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NotaPublicado: Jue 16 Oct, 2014 1:03 pm 
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Este jueves por la mañana comenzó en los Juzgados de Arrecife el primer juicio de una pieza del caso Unión, en la que se acusa al ex consejero del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori y al fundador del PIL, Dimas Martín, de sustraer fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife y de la empresa Inalsa.

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El juicio, para el que se han fijado nueve sesiones, arrancó este jueves en Arrecife y se prolongará hasta el 28 de noviembre, cuando tanto la acusación como la defensa de los procesados está previsto que presenten sus conclusiones. Por el juicio desfilarán 50 testigos, propuestos por la Fiscalía y por los letrados de los acusados.

El tribunal se desplaza las cinco primeras sesiones a Arrecife para interrogar a los seis acusados en este procedimiento por presunta corrupción (el 16 y 17 de octubre). Así, declararán Dimas Martín, fundador del PIL; Rodríguez Batllori; José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco, ex concejales del PIL en Arrecife.

También declararán como acusados Plácida Guerra, ex consejera delegada de la empresa pública Inalsa; y Rafael Elorrieta, que fue gerente de Inalsa y vinculado familiarmente a Dimas Martín.

En el auto por el que se puso fin a la instrucción de este caso, la juez encargada del procedimiento recogió, como sostiene la Fiscalía, que existen "claros indicios" de sustracción de fondos públicos por parte de Rodríguez Batllori y Dimas Martín mediante trabajos facturados al Ayuntamiento de Arrecife y a Inalsa. La suma ronda los 40.000 euros.

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El lunes 20 de octubre comienza la declaración de testigos propuestos por la Fiscalía, con Enrique Pérez Parrilla, ex alcalde de Arrecife, y cuatro funcionarias del Ayuntamiento capitalino. También declararán Emilia Perdomo, concejal del PIL ahora no adscrita; el actual alcalde, Manuel Fajardo; Andrés Barreto, que fue edil de Alternativa Ciudadana; o el abogado de Inalsa.

Las defensas han pedido que comparezca María José Docal, consejera del PIL en el Cabildo; Roberto Acuña, que fue asesor de Inalsa; Carlos Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife; o Antonio Cabrera Panasco, tesorero del Consistorio capitalino, entre otros testigos.

El 18 de noviembre se reanudarán las sesiones del juicio con la declaración de agentes de la Guardia Civil, así como de Javier Sánchez Simón, ex presidente de la Autoridad Portuaria; Domingo Berriel, consejero regional de Política Territorial; el juez Juan José Cobo, que mientras estuvo en excedencia asesoró a Inalsa para formalizar el concurso de acreedores.

También declararán como testigos miembros del Gobierno de Canarias como Adrián Mendoza o Juan de Dios Fernández; el director de Endesa en Canarias, Pablo Casado; o Antonio Castro Feliciano, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias durante una larga etapa.

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La Fiscalía solicita seis años de cárcel para Dimas Martín, por dos delitos continuados de fraude en concurso con malversación y prevaricación, y ocho años de cárcel para Rodríguez Batllori por los mismos dos cargos, más un tercero de falsificación de documentos.

La acusación sostiene que el fundador del PIL influyó para que facturase a las citadas entidades por trabajos supuestamente inexistentes, mientras que hacía gestiones para conseguirle el tercer grado penitenciario.

A los otros cuatro acusados, la Fiscalía pide que se les imponga una pena de cinco años de prisión y 10 de inhabilitación absoluta a todos ellos, salvo a José Miguel Rodríguez. Para este último pide un año de cárcel por haber colaborado con la investigación y depositar los 16.941 euros que admite haber pagado desde el Ayuntamiento a Rodríguez Batllori.

En el caso de Inalsa, se le abonaba a Batllori cada dos meses un pago de honorarios por supuestas labores de asesoramiento. Entre marzo de 2008 y abril de 2009 cobró un total de 26.089 euros, que le fueron abonados en su cuenta personal tras presentar seis facturas "inveraces" y por unos servicios no realizados, según la Fiscalía.

Tanto el Ayuntamiento de Arrecife como Inalsa se han personado en el procedimiento judicial para reclamar “la cuantía indebidamente pagada al acusado Rodríguez Batllori”, según se destaca en el escrito de acusación.

La Fiscalía destaca que entre Martín y Rodríguez Batllori, de forma “grosera” idearon “cómo pagar con dinero público” al segundo a “por no hacer nada útil, necesario y relevante”. Subrayan el caso de Inalsa, que ya contaba “con asesoramientos retribuidos por despachos profesionales especializados”.

Además, la Fiscalía destaca que Batllori “omitió descaradamente” que ya era funcionario del Gobierno de Canarias, incumpliendo “el principio fundamental de la dedicación del personal al servicio de las administraciones públicas a un solo puesto de trabajo”.

Así, “dejó de lado, por su afán de enriquecerse a costa del peculio público, la exigencia legal prevista en la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, que exige de los servidores públicos, un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, la moralización de la vida pública y la eficacia de la Administración”.

El Ministerio Fiscal destaca “la manifiesta imposibilidad legal de que un funcionario al servicio de la comunidad autónoma de Canarias percibiera legítimamente de manera simultánea tres sueldos con cargo a fondos públicos”.


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NotaPublicado: Jue 16 Oct, 2014 4:25 pm 
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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 9:58 am 
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Mira a ver lo de Batllori. Sácamelo hoy, porque si no le pego dos tiros o me los pega él a mí”. Esta frase ha roto el silencio en la sala donde se estaba celebrando el primer juicio del caso “Unión”. El fiscal Javier Ródenas había pedido que se escuchara una de las conversaciones grabadas por la UCO durante la investigación, y cuando el funcionario le ha dado al “play”, lo que se ha escuchado era la voz de Dimas Martín lanzando esa frase al entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez.



Tras ésta, se han escuchado otras conversaciones telefónicas entre ambos, en las que siempre se repetía un mensaje similar. “¿De las facturas de Batllori has podido hacer algo?” “Mira lo de Batllori si me lo puedes sacar”, le decía Dimas en distintas ocasiones a José Miguel Rodríguez, sin saber que en ese momento sus teléfonos estaban intervenidos por orden judicial.

Las grabaciones se han ido escuchando durante la declaración de Rodríguez, que ha confesado los hechos que se le imputan y ha mostrado su conformidad con la pena que solicita para él el fiscal, de un año de prisión. “Estoy arrepentido”, ha reiterado varias veces durante su declaración.

Además, se ha ratificado en sus anteriores declaraciones en sede judicial, en las que aseguró que autorizó pagos a Rodríguez Batllori por servicios que no había prestado. “Pagué siguiendo instrucciones de Dimas”, ha afirmado durante el juicio, asegurando que todos los concejales del PIL que en ese momento estaban en el Ayuntamiento de Arrecife coincidían en que Batllori realmente no estaba haciendo ningún trabajo que justificara esos pagos.

Para las áreas que dependían de mí, desde luego que no. Pero en el PIL nos reuníamos todos los lunes y todos decíamos que el señor Batllori no había hecho ningún trabajo. Manifestábamos todos la misma convicción”, ha declarado, pese a que el abogado y ex consejero del Gobierno canario asegura que asesoraba a dos concejales del PIL.

Rodríguez ha explicado que poco después de que el que había sido cabeza de lista del partido, Antonio Hernández, renunciara a su acta, Dimas le pidió que acudiera a una reunión en la cafetería del Gran Hotel para que él y todos los concejales del PIL en Arrecife conocieran a Rodríguez Batllori. “Me lo presentó María José Docal. Se nos dice que nos va a ayudar por nuestra inexperiencia”, ha relatado el ex edil.

Sin embargo, pese a que el abogado de Batllori se ha aferrado a esa reunión alegando que existía un “compromiso verbal” de la contratación de su cliente, José Miguel Rodríguez ha subrayado lo que “se pactó es que iba a prestar unos servicios que no se prestaron”, y que tampoco llegó a existir nunca un contrato formal.

“¿El interventor dio validez a los pagos? ¿Dijo que eran excesivos?”, ha insistido el abogado e hijo de Batllori. “Entiendo excesivo pagar por un servicio que no se prestó”, ha zanjado Rodríguez.

El mismo letrado le ha preguntado si al margen de las cartas y las conversaciones telefónicas que están incorporadas a la causa, recibió “algún tipo de presión” anterior, dado que esas pruebas son de marzo de 2009 y los pagos a Batllori se venían realizando desde 2008. Al respecto, Rodríguez no ha sabido precisar si existían cartas anteriores, aunque tras varias preguntas del abogado ha terminado afirmando que “siempre” que autorizó pagos a Batllori es porque habían recibido instrucciones de Dimas para hacerlo.

Además, ha implicado directamente a otra de las acusadas en esta causa, Luisa Blanco, que también aparece mencionada en las conversaciones que se han escuchado durante la vista. En ellas, Rodríguez le explicaba a Dimas que aún no podía realizarse el pago a Batllori porque faltaba la firma de la entonces concejal de Recursos Humanos.

Luisa decía que Batllori nunca realizó ningún tipo de trabajo”, ha declarado José Miguel Rodríguez durante el juicio. Sin embargo, tanto en las conversaciones grabadas como en el juicio, Rodríguez ha asegurado que finalmente la edil terminó firmado esas facturas para que fueran abonadas, supuestamente después de recibir una llamada de Dimas.

Rodríguez también ha declarado que si dejaron de pagar facturas desde el Ayuntamiento a Batllori es porque la institución “no es una ONG”. Según ha relatado, las últimas facturas le llegaron “vía carta de Dimas Martín”, pero las primeras se las llevó personalmente el propio Rodríguez Batllori a su despacho. Y en esos encuentros, no le hablaba de los supuestos trabajos que había hecho que justificaran esas facturas, sino de su situación personal y de los problemas económicos que estaba atravesando.

“Todo el grupo PIL” en el Ayuntamiento de Arrecife “estaba de acuerdo en dejar de pagarle, porque las facturas no se correspondían con ningún trabajo”, ha reiterado Rodríguez.

Por su parte, los abogados del resto de las defensas han intentado poner en entredicho la confesión de José Miguel Rodríguez, que se ha declarado culpable e incluso ha devuelto el dinero que presuntamente malversó. “Conforme se le iba deteniendo, enviando a prisión, volviendo a detener… ¿fue sumando a más personas en su confesión?”, le ha preguntado la abogada Luisa Blanco, refiriéndose a los dos arrestos de Rodríguez dentro del caso Unión, ya que está imputado en varias piezas. “Cuando me arrepentí, colaboré en todo lo que pude”, ha respondido el ex edil.

Por su parte, el abogado de Dimas le ha llegado a preguntar si tenía un “pacto con el fiscal”, pero ahí ha intervenido el propio presidente de la Sala para decirle a Rodríguez: “No conteste”. Ésta ha sido solo una de las ocasiones en las que el magistrado ha tenido que intervenir ante preguntas y comentarios del letrado de Dimas, Manuel González Peeters, conocido por ser abogado del ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres.

En otro momento del interrogatorio a Rodríguez, el letrado le ha planteado una supuesta contradicción entre la declaración que el ex edil estaba realizando en el juicio y la que realizó durante la instrucción, ya que entonces dijo que Batllori “supuestamente trabajó para Luisa Blanco y Eduardo Lasso”, ambos ex concejales del PIL en Arrecife. “Yo no veo la contradicción, ¿cuál es la pregunta?”, ha planteado el magistrado que preside la Sala, Emilio Moya, subrayando que decir “supuestamente trabajó”, no es lo mismo que decir que trabajó. “Usted no tiene la palabra, ¡cállese!”, le ha llegado a decir el juez al abogado en otro momento del juicio, cuando Rodríguez estaba respondiendo a las preguntas del fiscal.

Además, dentro del clima tenso que ha marcado sobre todo las dos primeras horas del juicio, en las que se han planteado las cuestiones preliminares y las defensas de cinco de los acusados han pedido la suspensión de la vista y la anulación de todas las actuaciones, el presidente de la Sala también ha tenido que interrumpir en varias ocasiones al letrado, al entender que se estaba desviando del tema que tocaba abordar en ese momento.


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 10:05 am 
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"Soy maestra de primaria”. Ésa ha sido una de las primeras frases que se ha escuchado decir a la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, durante el juicio que ha arrancado este jueves en Arrecife. Al igual que otros dos acusados en esta causa, por el presunto pago de facturas falsas a Francisco Rodríguez Batllori desde Inalsa y desde el Ayuntamiento de Arrecife, Guerra se ha negado a contestar al fiscal y solo ha respondido a su abogado, que ha empezado preguntándole por su profesión.

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“¿Maestra de niños… pequeños?”, ha insistido su letrado, subrayando la pregunta y acompañándola incluso de un gesto con la mano, al decir “pequeños”. A continuación, el letrado ha profundizado en la misma línea, preguntando a su cliente (que fue durante años consejera delegada de Inalsa) si tiene algún estudio en “gestión de empresas”. La respuesta, la esperada: “no".

A preguntas de su abogado, Plácida Guerra ha ido afirmando que “le superaba” la situación en la que se encontraba la empresa pública de aguas; que no había “nadie” en Inalsa “para afrontar el conflicto laboral” que tenían abierto en ese momento; y que tampoco tenían un interlocutor con uno de los principales acreedores, Endesa, con quien tenían “una situación muy tensa” que “ya era imposible”, porque les había enviado “un fax amenazante”, advirtiendo con cortar el suministro eléctrico, y necesitaban un “moderador”.

Y todo este preámbulo de respuestas, a preguntas de su abogado, ha sido para llegar a la necesidad, según Plácida Guerra, de contar con los servicios de Rodríguez Batllori. “Me veía sola. Necesitaba el apoyo de alguien. Cuando llegó me sentí aliviada. Vi que daba empuje, empezábamos a caminar”, ha declarado la ex consejera, que ha negado que hiciera esos pagos a Batllori siguiendo instrucciones de Dimas Martín.

“¿Quedó satisfecha con el trabajo que realizó Rodríguez Batllori?”, le ha preguntado su abogado. “Hubiera quedado más satisfecha si se hubiera podido culminar”, ha respondido Guerra, asegurando que si no se terminó ese supuesto trabajo fue porque estalló la Operación Unión, se rompió el pacto y “expulsaron” al PIL del grupo de gobierno.

Sin embargo, tal como ha subrayado el fiscal, tampoco en Inalsa (al igual que ocurre en el Ayuntamiento de Arrecife) hay un solo informe o dictamen elaborado por Rodríguez Batllori, pese a que Plácida Guerra sí ha relatado varios temas en los que supuestamente asesoró, como el convenio colectivo, los despidos que pretendían llevar a cabo o el concurso de acreedores en el que finalmente tuvo que entrar la empresa.

Si contrataron a Cobo Plana y Abogados por 20.000 euros para el concurso de acreedores, ¿cómo pudo usted permitir que se pagara dos veces por el mismo asesoramiento?”, le ha preguntado el fiscal, sin encontrar respuesta de la ex consejera. Tampoco ha explicado por qué hay facturas que se abonaran a Batllori antes incluso de que constaran en el Registro de Entrada de Inalsa, donde figuran registradas en una fecha posterior al día en que se realizó el pago. “¿Cómo es posible autorizar un pago si ni siquiera tenía la factura?” “¿Cómo se puede fijar un precio si no había objeto del contrato, porque no había contrato?”, ha ido preguntando el fiscal ante el silencio de la ex consejera.

Tampoco ha respondido a por qué era necesario contar con Batllori para esos temas cuando Inalsa “tenía 13 o 14 profesionales expertos”, aunque a preguntas de su abogado ha afirmado que había “una carencia porque no había departamento de recursos humanos”. Respecto a la ausencia de un contrato firmado con Batllori, ha afirmado que ella solo “propuso la contratación” y después dejó el tema “en manos del jurista”, sin aclarar a quién se refería.

Además, Plácida Guerra ha hecho hincapié en otro de los servicios que supuestamente prestó Rodríguez Batllori a Inalsa: gestionar cursos de formación a través de Femepa. “¿Le costaron algo esos cursos a Inalsa?”, le ha preguntado su abogado. “No sé cuánto costaron”, ha respondido Guerra. “¿Pero algo o nada?, insistió su abogado, que parecía esperar otra respuesta. “Algo sí”, ha respondido Plácida, sin saber precisar cuánto.

El abogado de Plácida Guerra también ha preguntado a su defendida por su relación con el sindicalista y miembro de Alternativa Ciudadana Andrés Barreto, que presentó en Fiscalía facturas presuntamente fraudulentas de Batllori a Inalsa, que se incorporaron a esta causa.

“Tuve un episodio muy desagradable con él. Salió en un medio diciendo que yo cobraba de la Consejería de Educación y de Inalsa. Le pedí que rectificara, no lo hizo y volvió a salir diciendo lo mismo en otro medio”, ha relatado Plácida Guerra, después de que su abogado le preguntara si Barreto tenía alguna “animadversión” hacia ella.

“Es un señor muy impetuoso y con falta de respeto. Para mí como mujer era muy incómodo sentarme con él en la mesa”, ha llegado a afirmar, en referencia a las reuniones a las que acudía Barreto como representante de los trabajadores. “Dejé de ir a esas reuniones”, ha afirmado la ex consejera.


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 10:07 am 
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El último en declarar este jueves ha sido el ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta, que también se ha acogido a su derecho a no declarar y solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Y en sus respuestas, lo primero que ha querido dejar claro es que su vinculación familiar con Dimas Martín es posterior a su contratación por parte de Inalsa.

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“Cuando me contrataron no conocía a nadie en Lanzarote”, ha afirmado Elorrieta, que actualmente es yerno de Dimas Martín. “¿Conocía a Elena Martín?”, le ha preguntado su abogado. “No sabía ni de su existencia”, ha respondido, subrayando que su relación personal comenzó después.

Aunque el fiscal le ha preguntado si una vez creado ese vínculo familiar con Dimas, éste le influyó para que autorizara pagos a Batllori, Elorrieta no ha respondido. Después, a preguntas de su abogado, ha mantenido la misma línea de Plácida Guerra, refiriéndose a supuestas reuniones en las que participó Rodríguez Batllori relativas al convenio colectivo y al concurso de acreedores. Incluso, entre los supuestos “trabajos” que Batllori realizó para Inalsa, Elorrieta ha incluido que “hizo de mediador” para que la dirección de Inasa mantuviera una reunión con un director general del Gobierno canario.

Sin embargo, no ha respondido nada sobre la ausencia de contrato firmado con Batllori ni sobre por qué no consta un solo informe por escrito del abogado y ex consejero canario. Al respecto, el fiscal ha recordado que durante la instrucción, Elorrieta declaró en sede judicial que “Batllori no era idóneo porque fue asesoramiento solo verbal”.


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 10:10 am 
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La primera jornada del juicio por el pago de facturas por trabajos presuntamente no prestados a Francisco Rodríguez Batllori ha llegado a su fin este jueves con la declaración de cuatro de los seis imputados (los otros dos lo harán este viernes), después de que la Audiencia Provincial decidiera rechazar la solicitud de suspender la vista.

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La petición la habían formulado cinco de los seis acusados, alegando supuesta indefensión y vulneración de derechos fundamentales y constitucionales. Sin embargo, tras un receso de hora y media, la Sala ha rechazado suspender la vista y ha determinado que el resto de las cuestiones previas planteadas durante la mañana por las defensas, que han pedido incluso la anulación de todas las actuaciones, se resolverán al dictar sentencia.

Al reanudar la sesión, ha comenzado la declaración de los imputados, aunque de momento solo uno de ellos ha respondido a todas las preguntas. Ha sido el ex concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez, que durante la instrucción ya había confesado los hechos de los que se le acusa e incluso ha devuelto ya el dinero presuntamente malversado. Durante el juicio, ha ratificado su confesión y ha asegurado que autorizó pagos a Batllori por trabajos que realmente no había prestado, cumpliendo órdenes de Dimas Martín.

A continuación ha llegado el turno de la ex concejal de Recursos Humanos de Arrecife, Luisa Blanco, de la ex consejera de Inalsa, Plácida Guerra, y del ex gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta. Y los tres han decidido acogerse a su derecho a no declarar, respondiendo solo a las preguntas de su abogado.

Aún así, el fiscal Javier Ródenas ha ido trasladando una a una las preguntas que tenía previstas para ellos, mientras los acusados guardaban silencio. Ni siquiera han hablado para defenderse. En el caso de Luisa Blanco, se ha negado a responder incluso al abogado de Dimas Martín, que le ha preguntado si lo que había declarado previamente José Miguel Rodríguez era “cierto o manifiestamente falso”.

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Pese a que en esa declaración, Rodríguez ha implicado directamente a Luisa Blanco, afirmando que ella autorizó pagos a Batllori pese a que le constaba que no había realizado ningún trabajo para el Ayuntamiento, la ex edil tampoco ha respondido a esa pregunta ni ha desmentido a su ex compañero.

Por su parte, en su larga lista de preguntas que no han encontrado respuesta, el fiscal ha hecho referencia a una declaración previa en el Juzgado de Luisa Blanco, en la que afirmó que Batllori le había asesorado sobre si los policías debían llevar guantes. “¿Autorizó usted el pago de más de 7.000 euros por decirle si los policías debían llevar guantes?”, le ha preguntado el fiscal, mientras la ex edil seguía guardando silencio.

Cuando ha llegado el turno de preguntas de su abogada, Luisa Blanco ha roto su silencio y ha afirmado que pese a ser concejal de Recursos Humanos no tenía “competencias delegadas”, que su trabajo consistía en “planteamientos laborales”, en atender “quejas de los trabajadores” y en “labor burocrática”, pero que incluso las nóminas que se hacían en su departamento las firmaba el alcalde y que ella no hacía “contrataciones”.

Respecto a la supuesta contratación de Rodríguez Batllori para asesorar a su departamento, ha afirmado que ella se limitó a trasladarle al concejal de Hacienda la necesidad de contar con un abogado laboralista en Recursos Humanos. “No le dije que fuera Batllori, solo que necesitaba alguien”, ha declarado, asegurando que fue José Miguel Rodríguez quien le envió a este abogado.

Lo que no ha aclarado (porque su abogada no se lo ha preguntado y a los interrogantes del fiscal se ha negado a responder) es qué labor desempeñaba exactamente Batllori en el Ayuntamiento. Al respecto, Luisa Blanco se ha limitado a decir que mantenía reuniones con ella y con una técnico del área. “Unas cuantas veces, no recuerdo exactamente”, le ha respodido a su letrada, cuando ésta le ha preguntado cuántas veces se reunieron.

Después, ha explicado que si terminaron prescindiendo de sus servicios fue porque Batllori “no iba a los pleitos” y decidieron contratar a otro abogado. Una declaración que contrasta con la versión que ha dado José Miguel Rodríguez, que asegura que todos los concejales del PIL decidieron que se dejara de abonar facturas a Rodríguez Batllori porque realmente no estaba prestando servicio alguno para el Consistorio. Durante la instrucción y en la primera jornada del juicio ha quedado claro que no existía contrato alguno firmado, y tampoco hay ningún documento, informe o papel que acredite el supuesto asesoramiento.


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 2:13 pm 
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Estracto de conversación sobre necesidad de Batllori de que se solucione "lo suyo":
http://www.ivoox.com/batllori-apremia-a ... 9265_1.mp3

Conversación teléfonica entre Batllori y Dimas Martín:
http://www.ivoox.com/conversacion-telef ... 9165_1.mp3


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 2:17 pm 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

Las declaraciones de los acusados en el primer juicio del caso Unión han llegado a su fin pasadas las 11,30 horas de este viernes, mucho antes de lo que cabía esperar, después de que Francisco Rodríguez Batllori se negara también a declarar. En cuanto a Dimas Martín, que era el último que debía prestar declaración durante esta jornada, sí ha atendido a las preguntas de la Fiscalía, aunque la mayoría no las ha respondido.

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Quiero decirles que de todo lo relacionado con lo que encontraron en mi celda no voy a reconocer nada, porque no sé qué se llevaron. Mientras la registraban yo estaba metido en el baño”, ha comenzado diciendo Dimas. “Conteste a la pregunta”, le ha dicho el magistrado que preside la Sala, recordándole que sólo debía decir si reconocía o no los documentos por los que le estaba preguntando el fiscal.

Por su parte, Francisco Rodríguez Batllori, aunque no ha contestado una sola pregunta del fiscal, sí ha intervenido para negar que fuera suya la voz que se ha escuchado durante el juicio, en conversaciones con Dimas Martín que fueron grabadas por la UCO. Además, ha negado ser el autor de las cartas que aparecieron en la celda de Dimas Martín y en el despacho del entonces concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel Rodríguez.

“¿Usted en algún momento advirtió a José Miguel Rodríguez de que estaba recibiendo cartas de alguien que se hacía pasar por Batllori?”, le ha preguntado después el fiscal a Dimas Martín. “No lo recuerdo”, “no recuerdo haber recibido cartas”, se ha limitado a responder Dimas.

Y es que en esas cartas está el origen de esta investigación y una de las pruebas clave, ya que en ellas Dimas Martín, que en ese momento estaba en prisión, daba instrucciones a José Miguel Rodríguez para que realizara pagos a Batllori desde el Ayuntamiento de Arrecife.

El resto de las pruebas son la propia confesión de Rodríguez, que admite haber pagado al abogado y ex consejero canario por trabajos no prestados cumpliendo "órdenes de Dimas"; y las conversaciones grabadas de Dimas con Rodríguez y con el propio Batllori. En estas últimas, que se han escuchado este viernes durante el juicio, el ex consejero canario informa al líder histórico del PIL de las supuestas gestiones que estaba realizando para que no se le retirara a Dimas el tercer grado penitenciario. Incluso, hablaba de supuestas gestiones ante altos cargos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Fiscalía.

“Señoría, no reconozco mi voz. Yo no he hecho esa llamada”, ha ido repitiendo Batllori tras escuchar cada una de las comprometedoras conversaciones que se han reproducido durante la vista. Ante esta afirmación, el fiscal ha pedido que quedara constancia de la declaración que Rodríguez Batllori realizó en los Juzgados tras su detención, cuando sí reconoció su voz e incluso “matizó el contexto” en el que dijo esas palabras.


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NotaPublicado: Vie 17 Oct, 2014 6:05 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Dimas Martín sí acepto este viernes en el primer juicio del caso Unión preguntas de la Fiscalía aunque con restricciones. Dijo que no iba a contestar a nada que tuviera que ver con el registro de su celda, con las cartas de Batllori ni con las conversaciones pinchadas. “No recuerdo haber recibido cartas de Batllori ni reconozco esas conversaciones”, señaló.



Ante esas afirmaciones, y después de haber escuchado las conversaciones, el fiscal le preguntó si alertó a José Miguel Rodríguez de que estaba recibiendo cartas en la cárcel “de alguien que se hacía pasar por Batllori”.

Dimas aseguró que él no contrató a Batllori, sino que llegó por mediación de María José Docal, y que había otros dos candidatos que se desecharon porque tenía relación de parentesco con los concejales, que se trataba de José Manuel Fiestas y de Juan Carlos Becerrra. “A ellos nunca se les comunicó pero se barajó”.

Dijo que se buscaban a alguien con conocimientos en el campo laboral aunque el fiscal le dijo que entonces por qué Batllori asistió a una reunión en una oficina en desuso de Inalsa para hablar sobre el Plan General de Arrecife, y contestó que él no sabía lo que hacía Batllori ni le fiscalizaba, que de eso se encargaban los concejales. Sí admitió que estuvo en varias reuniones junto a Batllori, una de ellas con el abogado Cobo Plana, para tratar sobre el concurso de acreedores de Inalsa.

Sobre José Miguel Rodríguez dijo que sólo lo conocía desde que era concejal y que no tenía una relación de cercanía con él sino que éste le llamaba para consultarle asuntos, pero que no recuerda haberle enviado cartas, y sobre si instigaba a Rodríguez dijo que “su formación (la de Rodríguez) le impide este tipo de instigamiento porque tendrá suficiente temple como para no dejarse instigar por nadie”. “Yo nunca he utilizado a nadie”, aseguró Dimas.

Respecto a Inalsa dijo que cuando se contrató a Rafael Elorrieta como gerente no tenía una relación con su hija, sino que fue posterior. “De los entresijos interiores de Inalsa no tengo ni idea” dijo, igual que del Ayuntamiento, ya que aseguró que nunca llamó al alcalde ni fue por la sede consistorial. Señaló que sabía de la situación de la empresa y de las instituciones por los medios de comunicación.

El político lanzaroteño detalló las fechas de su consecución y retirada de su tercer grado y el fiscal le preguntó si no le parecía extraño que eso mismo que él cuenta se refleje en las conversaciones escuchadas en la Sala.

A preguntas de su abogado, que tan sólo hizo cuatro preguntas, dijo que él no tenía poder de decisión en el PIL y que eso forma parte de “manifestaciones intencionadas y leyendas urbanas de Lanzarote” y que no intervenía en las gestiones de Inalsa ni de Arrecife. “Los hechos son falsos”, dijo.


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NotaPublicado: Lun 20 Oct, 2014 10:11 am 
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Fuente ser lanzarote:

Dimas enfadado por la denegación del tercer grado:
http://www.ivoox.com/dimas-enfadado-den ... 9499_1.mp3

Batllori explica a Dimas sus gestiones sobre el tercer grado:
http://www.ivoox.com/batllori-explica-a ... 9189_1.mp3


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NotaPublicado: Lun 20 Oct, 2014 4:44 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, así como varios funcionarios y técnicos del Ayuntamiento capitalino han declarado este lunes como testigos en el primer juicio del caso “Unión” y todos ellos han coincidido en señalar que no tenían constancia de la existencia de un contrato con Francisco Rodríguez Batllori, ni de trabajo alguno realizado por él para la institución. “Desde luego que asesor del Ayuntamiento no era”, ha declarado Pérez Parrilla.

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Respecto a la posibilidad de que un concejal tuviera autonomía para contratar un asesoramiento externo, cuestión a la que se ha referido la defensa, Pérez Parrilla ha sido tajante: “En otras instituciones de mayor rango puede ser, pero un concejal no es un ministro”, ha afirmado el ex alcalde, que ha dejado claro que las contrataciones dependían del alcalde o del Pleno y, por tanto, esta competencia era “indelegable”.

Tras Pérez Parrilla han declarado Sheila Aguiar, Asenet Padrón, María Del Carmen Villaverde y Pilar Machín, funcionarias y técnicas del Ayuntamiento, que han coincidido en señalar que desconocen cualquier expediente de contratación o cualquier documento que acredite que realmente Batllori prestó algún trabajo para el Consistorio. "A mí no me consta nada de ese señor", ha declarado por su parte la que en esa época era secretaria del Ayuntamiento, Asenet Padrón.

En esta parte de las declaraciones, el nombre que más se ha repetido es el del interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, ya que los pagos recibieron su visto bueno. Durante el juicio, las defensas han intentado sostener que si no tenían reparos de Intervención, era porque procedía hacer esos pagos. Sin embargo, una técnico de este departamento, María Del Carmen Villaverde, ha subrayado que las facturas no estaban avaladas por ningún contrato y ha apuntado que algunos de los expedientes de pago que le han mostrado durante el juicio no estaban suficientemente completos.

Estaba previsto que Carlos Sáenz declarara esta misma tarde a solicitud de dos de las defensas. No obstante, la de una de las acusadas, Luisa Blanco, ha renunciado a su testimonio por la mañana, pero lo ha mantenido la defensa de Batllori. Un par de horas después y tras un receso, el letrado del ex consejero del Gobierno de Canarias también ha renunciado al testimonio de Sáenz, que finalmente no tendrá que declarar como testigo. El interventor de Arrecife está imputado en dos piezas de “Unión” y también en el caso Montecarlo, donde fue detenido e, incluso, estuvo en prisión provisional.

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NotaPublicado: Mar 21 Oct, 2014 9:53 am 
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“El único documento que tengo yo en relación con Francisco Rodríguez Batllori son las facturas”. Con esa contundencia se ha pronunciado el que era director de Administración de Inalsa, Juan Manuel González, cuando se autorizaron pagos por valor de más de 26.000 euros al ex consejero del Gobierno canario. Durante su declaración como testigo de la Fiscalía, González ha vuelto a repetir varias veces este mismo mensaje con distintas palabras.

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“¿Le comentaron el gerente, Rafael Elorrieta, o la consejera Plácida Guerra, algo sobre los servicios de Batllori?”, ha preguntado el fiscal. “No, solo me llegaban las facturas”. “¿Participaba en reuniones?” “No, a la oficina venían las facturas”, ha insistido. “¿Pero supo algo de su trabajo, vio algún documento?” Y de nuevo la misma respuesta: “No, solamente llegaban las facturas”.

Durante su declaración, el que era en esa época director de Administración de Inalsa ha afirmado que quien autorizó esos pagos a Batllori fueron el gerente y la consejera. “¿Y nunca le dijeron que trabajara para Inalsa”, ha vuelto a preguntar el fiscal. “Nunca”. Además, ha confirmado que tampoco había ningún expediente de contratación, ni le comentaron nunca que estuvieran contando con sus servicios como asesor. “¿Usted que hablaba habitualmente con Elorrieta, le dijo alguna vez qué hacía Batllori?”, ha insistido el fiscal. “No, nunca”, ha vuelto a responder el testigo.

Tampoco, según ha declarado, había ningún documento o propuesta de gasto que detallara a qué correspondían esos pagos. “¿Sólo lo que escribía en la factura el propio señor que quiere el cobro?”, ha preguntado Ródenas. “Sí”, ha confirmado el testigo.

Al menos una de esas facturas, según puso de relieve el fiscal durante la primera jornada del juicio el pasado jueves, se pagó incluso antes de que se presentara físicamente en Inalsa. Otra, por valor de más de 6.000 euros, corresponde a meses incluso anteriores a la supuesta “contratación verbal” de Rodríguez Batllori. “Ahí me equivoqué, hice un corta y pega de una del Ayuntamiento”, afirmó al respecto el acusado en su declaración, en la que se negó a responder a preguntas del fiscal.

Además, en referencia al argumento de la defensa, que sostiene que había una necesidad en Inalsa de contar con alguien para temas laborales, el que era director de Administración ha confirmado que no existía departamento de recursos humanos, pero ha explicado que sí había personas que llevaran esos temas. Por un lado, personal propio que se encargaba de la parte administrativa, y por otro dos asesores externos: uno para los temas relacionados con el convenio laboral y otro para el tema de los seguros. Y ninguno de los dos era Rodríguez Batllori.

Por su parte, el abogado de Dimas Martín le ha preguntado si como director de Administración “necesitaba que le justificaran la razón del pago” o si el gerente y la consejera “le tenían que rendir cuentas”, a lo que ha contestado que no. Y también a preguntas de la defensa de Batllori ha señalado que no tenía relación con todos los proveedores de Inalsa. Sin embargo, ha señalado que tanto Guerra como Elorrieta “en ocasiones” le “pedían consejo” y que acudía a reuniones.

El resto de las preguntas de los abogados se han centrado, sobre todo, en saber cómo pudo tener acceso uno de los denunciantes en esta pieza, Andrés Barreto, a las facturas que llevó a Fiscalía para poner en conocimiento de la Justicia estos pagos a Rodríguez Batllori, al entender que correspondían a trabajos no prestados.

Por su parte, la abogada de Plácida Guerra también le ha preguntado si “tiene constancia de que Inalsa le esté reclamando a Batllori lo que le pagó”, a lo que la respuesta ha sido “no”. Cabe recordar que cuando se inició esta causa, Inalsa estaba en concurso de acreedores y, posteriormente, su gestión pasó a manos privadas. Quien sí está reclamando como parte perjudicada es el Ayuntamiento de Arrecife, que está personado como acusación en la causa.

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De hecho, otro de los testigos que ha declarado este lunes ha sido el actual alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo. “Reclamamos por si supuestamente se han visto alterados los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Arrecife”, ha explicado a preguntas del fiscal. Además, tal como ya habían apuntado el ex alcalde y varios técnicos del Consistorio, Fajardo Feo ha confirmado que por lo que él ha podido saber “no hay ningún contrato” con Rodríguez Batllori en el Ayuntamiento y que tampoco hay “nada” que acredite el supuesto trabajo que realizó.


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NotaPublicado: Mar 21 Oct, 2014 9:59 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El ex sindicalista y miembro de Alternativa Ciudadana Andrés Barreto, que ha negociado “durante 30 años convenios colectivos de Inalsa”, no sabe “de dónde sale Francisco Rodríguez Batllori”. Así lo ha declarado este lunes durante la tercera jornada del juicio de Unión por el pago de facturas presuntamente falsas por parte de Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife.

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Según Barreto, que presentó una denuncia y llevó facturas de Inalsa a la Fiscalía tras estallar la Operación Unión, Batllori “no ha participado en ningún tipo de negociación de Inalsa” con los trabajadores, ni tampoco pudo gestionar, como sostiene su defensa, cursos de formación para los empleados, puesto que según Barreto “esas competencias estaban delegadas en el Comité de Empresa”.

Respecto a la supuesta necesidad de contar con un asesor en materia laboral, como sostienen los acusados, Barreto ha sido contundente. “¿Necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Usted sabe cuántos asesores había en Inalsa?”, ha respondido en tono exclamativo al abogado de Plácida Guerra, cuando éste le ha preguntado cómo podía saber él cuáles eran las necesidades de la consejera.

“Tenía todos los asesoramientos habidos y por haber, y bien remunerados para asesorar al gerente y a toda Inalsa”, ha subrayado Barreto, en referencia a los asesores que constaban oficialmente contratados, y entre los que no se encontraba Rodríguez Batllori, que entre marzo de 2008 y febrero de 2009 cobró más de 26.000 euros sin tener contrato.

Además, como asesor del Comité de Empresa y responsable de la negociación en nombre de los trabajadores durante décadas, Barreto ha explicado que las supuestas labores que asegura haber realizado Batllori, corrían a cargo de otras personas. Así, ha explicado que estaba “muy definido quién negociaba” el convenio colectivo, que era un despacho de abogados externo, y también ha puesto nombre a la persona que se encargaba del asesoramiento en materia laboral.

En este punto también ha coincidido con el testimonio aportado por el director de Administración de Inalsa, que ha negado tener constancia de trabajo alguno realizado por Batllori, y ha explicado que era otro asesor el que se encargaba de los temas laborales.

“Podrían necesitar una segunda opinión”, ha insistido el abogado de Plácida Guerra. “Si fuera así, para eso tenían los asesores que tenían. Que no era uno, eran varios”, ha subrayado Barreto, que ha mantenido un tenso cruce dialéctico con el letrado. “¿Y si tenía necesidad de contratar a otro?” “Ah, ¿y por qué no lo hizo?”, ha terminado respondiendo Barreto, en referencia a que no había un contrato firmado con Batllori.

Durante su declaración, Andrés Barreto ha explicado que tuvo conocimiento de estos hechos tras estallar la Operación Unión, porque Batllori salió en los medios asegurando que prestaba servicios para Inalsa y para el Ayuntamiento de Arrecife. “Nos sorprendió y empezamos a indagar”, ha relatado. Y lo primero con lo que se encontraron fue con que “el Comité de Empresa decía que Batllori no trabajaba para Inalsa”.

A partir de ahí, también a través del Comité de Empresa, consiguió tener acceso a las facturas y decidió llevarlas a Fiscalía y presentar una denuncia, que se incorporó al caso Unión que estaba en marcha. Al igual que ha sucedido con otro testigo de la dirección de Inalsa, la mayoría de las defensas ha centrado su interés en saber cómo Barreto había tenido acceso a esas facturas “privadas” de la empresa. “No hacía falta coger ningún papel y robarlo. Los propios trabajadores tenían interés en que estas cosas salieran”, ha respondido Barreto.

En su defensa, Batllori y el resto de los acusados vinculados con Inalsa sostienen que el ex consejero canario prestó asesoramiento en materia laboral, en relación al convenio colectivo, y también en la gestión de cursos de formación. Sin embargo, Barreto ha subrayado que en esa etapa “no había ningún conflicto laboral”, porque ya estaba firmado el convenio colectivo.

Después, a preguntas de la defensa, ha matizado que sí había diferencias, por ejemplo con motivo de las horas extra, pero no “un conflicto laboral”, como pudiera ser que se estuviera negociando o incumpliendo el convenio.

En cuanto a los cursos de formación que supuestamente gestionó Batllori, Andrés Barreto también lo ha desmentido, insistiendo en que en esa materia “ni siquiera tenía competencias la empresa”, porque “estaban delegadas en el Comité de Empresa”.

Respecto a la consejera, que en su declaración afirmó que “como mujer” se le hacía “incómodo sentarse a la mesa” con Barreto porque era “muy impetuoso y con falta de respeto”, el ex sindicalista ha afirmado que Plácida Guerra “en las reuniones apenas hablaba. No quería saber la realidad”.


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NotaPublicado: Mar 21 Oct, 2014 2:01 pm 
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Las vistas del primer juicio del caso “Unión” han llegado a su fin este lunes en Arrecife (continuarán desde el 18 de noviembre en Gran Canaria) tras la renuncia de las defensas a la mayoría de los testigos que tenían previstos en esta primera fase. Así, los acusados sólo han aportado hasta el momento el testimonio de la consejera del PIL María José Docal, que se ha limitado a apuntar que ella presentó a Francisco Rodríguez Batllori a los concejales de Arrecife, pero no ha podido precisar si después fue contratado o prestó algún servicio para el Ayuntamiento; y a un ex asesor de Inalsa, Roberto Acuña, con el que se ha vivido el interrogatorio más tenso.



El fiscal Javier Ródenas ha recordado que el testigo, que no era trabajador de Inalsa sino un cargo de designación política, cobró más de 33.000 euros entre 2008 y 2009, cuando a su vez se estuvo pagando a Batllori más de 26.000 euros, supuestamente también como asesor en temas laborales. “Si usted era el asesor de recursos humanos y a su vez recibió asesoramiento, ¿se ve que Femepa no aparecía en las páginas amarillas?”, le ha preguntado el fiscal, después de que el testigo afirmara que una de las gestiones de Batllori fue ponerle en contacto con la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de las Palmas (Femepa), para organizar unos cursos de formación del personal. “Me orientó hacia Femepa. Me puso en contacto con ellos. Me trasladó que podía estar tranquilo”, ha relatado el ex asesor.

“¿Necesita una persona para que le diga: Femepa? ¿Para que le diga: cursos de formación?”, le ha preguntado el fiscal Javier Ródenas. “¿Cuánto tiempo estuvo usted asesorando, y a su vez asesorado, para unos cursos de formación de tres semanas?”, ha insistido el fiscal. “Eso… eso… Esas reuniones. Luego ya la parte administrativa”, ha respondido, después de haber aclarado antes que la “parte administrativa” no dependía de él ni de Batllori.

¿Es muy difícil que Femepa pueda hacer cursos de formación? ¿No podía ponerse en contacto usted? ¿Era necesaria una persona para ponerle a usted en contacto con Femepa? ¿Necesitaba que otra persona hiciera eso por usted? ¿Era muy complicado? Usted era asesor, era su cometido, ¿y necesitaba a otra persona?”, ha ido subrayando el fiscal, dejando muchas veces sin palabras al testigo.

En la misma línea, Javier Ródenas se ha referido al otro tema en el que según este ex asesor, también colaboró Batllori, relacionado con la posibilidad de denunciar el convenio colectivo de los trabajadores. “¿El papel de Batllori en este tema también se ciñó a que podía ponerle en contacto con la autoridad laboral?”, ha preguntado el fiscal. “Me dio un soporte jurídico, de conocimiento de cómo funciona el tema”, ha respondido el testigo, apostillando además que Batllori “le acompañó”. “¿Y por ir con usted pagaban a otra persona?”, ha vuelto a subrayar el fiscal.

Durante la declaración de este testigo (el único que ha hablado hasta ahora de supuestas gestiones concretas de Batllori), tanto el fiscal como el propio juez que preside la sala han subrayado las contradicciones en las que estaba incurriendo con respecto a lo que declaró durante la instrucción.

La primera, al afirmar ahora que no recuerda si Batllori estaba ya prestando supuestos servicios para Inalsa cuando él entró en la empresa. “No fue lo que dijo en su declaración en Juzgado”, le ha recordado el fiscal. La otra, al afirmar este lunes que mantenía una “relación fluida” con el acusado, que hablaban habitualmente y que iba “con frecuencia” a Inalsa. “En sede judicial dijo que le vio 5 o 6 veces y que esa fue toda su relación laboral”, ha vuelto a subrayar el fiscal.

A esto, el testigo ha respondido que “no tenía el cálculo” y que como en su primera declaración le pidieron que concretara, terminó diciendo eso a preguntas de la juez instructora. “¿Cómo puede ser que diga ahora otra cosa?”, ha vuelto a preguntar el fiscal. “¿Porque me han hecho la pregunta diferente…? ¿O porque ha pasado tiempo…?”, se ha preguntado a la vez el testigo en voz alta, para terminar con un: “no sé”.

Pero las contradicciones no han terminado ahí. Y es que al declarar como testigo durante la instrucción, Roberto Acuña afirmó que el asesoramiento jurídico dependía de otro abogado, y que el asesoramiento de Batllori no era en temas jurídicos. “Ahora dice otra cosa. ¿No ha hecho el cálculo tampoco?”, le ha preguntado el fiscal.

En este punto, el propio presidente de la sala de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, ha parado el interrogatorio para leer personalmente la declaración que prestó el testigo en su día en sede judicial. “Usted dijo que no fue asesoramiento jurídico, y ahora dice que fue jurídico y estratégico”, ha subrayado el magistrado.

Respecto a la duración de los supuestos cursos de formación para los empleados, Roberto Acuña habló en su primera declaración de tres semanas, y este lunes ha afirmado que duraron “dos meses”, "entre noviembre y diciembre". Al respecto, el testigo y denunciante Andrés Barreto, ha declarado que esos cursos ni siquiera existieron y que la gestión de los cursos de formación tampoco dependía de la dirección de Inalsa, sino del Comité de Empresa.

Por otra parte, a preguntas del fiscal, el ex asesor ha afirmado que él sí tenía un contrato firmado y ha respondido que no sabía por qué Batllori no lo tenía. “¿Pidió usted que Batllori le asesorara?”, le ha preguntado Ródenas. “No”, ha respondido Acuña, afirmando que fue “la gerencia” quien dijo “que hacía falta alguien no solo para el día a día, sino para ese asesoramiento jurídico” (que en su primera declaración dijo que no existía).

Respecto a si tiene algún tipo de documentación que acredite el supuesto trabajo de Batllori o si fue “todo verbal”, el testigo ha afirmado que no lo recuerda. “En Inalsa habrá algo”, ha apuntado. “No, no hay nada. Se ha pedido y no hay nada”, ha aclarado el fiscal.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com