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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa se ha sentado por primera vez este lunes en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso Stratvs, en el que está acusado junto a otras nueve personas. La vista ha comenzado en los Juzgados de Arrecife, hasta donde se ha desplazado la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, encargada de juzgar esta pieza de la causa por el aforamiento de una de las acusadas, la alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña.

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A Lanzarote también ha regresado el fiscal Ignacio Stampa, que actualmente está destinado en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, pero que instruyó esta causa desde su inicio y ha vuelto a la isla para representar al Ministerio Fiscal en este juicio, que se extenderá durante toda la semana. Durante las dos primeras jornadas está previsto que se planteen las cuestiones previas y que declaren todos los acusados, mientras que en el resto están citados decenas de peritos y testigos. Junto a la Fiscalía ejercen la acusación popular los denunciantes de esta causa, la asociación Transparencia Urbanística, además de la familia Negrín, que interviene como acusación particular dado que con la construcción del complejo Stratvs fueron ocupados presuntamente terrenos de su propiedad.

Además de este primer juicio, aún está pendiente que se fije fecha para la pieza principal de la causa, que sigue en manos de la Audiencia Provincial. En ese segundo juicio, Rosa deberá responder de la mayor parte de los delitos por los que está acusado, y que incluyen delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio y de estafa, entre otros. En cuanto a esta primera vista, se centra solo en los hechos relacionados con la intervención de la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional Gladys Acuña, cuya condición de aforada hizo que parte de la causa pasara a manos del TSJC.

Así, en esta pieza Rosa deberá responder solo de un presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con la concesión de la licencia de apertura de actividad, otorgada bajo la Alcadía de Acuña. En cuanto a la alcaldesa, está imputada por un delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación medioambiental, tanto por acción como por omisión. Los primeros hechos que se le imputan se remontan a diciembre de 2008, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de actividad clasificada a Stratvs, con el voto favorable de Acuña y de los otros tres ediles que participaron en la reunión, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío Santana y Evaristo García Pérez. Todos ellos acusados de un delito de prevaricación urbanística, por haber autorizado la concesión de ese permiso, en el que se establecieron condicionantes que nunca se cumplieron.

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En el caso de Leonardo Rodríguez, que en ese momento era teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, en la víspera de esa reunión de la Junta de Gobierno recibió un mensaje de la secretaria de Rosa, pidiéndole que contactara con el empresario “puesto que le tenía comentar un tema de la bodega”. Ese mismo día, el concejal devolvió la llamada a Rosa, en una conversación que fue intervenida por la UCO dentro del caso Unión y que se incorporó al caso Stratvs. En esa llamada, según el auto de la juez instructora que puso fin al procedimiento, Rosa le dice que “sólo le falta la licencia para legalizar la bodega y que se vota al día siguiente, con ánimo de favorecerse de la buena relación con el señor Rodríguez para obtener el voto favorable de la Junta”.

Al día siguiente, tras votar favorablemente a la concesión de la licencia, Leonardo Rodríguez “llamó hasta en dos ocasiones a Juan Francisco Rosa, sin que conste en el teléfono intervenido judicialmente que consiguiera contactar con él”. Finalmente, el día 22 de diciembre de 2008, Leonardo Rodríguez se acercó a la casa de Juan Francisco Rosa “a entregarle algo, probablemente la licencia”, señalaba la juez.

Según el auto, la alcaldesa y los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno concedieron ese permiso pese a que conocían “lo no autorizable tanto de la instalación en su magnitud, como en su actividad, que de facto se convirtieron en múltiples actividades”, y “a sabiendas de que la construcción ya excedía y en mucho lo autorizado en el año 1999, y que la actividad en sí, no podía autorizarse”.

Al aprobar la autorización introdujeron dos condicionantes, pero la juez subraya que nunca tuvieron intención de cumplirlos ni de exigir su cumplimiento. De hecho, “ni se controlaron con carácter previo a la concesión de la licencia de actividad clasificada ni posteriormente”. El primero de ellos era que los técnicos competentes visitaran la bodega para comprobar que se ajustaba al proyecto que se había autorizado (y que era la rehabilitación de una vivienda y una bodega almacén de 900 metros, cuando el complejo Stratvs tiene más de 12.000 metros cuadrados). Sin embargo, esa visita nunca se realizó ni fue ordenada por la alcaldesa, según la juez.

El segundo de los condicionantes era que la entidad debía estar en posesión de la autorización de vertidos otorgada por el Consejo Insular de Aguas. Con esto, según la juez, pretendían “salvar formalmente el escollo que les suponía conocer que obraban informes” de Salud Pública, que desde el año 2006 venían advirtiendo de que las instalaciones no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales.

Además, Gladys Acuña deberá responder en este juicio de otro delito de prevaricación urbanística por omisión, por no haber adoptado medidas para ordenar el cierre de la bodega pese a que, según la juez instructora, al menos después de su imputación y primera declaración en esta causa, debía ser ya plenamente consciente de las “graves irregularidades urbanísticas y medioambientales”.

Por el mismo delito por omisión se sienta en el banquillo el que era y es concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, al no adoptar medidas para el cierre de Stratvs pese a tener perfecto conocimiento “de las graves irregularidades urbanísticas y medioambientales”, según la juez instructora. Además, al igual que ocurre con otros acusados, Rodríguez se volverá a sentar en el banquillo en el segundo juicio de Stratvs por hechos anteriores a la Alcaldía de Acuña, bajo el mandato de José Francisco Reyes, cuando también era concejal de Urbanismo.

En cuanto a Reyes, también deberá afrontar dos juicios, por un lado por haber autorizado esta obra y por otro por ser quien inició el expediente que culminó Acuña, para concederle la licencia de actividad. Por esto último es por lo que responderá en este primer juicio, que le ha llevado de nuevo al banquillo de los acusados, tras sumar ya otras condenas a sus espaldas, incluida la última del caso Yate, en la que confesó haber cobrado sobornos a cambio de la concesión de licencias ilegales, incluyendo las de dos hoteles y el puerto deportivo de Juan Francisco Rosa en Playa Blanca.

La lista de acusados en este primer juicio se completa con el que era secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, apartado de su cargo por otra condena por prevaricación urbanística; el técnico del Ayuntamiento Andrés Morales; y el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, que desde la Corporación insular informó favorablemente a que el Ayuntamiento de Yaiza otorgara la licencia de actividad a Stratvs.


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NotaPublicado: Lun 19 Jun, 2017 3:47 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En la mañana del lunes, durante la primera sesión del juicio del caso Stratvs en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desplazado a Arrecife, además de las cuestiones previas se han producido las declaraciones de cuatro de los 10 acusados.

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El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, sólo contestó a las preguntas de su abogado, José Enrique Gómez, que lo defiende por el turno de oficio. Reyes alegó que dio el permiso a la bodega Stratvs porque ya tenía autorización del Gobierno de Canarias, del Cabildo e informes favorables. "Si no hubiera firmado me estarían preguntando ahora por qué no lo había hecho", señaló.

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La declaración del ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, fue la más larga de la mañana. Fuentes sólo contestó al fiscal Ignacio Stampa y a su abogado, como hicieron el resto de acusados, pero su declaración se alargó una hora y media.

Así, alegó que había una resolución de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias de 1999 que autorizaba el proyecto en suelo rústico y fue la que tomó en cuenta para dar el visto bueno a la actividad de la bodega. Destacó que dicha resolución no ha sido impugnada por nadie en los tribunales, ni siquiera por el Cabildo.

También dijo que él no tenía la custodia física del expediente y que sólo se autorizaba la instalación, no el funcionamiento de la bodega y del resto de actividades que se pusieron en marcha en el complejo Stratvs en el paisaje protegido de La Geria.

El fiscal le preguntó insistentemente por la prevalencia que dio a una resolución frente a leyes de mayor rango y por la inclusión en el expediente de informes desfavorables, como uno de Sanidad que era negativo. Fuentes alegó que el Acta de inspección de Sanidad fue favorable y "subsanaba cualquier deficiencia".

El ex secretario, inhabilitado por varios casos de corrupción, señaló que no llevó a cabo la exposición del expediente a la Junta de Gobierno sino que sólo dio fe de la reunión en el acta de esa Junta, que autorizó la actividad.

No recordaba, sin embargo, quién fue el técnico que asistió a esa Junta y dijo que nunca ponía en el acta que intervenía un técnico porque pensó que "nunca iba a pasar nada". También dijo que el informe del Cabildo vincula al Ayuntamiento pero el fiscal argumentó que sólo si es desfavorable, no si es favorable. Además, señaló que actualmente no tiene ningún ingreso.

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Por su parte, el técnico Andrés Morales aseguró que entre sus competencias no está la de analizar el Plan Insular para los proyectos sobre los que informa sino sólo el Plan General y las normativas municipales.

Morales dijo que para informar sobre la bodega Stratvs vio el proyecto básico y el de ejecución y que no recordaba que después de su informe hubiera habido más proyectos.

Además, el técnico municipal admitió que habían llegado al Ayuntamiento algunos informes de Sanidad enviados desde una empresa del promotor de la bodega, Juan Francisco Rosa, por fax y que se incorporaron al expediente sin registro de entrada, aunque no supo explicar por qué.

Finalmente, el ingeniero Manuel Jesús Spínola, que trabajada en el área de actividades clasificadas del Cabildo en el año 2005, cuando informó sobre el proyecto, señaló que en ese momento sólo estaba él como técnico en el departamento. Tuvo una declaración atropellada, muy nervioso, e increpó en algún momento al fiscal, que le preguntó si después de que él informara se habían presentado otros proyectos distintos de la bodega y por la celeridad en contestar al proyecto, en un sólo día.

El técnico dijo que hay tres proyectos: el básico, el de instalaciones y el de ejecución y aseguró que se limitó a calificar la actividad y que requirió al Ayuntamiento y al peticionario que subsanaran algunas deficiencias en el proyecto. Señaló que lo que se contestó en un día era un anexo sobre la afección por ruidos de la bodega, y que eran sólo cuatro folios y de una materia, como el ruido, para una bodega en un paraje aislado, sin apenas afección.

El fiscal le preguntó por unas anotaciones escritas a mano en su informe y señaló que no sabía quién las había escrito ni a qué se referían, y que era una copia del informe, no el original. Dijo que sólo forma parte de un órgano técnico y que no informa, solo califica la actividad. Por último, afirmó que no es cierto que informara sin tener el proyecto de instalaciones real para una construcción ya hecha.

Sobre la rapidez en contestar dijo que en el Cabildo están orgullosos de la celeridad en contestar a los expedientes y aseguró que la institución era abanderada de la Directiva Bolkenstein, que simplifica la burocracia, y que "estas imputaciones han hecho mucho daño al Cabildo y a la Isla".


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NotaPublicado: Mar 20 Jun, 2017 8:19 am 
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Ninguno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza que concedió la licencia de actividad en diciembre de 2008 a la Bodega Stratvs quiso contestar a las preguntas de la Fiscalía ni de las acusaciones popular y particular.

Además, tanto Evaristo García, como Juan Lorenzo Tavío, José Antonio Rodríguez, Leonardo Rodríguez y Gladys Acuña, alegaron en su favor que dieron el permiso porque todos los informes eran favorables.

El fiscal Ignacio Stampa tan sólo hizo una pregunta, que Evaristo García no contestó: "¿Por qué votó usted a favor (de la licencia) cuando había informes en contra?". Los concejales, sin embargo, argumentaron que vieron que los informes eran favorables y que ningún técnico ni el secretario les advirtió que hubiera algún informe desfavorable.

No fue el único argumento en común. Todos contestaron que no habían recibido presiones de Juan Francisco Rosa. Sobre la inauguración de la bodega, en mayo de 2008, dijeron que se invitó a toda la Corporación.

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Leonardo Rodríguez, ex concejal de Urbanismo, dijo que estuvo dos minutos y ni siquiera vio la bodega por dentro, y que no tiene relación "de camaradería" con Rosa, que para él es "un vecino más". Tavío dijo que Rosa es "un conocido más del municipio: ‘Nos saludamos en los velatorios’", señaló, y García dijo que a la inauguración invitaron "a la flor y nata político social de Lanzarote y de Canarias".

Evaristo García declaró que no leyó los informes en la Junta de gobierno municipal y que se fió de los técnicos porque confiaba en su "buen hacer y profesionalidad" y que "hacer una bodega en La Geria es lo más normal del mundo, porque autorizar una casa le hubiera extrañado más”.

Tavío señaló que vio que los informes eran positivos, al igual que Leonardo Rodríguez, cuya declaración fue más larga, más de media hora. Comenzó diciendo que la relación entre los socios de gobierno era "mala" y que se decidió que todas las licencias se dieran por la Junta de Gobierno.

Rodríguez dijo que él no intervino en los expedientes antes de la Junta y que eran favorables tanto el informe del Cabildo como el del técnico municipal, la resolución del Gobierno, el de Sanidad y el del Consejo insular de aguas. "No tenía motivo para votar en contra porque es un procedimiento reglado".

Su abogada, Beatriz Moya, le pidió que valorara la transcripción de las conversaciones grabadas entre él y Juan Francisco Rosa, ya que tuvo el teléfono intervenido durante la operación Unión. Alegó que en tres meses de intervención sólo hay "cuatro o cinco llamadas" con Rosa y que lo atendía como atiende a cualquier vecino: "Hablaba con todo aquel que me llamaba", afirmó.

Rodríguez señaló que en una de las conversaciones habló sobre el Plan General y le dio "información pública", que nunca a fue a comer con él de forma privada, que en otra ocasión habló con el empresario sobre unos tributos y que otra llamada fue para entregarle una felicitación de Navidad de Coalición Canaria: "Hacíamos 5.000 y las repartíamos por todo el municipio", señaló.

Ningún concejal dio el nombre del técnico que informó sobre el expediente de Stratvs en la Junta de Gobierno. El ex secretario, Vicente Bartolomé declaró que él sólo daba fe del contenido y que fue un técnico quien informó, pero no recuerda quién. García tampoco lo recordaba.

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Juan Lorenzo Tavío señaló que solía ser Antonio Lorenzo, jefe de la Oficina técnica, pero que estaba de vacaciones y le sustituyó la arquitecta que a su vez llamó al técnico de actividades clasificadas para que explicara la licencia.

Lo mismo señaló Leonardo Rodríguez, que identificó a la arquitecta por su nombre pero no al técnico. El concejal José Antonio Rodríguez, en una respuesta sobre otro asunto, admitió que el único técnico de actividades clasificadas que había en el Ayuntamiento era Andrés Morales.


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NotaPublicado: Mar 20 Jun, 2017 8:24 am 
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La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, se enfrenta a dos delitos en este juicio del caso Stratvs: prevaricación, por otorgar la licencia de actividad, y prevaricación por omisión por no ordenar el cierre de la bodega. Respecto al primer delito, de su primera etapa como alcaldesa, alegó lo mismo que el resto de concejales: que los informes eran favorables. La alcaldesa, que también es parlamentaria regional, no contestó ni a la Fiscalía ni a las acusaciones y sólo lo hizo ante las preguntas de su abogado, Marcos Falcón.

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Respecto al segundo de los presuntos delitos, de la etapa actual, alegó que cuando tuvo que declarar en el Juzgado, se enteró por la juez instructora de que había un restaurante abierto en la bodega sin permiso.

Según Acuña, el día siguiente a su declaración envió a los técnicos a hacer una inspección pero la propiedad les dijo que se marcharan, así que volvieron al día siguiente con la Policía Local. De esa inspección salen tres expedientes sancionadores: el restaurante, la tienda y la bodega.

Según el relato de la alcaldesa, el expediente del restaurante era evidente "porque no había ni proyecto", pero en los otros dos los técnicos no lo tenían tan claro. En esas fechas, julio de 2013, el Ayuntamiento se quedó sin secretario y tuvo que poner a un policía local como secretario, y los dos ingenieros, Andrés Morales y Antonio Lorenzo, se inhibieron porque estaban imputados en el caso.

Así que recurrieron al Cabildo. La alcaldesa alega que tenía la obligación de auxiliar al Ayuntamiento para culminar el expediente sancionador y cerrar la bodega, pero que el Cabildo contestó a tres requerimientos de octubre, noviembre y diciembre de 2013 en febrero de 2014, cuando el Juzgado ya había ordenado la clausura: "Había sobradas razones para que el Cabildo contestara a tres requerimientos y el Cabildo no contestó", señalo Acuña, que añadió: "No soy un sheriff, no puedo cerrar lo que yo quiera". El Gobierno de Canarias tampoco contestó, dijo.

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El concejal José Antonio Rodríguez dio la misma versión: que no había técnicos para culminar los expedientes ni para contestar a las alegaciones de la propiedad. Rodríguez dijo que no tiene relación con Rosa porque fue denunciado por él.

Acuña también destacó que nadie le dijo que la bodega no podía estar abierta ni que había un exceso de edificabilidad. "Hoy en día la bodega Stratvs es un escándalo, pero entonces nadie dijo nada y el edificio no se hizo en dos días", aseguró. "Humanamente hice todo lo que estaba en mi mano", dijo la alcaldesa.

Sobre su relación con Rosa, dijo que lo conoce porque es un empresario muy famoso del municipio, donde tiene muchas propiedades, y que "si tenemos que sentarnos, nos sentamos", pero que no es su amiga. Declaró durante cincuenta minutos y comenzó dibujando un escenario apocalíptico de la situación del Ayuntamiento cuando llegó a la alcaldía en 2008 porque estaba "arruinado". También señaló que se incorporó tras su baja maternal, de sólo cuarenta días, cuatro días antes de la Junta de Gobierno en que se dio la licencia a Stratvs. "Si me hubiera cogido al baja no estaría aquí sentada", señaló.


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NotaPublicado: Mar 20 Jun, 2017 8:27 am 
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El empresario Juan Francisco Rosa, propietario de la Bodega Stratvs, dijo que contestaría las preguntas de la Fiscalía pero sólo las relacionadas con el delito que se le imputa, de tráfico de influencias: "No voy a contestar algo que me vaya a perjudicar", señaló, en alusión al segundo juicio que habrá de celebrarse sobre la construcción de la bodega. El fiscal Ignacio Stampa instó al abogado de Rosa, José Antonio Choclán, a que protestara si sus preguntas se desviaban de ese delito.

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Rosa contestó que había sido él quien había pedido la licencia de actividad para la bodega. "¿Para qué bodega?", preguntó el fiscal, en alusión al proyecto inicial o al que se ejecutó finalmente. "Para la que hay, no hay otra, como sistema estructurante", contestó el empresario.

El fiscal le preguntó si llama por teléfono para agilizar sus proyectos y Rosa contestó: "Hago llamadas para defender mis proyectos en cualquier administración; me tengo que interesar yo porque nadie se va a interesar por lo mío". Añadió que pidió la licencia en 2005 y que se la dieron en 2008: "Vaya influencia buena que tenía yo en ese aspecto", dijo.

La última pregunta que hizo el fiscal fue si en el complejo Stratvs había una tienda, una bodega y un restaurante y su ubicación. El abogado consideró que eso no tenía que ver con el tráfico de influencias y el fiscal alegó que sí porque el delito que se le imputa es tráfico de influencias en concurso con prevaricación urbanística. "En ese caso aconsejo a mi cliente que no conteste más preguntas", dijo Choclán, y ahí terminó el interrogatorio.

Choclán sí que hizo varias preguntas más a Rosa. Le preguntó por su relación con Leonardo Rodríguez, ex concejal de Urbanismo de Yaiza, y Rosa dijo que era "la de un hombre más en el pueblo, un chico nuevo que se presentó a la política", pero que no tenía ninguna relación de superioridad ni forzó la voluntad de los concejales.

Respecto a por qué llamó por teléfono al entonces concejal y teniente de alcalde poco antes de la Junta de gobierno en la que se dio la autorización de apertura, dijo que había pedido la licencia en 2005 y que "estaban todos los informes y la respuesta siempre era mañana".

El empresario añadió que llamó a Rodríguez porque era concejal de Urbanismo: "Es la persona a la que tengo que llamar, se entiende que el tema urbanístico lo lleva él". "Tenía derecho a la licencia", concluyó.



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NotaPublicado: Mar 20 Jun, 2017 4:28 pm 
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NotaPublicado: Mar 20 Jun, 2017 4:36 pm 
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La alcaldesa de Yaiza, todos los concejales que en 2008 formaban parte de la Junta de Gobierno, el ex secretario del Ayuntamiento, el técnico que intervino en el expediente y el funcionario del Cabildo que informó sobre la licencia de actividades clasificadas aseguran que no sabían que la bodega Stratvs llevaba ya meses funcionando cuando le otorgaron este permiso. Y ni siquiera les constaba que existiera además una tienda y un restaurante, pese a que muchos de ellos habían acudido más de medio año antes a la fiesta de inauguración de las instalaciones, a la que en el juicio se refirieron como una fiesta de “presentación”.

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“Nada me hizo pensar que aquello estaba funcionando. Aquello estaba impecable”, declaró durante el juicio Gladys Acuña, que junto a otros ediles acudió a esa fiesta celebrada siete meses antes de aprobar la licencia de actividad. Y según declaró, fue cinco años después, al declarar ya como imputada en esta causa, cuando tuvo "conocimiento" de que en el complejo había también "un restaurante que no tenía licencia". Por su parte, el ex concejal Leonardo Rodríguez aseguró que él solo hizo “acto de presencia” en esa fiesta que tuvo lugar a mediados de 2008. “Estuve los dos minutos de rigor y me marché”, afirmó el entonces concejal de Urbanismo, que sostuvo que no vio el interior de la bodega.

“No conocía la bodega. Vi una casa con unos árboles pero no entré” y “por supuesto que no vi el restaurante ni la tienda”, insistió. Además, a preguntas de su abogada añadió que “no es arquitecto ni tiene conocimiento de mediciones” para saber que lo construido, como sostiene la instrucción de esta causa, eran 12.000 metros cuadrados, cuando solo se había autorizado la ejecución de una bodega-almacén de 900 metros y la rehabilitación de una vivienda protegida preexistente, que según la acusación fue derribada y sustituida por otra mayor.

En cuanto al otro concejal acusado en la causa que acudió a esa fiesta de “presentación” de Stratvs, Evaristo García, declaró que al acto invitaron “a toda la flor y nata de Lanzarote y de Canarias” y que él también asistió, porque “invitaron a todos”. Sin embargo, cuando su letrado le preguntó si tenía conocimiento de si a partir de entonces Stratvs empezó a funcionar, respondió que no lo sabía, porque no era “su área”.

Además, agregó que para él “ni siquiera era zona de paso” el lugar en el que se ubica la bodega, por lo que “no tenía conocimiento” de que ya estaba funcionando cuando votó a favor de otorgar la licencia de actividad. Incluso, tras negar que alguien hablara con él previamente para influir en su voto, aseguró que hasta desconocía que se iba a tratar ese punto “antes de sentarse” en la Junta de Gobierno.

“¿Tiene alguna relación con Juan Francisco Rosa? ¿Por qué fue invitado?”, le preguntó el juez que preside la Sala de lo Penal del TSJC, tras terminar el interrogatorio de su abogado, que fue el único al que el ex edil contestó preguntas. “Invitaron a todos. Lo conozco porque nos conocemos todos aquí en Lanzarote”, respondió. “¿Y era una fiesta de inauguración?”, insistió el magistrado. “Para mí fue una presentación”, contestó el ex concejal.

Además de no detectar que las instalaciones ya estaban funcionando cuando se celebró esa fiesta en mayo de 2008, siete meses antes de obtener la licencia de actividad, todos los acusados aseguraron que tampoco vieron un informe negativo que estaba dentro del expediente municipal, y que advertía de que en el complejo Stratvs no había solo una bodega, que era para lo único que se pidió autorización, sino también “un comercio minorista y una cafetería”. “Lo pone, pero es una apreciación de la técnico y no fue corroborado por nadie”, declaró durante el juicio el ex secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, cuando durante la vista le mostraron ese informe. Así, él también negó que supiera que existían la tienda y el restaurante cuando informó sobre la licencia de actividad, porque sostiene que no vio ese informe y porque además, según él, “nadie” había “corroborado” lo que en él advertía la técnico de Sanidad.

Y también declaró no haber leído ese informe el técnico de Actividades Clasificadas de Yaiza, Andrés Morales, pese a que durante el juicio fue el único que admitió haber tenido acceso a todo el expediente. Pero en el caso de este dictamen negativo -que el fiscal subrayó que fue encontrado en un cajón de su despacho, junto al resto del expediente, cuando la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento-, Morales aseguró que no lo había visto antes.

Además, tanto Andrés Morales como el resto de técnicos que intervinieron en el expediente declararon en la primera jornada del juicio celebrada este lunes que desconocían que la obra estuviera ya ejecutada cuando se otorgó la licencia de actividad, que debió haberse tramitado antes que la licencia de obra y, por tanto, antes de la construcción de estas instalaciones. “Yo me limitaba a la licencia de actividad, no sé si después vendrá otra de obra o no”, declaró Morales, pese a que esa licencia de obra había sido concedida por el Ayuntamiento nueve años antes, bajo la Alcaldía de Reyes.

“Ni idea”, respondió por su parte el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Jesús Spínola, cuando el fiscal le preguntó si sabía que la obra ya estaba hecha cuando él informó sobre la licencia de actividad. En su caso, en dos ocasiones pidió que se aportaran más documentos para informar, dado que inicialmente solo le entregaron un proyecto básico, después complementado con el proyecto de instalaciones y posteriormente con un “anexo” sobre las medidas para evitar la contaminación acústica. Sin embargo, no le llegaron a entregar el proyecto de ejecución, ya que la propiedad alegó que estaban terminando de elaborarlo, pese a que para entonces ya había finalizado la construcción del complejo Stratvs.

“El proyecto de ejecución yo no lo necesito para nada”, respondió Spínola para explicar por qué emitió su informe sin ese documento. Además, el técnico elaboró ese dictamen solo un día después de que la propiedad remitiera el último documento que él había solicitado, para adaptar las condiciones acústicas. “No era un proyecto, era un anexo aclaratorio de cuatro o cinco folios”, defendió Manuel Jesús Spínola para justificar la celeridad con la que emitió el informe tras recibir ese “anexo”. A esto, añadió que al desarrollarse la actividad en La Geria, había “muy pocas posibilidades de molestar” con los ruidos de esta industria.

Incluso, sobre su rapidez para resolver, defendió que están “muy orgullosos” de “lo que se han agilizado los trámites” en el Cabildo tras los cambios legislativos sobre las competencias, aunque precisó que en este caso no recuerda si el último documento llegó “el día anterior, una semana antes o un mes antes”. “Todos los días teníamos presiones de todo el mundo para agilizar las cosas”, “sobre todos los técnicos”, “un estrés enorme”, añadió a preguntas de su abogado, antes de negar que recibiera ningún tipo de "influencia" u oferta de “un premio” para tratar con mayor diligencia el expediente de la bodega de Rosa.

Aunque tanto la alcaldesa como los ediles que formaban parte de su Junta de Gobierno en 2008 se negaron a contestar al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particular y popular, todos ellos hablaron de su relación con Juan Francisco Rosa a preguntas de sus propios abogados. En el caso de Gladys Acuña, también el presidente de la Sala le preguntó por esa relación, a lo que la alcaldesa respondió que no es “amiga” del empresario. “Si me pregunta si lo conozco, sí. Pero las relaciones a veces son buenas y a veces son malas. Institucionalmente hablando”, matizó.

Por su parte, Leonardo Rodríguez dio explicaciones sobre las llamadas que intercambió con Rosa, y que están incorporadas a este procedimiento, negando que tuvieran relación con la concesión de la licencia de actividad a Stratvs. Y también negó haber quedado a comer con el empresario, pese a que hablaban de ello en una de esas conversaciones. El ex concejal señaló que en todo caso habían coincidido “en algún evento”, como una “cena multitudinaria” celebrada en Puerto Calero, de la que también hablaban en una de esas llamadas.

Del mismo modo, Leonardo Rodríguez negó que acudiera a casa de Rosa a entregarle la licencia de actividad al día siguiente de aprobarse en la Junta. Al respecto, aseguró que lo que en una conversación telefónica decía que iba a llevarle, al día siguiente de esa Junta celebrada en diciembre de 2008, era “una felicitación de Navidad”, como “hacía con todos”, “todos los años”, y no la licencia.

“No tenía ninguna amistad”, aseguró Leonardo Rodríguez, que insistió en que “jamás” quedó para comer con Rosa “a solas, para tratar algún tema del Ayuntamiento”. “Ni con él ni con nadie”, añadió. Según el ex edil, su relación con el empresario era como la de “un vecino más” y “lo trataba igual, como a cualquiera”. Y algo muy similar respondió otro de los concejales que intervino en esa Junta de Gobierno y que también está acusado en la causa, Juan Lorenzo Tavío, que declaró que Rosa es “un conocido del municipio, de la isla”. “Cuando vamos al velatorio, como digo yo, nos saludamos, pero no tengo relación personal”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Ignacio Stampa subrayó que además de otorgar esa licencia de actividad, pese a los informes negativos que constaban en el expediente, tampoco se verificaron después los condicionantes que se establecían en esa licencia. Uno de ellos era que se girara una visita de comprobación, que nunca se llevó a cabo. Una visita que hubiera permitido comprobar lo que los ediles no detectaron en la fiesta de “presentación”, es decir, que las instalaciones superaban con creces lo autorizado, que había un restaurante que ni siquiera tenía licencia de obra y que el complejo llevaba en realidad meses funcionando.


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“Nosotros dijimos que íbamos a inspeccionar el complejo” y “no hubo ningún problema hasta el momento de entrar en la bodega”. Ahí, según ha declarado este miércoles el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, el empresario Juan Francisco Rosa contactó por teléfono con él para indicarle que pusieran fin a la inspección y abandonaran la propiedad. “Pero no llamó a mi móvil como usted dice”, le ha respondido Antonio Lorenzo al fiscal Ignacio Stampa. “No lo digo yo, lo dice el acta del policía local”, ha precisado el fiscal a Lorenzo, que declaraba como testigo en este juicio.

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En cualquier caso, aunque el técnico ha negado lo que el agente que acudió a la inspección recogió en el acta, sí ha confirmado que la conversación telefónica se produjo. Y que fue justo cuando iban a entrar en la bodega, después de haber pasado ya cerca de una hora el complejo Stratvs, acompañados de un empleado de Rosa. “Llegamos y pusieron una persona a nuestra disposición”, ha relatado. Pero “al cabo de una hora”, según Lorenzo, “apareció un señor” con un teléfono y le dijo que Rosa quería hablar con él.

“¿Y por qué decide marcharse?”, ha preguntado. “Porque entendí que no podía entrar si no tenía permiso de la propiedad”, ha respondido el testigo. “¿Una inspección requiere autorización de la propiedad?”, ha insistido Stampa. “No lo sé”, ha terminado respondiendo el jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, que ha añadido que él “puede tener un conocimiento jurídico equivocado” sobre si se necesitaba ese permiso o no. Y también ha confirmado que tras marcharse de Stratvs, no notificó a nadie del Ayuntamiento lo ocurrido ni que habían puesto fin a la inspección sin entrar siquiera a la bodega.

En su declaración, el propio Antonio Lorenzo ha recordado que estuvo imputado en esta causa, aunque se terminaron archivando los cargos contra él. Y es que durante la instrucción, los miembros de la Junta de Gobierno de Yaiza declararon que Lorenzo estuvo presente en la reunión en la que se concedió la licencia de actividades clasificadas a Stratvs, pero el técnico pudo certificar después que en esa fecha se encontraba de vacaciones. En lo que sí intervino es en la inspección ordenada por la alcaldesa, Gladys Acuña, justo después de declarar como imputada en esta causa, y también en el inicio de los expedientes, aunque luego se terminó inhibiendo al pasar a estar también él investigado durante un tiempo.

A preguntas de la abogada de la acusación popular, Antonio Lorenzo ha afirmado que “no consultaron ningún documento” antes de acudir a inspeccionar Stratvs: ni los proyectos presentados por el empresario, ni las licencias, ni el expediente. Y después de la visita, ha señalado que estuvieron “mirando básicamente” uno, el proyecto de equipamientos e instalaciones, pero no el proyecto de la obra ni el proyecto de ejecución.

Sobre por qué el Ayuntamiento terminó ordenando solo la clausura del restaurante, en la línea con lo declarado el pasado lunes por Acuña, el técnico ha señalado que esa instalación no tenía ni licencia de obra, ni proyecto de ejecución, ni licencia de actividad, ni proyecto de puesta en funcionamiento. Es decir, ni un solo documento que avalara su construcción ni mucho menos su puesta en funcionamiento.

“¿Y la vivienda restaurada?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, en referencia a la casa protegida que Rosa pidió permiso para rehabilitar, y que según la instrucción terminó derribando y construyendo una mayor. Sobre ella, Lorenzo ha confirmado que albergaba una tienda y una “cafetería” –que también hubiera requerido una licencia específica de actividades clasificadas- y que tampoco tenía licencia de primera ocupación ni de puesta en funcionamiento, aunque el Ayuntamiento no llegó a adoptar medidas hasta que todo el complejo terminó siendo clausurado por el Juzgado de instrucción.

Sobre por qué no se actuó sobre el resto de las instalaciones, la alcaldesa y uno de los ex concejales de Urbanismo acusados, José Antonio Rodríguez, alegaron que por falta de técnicos, ya que tanto Antonio Lorenzo como Andrés Morales –también acusado en la causa- se inhibieron en los expedientes, y el ex secretario fue apartado del cargo por otra condena judicial. Además, señalaron que el caso del restaurante era “clarísimo”, al no tener un solo papel, pero que en el resto era necesario responder a las alegaciones de la propiedad.

No obstante, el jefe de la Oficina Técnica ha confirmado este miércoles que aunque para parte de la construcción sí había una autorización del Gobierno de Canarias -concretamente para una bodega de 900 metros y para la rehabilitación de la casa preexistente-, lo cierto es que tampoco se presentó el proyecto de ejecución ni el certificado final de la obra, que terminó ocupando unos 12.000 metros cuadrados. Y tampoco tenía licencia de puesta en funcionamiento, que es la que tendría que haberse otorgado tras la licencia de actividad, cuya concesión es la que se está juzgando en esta pieza del caso Stratvs. “¿Sin todo eso se puede abrir?”, le ha preguntado la letrada de la acusación popular. “No”, ha respondido el técnico.

Antonio Lorenzo también ha tenido que responder al magistrado que preside la Sala del TSJC, que entre otras cosas le ha preguntado si sabía por qué se tardó “tanto tiempo” en realizar una visita de inspección después de otorgarse la licencia de actividad clasificada. Y es que esa licencia, otorgada en diciembre de 2008, establecía entre otros condicionantes que no podría iniciarse la actividad hasta que se realizara una visita de inspección –cuyo cometido es comprobar que lo construido se ajustaba al proyecto presentado- y se obtuviera la licencia de puesta en funcionamiento, lo que nunca ocurrió.

Y pese a ello, Stratvs estuvo funcionando incluso antes de obtener el permiso condicionado en diciembre de 2008. De hecho, la alcaldesa y varios ediles de su junta de Gobierno acudieron siete meses antes, en mayo de 2008, a la fiesta de inauguración de la bodega. Un evento al que ellos se refirieron como fiesta de “presentación”, asegurando que no sabían que ya estuviera funcionando y que tampoco detectaron que existieran un restaurante y una tienda además de la bodega.

“No, no lo sé”, ha respondido Lorenzo a la pregunta del juez sobre el porqué de ese “retraso” en realizar una inspección, que en realidad llegó cinco años después y tras la imputación de Gladys Acuña. “La visita de comprobación se hace después de que el propietario aporte una serie de documentación. Se puede hacer antes, pero no se suele hacer”, ha agregado el técnico. “¿Estuvo usted invitado a la inauguración de Stratvs?”, le ha preguntado por su parte la abogada de la acusación popular. “No lo recuerdo. Creo que no”.

El jefe de la Oficina Técnica también ha respondido a preguntas relacionadas con temas que ya se pusieron sobre la mesa durante la primera jornada del juicio. Entre otras cosas, ha señalado que “la documentación que forma parte del expediente tiene que tener un registro de entrada, como mínimo”. Algo que choca frontalmente con lo ocurrido con el expediente para otorgar la licencia de actividad a Stratvs, en el que se incorporaron informes que habían sido remitidos por fax desde el Grupo Rosa y que ni siquiera pasaron por el Registro del Ayuntamiento ni se verificaron, según confirmaron los propios acusados en sus declaraciones.

Además, el fiscal también le ha preguntado por otro de los acusados que también fue concejal de Urbanismo cuando se concedió la licencia de actividad, Leonardo Rodríguez. “¿Es normal que en su despacho se encontraran solicitudes de Rosa presentadas nueve días antes, relacionadas con otros expedientes?”, ha preguntado Stampa. “No, en principio no”, ha respondido el técnico, que previamente había explicado que un edil puede tener un expediente en su despacho si lo solicita por algún motivo.

Por último, Lorenzo ha hablado también de la situación urbanística de ese suelo, confirmando lo que ya había reflejado en un informe que trasladó a la alcaldesa y que fue incautado por la UCO durante un registro dentro del caso Unión. En ese informe, en el que se ha ratificado, señalaba que “lo que no está en el Plan Insular no existe”, también con “relación a actividades permitidas y toleradas”. Y en el caso de la bodega Stratvs, no está recogida ni permitida por el PIOT, que es el que determina los usos en el suelo rústico. “Es un instrumento supramunicipal y no se puede ir contra ese documento”, ha subrayado Lorenzo. “¿Y el Plan General en vigor estaba adaptado al Plan Insular?”, le ha vuelto a preguntar el magistrado que preside la Sala. “No”, ha respondido Lorenzo, que incluso, a preguntas de otro abogado, ha señalado que ni siquiera el Plan General permitía la construcción de una bodega en ese suelo.


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NotaPublicado: Jue 22 Jun, 2017 9:55 am 
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Según Diario de Lanzarote:

La asesora jurídica de la alcaldía de Yaiza, Delia López, hizo este miércoles por la tarde la declaración más larga de todo el juicio del caso Stratvs, una hora y tres cuartos, y tuvo que contestar a preguntas de la Fiscalía, la acusación popular y a cinco abogados defensores. La mayor parte de la declaración se movió por un terreno más que farragoso, entre diferentes licencias, normativas, permisos, procedimientos y leyes, antiguas y actuales.

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López mantuvo la argumentación de Gladys Acuña para explicar por qué el Ayuntamiento no cerró la bodega: porque abrieron tres expedientes sancionadores, culminaron uno (el del restaurante) pero no los otros dos porque consideraban que tenían una licencia y había que finalizar el procedimiento para ver si era o no correcta. Alegó que no pudieron culminarlo por falta de técnicos e insistió en que pidieron cooperación al Cabido de Lanzarote, que era "imprescindible", y no la consiguieron.

La asesora, nombrada por la alcaldesa como cargo de confianza, elaboró el informe que sirvió para la apertura de los expedientes y señaló que se puede conceder licencia de actividad incluso sobre proyecto, "sin que esté hecho el edificio", pero que después el propietario debe informar de que va a comenzar la actividad para que se le conceda la licencia de puesta en funcionamiento.

López sostuvo incluso que la licencia de actividad que concedió la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza en diciembre de 2008 ya estaba concedida en realidad por silencio positivo y que no hacía falta, por tanto, el acuerdo del citado órgano municipal, porque se había llevado a cabo una comunicación previa que, según su parecer, habilitaba a la tienda y la bodega aunque no al restaurante.

Durante gran parte de su declaración, el fiscal Ignacio Stampa preguntó qué normativa se le aplicó a la bodega, si la Ley de 1998 o la de 2011, y la asesora contestó que se trataba "de cubrir las dos normativas" pero que con ambas podía seguir abierta. Cuando se hicieron esos expedientes sancionadores, Rosa hizo alegaciones incluso antes de que se le comunicara el expediente. "Muy curioso", dijo la asesora.

López señaló que se llevó a cabo la inspección a la bodega porque cuando la alcaldesa declaró en el Juzgado por este procedimiento, se dieron cuenta de que el propietario no había pedido la licencia de puesta en funcionamiento y también señaló que "presentaron un certificado de obra que no era suficiente". El fiscal insistió en que, en todo caso, no se podía conceder una licencia que era contraria al planeamiento.

Aseguró que el Plan Especial de La Geria estaba pensado para poder acoger actividades complementarias, pero que el Plan no lo llegaron a aplicar en el Ayuntamiento a pesar de que el plano del Plan Especial, según López, marcaba los puntos rojos en los ámbitos suspendidos de aplicación pero no marcaba Stratvs.

La acusación popular preguntó por el proyecto técnico sobre el que se basaron para comprobar si la bodega cumplía o no, tras la visita de inspección. "Eso se incluye en el informe técnico y yo no miro los proyectos", contestó la asesora, que alegó que sí se propuso el cierre, al iniciar el proceso, pero que no se culminó por la falta de técnicos y porque el Juzgado ordenó el cierre en diciembre de 2013.


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NotaPublicado: Jue 22 Jun, 2017 9:59 am 
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Según Diario de Lanzarote:

Al final de la jornada del miércoles del juicio del caso Stratvs, la Sala tuvo que escuchar ocho conversaciones grabadas durante la operación Unión (que sirven para este otro caso) al teléfono del concejal Leonardo Rodríguez, que lo tuvo intervenido, aunque finalmente la causa fue archivada para él.



Así, se escuchó una conversación con el técnico de actividades clasificadas, Andrés Morales, y otra con el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, en la que hablan de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en un tono muy crítico.

El resto de llamadas están relacionadas con el empresario Juan Francisco Rosa. En una, el concejal devuelve una llamada al empresario y hablan de a quién se le ha adjudicado la redacción del Plan General. "Vamos avanzando y yo te voy comentando", le dice el concejal a Rosa, que dice que "hay que mover esa zona como sea".

En otra conversación, Rosa le dice que quiere hablar y le pregunta si el Plan "sigue como habíamos comentado". "Si quieres comemos juntos, si no nos critican", añade. "Y si no lo hacemos, ¿van a dejar de criticarnos?, contesta Rodríguez.

En la tercera conversación entre ambos, el empresario le dice que hay unas parcelas de Salatin a las que les ponen problemas con la primera ocupación, "y digo, pues voy a hablar con Leonardo", dice Rosa, “a ver si se puede ayudar".

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Después, comentan que va a ir a pleno o comisión el tema de la bodega Stratvs, y Rosa dice que lo tiene todo entregado en el Cabildo, "y no falta más que la apertura tuya para que me ayudes si puedes".

Las otras llamadas corresponden a dos mensajes en el contestador, de Rosa al ex edil, y una llamada de éste al domicilio particular de él en la que habla con el hijo del empresario para ir a entregarle una cosa. Según declaró Rodríguez, una felicitación navideña.


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NotaPublicado: Jue 22 Jun, 2017 10:12 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

El presidente del Cabildo ha declarado como testigo en el juicio, en un tenso interrogatorio que ha provocado la intervención del presidente de la Sala. Además de cuestionar la pertinencia de algunas preguntas, ha repetido el “no lo recuerdo”

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“¿Puedo hacer alguna aclaración?”. Con esa pregunta ha terminado el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, su declaración como testigo ante la Sala de lo Penal del TSJC, en la segunda jornada del juicio del caso Stratvs. “Solo si es en relación a las preguntas”, le ha respondido el magistrado que preside a Sala, dado que en ese momento ya había sido interrogado por todas las partes y debía retirarse. “Entonces no, porque no se me ha preguntado por eso”, ha contestado San Ginés, que aún así ha continuado hablando.

Así, ha explicado que lo que quería era responder a lo que ha “leído en algunos medios de comunicación” sobre la declaración que el pasado lunes prestó en el juicio una de las acusadas, la alcaldesa de Yaiza Gladys Acuña. Concretamente, la regidora municipal afirmó que el Cabildo no les respondió cuando le pidieron ayuda interadministrativa para poder culminar los expedientes sancionadores abiertos a Stratvs en el año 2013. “Me ahorro la aclaración, pero no es verdad que no prestásemos asistencia jurídica al Ayuntamiento de Yaiza”, ha apostillado San Ginés antes de levantarse. A continuación, ha tomado asiento entre el público, ya que el magistrado le ha indicado que podía permanecer en la sala o marcharse. “Pues me voy a quedar”, ha respondido Pedro San Ginés.

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En su declaración, el presidente ha tenido que explicar por qué entendió necesario “supervisar” el informe pericial realizado por la jurista del Cabildo Joana Macías, que había sido solicitado por el Juzgado instructor del caso Stratvs. Tal como ha recordado el fiscal Ignacio Stampa, San Ginés remitió ese informe al Juzgado junto a un escrito en el que advertía que no había sido “supervisado ni validado” por los servicios jurídicos de la Corporación.

“¿Tiene la costumbre de analizar, leer, pedir análisis o consultas sobre los informes que realiza un perito para un Juzgado?”, le ha preguntado el fiscal. “No puedo tener por costumbre lo que es excepcional”, ha respondido San Ginés, que ha admitido que “cree” que fue “la única vez” que se dirigió al Juzgado cuestionando el contenido de una pericial, y encargando después hasta cinco ‘contrainformes’. Según ha explicado, en este caso lo hizo porque le “preocupó” su contenido y porque incluía consideraciones sobre el Plan Especial de La Geria que “no compartían” otros juristas del Cabildo. En ese informe, Joana Macías advertía de los vicios de nulidad de ese Plan de La Geria, que finalmente fue anulado por los Tribunales con una sentencia que ya es firme.

El presidente del Cabildo ha protagonizado una tensa declaración en la que ha tenido que intervenir hasta en dos ocasiones el presidente de la Sala, cuando San Ginés ha cuestionado la pertinencia de las preguntas que le hacían tanto el fiscal como la abogada de la acusación popular. En la primera, el fiscal había pedido que se le mostrara al testigo una foto suya en la fiesta de inauguración de la bodega Stratvs, que en ese momento ni siquiera tenía licencia de actividad. “La foto está borrosa, pero si no estoy en ésa puedo estar en otras fotos. No sé qué trascendencia puede tener una foto, aunque parece que mucha”, ha cuestionado Pedro San Ginés, provocando la primera intervención de presidente de la Sala. “Le pregunta si estuvo”, ha zanjado el magistrado.

La segunda se ha dado cuando la abogada de la acusación popular le ha preguntado si posteriormente acudió en alguna ocasión como usuario al complejo Stratvs. “Supongo que sí. No recuerdo todo lo que hago en todos los momentos de mi vida. Creo recordar que fui a un concierto de Sonidos Líquidos, pero no sé qué trascendencia puede tener esto”, ha vuelto a decir San Ginés, generando una nueva reacción del magistrado: “Usted contesta si lo sabe, y si no lo sabe no contesta”.

A estos se han sumado otros momentos tensos durante el interrogatorio. Uno de ellos, cuando el fiscal le ha pedido a San Ginés que leyera un escrito que remitió al Juzgado aportando otros informes periciales. “¿Lo puede leer?”, le ha pedido el fiscal. “¡Y usted también lo puede leer!”, ha sido la respuesta. “Pero usted es el testigo y tiene la obligación de contestar, si el juez lo estima pertinente”, le ha contestado el fiscal, ante lo que San Ginés ha mirado al magistrado. “¿Tengo que leerlo?”, ha preguntado. “Sí”, le ha respondido, dado que es habitual que en los juicios se solicite a los testigos, peritos o acusados que lean parte de algún documento que se les exhibe durante la vista.

Ese primer escrito que ha tenido que leer San Ginés fue enviado por él a los Juzgados, respondiendo a otra solicitud de informes. Y en él se limitaba a señalar que daba traslado de lo que se había solicitado. Y lo mismo hizo en otros dos escritos que también ha tenido que leer durante el juicio. “¿Hay algún comentario aparte de eso?”, le ha preguntado el fiscal. “Sabe usted que no”, ha contestado el testigo con tono molesto.

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A continuación, le han mostrado el escrito que adjuntó al remitir el informe pericial de Joana Macías y otro del técnico Gustavo Navarro, sobre cómo afectaba el Plan de La Geria a la bodega Stratvs. “¿Por qué en éste dice que no han sido supervisados ni validados? ¿Por qué debían serlo?”, le ha preguntado. “No he dicho que debían serlo, he dicho que no lo habían sido”, ha respondido San Ginés, que han insistido en que el informe incluía “criterios no compartidos por otros letrados”. “¿Pero por qué éste lo consulta?”, ha vuelto a preguntar el fiscal. “Porque no había ninguna razón para no consultarlo”, ha contestado el presidente, que no ha aclarado si en otros casos conocía siquiera el contenido de los informes que remitía al Juzgado, con un “no recuerdo, no lo sé”.

Después, ha confirmado que pidió varios ‘contrainformes’ de la pericial de Macías. A preguntas del fiscal, primero se ha referido a uno, pero después ha ido agregando que solicitó ‘contrainformes’ a los otros dos juristas de la Oficina del Plan Insular, al director de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Santana –del que ha dicho que no recordaba el apellido-, y al Gobierno de Canarias. “Creo que también le pedí un informe, ahora que lo recuerdo, ya puestos a recordarlos todos”, ha señalado tras referirse a este último. A continuación, el fiscal le ha pedido que aclarara por qué el Cabildo tenía copia de un informe realizado para el Juzgado y por qué se lo fue “pasando” a distintos técnicos, cargos de libre designación y al Gobierno de Canarias. “Porque emana de un área del Cabildo. Y yo no soy jurista ni juez. Y lo veo y como me preocupa, pido informes”, ha respondido.

Además de no recordar el apellido del director de Ordenación del Territorio del Cabildo, San Ginés también ha tenido otros olvidos durante su declaración. Uno de ellos, relativo también a un apellido, el de la jurista de la Oficina del PIOT a la que encargó uno de los ‘contrainformes’, Delia Fernández, que es sobrina de Felipe Fernández Camero, y a la que se ha referido como Delia.

Y tampoco recordaba si él es presidente del Patronato de Espacios Naturales de Lanzarote –“creo recordar que sí, no sé”, “el Cabildo es muy presidencialista” -, ni si como presidente de ése órgano ha adoptado alguna medida contra Stratvs. “No lo recuerdo”, ha respondido. “¿Y desde el Cabildo ha adoptado medidas, mientras ha tenido competencias en el área de Medio Ambiente?”, ha insistido la abogada de la acusación popular, a lo que San Ginés ha respondido con un “tampoco lo recuerdo”.

Además, la misma expresión se ha repetido cuando la letrada le ha preguntado por las instalaciones que vio en Stratvs - que solo tenía autorización para una bodega de 900 metros y la rehabilitación de una casa protegida-, cuando acudió a la fiesta de inauguración: “No recuerdo detalles, pero vi todo lo que nos enseñaron. Vi todo lo que había”.

Lo que sí recordaba es que acudió a la boda de la hija de Juan Francisco Rosa. “Sí, sí. Asistí a la boda de Daniel y de Noelia, con mucho gusto además”, ha respondido a esa pregunta, matizando a continuación que fue la familia del novio quien le invitó. En cuanto a la inauguración de Stratvs, no ha precisado cuánta gente acudió, afirmando que no es “policía local ni especialista en cálculo de personas por metro cuadrado”. Pero sí ha afirmado que “a todos los que estaban allí” les enseñaron las instalaciones, que entre otras cosas incluían una tienda y un restaurante sin ningún tipo de permiso, además de una bodega que superaba con creces lo autorizado por el Gobierno de Canarias.

Cuando se celebró esa fiesta de inauguración, el Ayuntamiento ni siquiera había otorgado aún la licencia de actividad, cuya concesión es lo que se juzga en esta pieza del caso Stratvs. “¿El vino que tomaron era el de la bodega?”, le ha preguntado el fiscal. “Supongo, sí no nos engañaron”, ha respondido San Ginés, lo que evidenciaría que las instalaciones llevaban funcionando incluso desde mucho antes de esa inauguración. Tal como se puso de relieve en la primera jornada del juicio, cabe recordar que a esa fiesta asistieron varios acusados en la causa, que siete meses después de esa inauguración intervinieron en la concesión de la licencia de actividad. Al respecto, tanto la alcaldesa como los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno, y que asistieron a esa fiesta, declararon que cuando más de medio año después otorgaron la licencia de actividad no sabían que la instalación ya estuviera funcionando ni que incluyera también una tienda y un restaurante.



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NotaPublicado: Jue 22 Jun, 2017 3:49 pm 
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NotaPublicado: Vie 23 Jun, 2017 8:15 am 
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La de Joana Macías fue la declaración más intensa y más larga de la mañana en el juicio del caso Stratvs. La jurista de la oficina del Plan Insular de Ordenación del Cabildo declaró durante dos horas y cuarto. Macías fue preguntada por su papel como perito en el procedimiento a petición del Juzgado. Dijo que le tocó a ella hacer el informe, por orden del Director insular del Territorio porque los otros dos juristas debían abstenerse, uno por estar recusado y la otra, Delia Fernández, porque era la sobrina del abogado de Rosa, Felipe Fernández Camero.

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Relató el proceso y aseguró haber recibido presiones en el Cabildo, como una llamada del presidente y después una reunión con el Director insular que le dijo que "las periciales hay que conciliarlas", a lo que ella se negó "porque los problemas los tendría yo". "Firmé y llamé al auxiliar administrativo para que enviara el informe al Juzgado y me dijo que no, que no quería problemas", relató, porque el Director insular había enviado una circular ("la primera y la única") que ordenaba pasarle el informe antes de pasárselo al Juzgado. Finalmente, es ese el dictamen al que el presidente del Cabildo añade que no es la opinión jurídica de la Corporación.

El presidente pidió más contra informes, también a la asesoría jurídica. "El tema es sangrante", señaló Macías, porque, según ella, ni siquiera les había dado tiempo a leerse el informe. Dijo que la asesoría jurídica no sólo son sus superiores jerárquicos "sino que es que la jurista me reconoció que no sabe de derecho urbanístico". Aseguró que tuvo represalias por ese informe porque desde ese día ya no ha hecho más informes y tiene que convivir con "una guardia pretoriana". "Se me ha excluido de las calificaciones territoriales", añadió.

También dijo que hubo represalias contra Leopoldo Díaz, que fue destituido como Jefe de la Oficina, aunque ha ganado en los tribunales en primera instancia porque el cese no estaba motivado, dijo que fue un tema que se vivió "con dolor" y sostuvo que el presidente le ha dejado a Díaz con un sueldo base, quitándole una parte de sus retribuciones con reparos de Intervención.

"En el tema del Plan de La Geria tiene que haber un pensamiento único", dijo Macías. "A raíz de esta pericial me han puesto... si cogen a una persona más débil le entra una depresión como mínimo".

Las conclusiones de Macías en ese informe coinciden con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando el Plan Especial de La Geria. Para la jurista, en caso de contradicción entre el PIO y el Plan de La Geria se debe aplicar la norma de mayor rango. Aseguró que en el segundo Plan de La Geria se inventaron un tipo de suelo, agrario paisajístico "Es un subterfugio, hablando claro", afirmó Macías.

Sobre la concesión de la licencia de actividad a la bodega, Macías señaló, en primer lugar, que en actividades clasificadas, "el urbanismo es un tema troncal, es vital el informe urbanístico". Según ella, cuando se presenta la solicitud de licencia de actividad, la Ley prevé que si no cumple el planeamiento hay que denegar la actividad, porque el emplazamiento es fundamental".

Insistió en que el Gobierno de Canarias dio la autorización contra el planeamiento porque el PIO no permite el uso de bodega industrial en ese suelo. El Gobierno la autorizó el 24 de marzo de 1999 y la nueva ley, por la que ya no podía haberla otorgado porque perdía esas competencias, entró en vigor el 13 de mayo de ese año.

Para Macías, en este caso no puede existir el silencio positivo porque está en un espacio natural protegido "y hay que ver el contexto", porque por silencio "se podía haber autorizado entonces una central nuclear o un depósito de residuos radiactivos". "Cualquier licencia en ese suelo, tanto de actividad como urbanística, requiere de informe de compatibilidad con el PIO, y es preceptivo", dijo, y señaló que como cuando se pidió el permiso para la actividad, la bodega ya estaba construida, había que comprobar qué título habilitaba esa construcción, porque la autorización era para una bodega de sólo 900 metros, no para todo el complejo, y tenían que haber pedido de nuevo otra calificación territorial.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com