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NotaPublicado: Jue 28 May, 2015 5:41 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La jueza Silvia Muñoz ha dado por concluida la investigación de la denominada ‘pieza 12’ de Unión, una de las principales ramas del caso de corrupción, relacionado con la trama de comisiones implantada en el Ayuntamiento de Arrecife en torno a Dimas Martín y otros miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).

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La jueza ha dictado un auto este jueves en el que finaliza la fase de diligencias previas y da comienzo al trámite de procedimiento abreviado, para que la Fiscalía y la acusación popular presenten sus escritos de acusación y las defensas aleguen lo que consideren antes de que se señale el juicio.

La instructora del caso Unión mantiene la acusación contra Dimas Martín por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación administrativa, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad documental.

Sobre Matías Curbelo, que fuera ‘mano derecha’ del fundador del PIL, pillado ‘in fraganti’ cobrando una comisión en un bar de Arrecife y que luego ha colaborado con la investigación, la jueza le atribuye asociación ilícita, cohecho y delito electoral en su modalidad de financiación irregular con falseamiento de cuentas.

Para los entonces concejales pilistas en el Ayuntamiento de Arrecife, Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, la jueza les mantiene imputaciones las mismas imputaciones que a Dimas Martín salvo la de falsedad documental.

A los también concejales del PIL Antonio Machín y Luisa Blanco les mantiene las imputaciones de cohecho, prevaricación, malversación, fraude a la administración y revelación de información privilegiada.

El entonces jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y Elena Martín, jefa de Contratación del Ayuntamiento e hija de Dimas Martín, se enfrentan a acusaciones de revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

Además, el interventor del Ayuntamiento capitalino, Carlos Sáenz, tendrá que responder por imputaciones relacionadas con presuntos delitos de malversación, prevaricación administrativa y fraude a la administración.

En la ‘pieza 12’ del caso Unión también hay seis empresarios que continúan imputados una vez concluida la investigación: Juan Francisco Rosa, por falsedad documental; Antonio Cárdenas, por revelación de información privilegiada y fraude a la administración; y Antonio Gómez Ruiz, por cohecho, malversación, fraude y prevaricación.

Además de Jesús Manuel Martín Brito por cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación; Manuel Reina Fabre por los mismos delitos; y Samuel Lemes por similares delitos con el añadido de estafa.

La jueza también ha dictado el “sobreseimiento provisional y parcial” de las imputaciones que pesaban sobre los empresarios Eduardo Ferrer, Daniel Yeray Cañada y Francisco Armas, así como sobre Joaquín Herrera, que fue director de la cárcel de Tahíche, y María José Docal, consejera del PIL.

Según se destaca en el auto, el sobreseimiento se produce “al no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos imputados”.

La jueza Silvia Muñoz ha dado un plazo de 30 días naturales, “ampliado en atención al volumen y complejidad de la causa”, a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que formulen sus escritos de acusación y para que soliciten la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.


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NotaPublicado: Jue 28 May, 2015 5:52 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, señala en el auto en el que da por concluida la investigación de la ‘pieza 12’ del procedimiento, que “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia” entre 2007 y 2009 de una trama organizada en torno a la figura” de Dimas Martín, fundador del PIL, para el cobro de comisiones ilegales.

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La juez señala que Martín ejercía una “total ascendencia política sobre otros cargos públicos, mayoritariamente pertenecientes al partido del que fue fundador”, que “instauró en el Ayuntamiento de Arrecife un sistema clientelar” para “la financiación del PIL” y de los propios imputados.

Así, destaca como ‘modus operandi’ la “exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para la adjudicación de nuevos contratos” y “la exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la Isla para el abono de las facturas de contratos ya realizados que oscilaban entre el 20% y el 8% sobre la cuantía debida por el Consistorio”.

“Lo anterior”, destaca, “era posible mediante la inobservancia intencionada de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresas con el Ayuntamiento de Arrecife con el fin de adjudicar contratos directamente al margen de la regulación administrativa”.

En la causa, que pasa a la fase de procedimiento abreviado, previa a la celebración del juicio, mantiene las imputaciones contra Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica; Carlos Sáenz, interventor; y Elena Martín, jefa de Contratación e hija de Dimas Martín.

La jueza destaca que se eliminaron los trámites de “fiscalización del pago”, “transparencia” o “libre concurrencia” de empresarios “para optar por la oferta más beneficiosa a las arcas públicas”. En cambio, se adjudicaba de forma “directa” a la empresa elegida, a través en ocasiones de contrataciones fraccionadas para evitar concursos públicos.

Con este ‘modus operandi’ se observa indiciariamente una correspondencia entre las empresas que financiaban al PIL y las que finalmente resultaban adjudicatarias de los contratos con el Ayuntamiento de Arrecife”, resalta la jueza Silvia Muñoz.

Para la jueza, la investigación demuestra que la “trama actuaba de manera organizada, bajo una unidad jerarquizada en cuya cúspide se encontraba el fundador y líder del PIL, Dimas Martín, y funcionaba con un reparto de funciones”.

De este modo, el fundador del PIL ejercía una ascendencia “absoluta y total” sobre el resto de miembros de la trama, que “actuaban bajo sus instrucciones en el ámbito de sus competencias públicas. Los cargos públicos del PIL imputados consideraban “sin excepción” que debían su puesto al fundador del partido y “habrían mantenido con él una total relación de subordinación, consultándole cada paso que daban y atendiendo con prontitud todas sus órdenes”.

“Pese a estar cumpliendo una condena que incluye, entre otras, una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública, el nivel de control que habría ejercido” Dimas Martín “sobre todos los cargos públicos y responsables políticos del partido que fundara, iría mucho más allá de una mera labor de dirección política”, subraya la jueza.

Así, “en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife habría tomado decisiones concretas y precisas sobre asuntos de índole administrativo que deberían haber sido de la competencia exclusiva de los correspondientes órganos municipales” como “la redacción de avances de Planes Generales de Ordenación Urbana, adjudicación de concursos públicos, contratación de trabajadores y empresas por parte del Consistorio o libranza de órdenes de pago”.

Para la jueza del caso Unión, Dimas Martín “se perfilaría no sólo como el destinatario final” de las comisiones ilegales “o de una parte muy importante de ellas, sino también como el que habría dado las órdenes e instrucciones precisas a los cargos públicos”.

Esas órdenes estarían relacionadas con el retraso en el pago de deudas a empresarios, “como forma de forzar a éstos al pago de las comisiones”, o bien “influyendo” sobre los cargos públicos “para que adjudicasen los servicios a las empresas que pagaban las comisiones”.

Según la jueza, Dimas Martín “habría actuado como promotor de la exigencia, como comisión ilegal, de entre el 8% y el 20% del valor de las obras que se adjudicaran a través de los concejales del PIL a los distintos empresarios en el ámbito del Ayuntamiento de Arrecife, ilícito beneficio que habría sido destinado a engrosar un ‘presupuesto paralelo’ o ‘caja B’ del Ayuntamiento de Arrecife” para “la financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote”.

La jueza Silvia Muñoz destaca en el auto que la capacidad de “decisión” de Dimas Martín Martín “llega al extremo de que, siendo puntualmente informado a bien a través de su hija”, Elena Martín, jefa de Contratación del Ayuntamiento, “que le suministraba la información y documentos necesarios de los que tenía conocimiento por razón de su cargo, tomaba decisiones en materia de cobro de comisiones y atribución de contratos públicos, dando en ocasiones las órdenes a través de cartas que redactaba en el centro penitenciario de Tahíche y que se dirigían a los principales” miembros de la “trama organizada”.

Claves de la trama


01. MIEMBROS. La jueza señala que Dimas Martín “se habría servido” de los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, como “encargados de adoptar las decisiones administrativas que habrían forzado a los empresarios al pago de comisiones, como el retraso en una orden de pago, la concesión de una licencia o la inclusión de un terreno en el futuro Plan General”. “Indiciariamente se ha podido acreditar que ambos concejales habrían sido destinatarios de una parte de las comisiones exigidas para su lucro personal, sin perjuicio de las aportaciones al PIL bajo las órdenes de Dimas Martín”.

02. INFORMES. “También sería destacable la participación que Juan Rafael Arrocha habría podido tener como Jefe de la Oficina Técnica, informando favorablemente aquellas ofertas o pliegos presentados por empresarios que pretendían obtener las adjudicaciones de contratos a cambio del abono de las comisiones exigidas en los términos arriba expuestos o prestando su conformidad en el expediente administrativo a través de su firma, con la obra o servicio realizada, aun no siendo esta conforme o no habiendo realizado las comprobaciones oportunas”, destaca el auto judicial.

03. HIJA. “Para la correcta marcha de la actividad delictiva bajo el plan de financiación personal y asociativo, resultan esenciales la aportación” de Elena Martín, quien “omitía el control necesario en el ámbito de la contratación de empresas, en la redacción de contratos, alteraba la realidad en función de las empresas que se presentaban a licitación, avalaba el fraccionamiento contractual para documentar como contrato menor aquellos conceptos que debía ser tramitados como contrato mayor, y proveía a su padre (…) según sus órdenes y a quien este indicara, de la información necesaria a la que tenía acceso exclusivamente en función de su cargo”.

04. FUNCIONARIO. “También dentro del Ayuntamiento de Arrecife, el interventor tenía como función validar con su firma, en ejercicio formalmente aparente de las funciones de su cargo (pero en realidad inexistente) los documentos administrativos presentados al mismo, tales como órdenes de pago, propuestas de gastos y facturas, orillando el cumplimiento de las funciones más elementales del cargo que ocupa (fiscalización e intervención), para permitir la actuación, financiación y lucro de la trama en la que participaba, para lo cual Saenz Melero no contemplaba ‘reparo’ administrativo alguno, pese a las groseras irregularidades de los expedientes.

05. RECAUDADOR. “En esta trama de coparticipación delictiva, Matías Curbelo habría actuado como recaudador de las comisiones exigidas a la vez que tesorero-administrador del Partido de Independientes de Lanzarote. Al no ocupar ningún cargo público y como hombre de máxima confianza de Dimas Martín, habría sido la persona asignada para mantener los contactos telefónicos y entrevistas personales con los empresarios a los que se les habrían exigido las comisiones ilícitas, resalta la jueza.

06. TESORERO. Además de recaudador, la jueza atribuye a Matías Curbelo las funciones de informar “puntualmente de todos sus contactos” a Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez, “para luego transmitir sus instrucciones al empresario en cuestión, todo ello bajo la organización preestablecida y bajo las directrices que marca Dimas Martín”. “Además como tesorero del PIL, Curbelo recibía y gestionaba tanto las comisiones o precios ilícitamente recibidos, como donaciones anónimas y no declaradas que pasaban a financiar el PIL de manera irregular al margen de lo dispuesto en La Ley de Financiación de Partidos Políticos”.

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NotaPublicado: Vie 29 May, 2015 4:48 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Arrecife llegó a pagar dos, tres y hasta cinco veces facturas por el mismo concepto entre los años 2007 y 2009, que son los que investiga la pieza número 12 del caso Unión. En el auto en el que da por terminada la instrucción de esta pieza, la juez Silvia Muñoz relata alguno de los hechos que considera acreditados tras concluir la investigación. Y entre ellos, además del presunto cobro de comisiones ilegales, a cambio del pago de facturas y la adjudicación de contratos, la juez incluye también la malversación de importantes sumas de dinero del Ayuntamiento de Arrecife. Incluso, se llegó a pagar a dos empresas distintas por el mismo supuesto trabajo.

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Ése es el caso, por ejemplo, de una obra para la “impermeabilización de cubiertas con fibra e impermeabilizante de la Oficina Técnica”. Según considera acreditado la juez, el Ayuntamiento pagó la factura de este servicio a la empresa Samyer, pese a que “la misma obra fue adjudicada y abonada” a otra empresa, “siendo coetánea en el tiempo y concepto”.

Por eso, concluye que “se produjo una contratación y facturación fraudulenta”, vinculada al pago de una presunta comisión ilegal. El administrador de Samyer, Samuel Lemes, es uno de los imputados en esta pieza de Unión por ésta y otras adjudicaciones y pagos presuntamente irregulares a su empresa.

En otros casos, las auditorías encargadas durante la instrucción de la causa reflejan que se pagó varias veces a una empresa por el mismo servicio. Por ejemplo, por una obra de reparación de un zaguán en la calle Clavijo y Fajardo de Arrecife, el Ayuntamiento pagó “cinco facturas idénticas, con una diferencia de 18 días” a la empresa Ingogelan, administrada por otro de los imputados en esta pieza, Jesús Manuel Martín Brito. Según subraya la juez, solo con ese pago por quintuplicado, el Ayuntamiento desembolsó indebidamente 99.258 euros de dinero público.

La misma situación se repite, según refleja el sumario de Unión, con la empresa La Palmita, de Antonio Gómez Ruiz. En su caso, se ha detectado “hasta cuádruple facturación por el mismo concepto”, señala la juez, que agrega que gracias a eso, el empresario tuvo “un beneficio ilícito de 33.065 euros a costa de las arcas públicas”.

Además, la investigación también ha encontrado “doble facturación por el mismo concepto” por parte de la empresa Construcciones Reina, administrada por el también imputado Manuel Gregorio Reina. En su caso, la juez habla de un “pago indebido de 9.639 euros”.

A todo esto hay que sumar el “fraccionamiento de facturas” para burlar la Ley de Contratos y evitar la celebración de concursos públicos. Dentro de esta pieza de Unión, el caso más representativo respecto a este punto es el de Infogelan, que entre enero de 2008 y febrero de 2009 llegó a firmar hasta 94 contratos con el Ayuntamiento de Arrecife, la mayoría relacionados con el área de parques y jardines. En total, en poco más de un año cobró más de 1,2 millones de euros (1.193.052 euros como empresa y 50.851 abonados a su administrador, Jesús Manuel Martín Brito, como persona física).

En el caso de La Palmita, entre 2007 y 2008 facturó al Ayuntamiento unos 300.000 euros por 21 contratos diferentes, mientras que Construcciones Reina facturó en 2007 84.056 euros al Ayuntamiento en 11 contratos distintos. Y todas esas adjudicaciones, según la juez, se realizaron “con groseras irregularidades en los expedientes”, contando para ello con la presunta connivencia de tres funcionarios imputados que omitieron los debidos controles: el interventor Carlos Sáenz, el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y la jefa de Contratación, Elena Martín.

Además, la omisión de otros trámites legalmente establecidos en los contratos con la administración impidió también velar por el efectivo cumplimiento de los servicios por los que se estaba pagando. Respecto a esto último, la juez hace referencia en su auto a otra obra adjudicada a la empresa Samyer, para el acondicionamiento del centro cultural de San Francisco Javier. En este caso, el auto señala que “además de los incumplimientos en la contratación que se vienen reiterando como mecánica delictiva, se llegaron a certificar y facturar obras con un exceso de valor en más de 23.000 euros sobre el valor de las realmente ejecutadas”.

Al respecto, explica que “se disminuyeron las calidades indicadas en el proyecto de partida de la obra ejecutada con las realmente efectuadas, todo ello enmarcado por la opacidad contractual de la que se valían, inobservando aquellas especificaciones de la Ley de Contratos de Sector Público, que permiten dejar constancia de las distintas fases de ejecución de obra pública, de su comprobación y del precio”.

Así lo señala la pericial encargada durante la instrucción a Godoy Consultores y Auditores, que advirtió que “disminuyeron las calidades del proyecto en la obra ejecutada, no existiendo un proyecto modificado donde se motive tal hecho”, lo que implicó que la empresa adjudicataria certificara y facturara obras “por un valor de unos 23.000 euros, como si realmente las hubiera realizado”.

Según considera acreditado la juez instructora, todo esto respondía a una “trama organizada en torno a la figura de Dimas Martín”, que tenía “total ascendencia política sobre otros cargos públicos, mayoritariamente pertenecientes al partido del que fue fundador”. Junto al líder histórico del PIL, en esta pieza están imputados cuatro ex concejales de su partido en Arrecife (Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Luisa Blanco y Antonio Machín), el ex tesorero del partido, Matías Curbelo, así como técnicos del Ayuntamiento y varios empresarios.

Las presuntas comisiones ilegales “oscilaban entre el 20% y el 8% sobre la cuantía debida por el Consistorio”, señala la juez, que explica que ese dinero, presuntamente, iba a parar tanto a la financiación ilegal del PIL como al “lucro personal de los propios componentes de la trama corrupta”.

Varios de los imputados en esta pieza confesaron los hechos tras ser detenidos en la Operación Unión. Entre ellos, se encuentra el que era mano derecha de Dimas Martín, Matías Curbelo (que según la juez actuaba como "recaudador), y los ex concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez.


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NotaPublicado: Lun 22 Jun, 2015 2:50 pm 
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El ex concejal del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ha comparecido en el Juzgado número 5 de Arrecife, donde se instruye el caso Unión, para reconocer el cobro de comisiones ilegales y abonar parte del dinero que obtuvo de forma ilegal mientras fue edil de Hacienda.

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Rodríguez compareció el pasado 11 de junio ante la jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, para admitir el cobro de comisiones ilegales en su etapa en el Ayuntamiento capitalino.

La jueza dictó el pasado 28 de mayo el auto en el que daba por concluida la investigación de la parte del caso Unión en la que se rastrearon los pagos de comisiones para adjudicar contratos o cobrar facturas en el Ayuntamiento de Arrecife.

La instructora del caso Unión considera acreditado el cobro de ‘mordidas’ de entre el 8 y el 20 por ciento de las contrataciones a empresarios para que pudieran recibir adjudicaciones del Consistorio capitalino. En la cúspide de esa presunta trama delictiva, la jueza sitúa al fundador del PIL, Dimas Martín.

En su comparecencia ante la jueza, José Miguel Rodríguez manifestó que “siempre” ha “colaborado con la Justicia” en “todas y cada una de las piezas separadas”, como la que derivó en la condena de más de siete años de prisión para José Rodríguez-Batllori y cinco años y medio para Dimas Martín por malversar, entre otros delitos, 45.835 euros del Ayuntamiento de Arrecife y de Inalsa.

Además, Rodríguez admitió ante la jueza su “más profundo arrepentimiento”, aportando 9.000 euros ese mismo día en la cuenta del Juzgado en concepto de pago “para la reparación del daño causado, reconocimiento de los hechos y devolución a las arcas públicas de las cantidades indebidamente abonadas”.

Rodríguez aclaró que “el ingreso se efectúa por valor de 9.000 euros por el momento”, que es la “cantidad que ha podido reunir para la reparación del daño”, sin perjuicio “del abono fraccionado o progresivo de las cantidades que le pudieran corresponder” una vez se dicte sentencia, y reiteró que su “intención” es “la reparación íntegra del daño causado”.

La jueza dio “traslado urgente” de la comparecencia de José Miguel Rodríguez “a las acusaciones personadas que se encuentran emplazadas para calificar los hechos” de la pieza 12 del caso Unión.

La estrategia de Rodríguez de reconocer la corrupción en el Ayuntamiento capitalino, su participación en el cobro de comisiones y devolver el dinero sustraído le reportó, en la pieza de Batllori, una condena de un año de prisión, muy inferior a la del resto de condenados.


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NotaPublicado: Lun 22 Jun, 2015 2:53 pm 
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Matías Curbelo, considerado durante años la ‘mano derecha’ del fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, compareció ante la jueza Silvia Muñoz, instructora del caso Unión, para responsabilizarle de las irregularidades del PIL y de estar detrás del cobro de comisiones ilegales.

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Curbelo compareció el pasado martes ante la jueza Silvia Muñoz y manifestó su “deseo” de “colaborar” con la Justicia “con la finalidad de esclarecer” los delitos investigados en el caso Unión, “tal y como ha venido haciendo hasta la fecha, habiendo puesto de manifiesto hechos y personas que intervinieron en los mismos”.

De este modo, Matías Curbelo reconoció ante la jueza como “ciertos” los presuntos delitos detallados en el auto del pasado 28 de mayo con el que se puso punto y final a la investigación de la denominada pieza 12 del caso Unión, sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de contrataciones en el Ayuntamiento de Arrecife.

En ese sentido, Curbelo aseguró ante la jueza que “los destinatarios de la comisión de 95.000 euros solicitada” a José Antonio Castellano, que tenía una empresa de limpieza a la que el Ayuntamiento adeudaba en torno a un millón de euros, “eran, según los planes” del fundador del PIL, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, “y el propio Dimas Martín”.

Además, Matías Curbelo confesó ante la jueza Silvia Muñoz el martes pasado que “en su calidad de administrador ante la Junta Electoral para las elecciones municipales de 2007, siguió instrucción de Dimas Martín, a cuyo efecto elaboró una contabilidad paralela”.

Esa contabilidad, agregó Curbelo, era “diferente de la oficial, para que quedara fuera del circuito legal el dinero procedente de comisiones ilegales”.

“Tal como consta”, explicó Curbelo, “entregó a Dimas Martín en ese periodo electoral al menos 3.353 euros, fruto de la trama descrita” por la jueza Silvia Muñoz sobre el cobro de comisiones ilegales.


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NotaPublicado: Lun 22 Jun, 2015 2:57 pm 
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El empresario Antonio Gómez Ruiz, uno de los imputados en la pieza del caso Unión en la que se investiga el presunto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife, ha comparecido ante el Juzgado número 5 para devolver 33.065 euros, que se corresponden con “cantidades indebidamente cobradas”.

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El empresario acudió el jueves pasado al Juzgado y en una comparecencia ante la jueza Silvia Muñoz destacó que “siempre” ha “colaborado con la Justicia” y que ha “reconocido los hechos que se le imputan” en el caso Unión.

Su empresa, La Palmita SL, recibió encargos para el acondicionamiento de parques y jardines. Entre 2007 y 2008 facturó unos 285.000 euros y, como persona física, facturó otros 12.127 euros.

Según la investigación, Gómez Ruiz “habría aceptado abonar una comisión ilegal cercana a los 20.000 euros como condición para la adjudicación de obra pública y pago de servicios” por el Ayuntamiento.

“Dicha comisión habría sido exigida por Dimas Martín a través de Ubaldo Becerra, como concejal de Parques y Jardines, y José Miguel Rodríguez”, entonces edil de Hacienda, “con la finalidad de sustentar al Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y demás usos privados, incluido el lucro personal, de los miembros de la trama”, subraya la instructora del caso Unión.

La jueza destacó que en estas adjudicaciones se llevó a cabo un “fraccionamiento de contratos” para disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de la Ley de Contratos del sector público, procediendo a una adjudicación directa de 166.724 euros como contrato menor “cuando el límite estaba establecido en 50.000 euros”, al margen de otras irregularidades.

En la instrucción del caso Unión se considera acreditado que el “beneficio ilícito del empresario” ascendió a los 33.065 euros que ahora ha devuelto en el Juzgado, que se corresponden a cuatro facturas emitidas en enero de 2008 y abonadas por el Ayuntamiento en mayo de aquel año.

El empresario señala que con el abono en sede judicial de la citada cantidad, cuyo cobro ocasionó “un perjuicio económico” al Ayuntamiento, quiere “reparar” el daño sufrido por las arcas públicas por una cantidad “indebidamente abonada”.

El pasado viernes, la jueza dictó una providencia en la que acuerda “abrir pieza de responsabilidad civil”, con el “ofrecimiento al Ayuntamiento de Arrecife de las cantidades consignadas” en el Juzgado por el empresario.

Cabe destacar que otro empresario, también imputado por el pago de comisiones para recibir contratos del Ayuntamiento de Arrecife, Jesús Manuel Martín Brito, depositó en el Juzgado de Arrecife 50.581 euros que le abonaron de forma directa, como persona física, como pago por contrataciones irregulares.


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NotaPublicado: Lun 20 Jul, 2015 5:21 pm 
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La jueza Silvia Muñoz ha rechazado la petición del empresario Juan Francisco Rosa de que se abra una pieza separada dentro del caso Unión para tramitar la acusación que pesa sobre él de delito continuado de falsedad en documento público. La Fiscalía solicita para Rosa dos años y tres meses de prisión.

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La defensa pidió el pasado 1 de julio que se formase otra pieza separada que contuviese únicamente los hechos de los que se le acusa: la “ficción” de haber contratado a Dimas Martín, fundador del PIL y principal imputado en la trama de comisiones ilegales para que obtuviera el tercer grado penitenciario, según destaca el fiscal Javier Ródenas.

En un auto fechado este lunes, la jueza subraya que por “razones de eficacia, celeridad o simplicidad” en la instrucción del caso Unión la petición de Rosa no puede ser acogida y resalta que la investigación ya ha culminado.

La intención de la defensa de Rosa es que se le juzgase junto a Dimas Martín, al margen del resto de imputados de la denominada pieza 12 del caso Unión, que investiga el presunto cobro de comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife.

La defensa de Rosa argumentó que “la división de la causa llevará a una simplificación del proceso” y que el empresario no se tendría que “ver sometido a un juicio oral de larga duración” con el resto de imputados.

En cambio, la jueza considera que la petición podría “perjudicar el derecho de defensa del propio acusado” y subraya que “de adoptarse” la medida “arrastraría una importante dilación” en la formación de la nueva pieza separada de Unión.

“Supondría además una duplicidad en la práctica de prueba y una duplicidad organizativa” en las fechas señaladas para las sesiones de los “órganos enjuicidadores”, con perturbaciones para la citación de testigos, imputados, letrados o la propia Fiscalía, por lo que lo considera innecesario.

En modo alguno supondría una simplificación o activación del procedimiento sino más bien lo contrario”, resalta la jueza, quien subraya que es “ilógico” demorar la celebración del juicio y “someter a los restantes acusados e intervinientes a un retraso más que considerable para que uno de los acusados no se vea sometido a un juicio oral de larga duración, olvidando que los derechos de todos los intervinientes deben ser ponderados”.

En su escrito de acusación, el fiscal Ródenas recalca que Rosa accedió a “formalizar la ficción del contrato laboral” para que Dimas Martín saliese en tercer grado penitenciario “como medio para procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar la situación de sus complejos hoteleros”, citando expresamente al Princesa Yaiza, con licencia de obras anulada por los tribunales.

Para el fiscal, “con este ‘favor’ realmente pagaba algo más que la nómina” a Dimas Martín y “enmascaraba un trato de privilegio”. La Fiscalía también subraya que Dimas Martín “simuló un contrato de trabajo con un empresario que generosamente contribuía fuera de los cauces legales en la financiación del PIL”, engañando a Instituciones Penitenciarias.

DOCUMENTO: Consulte el auto del Juzgado:
http://www.diariodelanzarote.com/sites/ ... -union.pdf


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NotaPublicado: Lun 20 Jul, 2015 5:27 pm 
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La magistrada titular del Juzgado número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, ha dictado el auto de apertura de juicio oral por la pieza 12 del caso Unión, que investiga las comisiones cobradas por miembros del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. Catorce personas se sentarán en el banquillo.

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Muñoz impone fianzas de entre 10.000 y 718.00 euros a nueve de los acusados. A los empresarios les impone fianzas de entre 10.000 (Samuel Lemes) a 239.000 (Jesús Manuel Martín Brito, de los cuales 100.000 euros son de multa). Los otros dos empresarios acusados tendrán que cubrir las cantidades de 28.000 (Reina Fabre, con 12.000 de multa) y 70.000 (Antonio Gómez, con 20.000 de multa).

A Dimas Martín le impone una fianza de 718.000 euros, de los cuales 409.000 son en concepto de multa; y a los ex concejales José Miguel Rodríguez, Ubaldo Becerra y Antonio Machín les impone 467.000, 608.000 y 505.000 euros, respectivamente, de los cuales son en concepto de multa 220.000, 406.000 y 300.000.

Finalmente, al interventor municipal Carlos Sáenz le impone una fianza de 173.000 euros, sin multa. En caso de no poder afrontar la fianza o presentar los avales necesarios, a los acusados se les embargará sus propiedades.

La apertura de juicio oral sirve, según indica la propia resolución “para posibilitar que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación, y para señalar el órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa”. Será la Audiencia provincial de Las Palmas quien juzgue este caso.

Tal y como solicitó la Fiscalía, serán 14 las personas que se sienten en el banquillo. Para el fundador del PIL, Dimas Martín, con seis condenas de cárcel ya a sus espaldas y que disfruta actualmente del tercer grado penitenciario, solicita 17 años y medio de cárcel por asociación ilícita, cohecho e inducción al cohecho, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público, fraude a la Administración, información privilegiada y malversación, con el agravante, en este caso, por reincidente.

Al ex concejal de Arrecife, Ubaldo Becerra, le acusa de los mismos delitos excepto de falsedad en documento público pero le añade prevaricación, al igual que al ex edil José Miguel Rodríguez. La petición de penas, sin embargo, es bien distinta, ya que al primero le piden 17 años y al segundo 4 años y siete meses porque se le tiene en cuenta los atenuantes de reparación del daño (devolvió una parte del dinero defraudado), así como colaboración y confesión.

A Matías Curbelo, el ex tesorero del PIL, también se le aplican esos atenuantes y sólo se le pide un año y cuatro meses de prisión, ya que gracias a su confesión se puso en marcha toda la segunda fase de Unión, la operación Jable. Se le imputa asociación ilícita, cohecho y financiación irregular del PIL. Al ex concejal Antonio Machín, que en la actualidad es representante sindical en el Hospital Insular, le piden 14 años y medio de prisión por los mismos delitos que Rodríguez y Becerra.

Hay tres funcionarios del Ayuntamiento a los que se les pide penas de prisión. El interventor Carlos Sáenz se enfrenta a siete años y medio por cuatro delitos; la hija de Dimas Martin, Elena, a cuatro años de cárcel y veinte de inhabilitación para empleo público por prevaricación, revelación de información privilegiada y fraude, y el ex Jefe de la Oficina técnica, Rafel Arrocha, a otros cuatro años de cárcel por esos dos últimos delitos, al igual que al empresario y funcionario del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel.

A tres de los empresarios implicados, que pagaban comisiones ilegales, también se les aplican circunstancias atenuantes por confesar, colaborar y reparar el daño devolviendo alguna cantidad. Son Antonio Gómez Ruiz, a quien le piden un año de cárcel, Manuel Reina, que se enfrenta a cuatro años y cuatro meses y Jesús Manuel Martín Brito, a quien le piden 15 meses de prisión. A Samuel Lemes le solicitan cinco años de cárcel. Finalmente, a Juan Francisco Rosa le piden dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

DOCUMENTO: Consulte el auto de la pieza 12:
http://www.diariodelanzarote.com/sites/ ... o-oral.pdf


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com