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NotaPublicado: Vie 31 Ene, 2014 2:13 pm 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Las grabaciones originales de dos pruebas relevantes de la operación Unión han desaparecido. Se trata de la primera conversación grabada por la Unidad Central Operativa (UCO) entre Carlos Espino y Fernando Becerra, que da pie a toda la operación, de la que sólo se conserva una copia, y de la única conversación mantenida entre Lleó y Espino, días antes de las primeras detenciones, de la que no hay ni siquiera una copia. También se ha extraviado el original de los autos de entrada y registro a la casa y oficinas de Luis Lleó y al Ayuntamiento de Yaiza.

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De los 12.000 primeros folios de la instrucción, cuyo secreto de sumario se levantó en diciembre de 2009, estos son los únicos que faltan. El primero de los autos, que autorizaba a registrar el domicilio de Lleó, ya ha sido anulado por la Audiencia Provincial, aunque no por este motivo sino porque la fundamentación del auto correspondía a la entrada y registro de otra de las imputadas, Elena Martín, por un error obvio.

Con esa anulación se invalidan todas las pruebas conseguidas mediante ese registro, como el informe que hizo la Guardia Civil que ponía de manifiesto los contactos de Luis Lleó con dos ex letrados del Tribunal Constitucional que le asesoraban a cambio de grandes sumas de dinero. Los fundamentos de ese auto eran los mismos que aparecían en el auto de entrada y registro del Ayuntamiento de Yaiza, ya que se buscaban expedientes relacionados con Lleó, aunque también con el arquitecto Carlos Morales.

Ese auto era el folio 10.526 del sumario, que ahora pertenece a otro contenido, y se separó del resto para dar testimonio en otra pieza que se seguía por la construcción de la casa de Morales en suelo rústico, ya que el expediente se consiguió en el registro del Ayuntamiento. Esos papeles ni llegaron a esa causa ni volvieron, y la pieza contra Morales se ha archivado sin que se aportaran.

Esto no es todo. Hay indicios de que han podido desaparecer los originales de autos que afectan a detenciones y registros. Uno de los imputados, Felipe Fernández Camero, señala hasta 93 documentos sin firmar por parte del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro.

El secretario del Juzgado número 5 había advertido en enero de 2012 que faltaba la firma del juez en once de ellos, que se le enviaron a Pamparacuatro para que los firmara, pero tiempo después aparecen muchos documentos más sin firmar de los que no se había informado. De esos 93, la mayoría son providencias o diligencias que no están firmadas por el juez ni tienen por qué estarlo, según fuentes de la investigación, consultadas por DiariodeLanzarote.com.

Otros, sin embargo, son autos que afectan a derechos fundamentales: de entrada y registro a domicilios, como los de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, la consejera del PIL en el Cabildo, María José Docal, o los ex concejales en Arrecife de este mismo partido en Arrecife, Antonio Machín y Luisa Blanco. En la misma situación están las órdenes de detención de Fernández Camero, de dos directivos de Urbaser o de empresarios como Eduardo Ferrer (Tunera) o José Luis Betancort (antiguo dueño de Torres).

Según las mismas fuentes de la investigación consultadas, todos los autos originales estaban firmados por el juez. Los autos que aparecen en el sumario están firmados sólo por el secretario.

En la instrucción no se ha llevado a cabo una reconstrucción de autos, en la que se cita a las partes para subsanar errores de este tipo y que puede derivar en la solicitud de pruebas periciales para determinar si los documentos originales se crearon antes de las detenciones o se crearon después, que es en definitiva lo que podría conllevar la anulación de esos documentos.

La causa no se tramitó dentro del sistema informático Atlante, por los recelos o temores a filtraciones (como en efecto ocurrió) y por la relevancia social de algunos de los investigados, pero no sería difícil comprobar cuándo se crearon esos documentos, ya que es una información que se almacena en las propiedades del documento informático.

Una de las juezas instructoras del caso, Lucía Barrancos, en un auto de 19 de enero de 2012, señalaba, instando a que se subsanara el error material de ausencia de firma de algunos autos y resoluciones, que “la falta de firmas no originaba la nulidad de las actuaciones ya que se trata de un error material u omisión”.

En el caso de la desaparición de la primera conversación que dio lugar a la operación, sin embargo, sí podría poner en riesgo toda la instrucción, en caso de que se anulara esa prueba.


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NotaPublicado: Lun 03 Feb, 2014 7:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“A estas alturas, ¿alguien piensa que puede ser casual tantas desapariciones en este procedimiento?”. De esta manera, ha cuestionado el ex secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, la supuesta desaparición de pruebas y autos en el caso “Unión” y ha puesto en evidencia que “algunos de los imputados” son personas “con mucho dinero, muchas relaciones y con mucha voluntad de utilizar ese dinero y esas relaciones para influir en distintas cosas”.

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Espino considera que estas supuestas desapariciones “no son casuales” y “obligan a pensar en que alguien ha metido la mano en el expediente” del caso “Unión” para “satisfacer los intereses de alguien”. “Pensar que hay dinero, voluntad para coger e introducir a alguien en la Administración de Justicia… es un retrato desolador. ¿Quién gobierna en realidad en Lanzarote, las instituciones o los que tienen dinero, contactos y voluntad para utilizarlos? No son capaces solo de comprar a políticos y funcionarios en las instituciones, sino directamente en los edificios judiciales. Es para asustarse”, ha manifestado este lunes en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Y es que, pese a lo que “han dicho algunos”, Espino considera que la instrucción de la causa tuvo que ser “muy buena, muy buena, como para que no sea suficiente defenderse con las técnicas admitidas en el mundo del derecho y de la justicia, y tener que alterar el contenido de un expediente para que algunos puedan con eso salir libres y sin consecuencias”.

A Espino le “sorprende” que para poder “desarmar la instrucción” del caso y tratar de “invalidarla”, se recurran “a lo máximo que se podía sospechar, que es hacer desaparecer físicamente documentación o pruebas de ese Juzgado”. En este sentido, el socialista ha señalado que la primera grabación entre él mismo y Fernando Becerra que dio pie a esta operación “estaba” en el Juzgado, al igual que “una serie de autos que ordenaban determinado tipo de cuestiones”.

Es casual o ¿alguien está pagando, presionando para que desaparezcan pruebas del expediente?”, se ha preguntado Espino, que ha recordado que el primer juez instructor de este caso, César Romero Pamparacuatro, decidió no introducir determinada documentación en el sistema Atlante de los Juzgados, “ante la sospecha más que fundada de que se estaban produciendo filtraciones y de que alguien conocía el contenido del expediente”.

Si la Operación Unión nos puso a todos los pelos de punta cuando conocimos los entresijos de algunas administraciones, ahora es para asustarse más de la capacidad de presión y de torcer la voluntad de la Administración de Justicia que tienen alguno de los imputados”, ha lamentado Espino.

El socialista confía en que estas supuestas desapariciones de pruebas, como la grabación que le realiza a Becerra, no tumben la causa. “Los datos que se hallan en la primera grabación, vuelven a repetirse en algunas grabaciones más. También está mi declaración y toda la documentación que intercambia la UCO con el Juzgado. Entiendo que ponen las cosas más difíciles a la acusación, a la Fiscalía y a la Justicia para depurar responsabilidades, pero con carácter general pienso que el procedimiento puede seguir para adelante”, ha defendido.

Y, al margen de la propia causa, Espino considera necesario que la Justicia “depure responsabilidades” sobre estas supuestas desapariciones, ya que puede haber “alguien que haya hecho algo para proteger a alguno de los acusados”. “Si el caso ya tenía una gravedad altísima, ahora hemos subido un escalón más y vamos a fenómenos de carácter mafioso”, ha denunciado. Por ello, confía en que se pueda “reconstruir el expediente para que nadie se vaya de rositas” y se conozcan quien ha podido estar detrás de esta “desaparición intencionada de documentos”.

Espino también espera que los órganos judiciales “tengan un nivel alto de preocupación y de enfado” ante esta situación y “pongan en marcha procedimientos que permitan depurar responsabilidades”. “Entiendo que más pronto que tarde tienen que depurar responsabilidades, sino desde fuera, alguien tendrá que denunciar, porque es totalmente intolerable”, ha calificado el socialista.

Ante este tipo de situaciones que vive el caso “Unión”, a Espino le cuesta “cada vez más pensar” que hizo lo que tenía que hacer denunciando este asunto. “Cuando ve uno un episodio de estos, se llena de rabia, porque es imposible que siempre los mismos se salgan con la suya”, ha indicado en Radio Lanzarote-Onda Cero.


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NotaPublicado: Mar 04 Feb, 2014 5:16 pm 
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NotaPublicado: Mié 05 Feb, 2014 9:02 am 
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Fuentes canarias7.es:

El fiscal del caso Unión ha vinculado la acusación contra el abogado Luis Lleó al resultado de una pericial que garantice la autenticidad de las grabaciones que Carlos Espino aportó en su denuncia. Sin embargo, la Policía Científica ya ha dicho que sin las grabadoras no se pueden garantizar.

El caso Unión amenaza con dar un nuevo vuelco, después de que el fiscal haya cambiado su criterio y se haya adherido a la petición presentada por los abogados del letrado imputado en esta causa Luis Lleó, para que se verifique la autenticidad de las grabaciones que el denunciante Carlos Espino aportó a la UCO (unidad de la Guardia Civil), como prueba de que estaban intentando sobornarle, y que fueron el detonante de esta causa .

El abogado imputado por supuestamente intentar sobornar a Carlos Espino, Luis Lleó, pidió a mediados de 2013 una pericial sobre la autenticidad de las grabaciones que Espino realizó al supuesto mediador en este soborno, el también empresario Fernando Becerra. Una prueba que la juez del caso denegó de plano, dando lugar a varios recursos ante la Audiencia, todavía pendientes, en los que la Fiscalía ni siquiera se interesó.

Sin embargo, coincidiendo con la presentación de escritos de acusación y defensa, previos a la apertura de juicio oral, Luis Lleó volvió a reiterar su petición de verificación de las grabaciones, motivando que esta vez sí, la Fiscalía se interesara por este asunto, adhiriéndose a dicha petición, que la juez había rechazado anteriormente.
Tanto la defensa de Lleó, como la Fiscalía pedían que se encargara a un ingeniero la revisión de las grabaciones, pero la magistrada ha ordenado que sea la Policía Científica.

De este modo, la Policía, el pasado 8 de enero se dirigió al Juzgado para comunicar que «el análisis de las grabaciones que se pide es de alta complejidad y para determinar los requerimientos solicitados sería necesario disponer de los equipos de grabación que fueron utilizados». Sin embargo, las grabadoras usadas por Espino no existen, no están en la causa y se desconoce dónde están, lo cual impide verificar la autenticidad de las grabaciones.

El fiscal del caso se ha adherido a la prueba pericial pedida por el imputado Luis Lleó, para que la Policía Científica verifique la autenticidad de las grabaciones que Carlos Espino realizó al empresario Fernando Becerra, a quien se acusa de intermediar en el supuesto intento de cohecho que Luis Lleó pretendió llevar a cabo sobre Carlos Espino. El fiscal considera esencial practicar esta prueba, «para una adecuada decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral».

En concreto, el Ministerio Fiscal solicita «que se verifique que una vez grabada la conversación en el terminal custodiado por la UCO, el fichero generado no ha sido abierto posteriormente ni se ha modificado. Que no se han suprimido frases relevantes de la grabación o no han sido excluidas conversaciones con terceras personas que se consideraron intrascendentes y pudieran sin embargo no serlo. Que se excluya la posibilidad de manipulación de las grabaciones. Que se confirme que desde el momento de grabación hasta su entrega en el juzgado, los CDs aportados no fueron abiertos y no ha habido riesgo de manipulación».

Para poder certificar lo que se pide, responde la Policía, «es necesario una acotación previa y precisa de los fragmentos de grabación concretos en los que supuestamente pudo haber manipulación, especificando el soporte en que se encuentren, además de incorporarse las transcripciones y serían necesario disponer de los equipos de grabación que fueron usados», según la respuesta oficial.

El exsecretario insular del PSOE denunció el 4 de junio de 2008 a la Guardia Civil que se le había intentado sobornar y que al día siguiente volvería a verse con su supuesto corruptor. La denuncia se hizo a la UCO en su despacho de los Centros Turísticos del Cabildo. Espino pidió a la Guardia Civil una grabadora GNOME P nº 50217 de la empresa Cicón Sistemas S.L., la cual debía devolver una vez usado. Una vez se produjo un nuevo encuentro con Fernando Becerra y grabada la entrevista, Espino entregó a la UCO la grabadora y la grabación. Ese día, a las 23.50, la UCO entrega al Juzgado el CD de la grabación y el software para poder oírla, pero no la grabadora.


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NotaPublicado: Mié 05 Feb, 2014 3:40 pm 
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NotaPublicado: Sab 08 Feb, 2014 8:14 am 
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Fuente canarias7.es:

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de control de los jueces, enviará inspectores la segunda quincena de febrero, al Juzgado de Primera Instancia 5 de Arrecife, que instruye el caso Unión. La inspección en principio es general, pero no se descarta que tras las últimas noticias se investigue el polémico sumario.

La decisión de mandar un grupo de inspectores al Juzgado Primera Instancia número 5, que preside ahora Silvia Muñoz, fue acordada en la última comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado 7 de enero.

Desde el gabinete de prensa de este organismo de supervisión y control de la labor de jueces y magistrados, no se dice mucho de la inspección. Tan sólo que se trata de una «visita ordinaria, presencial y general», sin que se ofrezcan más detalles.

Sin embargo, la llegada de varios inspectores coincide con las últimas noticias surgidas en torno a supuestas anomalías en el sumario del caso Unión, que inició en 2008 el juez César Romero Pamparacuatro, ahora destinado a el órgano de Instrucción número 1 de La Laguna.

La visita tendrá lugar y así está programada en el plan de trabajo del órgano judicial para la segunda quincena del mes en curso, sin que se haya precisado las fechas concretas, aunque en el caso preciso de lo que afecta al caso Unión, el Juzgado ya ha anunciado a las partes personadas en uno de los procedimientos penales de esta causa, que la pericial que estaba prevista para dentro de unos días queda suspendida hasta que se comunique nueva fecha, aunque se desconoce si el motivo está relacionado con la inspección reseñada.

El equipo de inspección en principio estará formado por un magistrado y un secretario y el plan de trabajo, según consta en la guía de inspecciones del CGPJ, incluirá el examen de procedimientos seleccionados, accesos, análisis de la carga de trabajo y de la actividad resolutoria, examen de la suficiencia de la plantilla, su organización, distribución, comprobar recursos materiales, analizar los sistemas informáticos, libros y cuentas, así como cumplimiento de los principios constitucionales de proceso.

La visita que no está confirmado que vaya a centrarse en inspeccionar lo tramitado en el sumario del caso Unión, no obstante, coincide con las últimas denuncias realizadas en torno a esta instrucción, donde se denuncian supuestas desaparición de pruebas, como una de las grabaciones, que el exsecretario insular del PSOE, Carlos Espino, realizó al empresario Luis Lleó, quien supuestamente intentó sobornarle; y que los letrados del imputado creen que es clave como prueba de descargo. Una prueba que nadie explica qué ha sido de ella.

Además, hay otras supuestas irregularidades graves, como acusaciones directas al anterior juez Pamparacuatro y a la unidad de la Guardia Civil (UCO), de haber «falseado pruebas» para imputar al empresario, tras obtener documentos en los registros de sus domicilios realizados de forma irregular, como quedó de manifiesto tras la anulación reciente de la Audiencia Provincial. Asimismo, se cuentan más de un centenar de autos de detenciones o registros sin firma del juez y otras anomalías.


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NotaPublicado: Sab 08 Feb, 2014 8:17 am 
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Fuente canarias7.es:

El anterior juez del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, acudirá el lunes próximo al juzgado de Primera Instancia número 5 para proceder a la firma de los 93 autos que se dejó sin rubricar cuando instruyó este sumario. El magistrado pone en duda que estos autos sean suyos en un escrito.

La actual magistrada, Silvia Muñoz, ha citado el lunes al anterior titular de este Juzgado, para que comparezca a subsanar lo que denomina «error material involuntario», consistente en la supuesta ausencia de firma de 93 autos que el juez se dejó sin firmar durante el tiempo en el que ejerció como instructor del llamado caso Unión, tal y como avanzó CANARIAS7 el pasado 24 de noviembre de 2013.

La comparecencia tendrá lugar a requerimiento de la magistrada, tras detectarse que existen dichas resoluciones sin su firma, tal y como hizo saber al Juzgado una de las partes personas en una de las causas.

La subsanación de lo que la juez denomina «error material involuntario», es la segunda vez que se produce, después de un primer intento, en el que la magistrada dictó una providencia el 2 de octubre de 2013 ordenando la firma de una decena de resoluciones carentes de la rúbrica del juez.

Sin embargo, meses después las partes remitieron un escrito al Juzgado haciendo saber que se habían detectado otras 93 resoluciones que seguían adoleciendo de la firma del juez instructor.

El juez Pamparacuatro ha remitido un escrito en el que sostiene que desea comprobar que faltan dichas rúbricas, así como que las resoluciones las dictó él.


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NotaPublicado: Mié 12 Feb, 2014 11:20 am 
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http://www.ivoox.com/abogado-luis-lleo- ... 0709_1.mp3


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NotaPublicado: Mar 18 Feb, 2014 9:17 am 
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Fuente canarias7.es:

El secretario del caso Unión ha presentado querella ante el TSJC contra la juez Silvia Muñoz, por presunta prevaricación, al acusarle de negligencia e incumplir mandatos que no le fueron encargados en la causa y de ordenar al guardia de seguridad la entrega de las llaves de la Secretaría del caso.

Según ha sabido este periódico de fuentes próximas a la causa, el secretario del caso Unión del Juzgado de Primera Instancia 5 de Arrecife, José Ramón Vera Machín, ha presentado querella criminal ante el Juzgado de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), contra la actual magistrada Silvia Muñoz, a la que acusa de prevaricación.

En versión de las fuentes consultadas, el secretario denuncia a la juez por haber dictado una providencia el 11 de diciembre de 2013, dentro del sumario del Caso Unión, en la que le acusaba de incumplir una serie de requerimientos y le apercibía de medidas disciplinarias e incluso penales.

Según consta en la denuncia, dichos requerimientos no le fueron encargados al secretario, sino a otra funcionaria que en aquellos días estaba actuando como secretaria de esta causa. Dichos requerimientos habrían sido ordenados los días 22 y 23 de octubre y 18 de noviembre, cuando el querellante no estaba a cargo de la secretaría de este caso.

En la referida denuncia se afirma que la magistrada dictó la resolución apercibiendo al secretario de medidas disciplinarias y penales, pese a ser consciente de que el propio José Ramón Vera Machín no era entonces secretario, dañando su credibilidad y su imposibilidad de defenderse.

También acusa a la juez de atribuir falsamente una negligencia en el ejercicio de sus funciones, en la custodia de las piezas de convicción con el correspondiente descrédito ante las partes personadas y la opinión pública así como su indefensión. Por último, se denuncia que en diciembre la juez ordenó verbalmente al vigilante de seguridad de los Juzgados que pidiera al secretario la entregara las llaves de la secretaría del caso Unión.


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NotaPublicado: Jue 20 Feb, 2014 9:34 am 
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El primer juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, ha denunciado en los Juzgados de Arrecife y en Fiscalía la desaparición de al menos 21 autos originales de la instrucción del caso.

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El juez se trasladó la semana pasada a Arrecife para subsanar la falta de firma de algunas resoluciones y después de comprobar durante cinco horas esos documentos, decidió enviar, por un lado, un informe en el que refleja los documentos que firma y los que no firma, junto a sus motivos, y por otro lado, una denuncia por la “desaparición, sustracción o extracción” de los originales.

Entre los delitos que cita el juez que se podrían haber cometido estarían varios contra la Administración de Justicia y falsedad en documento oficial. El magistrado sostiene que los autos que aparecen en la causa sin su firma (sólo con la del secretario judicial) y que afectan a derechos fundamentales no son los originales.

Así, solicita que para comprobarlo se realice una reconstrucción de autos “comprobando incluso que a los ordenadores en los que se confeccionaron y guardaron no pueden acceder y accedieron más que las personas habilitadas para ello”.

Sobre esos autos dice que “todos ellos son redactados, impresos y firmados por mí personalmente, en el momento de dictarlos, debido a la trascendencia de la diligencia tal y como se hizo en la denominada operación Unión”.

En la denuncia manifiesta que las circunstancias en que se produjo la instrucción, primero denegándosele un juez de refuerzo por parte del Consejo General del Poder Judicial más el hecho de que no lo relevaran en sus funciones mientras estaba de comisión de servicios con el caso tras su traslado a la Laguna, y el paso de otros cuatro jueces instructores por el caso, han podido “incrementar el riesgo de desaparición de esos autos”.

Los autos que denuncia son 21, entre abril y noviembre de 2010 y desaparecieron, en teoría, entre esa fecha y el segundo alzamiento del secreto de sumario, en julio de 2012. Cuatro de estos autos son del 18 de abril de 2010, de entrada y registro a las casas de cuatro detenidos, los primeros de la operación Jable, la segunda fase de Unión.

Otros 12 son del 27 de abril, también de registros y seis detenciones, y hay un auto decretando la libertad con fianza de Fernández Camero y otros cuatro solicitando información a bancos o a empresas. Dice el juez que “de la segunda fase, y con más de 30.000 folios, son los únicos que parece que desaparecieron”.

Pamparacuatro señala que “tal vez pudieran incluso haber desaparecido los archivos informáticos de algunos de los autos señalados”, y pone de manifiesto una sospecha: de los autos que desparecen del día 18 de abril, referidos a diligencias del día 19, hay unos firmados por él y otros no.

Parece como si se hubiera llevado a cabo, dice, “una operación quirúrgica ejecutada con un bisturí de precisión” porque sólo han desaparecido aquellos de los que no se dio testimonio a la Audiencia Provincial, que habían apelado la Fiscalía y las defensas, como es el caso de la detención y entrada en prisión de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz.

El primer juez instructor del caso Unión, tras su vista al Juzgado de Arrecife la semana pasada, decide firmar 44 de esos documentos y no firmar otros 52, bien porque considera que no son los originales o porque son providencias de mera tramitación.

Respecto a los que firma, que son diligencias de ordenación o providencias, pero no autos, señala que no fueron elaboradas por él “pudiéndose por tanto -por el exceso de trabajo- dejar sin firmar de una manera inconsciente y absolutamente involuntaria”.

Otros papeles sin firmar son los que ordenan la unión de actuaciones a la causa o providencias en las que se tiene por personados a los abogados de los detenidos, dictadas cuando el juez estaba tomando declaraciones “o celebrando los juicios civiles o penales dado que en ningún momento se me otorgó el refuerzo solicitado”, señala, y en otros casos reconoce que se trata de errores materiales u omisiones involuntarias.


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NotaPublicado: Jue 20 Feb, 2014 3:44 pm 
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NotaPublicado: Vie 21 Feb, 2014 9:12 am 
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“A pesar de las cautelas adoptadas por el suscribiente, no fueron acompañadas por las decisiones de los órganos políticos y del Consejo General del Poder Judicial que, a mi juicio, no adoptaron las medidas necesarias para garantizar la buena marcha de una investigación judicial de gran envergadura relacionada con la corrupción”.

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César Romero Pamparacuatro, el primer instructor de la operación Unión, se queja así en su denuncia por la desaparición de autos del procedimiento, del poco apoyo recibido para que la operación siguiera adelante.

Pamparacuatro trabajaba en un Juzgado ya saturado antes de Unión, con más del triple de asuntos civiles y el doble de penales que la media en 2009. Por eso, por la complejidad de la operación y porque ya estaba en marcha la operación Jable, solicitó en septiembre de ese año un juez de apoyo.

El juez había renunciado en dos años a veinte días de vacaciones. El CGPJ lo aprobó pero el Ministerio de Justicia se lo denegó porque no consideró justificada esa carga de trabajo. El entonces ministro, Francisco Caamaño (PSOE) había compartido tareas de gobierno a las órdenes de Teresa Fernández de la Vega con el letrado del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera (uno como secretario de Estado y otro como jefe de gabinete). Yllera era amigo y asesor del principal imputado en Unión en ese momento, Luis Lleó.

El análisis de los correos electrónicos de Lleó por parte de la Guardia Civil, deja bien clara la relación entre ambos, así como la reserva de una oficina y la opción de compra de una vivienda para el magistrado en las promociones inmobiliarias del empresario lanzaroteño. Por el camino, en noviembre, el CGPJ le abre al juez un expediente disciplinario por el retraso en dictar una sentencia, que se acaba archivando.

El juez relaciona directamente la falta de refuerzo con la desaparición de los autos que denuncia o con fallos en la instrucción. Dice que “se incrementaron las posibilidades de que en los autos pudiera existir un error, impidiendo la dedicación que la importancia requería, de manera que en dicho periodo pudieran ser modificados o sustraídos al no dotar al Juzgado del Magistrado de refuerzo”.

Después vino su traslado, voluntario, a la Laguna, la comisión de servicios sin relevarle de sus otras funciones para seguir el caso durante tres meses, y la prórroga paralizada primero porque el CGPJ no reflejó en su permiso quién debía pagar las dietas, y denegada cuatro meses después, a pesar de que constaban seis informes favorables a su concesión.

El Gobierno de Canarias, con Carolina Déniz como viceconsejera de justicia (y con su hermana Isabel investigada mientras tanto) le denegó el abono de esas dietas. Tanto a la juez Lucía Barrancos, que asumió el caso en la primavera de 2011 como a la actual juez, Silvia Muñoz, les concedieron después el refuerzo solicitado.

“Al suscribiente -señala Pamparacuatro-le gustaría conocer cuántas comisiones de servicios sin relevación de funciones se concedieron por el CGPJ en el año 2010 y 2011, y en cuantas de ellas se olvidó (...) pronunciarse sobre el derecho de percibo de dietas a pesar de ser imperativo”.

Esta macrocausa, por la que ya han pasado cinco jueces, afecta a gran parte del poder político y empresarial de Lanzarote, y ha pasado no sólo por problemas burocráticos, sino por filtraciones (Jacinto Álvarez declaró que Isabel Déniz le avisó que le iban a detener), desaparición de pruebas, y ahora, por la investigación de robos dentro del Juzgado.

“Como consecuencia de las vicisitudes anteriormente descritas -dice el juez- se consiguió, que en vez de tres meses necesarios para organizar las actuaciones, tuvieran que pasar cuatro jueces/magistrados consecutivos (...) para la simple organización de las mismas (más de 30.000 folios), de manera que tal vez dicho plazo, más de 3 años, fuera aprovechado o por lo menos incrementaría el riesgo –no sólo de extravío- sino de que alguien pudiera sustraer resoluciones, diligencias o piezas de convicción, incluso a nivel informático, tal y como parece haber sucedido”.


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NotaPublicado: Mar 25 Feb, 2014 9:48 am 
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Varios imputados en el caso Unión ultiman una macroquerella criminal contra los responsables de la investigación, en la que entre otros posibles ilícitos les acusan de la supuesta de falsificación masiva de pruebas, «por aquellos que enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción».

Los responsables del sumario del caso Unión, que lleva el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, se enfrentan a la inminente denuncia mediante querella criminal que preparan varios imputados en la causa por supuesta manipulación y falsificación masiva pruebas y otros documentos.

Los denunciantes anticipan que cuentan con pruebas suficientes que demostrarían que las supuestas irregularidades detectadas «irían más allá de simples errores materiales, negligencias o simples casualidades» y que aunque se han hecho arduos esfuerzos por ocultar o camuflar, no ha sido posible, ante la amplitud del sumario.

Entre otros posibles ilícitos, denuncian la adulteración por sustitución del contenido material de resoluciones judiciales e informes policiales y la predatación sistemática (modificación de fechas) de las actuaciones con el ánimo de dar cobertura legal a actuaciones previas.

En este apartado figurarían los más de 90 autos sin la firma del juez Pamparacuatro, que éste denuncia que fueron sustraídos del Juzgado y que los denunciantes, en cambio, creen que dichos autos simplemente se hicieron, incluso algunos años después.

Denuncian la presunta elaboración de informes policiales y resoluciones judiciales que anticipaban o daban cuenta de acontecimientos futuros; y la supuesta expedición y cumplimentación de mandamientos, antes de que se dictaran las correspondientes resoluciones judiciales motivadas que los amparaban.

Añaden que los responsables del Juzgado supuestamente insertaban en la causa, documentos sin el preceptivo control judicial, al no estar el sumario inmerso en sistema de gestión procesal (desde su inicio en mayo de 2008, hasta mediados de 2011), o incumplían la obligación legal de registrar la entrada de todos los documentos incorporados a la causa.


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NotaPublicado: Mar 25 Feb, 2014 11:04 am 
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Hace un mes la Audiencia Provincial decidió archivar las órdenes de registro de las oficinas de Luis Lleó, a petición de la Fiscalía. En esa orden no aparecía el nombre de Lleó sino el de otra de las detenidas ese día, el 25 de mayo de 2009, Elena Martín.

Se podía haber realizado una reconstrucción de autos porque era un error evidente de “corta y pega” en una macrocausa, pero la Fiscalía y la Audiencia decidieron anularlas, a instancias de la defensa de Luis Lléo.

La fundamentación del registro a Lleó era la misma que aparecía en el auto que hizo el juez para el Ayuntamiento de Yaiza: buscaban la documentación sobre el proyecto Costa Roja, el origen del presunto soborno a Carlos Espino y el origen del caso, pero también sobre la casa de Carlos Morales en Puerto Calero.

La Audiencia los anuló sin valorar siquiera si eran o no los autos originales y Pamparacuatro denuncia que estos autos tampoco son los originales. Tres años después de iniciado el caso se echan en falta y se incorporan al procedimiento, según el juez “por un cauce no previsto en la ley”, alegando que eran los que se dictaron en su momento “en base a los ficheros informáticos existentes en el Juzgado” pero sin realizar una pericial que pruebe que no habían sido modificados.

“En caso de que los autos originales tuvieran la motivación anulada” por la Audiencia Provincial, añade Pamparacuatro, “todo se debe a un error material o de trascripción subsanable” a través del cauce la ley de enjuiciamiento criminal.

Con esos registros se anulan también las pruebas encontradas en ellos y los informes elaborados por la UCO que implican a dos ex letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo (que actualmente es magistrado del Tribunal Supremo) en el asesoramiento, desde los correos del propio Tribunal y a cambio de grandes sumas de dinero, al empresario lanzaroteño para evitar el pago de impuestos del proyecto urbanístico de Costa Roja, declarado ilegal.

En su denuncia, el juez Pamparacuatro pone de manifiesto que Sánchez Yllera y Francisco Caamaño estuvieron al mismo tiempo a las órdenes de la ex vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, uno como jefe de gabinete y otro como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Caamaño ascendió a Ministro de Justicia y lo era cuando ese mismo Ministerio denegó el refuerzo que había pedido el juez para avanzar en la causa y que había aprobado el Consejo General del Poder Judicial.

Esos autos debieron desaparecer antes de que se levantara por primera vez el secreto de sumario, entre noviembre y el 11 de diciembre de 2009. El juez narra en su denuncia que recuerda “perfectamente que al auto que autoriza la entrada y registro de Yaiza lo coloqué un ‘post it’ advirtiendo de la necesidad de confeccionar un testimonio para su incorporación a una de las piezas separadas antes del escaneado y digitalización.

De manera que se pudo comprobar que dicho auto, junto con el que autoriza la entrada y registro en el domicilio y oficinas de Luís Fernando Lleó Khunel, nunca se digitalizaron sustrayéndolos en ese instante”, señala Pamparacuatro en su denuncia. Así pues, esos autos judiciales ni llegaron a la pieza de Morales, que es de las únicas dos que se ha archivado en Unión, ni volvieron a la de Lleó.

Por otra parte, también ha desaparecido la primera grabación original entre Espino y Becerra y la única conversación mantenida entre Espino y Lleó. El juez asegura que visionó ambas. De los 12.000 primeros folios y con varias decenas de investigaciones paralelas, todos los “errores” se centran en los mismos hechos.


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NotaPublicado: Vie 28 Feb, 2014 9:08 am 
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La Audiencia Provincial ha respaldado el auto de entrada y registro del Ayuntamiento de Yaiza ordenado dentro de la operación Unión, en un auto fechado el pasado 17 de enero. Lo hace a pesar de que el auto no estaba firmado por el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, y considera que el recurso es “infundado”.

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El abogado, imputado en la causa, Felipe Fernández Camero, había recurrido el auto alegando que hay evidencias de que no se elaboró en su momento, es decir que se hizo primero el registro, sin orden judicial, y que tres años después se incorporó el auto al sumario.

Es uno de los autos que denuncia el juez Pamparacuatro que ha desaparecido del sumario y que en su lugar aparece otro firmado sólo por el secretario judicial.

Sobre las acusaciones del abogado, dice la Audiencia que “el apelante parece estar imputando al órgano judicial la comisión de varios delitos, y es que la diligencia de ordenación es meridianamente clara al expresar lo realmente acaecido”.

Se refiere a que el secretario judicial, en una diligencia de 10 de julio de 2013 da fe de que el auto de entrada y registro se elaboró antes de llevar a cabo la intervención, y no después. “Se cuestiona en el recurso la veracidad de lo expresado por el fedatario, lo que consideramos roza la deslealtad procesal”, dice la Audiencia.

La Fiscalía se opuso al recurso de Fernández Camero y sostiene que el hecho de no haber unido el auto cuestionado a la causa es un “mero error material”, y que eso “no puede hacer dudar de su preexistencia”.

Señala finalmente la Audiencia, sobre el auto, “que la validez o no de las restricciones de derechos fundamentales, que el juez de instrucción ha ido acordando a lo largo de las Diligencias, y sus efectos en cuanto a la nulidad de las mismas como vía de investigación de los delitos que pudieran haberse desvelado, es cuestión que, como afirma el auto recurrido, deberá ser resuelta cuando los supuestos delitos sean objeto de enjuiciamiento”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com