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NotaPublicado: Jue 04 Ene, 2018 2:18 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Club Lanzarote, que interpuso la querella que dio lugar a la causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y que el pasado mes de septiembre acusó al presidente, Pedro San Ginés, de mentir “de forma clamorosa” en ese procedimiento, ha decidido finalmente retirarse como acusación particular. La decisión llega tras el acuerdo alcanzado entre la empresa y Pedro San Ginés, que supone que Club podrá seguir vendiendo y cobrando el agua a los vecinos de Montaña Roja. La diferencia es que ahora como responsable de la venta figurará el Consorcio del Agua, que “cederá” a esta empresa la gestión del servicio a cambio de un canon por una parte del agua producida.

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“No estoy aquí para especular ni para creer”, declaró el pasado mes de noviembre San Ginés, cuando este medio le preguntó si el convenio supondría que Club Lanzarote se retirara también de la causa penal abierta contra él. En aquel momento, el presidente insistió en que el objetivo de ese acuerdo, que admitió que había negociado personalmente, solo era poner fin a los pleitos contenciosos iniciados por la empresa a raíz de la incautación de su desaladora, ordenada por Pedro San Ginés y anulada después por los Tribunales.

Sin embargo, poco más de un mes después de que San Ginés ofreciera esa rueda de prensa para hablar del acuerdo con Club, la empresa ha decidido retirarse también de la causa penal. Para ello, ya ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife, fechado el pasado 26 de diciembre, en el que el procurador se limita a señalar que “siguiendo expresas indicaciones de la empresa”, se “aparta” del procedimiento.

A diferencia de lo que ocurre con los pleitos contenciosos –en uno de los cuales ya fue validado el convenio-, en la causa penal solo se dirimen las responsabilidades personales de quienes intervinieron en la incautación, que están investigados por delitos de prevaricación y coacciones. Junto a San Ginés están imputados el secretario, Francisco Perdomo, el ex gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado externo Ignacio Calatayud, que mientras asesoraba a San Ginés en la incautación trabajaba para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas de Club Lanzarote.

La retirada de la empresa supone que no formalizará escrito de acusación como parte perjudicada ni estará representada en el juicio, más allá de su declaración como testigo, pero no afecta al resto del procedimiento. Y es que además de Club Lanzarote, en la causa es parte la Fiscalía, que ejerce la acusación del Ministerio Público, y también está personado el grupo de Podemos en el Cabildo como acusación particular.

En el caso de la Fiscalía, cabe recordar que el pasado mes de octubre señaló que ve “sobrados indicios” para llevar a juicio al presidente por un delito contra la administración pública y otro de coacciones. Con ese escrito, el fiscal pedía que se rechazara el recurso que presentó San Ginés contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa e inició el trámite para llevarle a juicio, abriendo el plazo para presentar los escritos de acusación.

En su momento, Club Lanzarote también pidió que fuera rechazado el recurso de San Ginés, con un duro escrito en el que acusaba al presidente de haber intentado “imponer su voluntad a la ley”, al incautar ilegalmente sus plantas para entregárselas a Canal Gestión. Además, sostenía que debía ir a juicio para responder de la “clamorosa arbitrariedad e injusticia de su resolución prevaricadora”.

Cuando la empresa presentó ese escrito ya había alcanzado un acuerdo con Pedro San Ginés, pero el presidente no había logrado que fuera aprobado ni en el Consejo ni en el Consorcio del Agua. Finalmente, el convenio negociado personalmente por San Ginés fue remitido a los Tribunales sin haber sido aprobado por ningún órgano, ya que ni siquiera en el Consorcio, donde CC ostenta la mayoría, recibió luz verde, y al Consejo ni siquiera llegó a llevarse.

En el auto previo a la apertura de juicio oral, el juez del Juzgado Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, consideraba “indiciariamente acreditado que el investigado, Pedro San Ginés Gutiérrez, en su condición de presidente del Consejo Insular de Aguas, llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley” al ordenar esa incautación. Y que lo hizo sin tener “competencias para ello”, sin que esa medida “desproporcionada” estuviera prevista por ninguna normativa, "sin que concurriera una situación de urgencia que lo justificara” y “sin conceder un trámite previo de audiencia” a la empresa propietaria de la planta, Club Lanzarote, “vulnerando su derecho de defensa”.

Además, añadía que San Ginés se valió de informes elaborados “ad hoc”, tanto por parte del que entonces era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, como por parte del abogado externo Ignacio Calatayud, que elaboró un dictamen tras la incautación “para dotar” la actuación del presidente de “una apariencia de legalidad” y para “tratar de dar, en alguna forma, cierta cobertura jurídica a la resolución prevaricadora”. Respecto a este letrado, que “tuvo un papel principal” en todo el procedimiento, el auto recordaba que asesoraba al mismo tiempo al presidente y a Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas, obteniendo gracias a ello “el consiguiente beneficio económico”. Y esa empresa que resultó beneficiada de la medida pagaba 3.300 euros mensuales más IGIC a Calatayud, mientras ejercía de asesor del presidente en la incautación.

La contratación de Calatayud también dio lugar a una pieza separada de esa causa, que actualmente se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. En el auto ordenando separar esta pieza, el magistrado señalaba que en ella, “lógicamente”, serían “investigados” el propio Calatayud y el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés.

Además, recientemente el presidente ha sumado una nueva imputación, al ser llamado a declarar en calidad de investigado en las nuevas diligencias abiertas como pieza separada de la causa por la quiebra de Inalsa. En ese procedimiento se investiga la adjudicación de obras a través del Consejo de Aguas “eludiendo” las normas legales de contratación pública. De las tres adjudicaciones que se investigan, dos se llevaron a cabo bajo la Presidencia de San Ginés y la suma que se pagó ascendió a 2,7 millones de euros.


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NotaPublicado: Vie 05 Ene, 2018 3:04 pm 
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NotaPublicado: Jue 07 Jun, 2018 3:50 pm 
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NotaPublicado: Mar 06 Nov, 2018 4:43 pm 
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El magistrado ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el presidente del Cabildo, el secretario de la Corporación y el ex gerente del Consejo de Aguas por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.

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El juez que instruye la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja ha ordenado la apertura de juicio oral contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, contra el secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, y contra el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, por delitos de prevaricación.

En un auto dictado este lunes 5 de noviembre, el magistrado Jerónimo Alonso concluye que la acusación popular, ejercida por el grupo Podemos en el Cabildo, “está legitimada para pedir en solitario la apertura de la causa a la celebración de juicio oral”, apuntando entre otras cosas que "la acción popular cobra especial relevancia en los delitos de corrupción". Además, subraya que la acusación particular, que ejercía Club Lanzarote como denunciante y dueña de las plantas incautadas, “no ha renunciado expresamente a las acciones penales que le pudieran corresponder como consecuencia del ilícito sino que se ha limitado a expresar su voluntad de apartarse de la causa”.

Esa decisión de “apartarse” del procedimiento se produjo justo después de que la empresa alcanzara un polémico acuerdo con el propio Pedro San Ginés, que negoció personalmente ese convenio con Club Lanzarote como presidente del Cabildo, del Consorcio y del Consejo de Aguas. Justo después, la empresa se retiró como acusación de la causa penal contra él, pero el juez subraya que “podría reincorporarse en cualquier momento previo a la celebración del juicio oral”.

Lo mismo ocurre además con el Ministerio Fiscal, que también tendrá que volver a pronunciarse ahora. Hasta hace unos meses, la Fiscalía venía defendiendo la existencia de indicios de criminalidad y se opuso a todos los recursos que presentaron los investigados contra el auto que puso fin a la instrucción de la causa en julio de 2017. Sin embargo, el pasado mes de mayo pidió “el sobreseimiento provisional de las actuaciones en tanto no obraran nuevos elementos de juicio”.

En ese escrito, la Fiscalía vinculaba su decisión al auto que acababa de dictar el polémico juez Salvador Alba –hoy apartado de la Audiencia Provincial y pendiente de juicio por graves delitos en el ejercicio de su cargo-, que acordó la desimputación de uno de los investigados, el abogado Ignacio Calatayud, Así, señaló que “ante la imposibilidad de formular acusación” contra este letrado, al que el resto de acusados señalaban como el “ideólogo” de la incautación, tampoco podía hacerlo contra los demás.

No obstante, pese a haber pedido ese sobreseimiento, el Ministerio Fiscal ha seguido defendiendo después los pasos dados por el juez para continuar las actuaciones. Incluso, a raíz de los últimos escritos de San Ginés pidiendo que se anularan las últimas diligencias practicadas en la causa, incluyendo el escrito de acusación presentado por Podemos, la fiscal no solo se opuso a que se aceptara esa solicitud sino que recordó que en caso de que el juez decidiera abrir juicio oral solo con la acusación popular, se le tendría que dar traslado para volver a pronunciarse.

En cualquier caso, en su auto, el magistrado insiste en que es suficiente con la acusación popular para llevar esta causa a juicio. “La acción popular cobra especial relevancia en los delitos de corrupción, en aquellas modalidades delictivas que, por su reiteración y por el menoscabo que generan en el tejido social, preocupan de forma especial a la ciudadanía”, señala el juez tras analizar distinta jurisprudencia que ha sentado ya el Tribunal Supremo.

“En esos casos es donde el ejercicio de la acción popular puede acabar beneficiando el interés general”, añade en su auto, en el que concluye que la acusación que ejerce el grupo Podemos en esta causa, a través de los consejeros Carlos Meca y Pablo Ramírez, está plenamente “legitimada” para poder sentar a los tres acusados en el banquillo, con una petición de 12 años de inhabilitación para cada uno.

“La acusación popular despliega su función más genuina en supuestos como el presente, en que los hechos objeto de la causa pueden considerarse constitutivos de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, pues se trata de un delito que afecta a bienes jurídicos de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter supraindividual”, añade, concluyendo que no se puede “reconocer al Ministerio Fiscal el monopolio del ejercicio de la acción penal”.

Al respecto, aunque precisa que “evidentemente no es aquí el caso”, también cita otra sentencia del Supremo que señala que “la acción popular puede asumir un importante papel en la persecución de aquellos delitos que infringen un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social, con respecto a los cuales se ha podido observar un escaso celo por parte del Ministerio Fiscal a la hora de ejercitar la acción y sostener la acusación penal”.

Tras la petición de sobreseimiento de la Fiscalía y la retirada de la acusación particular, los acusados apelaron a la conocida como “doctrina Botín” –que evitó que el banquero fuera a juicio- para pedir el archivo de la causa. En su auto, el juez analiza esa doctrina y señala que en aquella sentencia, que “emanó de un Pleno muy dividido, con múltiples votos particulares”, se hizo una aplicación “estricta y literal” de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concluyendo que “el acusador popular carecía de legitimación para sostener la acusación en solitario”.

Sin embargo, añade que esa sentencia después fue “matizada” por otra del Tribunal Supremo en el caso Atutxa. Ese fallo consideró que la interpretación que se hizo en el caso Botín no era aplicable cuando los delitos no tenían un solo perjudicado concreto. De esta forma, marcó un criterio que fue el que se siguió más recientemente en el caso de la Infanta Cristina, que también tuvo que sentarse en el banquillo pese a que solo lo pidió la acusación popular.

“El Tribunal Supremo entiende que la acción popular encuentra su razón de ser en el campo de los delitos donde están presentes intereses colectivos o sociales”, concluye el magistrado Jerónimo Alonso, que cita como ejemplo la malversación de caudales públicos y otros delitos de corrupción, y concluye que eso es lo que ocurre en este caso, justificando que continúe la causa contra Pedro San Ginés y los otros dos acusados hasta el juicio.


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NotaPublicado: Mié 07 Nov, 2018 4:02 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com