FORO SOBRE LANZAROTE

www.webdelanzarote.com
Fecha actual Dom 05 Jul, 2020 11:40 am

Todos los horarios son UTC




Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ] 
Autor Mensaje
NotaPublicado: Dom 31 May, 2009 9:50 am 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según La Provincia:

Imagen
Imagen
César Romero, a la derecha.

El juez titular del Juzgado Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, se ha convertido, sin lugar a dudas, en el gran protagonista de la operación contra la corrupción urbanística de Lanzarote. Natural de Vizcaya y licenciado por la Universidad de Navarra, Romero Pamparacuatro llegó a la isla de Lanzarote en marzo del año 2008, tras obtener la categoría de magistrado, procedente de los juzgados de Santa Cruz de La Palma, donde estuvo varios años. Se caracteriza por ser un juez bastante estricto y que mantiene un pequeño círculo de amistad con algunos jueces y fiscales de la Isla


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mié 16 Sep, 2009 8:28 am 
Desconectado

Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
Mensajes: 1198
Según laprovincia.es:

El juez instructor de la 'operación Unión', César Romero Pamparacuatro, abandonará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, previsiblemente, a finales del mes de octubre, y con ello la investigación por presunta corrupción que afecta a numerosas instituciones públicas de Lanzarote.

El magistrado, que tras un año de investigación del caso lanzó la 'operación Unión' el pasado 25 de mayo, ha solicitado traslado a los juzgados de Puerto de la Cruz y el Consejo General del Poder Judicial ha aceptado la petición.

El cambio de magistrado podría trastocar la investigación, ya que un nuevo juez tendría que estudiar la instrucción desde el principio, con el retraso que ello supondría.

Una de las opciones es que Romero Pamparacuatro tome posesión de su nuevo destino en el Puerto de la Cruz y a la vez solicite al órgano de gobierno de los jueces una comisión de servicios para seguir con la 'operación Unión', pero al estar en otra isla todo resulta más complicado.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mié 16 Dic, 2009 3:31 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según La Voz de Lanzarote:

El Ministerio de Justicia ha denegado el refuerzo que iba a recibir el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, y que había sido aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan sólo faltaba la firma de este Ministerio que, sin embargo, ha rechazado esta petición aludiendo que “las congestiones” que se han producido en este juzgado “son semejantes a la media nacional”, según han confirmado a La Voz de Lanzarote.

“No procedía concederlo”, aseguran desde el gabinete de prensa del Ministerio de Justicia, que basa esta negativa en que “en 2009 este juzgado estaba ligeramente por debajo de la media nacional con respecto a los casos en materia penal”. “Está al mismo nivel que el resto de España”, defienden.

Desde este Ministerio aseguran que esta decisión se tomó a principios de noviembre, y que el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife ya debería haber recibido la contestación.
Los hechos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un refuerzo con un juez de apoyo en el juzgado encargado de la investigación de la presunta trama de corrupción urbanística, conocida como la Operación “Unión”. El CGPJ aprobó esta petición a finales de septiembre y ya sólo se esperaba la firma del Ministerio de Justicia para que Romero Pamparacuatro contara con una ayuda.

El titular del Juzgado número 7 de Arrecife, Leandro Martínez Puertas, había sido nombrado el juez de apoyo. Sin embargo, esta ayuda no va a llegar, tras ser rechazada la petición.

Así, César Romero Pamparacuatro tendrá que seguir en solitario compaginando la Operación "Unión" y el resto de causas que llegan a su juzgado.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mié 28 Jul, 2010 9:30 am 
Desconectado

Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
Mensajes: 1198
Según lavozdelanzarote.com:

El juez César Romero Pamparacuatro dejará Lanzarote el próximo mes de septiembre, tras haber conseguido la plaza que solicitó en un juzgado de Tenerife, pero su intención es continuar con la instrucción del caso Unión. Este mismo lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aprobado la solicitud formulada por el magistrado para que se le asigne una comisión de servicios, que le permitiría dedicarse en exclusiva a esta causa, hasta que termine la instrucción.

Imagen

Así, a pesar de su próximo traslado, Romero Pamparacuatro continuaría trabajando en la causa que inició hace más de dos años, y que estalló púbicamente el 25 de mayo de 2009, ampliándose hace tres meses con la Operación “Jable”. Y además, podría hacerlo con dedicación plena, ya que dejará el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y no asumiría por el momento los casos de su nuevo destino, donde se asignaría temporalmente a otro juez, si prospera la decisión adoptada este lunes por el TSJC.

Ahora, la propuesta ha sido trasladada al Consejo General del Poder Judicial, que también deberá dar su visto bueno, y posteriormente al Ministerio de Justicia, que tendrá la última palabra. En caso de que se rechazara la solicitud de una comisión de servicios con relevación de funciones, César Romero Pamparacuatro se incorporaría a su nuevo Juzgado en Tenerife y otro magistrado se haría cargo del Juzgado de Instrucción Número 5 y del caso “Unión”, que tiene miles de folios, buena parte de ellos aún bajo secreto, y cerca de un centenar de imputados, al margen de las diligencias aún abiertas y pendientes de practicar.

Ésta es la segunda ocasión en la que se tramita esta solicitud tras el inicio de la Operación “Unión”. A finales de septiembre de 2009, el Consejo General del Poder Judicial, a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ya aprobó la concesión de un refuerzo para el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, e incluso puso nombre a la persona que se incorporaría para que Romero Pamparacuatro pudiera dedicarse en comisión de servicios a la que es una de las mayores causas judiciales abiertas en España.

Sin embargo, cuatro meses después, el Ministerio de Justicia denegó ese refuerzo, alegando que “las congestiones” que se habían producido en ese juzgado el pasado año eran “semejantes a la media nacional”, según explicaron en su momento a La Voz de Lanzarote.

La decisión fue criticada en su día por el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, que aseguraba que la noticia había sido “una gran sorpresa, porque los informes eran favorables”. El decano subrayaba entonces que “la Operación Unión ha supuesto un trabajo importantísimo para el magistrado” y dudaba del argumento aportado por el Ministerio de Justicia: “Nos ha llamado poderosamente la atención que la justificación sea que la congestión es idéntica a la de otros juzgados, porque me temo que no es así”, afirmaba.

Ahora, todo apunta a que el Consejo General del Poder Judicial respaldará de nuevo la solicitud del TSJC y volverá a trasladarla al Ministerio de Justicia, que tendrá que volver a pronunciarse con nuevos elementos sobre la mesa. Por un lado, el que ha supuesto la Operación “Jable”, una nueva fase del caso que deja decenas de imputados que se suman a la causa (uno de ellos, Rafael Arrocha, todavía en prisión provisional). Por otro, que en caso de que ahora no se conceda la comisión de servicios, un nuevo magistrado tendrá que empezar de cero con una causa que lleva más de dos años de instrucción.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mar 26 Abr, 2011 2:43 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según La Voz de Lanzarote:

El Consejo General del Poder Judicial ha dado marcha atrás y, finalmente, ha rechazado prorrogar la comisión de servicios para que el magistrado César Romero Pamparacuatro continuara con la instrucción del caso "Unión", según han confirmado a La Voz desde el propio CGPJ.

Imagen

El juez estaba fuera de la causa desde el pasado mes de diciembre, cuando caducó la comisión de servicios que le permitía continuar la instrucción de la causa, a pesar de su traslado a Tenerife. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial autorizó la prórroga, aunque hasta ahora no se había hecho efectiva, ya que surgió un desacuerdo sobre quién debía correr con los gastos de las dietas.

Desde entonces, el Consejo estaba pendiente de "corregir" la resolución inicial para aclarar este aspecto aunque, en lugar de eso, finalmente ha decidido rechazar la prórroga y optar por una nueva alternativa. De esta forma, el pasado martes 19 de abril, la Comisión Permanente del Consejo decidió asignar una juez de refuerzo al Juzgado de Arrecife donde se inició el caso "Unión", pero en el que ya no está César Romero Pamparacuatro, sino otro juez.

Ahora, el magistrado sustituto y la juez de refuerzo serán los que se encarguen de todos los asuntos de este Juzgado, incluyendo el caso "Unión". Este mismo lunes, el Boletín Oficial del Estado publicaba el nombramiento de María Lucía Barrancos Julián como juez de refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Jue 28 Abr, 2011 8:56 am 
Desconectado

Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
Mensajes: 1198
Según laprovincia.es:

El caso Unión, la mayor trama de corrupción que se investiga en Canarias, ya está marcado por el freno a la instrucción que ha supuesto el compás de espera y la definitiva decisión del Consejo General del Poder Judicial de apartar del procedimiento al juez César Romero Pamparacuatro, quien puso en marcha la operación al frente del Juzgado número cinco de Arrecife. El procedimiento está paralizado desde el pasado mes de diciembre y esto, según fuentes jurídicas consultadas ayer por este diario y en base también al Código Penal, dará lugar a que las defensas de los imputados (alrededor de un centenar) aleguen en su momento dilación indebida por parte de la administración de Justicia, lo cual supondría un atenuante, una rebaja de las eventuales penas y librar en su caso de la entrada en prisión a muchos de los implicados al carecer de antecedentes.

La primera prórroga otorgada a Pamparacuatro expiró el 24 de diciembre. El juez se trasladó al juzgado número uno de La Laguna (Tenerife) y solicitó una comisión de servicios que le fue concedida. Una vez finalizada el CGPJ no decidió hasta el nueve de febrero concederle la segunda, aunque con una omisión que impidió que se hiciera efectiva porque no aclaró si era el Ministerio de Justicia o el Gobierno de Canarias el que debía abonar las dietas. El 18 de abril optó por dejar sin efecto la medida, ante la que cabe recurso, derecho que ejercerá el magistrado. Al mismo tiempo, se deja en manos de una jueza recién salida de la 61 Promoción de la Escuela Judicial, María Lucía Barrancos Julián, el Juzgado número cinco y con ello la instrucción de un sumario de más de 30.000 folios.

Las idas y venidas de los últimos meses del caso y la previsible acumulación de más retrasos por la incorporación de una jueza que afrontará desde cero un procedimiento de una gran complejidad por las múltiples ramificaciones de la investigación sirven en bandeja de plata la posibilidad de que los abogados defensores invoquen la dilación indebida cuando llegue el momento de la vista oral. La dilación indebida está considerada como atenuante siempre que se verifique que el retraso es atribuible a la administración judicial y tomando también en consideración elementos como la complejidad del asunto, entre otras variables como la conducta del procesado y de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

El artículo 66 del Código Penal establece que cuando concurra una circunstancia atenuante se aplicará la pena "en la mitad inferior de lo que fije la ley para el delito", mientras que si el tribunal juzgador estima que existe más de una y no concurren agravantes para el acusado "se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a lo establecido por la ley". Se pueden poner ejemplos prácticos de lo que supondría esto. Al menos treinta y cinco procesados están acusados de cohecho, delito para que el Código Penal recoge penas de entre tres y seis años. Sin embargo, con la dilación indebida oscilarían entre un año y medio y tres, con lo que aumentan las posibilidades de que las condenas sean de dos años o inferiores y susceptibles por tanto de evitar la entrada en la cárcel.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Vie 29 Abr, 2011 1:26 pm 
Desconectado

Registrado: Jue 21 Abr, 2005 11:14 am
Mensajes: 1198
Según lavozdelanzarote.com:

El magistrado César Romero Pamparacuatro recurrirá la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el martes de la pasada semana acordó dejar sin efecto la prórroga de la comisión de servicios que había concedido al juez para continuar la instrucción del caso “Unión”.

En la nueva resolución, el Consejo anuló la decisión que adoptó el pasado 9 de febrero, alegando que se ha asignado una nueva juez de refuerzo para el Juzgado de Instancia Número 5 de Arrecife, y que por tanto ya no es necesaria la comisión de servicios de Romero Pamparacuatro. Sin embargo, la realidad es que el refuerzo no será tal, según han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Y es que la nueva juez, María Lucía Barrancos Julián, se quedará sola al frente del juzgado. “No sé cuál es el motivo de la decisión del Consejo, pero reforzar no refuerzan”, señalaban a La Voz desde el TSJC.

Lo mismo sucede con otra quincena de jueces que acaban de salir de la Escuela Judicial, y que se incorporarán a distintos Juzgados de las islas. Según se publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado, todos ellos llegan como jueces de refuerzo, “hasta su efectiva incorporación como Jueces Titulares”. Sin embargo, lo cierto es que desde que se incorporen a sus destinos, el juez sustituto que ocupaba hasta ese momento la plaza, tendrá que abandonarla.

Los nuevos jueces que se incorporan iban a hacer prácticas en otros Juzgados pero, en esta ocasión, directamente van a ocupar la plaza”, explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en contra de lo afirmado desde el gabinete de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

Éste es uno de los ejes fundamentales en los que podría basarse el recurso que César Romero Pamparacuatro presentará ante el Consejo General del Poder Judicial, que tampoco dio “audiencia” al magistrado antes de adoptar esta decisión.

El recurso tiene un plazo aproximado de un mes para presentarse ante el CGPJ. Cuando lo reciba, el Consejo tendrá que nombrar un juez instructor, encargado de elevar una propuesta de resolución, en base a la que el Consejo tendrá que adoptar un acuerdo. Si volviera a ser desfavorable, aún cabría otro recurso ante el Tribunal Supremo.

Cabe señalar que ésta no es la primera vez que se produce una situación similar en España. De hecho, ya hay precedentes de jueces que recurrieron al Tribunal Supremo, que terminó anulando acuerdos adoptados por el Consejo General del Poder Judicial.

La resolución que ha apartado a Romero Pamparacuatro del caso “Unión” es la última de una larga lista de obstáculos. Esta decisión, de la que el Consejo no informó durante una semana, y que finalmente fue confirmada este martes por lavozdelanzarote.com, llega después de cuatro meses de incertidumbre. Y es que desde el 24 de diciembre de 2010, el caso “Unión” estaba en la práctica sin juez. Desde esa fecha, el magistrado esperaba la decisión de los órganos judiciales, que debían decidir si se le concedía o no la prórroga de la comisión de servicios.

Después de mes y medio, el Consejo General del Poder Judicial autorizó la prórroga el pasado 9 de febrero, pero desde entonces no se había hecho efectiva. La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias alegaba que no debía correr con los gastos de las dietas, porque no estaba especificado en la resolución del Consejo, y el Ministerio de Justicia respondía que esos gastos no le corresponden. En medio de ese desacuerdo, el CGPJ anunció que corregiría la resolución, aunque para ello pidió un nuevo informe, que volvió a retrasar la decisión durante semanas.

Sin embargo, lejos de “corregir” la resolución, lo que finalmente ha decidido es revocar la prórroga, apartando así a Romero Pamparacuatro de la causa. Además, cabe recordar que en la prórroga que ahora se ha anulado, se daban sólo tres meses, “improrrogables”, al magistrado. El propio fiscal Anticorrupción a cargo de la causa, Luis del Río, señaló públicamente que ese plazo era insuficiente para terminar la instrucción.

Poco después, en una visita a Canarias, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, tuvo que responder ante los medios por este asunto, y dejó la puerta abierta a conceder incluso nuevas prórrogas al juez César Romero Pamparacuatro para seguir instruyendo el caso “Unión”. “Se considerará con todo el interés”. “No hay situaciones absolutas ni definitivas”, afirmó, en referencia a que en el último plazo de tres meses que dieron al juez, se especificaba que era “improrrogable”. Sin embargo, finalmente, no sólo no pretenden conceder nuevas prórrogas, sino que han anulado incluso la que ya estaba concedida.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Jue 20 Oct, 2011 6:48 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según Diario de Lanzarote:

El titular del Juzgado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife, Juan José Cobo Plana, tomó el miércoles posesión de la comisión de servicios que se le ha concedido como juez de apoyo a la juez Lucía Barrancos, que instruye el 'caso Unión' en el Juzgado número 5.

Imagen

Cobo Plana se hará cargo parcialmente de los asuntos civiles y de aquellos asuntos penales que queden pendientes en el Juzgado tras la separación jurisdiccional de los Juzgados lanzaroteños en enero de este año.

Aunque no está confirmada la duración de la comisión de servicios, lo habitual es que se conceda por un periodo de tres meses. Este apoyo lo solicitó la nueva juez tras su toma de posesión, en mayo, por la gran cantidad de trabajo que supone hacerse cargo del 'caso Unión', con más de 30.000 folios, y del resto de asuntos del Juzgado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio el visto bueno a ese juez de apoyo pero el Ministerio de Justicia lo rechazó en septiembre porque consideraba que no estaba justificado el exceso de carga de trabajo. El CGPJ se reiteró en su petición y finalmente el Ministerio aprobó recientemente el apoyo.

El juez Cobo Plana ejerce ahora un Arrecife y tomó relevancia pública al tramitar el proceso concursal de la Unión Deportiva Las Palmas. Posteriormente ejerció la abogacía y ha vuelto nuevamente a la carera judicial.

La juez Barrancos, en un auto firmado el pasado 3 de octubre, señalaba que el caso lleva “prácticamente paralizado” desde el mes de diciembre y decía que “es necesario darle un nuevo impulso a una causa que se ha mantenido prácticamente paralizada en su instrucción desde el último trimestre de 2010".

Y añadía: “difícilmente será posible si, a la tremenda carga de trabajo de este juzgado se añade otra dificultad como es el excesivo volumen del procedimiento, que se encuentra en diferentes fases con respecto a los distintos hechos investigados y personas imputadas”.

También se quejaba de la falta de respuesta por parte del Gobierno de Canarias, a quien solicitó apoyo técnico para poder instruir la causa con mayor facilidad.

Durante esta instrucción ya se solicitó un juez de apoyo. Lo hizo el primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro, en el año 2010. Tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como el CGPJ dieron su visto bueno para el juez de apoyo pero el Ministerio lo denegó.

En el verano de 2010, Pamparacuatro se trasladó a un juzgado de La Laguna y solicitó una comisión de servicios para continuar con el caso, que se le concedió el 17 de agosto y a la que se incorporó el 24 de septiembre por un periodo de tres meses.

Después pidió una prórroga a principios de diciembre, que se concedió el 9 de febrero de 2011, pero que se dejó sin efecto en mayo a pesar de que había seis informes favorables, dejando fuera del caso al juez, que ha recurrido esa decisión, sin que hasta ahora se haya resuelto.

El 'caso Unión' es uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Tiene cerca de cien imputados policiales y el juez ordenó 56 detenciones, de los que diez entraron en prisión provisional, aunque ya están todos libres con cargos.

Se investigan dos tramas principales, una sobre un soborno para lograr permisos para una urbanización en Playa Blanca y una trama de comisiones ilegales en Arrecife, así como varias piezas separadas.

Entre los imputados figuran funcionarios, empresarios y políticos relevantes tanto de Lanzarote como de fuera de la Isla y de la Península. Anticorrupción se hizo cargo del caso por la complejidad de las tramas.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mié 24 Oct, 2012 3:29 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según Canarias 7:

La jueza sustituta del Juzgado de Pimera Instancia 5, que lleva el caso Unión, ha sido recusada para intervenir en la causa del supuesto intento de soborno a Carlos Espino, por parte de uno de los dueños del plan parcial Costa Roja, al alegar que el padre de ésta es copropietario de suelo en dicho plan.

La Audiencia Provincial de Las Palmas tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de aparta del caso a la actual jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, María Jesús Hernández Elvira.

La petición formulada por la defensa de uno de los imputados y de la que ha tenido conocimiento este periódico se basa en que el padre de la jueza, que actualmente ejerce como sustituta en este juzgado, figura como copropietario de suelo en el plan parcial Costa Roja (Yaiza).


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mié 24 Jul, 2013 2:48 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según La Voz de Lanzarote:

Una juez de refuerzo ha sido asignada al Juzgado de Instancia Número 5 de Arrecife para que la titular, Silvia Muñoz, pueda “darle en breve un empujón” al caso “Unión”. Así lo ha confirmado la jueza decana de los Juzgados de Arrecife, Gloria Poyatos, en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero, donde ha señalado que espera que esta causa “quede resuelta cuanto antes”.

Imagen

La juez que ha sido designada como refuerzo se encargará de los asuntos que tramita el Juzgado Número 5, mientras que la titular se podrá centrar en el caso “Unión” y en “otros supuestos de enjundia importante, que están un poco postergados”. La jueza decana ha querido dejar claro que están “postergados” por la “no adjudicación de medios materiales y humanos para que la Justicia vaya como tiene que ir”. Este Juzgado lleva también la causa penal contra la bodega Stratvs.

El refuerzo que ya ha sido aprobado “facilitará la tarea de la juez titular”. Además, Poyatos ha explicado que se ha realizado una “separación dentro de la instalación judicial” para que tanto la juez titular como la de refuerzo “puedan trabajar mejor”. “Va a haber una especie de desplazamiento en Decanato. La juez titular seguirá en su Juzgados y podrá llevar mejor su labor”, ha indicado.

Poyatos ha reconocido que la Justicia “va lenta” y ha señalado que “una gran parte de la culpa es por la no adjudicación de medios humanos o materiales”. “En aquellos supuestos como el caso “Unión, te paraliza un Juzgado. Hay mil asuntos de entrada en el Juzgado y sólo este caso tiene miles de folios y de cajas. Este tema puede llevarte la mitad de tu tiempo material”, ha indicado la jueza decana, que confía en que con la juez de refuerzo se le dé un impulso a este caso.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Jue 03 Sep, 2015 3:52 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según Diario de Lanzarote:

El magistrado César Romero Pamparacuatro ha interpuesto en los Juzgados de Puerto de la Cruz (Tenerife) una demanda contra varios medios de comunicación por una intromisión en el derecho al honor por la campaña de desprestigio llevada a cabo como consecuencia de su instrucción del caso Unión.

Imagen

Pamparacuatro denuncia al periodista Francisco J. Chavanel ,director del programa de radio ‘El Espejo canario’ y propietario de la productora El Escorpión de Jade, a la empresa editora de Canarias 7, Inforcasa, por publicar la serie de artículos de Chavanel sobre el caso en su columna 'Los espejos no tienen memoria' y otras informaciones firmadas por Carlos de Inza, a Editorial Lancelot, por publicar esos mismos artículos en la página lancelotdigital.com, y a la empresa propietaria de Radio Faycán, donde se emite el programa de Chavanel.

En la demanda se afirma que estos medios han hecho “un ejercicio periodístico que ha supuesto una flagrante y premeditada vulneración del derecho al honor (…) como forma de preconstituir un estado de opinión favorable a intereses ajenos a la libertad de información”. “Las informaciones y opiniones publicadas -señala la demanda- se entienden dentro de una campaña de desprestigio, alentada por terceros para deslegitimar el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”. En la demanda se añade que esta campaña “de difamación continuada en el tiempo” se hizo “para desprestigiar y deslegitimar ante la ciudadanía la investigación de delitos en el ámbito de la corrupción”, y que las informaciones muestran una finalidad “denigratoria inspirada en la defensa procesal de los acusados en aquel procedimiento”.

La indemnización que solicita el magistrado alcanza los 650.000 euros. A Canarias 7 y El Escorpión de Jade les pide 200.000 euros a cada uno, a Lancelot 100.000 euros y a Radio Faycán 150.000 euros. De todas las indemnizaciones debería responder de forma solidaria Chavanel, en caso de ser condenado. También pide que se incluya la sentencia en portada en Canarias 7 a cuatro columnas y que se lea durante cinco días en el programa de radio.

Se asegura que desde estos medios se han imputado al juez hechos que no son ciertos pero que resultarían delictivos en caso de serlo, y destacan que “la reiteración en el tiempo de las imputaciones” ha acabado por formar “una verdadera operación de descrédito que produce un agravio innecesario en la dignidad y el prestigio” del juez. La demanda, de 239páginas, describe las vicisitudes por las que pasó la instrucción de Pamparacuatro en el caso Unión, y dedica tres cuartas partes de su extensión a relatar de forma pormenorizada todos los ataques al juez de cada uno de los medios.

En esa campaña de descrédito había una unidad de acción, ya que primero se publicaban “informaciones manipuladas” en Canarias 7 “que servían de cobertura” a los artículos de opinión de Chavanel publicados en el mismo periódico y que después eran leídos y comentados en su programa de radio y repicados en lancelotdigital.com. La “línea editorial” consistía en “deslegitimar la instrucción judicial sobre la existencia de una conspiración político jurídica urdida por altos dirigentes del poder ejecutivo de la nación en aquel momento pertenecientes al PSOE que, junto a sus colaboradores insulares, pusieron en marcha con el exclusivo fin de eliminar rivales políticos de Canarias y lograr así que la presidencia de la comunidad autónoma recayera en el candidato socialista Juan Fernando López Aguilar”, además de contar con la ayuda de la UCO y de la Fiscalía.

Según la demanda, al juez Pamparacuatro se le hace responsable de “la peor imputación que puede recibir un magistrado en ejercicio, actuar con fines ajenos y bastardos a la correcta administración de justicia”. Se destaca que se ha demostrado que esas imputaciones eran falsas, que se vertieron “sin el menor apoyo probatorio” y “causando con ello un desmedido daño tanto a su reputación como a su propia estimación”.

Las acusaciones se podrían resumir en que la instrucción respondía a una conspiración política, que se conculcaron los derechos fundamentales de los imputados, que se pincharon los teléfonos sin orden judicial, que el juez usaba “los resortes judiciales de forma injusta y vindicativa, para dar satisfacción a oscuras tramas políticas” y que mantenía interés con terceras personas y adoptaba decisiones para favorecerlos contra derecho, así como que ocultaba sus actuaciones a la Fiscalía “para dar cobertura a sus desmanes judiciales”. La demanda refleja cientos de ejemplos “ultrajantes, humillantes y denigratorios” con el objeto de ridiculizar al magistrado con “chanzas y humillaciones públicas sobre sus apellidos, sobre sus relaciones personales y sobre su lugar de nacimiento”.

Frente a esas acusaciones se opone la primera sentencia del caso Unión, en la que no se anula ninguna actuación y se afirma que las resoluciones del juez no lesionaron derechos fundamentales, que estaban suficientemente motivadas y que son un ejemplo de buena praxis. También se dan por válidas todas las grabaciones, las detenciones, el resto de pruebas, y se subsana la falta de firmas en algunas resoluciones.

También se contesta en la demanda a otras acusaciones recurrentes durante esa campaña de desprestigio. Sobre el conocido como ‘informe Barrancos’, que elaboró la juez que asumió el caso Unión en 2011, se asegura que en él se ponían de manifiesto determinadas irregularidades en la custodia del caso, pero no en la instrucción, y que la custodia es responsabilidad del secretario y no del juez. Sobre las supuestas detenciones ilegales, se afirma que la Guardia Civil tiene potestad para detener sin orden judicial. También niega que se reuniera con Carlos Espino en La Santa, que Eligio Hernández fuera su abogado o que el ex teniente alcalde de Arrecife, Antón Herrnández, fuera su casero, como llega a afirmar Chavanel.

Otra de las afirmaciones de esa campaña fue informar de que el juez Pamparacuatro estaba a punto de ser expulsado de la carrera judicial por la apertura de un expediente. Sin embargo, con la demanda se adjunta un certificado de la Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que demuestra que al juez nunca se le abrió ningún expediente por el caso Unión, pero tampoco por otros casos, como certifica el 3 de junio de este año María Elena Cornejo Pérez, letrada de la sección de expedientes disciplinarios del CGPJ.

“Si el caso Unión -señala la demanda- tiene como único fundamento una conspiración política que allane el camino para eliminar rivales políticos, no se entiende cómo se han podido pronunciar los tribunales de justicia declarando como probados hechos delictivos y condenando por los mismos a personas concretas en unos casos, u ordenando seguir adelante con el procedimiento penal contra quince imputados de momento en otros”.

Sostiene la demanda que se han utilizado “expresiones, canciones y todo tipo de comentarios que en ningún caso eran imprescindibles para difundir las opiniones vertidas a la opinión pública”. Se hablaba del juez poniendo de fondo el Cara al Sol, llamando al caso Unión como caso Pamparacuatro, tildándolo de inútil o calificándolo como pistolero. “En suma, las informaciones publicadas y las opiniones difundidas no dejan de formular hipótesis no demostradas cuyo carácter hipotético no puede justificar tan graves descalificaciones”, se señala en la demanda.

“Pero para los demandados, como se ve la Ley no era lo importante. Lo que realmente importaba era hacer creer a la opinión pública que determinados funcionarios públicos, al servicio de una conspiración política, pueden conculcar los derechos de los ciudadanos sin sufrir consecuencia alguna, como forma de deslegitimar un procedimiento en obsceno beneficio de sus acusados”, concluye.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
NotaPublicado: Mar 11 Sep, 2018 4:32 pm 
Desconectado
Site Admin

Registrado: Sab 30 Ago, 2003 6:24 pm
Mensajes: 2909
Según La Voz de Lanzarote:

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la condena al periodista Francisco Chavanel y a los medios de comunicación Lancelot y Canarias 7 por lesionar el derecho al honor de César Romero Pamparacuatro, juez que inició el caso Unión. En su fallo, la sala fija indemnizaciones por un total de 162.000 euros por los ataques "difamatorios" que dirigieron contra el magistrado, casi cuadruplicando la cantidad que se fijó en primera instancia. Contra la sentencia, no obstante, aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Imagen

En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Puerto de la Cruz estableció una indemnización de 45.000 euros por los “perjuicios” causados a Pamparacuatro, al haber estado difundiendo informaciones falsas que buscaban desacreditarle a él y a su trabajo al frente del caso Unión. Sin embargo, el juez recurrió dicho fallo reclamando una indemnización superior, ante lo que la Audiencia le ha dado la razón revocando parcialmente la sentencia recurrida en el sentido de establecer en 162.000 euros el importe total de las indemnizaciones.

Los condenados también presentaron recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, pero estos han sido desestimados por la Audiencia Provincial, que considera que "la información y los artículos publicados en el diario Canarias 7, en el diario Lancelotdigital.com, y las emisiones del programa El Espejo Canario constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor de César Romero Pamparacuatro".

Así, la Audiencia condena a Informaciones Canarias S.A., editora de Canarias 7, a indemnizar con 2.000 euros a César Romero Pamparacuatro "por los perjuicios inferidos" por un artículo firmado por el periodista Carlos Inza, bajo el título "Pamparacuatro tuvo al fiscal sin informar más de dos años". Además, Canarias 7 ha sido condenado a indemnizar con 24.000 euros al magistrado, de manera solidaria con Francisco Javier Chavanel, por los artículos de opinión que publicó del periodista, en lo que considera "probada y declarada la gravedad e intensidad de las lesiones al derecho al honor" de Pamparacuatro.

Además, Canarias 7 deberá publicar en su edición en papel "el domingo siguiente a la firmeza de la resolución" el "encabezamiento y fallo" de la sentencia que ha dado la razón al juez "con igual relevancia y mismo tipo de letra" con la que publicó los artículos de la serie 'Los espejos no tienen memoria' de Francisco Chavanel.

Por su parte, Editorial Lancelot deberá indemnizar al juez, también de forma solidaria con Chavanel, en la cantidad de 20.000 euros. Además, al igual que Canarias 7, deberá hacer pública la sentencia condenatoria y mantenerla "en portada" de su web Lancelot Digital "durante 24 horas". Asimismo, todos los artículos que publicó de Chavanel y que "se han estimado vulneradores del honor", deberán contener "un link permanente en su parte superior" que "redirija al lector a la sentencia de condena con su contenido íntegro".

En este caso, cabe destacar que como administrador único de Editorial Lancelot figura precisamente desde 2013 la sociedad Bodegas Stratvs SL., cuyo dueño es el empresario Juan Francisco Rosa, detenido y acusado en el caso Unión que instruyó inicialmente Pamparacuatro.

En cuanto a El Escorpión de Jade, productora del programa de radio de Chavanel 'El Espejo Canario', tendrá que hacer frente junto al periodista a una indemnización de 60.000 euros y deberá reproducir la sentencia en el espacio radiofónico "durante cinco semanas seguidas" haciéndolo cada semana en "un día distinto", comenzando "la primera reproducción el lunes de la primera semana, continuando el martes de la segunda y así sucesivamente hasta alcanzar el viernes de la quinta semana".

Por último, la entidad Faycán Publicidad y Francisco Chavanel han sido condenados a indemnizar a César Romero Pamparacuatro de manera solidaria con 38.000 euros. Además, igualmente deberá leer la sentencia dictada "con la misma cadencia que los artículos difamatorios" en Radio Faycán.

En la sentencia, la Audiencia Provincial explica que, en el presente caso, hay que tener en cuenta "no solo la clase, gravedad e intensidad de las lesiones al derecho al honor y al prestigio profesional" de Pamparacuatro, sino "muy especialmente" el "elevado número de artículos y programas en los que las mismas tuvieron lugar" y, sobre todo, "la larga y espaciada duración en el tiempo de la actuación del Sr. Chavanel"

Así, considera la sala que la lesión al honor de Pamparacuatro "no se produce de un modo ocasional y único", sino que, "por su extensión y frecuencia, puede apreciarse -como hace el juzgador de la instancia y se mantiene en esta alzada- el sostenimiento por el demandado Sr. Chavanel de una verdadera campaña de descrédito" hacia el juez. Y por ello, por la "reiteración y duración en el tiempo de los artículos y emisiones" que se considera "lesivos al honor" de Pamparacuatro es por lo que la Audiencia ha decidido elevar a 162.000 la cuantía total de las indemnizaciones.

Hay que recordar que, el periodista Francisco Chavanel también fue condenado por atacar el honor del fiscal Ignacio Stampa con informaciones falsas. En este caso, el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Arrecife le condenó a pagar una indemnización de 50.000 euros por la “campaña de desprestigio” que llevó a cabo, tanto en su programa de radio como igualmente con artículos de opinión publicados en Canarias 7 y Lancelot.

Asimismo, Chavanel cuenta con una tercera condena a sus espaldas por afirmaciones “falsas” e “injuriosas” sobre el caso Unión en otra demanda que fue interpuesta por empresario y ex presidente del PIL, Antonio Hernández, a quien la Justicia dio la razón fijando una indemnización para su persona de 20.000 euros por el “ataque injustificado contra su honor" por parte del periodista.


Arriba
 Perfil  
Responder citando  
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ] 

Todos los horarios son UTC


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados


No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
cron
POWERED_BY
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com