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Según La Voz de Lanzarote:

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas ha confirmado que el convenio que permitió ocupar una zona verde pública para instalar el Kikoland fue “nulo de pleno derecho”. Así, ha rechazado el recurso que presentó Juan Francisco Rosa, a través de la entidad Princesa Yaiza SA, contra el acuerdo del Ayuntamiento que anuló ese convenio en diciembre de 2016.

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El convenio fue aprobado en 2004, bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, y previamente no se realizó ningún tipo de trámite administrativo. “No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo”, señala la sentencia que desestima el recurso de Rosa, condenándole además a pagar las costas procesales generadas.

En virtud de ese acuerdo, el Consistorio cedió gratuitamente tres parcelas de 30.000 metros cuadrados durante 50 años, sin siquiera establecer el pago de un canon. Una de esas parcelas está ocupada por el Kikoland y otra por un minigolf del hotel Playa Dorada, mientras que a la tercera, ubicada entre el Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, aún no se le ha dado aún ningún uso.

Una década después, el Ayuntamiento de Yaiza comenzó a estudiar la ocupación de ésta y otras zonas verdes de Playa Blanca, que debían haber sido espacios públicos y están ocupadas por instalaciones privadas. Finalmente, en diciembre de 2016 se llevó a Pleno la anulación de este convenio, en base a un dictamen del Consejo Consultivo que concluyó que su aprobación fue “nula de pleno derecho”.

Fue entonces cuando Juan Francisco Rosa acudió a los tribunales pidiendo que se anulara ese acuerdo. Sin embargo, su pretensión ha sido rechazada por el Juzgado, con una sentencia contra la que aún cabe recurso y que avala la decisión adoptada por el Consistorio.

"No existe plazo de prescripción para la revisión del acuerdo plenario de 2004, dada su afectación al interés general, por referirse a viales, zonas verdes y otros terrenos objetos de cesión", subraya la sentencia, respondiendo así a uno de los argumentos de la defensa de Rosa. Así, insiste en que "la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho se puede realizar en cualquier momento", dado que está destinada a resolver situaciones "particularmente graves y evidentes", como considera que ocurre en este caso.

“La parte recurrente realiza una profusa argumentación sobre los efectos colaterales de la declaración de nulidad del convenio y las posibles responsabilidades económicas de la Administración, pero nada de ella sirve para justificar su principal pretensión, que es la declaración de nulidad del acuerdo”, concluye el Juzgado en su fallo, en el que apunta que si la empresa pretende reclamar “responsabilidades patrimoniales” al Ayuntamiento, deberá resolverse en otro procedimiento, aunque subraya que hasta el momento ni siquiera han sido solicitadas.

Lo que sí hay abierta por estos mismos hechos es una causa penal, a raíz de la querella presentada el pasado año por el grupo Podemos en el Cabildo contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el que era secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, además de las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa, que fue con la que se firmó el convenio y que después fue absorbida por Hotel Princesa Yaiza SA.

Tras analizar el contenido de esa querella, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ya acordó abrir diligencias el pasado mes de diciembre, para investigar la ocupación de zonas verdes que debían haber sido públicas.

En cuanto a la sentencia que acaba de dictar el Juzgado rechazando el recurso de Rosa, también reproduce buena parte del contundente dictamen que realizó el Consejo Consultivo a petición del Consistorio de Yaiza, que encargó un informe antes de llevar a Pleno la anulación del convenio. Ese dictamen, por un lado, concluía que el acuerdo se aprobó en su día con una “omisión absoluta del procedimiento”, ya que ni siquiera se elaboró un informe de Secretaría o de la Oficina Técnica valorando la legalidad del acuerdo. Pero además, advertía de que se le otorgaron derechos a la empresa “sin reunir los requisitos esenciales para ello”.

Entre los numerosos motivos de nulidad de ese convenio, los informes jurídicos cuestionaban que se incluyera además una cláusula permitiendo prorrogar la cesión más allá de los 50 años previstos inicialmente. Para ello, el acuerdo señalaba que se convocaría un concurso público, aunque a la vez establecía un trato preferente para la empresa administrada por Rosa, a la que se le otorgaba el derecho de tanteo. De esta forma, aunque hubiera una oferta mejor, la empresa tendría derecho a igualarla y quedarse con la concesión.

Según el informe del Consultivo, esa cláusula “no tiene amparo alguno ni en la normativa que rige las concesiones demaniales ni en las normas que rigen la contratación pública”. Y lo mismo señalaba de la adjudicación inicial aprobada en 2004 en virtud de este convenio. Al respecto, el dictamen avalaba el informe jurídico que ya había elaborado el Consistorio, que señalaba que permitir “a una empresa privada la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico”.

Además, el convenio también establecía que "finalizado el plazo de explotación y, en su caso, de las prórrogas", el Ayuntamiento se haría cargo del personal que hubiera contratado la empresa para trabajar en esas instalaciones, "con sus retribuciones, antigüedad y los restantes derechos que tuvieran reconocidos". Con esta cláusula, el Consejo Consultivo señalaba que también se vulneró "la normativa de acceso a la función pública", ya que suponía un compromiso de asumir trabajadores por parte del Ayuntamiento.

A cambio, el supuesto beneficio para el Consistorio era que la empresa retiraría el pleito que había emprendido en los tribunales, reclamando supuestos derechos sobre ese suelo. Sin embargo, aunque adquirió las parcelas en una subasta en el año 1998, lo cierto es que esas parcelas ya habían sido previamente cedidas al Consistorio, al aprobarse el desarrollo de ese Plan Parcial, dentro de las compensaciones obligatorias que debía recibir para viales y zonas verdes.

"Lo único que la mercantil podía convenir con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias", señala al respecto el Consejo Consultivo, que deja claro que no cabía ningún otro tipo de acuerdo ni convenio.


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NotaPublicado: Mié 04 Jul, 2018 4:49 pm 
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NotaPublicado: Dom 13 Ene, 2019 10:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso presentado por Hotel Princesa Yaiza S.A. y ha ratificado la sentencia que confirmó que fue ilegal ceder suelo del Ayuntamiento de forma gratuita a esta empresa para construir el Kikoland, que se instaló en lo que debería ser una zona verde de uso público. La nueva sentencia, fechada el pasado 18 de diciembre, impone además a la empresa propiedad de Juan Francisco Rosa el pago de las costas generadas con este nuevo recurso.

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En su fallo, el Supremo señala que los razonamientos de la sentencia recurrida, dictada en abril de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, “son impecables y se bastan por sí solos para desestimar el recurso”, concluyendo que declarar “nulo de pleno derecho” el convenio firmado en su día por José Francisco Reyes es una “solución justa del caso”.

Fue el propio Ayuntamiento de Yaiza quien decidió revisar ese convenio después de que un informe alertara de la ocupación de zonas verdes públicas de Playa Blanca por empresas privadas. Finalmente, dos años después de la emisión de ese informe y tras pedir un dictamen al Consejo Consultivo, en diciembre de 2016 el Consistorio aprobó el Pleno declarar nulo ese convenio, entre otras cosas porque se firmó sin contar con un solo informe jurídico ni técnico y sin tramitar ningún tipo de expediente. Tras la decisión del Ayuntamiento, Rosa acudió a los Tribunales, que ahora han vuelto a rechazar por segunda vez y ya de manera firme sus pretensiones.

“El recurso de apelación pretende mediante argumentaciones reiteradas y amplias llegar a la conclusión de que es beneficioso para el orden público que su representada haga uso privado de unos bienes públicos, sin ser necesario para adquirir ese derecho ningún tipo de procedimiento administrativo de fiscalización, técnico, jurídico ni de ningún tipo”, señalaba el Ayuntamiento en su escrito oponiéndose al recurso de Rosa, que también es “compartido” por la Sala del Supremo.

En virtud de ese acuerdo aprobado en el año 2004, el Consistorio cedió gratuitamente tres parcelas de 30.000 metros cuadrados durante 50 años, sin siquiera establecer el pago de un canon. Una de esas parcelas está ocupada por el Kikoland y otra por un minigolf del hotel Playa Dorada, mientras que a la tercera, ubicada entre el Princesa Yaiza y el centro comercial Papagayo, aún no se le ha dado ningún uso.

“No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo”, señalaba la sentencia de primera instancia, que es reproducida íntegramente por el Supremo. Además, ese fallo calificaba como “particularmente graves y evidentes” los hechos, señalando así que no había plazo de prescripción para revisar ese acuerdo, como sostenía Rosa.

“La parte recurrente realiza una profusa argumentación sobre los efectos colaterales de la declaración de nulidad del convenio y las posibles responsabilidades económicas de la Administración, pero nada de ella sirve para justificar su principal pretensión, que es la declaración de nulidad del acuerdo”, señalaba también la sentencia que ha ratificado el Supremo.

Además, el fallo vuelve a reproducir también buena parte del dictamen que emitió el Consejo Consultivo a petición del Ayuntamiento de Yaiza, que encargó un informe antes de llevar a Pleno la anulación del convenio. Ese dictamen, por un lado, concluía que el acuerdo se aprobó en su día con una “omisión absoluta del procedimiento”, ya que ni siquiera se elaboró un informe de Secretaría o de la Oficina Técnica valorando la legalidad del acuerdo. Pero además, advertía de que se le otorgaron derechos a la empresa “sin reunir los requisitos esenciales para ello”.

Entre los numerosos motivos de nulidad de ese convenio, los informes jurídicos cuestionaban que se hubiera incluido una cláusula permitiendo prorrogar la cesión más allá de los 50 años previstos inicialmente, estableciendo además que en ese momento se daría un trato preferente a la empresa de Rosa si se sacaba a concurso.

Del mismo modo, concluía que permitir “a una empresa privada la utilización privativa de zonas verdes públicas vulnera el ordenamiento jurídico”. Además, también señalaba que se “vulneró la normativa de acceso a la función pública” con otra cláusula del convenio, que establecía que "finalizado el plazo de explotación y, en su caso, de las prórrogas", el Ayuntamiento se haría cargo del personal que hubiera contratado la empresa para trabajar en esas instalaciones, "con sus retribuciones, antigüedad y los restantes derechos que tuvieran reconocidos", aceptando así un compromiso de asumir trabajadores por parte del Ayuntamiento.

Además de esta vía administrativa, por la que ya ha sido anulado el convenio y Rosa debería abandonar esos terrenos, también hay abierta por estos hechos una causa penal, a raíz de la querella presentada en el año 2017 por el grupo Podemos en el Cabildo contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el que era secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y los empresarios Juan Francisco Rosa y Juan Luis Lorenzo, además de las empresas Hotel Princesa Yaiza, Salmepa y Getsu No Denwa, que fue con la que se firmó el convenio y que después fue absorbida por Hotel Princesa Yaiza SA.

Tras analizar el contenido de esa querella, el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ya acordó abrir diligencias hace un año, para investigar la ocupación de zonas verdes que debían haber sido públicas.


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NotaPublicado: Mié 11 Dic, 2019 7:35 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa y el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, vuelven a estar imputados juntos en una causa penal. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife les ha citado a declarar el próximo 13 de febrero, dentro de la investigación abierta hace dos años por la ocupación de zonas verdes que pertenecían al Ayuntamiento en Playa Blanca, y donde hoy hay instalaciones privadas como el Kikoland.

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La querella fue presentada en 2017 por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados en el procedimiento como acusación popular. En diciembre de ese año el juez Ricardo Fiestras decidió admitir a trámite la querella y desde entonces se han practicado distintas diligencias, aunque hasta ahora no se había tomado declaración a los investigados.

Ahora, junto a Reyes y Rosa el juez ha citado en calidad de investigado al empresario Juan Luis Lorenzo. En cuanto a la cuarta persona contra la que se dirigía la querella, el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, el Juzgado ha pedido a los denunciantes que aporten un nuevo domicilio para poder trasladarle también la citación. Al igual que el ex alcalde, Bartolomé Fuentes también tiene ya otras condenas a sus espaldas por delitos urbanísticos que beneficiaron a Juan Francisco Rosa. La última fue dentro del caso Yate, en el que confesó haber incurrido en delitos de prevaricación al informar a favor de licencias a sabiendas de su ilegalidad.

Aunque Rosa no ha prestado todavía declaración en la causa sí se había personado en las diligencias e incluso ha presentado recursos pidiendo su archivo. Sin embargo, sus pretensiones han sido rechazadas tanto por el juez instructor como por el Ministerio Fiscal, que considera que hay indicios para seguir investigando e incluso para determinar si hay más personas a las que “pueda exigirse responsabilidad criminal”.

Así lo señala la Fiscalía en el escrito en el que se opone al último intento de la defensa de Juan Francisco Rosa, que pidió que se anulara el auto del juez por el que amplió el plazo previsto de instrucción, tras declarar compleja la causa. Al respecto, la fiscal subraya que lo que se investiga es “una pluralidad de delitos contra la administración pública”, que hay “numerosa documentación” a examinar y que aún es preciso realizar nuevas diligencias “que no han podido practicarse en el plazo transcurrido”. Además, señala que las cuestiones formales a las que se aferra la defensa para intentar anular ese auto “no afectan en modo alguno a su validez”.

Del mismo modo, la Fiscalía también ha pedido que se rechace el otro recurso presentado por Rosa y dos de sus empresas, Princesa Yaiza y BTL Lanzarote. Con él pretenden que se anule otro auto del juez instructor dictado el pasado 19 de junio, por el que rechazó su petición de que se sobreseyera la causa.

Para su defensa en este procedimiento, Juan Francisco Rosa ha vuelto a recurrir al abogado madrileño José Antonio Choclán Montalvo, que es quien le representa en el caso Stratvs. Choclán, que hace unos meses también fue contratado por Fernando Clavijo para su defensa en el caso Grúas, fue magistrado de la Audiencia Nacional y tras dejar la judicatura ha intervenido como abogado en algunas de las principales causas de corrupción abiertas en España.

Los hechos que se investigan en esta causa se centran las ilegalidades que marcaron el desarrollo del Plan Parcial Costa Papagayo, que se inició a finales de los años 80, y en el convenio que firmó después el entonces alcalde, José Francisco Reyes, con Getsu no Denwa, S.L. y Salmepa, S.L. En virtud de ese convenio rubricado en 2004, se permitió a estas empresas ocupar durante 50 años y sin pagar siquiera un canon tres parcelas de 30.000 metros cuadrados que correspondían al Ayuntamiento. Así, en lo que debían haber sido zonas verdes públicas se instaló entre otras cosas el Kikoland, un espacio privado de ocio infantil y deportivo vinculado al hotel Princesa Yaiza y propiedad también de Juan Francisco Rosa.

La ilegalidad de ese convenio ya ha sido confirmada por los tribunales en la vía contencioso administrativa, con dos sentencias que han rechazado los recursos de Rosa y han avalado la decisión adoptada por el Ayuntamiento hace tres años, cuando declaró nulo ese convenio. “No es solo la ausencia de informes jurídicos, técnicos o de fiscalización, sino del más mínimo trámite para la consecución del acuerdo”, señalaba la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Las Palmas en abril de 2018, que fue ratificada por el TSJC el pasado mes de enero y que calificaba este caso de “particularmente grave y evidente".

Ahora, a raíz de la querella presentada por los ex consejeros de Podemos, paralelamente se depurarán también responsabilidades penales. “Estamos ante uno de los mayores casos de corrupción urbanística que ha sufrido la isla en las últimas décadas, con un perjuicio económico incalculable para las arcas del Ayuntamiento de Yaiza, que ha permitido la explotación privada de unos suelos públicos que debían haberse destinado a zonas verdes, dotaciones deportivas o viales”, denunció al presentar esa querella el que era portavoz de Podemos, Carlos Meca.

El Consistorio ha regalado a unos empresarios millones de euros que debían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Yaiza y lo peor es que ese fraude se sigue cometiendo a día de hoy, pues las instalaciones del Kikoland siguen funcionando y generando cuantiosos ingresos a Juan Francisco Rosa”, añadió entonces. Dos años después, esa situación se mantiene, a la espera de que culmine el proceso administrativo iniciado por el Ayuntamiento en 2016 para recuperar ese suelo.


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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2020 4:01 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El pleno del Ayuntamiento de Yaiza ha aprobado este jueves el desahucio de tres zonas verdes públicas ocupadas de forma ilegal en la urbanización Costa Papagayo de Playa Blanca, dos de ellas por parte de la empresa Hotel Princesa Yaiza, del promotor Juan Francisco Rosa.

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En concreto, el Ayuntamiento ha instado al desalojo “en el plazo de ocho días” de tres parcelas municipales que suman, en conjunto, 31.887 metros cuadrados, que se habían apropiado entre Rosa y la empresa Infond, del grupo hotelero Hesperia.

De esta manera, Rosa tiene que desalojar los 10.125 metros cuadrados de suelo público sobre los que construyó el centro de ocio denominado Kikoland, una zona verde pública que ha venido siendo utilizada “privativamente”, sin ningún tipo de concesión legal que lo avalase.

También tendrá que entregar otra parcela, de 12.012 metros cuadrados, que también es una zona verde municipal y se encuentra entre el Hotel Princesa Yaiza, declarado ilegal por los tribunales, y el centro comercial Papagayo.

En cuanto a la empresa vinculada al grupo hotelero Hesperia, tendrá que desalojar otra zona verde pública de 9.750 metros cuadrados, que había ocupado de forma ilegal y en la que llegó a habilitar un campo de golf.

En el acuerdo aprobado este jueves en el pleno del Ayuntamiento sureño, avalado por todos los partidos políticos menos por el PP, que se abstuvo, se recalca que correrán a cargo de las empresas que han ocupado ilegalmente las zonas verdes “los gastos que se originen como consecuencia del desalojo, en los supuestos en que no sea voluntaria la entrega”.

Además, el Ayuntamiento de Yaiza recalca en su acuerdo que “los bienes que se encuentren en el interior” de las zonas verdes ocupadas, “a la fecha del lanzamiento, de no proceder al desalojo voluntario, se entenderán abandonados a todos los efectos”.

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El Ayuntamiento de Yaiza lleva desde hace siete años tratando de recuperar las zonas verdes públicas usurpadas por empresas privadas en el sur de la Isla. En julio de 2013, un informe encargado por el Consistorio, con Gladys Acuña en la alcaldía, determinó una serie de espacios de titularidad municipal que estaban siendo explotados de forma ilegal, sin concesión.

En diciembre de 2016, el Ayuntamiento declaró nulo el convenio que había avalado el pleno en abril de 2004, con José Francisco Reyes como alcalde, que cedió a una empresa, denominada Getsu Non Denwa, de forma gratuita y por 50 años, las tres parcelas municipales sobre las que ahora se ha instado su desalojo inmediato.

Tras el recurso de Rosa, el Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas de Gran Canaria dio la razón al Ayuntamiento de Yaiza en abril de 2018. En su sentencia, el Juzgado dejó claro que el convenio carecía de “amparo jurídico” y destacó su “afectación al interés general” al tratarse de zonas verdes públicas.

El Tribunal Supremo falló también el pasado mes de enero a favor del Ayuntamiento de Yaiza, que inició entonces el proceso de desahucio para recuperar el espacio público. En febrero, el alcalde Óscar Noda impulsó el procedimiento de desahucio, por el que las empresas no tendrán “derecho a indemnización alguna”.


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NotaPublicado: Jue 02 Jul, 2020 4:01 pm 
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NotaPublicado: Mié 22 Jul, 2020 4:07 pm 
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NotaPublicado: Jue 29 Oct, 2020 7:08 pm 
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El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha acordado citar a declarar en calidad de investigados a todos los concejales que formaban parte del grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento Yaiza en el año 2004, cuando aprobaron un convenio por el que el Consistorio cedió 30.000 metros cuadrados de suelo público gratis. Entre otras cosas, Juan Francisco Rosa instaló en ese suelo el Kikoland, convirtiendo lo que debía ser una zona verde de uso público en un negocio privado con actividades de ocio vinculadas a uno de sus hoteles ilegales, el Princesa Yaiza. Y todo ello sin pagar siquiera ningún tipo de canon al Ayuntamiento por esa ocupación.

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En esta causa estaban ya imputados (lo que ahora se denomina investigados) el ex alcalde, José Francisco Reyes, el propio Juan Francisco Rosa y el también empresario Juan Luis Lorenzo. Sin embargo, más de dos años después de comenzar la instrucción, la Fiscalía pidió hace unos meses citar a todos los demás concejales de CC, ya que el convenio se aprobó en el Pleno con sus votos favorables, pese a que no estaba avalado por ningún informe, por lo que entiende que también pudieron incurrir en responsabilidades penales.

“Procédase a practicar las pruebas solicitadas”, ordena el juez Jerónimo Alonso en una providencia de respuesta al escrito de la Fiscalía. En ese escrito, la fiscal Celia María Asensio también solicitaba otras nuevas diligencias para avanzar en la investigación de esta causa, que se inició a raíz de una querella presentada en 2017 por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados como acusación popular.

Respecto a los ediles de CC, la fiscal pedía expresamente la citación de Narcisa Peña, José Antonio Rodríguez (condenado ya por prevaricación junto a Reyes en el caso Stratvs), Pedro Viñoly, Ángel Domínguez (actual teniente alcalde de Yaiza) y José Antonio Lemes. Además, solicitaba que se enviara un requerimiento a la Secretaría del Ayuntamiento de Yaiza para que identificara al séptimo edil de CC, ya que un certificado del Ayuntamiento indica que el convenio se aprobó con el voto a favor de los siete concejales de Coalición Canaria, pero en otro aparecen solo esos seis nombres. En ese mandato que se inició en 2002, la séptima edil de CC en Yaiza era María Asunción Santana, y lo que ahora deberá certificar el Ayuntamiento es si asistió a ese Pleno y si también votó a favor del convenio.

Aunque el magistrado ya ordenó que se practicara esta diligencia solicitada por la Fiscalía, hasta el momento no se le ha puesto fecha, aunque el Juzgado ya se ha dirigido al Ayuntamiento para pedir la dirección de estos ediles y ex ediles, para poder enviarles la notificación.

Mientras tanto, casi tres años después de iniciarse la instrucción, tampoco han declarado aún las personas que ya figuraban como investigadas. Inicialmente habían sido citadas para el pasado mes de febrero, pero las declaraciones se suspendieron y tras estallar el estado de alarma, no se les había vuelto a poner fecha. Después, el pasado mes de agosto se fijaron para este mes de octubre, pero finalmente también han vuelto a retrasarse y aún no se ha establecido un nuevo día.

Fue el abogado de Rosa, José Antonio Choclán Montalvo -que ha representado a acusados en las principales causas de corrupción abiertas en España-, quien solicitó que se suspendieran las declaraciones, alegando que le coincidían con señalamientos de otros clientes. Uno de ellos era una declaración dentro del caso Banco Popular, en el que representa al ex presidente de la entidad, Ángel Ron Güimil, investigado por manipular la contabilidad del banco para ocultar su quiebra, además de otros delitos.

“Se accede a lo solicitado por motivos de agenda y falta de disposición de medios técnicos para su grabación con respecto a las declaraciones del día 22”, respondió finalmente el Juzgado en una diligencia fechada el pasado 7 de octubre. Sin embargo, el juez sí mantuvo las que están fijadas para este jueves 29 de octubre, en este caso de testigos. De esta forma, no atendió la petición de Choclán Montalvo, indicándole que si no puede acudir puede ser “sustituido por otro compañero de despacho” o asistir por vía telemática.

Así, a la espera de que se fije una nueva fecha para las declaraciones que se suspendieron de la pasada semana y para los nuevos investigados, este jueves sí están citadas dos personas que la Fiscalía había pedido que comparecieran como testigos, ya que en 2004 representaban a la oposición en el municipio y votaron en contra de ese convenio. Uno de ellos es el que era entonces portavoz del PSOE en Yaiza, Marcial Valiente, y el otro el portavoz del PP, José Carlos Rojas. Además, también está pendiente la declaración como testigo de la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que en 2004 estaba en la oposición y era la portavoz del PIL. Después, tras llegar a la Alcaldía fundó Unidos por Yaiza junto a algunos ex concejales de CC, incluyendo a José Antonio Rodríguez. Este ex edil, que ahora volverá a ser citado en esta nueva causa, ya fue condenado junto a Gladys Acuña, Reyes y otros tres concejales en el caso Stratvs, también por dictar resoluciones a sabiendas de su ilegalidad en beneficio de Juan Francisco Rosa.

Con la declaración de los tres testigos, que en su día encabezaron la oposición a José Francisco Reyes, la Fiscalía quiere que expliquen “las circunstancias en las que fueron aprobados los acuerdos del 2 de abril de 2004 en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza”, donde todos ellos votaron en contra de ese convenio, que solo fue respaldado por CC. Además, también quiere preguntarles por otro acuerdo posterior con Salmepa, del año 2006, que en este caso fue aprobado por CC en la Junta de Gobierno y sin pasar por el Pleno.


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NotaPublicado: Mar 16 Mar, 2021 4:27 pm 
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Vio “un problema” que “amenazaba” el Plan Parcial Costa Papagayo, y decidió que el “problema” debía pasar a ser él. Así se podría resumir buena parte de la declaración que el pasado 19 de febrero prestó Juan Francisco Rosa en los Juzgados, como imputado por la ocupación de una zona verde pública con el Kikoland. La situación de esa parcela ya fue calificada como “kafkiana” hace casi diez años por el redactor del Plan General de Yaiza, Jorge Coderch, pero a la luz de lo que está arrojando esta causa penal, se quedó corto.

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Lo que se investiga en este procedimiento es un convenio firmado en 2004, por el que el Ayuntamiento cedió suelo público gratis a Rosa durante 50 años, prorrogables por otros 50. Sin embargo, en su declaración, el empresario se centró en situar el origen mucho más atrás, para defender por qué el Consistorio firmó ese convenio -sin ningún tipo de informe técnico ni jurídico-, e incluso para asegurar que él podía haber reclamado “mucho más”. “La propiedad era mía”, sostuvo en su declaración, pese a que se trataba de suelo municipal destinado a zonas verdes públicas.

El origen de su versión está en el desarrollo de ese Plan Parcial -“surrealismo urbanístico”, según Coderch- y en el oscuro papel que jugó el Ayuntamiento de Yaiza. En su declaración, Rosa culpó a la “mala gestión” del Consistorio de entonces, por no haber registrado correctamente las zonas verdes y los viales que le correspondían cuando se empezó a desarrollar el Plan en los años 70. Pero en definitiva, lo que acabó admitiendo es que él se terminó beneficiando de esa situación irregular.

El reparto sí había llegado a hacerse y se definió la edificabilidad que correspondía a cada empresario y a cada parcela -incluida la suya-, y también cuál era el suelo público en el plan. Sin embargo, el terreno que había quedado como propiedad municipal terminó pasando por varias manos, hasta acabar en las de Rosa. Según él, se vio “obligado” a hacerlo. “Estaba dispuesto a gastarme lo que fuera”, “yo estaba comprando una solución”, declaró en los Juzgados.

El primer paso -de difícil explicación, dado que por el uso que tenía ese suelo no debió ser susceptible de compraventas-, se produjo cuando la Seguridad Social embargó los 260.000 metros cuadrados del Ayuntamiento, por una deuda que mantenía el Consistorio. Después, los sacó a subasta a finales de los 90 y el terreno terminó en manos privadas, pese a que estaba destinado a viales y zonas verdes,

Los compradores, constituidos en la sociedad Getsu No Denwa, pagaron 10 millones de pesetas de entonces (unos 60.000 euros), cuando una parcela urbana en esa zona hubiera costado unas 60 veces más. Sin embargo, lo primero que hicieron tras la compra fue reclamar supuestos derechos de edificabilidad, presentando incluso una demanda contra el Ayuntamiento en los tribunales. “Aquello no valía nada”, reconoció Rosa ante el juez.

En su declaración, el empresario repitió varias veces que él no tuvo nada que ver con esa compra inicial a la que insistió en remitirse. En realidad, en ningún momento le preguntaron si había estado detrás de esa operación -que no es lo que se investiga-, pero Rosa sí quiso subrayar una y otra vez que no. “Yo no fui a la subasta, ni compré, ni nada parecido. De la subasta creo que ni me enteré”, aseguró en varias ocasiones, en unas respuestas que se extendían mucho más allá de lo que se le estaba preguntando por parte de la abogada de la acusación, ejercida por Carlos Meca, Griselda Martínez y Pablo Ramírez.

Según Rosa, el suelo lo compraron “unos señores de Las Palmas”. “Eran abogados, eran notarios, eran ingenieros, era gente importante que sabía lo que estaba haciendo”, añadió. Según su versión, la primera noticia que tuvo de la compra de ese suelo, que después terminó en sus manos, fue cuando “un buen día vienen unos técnicos de Las Palmas y nos ponen delante de todas las parcelas unos mojones por todos lados”.

En ese momento, Juan Francisco Rosa acababa de iniciar la construcción del hotel Princesa Yaiza y a ambos lados de su terreno se encontraban estas parcelas, que debían haber sido zonas verdes públicas, y que terminaron albergando unas instalaciones privadas que complementan los servicios de su hotel, con zonas infantiles, de ocio y deporte.

“Yo les pregunté a aquellos chicos por qué estaban poniendo esas piedras ahí, y me dijeron que les mandaba una sociedad de Las Palmas, porque había comprado los terrenos a la Seguridad Social. A mí eso me pareció tan raro... Yo sabía que aquello eran vías públicas, zonas verdes”, admitió. Según su declaración, solo “tres o cuatro horas después”, uno de esos “señores de Las Palmas”, con los que asegura que no había tenido relación anteriormente, le llamó por teléfono. “Me dijo: Nosotros somos los dueños de esos terrenos. Hemos comprado 260.000 metros del resto de una finca matriz”.

“Yo me preocupé mucho”, aseguró Rosa, que explicó que su primera reacción fue acudir personalmente al Ayuntamiento de Yaiza. Allí no aclaró con quién se reunió, alegando que no lo recordaba, pero sin embargo sí relató palabra por palabra aquella supuesta conversación. “¿Sabes una cosa, Juan Francisco? Tienen derecho a lo que están diciendo”, aseguró que le dijeron en el Consistorio, que en realidad nunca accedió a esas pretensiones y en los tribunales defendió justo lo contrario, en un pleito que finalmente fue retirado por los demandantes.

Según Rosa, estos empresarios planteaban que debían ser tratados como unos propietarios más del Plan Parcial, y que había que retrotraerse a casi tres décadas antes, anular todas las licencias otorgadas hasta entonces, crear una junta de compensación y volver a hacer el reparto de edificabilidad entre todas las parcelas, aportando cada propietario un porcentaje de zonas públicas.

“Eso me preocupó un montón, porque los vi como amenazando, ellos realmente lo que querían era hacer un negocio”, declaró Rosa. Después, según sus propias palabras, fue él quien compró esa sociedad y se terminó poniendo “en la posición de los señores de Las Palmas”.

No aclaró por qué accedieron a vendérsela -si según él tenían unos derechos de edificabilidad millonarios-, pero el caso que es Rosa les compró la sociedad Getsu No Denwa, que solo tenía esa parcela como único activo. Aseguró que lo hizo porque se vio “obligado”, porque se veía “en un lío tremendo” que podía afectar a su proyecto y al del resto de hoteleros del Plan. Pero nada más comprarla, empezó a exigir al Ayuntamiento “exactamente lo mismo” que exigían ellos.

Sorprendentemente, cuando la abogada de la acusación popular le preguntó por lo que esa pretensión hubiera afectado a su propia parcela del Princesa Yaiza, y a la edificabilidad que le correspondía ahí -que era sobre lo que giraba toda la historia que defendió en el Juzgado-, Rosa pasó a negar la mayor. “Usted está confundida. ¿Qué tiene que ver la parcela del Princesa Yaiza con eso?”, le replicó a la letrada.

“Le ofrecí al Ayuntamiento buscar un acuerdo, porque yo tenía derecho a esa edificabilidad que aquellos señores anteriores reclamaban. A mí me pertenecía un tercio de la edificabilidad, y ahí estábamos hablando de mucho dinero, porque tenía derecho”, sostuvo.

“Pero usted sabía que era una zona verde. ¿Usted sabe que una zona verde tiene cero edificabilidad?”, le planteó la abogada de la acusación, Nora Ferrer, recordándole lo que él mismo había dicho unos minutos antes. Y es que en su declaración, el propio Rosa dijo que le “sorprendió” la compra inicial de ese suelo en la subasta, porque “aquello no valía nada” y “lo único que quedaban eran calles, zonas verdes, una parcela educativa y una parcela sanitaria”.

Respecto a cuánto pagó él por ese terreno, la abogada de la acusación apuntó a un precio de 35 pesetas por metro cuadrado, que equivaldría a poco más de 9 millones de pesetas. Es decir, que los empresarios se la habrían vendido por una cifra similar o incluso inferior a la que habían pagado en la subasta, aunque Rosa no lo confirmó ni desmintió, afirmando que no “recordaba” el precio que pagó por metro. Lo que sí dijo es que en la subasta se vendió por 10 millones de pesetas, cuando él había pagado 600 millones por una parcela urbana en esa misma zona, la del Princesa Yaiza. “¿No le sorprendió?”, insistió la letrada. “¿Y qué tengo yo que ver con eso? Eso es un problema que a mí no me atañe. Como si se lo hubiesen regalado a esos señores. Mire, ¿y por qué no fue el Ayuntamiento a la subasta en esa época a comprar esos terrenos?”, respondió con tono desafiante, ante lo que fue interrumpido tanto por la abogada como por el magistrado, que le recordaron que no era él quien hacía las preguntas.

Según su testimonio, antes de comprar la sociedad llamó al resto de empresarios del Plan Parcial. “Les dije que teníamos que buscar una solución, pero la mayoría dijeron: No, no, no, no. Nosotros tenemos nuestra licencia, tenemos nuestra parcela, y yo no voy a participar en ninguna cosa de estas raras. No lo voy a hacer. Que hagan lo que quieran”.

Sin embargo, Juan Francisco Rosa sí se metió de lleno.“A mí me preocupaba porque yo estaba con la construcción de mi hotel en la primera planta, y el regalo que me llegó es que me iban a paralizar la obra”, declaró en los Juzgados para justificar su actuación. Lo cierto es que esa paralización nunca se produjo, y de hecho tres años después terminó la construcción del Princesa Yaiza sin ningún impedimento. Fue con su hotel ya acabado e inaugurado cuando compró Getsu No Denwa.

Después, se dirigió al Consistorio y le dijo: “Yo quiero lo mismo que hay puesto en esta demanda”. “Eso no te lo vamos a dar ni locos. Por favor, aquí todos tenemos que funcionar”, afirmó que le dijeron en el Ayuntamiento. Entonces, según Rosa, empezaron a negociar un convenio. El afirma que se comprometía a ceder el suelo al Consistorio y a retirar el pleito (en realidad, en otro momento reconoció que ya había sido retirado por los anteriores dueños desde que se formalizó la venta de la sociedad ), a cambio de quedarse con el uso de 30.000 metros cuadrados, en parte de los cuales instaló el Kikoland.

“Pero usted sabe que era obligatorio ceder esos terrenos de forma gratuita al Ayuntamiento”, subrayó la letrada. “No tengo por qué. Eran mis terrenos”, respondió Rosa. “Yo tal vez me tenía que haber mantenido y haber exigido mi edificabilidad. A lo mejor tenía que haber hecho eso, porque el Ayuntamiento no es mío. A lo mejor tenía yo que aguantar y pedir mi edificabilidad, cosa que no hice, porque me pareció que no era justo”, añadió Rosa

Sin embargo, sí le pareció “justo” que el Ayuntamiento le cediera el uso de parte de ese suelo de por vida -100 años, incluyendo la concesión y la posibilidad de prórroga-, y que le permitiera construir una instalación privada que ha funcionado como anexo de ocio a su hotel. Y también que el plan parcial se quedara sin las zonas verdes públicas que correspondían a los vecinos del municipio.

El convenio que firmó usando esta estrategia ya fue anulado por el Ayuntamiento de Yaiza en 2016, en base a un demoledor dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, que concluyó que ese acuerdo fue ilegal y que “lo único que la mercantil podía haber convenido con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias”. Después, los tribunales han confirmado esa decisión, rechazando todos los recursos presentados por Rosa en la vía contencioso administrativa y confirmando que esa cesión fue ilegal, aunque a día de hoy el suelo no ha sido aún devuelto al municipio.

A raíz de que se conociera ese expediente, los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, decidieron presentar una querella para que se depuraran también responsabilidades penales, que fue la que dio lugar a esta causa. Junto a Rosa, en el procedimiento están imputados el entonces alcalde, José Francisco Reyes, el ex secretario de la Corporación, Vicente Bartolomé Fuentes, y el que era administrador de Getsu No Denwa tras su adquisición por parte de Rosa, Juan Luis Lorenzo. Además, el juez también acordó hace meses citar como investigados a todos los ex concejales de CC que gobernaban junto a Reyes, y que votaron a favor de ese convenio en el Pleno, pese que no contaba con un solo informe técnico ni jurídico.


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NotaPublicado: Mar 16 Mar, 2021 5:02 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa llegó a asegurar en los Juzgados que hizo el Kikoland “en especial para los niños del municipio, que fue el acuerdo con el Ayuntamiento”. Sin embargo, en la misma caótica declaración, también reconoció sin tapujos que “aquello estaba hecho para los clientes del hotel Princesa Yaiza”.

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“A nosotros no nos interesaba que viniera gente de la calle, porque aquello se hizo exclusivamente para el Princesa Yaiza. Para sus niños del Princesa y para los adultos”, admitió en un momento de su declaración. En otros, al intentar justificar la ocupación de esta zona verde pública con una instalación privada, se refirió al Kikoland casi como una especie de ONG, en la que dejaba entrar a “los niños del municipio” y hasta los “alimentaba”.

El Ayuntamiento me da el derecho de uso de una edificabilidad que hago yo, que se llama Kikoland, de darle a los niños, no voy a decir la alimentación, porque suena feo eso... De cuidar a los niños durante tres meses, a cambio de una concesión, como la concesión que le hace Madrid al metro debajo de la tierra”, sostuvo para explicar esa cesión gratuita de suelo público frente al mar que recibió durante 50 años, prorrogables por otros 50.

Según Rosa, “durante 14 años se le han dejado al Consistorio las instalaciones totalmente gratis en el verano para los niños del municipio”, y aseguró que iban entre “300 y 400”. “Se les daba el desayuno y la comida”, añadió, como si se tratara de una especie de comedor social. En realidad, el Consistorio organiza desde hace años actividades deportivas y de ocio para niños y jóvenes durante el verano en distintas instalaciones, incluyendo no solo el Kikoland, sino también las piscinas y canchas de otros hoteles y clubes privados del municipio.

Un año dijeron que no los podía mandar, porque había una denuncia creo que por parte de los señores de Podemos. Dijeron que desgraciadamente no podían ya ir los niños a hacer sus vacaciones de verano en el Kikoland”, añadió Rosa en su declaración, en referencia a la querella que presentaron los entonces consejeros de la formación morada, Carlos Meca, Pablo Ramírez y Griselda Martínez, que están personados en la causa como acusación popular.

No obstante, antes de esa denuncia en la vía penal, el Ayuntamiento ya había anulado el convenio por el que se cedió ese suelo público, tras un demoledor informe del Consejo Consultivo, que concluía que el acuerdo fue ilegal. Y lo mismo concluyeron después el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que rechazaron los recursos presentados por Rosa, aunque a día de hoy sigue sin desalojar las instalaciones.

La abogada de la acusación comenzó preguntando al empresario por los beneficios que ha recibido gracias a la explotación de ese suelo, que funciona como servicio anexo a su hotel, aunque también se puede acceder pagando una tarifa. Sin embargo, Rosa empezó asegurando que no se cobraba a los usuarios.

“Cobro a través de los niños del Princesa Yaiza que lo usan, y en el fondo no es cobro. No se cobra un euro ahí”, aseguró. No obstante, al ser preguntado expresamente por ello, no negó que también se ofrecían campamentos de verano por semanas, que eran de pago.

“¿Cómo ponían las tarifas, por una semana, por dos semanas?”, insistió la letrada. “Sinceramente no lo sé ahora mismo. Soy administrador, pero hasta ese punto no me ocupo de cosas de esas pequeñitas”, respondió entonces el empresario.

La realidad, según puede comprobarse en su página web y en las propias instalaciones (ahora cerradas por la crisis sanitaria), es que en el Kikoland se podía contratar desde el alquiler de pistas deportivas, hasta la celebración de cumpleaños infantiles, campamentos de verano o entradas por días sueltos. Aunque según él no querían “que fuera gente de la calle”, las opciones eran muchas si se pagaba por el acceso.

La parcela en la que se levantó el Kikoland era una zona verde que pertenecía al municipio, pero Rosa sostuvo en su declaración que el dueño del suelo era él, porque había adquirido 260.000 metros cuadrados correspondientes a viales y zonas verdes en una “kafkiana” operación. Según el empresario, por eso el Ayuntamiento accedió a firmar el convenio de cesión.

Sobre ese convenio, Rosa empezó diciendo que quien lo “redactó” fue “el notario”. Ante la sorpresa de la abogada de la acusación, Nora Ferrer, que le preguntó si el convenio que aprobó Yaiza en Pleno en 2004 “lo redactó un notario”, el empresario fue corrigiendo su respuesta. “Lo redactó el notario no. El notario... más tarde fuimos ya con el convenio redactado. Yo me imagino que parte de ese convenio lo habrán hecho también... Creo no, lo hicieron los técnicos del Ayuntamiento en aquel momento. Seguro, vamos. No se va a hacer nada que el Ayuntamiento no sea quien haga la documentación”, terminó afirmando.

No obstante, no supo precisar qué técnicos intervinieron. “Lo desconozco. Sé que actuaban arquitectos, actuaban los propios concejales... Lo desconozco exactamente. A mí me llamaron para firmar que ya estaba preparado, me pareció bueno el convenio para ambas partes y lo firmé yo”.

“¿Pero con quién hablaba usted del Ayuntamiento?”, insistió la abogada. “Casi que no hablaba, casi mandaba a la gente nuestra a hablar. Yo creo que he estado en el Ayuntamiento de Yaiza once veces en mi vida. No, no me acuerdo si yo fui a este tema”, respondió Rosa, que tampoco “recordaba” a quién envió a hablar en su nombre.

Respecto a si después pidió licencia para hacer las obras del Kikoland, aseguró que sí - “claro, claro, es una obra que está a la vista” -, pero no aportó la copia del permiso. Además, tampoco supo precisar cuánto supuso esa inversión, afirmando que fue “una obra conjunta” con el hotel, que en realidad se terminó antes.

El interrogatorio a Rosa, que se extendió durante unos 45 minutos, estuvo marcado por frases contradictorias entre sí y por la dificultad para que concretara sus respuestas. Como ejemplo, nada más empezar, la abogada de la acusación le preguntó si era empresario y respondió: “Sí. Bueno, creo que sí”. A continuación, no supo decir cuántas empresas tiene. “Varias. No las sé exactas”, afirmó Juan Francisco Rosa.

Lo que si reconoció es que en los más de 16 años que lleva haciendo uso de suelo público con el Kikoland, no ha pagado ningún tipo de canon al Ayuntamiento. Ahí inició su explicación de por qué entendía que tenía derecho a ese acuerdo, y a lo mismo se siguió remitiendo cada vez que la letrada de la acusación le hacía una pregunta.

“Yo lo que necesito es que conteste a mis preguntas”, le tuvo que advertir más de una vez la abogada, en un mensaje al que se sumó también el juez, que tuvo que intervenir en distintas ocasiones. “Conteste solo lo que se le pregunte”, apuntó en uno de los momentos el magistrado. “Dé respuestas sencillas, concretas. No se explique tanto”, le volvió a pedir después.

Sin embargo, Rosa insistió una y otra vez en remitirse a muchos años antes de que se firmara ese convenio, cuando se empezó a desarrollar el Plan Parcial Costa Papagayo y afirma que el Ayuntamiento no registró debidamente el suelo público que le correspondía para viales y zonas verdes, que después terminó en sus manos.

“Es una concesión con derecho de uso. Y cuando se termine mi derecho de uso, yo le entrego al Ayuntamiento una inversión hecha, unas instalaciones bien terminaditas, bien cuidadas, como está el aquapark que existe en Playa Blanca, exactamente igual. Y como están siete zonas más en ese Plan Parcial y en ésas el Ayuntamiento no recibió nada y de mí recibió 260.000 metros cuadrados”, aseguró. Sin embargo, lo cierto es que el Consejo Consultivo de Canarias ya concluyó que “lo único que podía haber convenido con el Ayuntamiento era la formalización documental de las cesiones obligatorias” de todos esos metros, incluyendo de la parte ocupada con el Kikoland.

Sin embargo, Rosa defendió incluso que “gracias a que le entregó al Ayuntamiento estas zonas, buenas o malas, el Ayuntamiento con su dinero construyó lo que llaman Parque de las Naciones. Invirtió ahí el Ayuntamiento tres millones y medio de euros. Gracias a una zona verde pública que le entregué yo, 260.000 metros, hizo esas instalaciones”.

Además, defendió que el Consistorio dejara suelo público a empresarios. “¿Sabe qué, señorita?”, preguntó dirigiéndose a la letrada de la acusación. “Era la única forma de que las zonas verdes se cuidaran. Eso es normal, eso se hace en Madrid, en Barcelona y en Tenerife”. Sin embargo, una sentencia del Juzgado y otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han confirmado que esa cesión fue ilegal, porque el suelo pertenecía al Ayuntamiento y no puede entregar un terreno público sin establecer un canon y sin convocar un concurso, que sería obligado para garantizar la libre concurrencia, en caso de que se fuera a permitir su uso privado.

En la causa se investiga también un segundo convenio, con el que Rosa repitió la misma operación, pero para poner el suelo en manos de otro empresario. Según su relato, una de sus empresas, Salmepa, había comprado otros 500.000 metros de suelo en la zona norte de ese plan parcial, y se encargó de hacer la urbanización y de vender parcelas. Ahí, afirma que uno de los compradores le dijo: “Me gustaría llegar a un convenio como tú has hecho en el Kikoland”.

“Yo le digo, sin problema ninguno. Pero eso quien te lo tiene que autorizar es el Ayuntamiento”, relató Juan Francisco Rosa. “¿Qué podemos hacer? Pues nada, yo cedo la zona y al mismo tiempo yo no tengo inconveniente en que haga usted convenio con el Ayuntamiento, igual que el mío o mejor”, añadió, confirmando que ambos actos se firmaron a la vez ante notario.

No obstante, no aclaró cómo y en base a qué se hizo esa cesión. Previamente había asegurado que antes de empezar a urbanizar esa nueva zona, entregó al Ayuntamiento el suelo que le correspondía para zonas verdes y viales, como era su obligación. Sin embargo, lo cierto es que una parte volvió a quedar en manos privadas tras la intervención de Rosa, y de nuevo sin establecer ningún tipo de canon.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com