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La jornada de mañana de este jueves en el juicio del caso Stratvs fue la del turno de los peritos. Tanto la Fiscalía como las defensas habían renunciado a una gran cantidad de ellos. La primera en declarar fue Elisa Perdomo, técnico de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), que señaló que para poder conceder licencia de actividad hay que comprobar en primer lugar si se ajusta al planeamiento. Este es un uno de los asuntos clave, si se podía o no se podía conceder la licencia de actividad, independientemente de las circunstancias urbanísticas o del proyecto.

Perdomo dijo que en el suelo donde está la bodega, según el Plan Insular, que es por el que se rige el suelo rústico en el municipio de Yaiza, no se permitía esa construcción. "El edificio no puede estar en ese suelo", dijo.

También reveló que un técnico del Gobierno envió por mensajería el procedimiento de la bodega a una persona, que no era la interesada, en este caso Juan Francisco Rosa, que no era el que había hecho la solicitud para el proyecto. Perdomo también señaló que no puede existir silencio positivo si las obras van en contra de la normativa urbanística.

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Luis Pascual, técnico de Medio Ambiente del Cabildo, dijo que la actividad de bodega era incompatible con el lugar donde se ubica y que es indisoluble la actividad del lugar donde se va a desarrollar.

Por su parte, Amada Fontes, arquitecto técnico del Cabildo, declaró que el técnico de actividades clasificadas del Cabildo, Manuel Spínola, imputado en el proceso, le pide que haga un informe urbanístico en el expediente de actividades clasificadas y en él señala que el emplazamiento es "no apto" aunque a continuación refleja que la bodega tiene una autorización del Gobierno de Canarias de 1999.

La técnico de Salud Pública, Marta Betancort, señaló que con su informe no autorizaba favorablemente a que se conceda la licencia de actividad, y dijo que había una autorización provisional de vertidos pero que el informe sanitario sigue siendo negativo.

También declaró la arquitecta municipal, Anabel Díaz, que hizo un informe en 2013 tras una visita de inspección a la bodega. El ex director de la Oficina del PIO, Leopoldo Díaz, afirmó que el PIO contemplaba excepcionalidades para proyectos en suelo rústico pero debían ser proyectos de interés público y que no se pudieran desarrollar en otro tipo de suelo.

La catedrática de Derecho administrativo, Blanca Lozano, declaró a petición de la defensa de Rosa y dijo que como el Plan Insular no se ha adaptado a las determinaciones medioambientales ha perdido vigencia en cuanto a la ordenación de los recursos naturales, por lo que el PIO "no cumple sus funciones de ordenación de los recursos naturales". Según ella el Plan Especial de La Geria aún está vigente y Stratvs no es incompatible con la norma.


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NotaPublicado: Vie 23 Jun, 2017 8:27 am 
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El fiscal Ignacio Stampa concretó el jueves por la tarde la solicitud de condena para el propietario de la bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, para quien solicita un año y seis meses de prisión, así como una inhabilitación de siete años. Tal y como señaló al inicio del juicio, el fiscal modificó la acusación para el empresario y tras la celebración de la vista oral le considera responsable de un delito de tráfico de influencias y de ser inductor de una prevaricación urbanística en la concesión de la licencia de actividad de las instalaciones.

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Por su parte, el abogado del dueño de la bodega, José Antonio Choclán, solicitó este jueves la absolución del empresario e insistió en su postura de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solo puede juzgar a Rosa por tráfico de influencias, al ser el delito que se citaba en el auto de apertura de juicio, un delito que además considera prescrito. Este viernes, junto al resto de defensas, presentará sus conclusiones.

Para el fiscal, que Rosa “ha sido inductor” de la presunta prevaricación en la concesión de la licencia de actividad de la bodega, a pesar de que las instalaciones construidas tenían más volumen construido que el autorizado “es una obviedad”. En su opinión, el empresario logró una resolución del Ayuntamiento de Yaiza, la licencia de actividad en diciembre de 2008, cuando la inauguración se efectuó el mes de mayo anterior, que era “delictiva” y además “un beneficio económico”.

El fiscal también rebatió el argumento sostenido por las defensas y por algún perito en el juicio de “la ocurrencia brillante” de que la bodega Stratvs habría obtenido la licencia de actividad antes de la concesión por la Junta de gobierno municipal de diciembre de 2008 por silencio administrativo positivo. Un argumento, dijo, que no se ha esgrimido hasta la vista oral y que, en cualquier caso, no se ajustaría a la legalidad. “Nunca se puede obtener presuntamente”, por silencio administrativo, “nada que no se pueda obtener de forma expresa”, resaltó el fiscal citando a la jurista del Cabildo Joana Macías.

Stampa vinculó el interés del empresario por obtener la licencia de actividad para las instalaciones porque al estar abierta sin la autorización “no puede tener seguro de responsabilidad civil” ante cualquier incidente en el complejo Stratvs. “Se le da la licencia de actividad cuando la necesita realmente para sus negocios”, apostilló el fiscal.

Además, el fiscal ha destacado la “capacidad de influencia” del empresario sobre el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, sobre el exsecretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y sobre el exconcejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez. Del exalcalde y del exsecretario, el fiscal subrayó que en el caso Yate reconocieron haber prevaricado al conceder las licencias de otros proyectos empresariales de Rosa, como el puerto deportivo Marina Rubicón o los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou. Sobre Reyes, destacó que en 2003 dictó una paralización de las obras “pero es evidente que no se paralizaron” y en cuanto al exsecretario resaltó que “si se prevaricó” con la bodega Stratvs fue porque “o lo instó o lo permitió”, puesto que “sabía que en ese suelo no estaba permitida una bodega”.

Sobre Leonardo Rodríguez se refirió a las conversaciones telefónicas interceptadas y en como en una de ellas el empresario menciona la licencia de actividad “para legalizar aquello de una vez”. “Está pidiendo una ilegalidad y se lo está pidiendo al concejal de Urbanismo, con capacidad de influir en los demás”, recalcó el fiscal. “Cuando vota en la Junta de Gobierno lo hace porque quiere beneficiar a Rosa de forma arbitraria y haciendo de la norma su propio capricho”, añadió.

La Fiscalía también ha precisado en sus conclusiones los presuntos delitos que atribuye a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y al concejal José Antonio ‘Tato’ Rodríguez. A ambos les acusa de prevaricación urbanística por omisión o, de forma alternativa, por prevaricación medioambiental por omisión. El fiscal entiende que eludieron el cierre de las instalaciones, al no culminar los expedientes sancionadores, salvo en el caso del restaurante. “Se cerró el negocio chico, que era el restaurante, y se dejó el negocio grande, que eran la bodega y la tienda”.

Acuña se enfrenta a una petición de pena de tres años y 10 meses de prisión, así como a 18 años de inhabilitación, por la concesión de la licencia de actividad en la Junta de Gobierno municipal y por no haber culminado los expedientes sancionadores a Stratvs, mientras que Rodríguez se enfrenta a una petición de condena de dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación.

En 2013, antes de que se clausuraran todas las instalaciones por orden judicial, “tenían muchísimos datos para saber que la bodega estaba funcionando sin títulos habilitantes”, añadió el fiscal. “La licencia no podía haberse concedido en ningún momento porque era incompatible con el Plan Insular de Ordenación y la alcaldesa sabía que no podía darse licencia de obra ni de actividad”, apostilló.

En sus conclusiones, el fiscal hizo hincapié en que “hay una estrategia común” de los 10 acusados, siete de los cuales no han querido contestar a las preguntas de la Fiscalía. “Todos intentan apartar del juicio a Juan Francisco Rosa, no quieren que esté aquí, no sé qué miedo tienen”, añadió el fiscal Stampa, quien calificó a la bodega Stratvs de “trampantojo”, porque “no es lo que parece”.

Para la Fiscalía, la bodega no solo es “presuntamente tóxica medioambientalmente”, por lo que continúa cerrada por orden judicial, sino que “es tóxica porque ha contaminado la objetividad de las administraciones” y “porque ha atacado a la igualdad entre los ciudadanos de Lanzarote”.

PENAS. El fiscal solicita José Francisco Reyes un año y seis meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para Leonardo Rodríguez un año y 10 meses de prisión, y nueve años de inhabilitación. Para los otros dos concejales que votaron la licencia de actividad, Evaristo Quintana y Juan Lorenzo Tavío, año y medio de prisión y ocho años y medio de inhabilitación.

TÉCNICOS. Para Vicente Bartolomé Fuentes el fiscal pide un año y nueve meses de prisión, y nueve de inhabilitación. Para el técnico municipal y para el técnico del Cabildo de actividades clasificadas, la Fiscalía solicita una multa y la inhabilitación para cargo público relacionado con el presunto delito por tiempo de nueve años.

NEGRÍN. El abogado de la familia Negrín, que interviene como acusación al denunciar la usurpación de sus terrenos, aseguró en sus conclusiones que “Rosa no ha aportado en este procedimiento que es titular de ni un solo metro cuadrado” y agregó que, en el registro, “se ha escondido la bodega en otra parcela” cercana
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a ocho de las diez personas que se sentaron en el banquillo de los acusados en el primer juicio del caso Stratvs. Entre los condenados se encuentra la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, mientras que el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, ha resultado absuelto del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba en este primer juicio. No obstante, el empresario aún debe enfrentarse al juicio por la pieza principal de la causa, en la que está acusado de delitos contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio y de estafa, entre otros.

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En la pieza separada que tuvo que juzgar el TSJC por el aforamiento de Gladys Acuña, se dirimían solo los hechos relacionados con la intervención de la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria regional, bajo cuyo mandato se otorgó a Stratvs la licencia de actividad. Ahora, el Tribunal concluye que ese permiso se otorgó pese a que tanto ella como el resto de miembros de la Junta de Gobierno eran conscientes de su ilegalidad.

En el caso de Acuña, el Tribunal le condena por un delito contra la ordenación del territorio y por otro de prevaricación, en este segundo caso por omisión, imponiéndole en total 14 años de inhabilitación, así como el pago de una multa de 10.800 euros. Para el resto de los miembros que componían entonces la Junta de Gobierno, Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, la sentencia les condena a 7 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo de concejal, además de al pago de una multa, de 5.400 euros en el caso de Tavío y García, y de 10.800 en el de Rodríguez.

Junto a Rosa, el único acusado que ha resultado absuelto es el técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola Perdomo. Por su parte, el técnico de Yaiza Andrés Morales ha sido condenado a siete años de inhabilitación y 5.400 euros de multa como cooperador necesario de un delito de prevaricación, y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, ha sumado en esta causa una nueva condena por dos delitos, uno de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. En total, el fallo le impone 14 años de inhabilitación y 5.400 euros de multa.

Los otros dos condenados son el ex alcalde, José Francisco Reyes, con quien se inició el expediente para otorgar la licencia de actividad a Stratvs, y el concejal José Antonio Rodríguez. Ambos han sido condenados a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, aunque en el caso de Tato Rodríguez por omisión. Y es que al igual que en el caso de Acuña, la sentencia considera que debió adoptar medidas contra la bodega y el resto de instalaciones del macrocomplejo Stratvs, ya que era conocedor de su ilegalidad.

La sentencia, contra la que aún cabe recurso, se ha emitido con el voto particular de uno de los tres magistrados que componen la Sala de lo Penal del TSJC, Antonio Doreste, que abogó por absolver a todos los acusados.

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NotaPublicado: Lun 29 Ene, 2018 3:53 pm 
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NotaPublicado: Mié 31 Ene, 2018 4:52 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com