio Insular del Agua, Domingo Pérez Callero, que declaró ante el juez imputado por un presunto delito de coacciones en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Según Pérez Callero, quien ejecutó esta medida no fue el Consorcio, sino el Consejo Insular de Aguas, aunque aseguró que “no recuerda” quién “daba las instrucciones” durante la incautación.

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En un primer momento, Domingo Pérez Callero declaró incluso que él no participó en la “toma de posesión de las instalaciones de Club Lanzarote”. Sin embargo, la fiscal Laura Ordás respondió mostrándole el acta que se levantó ese día, en la que figura que él estaba presente. De hecho, fue el único cargo público que acudió a Montaña Roja. “Estaba cuando se realizó la toma de posesión de las instalaciones, pero fue llevada a cabo por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote”, respondió tras ver el documento. En ese momento, el presidente del Consejo era Pedro San Ginés y el gerente José Juan Hernández Duchemín (ambos imputados en la causa), pero ninguno de los dos estuvo presente en la incautación.

Según el gerente del Consorcio, él “sólo tenía la función de realizar un inventario” de los bienes incautados una vez que se ejecutara la medida, sobre la que dijo que no tomó “ninguna decisión”. ¿Quién daba entonces las instrucciones?, le preguntaron. “No lo recuerdo”, respondió Pérez Callero. Y tampoco “recordaba” quién “decidió sobre lo que había que hacer” cuándo los responsables de la empresa les negaron el acceso a la planta.

En ese momento, llamaron incluso a un cerrajero para forzar la entrada y accedieron a las instalaciones junto a agentes de la Policía Local de Yaiza. Sin embargo, el gerente del Consorcio llegó a decir que no recuerda, “como tal, el momento concreto de la toma de posesión”.

Su declaración se contradice con la que había prestado unas horas antes Pedro San Ginés, que señaló a Domingo Pérez Callero como responsable de la ejecución de la incautación. “Entiendo que el gerente del Consorcio asumió su responsabilidad en cuanto a llevar materialmente a efecto la ejecución de la resolución y la toma de posesión de la planta para garantizar que continuase en funcionamiento”, declaró San Ginés.

De hecho, el presidente aseguró que solo le consta que estuvieron presentes en ese acto Pérez Callero y agentes de la Policía Local, aunque lo cierto es que al menos también acudió el abogado Ignacio Calatayud. Preguntado expresamente sobre la presencia de Calatayud en Montaña Roja, San Ginés respondió que “creía recordar” que “no acudió”, por lo que a él también le tuvieron que mostrar el acta levantada en esa jornada. “Supongo que Domingo Pérez requeriría el acompañamiento del letrado”, respondió al ver el documento.

Por su parte, Pérez Callero sí confirmó que Ignacio Calatayud estuvo presente en la incautación. De hecho, fue el único nombre que dio. “Entiendo que prestaba asesoramiento jurídico, pero personalmente no vi que lo hiciera”, sostuvo el gerente al referirse a este letrado, cuyo nombre fue repetido reiteradamente por los tres imputados que declararon el pasado viernes dentro de esta causa.

En cuanto a su participación, el gerente insistió en que él “tenía sólo la función de realizar un inventario una vez que se tomara posesión por el Consejo Insular de Aguas”, informando del estado de las instalaciones “y de posibles deficiencias, que era lo que decía la resolución”.

Sobre ese informe posterior, asegura que se detectaron deficiencias como “problemas en los pozos de captación” para la desalación, “deficiencias en el estado de las infraestructuras” de la red, “falta de conexión de partes de la urbanización a la red de saneamiento” y “depuradoras privadas en malas condiciones” dentro del plan parcial Montaña Roja.

Preguntado sobre si en algún momento realizaron alguna visita previa a las instalaciones antes de la incautación, que se produjo en septiembre, el gerente señaló que estuvieron allí en “marzo o abril de 2014”, para “conocer de primera mano el estado, para el caso de que fueran entregadas (voluntariamente) al Consejo”. Sin embargo, “no se hizo un informe por escrito”. “Fue una visita que se realizó un poco por encima”, agregó el gerente.

Ante esta respuesta, la fiscal le preguntó si Club Lanzarote puso “alguna objeción a que siguieran realizándose esas visitas”, lo que hubiera implicado una posible inspección y control por parte del Consejo o del Consorcio en caso de que realmente hubiera deficiencias, pero el gerente volvió a responder “no lo recuerdo”.

Sobre por qué la red pública de agua no ha llegado hasta ahora al plan parcial de Montaña Roja, que ha venido abasteciéndose desde su creación, hace casi tres décadas, con la desaladora de Club Lanzarote, el gerente respondió que “esas obras para llevar la red general a la zona se han iniciado” y que “hay una dotación presupuestaria para ello”.

Sin embargo, tras señalar que hay “varios tramos y fases diferentes, que van del centro de la isla al sur”, añadió que las obras “que afectarían a Montaña Roja están paradas por orden judicial”. Según el gerente, esa orden judicial llegó por “un interdicto de obra interpuesto por Club Lanzarote”, aunque no dio más datos de una información que no se había hecho pública hasta ahora. “Entiendo que Club Lanzarote no quiere que exista conexión efectiva entre las infraestructuras del Plan Parcial y la red general”, apostilló a continuación Pérez Callero.

Sobre por qué se entregaron las plantas incautadas a otra empresa, Canal Gestión Lanzarote (que es ahora quien cobra el agua a los vecinos de Montaña Roja), señaló que así “lo indicaba la resolución” del gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, porque esta empresa era quien “tenía la capacidad técnica y humana para explotar las infraestructuras de Club Lanzarote, como se ha venido haciendo”.


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NotaPublicado: Mar 11 Ago, 2015 3:29 pm 
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NotaPublicado: Mar 01 Sep, 2015 3:47 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“El informe de Ignacio (Calatayud) que yo he ratificado, quiero dejar claro que no es una ciencia exacta”. Eso fue lo que subrayó el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pancho Perdomo, durante la Junta del Consejo celebrada el 3 de octubre de 2014, quince días después de que se hubiera producido ya la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

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Perdomo se refería así al único informe jurídico que respalda la incautación, y que fue encargado por San Ginés cuando ya se había ejecutado la medida, entre otras cosas sin contar con autorización judicial. Durante esa sesión de la Junta, el presidente tuvo que hacer frente a un aluvión de críticas de todos los partidos de la oposición, de asociaciones empresariales e incluso del que entonces era su socio de gobierno, el PSOE, a quien también reconoció que había mantenido ajeno a esa decisión.

“Parecería que este procedimiento desde el punto de vista jurídico lo está llevando el presidente, yo no tengo ni idea de esto”, afirmó en ese momento San Ginés. Sin embargo, ya entonces reconoció que todo el asesoramiento que tuvo vino de un abogado externo al Cabildo, Ignacio Calatayud, y del secretario, Pancho Perdomo, aunque ninguno de los dos emitió previamente un informe por escrito.

Respecto al que Calatayud elaboró después, y que fue “asumido” por el secretario poniendo su firma al final del dictamen, el propio Perdomo quiso dejar claro ante la Junta del Consejo Insular de Aguas que no era “una ciencia exacta".

“Quería dejar claro ante esta Junta General que el derecho no es una ciencia exacta. Como ustedes saben, el derecho está sujeto a interpretaciones”, comenzó señalando Pacho Perdomo, haciendo referencia a resoluciones judiciales que pueden ser revocadas por otros tribunales. “De todas formas”, agregó, “podemos salir de una gran duda en poco tiempo, porque (los promotores) han solicitado una medida cautelar de suspender la incautación”.

Así se refirió el secretario al litigio iniciado por Club Lanzarote, en el que pidió medidas cautelares para que se anulara esa incautación. Finalmente, esa “gran duda” la resolvió el pasado 26 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con una sentencia en la que anuló la incautación y ordenó devolver la planta a la empresa, entre otras cosas porque se realizó sin autorización judicial.

“Más de una vez me ha advertido el secretario que efectivamente el derecho no es una ciencia exacta y que pudiera, es improbable entendemos, pero pudiera ocurrir que el juez decidiese levantar la medida cautelar. No porque hiciese falta autorización judicial, sino porque estuviera mal ejecutada por las razones que fuere”, admitió también San Ginés en esa Junta. Sin embargo, pese a reconocer esas advertencias, el presidente tomó la decisión sin tener un solo informe por escrito y basándose, según él, en el “asesoramiento verbal” del propio secretario y del abogado Ignacio Calatayud, que no es funcionario ni personal del Cabildo ni del Consejo, y que realizó su informe escrito cuando la incautación ya se había realizado.

Tres años antes de que se incautara la desaladora de Montaña Roja, el tema de las plantas privadas que operan en la isla también fue abordado en la Junta del Consejo Insular de Aguas. Y en ese momento, concretamente el 14 de abril de 2011, lo que se afirmó es que solo estaba dentro de la ley la de Club Lanzarote, pese a que después fue la única contra la que se terminó actuando.

Al respecto, el gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín, recordó en esa reunión que el Plan Hidrológico que sigue hoy en vigor permite la instalación de plantas privadas “en circunstancias excepcionales”, siendo posible su instalación en lugares donde no llega la red pública de agua. Además, a preguntas de los representantes sindicales y de partidos de la oposición, señaló que ese caso sólo se daba en Montaña Roja, que de hecho contaba con autorización (Club Lanzarote solicitó una prórroga del permiso en 2012 y el Consejo no respondió, afirmando ahora que fue denegada por “silencio administrativo).

Respecto a por qué no se adoptaban medidas con las plantas privadas que sí estaban al margen de la ley, el gerente afirmó en 2011 que lo que estaban haciendo era “crear un registro para regularizar aquellas que cumplan los requisitos establecidos”. Para responder a por qué no se actuaba o se aplicaban sanciones contra esas plantas, tomó también la palabra el secretario, Pancho Perdomo, que afirmó que el Consejo “tiene capacidad para sancionar, pero no para el cierre y clausura” de las desaladoras. Es decir, que no está entre sus competencias ordenar el cierre de una planta privada, ya que esa competencia es del Gobierno de Canarias.

Al respecto, cabe recordar que San Ginés defendía entonces y sigue defendiendo ahora que lo que debía hacer era clausurar la planta porque según él vendía agua de forma ilegal, pero alega que en lugar de eso optó por la incautación para evitar un problema de desabastecimiento en ese plan parcial. “¿Y tiene competencias el Consejo para clausurar una planta privada?”, se le preguntó a San Ginés en la rueda de prensa que ofreció hace tres semanas, tras declarar como imputado por esa incautación. “Sin ningún género de dudas”, respondió entonces San Ginés. Sin embargo, al señalarle que el propio secretario advirtió lo contrario en la Junta del Consejo celebrada en abril de 2011, el presidente matizó su respuesta: “Yo entiendo que sí. La verdad es que como nunca ha estado en mis expectativas ejecutarla (la clausura), no he llegado a profundizar en lo que me parece que es así”.

Por otra parte, en aquella reunión de abril de 2011, Pedro San Ginés llegó a defender incluso la necesidad de regularizar todas las plantas desaladoras que operaban al margen de la ley en la isla. “Parece incongruente que por un lado declaremos la emergencia hídrica por escasez de agua y por otro no se permita la producción privada”, afirmó entonces, agregando que “otra cosa diferente sería la conveniencia de que por parte de Inalsa se exija la celebración de convenios para no mermar su fuente de ingresos”.

Sin embargo, esto tampoco llegó a realizarse. Después, cuando se privatizó Inalsa, lo que se hizo fue incautar la desaladora de Club Lanzarote para entregársela a Canal Gestión, que actualmente es quien cobra el agua a los 6.000 vecinos de Montaña Roja. Mientras, el resto de las desaladoras y depuradoras privadas que hay en la isla siguen operando sin que conste que se haya abierto siquiera un expediente sancionador.


En cuanto a la supuesta “venta ilegal” de agua por parte de Club Lanzarote (que según San Ginés es “un hecho que nadie discute”), solo consta un informe al respecto elaborado por el secretario, Pancho Perdomo, un año y medio antes de la incautación de Montaña Roja, concretamente en febrero de 2013. Y pese a ser el único dictamen por escrito sobre este tema, ni siquiera es concluyente.

De hecho, el secretario comenzaba su informe diciendo que Club Lanzarote tenía autorización para producir agua para “autoconsumo”, es decir, para abastecer a esa urbanización, y que con ese permiso “sería factible” que cobrara a los vecinos por los gastos derivados de la producción y la distribución del agua, “equitativamente en función de su participación comunitaria y del consumo particular de cada comunero”.

Tras señalar que en ese caso “no se incumpliría la normativa”, Perdomo continuaba planteando otro escenario, “partiendo de la base de que Club Lanzarote se estuviera dedicando a la venta de agua a terceros, ya sea dentro o fuera de la urbanización”. Es decir, que se acreditara que no se limitaba a cargar los gastos de producción de agua a los vecinos, sino a cobrar por su venta. En cualquier caso, lo que señalaba al respecto en su informe es que, de ser así, se estaría incumpliendo la regulación legal sobre el establecimiento de tarifas de venta.

Al respecto, el secretario hacía referencia en su informe a la normativa que establece las competencias para fijar las tarifas del agua, y que dependen del Gobierno de Canarias, del Consejo Insular de Aguas y del propio Ayuntamiento. “El Ayuntamiento es quien debería exigir a las empresas que se dediquen a la venta que cumplan con la normativa vigente, presentando sus proyectos de tarifas para su aprobación previa por el pleno, sin perjuicio de que tanto por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, como por el propio Consejo, pueda adoptarse también otro tipo de medidas conducentes al restablecimiento de la legalidad de acuerdo con su normativa específica”, concluía el secretario en su informe.

Sin embargo, en lugar de intervenir para regular las tarifas (en caso de constar que efectivamente lo que se estaba produciendo era una venta de agua), o incluso aplicar hipotéticas sanciones, lo que se hizo fue incautar la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote y entregárselas a Canal Gestión. Y todo ello, como “medida cautelar” ordenada el mismo día en que se abrió el expediente sancionador, un año y medio después del informe del secretario, por tres faltas leves y una menos grave.


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NotaPublicado: Jue 17 Sep, 2015 8:47 pm 
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El gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz, ha admitido este jueves ante el juez que el abogado Ignacio Calatayud, asesor de Pedro San Ginés "ha tenido un contrato con Canal Gestión" desde "dos o tres meses después de crearse la empresa hasta hace unos meses, mayo de 2015" y que "cuando se llevó a cabo la incautación Ignacio Calatayud era uno de los varios letrados" de la empresa. Ha confirmado que el abogado que asesoró al Consorcio y el Consejo Insular de Aguas en la incautación de la planta de Montaña Roja era a su vez letrado de la empresa. Cabe recordar que Canal Gestión fue la compañía a la que se le entregó la planta y que la lleva explotándola desde que en septiembre del año pasado se produjera la incautación.

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Para llevar a cabo esa medida cautelar, como el propio San Ginés reconoció ante el juez, no hubo informes jurídicos por escrito que avalaran la decisión antes de adoptarla. El único informe que consta se elaboró después de ejecutar la incautación y está firmado por el abogado Ignacio Calatayud.

Díaz ha acudido a los Juzgados de Arrecife para declarar en calidad de testigo en la causa que investiga esta incautación, en la que están imputados el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, y los entonces gerentes del Consejo y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero.

En ese único informe que consta sobre la incautación, fechado 11 días después de ejecutarse la medida, Calatayud, que no es funcionario del Cabildo, comenzaba explicando que San Ginés le requirió el informe después de haberse producido la incautación. El presidente le preguntaba, entre otras cosas, si era “viable la subrogación o incautación del servicio por parte del Consejo e, igualmente, los requisitos necesarios para ello”, a pesar de que la planta ya estaba incautada.

En su respuesta, Calatayud avalaba la decisión de San Ginés y, además, dejaba constancia por escrito de que previamente había asesorado verbalmente al presidente sobre esta cuestión.“Con carácter previo a la incautación se consultó a este letrado, el cual consideró que dicha medida era viable jurídicamente”, dice literalmente en su informe, que fue además asumido por el secretario del Cabildo, el Consejo y el Consorcio Insular de Aguas, Pancho Perdomo.


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NotaPublicado: Jue 17 Sep, 2015 8:50 pm 
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El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha informado este jueves por la tarde de que pondrá “sin dilación en conocimiento del juez” el “informe en virtud del cual se explica” que el letrado Ignacio Calatayud “sí mantenía una relación laboral” con Canal Gestión. Lo hace “tras el acuerdo plenario aprobado por unanimidad por el Cabildo”, en el que se le instaba a informar sobre esta cuestión; y también después de que el gerente de Canal Gestión confirmara este jueves ante el juez que el letrado, que asesoró a San Ginés en la incautación de la planta de Montaña Roja, trabajaba a su vez para esta empresa, a manos de la cual pasó la desaladora. En su comunicado de prensa, el presidente afirma al respecto que ese vínculo de Calatayud con Canal le “sigue pareciendo irrelevante”. Asegura, además, que lo “importante” es que esa medida se llevó a cabo “atendiendo a la opinión jurídica del secretario”.

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Tras señalar que la gerencia de Canal le ha “adelantado” que el letrado trabajaba para esta empresa, San Ginés afirma que esta circunstancia continúa pareciéndole “irrelevante” desde la perspectiva de su “responsabilidad como presidente del Cabildo, del Consorcio y del Consejo”. Además, se lo parece “en la medida en que lo verdaderamente importante”, bajo su punto de vista, “es que la incautación se llevó a cabo atendiendo a la opinión jurídica del secretario de estas tres entidades, coincidente con la del letrado, en lo referente a que se podía realizar la ocupación, a que no era necesaria autorización judicial previa por tratarse de un bien de dominio público, ni tampoco era preceptivo informe jurídico por escrito previo o posterior, si bien final y voluntariamente lo solicité”.

El presidente del Cabildo y del Consejo apunta así al secretario del Cabildo y del Consorcio y Consejo Insular del Agua, Pancho Perdomo, como ya hiciera en su declaración ante el juez el pasado mes de agosto. Perdomo, aunque no emitió ningún informe sobre la medida, sí asumió el único que existe al respecto, que elaboró Calatayud 11 días después de incautarse la planta y en el que secretario estampó su firma, avalando su contenido.

También el secretario debía prestar declaración como testigo este jueves en los Juzgados. Sin embargo, el juez ha suspendido su comparecencia para decidir si declara en calidad de testigo o de imputado, como ha solicitado la acusación popular, representada por Podemos.

Por otro lado, en su comunicado, el presidente del Cabido niega “que haya habido ningún tipo de interés por parte del Consejo de beneficiar a Canal Gestión Lanzarote con la incautación de esta planta”. Insiste así en el argumento que ha reiterado en múltiples ocasiones, afirmando que “lo único que nos ha movido es, en primer lugar, atender a los múltiples requerimientos del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común exhortándonos a actuar ante la venta ilegal de agua que nadie –según él afirma- ha cuestionado, bajo advertencia de emprender acciones judiciales por inacción; a la vez que poner fin a la discriminación que venían padeciendo los miles de vecinos residentes en el Plan Parcial Montaña Roja, al tener que pagar el agua a un mayor precio que el resto de los lanzaroteños, recibiendo un peor servicio”.

Además, San Ginés duda de que la incautación “haya generado beneficio alguno a Canal Gestión Lanzarote debido a las múltiples inversiones que han sido necesarias para la mejora del ciclo integral del agua, a los costes de personal y logística que supuso la modificación de miles de contratos de los usuarios, amén de los gastos de oficina y teléfonos, entre otros”. Al respecto cabe recordar que, según el propio expediente del Consejo Insular de Aguas contra Club Lanzarote, la explotación y venta de agua de esa planta puede reportar beneficios millonarios. En el caso de Club Lanzarote, aplicando las tarifas que tenía, el Consejo considera que ingresaba 2.377.002 euros anuales.

San Ginés asegura también que “en el caso de que Canal obtuviera beneficios por la gestión de estas instalaciones, el Consorcio le exigiría el pago de un canon especial, no previsto en el pliego de condiciones por cuanto tampoco lo estaba una medida especial, transitoria y cautelar como esta”; y matiza que “fue el Consorcio quien planteó a Canal si estaría en disposición de hacerse con la gestión de la planta, y no al revés”.

El presidente asevera, de otra parte, que “el Consejo Insular de Aguas desea devolver cuanto antes esta planta, porque no la necesita, y que bien por parte del Ayuntamiento de Yaiza o bien por parte del propio promotor se acometan de forma inmediata las obras de conexión de la planta a la red general, cosa que ya hemos requerido formalmente tanto a uno como a otro”.


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NotaPublicado: Mié 30 Sep, 2015 3:32 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La causa abierta por la incautación de la desaladora de Montaña Roja tiene dos nuevos imputados. El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso Herrero, ha decidido imputar al secretario del Cabildo, del Consejo y del Consorcio, Pancho Perdomo, y al abogado externo Ignacio Calatayud. Los dos han sido ya notificados de esta decisión del juez y tendrán que responder por presuntos delitos relacionados con su participación en la adopción de esa medida cautelar.

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El propio presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, afirmó en su declaración en los Juzgados que fueron Perdomo y Calatayud quienes le asesoraron antes de que ordenara la incautación. Sin embargo, según San Ginés, en ambos casos se trató de asesoramiento “verbal”, ya que no hay ningún informe escrito previo a la incautación que avalara esa medida. El único que existe lo redactó Ignacio Calatayud después de la incautación y fue asumido por el secretario, que puso su firma al final del documento.

Además, el nombre de Ignacio Calatayud ha aparecido de forma reiterada en esta causa, ya que intervino de una u otra forma en todas las fases de la incautación. Desde reuniones previas con Club Lanzarote, titular de la planta, hasta la ejecución material de la incautación, a la que acudió personalmente el abogado.

Paralelamente, mientras asesoraba a San Ginés sobre esta medida, Calatayud trabajaba también para Canal Gestión Lanzarote, que es la empresa a la que se le entregó la gestión de las plantas incautadas a Club Lanzarote. Así lo confirmó el propio gerente de Canal, Gerardo Díaz, en su declaración como testigo dentro de esta causa hace dos semanas.

La pregunta ya fue formulada por el juez a Pedro San Ginés cuando declaró como imputado el pasado mes de agosto. Sin embargo, en ese momento el presidente aseguró que lo desconocía. Días después, al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa, San Ginés respondió que le parecía “irrelevante” si Calatayud trabajaba también para Canal Gestión. Y tampoco respondió a la oposición cuando Somos y Podemos le formularon esta pregunta en el Pleno hace dos semanas, limitándose a señalar que había pedido un informe a la empresa.

Finalmente, fue en los Juzgados donde se terminó resolviendo esta duda. Según la declaración del gerente, Ignacio Calatayud tuvo "un contrato con Canal Gestión" desde "dos o tres meses después de crearse la empresa hasta hace unos meses, mayo de 2015". Y "cuando se llevó a cabo la incautación”, mientras asesoraba al presidente para adoptar esa medida y para entregar la planta a Canal Gestión, Ignacio Calatayud era uno de los varios letrados" de la empresa. Además, el abogado participó también en el proceso previo a la privatización de la gestión de Inalsa y en el concurso de acreedores de la empresa pública.

“El informe de Ignacio (Calatayud) que yo he ratificado, quiero dejar claro que no es una ciencia exacta”. Eso fue lo que subrayó el secretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pancho Perdomo, durante la Junta del Consejo celebrada el 3 de octubre de 2014, quince días después de que se hubiera producido ya la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Perdomo se refería así al informe jurídico (el único que existe) que fue encargado por San Ginés cuando ya se había ejecutado la medida, entre otras cosas sin contar con autorización judicial.

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“Más de una vez me ha advertido el secretario que efectivamente el derecho no es una ciencia exacta y que pudiera, es improbable entendemos, pero pudiera ocurrir que el juez decidiese levantar la medida cautelar”, admitió también San Ginés en esa Junta. Sin embargo, pese a reconocer esas advertencias, el presidente tomó la decisión sin tener un solo informe por escrito y basándose, según él, en el “asesoramiento verbal” del propio secretario y del abogado Ignacio Calatayud, que no es funcionario ni personal del Cabildo ni del Consejo, y que realizó su informe escrito cuando la incautación ya se había realizado.

El pasado 26 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó devolver la planta a Club Lanzarote, entre otras cosas porque se realizó sin autorización judicial. Paralelamente, la Audiencia admitió también un recurso de Club Lanzarote en la vía penal y decidió que el Juzgado investigara presuntos delitos cometidos en esa incautación. Hasta ahora, además de San Ginés, en la causa estaban ya imputados los que entonces eran gerentes del Consejo y del Consorcio Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero.


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NotaPublicado: Mar 06 Oct, 2015 3:38 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, iniciará finalmente los trámites para devolver la desaladora y la depuradora de Montaña Roja a Club Lanzarote, tres meses y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulara la incautación y ordenara devolver esas instalaciones.

Aunque de momento no han querido hacer declaraciones a este medio, desde la institución anuncian que esta mañana, “en una o dos horas”, enviarán un comunicado de prensa. El detonante está en la noticia que este lunes adelantaba La Voz de Lanzarote, relativa a un nuevo recurso del Consejo que ha sido rechazado por el Juzgado.

Concretamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no atender el incidente de inejecución de sentencia que presentó el abogado Ignacio Calatayud en nombre del Consejo Insular de Aguas. La decisión de no tramitar ese incidente fue recurrida por el Consejo, pero ese recurso también fue rechazado por el Juzgado en un nuevo decreto firmado el pasado 29 de septiembre, en el que se señala la “manifiesta improcedencia” de las alegaciones para no cumplir la sentencia y devolver las plantas.

“Vamos a iniciar el procedimiento para cumplir con lo que dice el Juzgado”, se han limitado a señalar desde el Cabildo, remitiéndose a esa nota de prensa que afirman que enviarán en las próximas horas.

Tal como este lunes adelantaba La Voz, cabe recordar que lo que sí abrió el Juzgado es un incidente relativo al modo de ejecutar el fallo, tal como había pedido también al Consejo. Y es que en su escrito, de forma subsidiaria, Calatayud pidió que si no se atendía su primera petición de declarar inejecutable la sentencia, que se les diera más tiempo para cumplirla, hasta que estuvieran acometidas las obras para llevar la red general de agua hasta Montaña Roja.

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NotaPublicado: Jue 08 Oct, 2015 3:43 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El Consejo Insular de Aguas ha concluido el expediente sancionador a Club Lanzarote: exige a la empresa que enganche la urbanización de Montaña Roja, en Playa Blanca, y que pague más de 1,7 millones de euros por los “beneficios” obtenidos de la desalación y venta de agua en los últimos 15 años.

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El expediente sancionador a Club Lanzarote se abrió el año pasado por producir y vender agua a terceros sin tener ni la autorización ni la concesión necesaria, por desobedecer los requerimientos del Consejo Insular de Aguas y por obtener un “lucro ilegítimo”.

En el marco del expediente sancionador fue en el que se dictó, en septiembre del año pasado, la resolución en la que se incluía como medida cautelar la incautación de la planta desaladora, de la depuradora y de las redes de abastecimiento.

El Juzgado de lo contencioso mantuvo la medida cautelar pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio la razón a Club Lanzarote y obligó al Consejo Insular de Aguas a devolver las instalaciones a la empresa, una orden que la Justicia acaba de exigir que se lleve a término.

De hecho, para el próximo martes se ha anunciado una reunión entre el Consejo y Club Lanzarote para iniciar el proceso de devolución de las instalaciones, que fueron entregadas al Consorcio del Agua y éste, a su vez, traspasó a Canal Gestión para que abasteciese a los alrededor de 6.000 vecinos que hay en la urbanización.

Este jueves, el Cabildo ha hecho pública la resolución con la que concluye el expediente sancionador a Club Lanzarote, a la que sanciona con por dos infracciones leves y una menos grave.

Así, el Consejo impone 600 euros por “vender agua a terceros sin ser concesionario”, otros 600 por “desobediencia a las órdenes o requerimientos” del Consejo Insular de Aguas y 6.000 euros por “obtener un lucro ilegítimo” al margen de la “planificación del sistema hidráulico” de la Isla. El Consejo archiva la sanción por “producir agua industrial sin autorización”.

En la resolución del Consejo Insular de Aguas se establece “el cese de la actividad de producción y venta de agua por parte de Club Lanzarote”, así como el precinto de las instalaciones.

“No obstante”, se añade, con “el fin de evitar el desabastecimiento de la población”, el precinto queda condicionado “a la obligada realización por Club Lanzarote” o de forma “subsidiaria” por las instituciones públicas “de la obra de conexión” de la urbanización Montaña Roja “a la red general”.

Por último, el Consejo Insular de Aguas exige a Club Lanzarote “la obligación de restituir la totalidad de los beneficios ilícitamente obtenidos por la venta de agua durante los últimos 15 años”, que se estiman en más de 1,7 millones de euros. “Sin perjuicio”, se añade en la resolución, “que con posterioridad se constate o compruebe que los beneficios ilícitamente obtenidos fueron superiores”.

En ese sentido, el abogado que asesoró al Consejo en la resolución del expediente, David Monte, considera viable la interpretación de que Club Lanzarote tendría que devolver los 35,6 millones que se estima que ingresó en 15 años por la venta de agua, pero añade que “en pos de la prudencia” es “más adecuado” reclamar los beneficios y no la facturación global.


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NotaPublicado: Mar 13 Oct, 2015 9:21 am 
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Canal Gestión pagaba 3.300 euros mensuales al abogado Ignacio Calatayud por los servicios prestados a la empresa pero, además, también contrató a este letrado y a su hermano para que asesoraran al Consorcio Insular de Agua de Lanzarote. Luego, la empresa descontaba ese dinero de la suma anual que debía pagar a la institución, con lo que el pago se terminaba haciendo con dinero público.

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Solo por ese servicio de asesoramiento al Consorcio, Ignacio Calatayud cobró casi 40.000 euros en virtud de dos contratos distintos en menos de un año. A esa cantidad hay que sumar los más de 77.000 euros que recibió en los pagos mensuales de Canal por “asesorar” a la empresa. Y todo ello, mientras este mismo abogado trabajaba también para el Cabildo y para el Consorcio y mientras asesoraba al presidente, Pedro San Ginés, en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. La planta, que ahora tendrá que ser devuelta a Club Lanzarote por orden judicial, fue entregada tras la incautación a Canal Gestión, que es quien desde entonces ha venido cobrando el agua a esos vecinos.

En total, Calatayud llegó a firmar hasta tres contratos con Canal. El primero, por asesoramiento jurídico a la empresa y por encargarse de la “dirección legal de los procesos contencioso administrativos en los que sea parte Canal Gestión Lanzarote”. Esos procesos contenciosos solo pueden darse con la administración y no entre particulares, por lo que podría haberse dado el caso de que Calatayud fuera el abogado de la empresa en un hipotético pleito contra las administraciones insulares.

En total, en virtud de ese contrato firmado en agosto de 2013, Calatayud llegó a cobrar 77.682 euros, a razón de 3.300 euros mensuales más IGIC. El abogado estuvo recibiendo esa suma hasta mayo de 2015, cuando la empresa rescindió el contrato. Concretamente lo hizo el pasado 25 de mayo, al día siguiente de las elecciones locales.

A este contrato entre Canal Gestión y Calatayud se suman otros dos, aunque en ese caso el trabajo de “asesoramiento” no debía prestarse a la empresa, sino al Consorcio Insular de Aguas. Uno de los contratos se firmó antes de la incautación, en marzo de 2014, y el otro después, en noviembre de ese mismo año. En ambos casos fueron contratos por cuatro meses y por importe de 17.900 euros cada uno, justo por debajo del límite legal fijado para que puedan realizarse contrataciones públicas sin sacarlas a concurso. Sumando después el IGIC, Calatayud cobró casi 20.000 euros por cada uno de esos dos contratos.

Según se establece en esos dos documentos, a los que ha tenido acceso La Voz, Calatayud debía prestar ese asesoramiento en la Comisión de Seguimiento y Control creada por el Consorcio, precisamente para “fiscalizar” la labor de Canal Gestión y para velar por el cumplimiento de lo pactado cuando se privatizó la gestión del agua.

Además de contratar a Ignacio Calatayud, Canal Gestión también contrató a su hermano, Carlos Calatayud, a quien la empresa pagó otros 9.600 euros por asesorar al Consorcio. El propio gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, cuando declaró en la causa penal abierta por la incautación de la desaladora, confirmó que esos pagos a Calatayud y a su hermano terminaron saliendo de los fondos que correspondían a la institución pública.

Lo que se paga a estos letrados que intervienen en la comisión se detrae de los pagos que tenemos que realizar al Consorcio”, declaró Díaz. Fue precisamente el gerente, en esa declaración, quien confirmó que Calatayud trabajaba para esta empresa mientras a la vez trabajaba para el Cabildo y para el Consorcio y mientras asesoraba a Pedro San Ginés en la incautación.

El propio juez había planteado esa pregunta a San Ginés cuando declaró como imputado a principios de agosto, pero el presidente respondió entonces que desconocía si este abogado había trabajado también para Canal Gestión. También afirmó desconocerlo cuando días después se le preguntó por ello en una rueda de prensa. Y lo mismo le dijo a la oposición en el último Pleno celebrado en el Cabildo, cuando le volvieron a preguntar expresamente por ello. Sin embargo, según la propia declaración de Gerardo Díaz y los documentos que tuvo que aportar a requerimiento del Juzgado, Calatayud no solo trabajaba para Canal Gestión, sino que fue contratado por esta empresa para asesorar al Consorcio presidido por Pedro San Ginés. Y luego, además, Canal detraía ese sueldo de los pagos que debía realizar a la institución.

En los contratos firmados por Calatayud con Canal para asesorar al Consorcio, se establece que “el servicio se llevará a cabo conforme a las instrucciones recibidas del responsable de Canal Gestión Lanzarote”, que es a quien correspondía “la dirección y supervisión del servicio” que debía prestar este abogado.

Incluso, se establecía que la empresa tendría “la facultad de inspeccionar y de ser informada de la ejecución de los servicios objeto del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma cuando así proceda análisis de los trabajos, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato”. Y todo ello, pese a que el objeto del contrato era el “asesoramiento jurídico para el Consorcio del Agua de Lanzarote, para los asuntos a tratar en la comisión de seguimiento y control”, y pese a que el dinero con el que se le pagaba terminaba detrayéndose de los pagos que correspondían al Consorcio.

En cuanto al modo de contratación, en el documento se afirma que Canal solicitó una oferta “a varias empresas y particulares”, “valorando las ofertas presentadas atendiendo para su valoración a criterios económicos y considerando finalmente como oferta más económica la presentada por la empresa Ignacio Calatayud Prats SL, resultando la misma adjudicataria del contrato”.

Además, se señalaba que el contrato tendría la consideración de un “contrato menor” (que son los que están por debajo de los 18.000 euros), lo que supone que no sea obligado sacarlo a concurso cuando se trata de una contratación pública. En total, Calatayud cobró 19.153 euros por cada uno de esos contratos, aunque la suma que Canal cargó al Cabildo fue de 17.900 euros por cada uno, al no aplicar el IGIC.

El primer pago se hizo en diciembre de 2014 y el segundo en julio de 2015, aunque el periodo de vigencia del primer contrato era de marzo a julio de 2014 y el segundo de noviembre de 2014 a marzo de 2015.


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El grupo Canal de Isabel II, al que pertenece Canal Gestión Lanzarote, concesionaria del ciclo integral de agua en la Isla, ha cesado de su cargo al que hasta ahora ha sido gerente de la compañía, Gerardo Díaz.

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El cese se produjo el miércoles y el propio Gerardo Díaz ha comunicado este jueves a los trabajadores de la empresa en la Isla la decisión, de forma personal y a través de un correo electrónico.

Desde Canal Gestión Lanzarote se ha explicado que Díaz se ocupó de la empresa con el “plan definido” de “encaminar” y “poner en marcha” los proyectos de inversión, de más de 50 millones de euros, a los que se comprometió la compañía para obtener la concesión del agua en la Isla. “Ese trabajo está prácticamente hecho”, aseguran desde la empresa.

Fuentes de Canal Gestión resaltaron la “experiencia” del directivo y subrayaron que Gerardo Díaz “no se va desvincular del todo” de la empresa en Lanzarote puesto que en los planes de Canal de Isabel II está que se ponga “al frente” de un puesto de “supervisión” de las “filiales” del grupo, entre las que se encuentra Canal Gestión Lanzarote.

Además, desde Canal Gestión señalan que el ya ex gerente ha trasladado a la plantilla, “como ejemplo de franqueza a los trabajadores” sobre su “situación personal”, la preocupación que le provoca su imputación por un Juzgado de Melilla en una investigación que afecta a su etapa en la empresa Hispanagua, otra filial de Canal de Isabel II.

En ningún caso, aseguraron fuentes de la empresa, esa imputación ha sido un “motivo” para la salida del cargo de gerente de Canal Gestión Lanzarote, puesto que ocupó desde junio de 2013, cuando empezó a operar la empresa en la Isla asumiendo el servicio de suministro de agua que antes prestaba Inalsa.


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Según La Voz de Lanzarote:

La devolución de las instalaciones de la planta de Montaña Roja a Club Lanzarote ya ha comenzado. La restitución de esta planta incautada a Club Lanzarote ha arrancado este jueves alrededor de las 15.30 horas, comenzando por la depuradora. Se cumple así con las distintas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que invalidaron la decisión del presidente del Cabildo y el Consorcio Insular del Agua, Pedro San Ginés, de incautar esas dependencias.

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Hasta allí se han desplazado los gerentes del Consorcio, Domingo Pérez, del Consejo Insular del Agua, Erik Martín, y de Club Lanzarote, Pedro Soriano. Ha acudido también el que hasta este miércoles era el director gerente de Canal Gestión Lanzarote, Gerardo Díaz, y el director técnico de Canal, que asumirá de forma transitoria las funciones de gerente, además de otros cargos y técnicos de ambas empresas y del propio Consorcio. Todos ellos han acudido hasta allí acompañados de sus letrados. Además, en la devolución está presente también un notario, que dará fe de todo el proceso y tomará fotografías del estado de las instalaciones. Se tomarán también los consumos electricos en cada instalación.

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Tal y como se estableció en el encuentro del pasado martes, la devolución ha comenzado por la depuradora y se realizará en el orden inverso al seguido cuando se incautaron las instalaciones en septiembre de 2014. Se seguirá así por la estación de bombeo, los depósitos de regulación, la red de distribución y finalmente la desaladora. La devolución de todas las partes de la planta podría prolongarse hasta este viernes.

De otro lado, empleados de un laboratorio se han llevado de la depuradora neveras con muestras. También en esa reunión este martes se estipuló que un laboratorio externo se encargaría de analizar tanto la calidad del agua potable en la salida de la desaladora, depósitos y red, como de la depurada y regenerada en la EDAR.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com