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NotaPublicado: Jue 22 Oct, 2015 3:30 pm 
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El abogado Ignacio Calatayud declaró este viernes como imputado por prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, donde aseguró que “dio dos alternativas” a Pedro San Ginés y que “finalmente la decisión” de incautar la planta desaladora de Montaña Roja “fue del presidente” del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas.

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Calatayud dijo que planteó, ante la venta sin concesión de agua en la urbanización Montaña Roja por parte de Club Lanzarote, “el cese de la actividad y clausura” de la desaladora, con las consecuencias que ello tuviera, y posteriormente si había desabastecimiento "que se tomaran las medidas pertinentes”.

La otra opción que planteó fue adoptar “una medida cautelar, llámese intervención, subrogación o incautación, que durante la sustanciación del procedimiento” sancionador a la citada empresa “evitara el desabastecimiento” a los vecinos.

Calatayud insistió en que se limitó a dar su “opinión jurídica” al presidente y que además entendía que aunque las dos posibilidades “cabían jurídicamente”, el letrado “prefería” y “se decantaba por el cese de actividad y la clausura”.

Así, el abogado recalcó que la incautación de la desaladora de Montaña Roja “fue una decisión discrecional del presidente del Consejo Insular de Aguas ante diversas alternativas” que le “ofreció”, y que San Ginés adoptó “la que consideró más adecuada al interés general”. Calatayud subrayó que “no entra” en la decisión de la incautación y que su “función” fue dar su “opinión jurídica”.

Sobre el acto de la incautación, Calatayud manifestó que acudió “en su condición de letrado” y aseguró que “las órdenes las daban el presidente del Consejo Insular de Agua”, con quien estuvo “en contacto” por vía telefónica y “entiende que la alcaldesa de Yaiza”, de quien depende la Policía Local, que estuvo presente.

Así, Calatayud afirmó que “supone que la orden de llamar al cerrajero la daría el presidente del Consejo Insular de Aguas o la alcaldesa de Yaiza, que son los que pueden dar órdenes”.

El abogado externo del Consejo Insular de Aguas insistió en que su criterio es que no se necesitaba autorización judicial para acceder a las instalaciones, basándose en que las mismas eran “dominio público”.

Además, Calatayud aseguró en el Juzgado que “nadie le consultó sobre si era necesario un informe jurídico previo por escrito a la incautación”. De hecho, redactó uno fechado unos once días después. También insistió en que no redactó la resolución del Consejo mediante la que se incautó la planta desaladora de Montaña Roja.

Calatayud, que mientras asesoró al Consejo Insular de Aguas para la incautación de la desaladora de Montaña Roja también estaba contratado por Canal Gestión, empresa concesionaria del ciclo integral del agua en la Isla y a la que se le entregó la planta, aseguró que “no se le preguntó si la gestión de las instalaciones debían encomendarse a Canal Gestión”.

El abogado afirmó que “todo el mundo sabía que trabajaba para Canal Gestión, que el presidente del Consejo Insular de Aguas lo sabía también” y que “no lo ocultaba jamás”. En su declaración ante el juez, el presidente del Cabildo dijo que desconocía si Calatayud trabajaba para Canal Gestión.

Calatayud argumentó en su defensa que si el abastecimiento de agua a Montaña Roja lo podrían haber llevado otras empresas distintas a Canal Gestión debería haberse “abstenido de realizar el asesoramiento jurídico al presidente del Consejo Insular de Aguas” pero que, al no darse esa circunstancia, entendía que no hubo “conflicto de intereses”.

Al principio de su declaración, Ignacio Calatayud afirmó que “sólo tiene una relación profesional con el presidente” del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas y que “no tiene una relación personal” con San Ginés.

Al finalizar la declaración, y a preguntas de su abogado, Calatayud reiteró que “no tiene ninguna relación personal con el presidente, que su relación es profesional” y que “como con muchos otros clientes” se lleva “mejor con unos que con otros”. “La relación es profesional y se basa en lo profesional”, concluyó.


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NotaPublicado: Lun 26 Oct, 2015 3:49 pm 
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El secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, declaró en el Juzgado imputado por prevaricación que “no hubiera adoptado la medida que adoptó el presidente del Consejo Insular de Aguas” de incautar la planta desaladora de Montaña Roja por venta ilegal de agua a terceros “sin contar con un informe jurídico escrito previo”.

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Perdomo señaló que, si hubiese estado en el “lugar” del presidente Pedro San Ginés, “hubiera estado respaldado por informes jurídicos escritos previos” a la incautación, que se produjo en septiembre del año pasado como medida cautelar dentro de un expediente sancionador.

No obstante, el secretario del Cabildo, que también lo es del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio del Agua, insistió en su declaración que “en los expedientes sancionadores no es necesario un informe jurídico previo” por su parte, y añadió que “en materia de aguas no es necesario informe jurídico previo” por escrito.

Así, Perdomo defendió que “la ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de la medida cautelar de incautación de las instalaciones que se adoptó” y que tampoco estaba, como secretario del organismo, “obligado a hacerlo”.

Además, durante la declaración en el Juzgado el secretario del Cabildo consideró que “no era necesaria la autorización judicial para la entrada en las instalaciones de Club Lanzarote”.

Perdomo reconoció que antes de concretarse la incautación de la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento a la empresa Club Lanzarote, el presidente le pidió su opinión a raíz de los avisos por “venta ilegal” de agua en la urbanización por parte del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común, con advertencia de “acudir a los tribunales”.

El secretario admitió que le indicó al presidente del Cabildo que, a su juicio, las instalaciones “tenían carácter de dominio público” y que “si se estaba desarrollando una actividad sin título habilitante lo que procedía era la apertura de un expediente sancionador dirigido a la recuperación del domino público” y la “clausura de esa actividad ilegal”.

Perdomo señaló que San Ginés le preguntó “si había alguna medida para paliar” el posible desabastecimiento de agua a los 6.000 vecinos de la urbanización. El secretario le respondió, “con todas las reservas que supone un informe verbal”, que “conocía sentencias” que “hablaban de la requisa temporal por parte de la Administración” y de “intervención de empresas productoras y distribuidoras de aguas”.

En concreto, según Perdomo el presidente le preguntó “si se podría incautar” y el secretario le repitió que al entender que las dotaciones de Montaña Roja eran de dominio público, “se podría incautar la prestación del servicio”.

El secretario del Cabildo, a pesar de que manifestó que el “asesoramiento previo verbal” antes de la incautación efectivamente se produjo, matizó que lo hizo en una “única ocasión y por breve espacio de tiempo”, así como que no creía que con su asesoramiento “estuviera formando la voluntad del presidente”.

Además, Perdomo aseguró que supo “a posteriori” la opinión jurídica sobre la intervención en Montaña Roja “que le había dado” el abogado externo Ignacio Calatayud al presidente. En cualquier caso, subrayó que “nadie le requirió para que realizara un informe jurídico” para la incautación de la desaladora a Club Lanzarote.

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El secretario del Cabildo aseguró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife el pasado viernes que no redactó ni la resolución en la que se decidió la incautación de la desaladora ni la resolución en la que se transferían las instalaciones del Consorcio del Agua a Canal Gestión, como concesionaria del ciclo integral del agua, para que las explotase. De hecho, añadió que “no tuvo nada que ver” con la resolución y que tampoco tuvo “ningún conocimiento de la ejecución” de la incautación.

A preguntas de su abogado, Perdomo recalcó que cuando el presidente le Cabildo le llamó para analizar la situación de Montaña Roja no le expuso los “concretos cargos por los que se incoaba el expediente sancionador” y que las infracciones “las conocía después de redactarse” la resolución en la que se acordó la incautación de la desaladora. Con respecto al expediente sancionador, del que era secretario, su “única función” era “dar fe de lo que realizara el instructor”, agregó.

Unos once días después de la incautación, el letrado Ignacio Calatayud firmó un informe jurídico avalando y justificando la medida. Perdomo señaló que el presidente le pidió “que emitiera su propio informe por escrito” y que le entregó el de Calatayud. Al considerarlo “fundado en Derecho”, realizó una diligencia y lo firmó, al asumir “íntegramente” su contenido.

CLAUSURA. Perdomo reconoció que en una sesión del Consejo Insular de Aguas de abril de 2011 indicó que “la medida de clausura” de la desaladora “debía adoptar el Gobierno de Canarias, pero matizó que se refería “al cierre definitivo, no a una medida cautelar”.

CALATAYUD. El secretario del Cabildo dijo que desconocía “la forma en que se realizó la tramitación del expediente de contratación” a Ignacio Calatayud para el asesoramiento de la incautación y que si es un contrato menor, le corresponde a la Intervención y al presidente.


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NotaPublicado: Mié 04 Nov, 2015 3:43 pm 
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NotaPublicado: Vie 06 Nov, 2015 5:39 pm 
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NotaPublicado: Vie 29 Ene, 2016 4:16 pm 
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NotaPublicado: Mar 07 Jun, 2016 3:56 pm 
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El Cabildo de Lanzarote aseguró este martes que recurrirá la sentencia del Juzgado de lo contencioso que anula la incautación de la planta desaladora de la urbanización Montaña Roja, efectuada en septiembre de 2014.

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En un comunicado, el Cabildo señala que la sentencia es “básicamente coincidente” con lo ya declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tomó la decisión cautelar de anular la incautación, que se llevó a cabo en el marco de un expediente sancionador a la empresa Club Lanzarote.

Desde el Cabildo se hace hincapié en que el Juzgado rechaza anular la denegación de la prórroga de autorización para desalar agua, solicitada por Club Lanzarote en 2012. La empresa pretendía que el Juzgado le reconociese el derecho a una prórroga por ocho años o hasta que llegase la red de abastecimiento pública a la urbanización.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, destacó este martes que "ningún juzgado ha ni siquiera cuestionado que efectivamente en el Plan Parcial Montaña Roja se ha venido produciendo y se produce venta de agua a terceros sin título habilitante y por tanto ilegal".

Por otra parte, San Gines indicó que "conviene recordar que la actuación en la desaladora de Montaña Roja se inicia ante una denuncia presentada por vecinos de dicha urbanización ante el Diputado del Común”.

También recordó que fue el Diputado del Común el que “compelió a regularizar la situación, bajo amenazas de llevarnos a los juzgados, tanto al Consejo Insular de Agua cómo al Gobierno de Canarias, que a su vez confirmó la venta ilegal de aguas y es por eso que el Consejo Insular adoptó aquella decisión".

El presidente anunció que este martes “un grupo de vecinos ha vuelto a registrar en el Cabildo Insular de Lanzarote una nueva denuncia por persistir la venta ilegal de agua por parte de Club Lanzarote en el Plan Parcial Montaña Roja”.

“Está dirigida a todas las administraciones concernidas, a las que exige actuar, que son Asociaciones de consumidores y usuarios, Ayuntamiento de Yaiza, Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, Cabildo Insular de Lanzarote y Gobierno de Canarias, pidiendo amparo del Diputado del Común ante todas ellas como ya hicieron en su día”, explicó.

El presidente indicó que el Consejo Insular de Aguas “emprenderá cuantas acciones estén a su alcance para impedir a toda costa que persista una actividad como la venta de agua a terceros sin autorización ni del Consejo, ni del Cabildo, ni de la comisión de Precios del Gobierno de Canarias”.

“Por tanto no sólo es ilegal, sino ilegalizable por autorización directa como pretende Club Lanzarote. Dicha autorización sólo es posible en derecho mediante un concurso público y su correspondiente concesión”, concluye.


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NotaPublicado: Jue 25 May, 2017 2:30 pm 
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NotaPublicado: Mié 07 Jun, 2017 2:59 pm 
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NotaPublicado: Lun 24 Jul, 2017 2:56 pm 
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NotaPublicado: Mar 22 Ago, 2017 1:35 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha alcanzado un acuerdo con Club Lanzarote que pretende poner fin a todos los pleitos contenciosos abiertos con la empresa. El convenio, que será elevado este jueves al Consejo Insular de Aguas para su aprobación, llega un mes después de que el juez Jerónimo Alonso ordenara iniciar el trámite para llevar a juicio a Pedro San Ginés y a otras tres personas por presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote.

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No obstante, el acuerdo no hace referencia a la incautación ni a ese procedimiento penal contra el presidente, sino a los expedientes que San Ginés abrió contra la empresa después de que la incautación fuera anulada y declarada ilegal. Son esos expedientes abiertos después los que pretenden ahora dejar "sin efecto”, así como los pleitos iniciados por la empresa en los tribunales a raíz de esos expedientes.

Lo que seguirá su curso es la causa penal abierta contra San Ginés, por la querella interpuesta en su día por Club Lanzarote. Y es que aunque la empresa decidiera ahora retirarse como acusación, en la causa está representada la Fiscalía, que ejerce la acusación pública, y también está personado Podemos como acusación popular. Además, el juez ya dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el pasado 19 de julio, en el que ordenó iniciar el trámite para llevar a juicio a San Ginés, al secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, al que era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y al abogado Ignacio Calatayud, dando un plazo de 10 días para presentar los escritos de acusación.

“Las partes firmantes del presente convenio consideran, a la vista de los expedientes, de las circunstancias concurrentes y de los argumentos jurídicos esgrimidos, que nos encontramos ante un conflicto jurídicamente complejo y de difícil interpretación y que ambas partes ostentan argumentos jurídicos con los que defender y sostener sus posiciones, habiendo realizado ambas una interpretación razonable de las normas y de los hechos acaecidos”, sostiene el texto de convenio que se llevará este jueves a la Junta General del Consejo Insular de Aguas.

En caso de que se apruebe, las partes procederían a firmar este acuerdo y lo elevarían a los tribunales, para intentar poner fin a todos los pleitos contenciosos aún abiertos, con ocho recursos pendientes de resolverse. “En coherencia con lo anterior”, señala el convenio, “el Consejo también dejará sin efecto los expedientes iniciados, pendientes de resolución administrativa, basados en la falta de autorización y/o título habilitante para la producción, venta y transporte de agua”. Y el Consejo también se dirigirá al Gobierno de Canarias para que haga lo propio con los expedientes que la Consejería de Aguas abrió a la empresa, a petición del propio San Ginés.

“Es intención de ambas partes llegar a un acuerdo que permita poner fin a la controversia jurídica”, se señala en el convenio, que alega que “los diferentes procesos judiciales abiertos y la necesaria duración de los mismos hasta su finalización dan lugar a cronificar en el tiempo el conflicto jurídico, generando, en consecuencia, una incertidumbre en los ciudadanos y vecinos de Montaña Roja, perjudicándose de este modo el interés general”.

Todos los expedientes y pleitos a los que pretenden poner fin con este convenio se iniciaron después de que la incautación fuera anulada por los tribunales. Antes de que San Ginés ordenara esa medida cautelar, en septiembre de 2014, no había ningún expediente contra la empresa. De hecho, el primero se abrió el mismo día en que el presidente ordenó la incautación como medida cautelar, por faltas leves y una menos grave, sin dar trámite a la empresa y sin contar con autorización judicial.

Cuando Club Lanzarote ganó el pleito contencioso interpuesto en los Tribunales, y cuando a su vez se admitió a trámite su querella contra San Ginés, el presidente llegó incluso acusar a la empresa de cinco delitos, incluyendo dos contra el medio ambiente, uno de estafa, otro contra los consumidores y uno más contra la Hacienda pública.

La mayor parte de la querella interpuesta por el presidente fue archivada casi desde el inicio y el último delito por el que acusaba a la empresa se sobreseyó de manera firme el pasado mes de mayo. En su auto, la Audiencia Provincial de Las Palmas subrayaba el “fracaso” de la acusación de San Ginés, al “imputar gratuitamente delitos” a Club Lanzarote. Además, cuestionaba que el presidente había intentado convertir la causa en “una suerte de inquisición general, incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un estado de derecho”, y condenaba a pagar las costas al Consejo Insular de Aguas, a través del cual presentó ese recurso.


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NotaPublicado: Mié 23 Ago, 2017 3:42 pm 
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NotaPublicado: Sab 02 Sep, 2017 8:46 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, no consiguió que el Consorcio del Agua diera el viernes el visto bueno al convenio con Club Lanzarote. Es más, según han confirmado a La Voz de Lanzarote dos de sus miembros, justo antes de su celebración se cambió el orden del día para que lo que se sometiera a votación no fuera el acuerdo en sí, sino solo su "remisión a los Juzgados". Así, lo que se enviará "a los Juzgados" es un documento sin firmar por las partes y sin haber sido aprobado por el Consorcio ni por el Consejo de Aguas, que de momento ni siquiera se ha reunido, tras cancelar San Ginés la sesión que había convocado la pasada semana.

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Hay que recordar que este convenio ha sido duramente cuestionado no sólo por la oposición, sino por el que hasta el pasado jueves era socio de gobierno de CC, el PSOE, por considerar que dicho acuerdo es de "dudosa legalidad". Tanto los socialistas como Podemos y Ciudadanos han denunciado que Pedro San Ginés pretende con él "influir" o "eludir su responsabilidad penal" en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que está imputado tras la querella interpuesta por Club Lanzarote.

El presidente del Cabildo, eso sí, no estuvo finalmente presente en la sesión del Consorcio, sino que delegó sus funciones en Echedey Eugenio. Y es que aunque fue él quien convocó esta sesión, y también las convocadas y después suspendidas la pasada semana, varios partidos habían advertido de que debía abstenerse por su implicación judicial en el tema.

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De hecho, desde el PSOE advirtieron de que el secretario, Pancho Perdomo, imputado junto a San Ginés en esa causa, sí había decidido abstenerse. Su ausencia fue lo que obligó a cancelar a última hora las sesiones previstas la pasada semana y aunque el presidente afirmó entonces que el motivo era que Perdomo se encontraba "fuera de la isla" y que era "insustituible", finalmente este viernes fue el secretario del Ayuntamiento de Tinajo quien ejerció como tal en esta sesión del Consorcio del Agua.

Tras la reunión del Consorcio, desde el Cabildo enviaron un comunicado señalando que la asamblea se había "limitado" a aprobar la remisión a los Juzgados de ese convenio con Club, sin hacer referencia alguna al cambio del orden del día. Incluso, en declaraciones a La Voz, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, negó que hubiera existido tal cambio y aseguró que desde el principio estaba previsto que se votara solo esa remisión del documento a los Juzgados. Sin embargo, tanto la alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, como el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, han confirmado a La Voz que se cambió el orden del día.

Así, pese a que la pretensión inicial era aprobar el convenio, autorizando a San Ginés a su firma, y pese a que este órgano del Consorcio (formado por el Cabildo y los ayuntamientos) está controlado mayoritariamente por Coalición Canaria, finalmente no se dio luz verde al acuerdo y se tuvo que modificar el contenido de la votación.

Eso permitió que la propuesta sí fuera aprobada, aunque con el voto en contra de la alcaldesa de San Bartolomé, contra quien cargó San Ginés en el comunicado que envió el Cabildo tras la reunión. “En mi opinión, a la alcaldesa no le preocupa ninguna de las razones por las que se opone a este posible acuerdo en la medida en el que el contenido del convenio está avalado por informes jurídicos: dos de la directora de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote, y un tercer informe favorable de la interventora del Consorcio. Lo que en realidad parece que le preocupa es que haya acuerdo y se solucionen los problemas, -habida cuenta que está en los tribunales-, siendo capaz de defender una cosa y al mismo tiempo la contraria con tal de mantener la estrategia de oposición al gobierno desde el gobierno en la que hasta ayer ha estado instalada”, ha manifestado San Ginés.

Precisamente, las acciones del presidente con respecto a Club Lanzarote han sido uno de los motivos en los que el PSOE ha justificado su salida del grupo de gobierno, tal y como expuso la propia Corujo en la rueda de prensa ofrecida este jueves para anunciar la ruptura del pacto. En la misma, la secretaria de los socialistas lanzaroteños puso en duda la legalidad del convenio y acusó al presidente del Cabildo de "poner a las instituciones", en concreto al Consorcio y al Consejo Insular de Aguas, "al servicio de su particular estrategia judicial”. “No podemos sustentar a un presidente que no asume su responsabilidad judicial y a un partido que le apoya, pendiente de la apertura del juicio oral, y que pretende encima utilizar los órganos del Cabildo para una estrategia judicial desconocida, pero que no se ajusta bajo ningún concepto a los informes técnicos, jurídicos y de Intervención necesarios para darle validez”, afirmó.


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NotaPublicado: Mar 24 Oct, 2017 8:47 am 
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La Fiscalía Provincial de Las Palmas considera que hay “sobrados indicios” para llevar a juicio al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por un delito contra la administración pública y otro de coacciones en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Así lo señala en un escrito fechado el pasado 5 de octubre, en el que pide que se rechace el último recurso presentado por la defensa San Ginés.

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Con ese recurso, el presidente pretende que se anule el auto que puso fin a la instrucción de la causa y que inició el trámite para llevarle a juicio, pero la acusación particular -representada por Cub Lanzarote-, la acusación popular -representada por el grupo de Podemos en el Cabildo- y ahora el Ministerio Fiscal han pedido que sea rechazado y que se confirme el auto del juez instructor.

“No se puede apreciar en la resolución recurrida falta alguna de motivación sino que, por el contrario, en ella se motiva profusamente la relación de hechos que el instructor considera indiciariamente acreditados”, señala en su escrito la fiscal Celia María Asensio Rodríguez.

En cuanto a las diligencias que San Ginés pidió que se incorporaran a la causa, y que cuestiona que no han sido tenidas en cuenta por el juez instructor, la Fiscalía responde tachando de “irrelevantes” esos documentos. “Las diligencias a las que el recurrente hace referencia no tienen influencia alguna sobre los hechos ni sobre su apariencia indiciariamente delictiva”, advierte.

Esas diligencias, según señala la fiscal, “solo están dirigidas a acreditar que, con carácter previo a la expropiación, por parte de Club Lanzarote se venía produciendo y vendiendo agua ilegalmente”. Y eso, señala que “resulta irrelevante” ante los hechos que ha puesto de relieve la investigación y que se recogen en el auto del juez instructor. Así, la Fiscalía recuerda que como presidente del Consejo Insular de Aguas, San Ginés dictó una resolución ordenando la incautación “sin contar con el dictamen jurídico previo escrito sobre la viabilidad de la medida”, ya que no tenía ni un solo informe que avalara esa decisión.

Además, subraya que Pedro San Ginés “acordó la incautación sin dar audiencia a los interesados”. Y también que esa medida, “extrema y excepcionalmente gravosa”, ni siquiera está “prevista por la normativa sectorial aplicable”. A esto añade que el presidente tampoco justificó “de ninguna manera la insuficiencia o inadecuación de otras medidas menos lesivas para la finalidad perseguida”; y que “dicha resolución fue ejecutada al día siguiente de dictarse, produciéndose el acceso a las instalaciones de Club Lanzarote sin contar con autorización judicial y contra la oposición de los representantes de esta entidad”, que acudieron a los tribunales tanto en la vía contenciosa -logrando que se anulara la incautación-, como en la vía penal, con la querella que dio lugar a esta causa.

“Estos, y no otros, son los elementos que, a juicio del juez instructor, dan lugar a que la conducta del recurrente sea indiciariamente constitutiva de los delitos de prevaricación y coacciones. Tales son los hechos a los que habrá, en su caso, de referirse la prueba que se practique en el juicio oral. Por lo tanto, carecen a este respecto de relevancia cualesquiera diligencias relativas a la conducta de Club Lanzarote S.A. antes de producirse la incautación, toda vez que no es éste el objeto del proceso”, insiste la Fiscalía en su respuesta al recurso de San Ginés.

En cuanto a otro de los argumentos de su defensa, que sostenía que en el auto que puso fin a la instrucción había existido una “acusación sorpresiva” del delito de coacciones, el Ministerio Fiscal también lo rechaza. “Consta que el recurrente fue interrogado, al declarar ante el juez instructor, acerca de los mismos hechos a los que se refiere el auto de Procedimiento Abreviado. Por lo tanto, se le ha ofrecido en este proceso la oportunidad de defenderse de todos y cada uno de los hechos aparentemente delictivos que en dicha resolución se le atribuyen, sin que se le haya causado indefensión en ningún momento”, concluye la Fiscalía.

Por todo ello, pide que sea desestimado el recurso y se confirme el auto, que es el que da paso a la presentación de los escritos de acusación de las partes y a la posterior apertura de juicio oral contra el presidente y contra los otros tres imputados en la causa: el secretario del Cabildo Francisco Perdomo, el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado externo Ignacio Calatayud. Este último fue quien asesoró a San Ginés antes y después de la incautación, mientras a su vez trabajaba para Canal Gestión, que es la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas.


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NotaPublicado: Jue 16 Nov, 2017 8:11 am 
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas ha archivado uno de los pleitos abiertos entre Club Lanzarote y el Consejo Insular de Aguas, dando por bueno el acuerdo alcanzado entre la empresa y el presidente, Pedro San Ginés, que no llegó a ser aprobado por el Consejo ni por el Consorcio del Agua. Ese acuerdo “deja sin efecto y por tanto anula” un decreto que firmó San Ginés en el año 2016, que fue el que dio origen a este pleito contencioso.

Con ese decreto, que fue recurrido por la empresa en los tribunales, San Ginés había revocado la autorización que desde el año 2004 tenía Club Lanzarote para producir agua. Ahora, el presidente reconoce que la empresa tiene ese “derecho”, pese a que la supuesta ausencia de autorización fue uno de los motivos que alegó para incautar la desaladora y la depuradora de Montaña Roja, por la que está imputado en otro procedimiento en la vía penal.

Además de esa causa penal, Club Lanzarote y el Consejo de Aguas están inmersos en varios pleitos contenciosos administrativos – tanto por la incautación como por las medidas adoptadas después por San Ginés, cuando la Justicia le obligó a devolver las plantas-, y uno de ellos es el que se ha archivado ahora. En este procedimiento, ambas partes aceptaron someterse a una mediación, y los términos del acuerdo que alcanzaron son los mismos que se recogen en el convenio que Pedro San Ginés pretendió firmar este verano con la empresa, y que no llegó a ser avalado ni en el Consejo Insular de Aguas ni en el Consorcio del Agua.

En el caso del primero, ni siquiera llegó a reunirse, ya que San Ginés convocó y después desconvocó una sesión de este órgano. En cuanto al Consorcio, también fue convocado y desconvocado, aunque finalmente sí se terminó celebrando una reunión. Sin embargo, pese a la mayoría que sigue ostentando CC en este órgano, ni siquiera llegó a aprobarse el contenido del convenio ni a autorizarse su firma, sino solo su “remisión” a los Juzgados.

En aquel momento, distintos partidos de la oposición denunciaron que con este acuerdo, el presidente pretendía "influir" o "eludir su responsabilidad penal" en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en la que está imputado por un delito de prevaricación y otro de coacciones tras la querella interpuesta por Club Lanzarote.

Ahora, el auto judicial al que ha tenido acceso La Voz muestra que los mismos términos de ese convenio se elevaron al Juzgado como un “acuerdo al que han llegado las partes”. Y entre otras cosas, supone reconocer “el derecho” de Club Lanzarote a producir agua en Montaña Roja. En cuanto a la venta, el acuerdo señala que correrá a cargo del Consorcio del Agua, pero en la práctica seguirá en manos de Club, ya que se le “cederá” la “gestión de la facturación”.

El acuerdo establece que “por dicho servicio, Club Lanzarote ingresará la facturación íntegra”. A cambio, deberá abonar un canon del 15 por ciento “de lo facturado por el total de servicios”, que se liquidará de forma anual. Sin embargo, buena parte del agua que suministra la desaladora estará exenta del pago de ese canon. Y es que el acuerdo también establece que la empresa podrá utilizar la desaladora para el “autoconsumo del hotel Natura Palace, así como cualquier otro consumo propio de Club Lanzarote (oficinas, hoteles, villas…)”. Y también se considerará autoconsumo el agua depurada que emplea Club Lanzarote para regar los jardines y la que se destinará al futuro campo de golf previsto en este plan parcial.

El acuerdo que San Ginés presentó en los Juzgados también establece que el Consejo “renunciará” a todos los expedientes que abrió a la empresa y que se tramitaron después de llevar a cabo la incautación. Y es que cuando se adoptó esta medida cautelar, el presidente no contaba con ningún informe por escrito que la avalara o propusiera, ni tampoco se habían abierto expedientes previos.

En cuanto a la autorización para producir agua, que es en lo que se centraba este procedimiento contencioso que ha sido archivado, Club Lanzarote contaba con este permiso desde 2004 y pidió una prórroga en el año 2012. En ese momento, el Consejo no dio respuesta a esa solicitud y alegó que había sido denegada por silencio administrativo, pero los tribunales ya han tumbado esa tesis. “Carece de fundamentación jurídica”, señalaba la primera sentencia del TSJC que anuló la incautación. Al respecto, recordaba que la normativa establece que la extinción de la concesión debe ser declarada por el Consejo Insular “de forma expresa y en un expediente contradictorio” en el que se dé audiencia a los interesados y, en este caso, subrayaba que “tal expediente contradictorio brilla por su ausencia”.

Poco después de que llegara esa sentencia, lo que hizo San Ginés fue firmar un decreto revocando la autorización a Club Lanzarote. Después, le abrió un nuevo expediente y lo trasladó al Gobierno de Canarias para que adoptara medidas contra la empresa por operar sin permiso para producir agua. Ahora, con este acuerdo judicial, el presidente acepta dejar sin efecto su propio decreto y conceder la prórroga de la autorización solicitada por Club hace cuatro años, que “estará vigente hasta la completa recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento de Yaiza”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com