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Confesiones de todos los delitos, “arrepentimiento”, “voluntad de colaborar con la Administración de Justicia” y pagos por adelantado de cientos de miles de euros para abonar las multas. Eso es lo que acaban de ofrecer 9 de los 11 acusados en el caso Yate, que se inició hace una década y que está previsto que comience a juzgarse el próximo 20 de marzo. A pocos días de comenzar el juicio, casi todos los acusados han decidido reconocer los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, admitiendo que existió una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, a cambio de la cual el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha confesado que recibió cientos de miles de euros de “diferentes promotores y constructores”.

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En varios escritos presentados ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el propio Reyes y otros 4 acusados expresan su intención de alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y con la acusación popular para evitar el juicio y conseguir reducir las penas que se solicitan para ellos. Además, Reyes hace extensiva esta voluntad de colaboración a su mujer, Antonia Torres, y a tres de sus hijos, María Noelia, José Francisco Abel y María Beatriz Reyes, que están también acusados en la causa por delitos de blanqueo de capitales.

"Mi representado, su esposa e hijos se comprometen a ingresar en la cuenta corriente de la audiencia la cantidad de 300.172,61 euros con anterioridad al día 3 de marzo en concepto de pago de multa por el delito de blanqueo de capitales", señala el escrito presentado por el abogado del ex alcalde, Pablo Luna, que está fechado el pasado 15 de febrero. Inicialmente, la Fiscalía pedía una multa de casi 9 millones de euros para la familia de Reyes (6 millones debería abonarlos el ex alcalde y el resto, en distintas cuantías, su mujer y sus tres hijos). En cuanto a las penas de prisión, solicitaba 25 años de cárcel para el ex alcalde y 5 para su mujer y sus hijos, aunque todas esas penas se rebajarán ahora con el acuerdo de conformidad. Pero de momento, Reyes ya ha realizado ese depósito de más de 300.000 euros.

Junto a Reyes, también ha confesado el que fuera secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que ya había sido apartado de su cargo por una condena anterior. Ahora, el ex funcionario “reconoce expresamente” que cometió delitos contra la ordenación del territorio, de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos y de falsedad documental en el ejercicio de su cargo, tal como señalaba el escrito de acusación presentado en esta causa en el año 2013 por los fiscales Javier Ródenas e Ignacio Stampa. Para el ex secretario, pedían inicialmente 6 años y medio de cárcel.

Los otros tres acusados que han reconocido los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal son el asesor fiscal Manuel Benito Mesa Ferrer y dos amigos y socios de la familia Reyes, Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho. El primero, en el escrito que ha dirigido a la Audiencia Provincial, reconoce que como asesor fiscal ayudó a ocultar el patrimonio ilícito del ex alcalde. Concretamente, admite que a través de otra empresa se gestionaba una “sociedad pantalla”, Sea Sun Lanzarote SL, donde se “ocultó la titularidad de los fondos y bienes adquiridos ilícitamente por José Francisco Reyes y su familia”. Además, señala que otro acusado en la causa por los mismos hechos, su hermano José Rafael Mesa Ferrer, también “conocía el origen ilícito de los fondos”.

En el caso de Manuel Benito Mesa Ferrer, ya ha depositado 20.000 euros para hacer frente a la multa que solicita para él la Fiscalía en esta causa. Además, se ofrece a pagar otros 51.000 euros “en el plazo de tres meses desde que se alcen los embargos” que pesan sobre él y que, según afirma su abogado, “le impiden financiarse para poder pagar la cantidad restante, de la que no dispone ni puede obtener en este momento”. En el escrito provisional de acusación, la Fiscalía pedía para él 4 años y medio de cárcel y 800.000 euros de multa.

Por su parte, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín también han depositado ya 10.000 euros cada uno, como pago de una parte de la multa que reclama para ellos el Ministerio Fiscal. En un escrito conjunto que han dirigido a la Audiencia Provincial, fechado el pasado 1 de marzo, los dos señalan también su voluntad de alcanzar una “conformidad con la acusación pública y popular” para evitar “la celebración del macrojuicio”, que está previsto que se celebre durante casi dos meses y medio en Gran Canaria, entre el 20 de marzo y el 1 de junio.

Así, reconocen expresamente los hechos recogidos en el escrito de acusación, en el que la Fiscalía pedía para ellos tres años de prisión y 100.000 euros de multa. Según ese escrito del Ministerio Fiscal, ambos pertenecían al “círculo de amistad” de José Francisco Reyes y le ayudaron a ocultar su patrimonio, “pese a que conocían el origen delictivo de los fondos que manejaban”. Tal como señalaba la Fiscalía y reconocen ahora los acusados, lo hicieron a través de la sociedad Acuimar Cachazo, en la que figuraban como titulares junto a una de las hijas de Reyes

Además de estos acusados confesos, en el banquillo deben sentarse en esta causa otras dos personas, que hasta ahora no han presentado escritos de conformidad, por lo que el juicio podría celebrarse solo con ellos. Uno es el otro asesor fiscal, José Rafael Mesa Ferrer, y el otro el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. Para Lorenzo, la Fiscalía no pide cárcel sino inhabilitación, por tiempo de 10 años. En su caso, su imputación está ligada a su intervención en el expediente que permitió aprobar el Plan Parcial Playa Blanca, que ya fue declarado ilegal por los Tribunales. En la causa estaba acusado también el aparejador municipal de Yaiza Alfredo Morales, que ya ha fallecido.

La investigación de esta causa se inició en el año 2006, a raíz de una denuncia presentada por el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, que decidió recurrir a la vía penal. Hasta ese momento, con distintos políticos y partidos al frente, la Corporación insular venía recurriendo en la vía contencioso administrativa las licencias hoteleras concedidas por José Francisco Reyes entre los años 1998 y 2003, y todas ellas fueron declaradas ilegales.

Fue entonces cuando comenzaron a investigarse delitos contra la ordenación del territorio, en una causa que después fue creciendo y ampliándose, y en la que intervino la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y posteriormente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Los informes que realizaron sobre el patrimonio de Reyes llevaron a su detención en septiembre de 2009, junto a su mujer y sus tres hijos.

Tras su arresto, el ex alcalde confesó por primera vez haber recibido dinero a cambio de otorgar licencias ilegales e incluso dio nombres de varios empresarios. “Nadie da nada a cambio de nada”, declaró ante la juez que en ese momento instruía la causa, María Dolores García Benítez, y ante el fiscal Ignacio Stampa. Sin embargo, días después de recibir en el Centro Penitenciario de Tahíche -donde pasó dos meses y medio en prisión provisional- la visita de la hija de Felipe Fernández Camero, Juana Fernández de las Heras, Reyes se retractó de su confesión.

Ahora, ante la inminencia del juicio, el ex alcalde ha vuelto a confesar, y junto a él lo han hecho casi todos los acusados en la causa. Al menos en la pieza central, ya que aún hay otras dos pendientes de juicio. Una, por las distintas licencias residenciales concedidas en el Plan Parcial Playa Blanca, tras aprobarse ilegalmente el desarrollo del plan. La otra, que también está solo pendiente de juicio, por los pagos presuntamente ilegales a Felipe Fernández Camero desde el Ayuntamiento de Yaiza. Inicialmente, Camero estuvo imputado en el caso Yate como presunto “cerebro” e inductor de la conducta delictiva de José Francisco Reyes, aunque su imputación se terminó archivando, al no existir pruebas de ese asesoramiento urbanístico al ex alcalde. Sin embargo, precisamente al no encontrar documento alguno que acreditara ese asesoramiento, el fiscal pidió abrir una nueva investigación por presunta malversación de caudales, por los pagos que el abogado recibió del Ayuntamiento por este concepto.


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NotaPublicado: Jue 09 Mar, 2017 4:02 pm 
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“El escrito de acusación del Ministerio Fiscal se ajusta a la realidad de lo sucedido”. Eso es lo que ha admitido el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, más 10 años después de que comenzara la instrucción del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En un escrito dirigido a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Reyes confiesa que recibió más de 300.000 euros en metálico de "diferentes promotores y constructores en concepto de recompensa" por la concesión de esos permisos ilegales.

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A esta cantidad, que destinó a distintas compras que puso a nombre de su familia, se suman casi otros 200.000 euros que admite que ingresó en efectivo en cuentas de “sociedades instrumentales”. Además, no solo reconoce que fue “gratificado” con dinero en metálico, sino también con otras “dádivas” en ‘especie’, que recibió de distintos empresarios.

En su escrito, Reyes explica cómo se puso de acuerdo con otros acusados para "ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente, así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad". Así, reconoce que creó una “sociedad pantalla”, con la colaboración de dos asesores fiscales, y también que utilizó a dos testaferros para ocultar los bienes adquiridos fruto de su “delictiva actividad municipal urbanística", como la define él mismo en su escrito.

Además de admitir los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, Reyes reconoce expresamente que incurrió en delitos contra la ordenación del territorio, al otorgar licencias urbanísticas ilegales para complejos hoteleros siendo "plenamente consciente de la disconformidad con el planeamiento urbanístico que era de aplicación, así como de la falta de informes jurídicos y técnicos que dieran cobertura a tan arbitraria decisión municipal".

En total, en el escrito de acusación admitido por Reyes, la Fiscalía hacía referencia a 19 expedientes de hoteles y apartamentos, entre los que se encuentran el hotel Princesa Yaiza, el hotel Son Bou, el Papagayo Arena, el Meliá Volcán, el hotel Dream Gran Castillo, el Rubicón Palace, el Hesperia Puerto Calero y el hotel Natura Palace. A esto, la Fiscalía añadía también el expediente que autorizó el puerto deportivo Marina Rubicón y el que dio luz verde al desarrollo del Plan Parcial Playa Blanca, que en ese momento ya estaba extinguido, tal como confirmaron posteriormente los tribunales de justicia al declararlo ilegal.

Reyes, que acepta un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación popular, para evitar el juicio y rebajar las penas que se piden para él y para su familia, detalla en su escrito los bienes que adquirió con el dinero obtenido de los sobornos, y que puso a nombre de su familia.

Entre ellos, tal como había detectado ya el informe realizado por la Udyco, incluye la compra de 5 vehículos - un Toyota RAV4, un Mercedes Benz, un Saab, un Renault Kangoo y un Toyota Corolla-, por los que pagó casi 80.000 euros. A esto se suma la adquisición de la embarcación el Pachi, que en total supuso un desembolso de casi 144.000 euros; la compra de un spa valorado en más de 24.000 euros; y la entrada para la adquisición de una vivienda en Santa Cruz de Tenerife y la financiación de parte de ese préstamo hipotecario, por valor de 55.118 euros.

Todos esos gastos habían sido detectados ya en la investigación patrimonial que realizó la unidad especializada de la Policía Nacional, que señalaba que no estaba justificado el origen del dinero con el que adquirió estos bienes, que estaban a nombre de su mujer y de sus hijos. Ahora, tal como anunciaba que haría al presentar ese escrito de conformidad, Reyes ya ha depositado en la cuenta de la Audiencia Provincial, “en concepto de pago de multa por el delito de blanqueo de capitales”, esos 300.172,61 euros, que son los que reconoce que destinó a compras que implican directamente a su familia. No obstante, el escrito de acusación hacía referencia a otras compras, incluyendo un piso en Barcelona a nombre de una de sus hijas, valorado en más de 350.000 euros. En total, el informe de la Policía elevaba los gastos y el movimiento de dinero de origen no justificados por parte del ex alcalde y su familia a más de 1,2 millones de euros.

“Con la finalidad de colaborar con la Administración de Justicia en la ayuda a identificar a los restantes responsables, declaro que las personas de mi familia que se indican como titulares de los bienes tenían conocimiento de la forma en que se habían financiado y el resto de los acusados debieron de conocer y sospechar la procedencia ilícita del dinero”, señala el escrito presentado por el ex alcalde. “Igualmente”, añade que reconoce “expresamente” que para “la gestión de los bienes obtenidos por medio de las licencias otorgadas, ideó la llevanza de la contabilidad de la sociedad pantalla Sea Sun Lanzarote SL a través de los asesores fiscales y acusados José Rafael Mesa Ferrer y Manuel Benito Mesa Ferrer”.

Reyes admite que “convino con estos acusados a que se constituyera dicha sociedad y a gestionarla a través de la mercantil Management & Consulting Lanzarote SL, con la finalidad perseguida de ocultar la titularidad de los fondos y bienes que se habían adquirido ilícitamente, así como de los que se siguieran adquiriendo con posterioridad, para permitir su disfrute mediante su inserción en el circuito económico legal”.

Al menos uno de estos dos acusados, Manuel Benito Mesa Ferrer, ya ha confesado también los hechos que se le imputan, con otro escrito solicitando un acuerdo de conformidad. Y lo mismo han hecho Antonio Marcelo Machín y Simeón Camacho, que reconocen haber actuado como testaferros del ex alcalde, al figurar como socios junto a la hija de Reyes en la sociedad Acuimar Cachazo SL.

Además de los gastos en compras en metálico que detalla en su escrito, el ex alcalde también admite que realizó “ingresos en efectivo por importe de 130.720 euros” en las cuentas de Sea Sun Lanzarote entre los años 2004 y 2009. Y también reconoce ingresos en efectivo en las cuentas de la sociedad instrumental Acuimar Cachazo SL entre agosto de 2002 y febrero de 2008, por importe de 51.106 euros.

“Utilice esta entidad con la finalidad de ocultar los bienes a las personas de mi confianza, quienes debieron sospechar de la procedencia ilícita de los ingresos en metálico procedentes de los actos arbitrarios de concesión de las licencias urbanísticas”, señala el escrito presentado por Reyes, que agrega que “los acusados Antonio Marcelo Machín Arbelo y Simeón Camacho Camacho fueron utilizados para dar cobertura a la decisión de ocultar los bienes adquiridos fruto de mi delictiva actividad municipal urbanística, auxiliándome del ilícito origen de metálico reseñado en el escrito de acusación del Ministerio Público”.

Por último, José Francisco Reyes confiesa los delitos de malversación y “sustracción de caudales públicos” del Ayuntamiento de Yaiza, por los que también formuló acusación contra él la Fiscalía. Parte de ese dinero malversado fue directamente a manos de Reyes, que con la connivencia del secretario interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, recibió dietas que no le correspondían y cargó al Consistorio el pago de viajes que en realidad eran de carácter exclusivamente personal.

Además, reconoce que adjudicó contratos municipales a una sociedad mercantil de la que él mismo era socio, junto con sus entonces compañeros del PNL, Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas. La empresa, Comcaype SL, tenía por objeto social las “actividades inmobiliarias, construcción y actividades de tipo turístico”, aunque también gestionaba un medio de comunicación. El alcalde firmó un contrato con esa radio por el que el Ayuntamiento le entregaba 2.400 euros mensuales, “en concepto de cobertura de actos institucionales”. Y lo hizo “a sabiendas de que por razones de su cargo no podía participar en la adjudicación” y tenía el “deber legal de abstenerse” por ser socio de la empresa.

Según relata el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, reconocido ahora por Reyes, en mayo de 2007 el ex alcalde también realizó un ingreso de 5.000 euros “de origen no justificado” en una cuenta del PNL. El ex alcalde era entonces vicepresidente del partido, mientras que sus socios de Comcaype, Juan Carlos Becerra y Pedro de Armas, eran presidente y secretario respectivamente.

En el escrito remitido a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que tiene previsto comenzar a juzgar esta causa a partir del próximo 20 de marzo, Reyes se compromete a ratificar su confesión ante el letrado de la Administración de Justicia “con anterioridad señalamiento” y también durante el juicio oral, “si fuere necesario”.


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NotaPublicado: Mié 15 Mar, 2017 4:22 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Las confesiones en el caso Yate del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y del ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, “son para colocarlas en un cartel en grande por la isla, para que los ciudadanos conozcan el modo de proceder de esta gente”. Eso es lo que considera el activista lanzaroteño y ex consejero de Cabildo Pedro Hernández, que defiende que “no puede haber olvido” ni “impunidad” después del “daño que han hecho a la isla”. De hecho, cree que aún faltan muchos nombres, ya que considera que Reyes “era una pieza, pero no la pieza principal”.

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“Nosotros teníamos la intuición de que estas cosas eran así, pero no teníamos las evidencias materiales”, ha señalado Hernández, recordando “la presión ciudadana, la movilización y el activismo” que intentó frenar la especulación urbanística en Playa Blanca, donde ahora Reyes ha confesado que otorgaba licencias ilegales a cambio de sobornos.

“No estábamos locos. Sabíamos de qué estábamos hablando. Estábamos cualificados. Había mucha gente que hablaba y que sabía de qué se estaba hablando. Mucha gente que estaba trabajando, gente que estaba muy cualificada desde el aparato técnico del Plan Insular (del Cabildo) y la dirección jurídica que en esos momentos estaba ejerciendo una labor excepcional”, ha recordado, refiriéndose al papel que jugó el Cabildo, y también la Fundación César Manrique, recurriendo esas licencias ilegales otorgadas por Reyes, que fueron después anuladas por los Tribunales.

Hernández ha relatado que en su momento él advirtió a Reyes sobre las actuaciones que estaba llevando a cabo. “Recuerdo hablar con el alcalde y decirte ‘te van a meter en la cárcel. No sigas por esa vía. Es una locura’. Y él decía ‘buaf… a mí no me va a pasar nada’. Así me contestó exactamente”, ha rememorado el activista social. “Es la ilusión del ingenuo. Lo peor que puede pasar”, ha añadido.

Ahora, después de que el ex alcalde y el ex secretario hayan reconocido que delinquieron, y que Reyes recibió cientos de miles de euros de empresarios y promotores por otorgar esas licencias ilegales, Pedro Hernández sostiene que debe aparecer el nombre de todos los políticos que en su día estuvieron implicados en las tramas urbanísticas en Lanzarote. “Tiene que aparecer quiénes son los delincuentes y corruptos del dinero”, ha manifestado, insistiendo en que “es mucho lo que pasó en aquellas fechas para que todas estas personas sigan impunes en todo este sarao”, ya que “había una corte corrupta desde el punto de vista político”.

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En declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, Hernández ha señalado que se trataba de “toda una corte de personajes que algún tipo de responsabilidad real deben tener” y que no es posible que esas personas “puedan seguir tomando decisiones políticas” y que “puedan seguir enriqueciéndose de la forma tan impune que se han enriquecido”.

Hernández se ha referido especialmente al puerto deportivo Marina Rubicón, que se enfrentó a una importante oposición social y ecologista, así como a denuncias, expedientes y pleitos en los tribunales, pese a lo cual se siguió ejecutando. Y en este caso, Pedro Hernández considera que “la pieza clave estaba en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno de Madrid, donde no querían hacer caso de todas las denuncias y de todos los papeles que les mandábamos en esos momentos”.

“Había, digamos, mucho escándalo mediático. Y la sociedad de la isla clamaba. Íbamos allí en multitud de ocasiones en forma de caravana, concentraciones distintas a los juzgados y nadie hacia caso. El presidente de Canarias, Román Rodríguez, lo permitía y miraba para otro lado. José Carlos Mauricio era el conseguidor de estos hombres en Madrid. Estaba de consejero de Obras Públicas en aquella fecha, Antonio Castro Cordobés. El jefe de Puertos era Domingo Berriel (que después fue consejero de Política Territorial del Gobierno canario). Toda una corte de personajes que algún tipo de responsabilidad real tienen que tener. No es posible que puedan seguir tomando decisiones políticas. No es posible que puedan seguir enriqueciéndose de la forma impune que se han enriquecido. Porque estos señores, los delincuentes, han hablado en los últimos días y le han dicho al juez cómo eran todas las cosas. Pero no le han dicho al juez quiénes son en concreto los que le daban el dinero y más dinero que les habrán dado”, ha cuestionado.

“Hay mucha gente ahí que recibió mucha sosa. Nosotros le pillamos unas fotos a José Carlos Mauricio, que era diputado en Madrid, era el gran conseguidor, el gran presionador en la Dirección General de Costas para que eso saliese adelante. Le pillamos unas fotos un domingo por la mañana visitando en medio de todos los escombros las obras. Es mucho lo que pasó en aquellas fechas para que todas estas personas sigan impunes en todo este sarao”, ha insistido.

Por eso, considera que la confesión de Reyes y el resto de los acusados debe ir ahora más allá. “Si pretenden rebajar las condenas alegando parte de la realidad, tenemos derecho y exigimos conocer todo, con todo lujo de detalles. Y eso es el carrusel de personas que estuvieron implicadas en toda esa trama de delincuencia”, ha reflexionado.

Además, considera que también es “primordial” resarcir de manera inmediata “el bien común de la isla” y “el daño más cercano”: el que se hizo a la familia Medina. Así, ha subrayado que es necesario resarcir a esta familia, que fue desalojada de las casas de Berrugo en Playa Blanca para entregárselas a los propietarios del puerto Marina Rubicón. Hernández ha calificado a los Medina como un “ejemplo de dignidad” y “un espejo” en el que debe mirarse la sociedad de Lanzarote.

A su juicio, a esta familia se le hizo “un daño irreparable” y no se puede “mirar para otro lado”. En este sentido, ha añadido que en este caso pasa como con la Guerra Civil: “los muertos en las cunetas y los que tienen la responsabilidad de reparar ese daño mirando para otro lado. Y eso lo tienen que saber los políticos y jueces que tienen la responsabilidad. Eso no puede quedar impune”.

Igualmente ha pedido que sean resarcidas “todas las personas que fueron represaliadas por hacer su trabajo, que son funcionarios públicos”. En concreto se ha referido al que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Polo Díaz, que fue destituido por Pedro San Ginés, y también a la jurista Joana Macías. “Tienen que ser resarcidos de inmediato. Hoy se puede estar tardando mucho si no hay un decreto de restaurarlos a su lugar”, ha reclamado Hernández.


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NotaPublicado: Mar 21 Mar, 2017 3:59 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

De 25 años de prisión que le pedía la Fiscalía en marzo de 2013, cuando concluyó la instrucción el caso Yate, a seis años de cárcel, la devolución de 300.000 euros que efectuó antes del juicio y una multa de 152.000 euros. Ese es el balance de la confesión del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que este lunes reconoció los hechos y aceptó las penas. Cuando la magistrada Pilar Parejo, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia le preguntó si se conformaba, Reyes se limitó a decir: “Estoy conforme señoría, de acuerdo”.

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A diferencia de otros acusados que aceptaron los hechos y las penas, y no tuvieron que intervenir más, el ex alcalde de Yaiza fue cuestionado por el entramado para ocultar sus bienes, como el barco ‘El Pachi’, puesto que los dos asesores fiscales acusados, los hermanos José Rafael y Benito Mesa Ferrer, tienen posturas distintas sobre su implicación.

José Rafael niega su participación en el blanqueo de capitales y en la creación de una trama empresarial para el ex alcalde de Yaiza, mientras que Benito ha aceptado los hechos y se ha conformado con una condena de cinco meses y quince días de prisión, similar a la impuesta a la esposa y los hijos de Reyes, además de una multa de 71.000 euros.

El ex alcalde de Yaiza señaló que compró el barco -con fondos obtenidos de manera ilícita del cobro de comisiones por licencias urbanísticas, como admite en su escrito de confesión- en el año 2004. Con posterioridad se creó la empresa Sea Sun Lanzarote, vinculada a su hijo, José Abel Reyes.

El ex alcalde dijo en el juicio que simplemente buscaron “una asesoría que llevara el papeleo”. También señaló que a José Rafael lo conocía “más de vista, porque andaba más en la calle”, pero que no contactó con él “para nada del barco”. De Benito indicó que entonces “no lo conocía”.

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Benito Mesa insistió en que no había participado “en ningún reunión para crear nada”, en referencia al entramado empresarial para ocultar los bienes del ex alcalde de Yaiza, pero concluyó que con su declaración no quería “perjudicar a nadie”.

Por el contrario, José Rafael Mesa, que se expone a una petición provisional de pena por parte de la Fiscalía de dos años y nueve meses de prisión por blanqueo de capitales, aseguró que hasta 2011 no participaba en la gestión de la asesoría fiscal a pesar de ser administrador solidario de la empresa. Sí reconoció que tenía “amistad” con el ex alcalde y que le hizo el “favor puntual” de dejarle una vivienda sin cobrarle alquiler a una de las hijas de Reyes.

En su declaración, José Rafael recalcó que la empresa vinculada con la familia Reyes para ocultar el barco la conoce “una vez empieza el procedimiento” judicial que ha culminado en el juicio del caso Yate y destacó que le “sorprendió” la acusación de su hermano sobre que éste debía conocer el origen ilícito del dinero del ex alcalde.


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NotaPublicado: Mar 21 Mar, 2017 4:04 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El actual jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, ha modificado este lunes su declaración en el juicio del caso Yate, negando haberse reunido con el entonces alcalde, José Francisco Reyes, y con promotores del Plan Parcial Playa Blanca, como Ignacio Díaz de Aguilar, antes de emitir su informe positivo sobre el proyecto de urbanización de ese Plan. En contra de lo que afirmó en fase de instrucción, Lorenzo ha declarado este lunes que solo habló con el que entonces era jefe de la Oficina Técnica, ya fallecido, y con el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, que también está acusado en la causa y ha confesado que delinquió al informar sobre ese proyecto de urbanización, porque era plenamente consciente de su ilegalidad.

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Según Lorenzo, él realizó esa consulta porque tenía “dudas con respecto a la legalidad de ese proyecto” y porque “no estaba muy seguro de cómo estaba la situación con respecto a ese Plan”. Pero finalmente terminó emitiendo un informe positivo, que es el que le ha llevado al banquillo de los acusados en esta causa. “Yo informé positivamente a la tramitación, no al expediente”, ha defendido Lorenzo, que es uno de los dos acusados del caso Yate que no han reconocido los hechos por los que están acusados. Así, ha repetido un argumento similar al que ya empleó en otro juicio por la concesión de licencias de construcción dentro de ese Plan Parcial, a dos empresas vinculadas con Pedro de Armas. En esa causa, Antonio Lorenzo ya fue condenado a 19 meses de cárcel junto a José Francisco Reyes y Vicente Bartolomé Fuentes, en una sentencia que está pendiente de que se resuelvan los recursos.

En su informe sobre el proyecto de urbanización, que es lo que se juzga en el caso Yate, el propio Lorenzo realizaba una “advertencia”, señalando que la parcelación no coincidía con el plano parcelario presentado en el proyecto de urbanización. “Hago advertencia de lo que me pareció extraño”, ha declarado este lunes. Y esto, según la Fiscalía, ya hubiera sido motivo suficiente para que su informe fuera negativo. Pero además, tal como han subrayado el fiscal y la abogada de la acusación popular, también debería haber advertido de que se cambiaba el uso del suelo, que no se habían publicado las normas del Plan Parcial y que no se había adaptado a la moratoria del Gobierno de Canarias, por la que en realidad ese Plan pasó a quedar extinguido y no podía desarrollarse.

“Iníciese el trámite. Eso es lo que yo informé”, ha insistido Lorenzo. “Yo informo un proyecto de urbanización. El contenido tiene que permitir después a otro técnico distinto llevarlo a cabo”, ha señalado, pese a que el suyo fue el único informe técnico que se emitió, junto con el informe jurídico del secretario.

Sobre la única advertencia que sí realizaba en su dictamen, el fiscal le ha preguntado si ése no era “motivo suficiente” para informar en sentido negativo. “No lo sé, yo... Yo creo que no”, ha respondido, agregando que si puso eso en el informe fue para “advertir” a sus “compañeros”. “Yo creía que mis compañeros tenían que emitir informes”, ha reiterado. A esto también ha respondido después la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, que ha formulado sus preguntas pese a que el acusado se ha negado a responder.

Así, ha quedado en el aire la pregunta de a qué otros “compañeros” se refería, dado que tanto en este expediente como en las licencias concretas de construcción que se otorgaron después, únicamente “aparece él”, Antonio Lorenzo. “No había otro compañero al que advertir”, ha subrayado la letrada, a quien el acusado ha evitado incluso mirar mientras formulaba las preguntas, expresando solo un gesto de desagrado al escuchar alguna de ellas. Una, referida a su hermano, Augusto Lorenzo, que en ese momento era consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, y otra relativa a una posible vinculación económica del acusado con ese Plan Parcial.

“A ver, señor fiscal, yo actúo como ingeniero, no como urbanista ni como jurista. Yo entendía que otros compañeros lo tenían que saber”, le ha contestado por su parte a Javier Ródenas, cuando en un tenso interrogatorio ha insistido en preguntarle por esa advertencia en su informe, pese a la cual concluyó poniendo al final un “positivo en mayúsculas”.

Además, el fiscal ha reiterado que Lorenzo “no hizo la advertencia principal”, la del cambio del uso del suelo, de mixto a residencial, “la de más trascendencia”. “¿Por qué no se lo advirtió al alcalde, al secretario?”, le ha preguntado. “Que yo recuerde, al alcalde no se lo dije”, ha respondido Lorenzo, que previamente había asegurado que no se reunió con Reyes antes de emitir ese informe, pese a lo que declaró en fase de instrucción. Y también en contradicción con esa declaración, según el fiscal, Lorenzo ha negado este lunes que cuando emitió ese informe supiera que no estaban publicadas las normas del Plan Parcial Playa Blanca.

“Nos podemos poner a matizar las preguntas ahora, pero...”, ha comenzado a responder Lorenzo, al ser interrogado por esas contradicciones. Finalmente, el fiscal ha pedido primero que le mostraran su declaración inicial, de noviembre de 2011. “La noto como muy corta, pero sí, sí... Veo diferentes cosas aquí, se habla de Las Coloradas... Han pasado ya 6 años, no lo recuerdo exactamente, pero probablemente”, ha afirmado Lorenzo cuando le han preguntado si reconocía su declaración. Entonces, Ródenas ha terminado pidiendo que el letrado de la administración de Justicia la leyera en voz alta.

En esa declaración, Antonio Lorenzo afirmó que se reunió con el alcalde y con empresarios como Díaz de Aguilar para hablar del proyecto de urbanización. “¿Le ha quedado claro?”, ha preguntado el fiscal. “Me ha quedado muy claro”, ha respondido Lorenzo. “¿Sí? ¿Le ha quedado claro por fin?”, ha enfatizado Ródenas. A continuación, ha vuelto a preguntar por esas reuniones, que Lorenzo ha negado de nuevo, matizando que sí se reunió con los promotores y con el alcalde, pero “después” de emitir el informe del proyecto de urbanización.

“Lo que digo hoy es correcto. En ningún momento me reuní con Díaz de Aguilar para el proyecto de urbanización”, ha reiterado, negando incluso que existiera una “discordancia” con su primera declaración. Según él, esas reuniones se produjeron después, para “hablar de las licencias”. “Estamos hablando del proyecto de urbanización y usted está mezclando”, le ha llegado a decir al fiscal, pese a que en el acta judicial de su primera declaración señaló expresamente que en esos encuentros también hablaron del proyecto de urbanización.

“No, no. Es un error mío”, “probablemente mi declaración judicial ha sido ésa, pero no”, fue “un error mío de apreciación”, “esas reuniones han sido posteriores, puede ser un error mío, pero yo no me he reunido nunca”, ha ido respondiendo, afirmando que cuando se ‘equivocó’ fue en la declaración que prestó hace seis años en los Juzgados, y no en la de ahora. Y también ha insistido en negar que hubiera hablado del proyecto de urbanización con el alcalde. “Creo sinceramente que no hable con nadie. Estoy casi seguro de que en ese momento no conocía siquiera al señor Díaz de Aguilar”, ha concluido.

Sin embargo, lo que sí ha reconocido es que se reunió después, ya para la concesión de las licencias de construcción. “En alguna reunión he estado”, ha admitido. “Los promotores siempre se han interesado por los proyectos que quieren llevar a cabo. No voy a negarlo, de ninguna manera”, ha añadido. Esas licencias de construcción se investigan en otra causa penal, surgida de una pieza separada del caso Yate, que volverá a llevar al banquillo a Antonio Lorenzo, a José Francisco Reyes y a Vicente Bartolomé Fuentes.


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NotaPublicado: Mié 22 Mar, 2017 8:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Once años después de que se iniciara la instrucción, el caso Yate ya tiene sentencia, y confirma que existió una trama para la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca. En su fallo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a los 9 acusados que confesaron durante el juicio y absuelve a los otros dos: el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y el asesor fiscal José Rafael Mesa Ferrer.

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En cuanto al resto, les impone las penas que habían aceptado, al llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. En el caso del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha sido condenado a 6 años de cárcel y 21 años de inhabilitación, además del pago de una multa de más de 300.000 euros, que ya había depositado antes del juicio (en esa cantidad se incluye la multa impuesta a Reyes y las que debían abonar cuatro miembros de su familia). También serán decomisados los bienes que adquirieron con el dinero procedente de los sobornos.

Junto a Reyes han sido condenados su mujer y tres de sus hijos, a 5 meses y medio de prisión por un delito de blanqueo de capitales. Por su parte, el ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, que reconoció que delinquió al informar a favor del Plan Parcial Playa Blanca y del puerto deportivo Marina Rubicón, su condena es de un año de prisión y más de 10 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 720 euros. Además de delitos contra la ordenación del territorio, el ex secretario también ha sido condenado por otro de malversación, al igual que Reyes, al haber permitido que se pagaran viajes privados del ex alcalde con dinero del Ayuntamiento de Yaiza.

En cuanto a las personas que ayudaron a Reyes a blanquear el dinero a través de empresas pantalla, han sido condenados Benito Mesa Ferrer, Simeón Camacho y Antonio Marcelo Machín, con penas de entre 5 meses y 5 meses y medio de prisión, además del pago de multas 71.920, 20.000 y 20.000 euros.

En cuanto a la absolución del jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, la sentencia considera que el informe que emitió en el expediente para aprobar el Proyecto de Urbanización del ilegal Plan Parcial Playa Blanca no fue “vinculante”. Así, acoge el argumento de defensa de Lorenzo, que sostuvo en el juicio que él solo emitió un informe “de trámite”. Al respecto, la Audiencia señala que ese informe "era para iniciar la tramitación, no para la aprobación del proyecto de urbanización”, aunque después “sin más trámite se dictara la resolución” por parte del ex alcalde, aprobando este proyecto de urbanización, “ésta sí constitutiva de delito de prevaricación”.

Además, en cuanto a Antonio Lorenzo, la sentencia señala que “nunca dependió esencialmente de su voluntad, ni siquiera de su informe no vinculante, que el contenido de la resolución emitida fuera uno y no otro. Ni tampoco que si su conducta hubiera sido distinta, no se hubiera mantenido en los mismos términos la resolución final adoptada por tercero (el ex alcalde), que ha reconocido los hechos y conformado con las penas, pues insistimos en que el informe era positivo a la tramitación del proyecto, no a su aprobación definitiva”.

Al respecto, la Audiencia recuerda que en el Código Penal que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, que es el que debe aplicarse, “no se castigaba de forma autónoma a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial”, como sí recoge el actual Código Penal, “sino solamente se refería a proyectos de edificación o concesión de licencias”.

Cabe recordar que Lorenzo aún tiene otra causa pendiente, surgida de una pieza separada del caso Yate, donde lo que se investiga es cada licencia posterior otorgada dentro de ese plan parcial. Y es que aunque durante el juicio afirmó que su informe solo era “de trámite” y que “creía” que después sus “compañeros tenían que emitir otros”, lo cierto es que él fue también el técnico que siguió informando en la concesión de cada licencia dentro de ese Plan.

Sobre José Rafael Mesa Ferrer, que estaba acusado de un delito de blanqueo de capitales, la sentencia considera que no ha quedado acreditado que interviniera directamente en el asesoramiento al ex alcalde para blanquear su dinero ilícito. Así, aunque era administrador solidario de la empresa Management & Consulting Lanzarote, a través de la cual se blanqueó el dinero de Reyes, la Audiencia entiende que solo ha quedado acreditada la participación directa del otro socio de esa empresa y hermano de José Rafael, Benito Mesa Ferrer. Éste último sí reconoció los hechos durante el juicio y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía.

“No contamos con prueba personal alguna que implique a José Rafael Mesa Ferrer en el asesoramiento fiscal ni de ningún tipo, ni al señor Reyes ni a su hijo José Abel Reyes Torres”, sostiene la sentencia. Respecto al hecho de que este acusado hubiera prestado durante años una casa gratis a una hija del ex alcalde, señala que “solo demostraría que existía una relación de amistad” entre ambos, pero no que participara activamente en el blanqueo.

En sus declaraciones en el juicio, tanto el ex alcalde como su hijo solo señalaron expresamente al hermano de José Rafael, que es el que ha sido condenado. Y aunque los dos eran socios de la empresa a través de la que se realizó el blanqueo de capitales, la sentencia considera que “no se trató de un delito cometido en el ámbito organizativo empresarial, en el que normalmente intervienen diversas personas entre las que se reparten las decisiones y omisiones, sino que los autores materiales del delito de blanqueo, en este caso, José Francisco Reyes y su hijo José Francisco Abel Reyes, señalan como único colaborador y facilitador del blanqueo a Manuel Benito Mesa Ferrer”.

No obstante, cabe recordar que aunque durante el juicio Reyes se refirió solo a Benito Mesa, en la confesión que presentó previamente por escrito se refería a los dos hermanos, admitiendo que “convino con estos acusados” a que se constituyera una sociedad pantalla “y a gestionarla a través de la mercantil Management & Consulting Lanzarote SL”.


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NotaPublicado: Vie 21 Abr, 2017 2:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Además de condenar a nueve acusados que se sentaron en el banquillo, la sentencia del caso Yate anula “todas” las licencias investigadas en esta causa, incluyendo la del puerto deportivo Marina Rubicón, que era la única que seguía en vigor, ya que las demás ya habían sido anuladas en la vía contencioso-administrativa. Además, el fallo de la Audiencia Provincial considera probado que los tres dueños de este puerto deportivo, Juan Francisco Rosa, Rafael Lasso y Francisco Armas, entregaron un soborno al ex alcalde en forma de regalo por la concesión de este permiso.

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En los hechos probados de la sentencia, se recoge expresamente el relato realizado por la Fiscalía y confesado por Reyes, que admitió que recibió una “dávida” de los dueños del puerto valorada en 60.000 euros, al disfrutar de un atraque gratis durante cinco años en esas instalaciones.

“Dicha dádiva obedece al otorgamiento de varias licencias urbanísticas otorgadas con anterioridad a sabiendas de su frontal colisión con la normativa urbanística de aplicación por el acusado José Francisco Reyes a los administradores de la entidad Puerto Deportivo Rubicón SA, entre las que destaca la propia licencia concedida para la construcción de dicho puerto deportivo por decreto de fecha 20 de marzo de 2003, así como otras licencias anuladas por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por su frontal contravención a las normas urbanísticas de aplicación para la construcción de establecimientos hoteleros”, considera probado la sentencia.

Así, señala que esa “dávida” no respondía solo a la licencia de Marina Rubicón, sino también a otras otorgadas por Reyes a los dueños del puerto. Dos de ellas, la del hotel Princesa Yaiza y la del hotel Son Bou, fueron otorgadas a Juan Francisco Rosa. La tercera, que permitió la construcción del Hotel Meliá Volcán, había sido solicitada por Francisco Armas. En cuanto a la del puerto deportivo, quien la solicitó fue Rafael Lasso. Y lo hizo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó paralizar las obras, que se habían iniciado sin permiso. Solo seis días después, tal como subraya la sentencia, Reyes le otorgó esa licencia ilegal. Respecto a las licencias hoteleras, una de ellas fue otorgada a Rosa “únicamente tres días después” de pedirla.

Solo por este delito de cohecho impropio, Reyes ha sido condenado a 6 meses de prisión y a una multa de 4.292 euros. A esto se suma la misma pena por otros dos cohechos impropios, y 4 años y medio de cárcel más por el resto de delitos, que incluyen prevaricación urbanística, malversación y blanqueo de capitales. En todos los casos, se ha rebajado significativamente la pena por las dilaciones indebidas en la instrucción, así como por las atenuantes de colaboración tardía con la Justicia y reparación del daño, al haber depositado antes del juicio unos 300.000 euros, para responder de sus multas y de las de su mujer y sus tres hijos.


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NotaPublicado: Vie 21 Abr, 2017 2:14 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com