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NotaPublicado: Vie 01 Abr, 2011 11:30 am 
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Según lavozdelanzarote.com:

Los administradores concursales que gestionan Inalsa desde 2009 han solicitado al juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria medidas cautelares como, por ejemplo, el embargo de bienes de los miembros de los dos consejos de administración anteriores a la etapa concursal, según publica la edición impresa de Canarias 7. La solicitud se dilucidará en un juicio que se celebrará los próximos días 27, 28 y 29 de junio.

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Esta medida afectaría tanto a los miembros del consejo presidido por Inés Rojas, que estuvo al frente del mismo entre julio de 2006 y julio de 2007, como al de Manuela Armas, que lo presidió entre julio de 2007 y octubre de 2009. De esta manera, el posible embargo de los bienes, según publica Canarias 7, afectaría a un total de 18 personas, la mayoría de ellos cargos públicos en la isla, que también podrían responder con un aval bancario. Los administradores concursales solicitan estas medidas porque consideran que la actual situación de Inalsa podría haber sido provocada por los gestores de la empresa.

En este sentido, afirman que los gestores anteriores de Inalsa debían de haber pedido entrar en un concurso de acreedores mucho antes que en 2009, ya que desde principios de 2007 la empresa “ya era insolvente”, según Canarias 7. Cabe recordar que fue el propio Cabildo, presidido entonces por Manuela Armas, quien ya se planteó a principios de 2009 someterse a la Ley Concursal, algo que casi le cuesta al PSOE la ruptura del pacto con el PIL. Finalmente, el PIL acabó cediendo en abril de ese mismo año, después de haber protagonizado varias negociaciones con los acreedores, en las que incluso participó Dimas Martín.

La propia consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, que ha ocupado ese cargo durante años, terminó ofreciendo entonces una rueda de prensa para anunciar su cambio de postura y asegurar que la intervención judicial era la mejor opción para “proteger a la empresa jurídicamente”.

En concreto, las 18 personas señaladas por los administradores concursales son, además de Inés Rojas y Manuela Armas, Plácida Guerra, que ejerció como consejera delegada durante la legislatura gobernada por el pacto entre el PSOE y el PIL (además de otras etapas anteriores); Mario Pérez, consejero delegado de Inalsa durante la presidencia de Inés Rojas; José Torres Stinga, Manuel Fajardo Palarea, José Juan Cruz Saavedra, Sergio Machín, Aquilino Romero, José Dimas Martín, Enrique Pérez Parrilla, Juan Félix Eugenio, Carlos Espino y Antonio Barambio, que durante ese tiempo, en una u otra etapa, formaron parte del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas, en representación del Cabildo o de sus correspondientes ayuntamientos.

Asimismo, esta petición de los administradores concursales también afecta a Pedro Viera, a Jesús Rodríguez, a Rafael Martín y a Feliciano Díaz
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NotaPublicado: Lun 04 Abr, 2011 10:07 am 
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Según diariodelanzarote.com:

Los administradores de Inalsa han llegado a la misma conclusión, reflejada en una demanda de 75 páginas que muchos lanzaroteños en la típica conversación de barra de bar: que los que gestionan mal las empresas o las instituciones públicas deben responder con su patrimonio. Puede ser que la petición se quede en nada pero esperemos que al menos sirva como precedente para que los que vengan se tomen en serio su gestión y no como si fuera una reunión de comunidad de vecinos.

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El concurso de acreedores, al fin y al cabo, sólo tiene un fin: que los acreedores cobren. Y tal y como se han puesto las cosas, los administradores no ven de dónde va a salir el dinero. A Inalsa no la pueden embargar porque sus bienes pertenecen al Consorcio del Agua y porque se trata de un servicio público. Los tres administradores, que no cobran poco, consideran que la situación de insolvencia se ha producido por culpa de quienes llevaban las riendas de la empresa (por la mitad de precio cualquiera hubiera llegado a la misma conclusión) pero también por culpa de quienes son ahora los dueños, es decir el actual grupo de gobierno del cabildo y los ayuntamientos.

En la demanda exponen cinco razones por las que la responsabilidad de la insolvencia les corresponde a todos:

1. No han adaptado las tarifas a los costes del servicio. Durante años no se subió el precio, actuando de forma electoralista, y ahora, después de que los administradores propusieran subir el 40 por ciento, tampoco se ha hecho, ni esa subida ni otra menor, esperando que pasen las elecciones, para continuar con la tradición.

2. No se ha hecho nada para evitar las pérdidas en red. Las pérdidas ya van por el cincuenta por ciento.

3. El Cabildo, los ayuntamientos y sus empresas públicas no pagan el agua. Y algunos otros tampoco (esto ya lo añado yo).

4. No se ha hecho nada para acabar con las desaladoras ilegales. Hay 45 y la mayoría de ellas sin justificación. En lugar de acabar con ellas se intentó hacer un convenio con ellas para regularizarlas.

5. No se ha cumplido la obligación legal de disolver la empresa ya que las pérdidas superaban la mitad del capital social.

A Inalsa se le puede aplicar ese refrán de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Dicen en Coalición Canaria que están tranquilos porque las responsabilidades sólo se pueden pedir hasta dos años antes de la entrada en vigor del concurso. Bonito consuelo. Es cierto que ellos iniciaron un gabinete de crisis y que se enjuagó parte de la deuda anterior. También es cierto que si se hubieran defendido bien o hubieran pagado dos millones por el laudo, la cuenta no habría subido a 12 millones. Y también que, según los administradores, la empresa ya estaba en quiebra a principios de 2007, como mínimo, y los miembros del consejo de administración lo sabían. El remate de PIL y PSOE fue espectacular. En enero de 2007, la deuda de Aguas Filtradas era de 2,1 millones y 18 meses después ya era de 9 millones. La de Unelco pasó en el mismo periodo de tiempo de 1,8 a 18(se multiplicó por diez). Eso es gestión.

Así que les piden su patrimonio y lo aportan en la demanda con notas registrales. Algunos, a pesar de haber demostrar no ser buenos gestores en lo público, no se pueden quejar en lo privado. Según esos datos, el consejero de CC, Sergio Machín, maestro de profesión, además de tres locales que tiene en Arrecife desde los años noventa, una casa en Soo, otra en el municipio de Teguise y varias fincas, se hizo en 2007 con una casa en el Charco de San Ginés de 170 metros y un chalé en San Francisco Javier unos meses después.

Otro que se sabe administrar es el alcalde de Tías, aunque sorprende que sea uno de los supuestos compradores de buena fe en el plan parcial Playa Blanca, anulado por los tribunales a instancias del Cabildo cuando gobernaba su propio partido. Compró en ese plan una casa de 93 metros en diciembre de 2007, pero ha sido la última porque cada tres o cuatro años se compra una. Compró un apartamento en Puerto del Carmen en 1997, una vivienda de cien metros en 2001 y otra de 125 metros, también en Puerto del Carmen, en 2004. Después de la de 2007 ya le toca, pero mejor que espere, no sea que al juez le dé por hacer a caso a los administradores de Inalsa.


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NotaPublicado: Lun 27 Jun, 2011 1:56 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

El juicio por la demanda presentada por los administradores de la empresa pública de Aguas Inalsa de Lanzarote, en la que se solicita que se embarguen los bienes de los miembros de los consejos de administración de la empresa desde el año 2006, se ha iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Las Palmas.

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Los afectados son 19, entre los que hay políticos en activo de Coalición Canaria, PSOE y PIL. La demanda afecta a la consejera en funciones de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas (CC), los parlamentarios Mario Pérez (CC) y Manuel Fajardo Palarea (PSOE), los alcaldes de Tías, José Juan Cruz (PSOE) y Haría, José Torres Stinga (CC) los consejeros y ex consejeros del Cabildo, Carlos Espino (PSOE), Sergio Machín (CC) y Plácida Guerra (PIL), así como el ex alcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla (PSOE). También afecta a otros miembros del PIL, como José Dimas Martín y Antonio Barambio.

Al inicio de esta primera jornada, la defensa de Inés Rojas, Mario Pérez y Sergio Machín ha pedido el sobreseimiento de la causa contra sus clientes por considerar que la demanda “no acredita nada de nada” y “no se cuantifica” la cantidad por la que deben responder sus clientes. “No sabemos si nos piden un euro o 40 millones” como “he podido leer en la prensa”, ha señalado la defensa.

Éste fue uno de los argumentos más utilizados por el letrado, quien insistió en la “indefensión” de sus representados porque “la Administración no concreta lo que pide”. Para preparar la defensa “he tenido que recurrir a lo publicado en la prensa”, señaló en varias ocasiones, porque no dispone de otro tipo de información. Insistió también en que el resto de letrados, hasta doce, compartían este argumento.

El abogado señaló en su exposición que “la Administración concursal no concreta lo que pide, cuál es el supuesto daño” del que tendrán que responder sus representados, ni cuáles de sus “actuaciones concretas” motivaron el déficit de la empresa en el que se sustenta la demanda.

Además, destacó que sus clientes eran miembros en funciones del Consejo de Administración de la empresa pública a partir del 1 de junio de 2007, fecha en que se inicia los dos años de responsabilidades que se recoge en la demanda, tras la intervención de la empresa el 1 de junio de 2009. El letrado destacó que sus clientes fueron incluidos en esta causa “por 30 días”, ya que a finales de junio de 2007 ya dejaron de pertenecer a este organismo.

Insistió en que la defensa desconoce la cuantía exacta del déficit que tiene la empresa. Se refirió de nuevo a la prensa y mostró al Tribunal varios artículos fechados en junio de este año, en el que se refiere que la situación económica de la empresa no es negativa, ya que “existe un superávit de unos 20 millones de euros”. “De ser cierto lo publicado”, la situación variaría, destacó el letrado, ya que la deuda que se especifica en la demanda es de unos 40 millones de euros.



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NotaPublicado: Mié 29 Jun, 2011 8:17 am 
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Según laprovincia.es:

Las defensas de los representantes públicos imputados en el Caso Inalsa, que esta semana han tratado de convencer al juez de que no decrete el embargo cautelar de todos sus bienes para responder del agujero negro de 40 millones de euros que arrastra la sociedad Insular de aguas de Lanzarote, aludieron ayer a que la medida es "desproporcionada".

En este sentido, el abogado que representa al parlamentario socialista, Manuel Fajardo Palarea; al exalcalde de Arrecife, José Juan Cruz Saavedra y al edil socialista en Arrecife, Pedro Marcial Viera, intentó convencer al magistrado de la causa, Jesús Alemany, de que sobreseyera la demanda al asegurar que "la mayoría de los aquí representados son personas que tienen familia con hijos en edad escolar y el embargo de todos sus bienes, incluyendo sus cuentas bancarias, provocaría que no pudiesen hacer frente a sus gastos diarios y que tuviesen que acudir a los amigos para poder salir adelante".

Con el embargo cautelar de todos los bienes de los 18 miembros de la política lanzaroteña, que entre los años 2005 y 2009 formaron parte de dos consejos de administración de Inalsa y tras los que la sociedad se declaró en concurso de acreedores por no poder hacer frente a una deuda de 40 millones de euros, la administración concursal pretende hacer frente al millonario agujero económico en caso de que Inalsa no llegue a un acuerdo con sus tres principales acreedores: Endesa, FCC y Aguas Filtradas", a los que les debe 18,8 12,3 y nueve millones de euros respectivamente.

La medida "absolutamente desproporcionada" según los letrados de las defensas, se ha propuesto al juez por los administradores concursales debido a que el seguro de responsabilidad patrimonial suscrito por los diversos consejos de Inalsa para hacer frente a posibles demandas sólo cubra hasta tres millones de euros.

Asimismo, el pasado mes de mayo se rechazó una demanda de Fomento Construcciones y Contratas (FCC), a través de la UTE Edam Janubio, que pedía el embargo de una finca de Inalsa en la que se producía y distribuía agua en la Isla, para cobrar la deuda de 12 millones de euros que mantiene con Inalsa.

En dicha sentencia, el juez recordó que, pese a que los acreedores tienen derecho "a ver satisfecho su crédito, pero no precisamente por la realización de bienes de dominio público, lo que la ley no permite, ni al margen ni dentro de un concurso de acreedores".

Sin la posibilidad de embargar los bienes de Inalsa, sólo quedaba acudir a los gestores de la empresa para hacer frente a los 40 millones de euros.

En este sentido, el representante legal de la antigua consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra; del concejal del PIL, José Dimas Martín; del presidente insular del CCN, Liberato Barambio y de los exconsejeros de la sociedad, Feliciano Díaz e Iván Rodríguez, defendió ayer ante Alemany que los exconsejeros de la sociedad eran "simples administradores que no tenían capacidad real de decisión", por lo que no se les podría responsabilizar de la deuda contraída por Inalsa.

En esta línea argumental, el abogado del alcalde de Haría, José Mariano Torres, comentó que "los administradores concursales dan un giro copernicano e imputan ahora a los consejeros una responsabilidad jurídico-administrativa de la que no podían hacerse cargo, entre ellas, el adaptar las tasas al coste del agua, realizar obras en el sistema de distribución o pagar los costes del servicio de abasto".

Los letrados volvieron a repetir lo que ellos ven como "mala fe de los administradores concursales" al pedir el embargo porque, especificó el abogado de Torres, se ha solicitado "un año después de que contasen con todos los documentos que han presentado". Y, concluyó la intervención que deja visto la demanda para la resolución que proceda, al decir que "resulta muy casual que ésta no se presentase hasta que el Consorcio del Agua de Lanzarote rechazase la subida del agua del 40%".


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NotaPublicado: Vie 08 Jul, 2011 1:31 pm 
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Según lavozdelanzarote.com:

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado parcialmente la solicitud de los administradores concursales de Inalsa, y ha ordenado el embargo de bienes de 17 cargos públicos de la isla, que formaron parte de los dos últimos Consejos de Administración de la empresa pública de aguas, presididos por Inés Rojas y Manuela Armas, respectivamente.

La medida cautelar ordenada por el juez no afectará a los sueldos ni a las cuentas corrientes, tal como solicitaban los administradores concursales, sino a los bienes inmuebles. Además, el embargo no cubrirá los 46 millones en los que se cifra la deuda de Inalsa, sino unos 2 millones de euros (1.914.730,50 euros).

El auto del juez entrará en vigor cuando sea notificado a los afectados. A partir de ahí, se realizarán las anotaciones en el Registro de la Propiedad. No obstante, aún cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. Con esta medida cautelar, se pretende dar una garantía de cobro a los acreedores de la empresa pública de aguas, en caso de que el proceso concursal termine encontrando responsabilidad en los administradores de Inalsa.
Diecisiete cargos públicos

Además de Inés Rojas y Manuela Armas, como presidentas de los dos consejos de admnistración anteriores a la entrada del concurso de acreedores en la empresa, tendrán que responder con su patrimonio los ex consejeros delegados de Inalsa, Plácida Guerra y Mario Pérez; el consejero del Cabildo Sergio Machín; los ex consejeros Manuel Fajardo Paralea y Carlos Espino; y representantes de los ayuntamientos como José Torres Stinga (Haría), José Juan Cruz Saavedra (Tías), Enrique Pérez Parrilla (Arrecife), José Dimas Martín (Teguise), Aquilino Romero (Tinajo) y Juan Félix Eugenio (Tías).

También formaron parte de esos consejos de administración el ex presidente del PIL y actual presidente del CCN, Antonio Barambio, así como Rafael Martín Martín, Iván Rodríguez González y Feliciano Díaz Hernández.

Aunque los administradores concursales también habían pedido el embargo cautelar de bienes de Pedro Viera, el juez ha desestimado la solicitud con respecto a él, ya que el 29 de enero de 2007 presentó su renuncia como miembro del Consejo de Administración.


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NotaPublicado: Sab 04 Feb, 2012 2:21 pm 
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Según Canarias 7:

El juez de lo Mercantil ha denegado sustituir la caución con cargo a una póliza de Inalsa, en lugar del embargo preventivo de los bienes de los miembros de los consejos de administración presididos por Inés Rojas y Manuela Armas. Los embargos por importe de 11,2 millones de euros serán inminentes.

El auto, dado a conocer a las partes el pasado 31 de junio, rechaza la petición de los abogados de los anteriores miembros de los consejos de administración de la empresa pública de aguas (Manuel Fajardo Palarea, Carlos Espino Angulo, Enrique Pérez Parrilla, Juan Félix Eugenio José Juan Cruz Saavedra, Manuela Armas Rodríguez, Inés Rojas de León, Sergio Machín de León, Mario Pérez Hernández, Plácida Guerra Cabrera, Jesús Iván Rodríguez, José Dimas Martín, Feliciano R. Díaz Hernández, Liberato Barambio delgado, Mariano Torres Stinga, Rafael Martín Martín y Aquilino Romero Duarte), que pidieron sustituir la medida cautelar de embargo de sus sueldos, bienes y propiedades, por una caución con cargo a una póliza de seguro por importe de 3 millones de euros, que la empresa suscribió para cubrir posibles responsabilidades civiles de sus gestores.

El auto del magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas, Alberto López Villarubia, (que instruye el concurso de acreedores de Inalsa para cubrir una deuda de 40 millones de euros), rechaza dicha petición de sustituir dicha póliza como aval, al sostener, como alegaron los propios administradores concursales durante el juicio del pasado 26 de enero, que la Ley Concursal sólo permite sustituir los embargos preventivos por aval de entidad de crédito o banco.

Además el auto judicial recoge que la supuesta póliza que se pretendía aportar como aval no incorpora documento alguno de la aseguradora en el que se manifieste que esta se hará cargo del siniestro o que la póliza en cuestión cubra el embargo preventivo.

Además la administración concursal aportó en el juicio documento acreditativo en el que la aseguradora garantizaba su negativa a cubrir el embargo.

Por todo ello el juez rechaza sustituir dicha póliza en lugar de los embargos preventivos ordenados por el mismo Juzgado en autos de uno de julio de 2011, (que ordenaba embargar bienes por importe de 1,9 millones a los miembros de los consejos de Administración de Inés Rojas y Manuela Armas) y auto posterior que ordena embargos por 9,3 millones a los miembros del consejo de administración de Manuela Armas, en total 11,2 millones.


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NotaPublicado: Sab 23 Jun, 2012 9:42 am 
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Según Canarias 7:

El Juzgado de lo Mercantil ha ejecutado el embargo de bienes y activos de los 17 exmiembros de los consejos de administración de Inalsa. La medida cautelar viene por ocultar la situación patrimonial de la empresa y ante la posible declaración del concurso de acreedores como culpable.

El Juzgado ha diligenciado ya los mandamientos de embargo de los bienes y propiedades de los 17 exmiembros de los dos consejos de administración de la empresa, presididos por Inés Rojas (entre julio de 2005 y julio de 2007) y Manuela Armas (entre junio de 2007 y junio de 2009).

Dichos mandamientos están siendo ya remitidos a los Registros de la Propiedad de Arrecife y Tías para que se lleven a cabo las anotaciones correspondientes en las que se haga constar el embargo judicial de todos y cada uno de los bienes y propiedades de cada uno de los afectados por esta medida cautelar. También el propio Juzgado realiza de oficio estos días, aunque es un proceso más lento, las correspondientes averiguaciones patrimoniales, que consisten en la emisión de una orden de embargo por cada bien mueble como salarios, nóminas, activos financieros, créditos y dietas, hasta el tope que marca la ley en cuanto al salario mínimo interprofesional.

La medida cautelar adoptada por el juez de lo Mercantil, en los autos dictados el pasado 1 de julio de 2011, establece la responsabilidad patrimonial de los 17 exconsejeros de la empresa. Dicha medida de responsabilidad se debe a que la contabilidad de Inalsa demuestra que esta se encontraba inmersa en causa de disolución a 31 de diciembre de 2007, sin que sus responsables adoptaran medida alguna para evitar el agravamiento y deterioro de la situación patrimonial.

El auto añade que existe verosimilitud para entender que dichos administradores podrán ser personas afectadas por la calificación culpable del actual concurso de acreedores, en que se encuentra la empresa, a la espera de ver si se llega a un acuerdo de pago a los acreedores.


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NotaPublicado: Sab 01 Jun, 2013 11:29 am 
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Fuente diariodelanzarote.com:

Un concurso de acreedores puede resultar culpable o no. En caso de que sea culpable y que los activos de la empresa no alcancen para pagar la deuda, son los administradores los que deben pagar con sus patrimonio. Ahora casi ningún concurso se declara culpable, todo es culpa de la crisis, pero a los antiguos administradores de Inalsa, a quienes les embargaron de forma preventiva sus bienes, no les salva la crisis, les salva el acuerdo al que han llegado sus compañeros de partido para privatizar la empresa y entregársela a Canal de Isabel II, que adelantará el dinero para pagar la deuda que en realidad vamos a pagar los consumidores con creces durante 30 años.

Y el caso es que había indicios de que el concurso podía ser declarado culpable. Lo dijo el juez hace dos años: se tenía que haber presentado antes el concurso de acreedores, se tenían que haber actualizado las tarifas mucho antes y se tenían que haber hecho obras para frenar las pérdidas en red. Pero no hacía falta que lo dijera el juez. Todo el mundo sabe que la ruina de Inalsa la han provocado quienes la han administrado, unos por hacer y otros por dejar hacer, y esa responsabilidad, en cuotas, alcanza a muchos cargos públicos que no estaban en la lista de embargables, y toca de lleno seguro a los que han tenido responsabilidad orgánica en el PIL, PSOE y CC, por ese orden, y en el PP en menor medida.

Sería injusto que a alguno le hubieran embargado sus bienes mientras que a otros, que no aparecen en la lista y que han desviado dinero hacia sus cuentas, hacia sus partidos y hacia sus empresas amigas y han tenido muchísima responsabilidad en el desastre de Inalsa, se fueran de rositas. Sí, tan injusto como que el agua se vaya privatizar y que vayan a pagar la deuda quienes, como mucho, tienen una mínima responsabilidad por haber elegido a esos representantes.

El caso es que la culpabilidad se ha volatilizado por obra y gracia del embargo y del Canal y a muchos de los que se podían haber quedado sin propiedades, no quedan en mala situación porque seguirán manteniendo sus bienes y siguen manteniendo sus cargos. Por ejemplo, Inés Rojas es consejera del Gobierno y seguirá manteniendo sus cuatro fincas rústicas en Teguise, cuatro apartamentos en Tinajo y una casa; Mario Pérez es viceconsejero del Gobierno y mantendrá sus dos casas en Arrecife y dos garajes, un apartamento en Puerto del Carmen y una casa en Haría; José Torres Stinga sigue de alcalde con su casa en Arrieta, una casa en Arrecife y un garaje en Las Palmas; José Juan Cruz Saavedra es director del Instituto Canario de Estadística y podrá mantener sus cinco apartamentos, tres de ellos en Puerto del Carmen y dos en Playa Blanca más una finca en Mácher; Manuel Fajardo ejerce como portavoz del PSOE en el Parlamento y seguirá con la propiedad de dos inmuebles en la Avenida de Arrecife, Sergio Machín es (todavía o hasta el momento) consejero del Cabildo y mantendrá su casa en Famara más una finca, otra en Soo, tres locales en Arrecife, un chalé en San Francisco Javier, una casa de 170 metros en el Charco y dos finas en Argana; y Manuela Armas, que también es viceconsejera del Gobierno seguirá teniendo sus casas de Arrecife y Playa Honda.

¿Hubiera sido injusto que pagaran con su patrimonio? Probablemente, porque hay muchos con más responsabilidad y más patrimonio. Y muchísimos más con menos de las dos cosas.


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NotaPublicado: Vie 28 Jun, 2013 11:58 am 
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Fuente lavozdelanzarote.com:

La interventora del Consorcio del Agua de Lanzarote, que ha realizado un informe negativo sobre la fórmula de pago para afrontar la deuda que tiene Inalsa con sus acreedores, ha renunciado a su cargo antes de que la cesara el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. “Le sobran los motivos a ella para presentar la renuncia y a mí para cesarla. Le sobran los motivos de preocupación”, ha señalado el presidente del Cabildo este viernes en Radio Lanzarote-Onda Cero.

El presidente ha señalado que está “estudiando el informe jurídico”, pero ha insistido en que la interventora “ha validado todo el proceso, de principio a fin” y durante el mismo “no ha hecho ninguna advertencia de las que informa ahora”. “Preguntada expresamente si tenía algo que objetar al acuerdo, lo negó. No tenía ninguna objeción y así consta en las actas. Pero en el informe advierte y afirma haber advertido antes”, ha afirmado.

“Su informe por lo que he podido leer revela un profundo desconocimiento de su labor”, ha criticado San Ginés. Incluso, el presidente ha señalado que la interventora “tiene bastante responsabilidad en que Inalsa llegara a la situación que llegó por dejación de sus obligaciones”.

El presidente del Cabildo ha señalado que “la oposición tratará de sacar toda la tajada política posible de ese informe”, pero ha insistido en que está “extraordinariamente tranquilo”, ya que será el Juez de lo Mercantil quien tenga que validarlo y quien “imponga su criterio sobre la legalidad o no de la propuesta de convenio con los acreedores de Inalsa”.

El juez ya lo ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. El convenio será validado o no por el juez, cuyo criterio prevalecerá por encima del mío, del grupo de gobierno y de la propia interventora”, ha manifestado.


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NotaPublicado: Mar 02 Jul, 2013 1:19 pm 
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Registrado: Jue 25 Oct, 2012 5:38 pm
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Fuente diariodelanzarote.com:

El departamento de Intervención del Consorcio del Agua ha considerado “nulos de pleno derecho” los acuerdos planteados para saldar la deuda que arrastra la empresa pública Inalsa y, por ello, ha formulado un reparo de legalidad.

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En sendos informes, la interventora considera que no es legal que el Consorcio, compuesto por el Cabildo y los ayuntamientos, pague “en nombre de Inalsa” una deuda que ronda los 35,5 millones de euros.

La fórmula defendida por el grupo de gobierno del Cabildo (CC y PSOE) consiste en que la entidad pague a los acreedores, lo que para la Intervención supone un “préstamo” a Inalsa.

Además, el Consorcio del Agua cedería a los acreedores de Inalsa el canon por la privatización del agua que debe abonar todavía Canal de Isabel II: 35 millones de euros hasta 2017.

La interventora señala que “el Consorcio debiera valorar desde el punto de vista jurídico si una sociedad anónima de capital cien por cien público”, como es Inalsa, “puede ser objeto de concurso de acreedores habida cuenta que los bienes de la misma son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Además, critica que no se ha llevado a cabo un expediente que cumpla con el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales ni con la ley de haciendas locales.

Subraya que la ley “no plantea” la “posibilidad” de conceder un préstamo a una empresa pública sino sólo “conceder avales” y aún así, “siempre y cuando se den una serie de requisitos previos”.

“Inalsa no sólo se encuentra en concurso necesario de acreedores sino que además no constan garantías suficientes de pago, por lo que en realidad lo que se está formulando es una aportación a financiar las pérdidas acumuladas”, subraya en sus informes.

Con respecto a la cesión a los acreedores del derecho de cobro de 35 millones de euros que deben abonar todavía Canal de Isabel II, se trata de un “supuesto que para este caso la ley no contempla”.

Además, la interventora recalca que el acuerdo de que el Consorcio permita que primero cobren los acreedores antes de reclamarle a Inalsa los 17 millones de euros que le adeuda, “atenta contra los intereses del Consorcio” y “agravaría” su situación económica.

“Cuestión distinta”, agrega, “es que a lo largo de la vida de la sociedad anónima (Inalsa) se hubiere planteado alguna medida, bien pudiera ser aumento de las tarifas, reducción de costes, ampliación de capital o subvención o aportación a financiar las pérdidas acumuladas, no siendo ahora el momento procesal para ello”.

La interventora agrega que “la aportación de la entidad matriz a pérdidas acumuladas se tendría que haber hecho previa a la declaración del concurso y por ende a la fase de liquidación”.

Consulte el informe de la Intervención del Consorcio:
https://docs.google.com/file/d/0B2Jajo1 ... sp=sharing



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NotaPublicado: Jue 11 Jul, 2013 2:35 pm 
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Registrado: Jue 25 Oct, 2012 5:38 pm
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Fuente lavozdelanzarote.com:

El PP ha asegurado este jueves que el interventor de Tías ha realizado un informe que avala el de la interventora del Consorcio Insular del Agua, que puso reparos a la fórmula de pago a los acreedores de Inalsa. La presidenta insular del PP, Ástrid Pérez, ha asegurado que “dice exactamente lo manifestado por la interventora, pero es aún más contundente”.

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“Viene a decir que algunos responsables del Consorcio están diciendo que si la fórmula planteada no se puede hacer, serán los ayuntamientos y el Consorcio los que tengan que pagar la deuda. Pero lo que plantea el informe, es que en tal caso los que tendrán que pagar van a ser los administradores de Inalsa. CC, PSOE y PIL tiene a muchos dirigentes de sus partidos con un embargo preventivo”, ha recordado Pérez, refiriéndose así a los miembros de los Consejos de Administración de Inalsa.

Pérez ha señalado que el informe del interventor de Tías se ha aportado este jueves en la Asamblea del Consorcio del Agua, donde se iba a presentar también el informe externo encargado por el Cabildo y los siete ayuntamientos. El PP confía en que todos los informes se lleven este viernes al Juzgado de lo Mercantil de cara a la Junta de Acreedores.

La presidenta insular del PP ha denunciado, además, que las últimas “diez asambleas” del Consorcio “no han sido ni grabadas ni las actas han sido aprobadas”. “Tenemos un problema. Mientras miembros del Consorcio dicen que la interventora nunca planteó advertencias, la interventora dice que sí, pero no hay actas aprobadas y tampoco se graban, como se ha hecho siempre”, ha criticado Pérez.

En este sentido, Pérez ha asegurado que desde “enero de 2013, no se aprueba ni un solo acta en el Consorcio”. “No quiero pensar que sea para poder modificar algo posteriormente si algo no termina de cuadrar dentro del puzzle. Pero llama la atención que desde que se empieza a debatir la propuesta, ni se graban ni se aprueban las actas”, ha cuestionado.

Pero, además, la presidenta insular del PP ha criticado a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y a la de San Bartolomé, María Dolores Corujo, por asegurar que la interventora “no apercibió de la ilegalidad de la operación que se quería formalizar” cuando la interventora "insiste en que sí lo hizo" en la asamblea del 3 de junio. Ástrid Pérez ha señalado que ninguna de las dos alcaldesas asistió a esta asamblea.

Ástrid Pérez entiende que ante toda esta situación se debería proceder a la disolución de Inalsa. “La empresa ha dejado de tener su fin, su objetivo y su actividad. El Consorcio va a ceder un crédito a una empresa que a todos los efectos prácticos ya está disuelta. Es decir, va a regalar 36 millones de euros a una empresa que ya no existe. Es un regalo, porque Inalsa no tiene capacidad para devolverle el dinero. Y todo, para solucionar un embrollo que ellos solos han creado en los últimos 20 años”, ha denunciado Pérez, que de momento, “no se ha planteado ir a Fiscalía”.

Pérez ha vuelto a cuestionar el “informe a la carta” encargado por la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas. “No garantiza los principios de imparcialidad, objetividad e independencia. Además, se ha hecho un informe en dos días. Es complicado cuando uno no tiene conocimiento previo de este tema. Me parece un récord, así que voy a felicitar al economista o al abogado que lo ha hecho”, ha ironizado la presidenta insular del PP.

Por último, ha querido destacar “otra presunta irregularidad” respecto a los Libros de Registro del Consorcio, que “se hacen a lápiz”. “Yo lo dejo para la reflexión sin hacer ningún juicio de valor sobre esta premisa”, ha señalado.

Vea el informe completo del interventor del Ayuntamiento de Tías:
http://www.lavozdelanzarote.com/IMG/pdf ... zarote.pdf


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NotaPublicado: Jue 11 Jul, 2013 2:48 pm 
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NotaPublicado: Sab 13 Jul, 2013 10:42 am 
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Según La Provincia:

La junta de acreedores de Inalsa celebrada ayer en el Juzgado de lo Mercantil No1 de Las Palmas, dio el visto bueno a la propuesta de convenio del Consorcio del Agua (formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de Lanzarote) para liquidar la deuda que la empresa pública contrajo con cerca de 150 empresas con anterioridad a junio de 2009, fecha en la que la gestión de Inalsa pasó a manos de los administradores concursales. El acuerdo del convenio fue aprobado por unanimidad de los representantes que asistieron a la junta.

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Ahora, el juez de lo Mercantil, Alberto López, debe pronunciarse sobre la legalidad o no del convenio ratificado entre las partes y dictar sentencia.

El importe que deberá abonar Inalsa a los acreedores ronda los 34 millones de euros después de que las partes aceptaran elevar la rebaja inicial del 18% al 21,72% para poner fin al conflicto. Esta quita supondrá un ahorro de casi nueve millones de euros de la cantidad a abonar por Inalsa. La mayor deuda es la que mantiene con Endesa, FCC y Aguas Filtradas.

Inalsa sufragará el montante adeudado con las aportaciones que Canal Gestión Lanzarote, la nueva empresa concesionaria del servicio integral del agua en Lanzarote y La Graciosa, deberá ingresar al consorcio, ya que ése era uno de los requisitos para hacerse con el servicio. A su vez el consorcio, socio único de Inalsa, cederá a los acreedores los derechos de cobro de la deuda.

En un principio el plazo establecido para materializar los ingresos a los acreedores es de cinco años, pero los afectados podrán negociar con Canal Gestión Lanzarote la forma de pago.

La junta que tuvo lugar este viernes es consecuencia de la que se aplazó el pasado 27 de mayo, ya que el juez pidió entonces que se concretara con mayor detalle la manera de cobro por parte de los acreedores y que el consorcio realizada certificados individualizados con los compromisos a suscribir con los beneficiarios.


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NotaPublicado: Sab 20 Jul, 2013 11:48 am 
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Según Diario de Lanzarote:

El Consorcio del Agua ha decidido esconder el informe que se supone que avala la solución propuesta por la presidencia del Cabildo para pagar la deuda de Inalsa con el dinero que el Consorcio va a conseguir a través de la privatización del servicio adjudicado a la empresa madrileña Canal de Isabel II.

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Ese informe no se ha entregado ni siquiera a los miembros del Consorcio, además del Cabildo los siete ayuntamientos de la Isla, y se alega desde este organismo que en la última asamblea, celebrada el 11 de julio, se aprobó por unanimidad no hacerlo público hasta que el juez decida sobre la fórmula de pago para no interferir en el proceso.

Sin embargo, en la certificación firmada por el secretario del Cabildo de dicha asamblea, no aparece reflejado ningún acuerdo de este tipo y en el único acuerdo que se tomó, el de llevar los tres informes al Juzgado, el alcalde de Tías se abstuvo.

En esa reunión se explicó el contenido del informe pero no se distribuyó a los presentes y también se ha negado el acceso a su contenido a los medios de comunicación. Sin embargo, durante la sesión sí que se distribuyó el curriculum del firmante del dictamen.

El Consorcio decidió acudir a un experto externo, Pedro Lasso Purriños, ya que la interventora de este órgano emitió un informe, tras cuya presentación dimitió, que decía que el acuerdo por el que se pretendía hacer ese trasvase de dinero, del canon de la privatización del agua a los acreedores de Inalsa, era nulo.

Posteriormente, el interventor de Tías hizo otro informe en el mismo sentido pero aún más duro, en el que se decía que si el Consorcio le diera 35 millones a Inalsa para pagar su deuda sería como regalar indebidamente dinero público.

Finalmente se han enviado los tres informes (el de la interventora, el de Tías y el externo) al juez de lo mercantil que instruye el proceso concursal de Inalsa para que decida si el convenio con los acreedores se ajusta a la legalidad.

En caso de que el juez diga que ese acuerdo no es válido se debería liquidar Inalsa y los acreedores (FCC y Unelco, principalmente) tendrían que intentan cobrar de los bienes de la empresa de aguas o de los bienes de los antiguos administradores, cargos públicos de PIL, CC y PSOE. El informe del interventor de Tías señala que el Consorcio, es decir, el Cabildo y los ayuntamientos, no tienen por qué responder de la deuda de Inalsa.

El 16 de julio de 2012 el pleno del Cabildo, con el voto favorable del grupo de gobierno, aprobó iniciar el expediente para sacar a concurso la gestión de Inalsa. En ese mismo pleno se aprobó un segundo punto, que era el compromiso de asumir la deuda de Inalsa por parte del Cabildo y los ayuntamientos, en caso de liquidación de la empresa.

La interventora advirtió que sin informes de Intervención o jurídicos no se podía aprobar y entonces se cambió la redacción señalando que ese acuerdo estaba condicionado a esos informes. Al final el presidente del Cabildo reconoció que el acuerdo no era más que una declaración de intenciones.

Si se hubieran pedido los informes en ese momento, quizá se hubiera aclarado que hay muchas posibilidades de que en caso de liquidación de Inalsa, el Cabildo no debe asumir la deuda, lo que tumbaría el principal argumento del grupo de gobierno (CC y PSOE) para privatizar la explotación del agua.


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NotaPublicado: Mar 17 Sep, 2013 6:51 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto López Villarrubia, ha puesto fin a más de cuatro años de administración concursal en Insular de Aguas de Lanzarote, con una sentencia en la que aprueba el convenio con los acreedores de la empresa.

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El fallo da por bueno el acuerdo alcanzado en la reunión del pasado 12 de julio, en la que sólo se deliberó sobre la oferta presentada por “el concursado”, es decir, Inalsa, que fue aceptada por los acreedores. El convenio supone una quita del 21,72 por ciento de la deuda, aunque a cambio no habrá “espera” y los acreedores empezarán a cobrar ya.

Esto supone, tal como recoge la sentencia, que no habrá “calificación” del concurso, ya que esto se reserva sólo para los casos en los que se acuerda una quita superior a un tercio del total, o con una espera superior a tres años. En esos casos, el juez debe determinar si el concurso ha sido fortuito o culpable, lo que podría implicar desde inhabilitaciones hasta condenas a devolver bienes o derechos a la empresa concursada, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, en caso de que se hubiera demostrado la existencia de irregularidades en la gestión.

Sin embargo, con las condiciones del convenio aprobado, no se investigará si hubo o no culpables, ya que no habrá calificación del concurso.

La sentencia, dictada el pasado viernes 13 de septiembre, implica también el cese de los administradores concursales que han llevado las riendas de Inalsa durante los últimos años, desde que entró en concurso de acreedores. Ahora, los tres deberán “rendir cuentas de su actuación ante el juez del concurso dentro del plazo de un mes desde la notificación de esta resolución”.

Por su parte, Inalsa deberá informar al juez del concurso acerca del cumplimiento de este convenio “con periodicidad semestral”.

Contra la sentencia cabe recurso, que debería presentarse en el plazo de 20 días, aunque en principio el convenio cuenta con el visto bueno de los acreedores, y desde la última reunión en la que fue aprobado no se ha formulado “oposición a su aprobación judicial”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com