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NotaPublicado: Mar 19 Feb, 2019 4:35 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En la quinta sesión del juicio del caso Unión que se celebra en Arrecife tan sólo han declarado dos testigos. De los cuatro previstos, una de ellas, trabajadora municipal, no se presentó a la sesión , mientras que la defensa de Juan Francisco Rosa renunció a que testificara Bienvenido Saavedra ,ex director del Hotel Fariones, quien estaba llamado para que corroborara si Dimas Martín ejerció trabajos de supervisión en los jardines de ese establecimiento, como afirmó el propietario del hotel.

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El abogado de Rosa alegó que renunciaba a su testimonio porque la prueba era “innecesaria” puesto que el fiscal no hizo en la sesión del lunes ninguna pregunta a Dimas Martín sobre el supuesto trabajo que realizaba en la empresa Galerías Rosa, y el fiscal contestó que el hecho de que le hiciera o no preguntas es “irrelevante” para tomar esa decisión. La defensa de Rosa había citado antes de que comenzar al juicio a tres testigos para que confirmaran la versión de que Dimas sí trabajaba en el Grupo Rosa, y en los primeros días ya renunció a los otros dos: uno de ellos era el director del Hotel Princesa Yaiza.

El primero de los testigos propuestos por la Fiscalía fue Francisco Saavedra, ordenanza del Ayuntamiento de Arrecife que, sin embargo, firmó propuestas de gasto y facturas como técnico en la concejalía de barrios sin tener competencias para ello. Alegó que se lo ordenó la edil Luisa Blanco y que creía que era un trámite y lo hacía porque le decían que faltaba personal: “Era lo normal”. Dijo que en aquel momento desconocía que firmando estaba dando su conformidad con que los servicios se habían prestado. “Ahora sí lo sé”, dijo.

A pesar de que firmó una propuesta de gastos, declaró que no sabía lo que significaba una propuesta de gastos. “En esos momentos las costumbres eran esas, todo el mundo lo hacía”, señaló. “No era consciente de la importancia de mi firma en la factura”, dijo. El fiscal preguntó por la participación en esas facturas de Antonio Machín y Saavedra respondió que el concejal ni lo saludaba, aunque admitió finalmente que su firma era la que aparecía en las facturas firmadas por él.

El testigo declaró que para entrar a trabajar en el Ayuntamiento le hicieron una prueba con una fotocopiadora y tres preguntas sobre la Isla, de cultura general. Los estudios que tiene son el “certificado escolar”. Dijo que no recordaba haber visto nunca más de una oferta para un gasto. La acusación popular le preguntó si la jefa de contratación, Elena Martín, se dirigió a él en alguna ocasión para advertirle de las irregularidades en el proceso de contratación y contestó que no.

La segunda testigo fue Ruth Hernández, bióloga del Ayuntamiento. Firmó alguna propuesta de gasto para la concejalía de medio ambiente porque en esa época no había técnicos en ese área. Declaró que nadie le especificó que hubiera un protocolo y que después de aquello “los procedimientos han cambiado muchísimo”. El único criterio para diferenciar si el gasto iba por Compras o por Contratación era la cantidad: si era menor de 18.000 euros iba a Compras y si era mayor a Contratación. Señaló que la decisión la tomaban los trabajadores de esos departamentos.


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NotaPublicado: Mar 19 Feb, 2019 4:45 pm 
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NotaPublicado: Jue 21 Feb, 2019 4:02 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

“Era el trámite habitual”. Ha sido la frase más repetida en la última de las sesiones previstas en Arrecife del juicio del caso Unión sobre las comisiones en el Ayuntamiento de Arrecife. En esta sesión, que se alargó apenas dos horas, declararon tres auxiliares administrativas del Ayuntamiento de Arrecife, dos de ellas del área de Limpieza, Parques y Jardines, a petición de la Fiscalía, y una de Contratación, a petición de la defensa de Elena Martín.

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También declaró el representante de una empresa y el exalcalde, Manuel Fajardo Feo, para ratificar que el Ayuntamiento se personó como perjudicado para que se pudiera reparar el daño causado en caso de que lo hubiera.

Las dos administrativas del área de limpieza, Loyola Hernández y Yoana Machín, declararon que firmaban propuestas de gasto y facturas a pesar de que no tenían competencias para ello y que no comprobaban si se habían hecho los trabajos. “Era el trámite habitual”, respondieron ambas. También reconocieron que era el concejal del área, Antonio Machín, quien les pedía que firmaran y les aportaba los documentos.

El fiscal le preguntó si les decía que se trataba de un trámite o les advertía que al firmar las facturas estaban reconociendo la recepción de unos trabajos realizados, y contestaron que les decía que era un trámite. Ambas firmaban tanto las demandas internas como la propuesta de gasto y la factura final. Afirmaron que les decía que lo tenían que firmar porque no había técnicos en esa concejalía.

Las dos respondieron que tampoco comprobaban si se habían hecho o no los trabajos. “Yo no revisaba los trabajos, evidentemente -señaló Hernández-, nos decía que firmáramos como un trámite más”, aseguró. También dijo que no se planteó si era legal o no.

Era lo normal, en todos los departamentos se hacía de la misma manera”. Por su parte, Yoana Machín reconoció que no sabía lo que suponía el hecho de firmar las facturas. “El concejal no me dijo que era la certificación del trabajo”, respondió a preguntas del fiscal, y admitió que hubiera firmado igual “una factura de 77.000 euros”.

La otra testigo, Carmen Nieves Reyes, declaró que trabajaba en el departamento de Contratación en la época en que ocurrieron los hechos. El departamento sólo lo componían ella, como auxiliar administrativo, y Elena Martín como técnico. Dijo que el departamento de Compras era independiente del de Contratación: “Contratación desconocía lo que se hacía en compras”, declaró.

También aseguró que nunca tramitó una propuesta de gasto sino que se hacía primero una retención de crédito y después se elaboraba un decreto. Dijo que nunca le dijeron a nadie que fuera al departamento de Compras para tramitar una compra, una obra o un servicio y que no había una frontera que marcara que los contratos menores los hacía contratación y los mayores los hacía compras.


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NotaPublicado: Jue 21 Feb, 2019 4:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Era el trámite habitual”. Ésa es la frase que más se ha repetido en la sexta jornada del juicio de la pieza 12 del caso Unión, en la que han declarado como testigos tres trabajadoras del Ayuntamiento de Arrecife, además del representante de una empresa y el ex alcalde de la ciudad, Manuel Fajardo Feo. En cuanto a las tres empleadas, todas son auxiliares administrativas, pero dos de ellas han reconocido que firmaban propuestas de gasto y facturas por orden del entonces concejal de Parques y Jardines, Antonio Machín, como si fueran técnicos y sin realizar ninguna comprobación de que procedía el pago.

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“¿Verificó que el trabajo se hubiera realizado?”, le ha preguntado el fiscal a Loyola Hernández, tras mostrarle una de las facturas que lleva su firma junto a la de Machín. “Yo los trabajos no los revisaba, evidentemente”, ha declarado la testigo, pese a que su firma implicaba precisamente dar una conformidad al trabajo supuestamente realizado.

Nosotros firmábamos lo que venía”, ha afirmado en un interrogatorio especialmente complicado, que ha llevado a intervenir en varias ocasiones al presidente de la Sala de la Audiencia, Emilio Moya, al ver que la testigo no respondía a lo que se le preguntaba. “Otra vez con el trámite”, ha cuestionado al ver que volvía a contestar que era “el trámite habitual”, cuando la pregunta era quién le decía que tenía que firmar o si le advirtieron de que su firma implicaba validar la recepción de ese trabajo. “Conteste usted a lo que se le pregunta, que no es tan complicado”, le ha pedido Moya, que a continuación se ha disculpado con la testigo al ver que comenzaba a llorar, e incluso ha pedido a los abogados de la acusación que hicieran una pausa en el interrogatorio para que se “tranquilizara”.

Esta testigo estuvo imputada en la causa junto a otra auxiliar y junto al ordenanza subalterno que declaró el miércoles, y que también validaba pagos con su firma como si fuera técnico, pero en los tres casos la juez instructora terminó archivando los cargos contra ellos. En el auto adoptado esta decisión, la magistrada señalaba que fueron “utilizados” por la “trama delictiva”, sin que pudiera acreditarse que llegaran a conocerla o a “participar conscientemente”.

Además, señalaba que ninguno era técnico ni tenía cualificación ni conocimientos para firmar facturas, por lo que concluía que no fueron determinantes para que se realizaran esos pagos y por tanto la presunta malversación de fondos públicos. Según la Fiscalía, sus firmas solo fueron una “operación de maquillaje” que utilizaron los acusados –en este caso el concejal Antonio Machín y el interventor- para dar una apariencia de legalidad.

En el caso de Loyola Hernández, que ha declarado que lleva 18 años trabajando en el Ayuntamiento de Arrecife, ha terminado confirmando que era Machín quien le decía que tenía que firmar y quien le pedía que “preparara” propuestas de gastos, sin que hablara de este tema con ninguna otra persona del Ayuntamiento. Sobre si ella realizaba algún control sobre las obras, ha llegado a señalar que “iban vecinos a comentarle”, ante la sorpresa del fiscal. “¿El trámite era que un vecino se pasara a decir que se había hecho una obra? ¿Se lo comentaba un ciudadano anónimo, como si viniera un jubilado que ve una obra?”, ha cuestionado.

En cuanto a la otra auxiliar administrativo que trabajaba en la Concejalía de Antonio Machín y que también firmó facturas y propuestas de gasto, Yoana Machín de León, ha confirmado con rotundidad que era este concejal quien le llevaba las propuestas y quien le decía que firmara. Y también que nunca le explicó lo que implicaba su firma. “Era el trámite habitual”, ha repetido también ella en varias ocasiones. “Nos ha quedado claro”, ha apuntado en una de ellas el fiscal.

Además, la testigo ha ratificado también que no comprobaba si realmente se había efectuado el trabajo, ni reparó en que había más de una factura que tenía exactamente el mismo objeto. En cuanto a la firma de Machín, que fue puesta en cuestión por su defensa durante su declaración, la trabajadora ha confirmado que es la que aparece en los documentos junto a la suya. Al respecto, y a preguntas del fiscal, ha afirmado que firmaron “multitud” de documentos juntos y que identifica su rúbrica.

En uno de los casos, esta auxiliar administrativo firmó una factura de más de 36.000 euros. “¿Hubiera firmado igual una factura de 70.000 euros que una de 20.000?”, le ha preguntado el fiscal, subrayando que no se diferenciaba entre el procedimiento que debe llevar un contrato menor del que supera cierto importe. “¿Era una firma mecánica?”, ha interrogado, ante lo que la testigo ha respondido que sí, señalando además que no pensó que no pudiera hacer ese trabajo pese a que no estaba cualificada para él, y que lo hizo porque así se lo pedía el concejal.

Tras responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación, las dos testigos han sido interrogadas también por la abogada de Antonio Machín, Juana Fernández de las Heras, que ha pedido que explicaran si ese “trámite habitual” al que se referían existía ya antes de que su representado llegara a la Concejalía. Sin embargo, ninguna ha respondido afirmativamente. Una de ellas ha señalado que no lo recuerda y la otra que se incorporó al área cuando Machín ya era el concejal.

En cuanto a la pregunta de si se siguió haciendo después el mismo trámite, firmando facturas aunque no fueran técnicos, ambas han respondido con rotundidad que no, que esa forma de proceder terminó con la salida de Antonio Machín de la Concejalía. En cuanto al motivo que les daba para hacerlo, las dos han señalado que era porque no había técnicos en el área, aunque el fiscal ha subrayado que sí había en Contratación y en la Oficina Técnica, que contaba “hasta con cinco arquitectos”, pero pese a ello se hacía firmar facturas y propuestas de gasto a trabajadores sin cualificación.


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NotaPublicado: Jue 21 Feb, 2019 4:30 pm 
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NotaPublicado: Vie 22 Feb, 2019 4:12 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Una de las discusiones fue conmigo directamente. Recuerdo hasta un portazo, por eso lo recuerdo. Me levantó la voz”. Así ha relatado una testigo el supuesto “enfado” del que era concejal de Medio Ambiente de Arrecife, Ubaldo Becerra, cuando desde Contratación le dijeron que no podía fraccionar un contrato para adjudicarle directamente la obra a una empresa en lugar de sacarla a concurso.

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Esta testigo, Carmen Nieves Reyes, trabajaba como auxiliar administrativo en ese departamento junto a Elena Martín, que está acusada en la causa y que es quien había pedido su comparecencia en el juicio. “Le dije que Elena ya le había dicho que no se podía emitir el contrato”, ha señalado esta trabajadora municipal en referencia a esa conversación con Becerra, de la que ha dicho no recordar todos los detalles.

“¿Y no se sorprendió cuando luego vio que se estaban ejecutando las obras?”, le ha preguntado el fiscal. “Yo no salgo del Ayuntamiento a comprobar ni a supervisar nada”, ha respondido la testigo, con un discurso muy similar al que había mantenido Elena Martín al declarar como acusada. En aquella declaración, la responsable de Contratación reconoció que desde su departamento se había adjudicado la redacción del proyecto, pero negó que después se hubiera contratado la obra, consistente en el arbolado del parque temático.

Según Elena Martín, tras redactarse el proyecto el concejal le presentó tres propuestas, pero ella le dijo que debía sacarse a concurso al superar los 180.000 euros y que no podían fraccionarse los contratos. “Se quedó parado”, aseguró la técnico, pese a que la obra sí se terminó realizando. “No vivo en Arrecife. Vengo a trabajar y porque no me queda otra”, alegó en respuesta al fiscal, cuando le planteó si no le había sorprendido que la obra se ejecutara finalmente.

Por su parte, Ubaldo Becerra declaró durante su confesión en el juicio que los trabajos se adjudicaron sin sacarlos realmente a concurso y que “Elena lo consintió”. Incluso, aseguró que le llegó a decir “dime de estas tres cuál quieres”, cuando le presentó tres propuestas que además eran “idénticas” y venían de la misma empresa.

“Vamos a ser claros, por lo que se ha visto en el documento, se contrató por Compras”, respondió a eso Elena Martín, que centró su defensa en diferenciar ese departamento del que ella gestionaba, el de Contratación. Y lo mismo ha sostenido este jueves la testigo que había sido citada por su defensa, que ha insistido en que se trataba de departamentos “independientes”, entre los que no había “ningún vínculo”. Y según la defensa de la hija de Dimas, fue en Compras donde se tramitaron 102 de los 104 expedientes investigados en esta pieza del caso Unión.

Sin embargo, tras seis jornadas de juicio, ningún testigo ha podido aclarar cuál era la diferencia entre ambos departamentos, más allá de apuntar que Compras “dependía de Intervención” y Contratación “de Secretaría y de Alcaldía”. “Yo no sé nada de contratación”, ha llegado a declarar una de las auxiliares administrativos que firmaban facturas sin comprobarlas “por orden” de Antonio Machín.

Solo una técnico que trabajó para el área de Medio Ambiente marcó una diferencia el pasado martes, apuntando que las adjudicaciones se tramitaban a través de Compras si era un contrato menor -que permite una adjudicación directa- y a través de Contratación si superaba los importes fijados por la ley y debía sacarse a concurso. Pero frente a este testimonio, la testigo que ha declarado este jueves ha negado que fuera así, aunque no ha sabido explicar de qué dependía o quién decidía que un contrato fuera a Compras o a Contratación. “No sé. Sería el área”, “nadie nos dio nunca indicaciones de esto es por ahí”, “yo no envié jamás a nadie a Compras”, ha ido respondiendo a preguntas del fiscal y de la acusación popular.

“¿Era un departamento paralelo que hacía las mismas funciones?”, le ha interrogado la letrada de Transparencia Urbanística. “Nosotros hacíamos decretos, ellos no sé”, se ha limitado a señalar la testigo, confirmando que efectivamente tramitaban el mismo tipo de contratos, desde suministros hasta la contratación de obras o servicios, sin importar tampoco la cuantía. “Contratación desconocía lo que hacía Compras”, ha insistido, afirmando que tampoco tenían una base de datos común. “No teníamos ni nosotros una base de datos”, ha señalado.

En cuanto a quiénes formaban parte de su departamento en aquella época, la respuesta ha sido corta: “Elena y yo”. Según ha explicado, ella era auxiliar administrativa y Elena Martín la técnico, aunque ha precisado que “con el boom de las obras del Plan E sí vino otra persona para reforzar”.

Respecto a sus funciones en el área de Contratación –en la que estuvo entre 2003 y 2012-, ha señalado que se encargaba de “recoger documentos” y de “llevarlos a Secretaría o a Alcaldía”, aunque ha añadido que “es difícil recordar lo que hacía hace tantos años”. Sin embargo, sí ha recordado con precisión los detalles relativos al contrato para el arbolado del parque temático, asegurando que desde Contratación solo se completó el expediente para adjudicar la redacción del proyecto, pero no la obra en sí.

“No lo llegamos nunca a tramitar”, ha defendido, insistiendo en que Ubaldo Becerra pretendía que se hiciera un contrato fraccionado y en que ella le dijo “que no se podía hacer así”, en esa conversación en la que afirma que el edil “levantó la voz y dio un portazo”. En cuanto a cómo pudieron llegar supuestamente a Compras las ofertas que quedaron “paradas” en Contratación, solo ha apuntado que “puede haber copias”, asegurando que esas ofertas no salieron de su departamento y reiterando que desconocía que finalmente se hubieran adjudicado.

Según su declaración, se “dio cuenta” incluso de que el proyecto se había quedado “parado” en su departamento “a raíz de todo esto”, en referencia a la Operación Unión, después de que la UCO registrara el Ayuntamiento y cuando el Juzgado comenzó a solicitar documentación. “A veces Secretaría se volvía un poco loca cuando llegaban los oficios del Juzgado, para saber a qué correspondía a cada departamento para remitirlo”, ha declarado.


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NotaPublicado: Vie 22 Feb, 2019 6:50 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

¿Pero quién es “El Jefe”? Diez años después de que estallara uno de los mayores escándalos de corrupción en Canarias, el caso Unión [por la cafetería de Arrecife en donde se iniciaron las pesquisas] con el todopoderoso Dimas Martín y su Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el ojo del huracán, la primera de las sesiones del juicio principal que ha pasado a celebrarse en Gran Canaria ha girado sobre la figura de “El Jefe”. Como si el paso del tiempo borrara rastros y memorias.

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Eso pareció suceder al menos durante buena parte del principal interrogatorio este viernes al arquitecto Pedro Luna, a quien, según la Guardia Civil, el PIL le quiso encargar que apareciera de tapadera para que el marido de Alexia de Grecia, Carlos Morales, y otros profesionales se hicieran con el Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife. Eran tiempos en los que el PIL gobernaba con el PSOE.

Pasó hace diez años. Pedro Luna se ratificó este viernes en su declaración ante el juez instructor del caso Unión, y confirmó que al menos mantuvo tres reuniones en ese sentido, entre noviembre de 2008 y mayo de 2009 –justo antes de iniciarse la operativa de las detenciones con los concejales de Arrecife Ubaldo Becerra –acusado que ha confesado los cobros de comisiones ilegales que se juzgan- y José Miguel Rodríguez –ya fallecido-, y en los que estuvo presente llevando la voz cantante Dimas Martín, entonces y ahora encarcelado por diversos casos.

“Mire, ¿y qué hacía un preso condenado con sentencia firme en esas reuniones? ¿No era un cargo público, no?”, le cuestionó al testigo el fiscal Javier Ródenas. Eran reuniones en las que se pretendía conformar un equipo redactor del Plan General de la capital lanzaroteña y a las que asistía el jefe del PIL porque gozaba en esos momentos, como ahora, del tercer grado.

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Pedro Luna y su equipo llevaban el Plan General de Teguise, el municipio de la familia Martín, y accedió a reunirse “porque mi miedo era que si yo rompía la baraja posiblemente me afectara al Plan General de Teguise”, que tenía encargado redactar desde hacía meses, y pudiera perderlo como represalia por no colaborar, explicó a la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer.

Hasta que rompió la baraja. Luna ha negado siempre que en esas reuniones se negociaran cantidades para hacerse con el Plan, y que él se limitaba a aconsejar que el equipo redactor hiciera modificaciones y no caducara el documento para iniciar otro nuevo, que es lo que pretendía el grupo de Dimas Martín. Incluso cuando se le han recordado otras conversaciones en las que se llega a comentar la cifra de “60 millones de pesetas” para redactar un avance nuevo, sostuvo que nunca negoció cantidades. “Aunque puedo haber dicho en alguna reunión cuánto vale, pero siempre les dije que como mínimo, lo mismo que el vigente”, dijo.

“¿Qué no le gustó? ¿Le iban de dejar el plan hecho?”, preguntó el juez Carlos Vielba al testigo ante tanta evasiva sobre el fin principal de su participación en esas citas con Dimas Martín, en las oficinas de Inalsa o en el hotel Beatriz de Costa Teguise. “¡Era de locos!, llegó usted a decir en la instrucción”, le recordó el fiscal Ródenas. “Sí, yo me preguntaba qué hacía allí, si estaban Carlos Morales, Víctor, José María”, dijo Luna en referencia a quienes en realidad iban a redactar por detrás el Plan General…

No era legal sentarme a hacer una UTE [con profesionales] delante de quienes nos iban a contratar [los concejales del Ayuntamiento de Arrecife]”, espetó. “No me gustó que me intentaran meter gente con otro equipo nuevo cuando ya había dicho que estábamos atados de trabajo con el Plan de Teguise y mi equipo completo”, dijo en respuesta al presidente del tribunal y de la Audiencia, Emilio Moya. “No les dejé continuar la conversación. ¡Delante de los cargos públicos que tenían que contratarnos, eso ya no tiene nombre!”, sostuvo en su declaración de este viernes.

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Detalles pecunarios aparte, la condición de jefe de Dimas Martín en estas citas con el arquitecto abarcó buena parte del interrogatorio. El testigo aseguró al final, a preguntas del juez Carlos Vielba, que si Dimas Martín era el que menos hablaba en esas reuniones, ¿por qué le dio la impresión de que eran subordinados suyos los dos concejales Becerra y Rodríguez? “Hombre, Dimas estaba al principio de la reunión, se iba, o llegaba al final... Eso se desprende, todo el mundo…y además tenía un modo de hablar…”. “¿Imperativo?”, le cuestionó el juez. “Sí, sí, imperativo”.

Sin embargo, a quien no le quedó muy claro si Dimas Martín era el jefe del PIL y de la trama que se juzga estos días fue al abogado del histórico líder lanzaroteño. Ruiz Pasquau le preguntó al arquitecto si los concejales no se estarían refiriendo a quien en ese momento era alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, cuando nombraban al “jefe”. “No, no creo”, dijo sin dudar, y eso que no reconoció su voz cuando el fiscal le hizo escuchar una conversación telefónica entre él y Ubaldo Becerra en el que este le citaba en Teguise para desayunar “con el jefe”.

El testigo ya lo había dejado claro con anterioridad a preguntas del fiscal. “En calidad de qué estaba allí Dimas, no lo sé…”. "¿Pero apreciaba cierta subordinación de los concejales hacia Dimas?”. “Sí, sí, sí, sí…”. En la sala 25 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria lo escuchaba todo la única acusada que ha querido estar presente, Elena Martín, la hija del “jefe”.


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NotaPublicado: Jue 28 Feb, 2019 4:02 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

No solamente era el jefe de la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, el “líder de una asociación ilícita” con roles perfectamente definidos. También ejercía una evidente capacidad de influencia en las más altas esferas de la isla de Lanzarote y mantenía conexiones fluidas, entre otros, con el entonces jefe de la Guardia Civil en la isla o con el director de la prisión de Tahíche, en donde se encontraba encarcelado por otra causa. El primero le llegó a pedir que intercediera ante el Ayuntamiento de Teguise para que le otorgase obra pública a un amigo suyo. Al segundo trató de solucionarle su futuro laboral en administraciones gobernadas por la formación política que dirigía, el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ante su inminente marcha de la institución penitenciaria en la que el jefe había obtenido el beneficio del tercer grado.

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Estas y otras cuestiones que figuran en el sumario del caso Unión en relación con la figura del histórico dirigente del PIL Dimas Martín, uno de los principales acusados de una de las mayores causas por corrupción en Canarias por número de piezas e imputados, han sido ratificadas por los dos capitanes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ejercieron hace más de una década como instructor y secretario en la investigación y que han declarado como testigos este miércoles en el juicio, durante la tercera sesión que celebra en Las Palmas de Gran Canaria la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Dimas impartía órdenes que no eran cuestionadas. Decía: a este se le paga, a este no. No eran consejos, eran órdenes (…) Había una sumisión de todos los miembros de la organización. Dimas había hecho muchos favores y entendían que le debían su medio de vida”. Así lo ha resumido el primer instructor policial de la investigación, hoy comandante, que no ha dudado en calificar a Martín como “líder” de lo que, con el actual código penal en la mano, se denominaría “organización criminal” con un “reparto claro de roles”. El veterano político “nunca se exponía”. En su lugar, lo hacían intermediarios. Y entre ambas escalas se situaban cargos públicos, concejales del PIL.

El investigador ha recordado que las pesquisas se iniciaron desde una unidad central de la Guardia Civil, la UCO, radicada en Madrid, precisamente por los recelos de los denunciantes ante el conocimiento de los vínculos de Dimas Martín con altos cargos de diferentes instituciones en Lanzarote. Tanto Carlos Espino, entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, como el empresario José Antonio Castellano y su hijo, el otrora diputado del PIL en el Parlamento de Canarias y actual consejero de Turismo del Gobierno regional, Isaac Castellano, decidieron no denunciar ante la delegación de la Guardia Civil en Lanzarote por esas sospechas de connivencia. Así lo reconoció también Castellano padre durante su declaración del martes.

Buena parte de la sesión de este miércoles ha vuelto a girar sobre las grabaciones de las conversaciones que incriminan a los acusados. Sus abogados sustentan las defensas en las supuestas deficiencias durante la instrucción de la causa. Por ello han incidido en errores de fechas y han tratado de asimilar este procedimiento al denominado caso Guateque, en el que resultaron absueltos los 30 procesados después de que la Audiencia de Madrid anulase las pruebas, unas grabaciones que, según el tribunal provincial, habían sido preconstituidas por una unidad territorial de la Guardia Civil (sin contar con autorización judicial) para inculparlos.

La grabación que da origen al caso Unión, la que registró la conversación en la que el empresario Fernando Becerra, actuando de intermediario del abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, ofrece una dádiva al consejero Carlos Espino a cambio de desbloquear un proyecto urbanístico en el sur de la isla, ya fue avalada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal canario, con el voto discrepante de su presidente, Antonio Doreste, tumbó el auto que la había anulado, firmado por el polémico magistrado Salvador Alba, hoy suspendido y pendiente de juicio. En el transcurso de esa vista, el fiscal Javier Ródenas deslizó que Alba había dictado esa resolución pensando en su propia defensa. Finalmente se ratificó la prueba al estimarse que había sido obtenida de forma correcta y como refuerzo de la denuncia del consejero.

Los capitanes de la Guardia Civil explicaron en la sesión de este miércoles los primeros pasos de la investigación. Se desplazaron a Lanzarote el 4 de junio de 2008, cumpliendo órdenes de sus superiores, para verificar la denuncia de Espino sobre el primer intento de soborno el día 22 de mayo en su propio despacho. El secretario hizo acopio de materiales necesarios y solicitó una grabadora al equipo técnico. El instructor relató que tomó declaración a Espino en ese mismo lugar siguiendo el modo de operar habitual en pesquisas vinculadas a casos de corrupción, alejado de las dependencias territoriales de la Guardia Civil. “No se trata de una sospecha generalizada hacia los compañeros, es una cuestión de precaución. No conocemos los vínculos locales”, ha justificado el inspector, que ha añadido que fue el propio Espino quien les pidió un dispositivo para poder grabar el segundo encuentro que él mismo había concertado, sin la mediación de los agentes, con Becerra, para poder asimilar todos los datos, ya que en el primero había acabado algo confuso ante la avalancha de información.

A partir de ese momento, se activó el operativo y el inspector encargó una labor de vigilancia “discreta”, con evidencias fotográficas incluidas, para ratificar que esa reunión con el intermediario, Becerra, se producía, y cuánto duraba. A última hora de ese 5 de junio Espino finalizaba su segunda denuncia, que ya incluía la grabación que los investigadores aún no habían escuchado. Con esas diligencias comenzó la instrucción del caso y las intervenciones telefónicas, en un principio solo a Becerra, pero después ampliada a Luis Lleó (a quien el intermediario fue a ver a la cafetería Unión después de su reunión con Espino) y al resto de investigados.

Los esfuerzos de los abogados de los procesados se centran ahora en otro audio, el que presentó Isaac Castellano nueve meses después de que lo hiciera Espino, en marzo de 2009. El actual consejero de Turismo grabó por sus propios medios (una grabadora Panasonic de su propiedad) la conversación que mantuvo con Ubaldo Becerra, entonces concejal del Ayuntamiento de Arrecife, en la que este le exigía el pago de una comisión del 8% para desbloquear una deuda pendiente del Consistorio con la empresa de su padre que ascendía ya a 1,4 millones de euros.

En su declaración de este miércoles, los investigadores de la Guardia Civil han remarcado que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso Guateque, esa grabación de Castellano no contó con autorización judicial porque se produjo a iniciativa propia del denunciante y con sus propios medios. Tanto el instructor como el secretario de las diligencias policiales han remarcado además que en ese momento el caso ya se encontraba judicializado, pues Castellano padre había denunciado esos ofrecimientos para cobrar la deuda a cambio de una mordida que, en principio, era del 20 y, después, del 10%. Lo hizo a través de un agente del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de Las Palmas al que conocía para sortear de esta manera a la delegación del cuerpo de la Guardia Civil en Teguise, con cuyo jefe Dimas Martín mantenía una estrecha relación, según el sumario.

Los investigadores del caso Unión han asegurado que la línea de investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por los Castellano no guarda relación con la incoada a partir del relato de Espino. Según han manifestado ambos en la sesión de este miércoles, con posterioridad a la denuncia del padre y al audio aportado por el hijo, se registraron otros tres encuentros en los que se grabó esos intentos de soborno. A todos ellos acudió el empresario provisto de un medio de grabación encubierto proporcionado por la Guardia Civil, con autorización judicial, y de la grabadora propia, la que había utilizado su hijo. El instructor llegó incluso a admitir cierta “vergüenza” al explicar que fue esta grabadora de uso comercial la que mejor registró los diálogos, ya que la aportada por el cuerpo no se activó en dos ocasiones, la primera de ella debido a los nervios del empresario.

El ahora comandante de la Guardia Civil reiteró que en ningún caso dio indicaciones a Castellano sobre la forma de proceder en esas reuniones, más allá de advertirle de que no podía ser él quien ofreciera las dádivas, ya que incurriría en un delito, y subrayó que esos encuentros siempre fueron concertados por el empresario y que en ningún momento trataron de forzarlos. “Eramos simples observadores”, dijo. También negó haber inducido a los investigados a reconocer los hechos en las declaraciones prestadas después de las detenciones, como ha sugerido la defensa, y recordó que esos testimonios se prestaron en presencia de sus abogados, que no elevaron ninguna queja ni protesta.

En la sesión de este miércoles también hubo espacio reservado para una rama ajena a la de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, la que juzga si el empresario Juan Francisco Rosa cometió un delito de falsificación documental por simular la contratación laboral de Dimas Martín como capataz agrícola en sus viñas en La Geria y en los jardines del hotel Los Fariones. Una acción que habría permitido al dirigente del PIL la recuperación del tercer grado penitenciario. El propio Rosa reconoció este extremo en sus dos primeras declaraciones en la fase de instrucción, aunque se desdijo en la tercera y en su último testimonio, en el juicio, ya como procesado. Según el sumario, el empresario obtendría a cambio de este favor una serie de ventajas para legalizar dos de sus hoteles, el Princesa Yaiza y el Son Bou.

El instructor policial del caso Unión explicó ante la Sala que las pesquisas no lograron detectar ningún vínculo laboral efectivo entre Martín y Rosa, a pesar de que este segundo había firmado un contrato con una de las empresas de su propiedad, Galerías Rosa, por 40 horas semanales. El abogado del empresario ha sugerido con las preguntas formuladas este miércoles que Martín pudo trabajar esas horas durante los fines de semana, ya que las conversaciones telefónicas interceptadas descartaban cualquier posibilidad de que lo pudiera haberlo hecho entre semana.

El juicio del caso Unión continúa este jueves con la declaración de peritos.


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NotaPublicado: Mié 27 Mar, 2019 4:37 pm 
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NotaPublicado: Jue 28 Mar, 2019 4:11 pm 
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NotaPublicado: Dom 22 Sep, 2019 8:59 am 
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Según Diario de Lanzarote:

La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial relacionada con la pieza de Unión en la que se investigó el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife y la financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) confirma la existencia de un “plan urdido” de forma conjunta por Dimas Martín y varios concejales del PIL para “menoscabar los fondos públicos” del Consistorio capitalino.

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En esa estrategia delictiva, la Audiencia involucra al fundador del PIL y a los concejales José Miguel Rodríguez (fallecido), Ubaldo Becerra y Antonio Machín. Los dos primeros ediles confesaron haber cobrado comisiones ilegales, mientras que el tercero defendió su inocencia y ha sido condenado a ocho años y un día de prisión.

La sentencia señala que también se concertaron con el que era interventor del Ayuntamiento, Carlos Sáenz, y los empresarios Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito y Samuel Lemes. Así, provocaron un quebranto a las arcas municipales, “guiados” por “la finalidad de obtener un lucro personal” y para el PIL.

El modus operandi que describe la sentencia, de 243 páginas, incluía eludir “cualquier tipo de control en la adjudicación de los contratos” para dárselos de forma directa “a aquellos empresarios que accedieran a la entrega de una comisión consistente en un porcentaje del precio de adjudicación”.

Las comisiones ilegales “se solicitaba bien como requisito previo a la adjudicación, bien como requisito para el abono de los servicios prestados, abono que se efectuaba con cargo a fondos públicos”, detalla la resolución judicial.

Dimas Martín, condenado a siete años y cinco meses en esta pieza del caso Unión, ejercía entre 2007 y 2009 “una ascendencia total y absoluta sobre los concejales del PIL” y sobre quien fue su mano derecha, Matías Curbelo, que también estuvo acusado pero falleció durante la instrucción. Curbelo fue el tesorero del PIL y el administrador del partido en las campañas electorales.

El fundador del PIL, a pesar de estar inhabilitado para empleo y cargo público, “adoptó decisiones concretas sobre asuntos de índole administrativa” mediante “instrucciones precisas hacía llegar a los concejales” en el Ayuntamiento de Arrecife, “bien por carta, conversación telefónica o en reuniones personales realizadas con frecuencia en distintos establecimientos de la Isla”.

Dimas Martín “no podía intervenir” en la toma de decisiones en el Ayuntamiento por “carecer de cargo en el PIL” o en el Consistorio “y, sobre todo, por estar cumpliendo una pena (entre otras) e inhabilitación absoluta” para empleo o cargo público. A pesar de ello, los concejales del PIL “siguieron las órdenes recibidas” de Dimas, unas “directrices que tenían única finalidad lograr beneficios bien económicos, bien de otra índole, así como conseguir una irregular fuente de ingresos para el PIL”.

Ese “afán de lucro personal”, añade la sentencia, “igualmente guiaba la actuación” de los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, así como la de Matías Curbelo. Los cuatro acusados citados “se confabularon para solicitar comisiones a distintos empresarios, a los que se suponía afines al PIL, bien para que les fueran adjudicadas obras, bien para el cobro de los servicios ya ejecutados”, logrando así “beneficios para sí mismos y para el partido” al que pertenecían.

Los tentáculos de la trama abarcó ámbitos como la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación, la adjudicación de concursos públicos mediante la “ficción” de un expediente para justificar una decisión ya adoptada, llegando a fraccionar los contratos para “impedir la libre concurrencia de empresas”, eludiendo así el “debido control administrativo”.

Además, se procedió a la contratación irregular de trabajadores en el Ayuntamiento o al “bloqueo y desbloqueo de pagos legítimamente debidos por el Ayuntamiento a los empresarios”. La sentencia considera probado que, “siguiendo las órdenes” de Dimas, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, así como Matías Curbelo, quien llevaba una “contabilidad paralela del PIL”, se encargaron de “la recaudación del metálico proviniente de las comisiones” que entregaban los empresarios “previa negociación con los concejales”.

La sentencia de la Audiencia Provincial relata que “en muchos casos” se fraccionaban “de forma artificial e indebida” las adjudicaciones, generando de forma irregular contratos menores, “evitando de esta manera la tramitación ordinaria del expediente de contratación, impidiéndose de esta manera la correcta fiscalización de los pagos indebidamente efectuados y la consiguiente contratación pública”.

De esta forma, agrega la sentencia, se enmascaraba “la adjudicación de los contratos a las empresarios dispuestos al abono de comisiones, y sin que en ningún concurrieran otras empresas distintas a las adjudicatarias, llegándose incluso a producirse supuestos de doble facturación o al abono, con cargo a los fondos públicos, de servicios ya prestados”.

En la sentencia se detallan decenas de obras adjudicadas de forma ilegal a las compañías de los empresarios condenados: Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito, Samuel Lemes y Antonio Gómez Ruiz. En los pagos a sus empresas “no contaban ni la aprobación del gasto, ni presupuesto de obras, ni el proyecto de las obras, ni tan siquiera se identificaba la tramitación llevada a cabo por el Departamento de Compras, dependiente del Departamento de Intervención”.

Los ediles condenados “elegían las empresas a las que se invitaba a la contratación sin que fuera llamada ninguna otra, procediéndose a la adjudicación sin ningún tipo de control o fiscalización por parte del interventor”, faltando tanto el funcionario como los cargos públicos al deber de “lealtad en la gestión de los recursos públicos que por sus cargos les correspondía”. Se llegó a utilizar a personal auxiliar del Ayuntamiento para que “estamparan su firma como si fueran técnicos” para “avalar” la “ilícita adjudicación” de contratos.

La sentencia establece una serie de indemnizaciones al Ayuntamiento de Arrecife: 33.065 euros que deben abonar en partes iguales Dimas Martín, Ubaldo Becerra, Carlos Sáenz y el empresario Antonio Gómez Ruiz, y 9.639 euros por los mismos cargos y trabajadores públicos pero con el empresario Manuel Gregorio Reina Fabre.

En cuanto a la indemnización de 79.406 euros relacionada con el empresario Jesús Manuel Martín Brito, también deben pagar Dimas Martín, Antonio Machín y Carlos Sáenz. Por último, otra indemnización de 7.875 euros debe ser abonada por el empresario Samuel Lemes, Dimas Martín, Ubaldo Becerra y Carlos Sáenz.


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NotaPublicado: Dom 22 Sep, 2019 9:08 am 
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Según La Voz de Lanzarote:

Una de las piezas principales del caso Unión, centrada en el cobro de sobornos y la malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de Arrecife, ya tiene sentencia. Casi seis meses después de que terminara el juicio, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha condenado a diez de las doce personas que se sentaron en el banquillo, imponiendo una de las mayores penas al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al que señala como “el verdadero “muñidor” de la trama corrupta, considerándole autor también de un delito de asociación ilícita.

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Junto a Dimas, que deberá cumplir siete años y cinco meses de prisión, han sido condenados los ex concejales del PIL Ubaldo Becerra y Antonio Machín -al que se impone la mayor condena, de ocho años de cárcel-, el ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, el que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, los empresarios Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito y Samuel Lemes, y el ingeniero Antonio Cárdenas; mientras que han resultado absueltos la responsable del área de Contratación de Arrecife e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y el empresario Juan Francisco Rosa.

En el caso de Rosa, su imputación no estaba relacionada con la trama central sino con un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Según sostenía la Fiscalía, el empresario fingió ese contrato para que el líder histórico del PIL pudiera obtener el tercer grado penitenciario, ya que en ese momento estaba cumpliendo otra condena en la cárcel de Tahíche. Sin embargo, la Audiencia concluye que ese contrato no fue determinante para la obtención de ese beneficio penitenciario y por tanto le absuelve del delito de falsedad documental.

“Desde luego puede argumentarse, como lo hace el Ministerio Fiscal, que resulta difícil imaginarse a Don Dimas cuidando el jardín del hotel Fariones”, señala al respecto la sentencia, en referencia a la declaración que prestaron tanto el propio Dimas Martín como Juan Francisco Rosa durante el juicio, en el que el empresario se retractó de su confesión inicial tras ser detenido en esta causa y pasó a asegurar que sí existió realmente esa relación laboral.

Sin embargo, aunque la Audiencia pone en duda esas declaraciones, agrega que “el que en realidad pueda que no se desempeñe el trabajo para el que se contrató resulta irrelevante” a efectos penales, insistiendo en que lo determinante para que exista falsedad documental es “si esta relación se aparentó con una única finalidad, el acceso al tercer grado”.

“Que se quiera simular una donación con un contrato de trabajo poco importa a los efectos del delito por el que se acusa, como tampoco la pretendida finalidad de obtener los favores de Dimas en los negocios hoteleros”, añade la Audiencia, que tal como sostenía el Ministerio Fiscal, considera que de las conversaciones escuchadas durante el juicio sí “parece desprenderse” que Juan Francisco Rosa buscaba el favor de Dimas para intentar legalizar sus hoteles ilegales. En cualquier caso, trabajara o no realmente, el fallo señala que Rosa sí pudo acreditar que pagaba nóminas al líder histórico del PIL, y concluye que “reflejar una realidad negocial existente” con “datos falsos o inexactos” no está castigada “cuando el autor es un particular”.

En cuanto a los diez condenados, la sentencia impone a Dimas Martín siete años y cinco meses de cárcel, 22 años de inhabilitación y una multa de 4.200 euros y otra de 219.000 euros. En el caso de esa segunda multa, corresponde al dinero que la Audiencia considera acreditado que recibió en sobornos de distintos empresarios, que cobraron facturas fraudulentas del Ayuntamiento de Arrecife gracias a la intervención del líder histórico del PIL. Además, de forma solidaria con otros acusados, Dimas tendrá que devolver al Consistorio 129.985 euros.

Respecto a los delitos, la sentencia le considera que incurrió en asociación ilícita, cohecho malversación de caudales públicos de especial gravedad, fraude y prevaricación. Y al igual que con el resto de condenados, el fallo advierte que el impago de las responsabilidades económicas que marca la sentencia implicará aumentar el tiempo de prisión.

Respecto a los concejales del PIL, Ubaldo Becerra ha sido condenado por los mismos delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, fraude y prevaricación, aunque en su caso se ha rebajado la pena al aplicar como atenuante su confesión y colaboración con la Justicia. Así, le impone 4 años y dos meses de prisión, 17 años de inhabilitación y una multa total de 70.900 euros, además de la obligación de devolver al Ayuntamiento, de forma solidaria con el resto de condenados, el dinero malversado.

Por su parte, Antonio Machín ha sido condenado por cohecho, malversación, fraude, falsedad en documento mercantil y prevaricación, imponiéndose en su caso penas de ocho años y un día de prisión, 18 de inhabilitación y una multa de 95.000 euros (correspondiente al valor del soborno que considera acreditado), junto a la obligación de devolver solidariamente al Ayuntamiento de Arrecife 79.406 euros.

En cuanto al ex interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo otra condena y que confesó los delitos durante este juicio, la sentencia le considera autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos de especial gravedad, en concurso con un delito continuado de fraude y otros dos de falsedad en documento mercantil y de prevaricación, y le impone tres años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por espacio de cinco años, además de la obligación de devolver solidariamente al Ayuntamiento 129.985 euros.

En cuanto a los empresarios que cobraron facturas fraudulentas del Consistorio, la sentencia condena tanto a los que confesaron durante el juicio como a los que intentaron negar los hechos, rebajando las penas en el caso de los que admitieron los delitos.

Así, a Antonio Gómez Ruiz le impone una pena de un año de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 10.000 euros por delitos de cohecho y malversación de caudales públicos; a Manuel Gregorio Reina Fabre dos años y seis meses de prisión, seis y medio de inhabilitación y multa de 4.000 euros; y a Jesús Manuel Martín Brito un año y tres meses de prisión, tres de inhabilitación y multa de 50.000 euros por los mismos delitos.

Por su parte, a Samuel Lemes, que no estaba acusado de cohecho, le condena por malversación, fraude y falsedad documental a un año y seis meses de prisión y a tres de inhabilitación. Además, todos ellos tendrán que devolver al Ayuntamiento las cantidades que cada uno cobró indebidamente.

Por último, la sentencia también condena al que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha -que actualmente también está en prisión por una condena anterior-, por un delito de revelación de información reservada a la pena que aceptó durante el juicio al confesar los hechos, que implica una multa de 2.160 euros, así como un año de inhabilitación.

En cuanto al ingeniero Antonio Cárdenas, durante el juicio también reconoció un delito de aprovechamiento de información reservada y aceptó una pena de 4.225 euros de multa, “con responsabilidad en caso de impago de 20 días de prisión”, que es la que le impone la sentencia.

Por el contrario, en el caso de la que era responsable de Contratación de Arrecife cuando ocurrieron los hechos, Elena Martín, la sentencia considera que no han quedado acreditados los delitos de prevaricación, revelación de información reservada y fraude por los que estaba acusada, por lo que acuerda su libre absolución.


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NotaPublicado: Lun 23 Sep, 2019 4:19 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com