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NotaPublicado: Vie 26 Jun, 2015 8:22 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha destituido este viernes al jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo (Polo) Díaz, que llevaba 20 años en el cargo. Además, lo ha hecho justo antes de delegar las áreas de gobierno en los consejeros del Cabildo, ya que uno de sus socios, el PSOE, se oponía a esta medida. De hecho, ésta y otras diferencias han retrasado en los últimos días el reparto de áreas, que en virtud del pacto firmado entre CC y el PSOE establece que Política Territorial queda en manos de los socialistas.

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Ahora, aunque San Ginés ya ha hecho público el reparto en un comunicado de prensa, los consejeros del PSOE todavía no han aceptado las delegaciones. De esta forma, la destitución del jefe de la Oficina del PIOT podría desatar la primera crisis de un gobierno que todavía no se ha constituido formalmente.

En su resolución, San Ginés alega “pérdida de confianza” y “necesidades” organizativas del Cabildo para destituir de su cargo al funcionario y devolverle al área de Presidencia como Técnico de Asistencia a Municipios.

La destitución de Leopoldo Díaz llega poco después de la polémica desatada por un informe elaborado por este funcionario sobre el Plan Especial de La Geria. El informe fue encargado por el propio San Ginés, que pretendía “contrarrestar” el demoledor dictamen realizado por la también jurista del Cabildo Joana Macías, a petición del Juzgado que instruye el caso Stratvs.

Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes de la oposición y en particular del PSOE, que a finales de la pasada legislatura acusó a San Ginés de estar ocultando ese dictamen, el informe de Leopoldo Díaz no se ha hecho todavía público. Además, los socialistas también denunciaron que la modificación del Plan de La Geria se pretendiera aprobar en Pleno sin informes de funcionarios del Cabildo y con el único dictamen del director insular de Política Territorial, que es un cargo de designación política. Ahora, San Ginés ha decidido destituir a Leopoldo Díaz justo antes de entregar a los socialistas el área de Política Territorial, que hasta ahora ostentaba él personalmente.

En su resolución, el presidente anuncia también “diligencias de investigación” sobre el funcionario, contra quien San Ginés ya ha actuado en otras ocasiones desde que llegó a la Presidencia del Cabildo. De hecho, no es la primera vez que le aparta de sus funciones o incluso que le abre diligencias. Y hasta ahora, en todos los casos había detrás una solicitud de Juan Francisco Rosa, para el que la Fiscalía pide 15 años de prisión en el caso Stratvs, que es sólo una de las causas penales que hay abiertas contra el empresario.

En el año 2013, San Ginés ya abrió “diligencias” contra varios funcionarios del Cabildo, incluyendo a Leopoldo Díaz, cuando Juan Francisco Rosa presentó un escrito en el Cabildo pidiendo procedimientos disciplinarios dentro del área de Patrimonio. El empresario alegaba que los técnicos habían incurrido en supuestas irregularidades “graves” y “muy graves” en la tramitación de un expediente vinculado a nuevas obras que pretendía acometer en La Geria.

La denuncia de Rosa llegó dos meses después de que cuatro técnicos del Cabildo (dos de Patrimonio y dos de la Oficina del PIOT) acudieran junto a una comisión judicial a la bodega Stratvs, requeridos por la juez Silvia Muñoz. Cuatro días hábiles después de recibir este escrito de Rosa, Pedro San Ginés firmó una providencia para abrir “diligencias informativas” y adoptar “medidas provisionales previas al eventual inicio, en su caso, de los correspondientes expedientes sancionadores”.

Además, aunque Rosa sólo hacía referencia en su denuncia al área de Patrimonio, San Ginés extendió de oficio las diligencias a otros departamentos y ordenó que se diera traslado de la denuncia también a los responsables de los servicios de Medio Ambiente y Plan Insular, “como posibles departamentos afectados por la resolución que pueda adoptarse”.

En el año 2010, el empresario Juan Francisco Rosa también dirigió otro escrito al Cabildo cuestionando a otros técnicos. En aquel momento, solicitó a Pedro San Ginés que apartara a Esteban Armas y a Leopoldo Díaz, técnicos de la Oficina del PIOT, de la emisión de informes relativos a sus hoteles ilegales. Rosa alegaba que estos dos trabajadores tenían una presunta “enemistad manifiesta” con él, y una supuesta relación de amistad o vinculación con la Fundación César Manrique.

En ese momento, Rosa intentaba regularizar sus establecimientos, ya que la sentencia que los había declarado ilegales estaba en fase de ejecución. Cuando estos técnicos emitieron un informe negativo, el empresario pidió que se les apartara de ese cometido, llegando a afirmar que su empresa se sentía “perseguida y maltratada por los responsables de la Oficina del Plan Insular de Lanzarote”.

El presidente del Cabildo no dio respuesta a ese escrito de Rosa, pero sí contestó a otro presentado en el mismo sentido por Urena Montain. Así, el 15 de octubre de 2010, San Ginés decidió apartar a estos técnicos no sólo de la emisión de informes relativos a Urena Montain S.A., que quería hacer un hotel nuevo junto al Faro de Pechiguera, sino que también de todos los casos relacionados con expedientes de legalización de hoteles ilegales, incluidos los de Rosa.

En su batalla contra estos dos técnicos del PIOT, Juan Francisco Rosa llegó incluso a presentar una querella contra ellos en los Juzgados, acusándoles de supuestos delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y desobediencia. Sin embargo, su denuncia fue archivada por los tribunales, y también los recursos que presentó contra ese archivo.

En la segunda resolución archivando la causa, el juez señaló que no existen “indicios mínimamente serios de que en los querellados exista una conducta desleal hacia la Administración Pública, más allá de meras conjeturas expresadas por la representación procesal de la querellante”. Por su parte, la Audiencia Provincial ratificó el archivo y condenó a Rosa a pagar las costas del recurso, recordando además que la licencia de su hotel había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que ése era el “contexto” en el que había que analizar los informes de los técnicos del PIOT.


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NotaPublicado: Vie 26 Jun, 2015 8:23 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Partido Socialista ha decidido dejar “en suspenso” el pacto con CC en el Cabildo, ya que considera que Pedro San Ginés ha cometido una “deslealtad” al destituir este viernes al jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz. El PSOE se oponía a esa destitución porque considera que es una “persecución” a este funcionario. Además, defiende que la Oficina del PIOT depende de Política Territorial, que es un área que corresponde al PSOE en virtud del pacto sellado entre ambos partidos.

Como sabía de nuestra disconformidad, retrasó la delegación de áreas y entendemos que las ha firmado este viernes en un intento de hacernos tragar con hechos consumados, pero no vamos a pasar por ahí”, advierten desde el PSOE. Y es que San Ginés ha firmado la delegación de las áreas de gobierno a los consejeros socialistas este mismo viernes, justo después de rubricar el decreto destituyendo a Leopoldo Díaz.

Según han señalado a La Voz de Lanzarote fuentes del PSOE, ahora “exigirán” que San Ginés devuelva a su puesto al funcionario y ya han solicitado la intervención de las direcciones regionales de ambos partidos. “Entendemos que deben entrar los órganos regionales puesto que San Ginés ha cometido una deslealtad y exigimos que dé marcha atrás, porque no aceptamos la persecución de ningún funcionario”, insisten desde el partido. Mientras tanto, los consejeros socialistas no se harán cargo de las áreas que les corresponden dentro del grupo de gobierno

“Se ha extralimitado con este cese y ha aprovechado para hacerlo corriendo antes de que nosotros entremos al gobierno”, subrayan, reiterando que “el PSOE no va a aceptar esta decisión”, por lo que el pacto, en lo que se refiere al Cabildo, está “en suspenso”.

En su resolución, San Ginés alega “pérdida de confianza” y “necesidades” organizativas del Cabildo para destituir de su cargo Leopoldo Díaz, que llevaba 20 años al frente de la Oficina del PIOT y ahora volverá a la plaza de Técnico de Asistencia a Municipios, dependiente del área de Presidencia.

Desde que Pedro San Ginés asumió su cargo como presidente del Cabildo hace seis años, este funcionario ya se ha enfrentando a diligencias informativas internas y también fue apartado de la emisión de informes sobre los hoteles ilegales, en ambos casos a petición de Juan Francisco Rosa.

El empresario, que ha presentado distintas quejas e incluso denuncias (ya archivadas) contra éste y otros funcionarios del Cabildo, está imputado en el caso Unión y en el caso Stratvs, en el que ya se ha formulado incluso escrito de acusación contra él. En ese escrito, la Fiscalía le pide 15 años de cárcel por casi una decena de delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, de falsedad documental y de usurpación, entre otros.


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NotaPublicado: Sab 27 Jun, 2015 8:37 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, puso como condición para que saliese adelante el pacto de gobierno con el PSOE la destitución del director de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, dejando libertad a los socialistas, a los que les toca Política Territorial, libertad para nombrar al nuevo jefe del departamento.

Además, en las negociaciones se abordó la continuidad del Director insular de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Santana, jurista que procede de Gesplan, la empresa pública encargada de elaboración del planeamiento del Gobierno de Canarias. Una continuidad que, según las fuentes consultadas, no habría sido discutida por el PSOE.

La destitución de Díaz se hizo efectiva este viernes, en la misma mañana en la que delegó las áreas del grupo de gobierno entre los consejeros de CC y PSOE, y después de reunirse con el funcionario, que rechazó renunciar al puesto.

La decisión de San Ginés se adoptó de manera oficial este viernes pero comunicó a la dirección insular del PSOE su intención de llevarla a cabo desde hacía días, antes de firmarse el acuerdo de gobierno. Dependiendo de la reacción del PSOE se podría llegar a producir incluso una ruptura del pacto de gobierno en el Cabildo, al considerar CC que la medida es “irrenunciable”.

Desde el Partido Socialista ya han tachado la medida de “deslealtad” y han señalado que su incorporación efectiva al grupo de gobierno en el Cabildo, asumiendo las áreas delegadas, estaba en suspenso hasta que se abordase la decisión del presidente en la Mesa regional del pacto.

En caso de ruptura del pacto con el PSOE, Coalición Canaria podría sumar una mayoría absoluta en el Cabildo con los tres consejeros del PP, el del PIL y el de Nueva Canarias. De hecho, esta opción de pacto fue barajada también por los nacionalistas aunque de forma oficial solo trascendieran las conversaciones con los socialistas.

El detonante para la destitución de Díaz por “pérdida de confianza” ha sido el informe que elaboró a petición del presidente para analizar el dictamen de otra jurista, Joana Macías, que cuestionó la validez del Plan Especial de La Geria, advirtió vicios de nulidad en el planeamiento, interpretó que la consideración de las bodegas como equipamientos estructuras debía estar recogida en el Plan Insular y llegó a considerar que no se debía aplicar en vía administrativa aunque no haya sido anulado por los tribunales.

El informe de Díaz no se ha hecho público por el momento, algo que reclamaron los socialistas en campaña electoral, si bien fuentes del grupo de gobierno aseguran que respaldaría las tesis jurídicas de Macías. En el grupo de CC en el Cabildo sostienen que el director de la Oficina del Plan Insular habría tenido diversas ocasiones para plantear su criterio sobre el Plan de La Geria durante su tramitación hasta que fue aprobado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), en julio del año pasado.

Fuentes de CC también sostienen que en ciertos informes de la Oficina del Plan Insular, como en uno elaborado sobre bodega Los Bermejos, se señala que el Plan Especial de La Geria le otorga la consideración de equipamientos estructurantes a las bodegas mientras que en otras interpretaciones se recalca que deben calificarse de esa forma en el Plan Insular, cuya revisión todavía no se ha aprobado.

Los informes de compatibilidad de proyectos con el Plan Insular de Ordenación (PIO) es otro de los elementos que han barajado los nacionalistas para tratar de justificar la destitución del director de la Oficina del PIO. A partir de 2011 se empezaron a aprobar por el Consejo de Gobierno o el pleno mientras que con anterioridad no pasaban por ese trámite. Fuentes de CC aseguran, sin embargo, que la Oficina del Plan Insular tenía conocimiento de que debía producirse un acto formal por el Consejo de Gobierno y que así se reflejó, por ejemplo, en el informe de un puerto deportivo a finales de los años 90.


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NotaPublicado: Lun 29 Jun, 2015 3:52 pm 
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NotaPublicado: Mar 30 Jun, 2015 3:04 pm 
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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2015 3:17 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El destituido jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, destacó en un informe que la bodega Stratvs, en pleno corazón el paisaje protegido de La Geria, “se apartó de lo autorizado” y que se produjo una “ilegal ejecución de nuevas construcciones” que en ningún momento fueron permitidas.

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Díaz recuerda en su informe que lo que autorizó el Gobierno de Canarias al promotor de la bodega, el empresario Juan Francisco Rosa, “comprendía la restauración de una vivienda y la construcción de un almacén-bodega subterráneo de 900 metros cuadrados”.

Si la autorización otorgada lo era para 900 metros cuadrados construidos, la ejecución realmente ejecutada supone 3.560 metros cuadrados construidos y 12.000 metros de superficie afectados o transformados”, subraya el funcionario.

“Por otro lado”, recalca el jurista, “el promotor no acredita la titularidad de la finca en que está ubicada la bodega ni donde está la mayor parte de las construcciones”. Además, recalca que la antigua vivienda “con valores etnográficos para la que se solicitó su restauración” fue “demolida, por lo que se apartó de lo autorizado”.

El informe también resalta que las obras ilegales, “en sustitución fraudulenta de la restauración otorgada”, se desarrollaron en un suelo que el Plan Insular califica como rústico de protección de valor natural” por tratarse de un paisaje singular, “cuya regulación prohíbe actuaciones como ésta”.

Díaz señala que “si aplicáramos exclusivamente el Plan Especial de La Geria” que se aprobó en 2013, “haciendo abstracción del Plan Insular”, la bodega se ubicaría en un suelo que “admite las bodegas” pero “la obra realmente existente no se acomoda a los parámetros urbanísticos del Plan Especial de La Geria”.

Y si se aplicara, en un ejercicio teórico, exclusivamente el Plan Especial de La Geria de 2014, “con independencia y al margen del Plan Insular”, resulta que “el suelo de todos los equipamientos estructurantes” se cambia de categoría a rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, “con lo cual la bodega ya no se emplaza en suelo rústico de protección agraria paisajístico-La Geria, condición necesaria para admitir el uso de bodegas”.

El Plan Especial autoriza un máximo de 1.500 metros de bodega sobre rasante, mientras que Stratvs tiene 3.560 metros de superficie construida. La altura máxima que permite el Plan Especial es de cinco metros y Stratvs tiene 7,8 metros. También la edificabilidad supera con creces la máxima permitida.

“En definitiva”, concluye el funcionario, Stratvs “incumple parcela mínima, edificabilidad, metros cuadrados construidos sobre rasante, altura máxima y retranqueos”.


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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2015 3:19 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha retirado durante la jornada de este jueves las delegaciones de las distintas áreas de Gobierno concedidas el pasado viernes a todos los consejeros del Partido Socialista (PSOE) después de que éstos sigan demorando su toma de posesión en el cargo al hilo de la crisis instaurada en la Corporación, con la que los socialistas siguen manteniendo en suspenso dicho acuerdo de gobernabilidad en el Cabildo conejero.

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San Ginés ha aclarado, tal y como recoge en su edición digital el diario Lancelot, que lo ha hecho por "claridad jurídica". Sin embargo, fuentes de su partido, Coalición Canaria (CC) insisten en que no se trata de ningún ultimátum a su socio de gobierno.

De esta forma, mientras los consejeros socialistas no tomen posesión efectiva de sus cargos en el Cabildo, será el presidente el que ostente las áreas de Gobierno que les había delegado desde el pasado viernes.

Tal y como publicó Crónicas este mismo miércoles, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, no pudo venirse de su reunión en Tenerife con la cúpula del Partido Socialista con una solución al problema que se ha planteado en la institución que dirige tras la negativa de los consejeros del Partido Socialista a tomar posesión de sus responsabilidades dentro del nuevo grupo de gobierno.

En un encuentro convocado únicamente para intentar solventar la compleja situación, que podría afectar al pacto global en la Isla, las dos formaciones pusieron sobre la mesa sus enormes discrepancias al respecto de la destitución del jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, según han explicado a este diario fuentes de la formación nacionalista.

El encuentro se produjo en Tenerife, como ya había adelantado este diario, aprovechando que se celebraba la primera sesión del nuevo Parlamento de Canarias. Allí, San Ginés estuvo acompañado por su compañero y secretario general en Lanzarote, David de la Hoz, y por el secretario de Organización en las Islas, José Miguel Barragán, mientras que por parte del PSOE acudió el hombre que ha llevado el peso de las negociaciones del conocido como pacto en cascada, Francisco Hernández Spínola.

Durante la reunión el dirigente socialista pidió a los nacionalistas que reconsideraran su decisión de destituir al técnico y que dieran marcha atrás para evitar que siguiera la situación, cuestión que los representantes de CC se negaron a aceptar. Finalmente, según las fuentes consultadas, acordaron abordar de nuevo la cuestión para ver qué salida le dan, con el fin de evitar una ruptura en toda Lanzarote que podría erosionar enormemente su pacto global.

En CC, como ya había explicado San Ginés, no están dispuestos a cambiar su decisión, puesto que entienden que está justificada y pactada previamente con sus actuales socios. Así, esperan que el PSOE resuelva en breve la situación antes de tener que dar por roto el acuerdo y explorar otras vías de pacto.


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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2015 3:22 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La Fiscalía envió este miércoles un requerimiento urgente al Cabildo de Lanzarote, reclamando que la Corporación le entregara el informe elaborado por el director del la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, sobre la bodega Stratvs y el Plan Especial de La Geria. El demoledor dictamen, que había permanecido oculto hasta ahora, se ha hecho público esta semana, tras la destitución del jurista por parte de Pedro San Ginés el pasado viernes.

La solicitud de la Fiscalía llegó a Secretaría del Cabildo por fax y partía del fiscal del caso Stratvs, Ignacio Stampa. En su escrito, la Fiscalía daba de plazo hasta las 15 horas del miércoles para que la Corporación le remitiera ese documento, así como los escritos del presidente, Pedro San Ginés, encargando ese informe a Leopoldo Díaz.

Al pedir ese dictamen, San Ginés pretendía tener un “contrainforme” al elaborado por la también jurista del Cabildo Joana Macías, que actúa como perito en el caso Stratvs. Sin embargo, las conclusiones del que era jefe de la Oficina del PIOT eran las mismas que las de Macías e incluso si cabe más contundentes. Ambos juristas coinciden al hablar de “vicios de nulidad radical” en el Plan Especial de La Geria y de un trato privilegiado a la bodega Stratvs dentro de ese documento, pese a lo cual seguiría sin ser legalizable.

Tras recibir el requerimiento de la Fiscalía, el secretario del Cabildo, Pancho Perdomo informó al consejero que este miércoles actuaba como presidente en funciones, Luis Arráez. Según fuentes de la Corporación, a continuación se produjo una reunión en la que participaron también otros consejeros de CC. Además, se contactó telefónicamente con el presidente, Pedro San Ginés, que se encontraba en Tenerife, precisamente para abordar la crisis del pacto con el PSOE por la destitución de Leopoldo Díaz.

Después, el secretario remitió a la Fiscalía el informe y las solicitudes previas formuladas por San Ginés, así como las respuesta de Leopoldo Díaz. En su petición, según apuntan fuentes de la Corporación, el fiscal señalaba que el informe del jurista afecta a una pericial que forma parte de un procedimiento judicial, el caso Stratvs.

Concretamente, San Ginés encargó a Leopoldo Díaz un informe sobre las “consideraciones jurídicas” realizadas por la jurista Joana Macías en ese dictamen pericial solicitado por el Juzgado, y argumentó que lo hacía “atendiendo” a la “repercusión” que ese dictamen pudiera tener “en los actos de autorización que se vienen informando por este Cabildo”, dado que se hablaba de “vicios de nulidad” en el Plan de La Geria, que fue aprobado por el Gobierno de Canarias. “Ha puesto a los pies de los caballos a toda la Corporación”, llegó a decir entonces públicamente San Ginés.

En su informe, fechado el pasado mes de abril, Leopoldo Díaz comenzaba aclarando que su dictamen “no tiene carácter de pericia complementaria, añadida o aclaratoria de la suscrita en sede judicial, pues quien lo ha pedido es el señor presidente del Cabildo” y no un juez. Además, subrayaba incluso que la independencia de un técnico que actúa como perito en un Juzgado está protegida por la ley, pudiendo suponer un delito intentar influir en sus conclusiones, tal como en su momento recordó también la juez del caso Stratvs, Silvia Muñoz, en un auto donde hizo referencia a un escrito que le había remitido Pedro San Ginés, en el que cuestionaba el informe de Joana Macías. Públicamente, el presidente siempre ha asegurado que los “servicios jurídicos” del Cabildo no compartían ese dictamen de Macías, aunque lo cierto es que el jurista que durante 20 años ha estado al frente de la Oficina del PIOT sostiene exactamente lo mismo.

Además, cabe recordar que no sólo Joana Macías actúa como perito en esta causa. En su escrito de acusación, el fiscal también pidió que se citara como perito durante el juicio a Leopoldo Díaz, así como a otros técnicos de la Corporación. El propio presidente, Pedro San Ginés, así como el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Fabelo, también deberán acudir al juicio, en su caso como testigos, ya que la Fiscalía pidió que sean citados cuando se ponga fecha a la vista.


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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2015 3:28 pm 
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NotaPublicado: Vie 03 Jul, 2015 3:00 pm 
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NotaPublicado: Mié 13 Ene, 2016 12:01 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La destitución de Leopoldo Díaz como director de la Oficina del PIOT no se ajustó a la ley porque se llevó a cabo con una “palmaria falta de motivación” y con un “un importante indicio de arbitrariedad”. Así lo sostiene la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que acaba de anular la resolución que firmó el pasado mes de junio el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, apartando a este funcionario de su puesto.

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Polo Díaz, que llevaba 20 años al frente de la Oficina del Plan Insular del Cabildo, recurrió entonces a los tribunales, que ahora acaban de darle la razón. El fallo, contra el que aún cabe recurso, reconoce el derecho de este trabajador a regresar a su puesto. Además, establece que el Cabildo deberá abonarle el dinero que ha dejado de percibir desde entonces, ya que le retiraron los complementos salariales asociados al cargo. Esta cantidad se irá incrementando “hasta la fecha de su efectiva reincorporación”.

En su defensa en este pleito, el Cabildo se centró en el hecho de que se trata de un puesto de “libre designación”. Por eso, consideraba “suficiente motivación” la que se daba en la resolución de San Ginés, en la que hacía referencia a la “pérdida de confianza” en este trabajador. Sin embargo, la sentencia sostiene que la “discrecionalidad” que se permite a la administración con este tipo de cargos, “no puede tornarse en arbitrariedad ni puede escudar la lesión del ordenamiento jurídico en general, ni de los derechos fundamentales en particular”, ya que estos están protegidos por la Constitución.

El Juzgado cita varias sentencias, incluyendo una del Tribunal Constitucional, que subraya que la administración pública “ha de actuar siempre con objetividad y plena sumisión a la legalidad, sin asomo de arbitrariedad”, incluso “en el supuesto de decisiones discrecionales". Por eso, concluye que es “necesario un mínimo de motivación de la razón del cese”, que permita “verificar” si se ajustó a la legalidad o si la administración incurrió en un “uso desviado de sus potestades”. Y en el caso de Polo Díaz, considera que no existió esa “mínima motivación” y por tanto no se acreditó que respondiera “a causas objetivas” y “no vulneradoras de derechos fundamentales”.

No basta la mera invocación de la pérdida de confianza”, insiste el Juzgado. Al respecto, recuerda otra sentencia que concluía que para destituir a un trabajador que viene ejerciendo un puesto de libre designación “durante un periodo prolongado, por ejemplo, por más de un año, sin que conste episodio anómalo cualquiera”, es necesaria “una motivación específica, precisa y de significado racional”. En el caso de Polo Díaz, llevaba dos décadas en el puesto bajo gobiernos de distintos partidos, incluido el del propio San Ginés durante los últimos seis años.

En su demanda, la defensa del funcionario sostenía que su destitución fue en realidad “una sanción encubierta”, aplicada “sin motivación y sin procedimiento ni trámite previo alguno”. Además, señalaba que “la verdadera causa del cese” estuvo en el informe que este funcionario realizó sobre el Plan Especial de La Geria, a petición de Pedro San Ginés. Al encargar ese informe, el presidente pretendía rebatir el dictamen pericial emitido a su vez por otra jurista de la Corporación, Joana Macías, a petición del Juzgado instructor del caso Stratvs. Sin embargo, Polo Díaz llegó a las mismas conclusiones que Macías y fue incluso más contundente, al hablar de “vicios de nulidad radical” en el Plan de La Geria, entre otras cosas por el trato que da a la bodega Stratvs.

En el decreto del presidente del Cabildo acordando la destitución de Polo Díaz, la sentencia recuerda que se alegaba esa “pérdida de confianza”, pero sin explicar los motivos. “Las razones se motivarán en diligencias previas de investigación que se incoarán a los efectos de dilucidar posibles responsabilidades”, sostenía esa resolución de San Ginés.

“A la vista de lo expuesto, resulta palmaria la falta de motivación del acto impugnado, pues si bien el mismo alude a una pérdida de confianza, difiere la motivación de las causas de esta pérdida de confianza a una posterior investigación, lo que comporta un importante indicio de arbitrariedad en la decisión de cese, pues el mismo se acuerda por motivos que, al parecer, aún no han sido determinados”, sostiene la sentencia, que subraya que una “motivación a futuro no resulta admisible”.

Por su parte, la defensa de Polo Díaz consideraba que existió incluso una vulneración del derecho al honor del funcionario en el contenido de esa resolución, “que esparce sospechas sobre la rectitud e integridad de su conducta y le hace desmerecer en el concepto público profesional que pudiera tener en su entorno social”. Por ello, reclamaba incluso una indemnización por daños y perjuicios, aunque ese extremo ha sido rechazado por el Juzgado, “al no haberse acreditado ni razonado sobre los mismos”.

La demanda de Polo Díaz hacía también referencia a otra “información” de la que tuvo conocimiento tras su cese, “a través de los medios de comunicación”. De hecho, fue el propio Pedro San Ginés quien la hizo pública. “Dicho cese fue requisito o condición de un pacto político tras las elecciones locales celebradas en mayo de 2015”, sostenía la demanda del funcionario. Y es que San Ginés y otros miembros de CC han asegurado que antes de cerrar el pacto con el PSOE en el Cabildo, impusieron como condición la destitución de Polo Díaz como director de la Oficina del PIOT.

Desde el Partido Socialista siempre han negado haber aceptado tal condición y, de hecho, no llegaron a incorporarse al grupo de gobierno precisamente por esta destitución. San Ginés firmó el decreto de cese justo antes de delegar las áreas a los consejeros socialistas, que tras conocer la noticia decidieron no tomar posesión de sus respectivas consejerías y dejaron el pacto “en suspenso”. Desde entonces, Coalición Canaria ha venido gobernando en minoría en el Cabildo, con el único apoyo del consejero del PIL.

Además, la oposición ha llevado hasta en dos ocasiones a Pleno la destitución de Polo Díaz. A través de una moción, Podemos pretendía reclamar que se restituyera al funcionario en su puesto. La primera vez, San Ginés ni siquiera permitió que se votara, alegando que esa decisión no era competencia del Pleno. La segunda, la iniciativa no prosperó ya que el PP votó junto a CC rechazando la moción. A favor, además de los consejeros de Podemos, votaron los del Partido Socialista y los de Somos Lanzarote, que llegó a calificar de “cacicada irresponsable” la decisión de San Ginés de destituir a Polo Díaz.


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NotaPublicado: Mié 13 Ene, 2016 12:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha dejado claro este miércoles que no tiene “la menor intención” de devolver a Leopoldo Díaz a su puesto como director de la Oficina del Plan Insular. En una breve comparecencia ante los medios, San Ginés ha asegurado que la sentencia que anula la destitución del funcionario no ha sido notificada aún al Cabildo. Sin embargo, ya ha anunciado que la recurrirá.

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“Lo que es irrevocable es la voluntad del cese”, ha afirmado el presidente. De hecho, ha adelantado que aunque pierdan también ese recurso y se dicte una sentencia firme, buscaría la forma de no rectificar esa decisión. “Trataríamos de motivarla mejor”, ha señalado San Ginés, planteando así que podría dictar un nuevo decreto de destitución.

El que firmó el pasado mes de junio acaba de ser anulado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, que sostiene que la decisión se adoptó con una “palmaria falta de motivación” y con un “un importante indicio de arbitrariedad”. Además, la sentencia considera inadmisible que ese decreto hablara solo de una “pérdida de confianza” en el funcionario, sin aclarar las causas, y que se remitiera a “una posterior investigación” para explicar los motivos del cese. “Se acuerda por motivos que, al parecer, aún no han sido determinados”, cuestiona el Juzgado, insistiendo en que una “motivación a futuro no resulta admisible”.

Respecto a esa supuesta “investigación”, San Ginés no ha dado ningún detalle en su comparecencia ante los medios. “No se ha culminado”, se ha limitado a señalar, más de siete meses después de haber apartado a Polo Díaz de su puesto.

El presidente tampoco ha querido valorar cómo afecta esto al posible pacto con el PSOE en el Cabildo, que se mantiene “en suspenso” desde el inicio de la legislatura, precisamente por la destitución de Leopoldo Díaz. “Yo creo que este culebrón ha sido demasiado largo. Cuando haya novedades sobre el pacto aún no ejecutado, las daremos a conocer. Hasta tanto, no tengo nada más que añadir”, se ha limitado a señalar.

Lo que sí ha reiterado es que no tiene “la menor intención de revocar aquella decisión”, que es precisamente lo que exigían los socialistas para incorporarse el grupo de gobierno. “Si los tribunales nos obligaran, lógicamente mi obligación es cumplir con las sentencias judiciales firmes”, ha afirmado el presidente. Sin embargo, ha dejado claro que agotará todas las vías para evitar cumplir esta sentencia de primera instancia.

En su demanda, la defensa de Polo Díaz sostenía que su destitución fue en realidad “una sanción encubierta”, aplicada “sin motivación y sin procedimiento ni trámite previo alguno”. Además, señalaba que “la verdadera causa del cese” estuvo en el informe que realizó sobre el Plan Especial de La Geria, a petición de Pedro San Ginés. Al encargar ese informe, el presidente pretendía rebatir el dictamen pericial emitido a su vez por otra jurista de la Corporación, Joana Macías, a petición del Juzgado instructor del caso Stratvs. Sin embargo, Polo Díaz llegó a las mismas conclusiones que Macías y fue incluso más contundente, al hablar de “vicios de nulidad radical” en el Plan de La Geria, entre otras cosas por el trato que da a la bodega Stratvs.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com