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NotaPublicado: Lun 23 Nov, 2015 3:45 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La confesión de uno de los acusados ha marcado la primera jornada del juicio de la pieza número 13 del caso Unión, que ha comenzado este lunes en Arrecife y que sienta en el banquillo a cuatro personas por los pagos por trabajos presuntamente no prestados al empresario José Daniel Hernández Arráez. Durante su declaración, el ex concejal de Hacienda y Urbanismo de Arrecife, José Miguel Rodríguez, ha reconocido que es culpable de haber “consentido una malversación” de unos 250.000 euros y ha mostrado su conformidad con los hechos que relata la Fiscalía. Incluso, ha devuelto ya una parte del dinero que se le reclama como responsabilidad civil.

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“Con mi firma se han burlado una serie de procedimientos” y “se ha podido beneficiar a terceros”, ha declarado el ex edil, que autorizó que desde su Concejalía se pagaran hasta 14 facturas vinculadas supuestamente con el área de Festejos, pese a que este departamento no intervino para nada en esa contratación. De hecho, quien realizó el encargo fue otro de los acusados, el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, según ha declarado él mismo. Y lo hizo sin realizar un informe sobre la necesidad de ese gasto, sin convocar un concurso y sin pedir siquiera otros presupuestos. Después, también fue Arrocha quien supuestamente supervisó que el trabajo se prestara.

Sobre por qué firmó esas facturas si creía que esos trabajos no se habían realizado, José Miguel Rodríguez ha respondido señalando directamente al cuarto acusado, el interventor Carlos Sáenz, al que ha implicado incluso en otras causas que investiga o ha investigado la Justicia. Según el ex concejal, "consintió" firmar esas facturas porque antes el interventor "había consentido en otras de la misma manera para que yo o mi partido nos lucráramos”.

El ex edil, que ha llegado a hablar de “pequeños reinos de taifas” dentro del Ayuntamiento, ha asegurado que esta forma de proceder era “habitual en Arrecife” y ha vinculado a Carlos Sáenz, incluso, a una causa que ya está juzgada, por los pagos por trabajos no prestados a Francisco Rodríguez Batllori. En esa causa fueron condenadas las seis personas que se sentaron en el banquillo, pero entre ellas no estaba el interventor. Sin embargo, Sáenz sí está acusado en otras piezas del caso Unión (incluyendo la que se ha empezado a juzgar este lunes) y es uno de los principales imputados en el caso Montecarlo, donde también se investigan presuntos delitos de malversación.

“El que tenía que estar siempre era Carlos Sáenz”, ha insistido Rodríguez, afirmando que el papel del interventor era clave para poder realizar pagos que, según reconoce, eran fraudulentos. “¿Usted firma porque en otras ocasiones le han ayudado a llevarse dinero?”, le ha preguntado el fiscal Ignacio Stampa, a lo que Rodríguez ha asentido. Sobre por qué cree que los trabajos realmente no se prestaron, si Rafael Arrocha había dado el visto bueno, el ex concejal ha respondido que “por el modus operandi”, que “era irregular” y que, según su declaración, era el mismo que utilizaban con otros pagos fraudulentos.

Por eso, aunque asegura que en este caso él no recibió ninguna cantidad económica a cambio, ha insistido en que no puso reparos porque anteriormente, en el abono de otras facturas a distintas empresas, tanto él “personalmente” como su partido, el PIL, habían obtenido “un lucro”. Y según él, en todos esos casos, “el que siempre estaba era el interventor”.

Durante su declaración en el juicio, a Rodríguez se le ha quebrado incluso la voz. “He perdido mi casa, mi matrimonio, mi trabajo. He perdido todo. Lo único que quiero es que mi testimonio sirva para aclarar esta situación”, ha afirmado el ex concejal, para explicar el porqué de su confesión (ya confesó también en la pieza de Batllori y asegura que está colaborando en las otras dos causas que tiene pendientes de juicio).

Además, tanto él como su abogado han insistido en subrayar que si no ha aportado todo el dinero que le reclama la Fiscalía en esta causa como responsabilidad civil es porque no tiene recursos económicos para hacerlo. La pasada semana, Rodríguez aportó finalmente algo más de 2.000 euros, que es lo que sostiene que ha podido reunir, después de pagar también su responsabilidad en la otra pieza en la que fue condenado.

El ex concejal entró al Ayuntamiento tras las elecciones de 2007 y fue detenido dos años después, en mayo de 2009, cuando estalló la operación Unión. Tras su arresto pasó cuatro meses en prisión provisional y poco después de salir de la cárcel renunció a su acta, después de apoyar una moción de censura que convirtió en alcalde a Cándido Reguera.

He autorizado, he consentido a través de mi firma lo que he consentido. Y esos pagos no se corresponden con trabajos ni con nada”, ha respondido Rodríguez a las defensas de los acusados, que han insistido en preguntar si realmente le constaba que esos trabajos no se hubieran realizado. “Los trabajos no me consta que se hicieran. Me debería haber constado y no me consta”, ha señalado el ex edil, que firmó esas facturas como concejal autorizando los pagos.

También uno de los jueces que componen la sala le ha preguntado si tenía la certeza de que los trabajos no se hicieron y por qué. Al respeto, Rodríguez ha respondido detallando las distintas irregularidades que considera que se dieron. Por ejemplo, que una de las facturas era para gastos de electricidad de las fiestas de Chaxiraxi, que se celebran en un centro sociocultural “donde no hace falta llevar acometida de nada”. Solo por la supuesta instalación eléctrica para esas fiestas de Argana Baja en el año 2008, el Ayuntamiento pagó a este empresario unos 45.000 euros en dos facturas distintas: una de montaje y otra de desmontaje.

Rodríguez también ha subrayado que esa contratación se tendría que haber realizado desde el área de Festejos y cargando el gasto a su presupuesto, y no a las Concejalías que él gestionaba (Hacienda y Urbanismo). También ha considerado “irrisorio” que lo que se hiciera fuera reforzar “por unos días” una línea del alumbrado público, como han declarado los otros acusados. “Ni siquiera hemos hecho ese refuerzo en otros sitios más interesantes”, ha subrayado el ex edil, insistiendo en que menos sentido tenía aún hacerlo con motivo de las fiestas de Chaxiraxi.

Además, también ha hablado de fraccionamiento de facturas y de la necesidad de haber pedido al menos otros presupuestos. Al respecto, la Fiscalía y la acusación particular sostienen se tendría que haber sacado a concurso este servicio, mientras que las defensas alegan que se trataba de un contrato menor porque era una obra y uno un servicio (el límite para realizar una adjudicación directa está en 18.000 euros en el caso de la contratación de servicios y en 50.000 en el de contratación de obras). Por su parte, Rodríguez ha defendido que en cualquier caso, “fuese como fuese, siempre se pedían varios presupuestos”, aunque se fuera a realizar una adjudicación sin concurso. “Eso como mínimo”, ha apostillado.

Además, también ha dicho que “no se entendía” por qué el empresario “no presentó las facturas en el momento” y las presentó todas juntas en diciembre, cuando supuestamente llevaba realizando trabajos para el Ayuntamiento desde marzo. “¿Por qué cree que las presentó todas en diciembre? ¿Tenía alguna ventaja? ¿O era todo una invención y no se hizo nada ni en marzo, ni en abril ni nunca?”, le ha preguntado el fiscal. “Eso es lo que pienso. Y si se hizo, se hizo poco”, ha respondido Rodríguez, que ha defendido que “la distancia más corta para llegar a un sitio es diciendo la verdad” y ha asegurado estar “totalmente arrepentido”.


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NotaPublicado: Mar 24 Nov, 2015 3:50 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La tercera jornada del juicio de los chalés de La Bufona tuvo como elemento principal la suspensión de las obras en el plan parcial por parte de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun): cuándo se dictó, a qué suelo afectaba y quién intervino en ese expediente.

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Durante la vista declararon tres trabajadoras de la Apmun: una arquitecta, una aparejadora y una jurista. Una de ellas señaló que "la invasión de suelo rústico se detecta incluso en las fotos" y otra que, a la vista del Plan General, se veía que una parte estaba construida sobre suelo rústico de protección ecológica.

La jurista aseguró que la suspensión se dictó y que desde que se notificó se tenía que haber cumplido, pero que no se hizo el precinto por la excesiva carga de trabajo y los pocos medios técnicos y personales con que contaba la Agencia. "La suspensión se entiende que sigue vigente porque se incorpora la resolución al expediente", aseguró.

Esa orden de paralización, que vino precedida de una denuncia de la familia Murillo y otra del Seprona, fue en verano del año 2000. La defensa de los acusados intenta demostrar que en esa fecha ya se habían terminado las obras y entregado las casas, y que la orden sólo afectaba a las 14 casas en suelo rústico.

La acusación particular considera que la orden afectaba a todo el plan parcial completo ya que decía "en el ámbito de La Bufona" y que se siguieron haciendo obras e incluso concediendo licencias, como la que se dio para las baldosas y la pérgola del fiscal Pallarés.

El primero de los testigos en declarar fue el ex secretario municipal. Felipe Fernández Camero, que llegó a estar imputado en esta causa. Camero sostuvo que informó en dos ocasiones de que no se había hecho ni el proyecto de compensación ni las cesiones obligatorias y que "alguien no las reclamó".

Fernández Camero también sostuvo que hacía falta llevar a cabo la reparcelación de los terrenos porque eran de un único propietario. Dijo que recordaba bien la orden de paralización pero que no era una orden para el Ayuntamiento porque se refería sólo al suelo rústico y el Ayuntamiento no tiene competencias en suelo rústico, tampoco para sancionar.

También recordaba perfectamente que su sobrino político, el fiscal Pallarés propietario de una de las viviendas, solicitó licencia para poner unas baldosas y una pérgola y que luego había renunciado a la pérgola, y que la había pedido alguien en representación (su sobrina), pero añadió que para las baldosas no hace falta licencia y que él, como secretario, no daba licencias, y que sólo se habían suspendido las obras en curso, no todas las obras.

La ex alcaldesa Manuela Armas, que declaró como testigo, aseguró que tras hablar con Gonzalo Murillo, que fue a reunirse con ella para advertirle de que estaban edificando en sus terrenos, ordenó verbalmente paralizar cualquier licencia hasta comprobar si era cierto, y que poco después dejo de ser alcaldesa. También dijo que los planos del Ayuntamiento no coincidían con los del Gobierno: "Había tachones, se habían manejado", dijo.

El notario Celestino Mendizábal, propietario de una de las casas, declaró como testigo y tuvo que ser advertido, por el fiscal primero, y por la juez después, de que estaba contestado en "tono desabrido". Al notario, que declaró con las manos metidas en los bolsillos del pantalón durante gran parte de su comparecencia, le advirtió la juez: "No es necesario hablar con ese tono cuando a usted se le está hablando de forma educada".

Mendizábal aseguró que compró su casa libre de cargas, en una finca urbana y con todas las licencias, y que no ha pedido la certificación catastral ni tampoco midió su finca. La acusación le señaló que su parcela mide 323 metros en el Registro y 570 en el catastro, y el notario afirmó que "en la mayoría de las fincas no coinciden la superficie del Registro y la del catastro".


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NotaPublicado: Mar 24 Nov, 2015 3:59 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“¿Cualquiera puede ir al Ayuntamiento de Arrecife y que le paguen 250.000 euros a final de año?” Ésa fue una de las preguntas que planteó el fiscal Ignacio Stampa al que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, durante la primera jornada del juicio de la pieza 13 del caso Unión. En su declaración como acusado, Arrocha reconoció que fue él quien realizó el encargo a José Daniel Hernández Arráez (pese a que en ese momento ni siquiera estaba constituida la empresa) y también quien supervisó que se ejecutara ese trabajo, que según la acusación realmente no se realizó.

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Sin embargo, pese a que también era el encargado de esa supuesta supervisión, Rafael Arrocha autorizó el pago de algunas de las facturas antes incluso de que se hubiera prestado el servicio. “Pues no sé. Se me pasó”, le respondió al fiscal, cuando éste le hizo ver las facturas y le preguntó cómo es posible que, en algunos casos, autorizara el pago antes de que se realizaran los supuestos trabajos (las demás facturas se presentaron también todas juntas, en este caso meses después de haber prestado el supuesto servicio).

“Y como se le pasó, ¿entonces no comprobó que el trabajo se había hecho?”, insistió el fiscal, que recordó que al autorizar el pago de la factura, Arrocha estaba dando el visto bueno al presupuesto y también certificando que el servicio se había prestado. “Se me habrá pasado la fecha. Es un error”, agregó después Arrocha, que poco antes había asegurado que verificó todos los supuestos trabajos realizados por este empresario. “¿Comprobó todos los metros de cable que se facturaron?”, preguntó el fiscal. “Sí”, respondió Arrocha. “¿Y le dio tiempo?” “Sí”, volvió a responder de forma escueta el funcionario. Sin embargo, no pudo aportar ningún informe o documento sobre las notas que afirma que tomaba en esas visitas.

Una de las facturas a las que ha hecho referencia el fiscal Ignacio Stampa fue presentada en el Ayuntamiento el 5 de diciembre y correspondía a supuestos trabajos de electricidad en las fiestas de San Francisco Javier, que empezaban supuestamente el 10 de diciembre y terminaban el 27 de diciembre, un día después de que el Ayuntamiento hiciera efectivo el pago.

Al igual que con todas las facturas que cobró Hernández Arráez (a su nombre o al de su empresa), en este caso también presentó una por “montaje” y otra por “desmontaje”. Y las dos (una de 25.195 euros y otra de 26.013,75 euros) se cobraron el 26 de diciembre, antes de finalizar siquiera las fiestas. Además, el fiscal se refirió también a las facturas presentadas por el acusado ya en el año 2009 y subrayó que en el caso de una de ellas, está fechada en febrero, también antes de que se prestara siquiera el servicio, que supuestamente correspondía a “trabajos de electricidad” en las fiestas de San José y Carnaval de ese año.

“Firma el desmotaje antes de que se produzca y en otra ya firma hasta el desmontaje”, subrayó el fiscal. “Pues se me habrá ido”, respondió Arrocha al ver las facturas durante el juicio. En el caso de las 4 últimas facturas presentadas en 2009, aunque tenían ya el visto bueno de Arrocha y del ex concejal José Miguel Rodríguez, no se llegaron a abonar porque el Ayuntamiento paralizó el pago tras la Operación Unión, cuando se rompió el pacto y el área de Festejos detectó presuntas ilegalidades en esas facturas.

Además, pese a que se trataba de trabajos supuestamente relacionados con las fiestas, ni en el encargo del trabajo ni el pago intervino el área de Festejos, sino la Concejalía de José Miguel Rodríguez, que llevaba Hacienda y Urbanismo. “Yo puse de manifiesto que Festejos siempre se gastaba las partidas”, ha explicado el otro acusado, el interventor Carlos Sáenz. Según él, Rodríguez le dijo entonces “que en su área había presupuesto” y “consistió” que el dinero saliera de su Concejalía. “Me autorizó a que lo cargue porque tenía una partida que durante el ejercicio prácticamente no había tocado”, declaró el interventor.

Por su parte, el ex concejal confesó durante el juicio que “contribuyó a malversar” fondos públicos al firmar esas facturas, ya que considera que los trabajos realmente no se habían realizado. Y según su declaración, lo hizo porque en otras ocasiones el interventor había “consentido” otros pagos con los que se “lucraron” tanto el propio Rodríguez como su partido, el PIL.

Desde el área de Festejos, los propios técnicos señalaron durante la instrucción de esta causa que realmente no se prestaron esos servicios por parte de Hernández. De hecho, en algunos casos fueron los propios trabajadores municipales quienes los realizaron, al ser tareas menores, y en los demás se contrató incluso a otras empresas.

¿Cómo es posible que sepa usted que José Daniel Hernández realizó labores en el Recinto Ferial y no sepa que también las realizó Leyce? ¿No tenía usted que coordinar?”, le preguntó a Arrocha el abogado que representa al Ayuntamiento, que está personado como acusación popular en la causa. Lo mismo le plantearon a Hernández, que tuvo que responder si no “coincidió” con Inelcon y con Leyce realizando trabajos de electricidad para el Carnaval. “No, yo he coincidido con gente”, respondió el empresario, sin aclarar si esas empresas estaban prestando el trabajo que supuestamente se le encargó también a él.

Lo que defendieron tanto el empresario como Arrocha es que José Daniel Hernández realizó trabajos diferentes. Incluso, distintos a los que se especificaban en la propia factura. Según Rafael Arrocha, lo que en realidad hizo Hernández fue “un tema de seguridad”, ante las quejas de los vecinos porque “aumentaba el consumo de electricidad durante las fiestas y se apagaban las bombillas”.

Por eso, decidió realizar este encargo para “reforzar” las líneas. “¿Era un refuerzo de manera provisional? ¿Ponerlo y quitarlo?”, preguntó el fiscal, a lo que Arrocha respondió que sí. “Y teniendo en cuenta el montante, de entre 40.000 y 50.000 euros, ¿no era mejor dejar algo fijo?”, preguntó por su parte el abogado de la acusación popular. “Habría que haber cambiado todo y llevaba más tiempo”, respondió el funcionario, que agregó después que “a largo plazo se ha ido cambiando”. Según su declaración, ese refuerzo de las líneas se llevó a cabo solo en ese año, cuando Hernández Arráez recibió en total 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife por su intervención en cinco fiestas. Y tampoco realizó un informe sobre la necesidad de afrontar esos trabajos y ese gasto porque según él, “no era preceptivo”.


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NotaPublicado: Mar 24 Nov, 2015 4:02 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

El alcalde de Arrecife, José Montelongo, ha reclamado este martes en los juzgados para el Ayuntamiento de Arrecife los 250.000 euros supuestamente malversados en la Pieza 13 del caso Unión. Montelongo ha comparecido en calidad de denunciante, en representación del Consistorio capitalino, durante la segunda sesión de la vista oral de la Audiencia de Las Palmas.

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Durante la declaración de Montelongo, el fiscal Ignacio Stampa ha advertido al resto de letrados de que el alcalde de Arrecife está imputado por hechos muy similares en el denominado caso ’Montecarlo’. Montelongo ha negado recordar alguna incidencia especial registrada durante los carnavales de 2008, fecha en que se investigan posibles trabajos de electricidad para ciertas fiestas de barrio que, según el Ministerio Fiscal, se cobraron pero no se ejecutaron.

El alcalde ha ratificado que el pasado 22 de julio de 2009 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife puso sobre la mesa facturas de las concejalías de Festejos y Vías y Obras "que podían presentar ciertas irregularidades". Desde entonces, ha explicado, el Ayuntamiento ha tratado de recuperar aquel dinero.

Por su parte, las defensas han tratado de demostrar en la segunda sesión de la vista oral de la Audiencia de Las Palmas que la empresa de electricidad de José Daniel Hernández trabajaba asiduamente para el Ayuntamiento de Arrecife y otras instituciones públicas de la Isla. Lo han hecho aprovechando las distintas declaraciones de los jefes de las secciones de electricidad de varios ayuntamientos y el testimonio de encargados de empresas del mismo sector. A este respecto, cabe destacar que el primero en prestar declaración este martes fue el actual alcalde de Tinajo, Suso Machín, dueño de una empresa de electricidad.

En cuanto a la primera sesión judicial celebrada este mismo lunes en los juzgados de Arrecife, el exconcejal de Hacienda José Miguel Rodríguez reconoció ser parte de la presunta trama de facturas falsas del Ayuntamiento de Arrecife y haber participado en la malversación de 250.000 euros.

El resto de acusados, el empresario que facturaba, José Daniel Hernández Arraéz, el técnico Rafael Arrocha y el interventor, Carlos Sáenz, negaron las acusaciones y aseguraron que simplemente se dedicaban a trabajar para el Ayuntamiento.

Tres de los cuatro acusados por el llamado caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Arrecife negaron las acusaciones del Ministerio Fiscal, que asegura que existen pruebas de una trama que habría desfalcado de las arcas municipales hasta 250.000 euros.


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NotaPublicado: Mar 24 Nov, 2015 5:49 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Ni un funcionario, ni un trabajador, ni un cargo público del Ayuntamiento de Arrecife. Nadie tiene constancia de que realmente se prestaran los trabajos por los que el empresario José Daniel Hernández Arráez cobró 250.000 euros del Consistorio en diciembre de 2008. Eso es lo que ha quedado de relieve en la segunda jornada del juicio de la pieza 13 del caso Unión, donde ya han terminado de declarar todos los testigos citados por las partes. Y en el caso de los testigos presentados por las defensas, de lo que han hablado es de trabajos realizados por este empresario en otros municipios, especialmente en San Bartolomé, pero en ningún caso en Arrecife.

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Pese a que Hernández declaró este lunes que había contratado personal para realizar esos supuestos trabajos de electricidad en las fiestas de varios barrios de la capital, su defensa tampoco ha llamado a ninguno de esos trabajadores. Sin embargo, sí han llamado a un funcionario de San Bartolomé, a un constructor con el que Hernández realizó obras en ese mismo municipio y a un ingeniero que, según ha declarado, impartió cursos de formación en telecomunicaciones a empleados de Hernández en el año 2002.

Por su parte, todos los trabajadores de Arrecife que han prestado declaración en el juicio han coincidido en señalar que no hay constancia alguna de que esos servicios realmente se prestaran. Así, el único que asegura que se realizaron es uno de los acusados, Rafael Arrocha, que sostiene que como jefe de la Oficina Técnica fue quien encargó esos trabajos y quien supervisó que realmente se llevaran a cabo. La otra persona que firmó esas facturas autorizando el pago, el ex concejal José Miguel Rodríguez, también está acusado en la causa y este lunes confesó haber "contribuido a malversar" ese cuarto de millón de euros, porque también considera que los trabajos no se realizaron.

Tras la sesión celebrada este martes, ya solo falta que declaren dos peritos y que la Fiscalía, la acusación particular y las defensas expongan ante la Sala sus conclusiones definitivas. Sin embargo, esa tercera sesión no se celebrará hasta el 11 de diciembre, cuando se reanudará el juicio y quedará ya visto para la sentencia.

Ni la Fiscalía ni el abogado de la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Arrecife, han formulado apenas preguntas a la mayoría de los testigos aportados por las defensas. De hecho, tras escuchar las respuestas que daban a los abogados de los acusados, solo han formulado una de forma repetida. “¿Y en Arrecife le consta que hiciera trabajos José Daniel Hernández?” Y en todos los casos, la respuesta ha sido no.

Solo uno de los testigos ha intentado matizar que no le constaba “oficialmente” que hubieran existido trabajos en Arrecife, ante lo que ha intervenido el juez que preside la Sala. “¿Y de qué otra forma le consta que no sea oficialmente?”, le ha preguntado, a lo que el testigo ha respondido que “por la prensa”. “No le he preguntado lo que dice la prensa”, le ha contestado el magistrado, dando así por concluida la declaración.

En el caso de este testigo, es un ingeniero industrial que ha declarado que conoce a Hernández, que sabe que tiene una empresa y que ha realizado trabajos para el Ayuntamiento de San Bartolomé (aunque según su declaración, ni siquiera le consta si realmente los ejecutó). Otro de los testigos es constructor y afirma que realizó canalizaciones para obras de tendido eléctrico que iba a realizar José Daniel Hernández, pero en Yaiza y en San Bartolomé, no en Arrecife.

A estos dos testimonios se suma el del ingeniero de telecomunicaciones que impartió cursos de formación a trabajadores de Hernández en 2002 (cuando Proselan, que es la empresa por la que se cargaron las facturas al Ayuntamiento de Arrecife, ni siquiera estaba aún constituida); y un funcionario de San Bartolomé que afirma que conoce al empresario “de verlo trabajando” en ese Ayuntamiento. “¿Sabe si ha hecho algún trabajo en otro ayuntamiento?”, le ha preguntado la acusación. “No”, ha vuelto a ser la respuesta.

Por su parte, los distintos técnicos del Ayuntamiento no solo han declarado que no hay constancia de que se realizaran esos supuestos trabajos, sino que también han afirmado que había otras empresas contratadas para prestarlos (en el caso de fiestas de envergadura como el Carnaval) o corrían a cargo de empleados municipales (en el caso de las fiestas de los barrios). “Si se hubieran prestado esos servicios, lo sabría”, ha afirmado el coordinador de Festejos, José Nieves, que en su día realizó un informe advirtiendo de la presunta ilegalidad de esos pagos (de hecho, tras el estallido de la operación Unión, desde el Ayuntamiento se bloqueó el abono de otras cuatro facturas que sumaban casi 100.000 euros más).

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También un trabajador del departamento de alumbrado público del Ayuntamiento, José Morales, ha ratificado este martes un informe que emitió en julio de 2009, en el que concluía que los trabajos no se realizaron. O mejor dicho, que los hicieron operarios municipales u otras empresas, en el caso de las fiestas del Carnaval, pero no José Daniel Hernández.

A estos informes se suman los elaborados por Sheila Díaz en el año 2013, cuando trabajaba en el departamento de Contratación. La funcionaria, que también ha declarado este martes, emitió en total tres informes, en los que entre otras cosas explicaba que no consta ninguna documentación sobre esas facturas en el Ayuntamiento. En su declaración, Díaz ha afirmado que debería existir una propuesta de gasto (para justificar el encargo), pero que en este caso no existía. Por su parte, otro oficial electricista del Consistorio ha declarado que no encontró ni un solo parte de esos supuestos trabajos en el Ayuntamiento.

Como testigos también han declarado los responsables de dos empresas, Leyce e Inelcon, que fueron las que se encargaron de los trabajos electricidad en los Carnavales de Arrecife en los dos años que se investigan, pese a que José Daniel Hernández también cargó facturas al Ayuntamiento por supuestos servicios prestados en esas mismas fiestas.

Desde Inelcon, Carlos Lemes ha declarado que no vio a este empresario trabajando junto a él en ninguna fiesta y que cuando le contrataban a él, no coincidía con otra empresa de electricidad. Además, ha explicado que cuando Inelcon realiza trabajos de este tipo, incluye en la misma factura las labores de montaje y desmontaje (Hernández cargaba dos facturas distintas por fiesta, una por montar y otra por desmontar, de entre 20.000 y 30.000 euros cada una).

Lo mismo ha declarado el dueño de Leyce, el también alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que ha confirmado que cuando hacen trabajos en fiestas montan y desmontan, pero lo cobran todo en la misma factura.


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NotaPublicado: Mié 25 Nov, 2015 6:12 am 
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Los trabajos por los que cobró el empresario José Daniel Hernández "se realizaron", pero desde luego "no por parte de su empresa". Y en la mayoría de los casos, el coste de esos trabajos era de “1.000 o 2.000 euros”, y no de más de 45.000, que fue lo que llegó a cobrar ese empresario por cada fiesta de Arrecife en la que supuestamente intervino.

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Eso es lo que declararon algunos de los testigos en la segunda jornada del juicio de la pieza número 13 del caso Unión, por presunta malversación de caudales públicos en el pago de 250.000 euros al dueño de Proselan. Tanto el coordinador de Festejos de Arrecife, José (Fefo) Nieves, como uno de los trabajadores del departamento de alumbrado público del Ayuntamiento, José Morales, coincidieron en señalar que de las cinco fiestas por las que cobró Hernández, en cuatro en realidad los trabajos de electricidad corrieron a cargo del propio Consistorio. Y en la otra, el Carnaval, se contrató a otra empresa para prestar ese servicio.

Además de asegurar que Hernández no realizó esos trabajos, José Morales tachó de “desproporcionadas” las facturas que cargó este empresario al Ayuntamiento por los trabajos de electricidad en fiestas de cuatro barrios (Valterra, Titerroy, Argana Baja y San Francisco Javier). Y es que según su declaración, el Ayuntamiento gasta “unos 1.000 o 2.000 euros” en trabajos de electricidad en las fiestas de los barrios. Y en el caso de las de Argana Baja, ni siquiera realizan esos trabajos porque los actos se desarrollan dentro del centro sociocultural.

“Son fiestas muy austeras, pequeñitas”, explicó el coordinador de Festejos al hablar de las fiestas de Chaxiraxi, que se celebran en el barrio de Argana Baja. Según el concejal, en ese barrio ni siquiera es necesario realizar trabajos de electricidad, porque los actos se celebran dentro de un local que ya tiene luz. Sin embargo, el Ayuntamiento pagó casi 45.000 euros a José Daniel Hernández por supuestos trabajos de electricidad para esas fiestas en el año 2008 en dos facturas distintas.

Una, de 21.141 euros, correspondía a supuestos “trabajos de montajes y utilización de líneas, postes, proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento”. La segunda, de 23.086 euros, era por “trabajos de desmontaje de líneas, postes, proyectores, cuadros, y accesorios”, según el concepto de ambas facturas. En total, casi 45.000 euros en la supuesta instalación eléctrica de unas fiestas cuyo programa de este año consistía en “campeonatos de envite, ronda, chinchón, bola y fútbol”, así como “certamen de dibujo, parchís y la organización de una yincana”.

Durante el juicio, se ha mostrado a los técnicos el presupuesto de esas obras, que no constaba en el Ayuntamiento pero que fue aportado por el empresario dentro de esta causa, como prueba de su defensa. Y en ese presupuesto, se incluyen otros trabajos añadidos destinados supuestamente a “reforzar” el cableado con motivo de las fiestas. Entre otras cosas, por ejemplo, asegura que puso 385 metros lineales de cable. “Es que dentro del centro sociocultural no hace falta nada”, ha insistido el trabajador del área de alumbrado público, cuando le han mostrado ese presupuesto durante el juicio.

En cuanto al resto de las fiestas, tanto Fefo Nieves como José Morales han explicado que en las de Valterra, por ejemplo, que tienen más envergadura, se utiliza un generador que aporta otra empresa y además se puede llegar a instalar “un cuadro” o “alguna palanquita pequeña” para alguna caseta, pero siempre lo hacen operarios municipales. Lo mismo sucede en las fiestas de Titerroy, donde la empresa de sonido se encarga de poner un generador. Y los gastos totales, tanto en esos dos barrios como en el de San Francisco Javier, no superan los 2.000 euros.

En su declaración como acusados, tanto José Daniel Hernández como el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, defendieron que en realidad los trabajos realizados no se ajustan a lo que se especificaba en el concepto de la factura y aseguran que en realidad se acometieron más “obras”. En el caso de Arrocha, que fue quien encargó y supervisó esos supuestos trabajos, llegó a asegurar que había quejas de los vecinos porque con las fiestas aumentaba el consumo de electricidad y “se apagaban las bombillas”, y que por eso encargó a Hernández trabajos para “reforzar” el cableado.

Al respecto, tanto el coordinador de Festejos como el trabajador del departamento de alumbrado público aseguraron que no recuerdan ninguna queja de los vecinos en ese sentido, ni tampoco que existieran problemas con el alumbrado ni que se tuvieran que reforzar las líneas. Ni en las fiestas de 2008 ni en ninguna otra.

También uno de los jueces de la sala formuló una pregunta al técnico de alumbrado, retomando un tema que se había planteado a los acusados en la primera jornada. Concretamente, preguntó si no hubiera sido necesario comunicarse con Endesa (entonces Unelco) para realizar trabajos relacionados con el alumbrado público. “Sí”, respondió el técnico, confirmando que "Unelco es quien lo tendría que autorizar”, pese a que Arrocha y Hernández afirmaron que no era necesario.


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NotaPublicado: Mié 25 Nov, 2015 4:10 pm 
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“Yo solo vi la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás”. Eso es lo que declaró el tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, sobre los 250.000 euros que el Ayuntamiento abonó al dueño de Proselan, José Daniel Hernández Arráez. El tesorero, que este martes declaró como testigo en el juicio, explicó que hasta 2008, las órdenes de pago le llegaban “más completas”. Sin embargo, en ese año no le remitían los expedientes, solo ese último documento que es el que le obliga a él a realizar el pago.

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En el caso de las 10 facturas pagadas a José Daniel Hernández y a su empresa, estaban firmadas por los tres acusados en la causa: el jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, el ex concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez (que reconoce que con su firma “contribuyó a malversar” ese dinero), y el interventor, Carlos Sáenz. Y este último, según el tesorero, es quien tiene encomendada la misión de fiscalizar los pagos.

Tesorería maneja los fondos y el control de la recaudación, pero Intervención es quien hace la fiscalización previa”, declaró Cabrera Panasco, detallando que es labor del interventor tanto la fiscalización formal (relativa al presupuesto de ese gasto) como la material (confirmando que el servicio se ha realizado realmente). “Si la orden de pago está firmada, para el tesorero es de obligado cumplimiento”, explicó.

En su primera declaración en los Juzgados durante la instrucción de esta causa, Cabrera Panasco llegó a afirmar que en esa época recibía “presiones” como tesorero para que pagara determinadas facturas. Y lo mismo volvió a confirmar en el juicio, aunque a preguntas de la defensa precisó que no las había recibido en el caso concreto de los pagos a Proselan.

“El reparo que hacía el tesorero es que era muy simple, que tenía que venir con mayor fundamento. Pero aún así, yo firmaba”, declaró por su parte el que entonces era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, durante su declaración como acusado el pasado lunes. En esa declaración, el ex edil explicó que firmó el abono de las facturas al dueño de Proselan, pese a esa advertencia del tesorero, porque antes se había “beneficiado” de pagos a otras empresas, por los que está acusado en otras piezas de Unión (y ya condenado en una de ellas). Y según Rodríguez, en todos los casos había un mismo “modus operandi” en el que quien “tenía que estar siempre era Carlos Sáenz”. De hecho, explicó que “consintió" firmar esas facturas a José Daniel Hernández porque antes el interventor "había consentido en otras de la misma manera para que yo o mi partido nos lucráramos”.

A preguntas del abogado de uno de los acusados, el tesorero explicó que el mismo día en que se pagaron las facturas a ese empresario, el 26 de diciembre de 2008, el Ayuntamiento realizó más de 200 transferencias por importe total de unos 5 millones de euros. “¿O sea que no era raro que en diciembre, al terminar el año, se terminaran de ajustar los pagos?”, insistió el letrado. “Si había liquidez, sí”, respondió el tesorero.

En el caso de los pagos a Proselan, también explicó que además de paralizarse el pago de otras cuatro facturas del mismo empresario en 2009, el Ayuntamiento también inició un procedimiento de reintegro, para reclamar la devolución de los 250.000 euros abonados en 2008.

Fue después de que estallara la Operación Unión y se rompiera el pacto de gobierno entre el PSOE y el PIL cuando desde la Concejalía de Festejos tuvieron conocimiento de esas facturas y advirtieron que los trabajos presuntamente no se habían prestado. Por eso, adoptaron esas medidas internas y también denunciaron los hechos. Ahora, en este juicio, el Ayuntamiento está personado como acusación particular y reclama la devolución de ese cuarto de millón de euros.

“¿Ha visto incremento patrimonial en Carlos Sáenz?”, le preguntó a Cabrera Panasco uno de los abogados de la defensa. “No lo sé, no tengo relación con él”, respondió el tesorero.

Otro de los ejes de los interrogatorios durante el juicio ha girado en torno al tipo de “contrato” en el que encajaban los supuestos trabajos prestados por José Daniel Hernández. Según la defensa de los acusados, se trataba de un contrato de obra. Según la Fiscalía y la acusación popular, de un contrato de servicios. Y la diferencia es esencial, porque en el caso de las obras, el importe máximo para adjudicarlas de forma directa, sin concurso, es de 50.000 euros; mientras que en los servicios el límite para que pueda ser considerado un “contrato menor” está en 18.000 euros.

En el caso de José Daniel Hernández, realizó supuestos “trabajos de montajes y utilización de líneas, postes, proyectores, cuadros, accesorios y mantenimiento” para distintas fiestas de Arrecife. Y por cada una de esas fiestas, cargó dos facturas (una por montaje y otra por desmontaje) que sumaban en total más de 40.000 euros.

“De acuerdo con el texto que se ve en la factura, mi opinión es que es un servicio. Pudo haber algo de obra, pero la parte más importante es servicio”, declaró al respecto el tesorero durante el juicio. Y lo mismo señaló el coordinador de Festejos de Arrecife, José Nieves, que explicó que "alumbrado se contrata como un servicio".

Por su parte, la que entonces era jefa de Contratación, Elena Martín (hija de Dimas Martín e imputada en otra pieza de Unión), también compareció como testigo este martes pero no se pronunció con claridad sobre si se trababa de una obra o un servicio. Tras explicar que lleva “un par de años desvinculada del departamento de Contratación” y “un año de baja”, Elena Martín apuntó que “si no se especifica nada más”, una instalación eléctrica es “una obra”. Sin embargo, la acusación sostiene que en este caso no se estaba realizando una “instalación”, sino un supuesto montaje y desmontaje puntual para las fiestas.

“Para mí, en algunos casos, es difícil discernir si es una obra o un servicio”, afirmó durante el juicio la que era jefa de Contratación del Ayuntamiento. Preguntada sobre si en el caso de estas facturas se dirigió al interventor para preguntarle si se trataba de una obra o de un servicio, como al parecer dijo en su primera declaración como testigo, la funcionaria afirmó que “no lo recuerda”, aunque considera que “sería normal” que lo hubiera hecho, porque “es un compañero”.

Que la supuesta encomienda fuera de obra o de servicio no solo tiene importancia para determinar si el trabajo se debía sacar a concurso o no, sino también por un cargo adicional que se añadió en las facturas. Concretamente, el fiscal considera que hubo un aumento “fraudulento” del 22 por ciento, por conceptos que no deben incluirse en un contrato de servicios (el recargo de un 16 por ciento de gastos generales y un 6 por ciento de beneficio industrial solo puede aplicarse en facturas de obras).

Además, parte de la defensa del interventor y del jefe de la Oficina Técnica también se basa en sostener que se trataba de contratos menores. En el caso de Rafael Arrocha, porque lo contrario implica que hubiera tenido que sacar a concurso la adjudicación, en lugar de hacer el supuesto encargo directamente a ese empresario. En el del interventor, porque su defensa sostiene que no está obligado a fiscalizar contratos menores.

Sobre este punto preguntó su abogada a una trabajadora de Arrecife, que ejerció de interventora accidental en 2014, Sandra Leticia Estellé Padrón. Y según esta empleada municipal, “los contratos menores no se fiscalizan”, porque la ley no obliga a ello. Sin embargo, durante su declaración, el tesorero de Arrecife aseguró lo contrario y defendió que en todos los casos debe realizarse una fiscalización.


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NotaPublicado: Mié 25 Nov, 2015 4:13 pm 
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NotaPublicado: Lun 18 Ene, 2016 4:08 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, ha dejado de estar imputado en el caso Montecarlo. El juez Ricardo Fiestras ha decidido sobreseer las actuaciones abiertas contra él, coincidiendo así con el criterio planteado desde el primer momento por la Fiscalía en esta causa. En su auto, fechado el pasado 12 de enero, el juez subraya la “ausencia de indicios de infracción penal" en la actuación de Cabrera Panasco.

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Ningún ánimo delictivo puede desprenderse si el ejecutor de pagos únicamente conoce la orden de pago y no el resto de documentación”, señala el juez, aclarando que el tesorero no interviene en la autorización de los pagos, sino tan solo en su ejecución material. Además, agrega que “cuando ha tenido datos”, Cabrera Panasco “ha manifestado su desacuerdo”, tanto al que era concejal de Hacienda cuando se abonaron las facturas que se investigan, José Montelongo, como al entonces alcalde, Cándido Reguera. Incluso, llegó a plasmar “por escrito su negativa a efectuar pagos al margen del orden de prelación legalmente establecido”, es decir, al orden legal en que deben afrontarse los pagos. Y “cuando ha tenido dudas", también "lo ha manifestado de forma expresa y reiterada”, añade el juez.

El auto recuerda que inicialmente, el tesorero iba a ser citado como testigo en la causa, a petición de la Fiscalía. Incluso, se había cursado ya la citación. Sin embargo, tras recibirse un informe pericial, el juez señala que la defensa del actual alcalde, José Montelongo (imputado en la causa por su etapa como edil de Hacienda), realizó “recomendaciones” para que el tesorero declarara como imputado y no como testigo.

La juez que entonces instruía la causa decidió en ese momento imputar al tesorero, en un auto que fue recurrido en su momento por el Ministerio Fiscal. Finalmente, el recurso fue rechazado y Cabrera Panasco prestó declaración hasta en dos ocasiones en calidad de imputado. “De dichas declaraciones, así como de la documental aportada en las mismas, se consolida la ausencia de indicios de infracción penal en su actuación”, señala ahora el juez instructor.

Además, agrega que hasta tres tesoreros intervinieron en los pagos a Inelcon y Señalcon, que son los que se investigan en esta pieza. Sin embargo, no se imputó ni se pidió la imputación de ninguno más. “No es dicho tesorero, de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon, el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares a tales empresas”, concluye el magistrado en su auto.

A diferencia de lo que ocurre en las tres piezas abiertas en el Ayuntamiento de Arrecife, en la de San Bartolomé sí está acusado el tesorero de ese municipio, Luis Manuel Rodríguez Pérez. El motivo es que en ese municipio, los pagos que se investigan están directamente relacionados con el área de Tesorería. Concretamente, el empresario José Vicente Montesinos cobró casi 400.000 euros por supuestos servicios de asesoramiento y colaboración con la recaudación de tributos municipales. Y en ese caso, Rodríguez Pérez era el técnico que debía comprobar si realmente los pagos correspondían a servicios prestados, cosa que la Fiscalía y el juez instructor consideran que no fue así.

El pasado mes de diciembre, Antonio Cabrera Panasco declaró como testigo en el juicio de una de las piezas de Unión, por los pagos a la empresa Proselan por servicios presuntamente no prestados. Durante la vista, el tesorero de Arrecife explicó que en aquel caso, como en muchos otros, a él solo le entregaron “la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás”. Según explicó, hasta 2008 las órdenes de pago le llegaban “más completas”. Sin embargo, en ese año no le remitían los expedientes, solo ese último documento que es el que le obliga a él a realizar el pago.

“Tesorería maneja los fondos y el control de la recaudación, pero Intervención es quien hace la fiscalización previa”, declaró Cabrera Panasco, detallando que es labor del interventor tanto la fiscalización formal (relativa al presupuesto de ese gasto) como la material (confirmando que el servicio se ha realizado realmente). “Si la orden de pago está firmada, para el tesorero es de obligado cumplimiento”, explicó.

Cabe recordar que en ese juicio se sentaba en el banquillo el interventor, Carlos Sáenz, que a su vez es el principal acusado en el caso Montecarlo, en el que está imputado en todas las piezas. “Yo creo que nuestro tesorero discute continuamente”, afirmó Sáenz durante ese juicio, cuando el fiscal Ignacio Stampa le preguntó expresamente por el papel del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife y si había “discutido” el abono de esas facturas a Proselan.

En cuanto a los pagos que se investigan en el caso Montecarlo, la Fiscalía subraya que en los casos en los que tuvo más datos, o en los que se veían afectados temas que sí eran de su competencia, Cabrera Panasco “manifestó” tanto al entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, como al que era alcalde, Cándido Reguera, “su desacuerdo con las decisiones” que estaban adoptado. Y también hizo advertencias otra de las funcionarias que ejerció de tesorera en esta etapa, Carmen Villaverde.


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NotaPublicado: Vie 22 Ene, 2016 5:02 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a cinco años y tres meses de prisión a tres de los acusados del caso Proselan: el interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, el anterior jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y al empresario José Daniel Hernández, propietario de la empresa Proselan.

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Por su parte, la Audiencia ha condenado a un año y cuatro meses de prisión y tres años de inhabilitación a José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda del Consistorio capitalino, que en el juicio confesó que se había producido el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por Proselan en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento.

El interventor ha sido condenado por un delito continuado de malversación de caudales públicos y a un delito continuado de prevaricación, al igual que el ex jefe de la Oficina Técnica y el ex concejal de Hacienda. Además de las penas de prisión, ambos funcionarios han sido condenados a nueve años de inhabilitación absoluta

En el caso del empresario, ha sido condenado por un delito continuado de malversación, por otro delito continuado de prevaricación y por un delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Además, los cuatro condenados tendrán que indemnizar al Ayuntamiento de Arrecife de forma solidaria con los 251.953 euros que se facturaron de forma indebida a la institución. La empresa Proselan ha sido declarada responsable civil subsidiaria de 126.674 euros.

En la sentencia, de 62 folios, se considera como hechos probados que en 2008 los acusados “se concertaron” para obtener del Ayuntamiento hasta 349.159 euros a través de facturas por trabajos que “nunca se ejecutaron”, con el consiguiente “lucro personal” y “correlativo quebranto para las arcas públicas municipales”.

Así, la sentencia destaca que “aparentaron la contratación directa” de las empresas Instalación Eléctricas José Daniel Hernández y Proselan, simulando ejecutar contratos menores de obras, “evitando de esta manera la tramitación del expediente ordinario de contratación” y la necesidad de efectuar concursos públicos.

La Audiencia destaca que los acusados “siempre” estuvieron “guiados” por la “finalidad de menoscabar los fondos públicos”, y que “crearon la apariencia de la ejecución de diversas prestaciones” en las fiestas del Carnaval de Arrecife y en fiestas de los barrios del municipio, sin que se tramitara ningún expediente y sin que los trabajos se llevaran a cabo.

A través de un “plan preconcebido”, recalca la sentencia, se llegaron a confeccionar una serie de presupuestos “que no respondían a proyecto alguno” y que no fueron presentados en ningún registro del Ayuntamiento, al que únicamente se les puso la firma del entonces jefe de la Oficina Técnica y el sello del departamento para “aparentar la realidad de la contratación”.

Además, se presentaron 10 facturas en el Ayuntamiento los días 4 y 5 de diciembre de 2008, que firmaron Arrocha y José Miguel Rodríguez, “al ser perfectos conocedores” de que “la práctica del Ayuntamiento de Arrecife” era la de “liquidar en dicho mes la totalidad de los créditos a proveedores en el caso de existir disponibilidad presupuestaria”.

Del mismo modo, el interventor y el entonces edil de Hacienda “firmaron los documentos contables” redactados por Sáenz reconociendo las facturas y ordenando el pago “siendo conocedores de la inexistencia de prestación ni de contrato alguno que justificase su conformidad con dichas facturas”.

La transferencia de los más de 250.000 euros se llevó a cabo el 26 de diciembre sin que el interventor hubiera elaborado con carácter previo al abono el documento de retención de crédito, ni se hubiera formalizado expediente de contratación alguno ni redactado contrato.

El 21 de abril de 2009 se presentaron en la intervención del Ayuntamiento otras cuatro facturas, que sumaban 97.864 euros, que también fueron firmadas por Arrocha a pesar de ser “perfecto conocedor de la existencia de prestación de los servicios”. Rodríguez y Sáenz también firmaron los documentos contables y se ordenó el pago el 18 de mayo, pero “no llegó a efectuarse”.

En aquellos días fue cuando estalló el caso Unión y el PSOE se quedó en minoría en el gobierno municipal después de expulsar a los concejales del PIL. “Al detectarse por la Concejalía de Festejos dichas ilegalidades”, se suspendió el pago material de las facturas presentadas en el mes de abril.


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NotaPublicado: Vie 22 Ene, 2016 5:18 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Entendemos que este perito (o testigo) faltó groseramente a la verdad, por lo que estamos en la obligación de deducir testimonio por la posible comisión de un delito contra la administración de justicia”. Eso es lo que ha ordenado la Audiencia Provincial en la sentencia de la pieza 13 del caso Unión, por los pagos a Proselan por trabajos no realizados. Así, además de condenar a los cuatro acusados, pide abrir ahora diligencias contra una de las personas que declaró en el juicio.

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El supuesto “perito” aportado por la defensa, José Manuel Padillo Rivadimar, en realidad no emitió ningún informe dentro de esta causa, y tampoco lo había realizado previamente. Sin embargo, en el juicio aseguró tener constancia de que la empresa de José Daniel Hernández había realizado los trabajos de electricidad por los que cobró más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife.

Según declaró en el juicio, él “verificó el presupuesto y la obra” de Proselan en los distintos barrios con motivo de las fiestas. Sin embargo, explicó que no lo hizo por encargo del Ayuntamiento, sino de la propia empresa. “¿Pero vio que se habían ejecutado?”, le preguntó durante la vista uno de los jueces de la Audiencia, Carlos Vielba, que también es el ponente de la sentencia. “Sí, sí, en esos años iba yo a Lanzarote”, respondió Padillo, que no reside en la isla. “¿Iba usted a las fiestas?”, insistió el magistrado. “He ido a los barrios”, contestó. Tras varias preguntas más de este juez pidiendo detalles, incluso el magistrado que preside la sala se dirigió al perito de la defensa.

“¿Cómo es que usted acudía a esas fiestas, tenía algún encargo del Ayuntamiento?”, le preguntó, a lo que Padillo respondió que “tenía el encargo del instalador, de verificar el presupuesto”. A continuación, el juez volvió a preguntar si el empresario le pagó “alguna cantidad” por realizar esa labor. “No, tenía otra relación con él y no tenía que abonarme nada por eso”, contestó.

Al presentar sus conclusiones en el juicio, el fiscal Ignacio Stampa se refirió hasta en dos ocasiones a él como el “valiente perito” de la defensa, por varias de las afirmaciones que realizó durante su declaración. De hecho, fue el único testimonio que se escuchó durante las tres jornadas de vista oral (más allá del de tres de los acusados), asegurando que los trabajos sí se habían realizado. Ni un solo trabajador o cargo del Ayuntamiento, ni un solo empleado de la empresa que hubiera intervenido en esos supuestos trabajos. Nadie más declaró que se hubiera prestado algún servicio, pese a que José Daniel Hernández cobró unos 45.000 euros por cada una de las fiestas en las que supuestamente realizó labores de refuerzo en las líneas de electricidad.

La sentencia subraya que “sin haber efectuado informe alguno”, José Manuel Padillo afirmó por un lado que los presupuestos aportados por los acusados durante el juicio, y que no constaban oficialmente en el Ayuntamiento, “son conformes a la realidad y que él en persona vio cómo se ejecutaba la instalación”. Respecto al hecho de que afirmara que supervisó esos supuestos trabajos “porque así se lo pidió el instalador como prueba de obra”, la sentencia concluye que eso supondría que el supuesto encargo se realizó “a manera de coartada”.

Además, subraya el hecho de que Padillo hiciera esa labor “sin que se le abonara cantidad alguna”. “Hemos de suponer que también verificó la extraña partida de vigilancia nocturna”, añade la sentencia, en referencia a una partida de 3.000 euros que figura en cada uno de los presupuestos. “Y cuando se le preguntó sobre las fiestas de Argana Baja, celebradas en el centro sociocultural, se limitó a señalar que verificó instalaciones exteriores”, agrega la Audiencia, que añade que en este caso, además, el montaje era “innecesario”, dado que esas fiestas no se celebran en la calle. De hecho, tienen un modesto programa de actos y los eventos transcurren en el interior del centro sociocultural, donde los técnicos del Ayuntamiento confirmaron que no es necesario realizar ninguna obra de electricidad cuando llegan las fiestas.

Mientras distintos técnicos del Ayuntamiento declararon que los trabajos por los que cobró José Daniel Hernández corrieron en realidad a cargo de otras empresas (en el caso del Carnaval) o de los propios trabajadores del Consistorio (en el caso de las otras cuatro fiestas), las defensas alegaron que lo que se realizó por parte de José Daniel Hernández no es lo que figura en las facturas, sino lo que aparece en los presupuestos (unos presupuestos que no constaban registrados en el Ayuntamiento y que los acusados presentaron durante la instrucción de esta causa).

Con esa afirmación, pretendían sostener que esos trabajos no tenían nada que ver con los que realizaba el propio personal del Ayuntamiento (u otras empresas en el caso del Carnaval). Según los acusados, y según este “perito” de la defensa, lo que hizo la empresa (sin empleados) de José Daniel Hernández fueron trabajos para reforzar las líneas de electricidad con motivo de las fiestas. Unos trabajos que según ellos se montaban y luego se desmontaban, cargando dos facturas distintas por cada uno de esos conceptos.

Sin embargo, tampoco hay ninguna constancia de la necesidad de ese supuesto refuerzo de las líneas, ni tampoco de comunicaciones con Endesa sobre este tema. Al respecto, el “perito” de la defensa también aseguró que “no era necesario el consentimiento” de la compañía eléctrica para realizar esos supuestos trabajos de refuerzo en las líneas. Ahora, su declaración será investigada en una nueva causa, ya que según la Audiencia podría haber incurrido en un delito al “faltar groseramente a la verdad”.


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NotaPublicado: Mié 11 Ene, 2017 8:46 am 
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El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel al interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, al ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y al empresario José Daniel Hernández, por el caso Proselan.

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La Audiencia Provincial de Las Palmas condenó en enero pasado a cinco años y tres meses de prisión a Sáenz, Arrocha y Hernández, así como a nueve años de inhabilitación. El Tribunal Supremo establece en ocho años y un día la inhabilitación absoluta para empleo y cargo público.

En el juicio del caso Proselan se acreditó el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan en concepto de trabajos de electricidad al Ayuntamiento de Arrecife, que no se llevaron a cabo, y que tendrán que devolver al Consistorio.

Tanto el interventor de Arrecife como el ex jefe de la Oficina Técnica municipal fueron condenados por la Audiencia por delito continuado de malversación de caudales públicos y por delito continuado de prevaricación. La sentencia del Supremo establece que la condena es por delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación, y además delito de falsificación en documento mercantil en el caso de José Daniel Hernández.

La resolución del Tribunal Supremo implica una reducción de unos nueve meses la pena de cárcel, “modificación que viene impuesta por la aplicación al caso del nuevo artículo 77 del Código Penal, que establece las penas cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro, sin que la suma pueda exceder de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito”, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Audiencia también condenó el año pasado por el caso Proselan, a un año y cuatro meses de prisión y tres años de inhabilitación, a José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda del Consistorio capitalino, fallecido la semana pasada, que en el juicio confesó que se había producido la malversación de fondos públicos y no recurrió la pena impuesta.

DOCUMENTO: Consulte la sentencia:
https://drive.google.com/file/d/0BwfVoS ... sp=sharing


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NotaPublicado: Mié 11 Ene, 2017 8:53 am 
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La sentencia del Supremo sobre la pieza Proselan del caso Unión, cuyo ponente es José Manuel Maza Martín, desestima 28 de los 29 motivos de recurso presentados por tres de los condenados (el interventor Carlos Sáenz; el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández), ya que el ex concejal José Miguel Rodríguez, recientemente fallecido, no recurrió el fallo de la Audiencia Provincial. Los tres condenados deberán ingresar en prisión y dos de ellos, Sáenz y Arrocha, no podrían ejercer ningún empleo público durante ocho años.

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El argumento que se estima por el Tribunal Supremo es de la defensa de Carlos Sáenz, que impugnó la individualización de la pena llevada a cabo por la Audiencia. Sáenz consideraba que se le debía aplicar una pena de un año y medio, pero el Supremo admite una rebaja, y fija la pena en cuatro años y medio.

La decisión del Supremo se basa en la aplicación del nuevo Código penal, en su apartado tres del artículo 77, que establece que cuando uno de los delitos sea medio necesario para cometer el otro "se impondrá una pena superior a la que habría correspondido, en el caso concreto, por la infracción más grave, y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada delito".

Lo que no se estima para rebajar la condena es la aplicación de las dilaciones indebidas en el procedimiento. El Tribunal Supremo considera que "no concurren los elementos fácticos para considerar la referida atenuante de dilaciones indebidas" ya que es una pieza separada del caso Unión "cuya complejidad derivó precisamente en la formación de la misma y de otras piezas separadas".

"Concretamente la que da lugar a estos autos se desgaja de la causa principal, tal y como relata el Tribunal a quo, en agosto del año 2012, dirigiéndose el procedimiento contra el recurrente el 25 de marzo de 2013, tomándosele declaración el 29 de mayo del mismo año. A partir de ese momento, tal y como señala la resolución recurrida, no se advierten dilaciones en la tramitación de la causa, compleja sin duda y que exigió la práctica de múltiples diligencias", dice la sentencia.

El Supremo añade que "es la complejidad de la causa, que derivó en la formación de diversas piezas separadas, la que justifica la ralentización de ciertos trámites procesales, pero más allá de dicha ralentización, no se observan, en la tramitación, dilaciones que merezcan los calificativos de extraordinarias e indebidas".

El resto de argumentos también se desestiman, como la pretensión de que no se hubiera practicado prueba de cargo para la condena o que no se ha concretado qué resolución dictó, ni consta cuál fue la arbitrariedad o injusticia de la misma. "Es patente que el recurrente ha podido desarrollar debidamente la citada línea defensiva, como ha podido defenderse y someter a contradicción todos los hechos que se le imputaban y la calificación jurídica de los mismos", señala el fallo.

Por su parte, Arrocha alegaba que la declaración del ex concejal de Hacienda carecía de contenido incriminatorio porque era "vaga, abstracta, nada concreta e indefinida" y, sin embargo, era la piedra angular de la condena, así como que la confesión le había beneficiado pues se le aplicó la atenuante de reparación del daño.

El Tribunal Supremo considera, no obstante que la sentencia no se basa sólo en esa declaración, sino también "en las declaraciones vertidas en el acto del juicio por el resto de los coacusados, las declaraciones testificales, la abundante documental obrante en autos y los informes periciales asimismo practicados".

El fallo considera acreditado, "de una forma lógica y racional, que las prestaciones facturadas nunca se llevaron a cabo", que algunos de los trabajos facturados los hicieron otras empresas o el Ayuntamiento y que "todas las facturas correspondientes al año 2008, presentadas en el mes de diciembre, se abonaron sin la previa retención de crédito, y que la cantidad abonada se ingresó en una cuenta abierta pocos días antes de la transferencia del Ayuntamiento, siendo retirada al día siguiente de su ingreso”.

También considera acreditado “que la empresa Proselan 2008 S.L. no contaba ni con trabajadores ni con vehículo ni con local alguno”. Asimismo, como se destacaba ya en la sentencia de la Audiencia, “el examen de la prueba documental pone de manifiesto que cuatro de las diez facturas abonadas se dieron por buenas antes de la fecha de ejecución que consta en la misma”.

El Supremo también destaca la declaración de José Miguel Rodríguez, que aseguró que "firmó las facturas que el recurrente le dijo que eran necesarias, sin saber si el trabajo se había hecho o no; añadiendo que firmaba porque el interventor le había ayudado en otras ocasiones a llevarse dinero".

Rodríguez "declaró que era el modo de operar en el Ayuntamiento de Arrecife en esa época para enriquecerse y que firmó las facturas falsas porque sabía que con ello se lucraba gente de su partido y en otras ocasiones el interventor. Eran facturaciones, dijo, por obras innecesarias".

Arrocha también alegaba que los hechos no son constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa y que no existió arbitrariedad ya que el procedimiento administrativo aplicable a la naturaleza del contrato en cuestión era cuando menos discutible y jurídicamente interpretable, así como que él no tenía competencia o capacidad de gestión o disposición de fondos públicos, por lo que difícilmente podía malversarlos. El Supremo también desestima este argumento.

"Como hemos indicado con anterioridad en esta resolución, de acuerdo precisamente, con el ‘factum’ de la resolución administrativa, la ‘contratación administrativa’ que los acusados iniciaron fue una mera apariencia como lo fue la ejecución de las diversas prestaciones a cargo de la cuales se libraron las distintas facturas. Lo único que se pretendía con ello era menoscabar los fondos públicos abonando unos servicios que nunca se realizaron", sostiene el fallo.


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NotaPublicado: Vie 16 Jun, 2017 1:11 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Carlos Sáenz, interventor del Ayuntamiento de Arrecife y Teguise, ha sido cesado esta semana de su cargo después de que llegase a los Consistorios la comunicación de Función Pública confirmando la sentencia firme. Sáenz fue condenado en la pieza de Proselan dentro del caso Unión a 4 años y medio de prisión por delitos continuados de malversación y prevaricación y a 8 años y un día de inhabilitación.

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Sáenz ha seguido ejerciendo su función en los Consistorios después de que a principios de enero de este año se conociese la sentencia que se hacía firme por el Tribunal Supremo. Desde los Ayuntamientos han señalado a La Voz que temporalmente harán la función de interventor accidental los funcionarios habilitados, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

En el caso del Ayuntamiento de Arrecife será un funcionario de intervención el encargado de actuar como interventor, mientras, en Teguise, según ha explicado Miguel Ángel Jiménez, concejal de Urbanismo, será probablemente el ingeniero del Ayuntamiento. De momento, “este será el encargado, ya que el Consistorio está a expensas de que Función Pública lo publique en el BOE en 10 días o 15 días, y veremos si alguien se presenta”. “Si no, lo que vamos a hacer es sacarlo a concurso”, ha apuntado Jiménez.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 25 de noviembre de 2016 la sentencia que condenaba a Carlos Sáenz en esta pieza del Caso Unión al considerar que "está acreditado que se malversaron más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con pagos a Proselan por unos servicios que no fueron prestados". Así, el recién inhabilitado interventor junto al ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, y el empresario José Daniel Hernández fueron condenados a cuatro años, 6 meses y un día de prisión y 8 años y un día de inhabilitación absoluta; así como a devolver el dinero malversado.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com