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NotaPublicado: Lun 16 Nov, 2015 7:24 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Este lunes se ha celebrado en el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife la primera jornada, de las cuatro previstas, del juicio de La Bufona, en el que se acusa a los promotores Federico Echevaría y Antonio Caro, de ocupar suelo rústico y desobedecer la orden de paralización de las obras durante la construcción de la urbanización La Bufona. La promotora era Brisa Inversiones, que pertenecía a los dos acusados, Federico Echevarría y Antonio Caro, y a Francisco Carmona, ya fallecido.

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El arquitecto Federico Echevarría explicó que conoció a Francisco Carmona, que era delineante del Ayuntamiento de Arrecife desde 1979, en los años setenta cuando era delineante del despacho de José Ignacio Torres, que había contactado con él para hacer los planes generales de Teguise y de San Bartolomé. A Antonio Caro lo conoció porque su empresa Costegui hizo las obras de un hotel en Costa Teguise que proyectó Echevarría.

Durante su declaración, señaló que lo de Carmona "no era una incompatibilidad". Las obras comenzaron en 1995 o 1996 y el aparejador era Ubaldo Blanco. Terminaron en el año 2000 "sin que nadie les comunique ningún problema". "Todas las casas estaban terminadas con la licencia de primera ocupación".

Primero hicieron veinte casas y luego las demás. Solicitaron una modificación puntual del plan parcial, redujeron el tamaño de las casas para ajustarse al mercado "y para adecuar las manzanas a la urbanización que encontramos ejecutada y no se correspondía exactamente con lo que se decía".

"Es el proyecto más legal que se ha hecho en la historia de Lanzarote", dijo Echevarría, a pesar de que el Tribunal Supremo ha anulado la Modificación puntual de 1998 y que hay catorce órdenes de derribo dictadas por el Gobierno de Canarias. Según el arquitecto, "se obtenía la licencia y se construía, a lo mejor se construyó algún sótano antes, pero no es superficie computable. Todo estaba ajustado a los planos. No consultamos el catastro porque siempre está equivocado".

El fiscal Carlos Fernández le recordó que hay un informe que revela que una "total desvirtuación" de todo lo construido, pero Echevarría aseguró que tras entregar las casas, "posteriormente los propietarios han hecho lo que les ha dado la gana". "Entre 2000 y 2008, ahí se ha construido de todo, pero no hemos sido nosotros". "El Ayuntamiento dio el visto bueno a todo lo que yo ejecuté".

Respecto a los muros que delimitan las casas, que es una de las claves del juicio, ya que determinaría quién ocupó el suelo rústico, el arquitecto señaló que algunos muros se hicieron "porque el Ayuntamiento dijo que se hicieran ahí, dentro de un límite que se podía hacer, que no es suelo protegido". "Los técnicos municipales consideraban que se tenía que hacer ahí", porque la zona se iba a convertir en un basurero. "Eso me lo dijo Ubaldo (Blanco el aparejador), Carmona y Caro". "Me pareció normal porque estaba dentro del PIO", dijo, asegurando que las casas no están sobre suelo rústico.

Por su parte, Antonio Caro, ingeniero técnico y constructor, jubilado desde 2010, contó que fue él quien se encargaba de pedir las licencias en el Ayuntamiento porque Carmona le dijo que no le gustaba pedir una licencia y que le viera un compañero de trabajo.

Según Caro, el Plan ya estaba hecho y urbanizado y las obras duraron desde 1996 hasta 2000. Las veinte primeras casa se vendieron en un mes y se modificó el Plan. "Como Brisa tenía otra franja más de terreno, los propietarios veían que la parcela era más grande que en la escritura", señaló. "Se hizo firmar que esa parte tenía un litigio y el Ayuntamiento nos dijo que quitáramos los escombros, para que no sirviera aquello de vertedero, se hizo el muro más arriba".

Afirmó que la obra se ajustó a las licencias, porque si no, se lo hubiera advertido el técnico, y que cuando llegó la orden de paralización, las casas ya estaban hechas. "He visto fotos ahora y no se parecen a las obras que dejé en el año 2000", añadió: "Me sorprende que ahora en las fotos haya piscinas, porque yo no hice eso".


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NotaPublicado: Lun 16 Nov, 2015 7:31 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Creo que es el proyecto más legal que se ha hecho en toda la historia de Lanzarote”. Eso es lo que ha llegado a afirmar uno de los promotores de las viviendas de La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría, durante su declaración como acusado en el juicio que ha comenzado este lunes en Arrecife. Tanto él como el otro acusado, el constructor Antonio Caro, han asegurado que lo construido se ajusta al proyecto y a la licencia otorgada por el Ayuntamiento y han responsabilizado a los compradores de lo que, según ellos, se pudo ejecutar después (y que ya ha llevado incluso a la Apmun a ordenar el derribo de parte de lo construido en esas viviendas).

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“Los propietarios de las viviendas han hecho lo que les ha dado la gana dentro de esa superficie”, ha asegurado Echevarría, que sostiene que una cosa es lo que entregaron y otra lo que hay ahora. “Entre 2000 y 2008, ahí se ha construido de todo, pero nosotros no hemos construido de todo”, ha defendido el acusado, que ha insistido varias veces en que el Ayuntamiento dio el visto bueno a la obra ejecutada, al conceder las cédulas de habitabilidad.

Uno de los socios de la empresa promotora de esta urbanización, Francisco Carmona, también trabajaba en ese momento en el Ayuntamiento como delineante y responsable del Catastro. Carmona también estaba imputado, pero falleció mientras se instruía la causa. Además, llegaron a estar imputados el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, aunque después se archivaron los cargos contra ellos.

“Me sorprende que ahora hay piscinas, hay otras cosas. Yo eso no lo hice”, ha asegurado por su parte el otro acusado, también socio de Brisa Inversiones, Antonio Caro, que también es el dueño de la empresa constructora que ejecutó materialmente la obra, Costegui. Sin embargo, además de esas piscinas que algunos compradores sí reconocen haber ejecutado después de la entrega de las casas, los informes que se han ido incorporando a la causa hablan también de otros incumplimientos, entre otras cosas porque se construyó más de lo autorizado.

“Eso es una afirmación que se hace, pero eso hay que demostrarlo”, ha contestado Caro al ser preguntado por esos informes. “No, si eso está demostrado”, le ha respondido el fiscal Carlos Fernández. A continuación, el constructor se ha vuelto a remitir a los técnicos del Ayuntamiento que dieron el visto bueno a las obras ejecutadas. Incluso, ha llegado a afirmar que esos técnicos habrían “incurrido en prevaricación” si no hubieran informado de que se había construido más de lo autorizado.

Al pedirle detalles sobre quiénes eran esos técnicos, ha terminado precisando que fue “uno”, aunque no ha dado su identidad. Interrogado sobre si ese técnico hizo alguna advertencia de algún posible incumplimiento, Caro ha respondido que no. “Prueba de ello es que al poco tiempo teníamos la cédula de habitabilidad”, ha insistido.

Cabe recordar que antes de que las casas fueran entregadas a los compradores, el Seprona ya había elaborado informes, que terminaron con la orden de parar las obras. Precisamente por ese presunto incumplimiento del precinto, Caro y Echevarría están acusados también de un delito de desobediencia grave. Al respecto, ambos han asegurado que las obras ya estaban terminadas cuando se ordenó ese precinto, en julio del año 2000, y que incluso habían sido entregadas.

Por su parte, el fiscal ha recordado que según consta en uno de los informes, elaborado por la Apmun, en la construcción de las viviendas se produjo “una total y absoluta desviación de los parámetros urbanísticos”, que las obras “no tenían nada que ver con lo que se había autorizado”, que “siguieron pese a la orden de parar”, que “algunas terminaron incluso en el año 2004” y que “se invade suelo rústico de protección”, al ser una zona de paso de jable.

Sin embargo, según los acusados, que se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, “el Ayuntamiento lo había comprobado, punto por punto, habitación por habitación y escalera por escalera” tras terminar las obras y antes de conceder la cédula de habitabilidad.

Una de las claves del juicio está en el muro que delimita las viviendas, y que según la instrucción de la causa se levantó sobre suelo rústico de protección. Ese muro es el que marca el límite del terreno que corresponde a cada vivienda, y que ahora alberga piscinas y otras instalaciones. Según la acusación, lo que se hizo fue ampliar las construcciones ocupando suelo protegido.

Al respecto, tanto Antonio Caro como Federico Echevarría le han restado importancia. “El tema de un muro, dentro de un suelo que es urbanizable programado, no es un atentado contra nada”, ha afirmado el arquitecto. “Pero como arquitecto, ¿usted sabe que en suelo rústico de protección no se puede hacer un muro?”, le ha preguntado el fiscal, a lo que Echevarría ha vuelto a responder que “no se ha construido ninguna vivienda en suelo rústico” y que “están donde el Plan Parcial y la Modificación del Plan Parcial establecían”.

Por su parte, como constructor, Antonio Caro sí ha llegado a reconocer que construyeron un muro. Según él, Brisa Inversiones también era dueña de la franja que estaba más arriba y que se había llenado de escombros. “Tenía una prisa enorme por quitar los escombros, para que no sirviera de vertedero ni nada”, ha asegurado, intentando justificar que construyeron un muro para evitar que volvieran a acumularse escombros. Según él, por eso “los propietarios veían que la parcela era más grande que en la escritura", que es otro de los temas que se investigan en esta causa.


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NotaPublicado: Mar 17 Nov, 2015 4:10 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En la vista de la primera jornada del caso de La Bufona han intervenido tres agentes del Seprona de la Guardia Civil. En 1999 la familia Murillo denunció que les estaban usurpando los terrenos y los agentes se desplazaron para medir in situ.

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Primero solicitaron la documentación al Ayuntamiento de Arrecife, "pero nunca contestó", así que las mediciones las hicieron sobre la documentación que envió el Gobierno de Canarias. Uno de los agentes señaló que el Gobierno dijo que desde la última casa, sólo había 26 metros de suelo urbano, y al medir comprueban que las casas ocupan una línea de fondo de 14 metros de suelo rústico.

"Era evidente que se habían extralimitado", señaló otro agente de la Guardia Civil, que aseguró que inspeccionó cuando las obras aún no habían terminado, y que los muros ya estaban hechos.

El denunciante del caso, que ejerce la acusación particular, Gonzalo Murillo, explicó que su familia compró terrenos en la zona en tres épocas: los años setenta, 1987 y en 1997. En 1999 les llaman unos vecinos de El Cable para decirles que les están ocupando el suelo.

"Me amenazaron con un tiro en la nuca si seguía denunciando en La Bufona", dijo. En una reunión con los propietarios solicitó que le pagaran el precio del suelo o se lo devolvieran. También explicó que Brisa compró tres parcelas que sumaban 46.800 metros y cuando las agrupa en una finca, suma más de 50.000, que además estaban afectados por una expropiación de carreteras. Señaló que se cambian los linderos y se hace una alteración catastral que después se anula.

El juicio comenzó con los abogados defensores solicitando la suspensión del juicio por indefensión porque, según ellos, en las sentencias recientes que confirman la demolición de parte de las casas, hay informes que no conocen, aunque África Zabala, abogada de Antonio Caro, pidió después que se incorporara un informe que dijo desconocer el otro abogado defensor, Julio Ortiz. Ese informe está hecho por el técnico de la Oficina del PIO, a quien Murillo ha denunciado por extralimitarse en sus funciones en su elaboración.

Zabala dijo que "hay una colisión directa entre esas sentencias y lo que se pide en este juicio porque se puede dar una responsabilidad civil de cumplimiento imposible", ya que en un lugar se puede responsabilizar a los propietarios y en otro a los promotores.

"No entiendo cómo se trae como testigos a los propietarios de las viviendas cuándo la responsabilidad civil no es de los acusados", dijo, y pidió la prescripción de los delitos porque no se les tomó declaración a los acusados hasta casi siete años después de iniciado el procedimiento.

Por su parte, la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, señaló que "las argucias de la defensa para que este juicio no se celebre ya están agotadas".


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NotaPublicado: Mar 17 Nov, 2015 4:13 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En la primera jornada de juicio del caso de La Bufona declararon tres propietarios de viviendas de la calle Chabusquillo, afectadas por la orden de demolición parcial. Sus casas estarían en parte de suelo rústico propiedad de la familia Murillo.

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Dos de ellos lo hicieron por videoconferencia: María Rosa González, que apenas recordaba nada y tan sólo admitió que fue ella quien construyó la piscina y que no pagó el Impuesto de Bienes Inmuebles, y José Benito Layunta.

Este último afirmó que compró la vivienda a Antonio Caro en el año 2000, terminada y con el muro levantado y cerrado. Él hizo la piscina, un aseo y el jardín, pero dijo que "de los muros no tocamos nada". Aseguró que no supo nada de las denuncias y que no vio ningún problema. "Luego, a través de la Comunidad de vecinos estamos defendiendo el tema en los tribunales", señaló.

"En la Notaría me explicaron que lo que aparecía en mi escritura era menor superficie que en el terreno, pero vi que el lindero Norte era también de Brisa y que el notario (Celestino Mendizábal que tendrá que declarar el lunes que viene) tenía una propiedad exactamente igual que la mía, y había un fiscal (Miguel Pallarés, que declara este martes) y un abogado que tenían una igual", afirmó.

El testigo añadió: "No vi nada anormal, me dijeron que era de Brisa y era para hacer un jardín". Señaló que firmó en julio de 2000 y no le dijeron que no podía construir en esa parte.

La otra propietaria, Fe Fábregas, afirmó que no sabía que compraba menos superficie cuando le entregaron su casa en mayo de 2000. "No había problemas, todo estaba vallado, amurallado, con la cédula de habitabilidad, estaba el hueco de la piscina", señaló. La piscina la mandó construir ella, y aseguró que se enteró de los problemas por los medios de comunicación y después puso todo en manos de su abogada porque le estaba "afectando el machaque de la prensa".

No obstante, acudió al Registro y comprobó que el lindero Norte también era de Brisa Inversiones, y por eso, cuando tuvo una reunión con otros propietarios más y la familia, Murillo, le pareció que lo que decía la familia, de que el terreno era suyo, le pareció una broma.

Según ella, Murillo les pidió dinero para no seguir con las denuncias. El fiscal le hizo notar que parecía que estaba acusando a Murillo de chantaje, pero ella aseguró que no era así. También le pregunto si no miró la superficie de su casa en el catastro, y dijo que no. "Si no me fío del Ayuntamiento, de quién me voy a fiar", señaló.


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NotaPublicado: Mar 17 Nov, 2015 7:06 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El fiscal Miguel Pallarés no ha sabido explicar este martes, al declarar como testigo en el caso de La Bufona, por qué la propiedad que adquirió en esa urbanización tiene 384 metros según el Registro de la Propiedad, mientras que en el Catastro figuran 546. “¿Y qué quiere que yo le diga?”, le ha respondido al abogado de la acusación particular, cuando éste le ha preguntado por esa discrepancia de más de 160 metros.

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“¿Pero qué fue lo que usted compró, una propiedad de 384 metros o una de 546?”, ha insistido el letrado. “Yo compré el inmueble que está en la calle Chabusquillo, perfectamente vallado y cerrado”, ha contestado Pallarés, que ha asegurado que “no comprobó” si la superficie que figuraba en las escrituras de compraventa se ajustaba o no a la superficie real.

“No sé qué se reflejó en el Catastro, no tengo ni idea”, ha respondido el que fuera fiscal coordinador en Lanzarote, que tampoco ha sabido precisar quién hizo esa modificación en el Catastro. Desde hace años, Pallarés ejerce fuera de la isla y ha prestado declaración por videoconferencia. Y su interrogatorio ha sido uno de los más tensos de los que han tenido lugar en las dos primeras sesiones del juicio, que continuará la próxima semana.

Además de poner sobre la mesa la relación de parentesco que une a Pallarés con dos personas que en ese momento ocupaban puestos clave en el Ayuntamiento, como el ex secretario Felipe Fernández Camero y la responsable del Catastro y de la Oficina de Recaudación, Cristina Fernández, la acusación particular ha hecho hincapié en si Pallarés tenía o no licencia para las obras que realizó después de que le entregaran la vivienda.

Según Miguel Pallarés, hizo obras posteriores pero solicitó “la oportuna licencia”. Concretamente, se ha referido a la instalación de una pérgola y una barbacoa y a la pavimentación del suelo. Sin embargo, cuando uno de los letrados de la acusación particular le ha preguntado expresamente si la licencia cubría todas las obras que realizó, y que tienen desde 2013 orden de derribo de la Apmun, Pallarés no lo ha precisado. “Creo que sí, pero tendría que mirarlo”, ha respondido.

A continuación, el abogado le ha recordado que en ese expediente de derribo (que acaba de ser confirmado por el Juzgado, aunque Pallarés ha adelantado que recurrirá), se dice que las obras no están amparadas por ninguna licencia. “Le recuerdo que está bajo juramento”, le ha planteado el abogado antes de volver a repetir la pregunta. “¿Y me lo tiene que recordar usted?”, ha contestado con tono molesto Miguel Pallarés.

Después, el letrado ha insistido preguntando a Pallarés por qué no aportó la licencia a ese procedimiento de derribo, si realmente las obras contaban con permisos. “Nos hemos basado en otros argumentos jurídicos. Que a lo mejor a usted no lo parecen bien, pero nos han parecido correctos”, ha contestado. Entre esos “argumentos”, ha citado uno: una “certificación del Cabildo” que, según ha dicho, sostiene que las obras están a 500 metros del suelo protegido. “¿Qué a usted no le gusta? Bien. Pero es uno de los que hemos utilizado”, ha vuelto a insistir.

En cualquier caso, también ha señalado en varias ocasiones que no conoce “perfectamente el expediente” y que “ahora mismo de memoria” tampoco tiene presentes todos los datos de la licencia que obtuvo. De hecho, a preguntas de la otra abogada de la acusación particular, también ha contestado con “no me consta” y “no recuerdo”.

Concretamente, la letrada le ha recordado que en el expediente municipal que se incorporó a esta causa, consta que pidió solo licencia para poner las baldosas del suelo, y que incluso “renunció expresamente” a instalar la pérgola. “A mí no me consta, no recuerdo esa renuncia”, ha respondido Pallarés, que no obstante tampoco ha podido asegurar que ese permiso amparara todas las obras que realizó.

En el caso de la piscina, Miguel Pallarés sí ha admitido que no pidió licencia. “No, creo que no”, ha terminado respondiendo, después de varias preguntas al respecto. Según Pallarés, cuando la constructora le entregó la casa, dejó el “hueco” de la piscina hecho (los promotores niegan haber hecho las piscinas, aunque varios compradores han declarado lo mismo que Pallarés, que pagaron por ese trabajo añadido antes de recibir las casas). Después, contrató a otra empresa para que terminaran las obras. Sin embargo, ni pidió licencia para esa obra ni en las escrituras de compra de la casa se reflejaba la existencia de una piscina. “No sé si eso se tiene que reflejar, no lo sé”, ha respondido al respecto.

Una de las claves del juicio se centra en determinar si los dos acusados, Federico Echevarría y Antonio Carmona, propietarios de la promotora Brisa Inversiones, ocuparon suelo rústico de protección con la construcción de esas viviendas. El suelo en cuestión es el que se sitúa en la parte trasera de las casas, donde luego los compradores hicieron piscinas, pérgolas y otras instalaciones. Según los propietarios, ellos hicieron obras en el terreno que les entregaron, porque estaba perfectamente amurallado, marcando el límite de su propiedad. Los acusados, sin embargo, responsabilizan a los dueños de las casas de lo que hicieran allí y niegan que la venta incluyera ese terreno.

Por su parte, Pallarés ha insistido en que desconocía que se tratara de suelo protegido. “Si el Ayuntamiento me autoriza a poner baldosas, rústico protegido no será”, ha subrayado al respecto, insistiendo en que tenía licencia, al menos, para una parte de las obras que realizó. Cuando el Consistorio otorgó ese permiso, ya había una orden de parar los trabajos en esa urbanización (concretamente de julio del año 2000). “Creo que ninguno de los vecinos que estaban comprando las casas sabíamos que fuera suelo rústico”, ha asegurado, afirmando que se han ido enterando todos, incluido él, “por la prensa”.

Sobre si ha emprendido algún tipo de acción desde el año 2002, que es cuando el tema ya había saltado a los medios y se conoció que había una orden de precinto, entre otras cosas, por ocupar suelo público, Pallarés ha respondido que no. “¿Qué quiere que haga si todavía no se me ha producido ningún daño?”, ha preguntado como respuesta, añadiendo que podría dirigirse contra el Ayuntamiento o los promotores si se consumara ese derribo. “Seguro que usted sabe mucho más derecho que yo, pero de momento creo que no podemos dirigirnos. Pero seguramente esté equivocado”, ha señalado Pallarés.

Tampoco ha sabido precisar cuánto duraron las obras que él ejecutó. “De 15 años atrás, no le puedo decir fechas”, ha señalado, negando después que duraran “dos o tres años”. Además de las obras en esa especie de patio trasero, Pallarés también ha añadido después que cuando entró en la casa lo primero que hizo fue “ampliar la cocina”. En total, según sus palabras, el cierre fue de unos 16 metros cuadrados.

Durante su declaración, Pallarés también ha insistido en que lo que él compró fue una vivienda “totalmente terminada, con cédula de habitabilidad, con luz, agua...” Sin embargo, ha admitido que los vecinos pasaron años sin pagar el IBI. “Hubo un periodo, no recuerdo tiempo exacto, en que no nos giraban los recibos por un problema en el Ayuntamiento”, ha señalado, afirmando que después les cobraron “lo atrasado”, “lo que no estaba prescrito”. En total, los vecinos pasaron unos siete años sin pagar impuestos, porque las viviendas no estaban registradas oficialmente.

En este punto, la abogada de la acusación le ha preguntado por Cristina Fernández Fernández, que según la letrada representaba a Pallarés en los escritos relacionados con la solicitud de la licencia de obras menores en la casa, y que además era “encargada del Catastro y de la Oficina de Recaudación” del Ayuntamiento. “¿Es la misma Cristina Fernández?”, le ha preguntado la letrada, tras pedirle que identificara a esa persona.

“Si la pregunta que quiere hacerme es qué relación tiene conmigo, es que me la ha hecho mal”, ha respondido Pallarés, que tras varias intervenciones ha concluido con un: “Si lo que quiere saber es qué relación de parentesco tiene conmigo, se lo digo: es la hermana de mi mujer”. A continuación, la abogada le ha preguntado también por su relación de parentesco con el que era secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, que intervino en la concesión de las licencias de obra y también estuvo imputado en esta causa, pero la juez no ha admitido la pregunta. Concretamente, Camero es ‘tío político’ de Pallarés.


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NotaPublicado: Mar 17 Nov, 2015 7:09 pm 
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La ex alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz, reconoció durante la vista oral del juicio de La Bufona de este martes que en el Ayuntamiento había una orden de paralización de las obras en La Bufona que había recibido la anterior alcaldesa, Manuela Armas, y que “no se hizo nada”. Por esa inacción, según Déniz, se subrogó las competencias la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun). “No se podía hacer nada porque se había subrogado la Apmun”, dijo.

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Déniz declaró como testigo. Su testimonio había sido solicitado por la acusación particular, que recordó que había pedido su imputación durante el procedimiento en numerosas ocasiones. Según Déniz ella no dio licencias en esa urbanización aunque consta que se otorgaron licencias de pérgolas y cerramientos.

La ex alcaldesa dijo que tendrían informes jurídicos y técnicos favorables. “Nunca he dado una licencia que no cumpla esos requisitos”, aseguró. También señaló que nadie le advirtió de las irregularidades en La Bufona aunque el asunto “era recurrente en los medios”.

La abogada de la acusación particular afirmó que Déniz aprobó segregaciones de 600 metros en ese plan parcial cunado era concejal de urbanismo en 1996, y el mínimo que se podía segregar eran 2.000 metros. Tampoco aclaró qué persona del Ayuntamiento le daba la información de que todo estaba bien.

Durante la jornada declararon siete propietarios de casas en la calle Chabusquillo, afectadas todas por una orden de demolición de pérgolas, piscinas, algunos muros y otras construcciones, según la Apmun. Prácticamente todos declararon en la misma línea: les entregaron las llaves de las casas nada más firmar la escritura en el año 2000 (algunos compraron sobre plano años antes), tenían luz, agua y cédula de habitabilidad, “todo en orden”, casi todos tenían el agujero para la piscina hecho por Brisa Inversiones (y se pagó aparte).

Después todos construyeron por su cuenta las piscinas, ampliaciones de la cocina, solanas o varias habitaciones. En algún caso la ampliación llegó hasta los sesenta metros cuadrados. Excepto el fiscal Pallarés y otro propietario, ninguno pidió licencia para estas obras.

Tampoco supo explicar nadie por qué hay tanta diferencia entre la superficie de las parcelas y las casas que aparece en el Registro, y la que aparece en el catastro, que es mucho mayor. Las diferencias son de más de cien metros cuadrados. En un caso, en la escritura aparecen 68 metros y la casa tiene 219. Tampoco dio nadie explicación a por qué no se pagaba el IBI.

Todos declararon que compraron las casas ya terminadas y con el muro hecho, lo que significaría que la invasión del terreno rústico fue responsabilidad de los promotores y no de los compradores. Casi todos dijeron que de las irregularidades se enteraron por la prensa. Uno de ellos, incluso, dijo que la primera noticia que tuvo fue en 2011.

Algunas frases de los propietarios

- “Si llego a saber que es suelo protegido, nadie lo hubiera comprado”.

- “No supe que hubo un precinto. Si lo hubiese sabido no hubiera comprado la casa”.

- “No nos dijeron que la parcela era más grande que en la escritura”.

- “Me siento engañado por Antonio Caro” (el constructor de las viviendas).

- “En el Ayuntamiento no me dijeron nada aunque no me sorprende con los casos que ha habido en este municipio”.

- “Cerré la piscina porque entra mucha tierra”. (El suelo es rústico de protección de jable).


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NotaPublicado: Lun 23 Nov, 2015 3:36 pm 
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NotaPublicado: Mié 25 Nov, 2015 6:19 am 
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El juicio de La Bufona ha quedado visto para sentencia con la petición tanto por parte del Ministerio Fiscal como de la acusación particular del derribo de las casas de La Bufona, en el primer caso de las 14 que ocupan suelo rústico y en el segundo de toda la urbanización. Las acusaciones piden 15 y 11 años de prisión para Antonio Caro y Federico Echevarría, los promotores del plan parcial, por un delito contra la ordenación del territorio, otro de desobediencia, falsedad en documento público y estafa.

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La Fiscalía sólo acusa de estos dos primeros delitos y ha rebajado su pena, de los cuatro años que solicitaba a un año y nueve meses de prisión más una multa por dilaciones indebidas y por aplicar la normativa más favorable para los reos antes de la reforma de Código penal.

El fiscal Carlos Fernández Seijo, en sus conclusiones, aludió al desarrollo urbanístico de finales de los años noventa y la "permisividad de los organismos públicos". "En Arrecife se evidencia que no existieron esos controles", señaló. El fiscal considera que está probado que varias casas se comenzaron antes de conseguir las licencias y que no pararon las obras a pesar de que conocían la orden de suspensión.

Irma Ferrer, una de las abogadas de la acusación particular, que representa a la familia Murillo, señaló que este plan parcial es el único de Lanzarote donde se dan todas las irregularidades: licencias irregulares, plan anulado, no se cobraba el IBI, no se han hecho las cesiones obligatorias, se ha ocupado suelo rústico... "Es imposible ejecutar esto sin la connivencia del Ayuntamiento de Arrecife", señaló.

La letrada destacó que en otros procedimientos parecidos están imputados los alcaldes y técnicos de la Administración local. Calificó el caso como "un urbanismo salvaje y criminal" porque las consecuencias, como la falta de espacios públicos, las cesiones, los aparcamientos o los accesos, "los pagamos todos".

Además, destacó que desde el primer momento "se hizo una ficción porque no se hizo el proyecto de reparcelación, que era preceptivo y vinculante". Consideró que los promotores hicieron "lo que quisieron" y que engañaron a la Administración tramitando una modificación puntual del plan parcial "cuando ya estaban haciendo otra cosa". También destacó que el certificado final de obra es falso, igual que las certificaciones catastrales porque se registraron datos que no son ciertos.

El otro abogado de la familia Murillo, Ignacio Cáceres, dijo que los más perjudicados por las ilegalidades son los residentes y que el delito contra la ordenación del territorio es claro porque Brisa vendió una propiedad vallada ocupando suelo rústico.

Tanto la abogada de Antonio Caro, África Zabala, como el abogado de Echevarría, Julio Ortiz, consideran que los delitos están prescritos porque se tardó nueve años en llamar a declarar a los acusados, desde 1999 que se denunció hasta 2006. Ambos solicitaron la absolución y consideran que ninguno de los cuatro delitos se ha demostrado con pruebas durante el juicio.

Según Zabala, no está en cuestión todo el plan parcial sino sólo la franja de terreno al Norte de la urbanización. También destacó que el denunciante, Gonzalo Murillo, "ha ubicado las fincas que cree que son suyas donde ha querido". Aseguró que no se ha medido bien el terreno y que no es de protección ecológica. "Todo cambia si la medición se hace desde la carretera".

Julio Ortiz, el abogado de Echevarría, citó en su alegato final los testimonios del fiscal Pallarés, propietario de una de las viviendas, que compró con licencia y declaró que su finca lindaba con Brisa Inversiones; el de la ex alcaldesa Isabel Déniz, que declaró que "estaba todo bien" y el del notario Celestino Mendizábal: "Estamos hablando de un señor notario, no de unos agentes del Seprona", señaló; y concluyó diciendo que todas las obras estaban autorizadas.

Finalmente, el acusado Federico Echevarría quiso tomar la palabra para decir que compró el plan parcial con el proyecto de parcelación y que no sabía que no se habían hecho las cesiones al Ayuntamiento. Dijo que durante 45 años de profesión ha construido cinco millones de metros cuadrados por todo el mundo y nunca ha tenido ningún problema, y señaló que el suelo que se dice que es rústico siempre ha sido suelo urbano porque el rústico empieza 450 metros por encima de la carretera. "Lo dijo el secretario del Ayuntamiento de Arrecife que sabe de esto un poco -señaló -, y en los avances del Plan General siempre se ha calificado como urbanizable".


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NotaPublicado: Mié 13 Ene, 2016 1:14 pm 
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El Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife ha condenado a seis meses de prisión a los promotores de la urbanización La Bufona (Arrecife), el arquitecto Federico Echevarría y el constructor Antonio Caro, por un delito contra la ordenación del territorio. La juez ha decido absolverlos de los otros tres delitos de los que se les acusaba: desobediencia, falsedad y estafa. La sentencia es recurrible ante la Audiencia provincial.

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El fallo también ha tenido en cuenta para rebajar la condena el atenuante de dilaciones indebidas durante el procedimiento, que se inició en el año 2000, y se juzgó el pasado mes de noviembre. "Pese a la complejidad de la causa muchas paralizaciones no se entienden en modo alguno justificadas, en este sentido no se justifican los cinco años y siete meses de paralización de la causa", señala la sentencia.

La sentencia también obliga al pago de las costas a los condenados, a una multa de 3.650 euros, a la inhabilitación durante un año para trabajos de construcción, promoción o planeamiento, y al derribo de las costas construidas "sin título habilitante".

Aunque la sentencia no aclara de forma concienzuda hasta dónde alcanza la demolición, sí queda claro que el derribo se refiere al menos a todo lo construido en suelo rústico de protección ecológica, lo que afecta a una franja de un fondo de 18 metros al norte de la calle Chabusquillo.

Esa franja corresponde a la parte de atrás de catorce chalés de esa calle donde hay construidos muros de contención, piscinas, pérgolas y algunas habitaciones. En total, unos 250 metros cuadrados de media por cada casa.

Echevarría y Caro deberán asumir el coste de las demoliciones y la reposición de la realidad física alterada. Entre los propietarios afectados se encuentran el fiscal Miguel Pallarés, la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez o el notario Celestino Mendizábal.

En el fallo se señala que "ha quedado probado que los acusados realizaron la construcción de las viviendas con conocimiento de que parte de las obras se efectuaban dentro del suelo clasificado por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote como Suelo Rústico de Valor Natural Ecológico, invadiendo con ellas suelo especialmente protegido, no respetando además los límites de superficie y volúmenes edificatorios permitidos por el Ayuntamiento de Arrecife según licencia de edificación concedida por el propio Ayuntamiento".

Además añade que "las obras se realizaron con total desprecio por la ordenación legal del territorio y a sabiendas que dichas obras se realizaban sin la preceptiva calificación territorial y demás títulos habilitantes".

Los acusados, según la sentencia, "centraron su defensa en que les fueron concedidas las licencias oportunas y que su actuación se vio amparada en todo momento por la ley y que los cerramientos de las viviendas los realizaron cada uno de los propietarios una vez fueron vendidas éstas, hecho que niegan la mayoría de los que depusieron en el acto de juicio y como así se corroboró por los peritos que comprobaron in situ el estado de las obras".

"Sin embargo – continúa- existe en la causa material probatorio suficiente para desvirtuar la versión de los hechos dada por los acusados y estimar en cambio acreditada la versión sostenida por la acusación pública y particular" de que se incumplió "de forma flagrante la legalidad vigente en unos terrenos en los que hoy día tampoco permiten esa construcción ya que se emplazan en un suelo clasificado como rústico y categorizado como suelo rústico de protección y de valor natural ecológico".


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NotaPublicado: Mar 19 Ene, 2016 4:12 pm 
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NotaPublicado: Mié 20 Ene, 2016 4:27 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Los propietarios de las viviendas del Plan Parcial La Bufona, en Arrecife, se están planteando la interposición de distintas querellas criminales contra el Ayuntamiento de Arrecife. Así lo ha confirmado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la presidenta del PP en la Isla y una de las propitarias afectadas por el litigio judicial que ha terminado con seis meses de prisión para el promotor y el constructor de dichos inmuebles, Ástrid Pérez. Ésta, durante su intervención en el programa ’A buena hora’ ha cuestionado la "excesiva politización de la causa judicial" y ha explicado que el Ayuntamiento ha errado por omisión o actuación. "Aquí hay mucho de política y algunos empresarios que estarían muy contentos de que esta parte se tirara para la posterior calificación de este suelo, pero además, nosotros vamos a plantear que el Ayuntamiento de Arrecife no debía haber permitido que en su territorio se construyera en suelo de protección", ha manifestado Ástrid Pérez.

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A su juicio, "si evidentemente se produjo una modificación del Plan Parcial, como dice ahora el alcalde, algo que yo desconozco, la realidad es que tendrían que haber estado vigilando para que en su territorio no se construyera en suelo de protección; y la realidad es que cuando Manuela Armas era alcaldesa de Arrecife con el PSOE ya se permitió, algo que parece un delito de omisión", ha explicado la también concejal del PP en Arrecife y parlamentaria regional.

Tras mantener un encuentro entre los vecinos de la Bufona, Ástrid Pérez ha afirmado que "nosotros como vecinos vamos a ir a por todas porque de las presuntas corrupciones urbanísticas de este Ayuntamiento no tenemos por qué pagar los vecinos". "No sabíamos nada y la propia Agencia de Protección del Medio Natural y Urbano ha dicho que no pudieron poner el precinto porque no tenían medios para ello", ha añadido.

Los vecinos mantienen en todo momento que compraron sus viviendas en su día tal y como se las entregó el constructor y el promotor, que han sido recientemente condenados a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación territorial. "Vamos a tratar de poner a cada uno en su sitio; ya tenemos el expediente y acudiremos a los juzgados a poner querellas criminales por acción o por omisión", ha dicho Pérez. "Si cualquiera ha cometido alguna irregularidad, alcalde, concejales, técnicos, nosotros estaremos ahí y lo vamos a plantear", ha expresado la presidenta del PP, que ha apostillado su intervención advirtiendo de que "el nuevo Plan General que CC y PSOE pretenden aprobar va a quitar la protección a este Plan Parcial, se la reduce, de manera que se nos va a provocar un perjuicio innecesario".


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NotaPublicado: Sab 07 Jul, 2018 10:03 am 
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Según Crónicas de Lanzarote:

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dado la razón a los vecinos afectados por el Plan Parcial de La Bufona, en Arrecife, y les permite ahora participar en el pleito penal sobre sus casas, tal y como éstos habían solicitado en un último recurso judicial que anula las anteriores actuaciones.

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El tribunal ha paralizado la orden de derribo de algunas casas tras el recurso de los afectados, según ha explicado este mismo viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la presidenta del Partido Popular (PP), Ástrid Pérez. "Hace un año se dictó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se le venía a decir a la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural (APMUN) del Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Arrecife que no hicieron las cosas bien y que, por tanto, se anulaba la orden de demolición", ha explicado Ástrid Pérez en el programa ’A buena hora’.

Sin embargo, tal y como ha relatado, "es verdad que había una sentencia penal que condenaba a los constructores de este Plan Parcial a la demolición y con sentencia firme. Lo que nos espantó a los vecinos fue que en un procedimiento penal en el que se estudiaban responsabilidades sobre nuestros jardines, que no viviendas, no nos hayan llamado como parte perjudicada, en cualquier caso".

Ahora, según ha confirmado, "la Audiencia nos ha dado la razón, ha anulado esa sentencia penal, así que ya no hay ninguna sentencia en la que exista obligación de demolición". "Lo que dice la Audiencia ahora es que se inicie el procedimiento penal desde el principio, con lo que por fin, los propietarios nos podremos defender de algo que era una injusticia: casi todos los propietarios compramos las viviendas hechas y no teníamos conocimiento en ningún caso de determinadas irregularidades urbanísticas", ha advertido.

Ástrid Pérez ha recordado que en su día el Ayuntamiento de Arrecife y la APMUN "tenían la obligación de precintar esas obras durante dos años", cosa que no hicieron. Cabe recordar que la vista oral en Arrecife se desarrolló en el Palacio de Justicia de la capital en noviembre de 2015.

Pérez ha relatado que el denunciante de La Bufona llevó meses atrás al juzgado un nuevo cambio irregular en el catastro sobre la vivienda de la presidenta del PP.
En la denuncia, considera que puede haber una presunta prevaricación administrativa por asignarle el terreno rústico que ocupa la vivienda sin justificación.

"Estas personas han intentado registrar las fincas que dicen que tienen y que las compraron, con posterioridad a la construcción. Yo no compro un suelo donde hay ya una construcción encima. Cuando esta familia solicita al Registro de la Propiedad un escrito sobre su finca, el registrador se la niega porque la finca que él defiende que está en un lugar, no está. aquí, sino en otro lado", ha explicado.

"Hay cosas muy raras en este proceso, como que ahora el Plan Supletorio de Arrecife regularice viviendas que están en el mismo tipo de suelo, como Güime o Argana Baja, pero no las de La Bufona", ha señalado.

La también concejal del PP en Arrecife ha pedido disculpas a sus vecinos y ha argumentado que si ella "no hubiera vivido allí y no fuera otra vecina afectada más, este caso no habría tenido tanta trascendencia mediática". "Les he dicho muchísimas veces a mis vecinos que lo siento mucho. Hay planes parciales mucho más irregulares que el nuestro que sí que se han solucionado, pero el nuestro, debe ser que por ser yo quien vive aquí, no ha podido solucionarse. Lo siento, pero no me voy a cambiar de casa. No hemos cometido ninguna irregularidad. Que paguen el pato quienes han hecho las cosas mal", ha concluido.

Auto de la Audiencia Provincial que da la razón a los vecinos de La Bufona:
http://www.cronicasdelanzarote.es/IMG/p ... ulidad.pdf


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NotaPublicado: Lun 09 Jul, 2018 3:42 pm 
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NotaPublicado: Mar 10 Jul, 2018 4:30 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona en el año 2000 y propietario de los terrenos donde se asienta una parte de las casas con orden de derribo en La Bufona (Arrecife), considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Las Palmas de ordenar que se repita la vista oral contra los promotores de la urbanización, es "una gran oportunidad para que los propietarios de las viviendas se puedan defender de las imputaciones de los técnicos en materia de urbanismo de la Agencia de protección del medio urbano y natural del Gobierno de Canarias".

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Señala que esos técnicos "hacen responsables a dichos propietarios de ser los promotores y ejecutores de la mayoría de obras ilegales construidas sobre suelo rústico de protección ecológica en sus viviendas, muchos años después de haber comprado las casas de La Bufona". Recuerda, en este sentido que, en el caso de una de las afectadas, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, este hecho "consta en la resolución de demolición de la Apmun que afecta a la vivienda ilegalizable".

Asegura Murillo que, según las certificaciones del Registro de la Propiedad, todas las viviendas edificadas en la calle Chabusquillo están fuera de los límites del solar urbano que es propiedad de la promotora Brisa Inversiones y que las fincas registrales que se corresponden con esas casas "presentan una anormalidad en su lindero norte" puesto que figura como lindero "Resto de la finca matriz de Brisa Inversiones", cuando deberían tener como lindero la propiedad de Eduardo Murillo, padre de Gonzalo. Ese suelo rústico que ocupan las casas "está escriturado y registrado a nombre de Eduardo Murillo desde hace treinta años".

Señala Murillo que Brisa, la promotora que vendió las casas, no es propietaria de fincas matrices ni dispone de suelo rústico al norte de La Bufona o El Cable, y que se ordena la demolición de estas casas precisamente por invadir suelo rústico de protección ecológica. También destaca que los propietarios han comprado casas en parcelas de 384 metros cuadrados urbanos, pero el Catastro ubica estas viviendas en parcelas de casi 600 metros cuadrados, de los cuales más de 250 metros son de suelo rústico protegido.


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