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NotaPublicado: Jue 31 Ene, 2019 4:23 pm 
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Este viernes ha comenzado el juicio del caso Unión relacionado con las comisiones ilegales en Arrecife y la posible financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Está previsto que se celebre durante 15 jornadas y que se prolongue hasta el 28 de marzo.

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El principal acusado de esta pieza es Dimas Martín, para el que la Fiscalía solicita 17 años de cárcel por considerarle el cabecilla de una red de exigencia de comisiones ilegales por obras y servicios en el Ayuntamiento de Arrecife a través de varios concejales del PIL.

Para el exconcejal de esa formación, Antonio Machín, piden 14 años, mientras que a Ubaldo Becerra también le piden 17 años pero confesó los hechos, devolvió una parte del dinero y pide una reducción en la solicitud de pena.

En el banquillo también se sientan varios funcionarios: uno de ellos del Cabildo, Antonio Cárdenas, que se enfrenta a la petición de dos años y cuatro meses de cárcel, y el resto de Arrecife: Elena Martín, hija de Dimas Martín, el exjefe de la Oficina Técnica Rafael Arrocha y el ex interventor, Carlos Sáenz, estos dos últimos actualmente en prisión por otra pieza de Unión.

Al empresario Juan Francisco Rosa la Fiscalía le pide dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público por simular la contratación de Dimas Martín para que le concedieran el tercer grado.

El resto de los acusados son los empresarios que trabajaban para el Ayuntamiento y que entregaron comisiones a los cargos públicos. Todos han reconocido los hechos y han devuelto una parte del dinero, excepto Samuel Lemes. Se trata de Jesús Manuel Martín Brito, Manuel Reina Fabre y Antonio Gómez Ruiz.

Las otras dos personas que estaban acusadas han fallecido: José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo. Su ausencia en el juicio, por otra parte, puede complicar la labor de las acusaciones. La confesión de ambos, pero principalmente del segundo, fue clave para iniciar la segunda fase de Unión, la operación Jable, que tendrá que juzgar la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y que aún no tiene fecha pero que podría fijarse para la segunda mitad de este año.

El próximo 11 de febrero está previsto que declare el actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que denunció que le exigían el pago de una comisión para que una empresa familiar cobrase una abultada deuda del Ayuntamiento capitalino.

El día 1 de febrero estará dedicado a las cuestiones previas y los días 6 y 8 está previsto que declaren los 12 imputados. El día 11 será el turno de los testigos. El primero en declarar será José Antonio Castellano,el empresario que denunció que se le estaba exigiendo una comisión para que pudiera cobrar las facturas que le adeudaba el Ayuntamiento por los servicios prestados con su empresa de limpieza.

Castellano es el padre del actual consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que perteneció al PIL y que ahora está integrado en CC. De hecho, el consejero tendrá que declarar ese mismo día como testigo. Además de Castellano, declararán como testigos y ese mismo día diversos trabajadores del Ayuntamiento y el exalcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo (CC).

La empresa Hermanos Castellano San Ginés, en la que el actual consejero tenía un 33 por ciento, prestaba servicios de limpieza y portería al Ayuntamiento, y durante años se acumularon facturas pendientes de pago. En marzo de 2008, la deuda del Consistorio con la empresa se aproximaba a los 1,4 millones de euros. La deuda había sido reconocida por el Ayuntamiento en un pleno celebrado en julio de 2008, pero meses más tarde no se había materializado su pago.

El 9 de marzo de 2009, Issac Castellano compareció en la Guardia Civil para denunciar que desde el entorno de los concejales del PIL, partido del que se había marchado, le estaban reclamando a su familia una 'mordida' del 10 por ciento para que el Ayuntamiento pagase una deuda con la empresa Hermanos Castellano San Ginés, de la que era copropietario. Unos días antes, el padre de Castellano también se había personado ante la Guardia Civil para denunciar la extorsión.

En su comparecencia ante la Guardia Civil, Isaac Castellano aportó la grabación de una conversación con el entonces concejal Ubaldo Becerra (PIL), que formaba parte del grupo de gobierno municipal. Castellano utilizó una grabadora para registrar el encuentro, en una pizzería ubicada en Playa Honda, en la que Becerra se ofreció a desatascar el pago de la deuda y a mediar para reducir el importe de la comisión ilegal, del 10 al 8 por ciento.

En la transcripción de la grabación, el actual consejero del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, que había sido diputado autonómico por el PIL y que ya había abandonado la formación insularista, le dice a su interlocutor: “Me dolió mucho que a mi padre le quitaran los servicios [de limpieza y portería del Ayuntamiento de Arrecife] porque yo dejara el partido”. Abandonó el PIL “un viernes” y “el lunes” siguiente le comunican a la empresa familiar que gestionaba su padre que dejaría de trabajar con el Ayuntamiento. Castellano afirma que esa orden “vino de Dimas, según dicen”.

Sobre la 'mordida' que le estaban exigiendo a su familia para cobrar la deuda del Ayuntamiento, Castellano recalca que estaban “hablando de mucho dinero”. “No sé si es la práctica normal con las empresas o que con mi padre se quisieron cebar”, añade, además de cuestionar si “le están apretando más las clavijas” por haber dejado el PIL.

Tal y como consta en el sumario, el entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, fallecido hace dos años, había sugerido al padre de Isaac Castellano, antes del reconocimiento de la deuda en pleno, el pago de una comisión del 20 por ciento. En la exigencia de la 'mordida' intervino Matías Curbelo, también fallecido, que había sido en el PIL la mano derecha de Dimas Martín, al que en el sumario se le sitúa en la cúspide de la trama de cobro de comisiones.

De hecho, el caso Unión estalla públicamente el 25 de mayo de 2009 cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptan la recepción de una bolsa con 95.000 euros, entregada por el padre de Isaac Castellano a un intermediario de Matías Curbelo, que a su vez actuaba “bajo las órdenes de Dimas Martín”. El dinero fue incautado y devuelto a Castellano.

El día 18 de febrero y los siguientes declararán como testigos los propuestos por las defensas. Además de funcionarios y trabajadores de distintas empresas, declararán como testigos ex cargos públicos como María José Docal o Celso Betancort, empresarios como Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, y trabajadores del Grupo Rosa, como Bienvenido Saavedra y Javier Suárez, director del Hotel Princesa Yaiza.


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NotaPublicado: Vie 01 Feb, 2019 4:18 pm 
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La primera jornada del nuevo juicio del caso Unión, de la pieza relacionada con las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, ha estado centrada en las cuestiones previas. Las defensas, principalmente las de Dimas Martín y el ex concejal Antonio Machín, han pedido la suspensión de la vista y la nulidad de todo el procedimiento, una vez más sin éxito.

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Al principio de la vista, el abogado de Dimas Martín, Gerardo Ruiz Pasquau, pidió que su defendido, que actualmente cumple otra condena en prisión, pudiera asistir a algunas de las sesiones por sus propios medios, ya que disfruta de permisos. Martín entró esposado a la sala junto con los otros dos acusados que cumplen condena, Carlos Sáenz y Rafael Arrocha. El presidente del tribunal y de la sección sexta de la Audiencia provincial, Emilo Moya, se lo denegó alegando “están privados de libertad y la opinión pública debe verlo”.

El cambio más significativo de la sesión fue que la Fiscalía modifica la calificación de los delitos cometidos por le ingeniero Antonio Cárdenas. Cambió la descripción de los hechos, descartó el delito de fraude a la Administración y lo cambió por el de aprovechamiento de información privilegiada.

La defensa de Dimas Martín pidió que se incluyera como testigo al arquitecto Carlos Morales, que estuvo imputado en al causa. El fiscal Javier Ródenas consideró innecesaria su declaración. El abogado de Martín impugnó toda la documentación, así como las grabaciones telefónicas a los imputados y solicitó que se aplicara la circunstancia eximente de dilaciones indebidas porque los hechos juzgados fueron entre 2007 y 2009. Insistió en que hay “infinidad de resoluciones sin firma”, entre otras alegaciones, y pidió la “nulidad radical de todo el procedimiento”.

Ródenas contestó que todos esos asuntos ya están resueltos, no solo en otras piezas ya juzgadas, sino incluso dentro del mismo el procedimiento y aportó el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la pieza del soborno de Lleó en el que se da por buena la grabación inicial del caso Unión. Sostuvo que, en cualquier caso, no hay relación entre un hecho y otro porque la denuncia de José Antonio Castellano en la que advertía de la exigencia de una comisión ilegal, justificaba por sí sola la intervención del teléfono de Dimas Martín.,

Sobre las resoluciones sin firma, dijo que tan solo hay cuatro que estén relacionadas con esta pieza, dos con la detención y registro del domicilio de Antonio Machín, el registro de Rafael Arrocha y la puesta en libertad de Juan Francisco Rosa, y que, de todas formas, están firmadas porque hubo una subsanación por parte del primer juez instructor, César Romero Pamparacuatro. “Es mentira que las resoluciones no estén firmadas”, dijo.

Tanto el abogado de Martín como la abogada de Machín, Juana Fernández, alegaron irregularidades en la custodia de las piezas de convicción . El fiscal dijo que se trata de un artificio para poder alegar indefensión en segunda instancia y que las piezas, desde 2015, están a disposición de las partes. Asegura que Fernández perdió el interés en comprobar las piezas cuando le ofrecieron que podía comprobarlas y aseguró que todos aquellos acusados que se han acercado al material probatorio, a través de sus abogados, han acabado admitiendo los hechos.

Fernández alegó varias causas de nulidad. Volvió a incidir en la nulidad de la grabación inicial, comparando Unión con el caso Guateque, algo que el fiscal combatió señalando que no son casos parecidos. También dijo que el procedimiento está viciado porque la primera grabación, entre Carlos Espino y Fernando Becerra, fue preordenada por la Guardia Civil porque se presentó en el despacho del entonces consejero en horario de tarde y con una grabadora de alta tecnología un día antes de la reunión concretada entre ambos.

Otra cuestión alegada por Fernández fue que Pamparacuatro firmó las prórrogas de los pinchazos telefónicos cuando estaba de vacaciones y que no se trataba de diligencias urgentes porque, en ese momento, se estaba investigando “un simple cohecho”. También insistió en que los pinchazos sí tenían relación entre sí, y por tanto, si se anula el primero se deben anular todos, porque el pinchazo a un sospechoso provocó que se pincharan en cadena a otros sospechosos. Anunció que aportaba un pericial para combatir los resultados de la pericial que hizo la Policía Nacional y determinó que la grabación inicial no estaba manipulada, y anunció otra para analizar el contenido del disco duro de la sala polivalente del Juzgado, donde se alojó el procedimiento.

También alegó que a su defendido se le acusa ahora de hechos por los que no fue interrogado y que en la instrucción no se han llegado a realizar todas las diligencias que fueron aprobadas. Incluso alegó que dos de los tres magistrados, Emilio Moya y Caros Vielba, están “contaminados” y por ello se vulneraría el derecho a un juez imparcial. Reconoció que no les había recusado pero que eso “no es óbice para que se abstengan”. Moya contestó que si no ha presentado una recusación “admite la idoneidad del tribunal”.

El fiscal le contestó que la defensa “no es una partida de póker”. Recordó que ha habido cuatro querellas contra los investigadores de este caso y que todas fueron archivadas. Sobre al posible nulidad del caso, dijo que “esto no es un castillo de naipes, que por quitar uno se anula todo” y dijo que si las grabaciones han sido válidas para otros casos, lo lógico es que lo sean para este.

Irma Ferrer, la abogada de la acusación popular, Transparencia Urbanística, alegó, respecto a la petición de dilaciones indebidas por parte de Dimas Martín, que si el juicio se ha retrasado un año fue por petición de Martín y que su abogado solicitó aplazamientos en seis o siete ocasiones. “Se ha llevado al límite que la mejor defensa es una impugnación”, aseguró Ferrer, que dijo que la defensa de Machín actúa como el mago que saca un conejo de la chistera porque la mayoría de lo que plantea ya está resuelto. Sobre las resoluciones firmadas cuando el juez estaba de vacaciones, alegó Ferrer que la abogada presenta un certificado sabiendo que es nulo puesto que el juez Pamparacustro ganó un juicio por el que se anuló ese certificado porque contenía datos personales, y que el abogado de la otra parte era el hermano de Juana Fernández.


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NotaPublicado: Vie 01 Feb, 2019 4:27 pm 
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NotaPublicado: Mié 06 Feb, 2019 4:12 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, y el ingeniero Antonio Cárdenas han confesado este miércoles los delitos que les imputa el Ministerio Fiscal en la pieza número 12 del caso Unión, que comenzó a juzgarse el pasado viernes y que ha continuado en esta jornada con la declaración de los acusados.

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Los primeros en hacerlo han sido Cárdenas y Sáenz, y ambos han contestado solo a las preguntas del fiscal, mostrando su conformidad con los hechos que se les imputan. En el caso Sáenz, que está acusado de malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, ha reconocido que autorizó el pago de facturas falsas sin someterlas a ningún tipo de fiscalización porque tenía un acuerdo con el PIL, y en concreto con el que era concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez.

En cuanto a Antonio Cárdenas, el fiscal ya modificó su escrito de acusación el pasado viernes, eliminando el delito de fraude a la administración pública y dejando solo el de aprovechamiento de información privilegiada, que es el que ha confesado. Además, de la mano de ese cambio en la calificación, el fiscal modificó también las penas solicitadas para Cárdenas, quitando la de cárcel y sustituyéndola por una multa de 4.225 euros, con la que el acusado ya ha mostrado su conformidad durante el juicio.

En una brevísima declaración, en la que se ha limitado a responder “sí” a las preguntas del fiscal, el ingeniero ha reconocido que el ex concejal José Miguel Rodríguez le facilitó un borrador del Plan de Barrios, que allí se incluían criterios de valoración y que se aprovechó de esos datos, que tenían carácter secreto y reservado, para conseguir el pago con celeridad de siete facturas, por importe de la multa que ha aceptado.

Además, durante el juicio también se han leído las distintas declaraciones que prestó durante la instrucción de esta causa el ya fallecido José Miguel Rodríguez, que también estaba acusado y que tras su detención comenzó a confesar los delitos que se le imputaban. Y en una de esas declaraciones, el ex concejal hizo referencia al papel de Antonio Cárdenas en la elaboración del Plan de Barrios y afirmó que el ingeniero seguía instrucciones directas de Dimas Martín.

En ese momento, el líder histórico del PIL estaba cumpliendo condena pero, tal como sostiene la instrucción de esta causa, seguía dando instrucciones incluso desde prisión a los cargos públicos de su partido y también a los profesionales que eran contratados desde el Consistorio. De esta forma, según la acusación, Dimas intervenía tanto en la elaboración de planes como en la adjudicación de obras y en la exigencia de comisiones a empresarios por esas adjudicaciones o por el cobro de facturas, en algunos casos por servicios que ni siquiera se habían prestado o que se llegaron a abonar hasta en cuatro ocasiones, tal como ha reconocido el propio Carlos Sáenz.

En su declaración, el ex interventor también ha contestado escuetamente a las preguntas del fiscal, y en la mayoría de los casos con monosílabos, confirmando que llegó a un "acuerdo" con José Miguel Rodríguez para validar cualquier factura que viniera de las áreas del PIL sin verificarla y sin realizar ningún tipo de fiscalización, a pesar de que ésa era su obligación.

Así, ha admitido que permitió que el Ayuntamiento pagara facturas infladas e incluso por servicios que no se habían prestado a las empresas de los cuatro empresarios que se sientan junto a él en el banquillo de los acusados, Antonio Gómez Ruiz, Manuel Gregorio Reina Fabre, Jesús Manuel Martín Brito y Samuel Lemes. Incluso, llegó a autorizar el pago de una factura por el mismo servicio que ya se había abonado a otra empresa, así como el pago de cuatro facturas idénticas por el mismo concepto.

Para Sáenz, que actualmente está en prisión cumpliendo otra condena del caso Unión, ésta es su segunda confesión. La primera fue en Fuerteventura, en la primera pieza que se juzgó del caso Montecarlo por hechos ocurridos en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde también fue interventor. Ahora, esta nueva actitud podría trasladarse también a otras causas que aún tiene pendientes, incluyendo todas las piezas de Montecarlo relacionadas con los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé.

En cuanto a la causa que se está juzgando, Carlos Sáenz ha reconocido los hechos aunque no se ha mostrado conforme con la pena que pedía inicialmente para él la Fiscalía, de 7 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación. No obstante, previsiblemente esa petición variará cuando al final del juicio se presenten las conclusiones definitivas. Ahí, como es habitual cuando se producen confesiones, el Ministerio Fiscal podría aplicar atenuantes como la colaboración con la justicia.


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NotaPublicado: Mié 06 Feb, 2019 4:19 pm 
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NotaPublicado: Jue 07 Feb, 2019 4:56 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La segunda jornada del juicio de la pieza 12 del caso Unión ha continuado en la tarde de este miércoles con otras tres confesiones, la del ex concejal del PIL Ubaldo Becerra y las de los empresarios Antonio Gómez Ruiz y José Manuel Martín Brito, que han reconocido el pago de comisiones a cambio del abono de facturas fraudulentas desde el Ayuntamiento de Arrecife. Así, los cinco acusados que han declarado en esta segunda jornada de juicio han reconocido los delitos, tras las confesiones realizadas durante la mañana por el ex interventor Carlos Sáenz y el ingeniero Antonio Cárdenas.

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Además, Becerra ha implicado directamente a otros dos acusados, Dimas Martín y el también ex concejal del PIL Antonio Machín, en el cobro de sobornos, dando detalles de cómo se repartían las comisiones y también de cómo se fraccionaban contratos para adjudicar obras sin concurso a los empresarios que se sientan en el banquillo en esta pieza del caso Unión. Y todo ello sin que otra de las acusadas, la hija de Dimas y entonces jefa del departamento de Contratación de Arrecife, Elena Martín, pusiera reparo alguno.

En cuanto a Antonio Gómez Ruiz, administrador de Estudio de Arquitectura Paisajística La Palmita, y Jesús Manuel Martín Brito, administrador de Infogelan Construcciones, ya habían alcanzado hace años un acuerdo de conformidad con la Fiscalía e incluso han devuelto parte del dinero que se les reclama en concepto de responsabilidad civil. Además, en el juicio han confirmado que aceptan la pena que solicita para ellos el fiscal, que al formular su escrito de acusación ya incluyó como atenuantes la colaboración con la justicia y la reparación del daño. De esta forma, Gómez Ruiz ha aceptado una condena de 12 meses de prisión, multa de 20.000 euros y 3 años de inhabilitación por delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración; mientras que Jesús Manuel Martín Brito ha mostrado su conformidad con una condena de 15 meses de prisión, multa de 100.000 euros y 3 años de inhabilitación por los mismos delitos.

Por su parte, Ubaldo Becerra ha reconocido todos los hechos por los que está acusado pero no se ha conformado con la pena que solicita para él el fiscal, que en su caso asciende a 17 años de prisión, multa de 406.000 euros e inhabilitación de 26 años por delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y fraude a la administración.

Esta situación es la misma que se ha dado con el ex interventor Carlos Sáenz, que también ha reconocido los hechos pero no ha aceptado la pena recogida en el escrito de acusación del fiscal. No obstante, es previsible que esa pena se rebaje al final del juicio, cuando el fiscal eleve a definitivas sus conclusiones. Ahí, al igual que ha hecho con otros acusados que mostraron su conformidad antes de que se presentara el escrito de calificación, podría aplicar también atenuantes por esas confesiones durante el juicio.

En su declaración, Ubaldo Becerra ha explicado que fue el ex concejal José Miguel Rodríguez, que también estaba acusado y también confesó en esta causa, quien le pidió que exigiera comisiones ilegales a distintos empresarios. “Según José Miguel, esa orden venía de arriba". "Y cuando decía de arriba o del jefe, siempre nos referíamos a Dimas”, ha precisado Becerra, repitiendo una declaración que ya se ha escuchado en otras piezas del caso Unión y también en las conversaciones interceptadas por la UCO. En esas conversaciones, los miembros del PIL se referían a Dimas como “el jefe”, ya que seguía dando las órdenes a pesar de estar cumpliendo condena y supuestamente apartado de la política.

El ex concejal también ha detallado los sobornos que recibió de los empresarios que se sientan en el banquillo y ha explicado que una parte era para el partido -para pagar "el mantenimiento de la sede", "fiestas", "cenas" o "colaboraciones con determinados grupos", incluyendo un pago a una murga y una "excursión con comida" para personas mayores- y el resto se lo repartían entre ellos. Respecto a esto último, ha confesado que Antonio Gómez Ruiz le entregó 20.000 euros -como también ha reconocido el propio empresario en su declaración-, de los que él se quedó 10.000 y los otros 10.000 fueron para José Miguel Rodríguez. En cuanto a otro de los empresarios que aún no ha declarado, Manuel Gregorio Reina Fabre, Ubaldo Becerra ha afirmado que le entregó una comisión directamente a José Miguel Rodríguez, que era quien solía “recaudarlas”, y que de ese dinero le dio después a él “1.000 o 1.500 euros”.

Además, tras escucharse en el juicio una conversación entre Ubaldo Becerra y el actual consejero de Turismo del Gobierno canario, Isaac Castellano -cuyo padre fue uno de los denunciantes del caso Unión- el ex concejal también ha explicado cómo pensaban repartirse la comisión de 95.000 euros que le habían exigido a Castellano para autorizar el pago de un millón de euros que este empresario reclamaba al Ayuntamiento, y cuyo pago estaba siendo bloqueado "por orden de Dimas".

De esa comisión, según Becerra, 20.000 euros iban a ir para él, 20.000 para José Miguel Rodríguez, 20.000 para Matías Curbelo y el resto para Dimas Martín. Sin embargo, la entrega de ese maletín estaba siendo vigilada por la UCO, que comenzó las detenciones precisamente en el bar La Taberneta, donde Curbelo había ido a recoger el dinero.

Cabe recordar que tanto José Miguel Rodríguez como Matías Curbelo confesaron también durante la instrucción de la causa e incluso aportaron nuevos datos a la investigación. Sin embargo, los dos fallecieron antes de que llegara el juicio y el fiscal ha pedido este miércoles que se leyeran las declaraciones que realizaron en sede judicial.

En cuanto a Antonio Machín -que es uno de los acusados que no ha confesado y ha centrado su defensa en intentar que se anule la causa-, Ubaldo Becerra ha asegurado que le consta que también recibió sobornos. “No tengo ninguna duda de que Antonio Machín se benefició de las comisiones”, ha afirmado en referencia al dinero que entregó José Manuel Martín Brito. Este empresario, que hasta 2007 no había trabajado para el Ayuntamiento, llegó a cobrar cerca de un millón del Consistorio en menos de dos años, y él mismo ha confesado que luego entregaba un 10 por ciento de ese dinero a los concejales del PIL.

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Los contratos se realizaron desde el área de Parques y Jardines, que primero estaba en manos de Ubaldo Becerra y luego pasó a Machín, que siguió encargándole obras a esta empresa y fraccionando contratos, para poder adjudicarlas de forma directa y sin concurso. Además, Becerra ha señalado también a otra ex concejal del PIL, Luisa Blanco, que también estuvo imputada en la causa aunque finalmente se archivaron los cargos contra ella. Según Ubaldo Becerra, ella también participó en el reparto de comisiones e incluso encargó obras en su casa a Martín Brito que luego no le pagó.

De hecho, según su declaración, el empresario intentó después descontar el dinero de esas obras de la comisión que le reclamaba el PIL, aunque José Miguel Rodríguez se negó, tal como se ha podido escuchar durante el juicio en una de las conversaciones grabadas por la UCO: "Este pacto entre caballeros hay que respetarlo", reclamaba el edil, pidiendo que se cumpliera con el pago del soborno que habían pactado.

El interrogatorio a Ubaldo Becerra, que al igual que el resto de acusados solo ha respondido a preguntas del fiscal, se ha centrado también en el papel que jugó Elena Martín en la trama, como jefa del Departamento de contratación. Al respecto, el ex edil ha señalado que nunca habló con ella de que estaba fraccionando contratos o cobrando sobornos, aunque también ha relatado algunos episodios comprometedores, como cuando Elena Martín debía decantarse por una de las tres ofertas que se habían presentado para realizar una obra.

“Dime de estas tres cuál quieres”, ha afirmado que le dijo la jefa de Contratación. “Yo lo entendí como 'elige la que más te guste a ti'”, ha precisado a preguntas del fiscal. Además, ha reconocido que en realidad las tres ofertas que se habían presentado eran “idénticas” y que detrás de ellas estaba “el mismo empresario”, Antonio Gómez Ruiz. “No fue realmente concurso público” y “Elena lo consintió”, ha declarado Becerra, que no obstante ha añadido después que no le consta que ella conociera que todas las ofertas vinieran de la misma persona.

Además, en el juicio también se ha escuchado una conversación entre Becerra, que también era concejal del Plan General, y la propia Elena Martín, en la que el edil le encargaba un pliego para sacar a concurso el avance de ese documento. En ese momento, tal como puso de relieve la instrucción y ha reconocido Ubaldo Becerra, pretendían adjudicárselo directamente a Pedro Luna. “No va a tener que hacer nada, se lo vamos a dar todo hecho”, explicaba Dimas Martín en una conversación. Y para asegurarse de que resultaba adjudicatario, el plan era sacarlo a concurso por 60 millones para que no se presentara “nadie más”.

En medio de esa operación que finalmente no prosperó se produjo la conversación entre Ubaldo Becerra y Elena Martín. “Lo único que puedo darte es una porquería de pliego”, advertía la técnico cuando el concejal le reclamó un documento que poder presentar en una reunión que tenía al día siguiente. Para atender su petición, Martín propuso utilizar un pliego “básico” y “copiar” las condiciones técnicas que se recogieron para el anterior Plan General, ya que ni siquiera se habían definido los requisitos que debía cumplir el avance.

“Me tienes que decir qué quieres que recoja el avance”, advertía Elena Martín a Ubaldo Becerra. “Yo soy concejal del Plan General, pero como todos los políticos, no sabemos una mierda de nada”, respondía el edil en esa conversación que se ha escuchado en el juicio. “Te lo doy a ver si con eso cuela”, terminaba contestado la funcionaria. "Esto ya lo hablo con el jefe", le había dicho por su parte Becerra, refiriéndose así al padre de Elena, Dimas Martín.


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Antonio Gómez Ruiz y Jesús Manuel Martín Brito, administradores de La Palmita e Infogelanz, reconocieron en la sesión de este miércoles en la vista oral del caso Unión, que pagaron comisiones a miembros del PIL para poder trabajar con el Ayuntamiento de Arrecife y cobrar las facturas pendientes. Gómez dio 20.000 euros que se repartieron José Migue Rodríguez y Ubaldo Becerra y Martín Brito reconoció que entregó cinco pagos de unos 20.000 euros cada uno.

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Los dos reconocieron los hechos y se conformaron con la pena solicitada, de un año y 15 meses, respectivamente, por lo que lo más probable es que no entren en prisión. Solo contestaron a las preguntas de la Fiscalía. También devolvieron parte del dinero. En el caso de Martín, Brito, afirmó que había depositado 50.000 euros.

Gómez declaró que decidió colaborar con la investigación desde el momento en que fue detenido y que pagó para poder cobrar las facturas pendientes, así como que José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra le dijeron que necesitaban el dinero para las elecciones, aunque era febrero de 2009 y no había elecciones hasta 2011. Después del pago de 20.000 euros, Ubaldo le exigió otra comisión y se negó y le comunicaron que el “jefe”, Dimas Martín, había dado órdenes de que no trabajara más para el Ayuntamiento, y así fue.

El contrato por el que pagó era de arbolado del Parque temático y ascendía a 180.000 euros, pero en lugar de sacarlo a concurso se troceó en seis contratos menores por zonas;: la zona del parque infantil, el paseo marítimo, etc. Dijo que cuando se lo adjudicaron no le exigieron la comisión y que la idea del fraccionamiento se la dio Ubaldo Becerra.

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Por su parte, Martín Brito empezó su declaración reconociendo que había pagado pero que no recordaba cuánto había pagado. Alegó que estaba muy nervioso y después se ratificó en sus declaraciones anteriores, donde sí detallaba los pagos. Afirmó que le pasó a Rodríguez un listado de las facturas pendientes y que el concejal le hizo anotaciones con la comisión a pagar.

Dijo que hablaba casi siempre con Rodríguez, pero también con Becerra y después con Antonio Machín y afirmó que “nunca fue a concurso público” y que Rodríguez le dijo que los que se lucraban eran las concejales Ubaldo Becerra, Antonio Machín y Luisa Blanco. “Primero me daban las obras, y cuando me debían una cantidad elevada, me pidieron la comisión”, señaló. Llegó a presentar una denuncia porque “no había manera de cobrar”.


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La tercera jornada del juicio de la pieza 12 del caso Unión ha arrancado este lunes con una nueva confesión, la del ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, que ha cambiado de estrategia y ha reconocido "parte" de los hechos por los que está imputado. "¿Reconoce los hechos?", le ha preguntado el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. "Sí, pero algunas cosas no", ha respondido Arrocha. Su abogado, que ha pedido disculpas, ha afirmado que supo de su decisión el pasado viernes, dos días después de que los cinco acusados que declararon en la segunda jornada del juicio reconociesen los delitos.

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Aunque la primera en declarar este lunes iba a ser la jefa de Contratación de Arrecife, Elena Martín, finalmente ha sido Arrocha el que ha iniciado las declaraciones al cambiarse el orden. En concreto, Rafael Arrocha ha reconocido que entregó documentación del Plan de Barrios y del proceso de licitación a Dimas Martín. No obstante, Arrocha ha apuntado que en al menos en uno de los casos, él entendía que no era documentación oficial porque no le llegó "por cauces reglamentarios", sino que le llegó a través de Ubaldo Becerra. Además, ha señalado que era un "borrador", un "tanteo previo".

Sobre otro de los documentos que ha confesado que entregó a Dimás Martín y que era una valoración de las ofertas, Arrocha ha dicho que se lo entregó en presencia y a petición del concejal José Miguel Rodríguez, quien también estaba acusado y también confesó en esta causa, aunque falleció antes de llegar la vista oral.

Sin embargo, si bien Arrocha ha confesado parte de los hechos, al igual que hicieron Ubaldo Becerra y Carlos Sáenz, no se ha conformado con la pena que solicita para él el fiscal, que en este caso es de cuatro años de prisión y 11 años de inhabilitación por un delito de revelación de información privilegiada y otro de fraude a la administración. No obstante, en los tres casos es previsible que el fiscal aplique atenuantes por estas confesiones y rebaje las penas cuando eleve a definitivas sus conclusiones en la última jornada del juicio.

Tras su declaración, en la que Arrocha solo ha contestado a las preguntas del fiscal, su abogado ha comunicado su renuncia a toda la prueba que había propuesto para el juicio, incluyendo la que introdujo al iniciarse la vista. Asimismo, ha solicitado que tanto él como Arrocha puedan ausentarse durante el resto del juicio como ya han hecho en la jornada de este lunes los acusados que declararon el pasado miércoles y que confesaron los hechos, que fueron Antonio Cárdenas, Carlos Saénz, Ubaldo Becerra y los empresarios Antonio Gómez Ruiz y José Manuel Martín Brito. Así, este lunes solo son siete los acusados sentados en el banquillo y Arrocha se ausentará también del mismo a partir de la próxima jornada.

Arrocha es uno de los tres acusados, junto a Dimas Martín y Carlos Sáenz. que se encuentra actualmente en prisión. En su caso, el ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife está cumpliendo condena por otra de las piezas del caso Unión, por malversar más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Arrecife con pagos a Proselan por servicios no prestados, pieza en la que también fue condenado el ex interventor del Consistorio, Carlos Sáenz. En ese juicio los dos negaron los hechos, pero en esta nueva pieza, ambos han decidido finalmente confesar.


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NotaPublicado: Lun 11 Feb, 2019 4:52 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

De los cinco acusados que declararon en la jornada de este lunes, solo uno reconoció los hechos, "pero algunas cosas no". Así contestó Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica de Arrecife. A Arrocha se le acusa de revelación de secretos por filtrar a Dimas Martín dos documentos: el pliego de contratación del avance del Plan General de Ordenación Urbana y un informe del Plan de Barrios.

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Arrocha reconoció que le hizo llegar a Dimas esos documentos, uno por petición de Ubaldo Becerra y otro de José Miguel Rodríguez, que entonces eran concejales de Urbanismo y Hacienda, respectivamente, pero argumentó en su defensa que en este último caso era un borrador y en el primero, que no era un documento oficial porque no le llegó por el trámite reglamentario sino que se lo entregó Becerra.

Elena Martín, hija de Dimas, era Jefa de Contratación en el Ayuntamiento y la única técnico de ese departamento. Su defensa fue señalar que, de los 104 expedientes de trabajos que se investigan en esta pieza, ella solo intervino en dos de ellos que eran contratos menores. Dijo que el resto eran del departamento de Compras, no de Contratación y que no tenía contacto ni había un sistema informático común con el departamento de Compras: "No tenía ningún tipo de relación o vínculo", dijo.

El fiscal afirmó que le llamaba la atención la diferencia de trato entre unos expedientes y otros y Elena Martín contestó que no puede "controlar lo que pasa fuera". "Cuando voy a trabajar voy a mi despacho, no me reúno con los concejales", aseguró, y el fiscal le recordó que sí tenía relación telefónica con los concejales.

Martín participó en el proyecto de rearbolado del Parque Temático para el que se contrató a Antonio Gómez, también acusado. La ejecución de ese proyecto iba a costar 180.000 euros y le advirtió a Ubaldo Becerra que no se podía trocear, sino que había que sacar las obras a concurso "y ahí quedó la cosa", dijo. Después, y a través del departamento de Compras se adjudicó ese servicio a una empresa de Gómez, La Palmita. "¿El concejal la sorteó?", le preguntó el fiscal. "Se ve que sí, no tengo manera de saber qué se tramita en Compras", señaló Elena Martín.

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El exconcejal de Parques y Jardines y de Barrios, Antonio Machín, no contestó a las preguntas de la Fiscalía, sino solo de su abogada. Dijo que no cobró comisiones, que no tenía capacidad de adjudicar contratos y que no participó en ninguno de los expedientes investigados.

Machín descargó la responsabilidad en el fallecido José Miguel Rodríguez, que era quien coordinaba a los concejales del PIL. Declaró que su labor era ir por los barrrios "desde las seis de la mañana, a veces hasta la noche" y reunirse con asociaciones de vecinos.

Su defensa le preguntó por el motivo por el que Rodríguez no le implicó en un primer momento pero después sí y dijo que coincidió en la celda de la cárcel tras su ingreso en prisión con la misma persona con la que estuvo Rodríguez y que le contó que a éste le pasaron una lista con nombres "que había que implicarlos porque si no, no iba a ver más a sus hijos". El supuesto testigo, en todo caso, no está llamado a declarar.

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A la empresa de Samuel Lemes le contrató el Ayuntamiento tres obras: el derribo de un edificio en la calle Balayo, la impermeabilización de la cubierta de la Oficina Técnica y la retirada de escombros de la Rocar. Lemes recalcó que solo es apoderado de la empresa Samyer, de la que es administrador su padre y que él ni siquiera trabajaba en esa empresa, sino en Fontanería Francisco Lemes, como fontanero.

Lemes sí contestó a la Fiscalía, que le hizo escuchar varias conversaciones grabadas con Rodríguez, de quien dijo que era su amigo, y con Dimas Martín, a quien conocía por su padre. En una de ellas, Rodríguez le pregunta si había hablado con el jefe y le contesta que no, que si ha hablado él.

En otra conversación le dice a Dimas que ha renunciado con una empresa pero quedó en presentarse con la otra, a un procedimiento de contratación. "Tú haz lo que yo te diga -le dice Dimas- preséntalo en el Ayuntamiento que así lo puedo controlar yo". Pare explicar estas conversaciones, Lemes recurrió a algo sobre un empleado que trabajaba para el Ayuntamiento y para él, pero no aclaró nada.

En las obras que hizo no hay expedientes ni certificaciones de los trabajos. En una cartas cruzadas entre Rodríguez y Dimas, el segundo le pide al primero que le den la obra de la calle Balayo a Samuel Lemes y éste le contesta después que ya se la han dado. Lemes dijo que no sabía nada de eso.

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El empresario Manuel Reina Fabre no contestó a la Fiscalía. Tiene ya una condena anterior por un cargamento de 750 kilos de hachís en 1999. En sus anteriores declaraciones había reconocido que le pidieron dinero para poder cobrar las obras de la perrera municipal y del balneario de El Reducto y que dio 4.000 euros a José Miguel Rodríguez.

En esta ocasión, se ratificó en los hechos, excepto en que pagó. Admitió que le pidieron que pagara pero que no pagó. Achacó su cambio de versión a que en su declaración tras su detención se sintió "inducido" a admitir eso porque, si no seguía ese camino, acabaría preso y aún tenía vigentes sus antecedentes penales.

El fiscal le recordó que se ratificó en sus declaraciones anteriores en 2012, delante de su abogado y afirmó que dijo lo mismo porque le preguntaron lo mismo y no supo concretar quién le indujo a confesar.


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NotaPublicado: Lun 18 Feb, 2019 4:34 pm 
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NotaPublicado: Lun 18 Feb, 2019 6:14 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa ha cambiado este lunes la declaración que prestó tras ser detenido en el caso Unión, cuando reconoció que firmó un contrato laboral falso con Dimas Martín para que pudiera conseguir el tercer grado penitenciario. En aquel momento, ante el juez admitió que “las funciones de Dimas en su empresa eran nulas”, pero dos años después cambió su versión y ésa es la que ha mantenido al declarar este lunes como acusado durante el juicio de la pieza 12 del caso Unión, en el que ha asegurado que contrató el líder histórico del PIL para “temas agrícolas”.

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En total Rosa firmó dos contratos con Dimas, en ambos casos coincidiendo con la concesión de un tercer grado penitenciario. El primero fue con Galerías Rosa como “encargado de obras” y el segundo con otra empresa del grupo, como “auxiliar administrativo en el sector del comercio del mueble”. Sin embargo, Rosa asegura ahora que en ambos casos, Dimas trabajaba en realidad como “capataz agrícola” –primero ha dicho que es “perito agrícola”, pero después lo ha “corregido”- y que se encargaba de los jardines del hotel Fariones, de la Finca de Uga y de sus viñas en La Geria. “Si no iba más sería porque se escapaba del trabajo”, ha afirmado para justificar la dificultad de demostrar que acudía a cumplir esas funciones y la jornada para la que estaba contratado.

No obstante, Juan Francisco Rosa también ha sostenido que Dimas era “libre” para organizar su trabajo como considerara oportuno. “Hay personas que hacen las cosas en tres horas y otras necesitan 20. Si el trabajo estaba bien, igual un día no iba”, ha defendido. “No tenía que ir todos los días. Ni él ni ninguno de mis empleados”, ha añadido el empresario, que ha repetido en varias ocasiones que “no controlaba” si Dimas cumplía con su supuesto trabajo.

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“Yo no estaba controlando ni a Dimas ni a nadie”, ha alegado, tras afirmar que entonces tenía más de 1.200 empleados en sus empresas. Sobre “a quién daba cuentas” entonces Dimas, ha respondido que “depende”. “En las viñas no hay nadie. En Fariones sí hay un encargado”, ha agregado. “A veces iba a lo de Juan Francisco Rosa y a veces no. A veces me iba a cuidar a mis cabras, mis gallinas”, ha afirmado por su parte Dimas Martín, que ha declarado justo a continuación.

Aunque Rosa ha dicho que solo se ratificaba en la tercera declaración que realizó en esta causa en el año 2012, dos años después de su arresto, lo cierto es que incluso con respecto a ésa ha introducido cambios. Entonces afirmó que el líder histórico del PIL trabajaba “unas 6 o 7 horas diarias”, que “lo contrató por 8 horas” diarias y que “cree que acudía algunos sábados a trabajar”, pero ahora asegura que no dijo eso.

El fiscal ha pedido entonces que se diera lectura a esa declaración. “Era una forma de hablar, sería un decir”, ha respondido entonces Rosa, tras escuchar su propio testimonio. “50 horas semanales no trabaja nadie en este país”, ha llegado a afirmar, en referencia a sus propias palabras de que Dimas también trabajaba algunos sábados.

Ahora, asegura que trabajaba “de lunes a domingo” pero sin un horario definido y que algunos días no iba. “Tampoco necesitaba ir a las fincas todos los días”, ha afirmado, tras señalar que en las fincas no había ningún responsable que pudiera confirmar si realmente Dimas iba o no a hacer algo en las viñas. Y aunque el lugar de trabajo que figura en el primer contrato era la sede de Galerías Rosa en Argana, también ha señalado que “no tenía que ir a la oficina sino a los distintos sitios” donde debía desarrollar esas supuestas funciones de “capataz agrícola”. Además, ha afirmado que “desconoce” cómo se desplazaba, cuando el fiscal le ha preguntado si utilizaba para ello un vehículo de empresa.

Durante el interrogatorio, en el que Rosa ha rechazado responder a buena parte de las preguntas, el fiscal le ha preguntado por qué en el primer contrato Dimas figuraba como encargado de obras, por qué el segundo contrato tiene por objeto un puesto relacionado con el sector del mueble y por qué en ninguno de los dos se dice nada de sus supuestas tareas reales, que según Rosa son para “jardines” y “temas agrícolas”.

“Cuando la gestoría hace un contrato, hace un contrato con la actividad que tiene la sociedad. Yo no me ocupo de esto. Eso lo hace la gestoría”, ha respondido Rosa, que ha alegado que él se limitó a firmar ese contrato pero que no lo elaboró.

No obstante, sí ha reconocido que contrató a Dimas “por un tema humanitario” y “porque necesitaba un sustento para su familia”. “Dimas de toda la vida ha estado muy cerca de toda la familia. Sobre todo su mujer, Elena”, ha precisado. Sin embargo, en contra de lo que declaró en su día, ha negado que lo hiciera para ayudarle a conseguir el tercer grado.

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A Dimas se le contrató ya con el tercer grado y en la calle”, ha defendido en varias ocasiones. Cabe subrayar lo que se requiere a los internos para obtener el tercer grado es una oferta de trabajo, no un contrato, que difícilmente puede firmarse cuando están dentro de prisión. De hecho, éste se firma después, cuando este beneficio penitenciario ya ha sido concedido. Y fue ahí, justo después de que obtuviera un tercer grado, cuando se firmaron ambos contratos. Sin embargo, Rosa ha negado que ése fuera el motivo e incluso ha asegurado que ha contratado a otros internos de Tahíche “por razones humanitarias”.

En cuanto a sus primeras declaraciones ante la UCO y ante el juez, Rosa ha alegado que estaba “nervioso”. “Había pasado 48 horas detenido y no estaba en condiciones de declarar”, ha afirmado. A esto, el fiscal ha respondido aclarando que no es cierto que hubieran pasado 48 horas, sino 24, y que además justo antes había sido atendido por un médico forense –“por un tema de cervicales”, según ha apuntado Rosa- y que éste confirmó “que estaba en plenas condiciones cognitivas y volitivas para prestar declaración.

Sin embargo, Juan Francisco Rosa se ha negado a responder a ninguna pregunta sobre esa primera declaración. “Era la primera vez que venía a la Justicia en esa época y se me estaba acusando de algo que no había hecho”, ha afirmado, pese a que lo cierto es que para entonces ya había estado imputado en otras causas.

Cabe recordar que durante aquella declaración, el propio juez le advirtió de que estaba admitiendo un presunto delito de falsedad documental, e incluso el que entonces era su abogado en esta causa, Felipe Fernández Camero (que después pasó a estar entre los imputados del caso Unión), le pidió hasta en dos ocasiones a su cliente que no hablara más sobre el tema, pero aún así Rosa siguió haciéndolo para reconocer que “las funciones de Dimas en su empresa eran nulas”, que realmente no le pagaban siquiera la nómina y que “no quiere a Dimas ni de cerca”.

Sin embargo, este lunes ha explicado incluso cómo le abonaba esa supuesta nómina de “unos mil euros”, afirmando que “cobraba en efectivo, como todos los empleados”. “En esa época no había domiciliación de nóminas. Desde peones a albañiles, todo el mundo iba a cobrar a Galerías Rosa”, ha respondido a preguntas de su abogado.

Tras la declaración de Juan Francisco Rosa ha llegado el turno del último acusado en esta pieza del caso Unión, Dimas Martín, que ha sido preguntado por su propio abogado por el contrato con Rosa. Respecto a su firma, ha defendido que para que se proponga la concesión del tercer grado “es indiferente que haya un contrato de trabajo” y que es una vez concedido cuando “te dan facilidades para que salgas a buscar trabajo”.

“A veces iba a lo de Juan Francisco Rosa y a veces no. Me iba a cuidar a mis cabras, mis gallinas…”, ha respondido Dimas Martín, que no ha dado detalles de dónde trabajaba exactamente ni qué funciones desarrollaba. Al respecto, en su día declaró en los Juzgados que cobraba “en efectivo una nómina de unos mil y pico euros”, que “tenía bastante libertad” y que se dedicaba a ir “por las fincas y por los hoteles”, pero ni siquiera supo precisar para qué empresa en concreto trabajaba ni qué categoría profesional tenía.

A mí el control no me lo hace el empresario, me lo hace Instituciones Penitenciarias”, ha afirmado Dimas durante el juicio, en referencia a los requisitos que debía cumplir para que se mantuviera ese tercer grado penitenciario. “¿Estaba obligado a trabajar las 14 horas de salida?”, ha preguntado irónicamente, tras recordar que con el tercer grado puede dejar la prisión desde las 7 de la mañana y regresar a las 10 de la noche.

Sobre ese presunto contrato simulado fue preguntado también en la segunda jornada del juicio otro de los acusados, el ex concejal del PIL Ubaldo Becerra, que en aquella época mantenía una relación fluida con Dimas y declaró que no le constaba que trabajara para Rosa y que tampoco le dijo en ninguna ocasión que no podía hablar o reunirse porque estaba trabajando.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Juan Francisco Rosa incurrió en un delito continuado de falsedad de documento público, ya que los contratos no sólo fueron presentados por Dimas ante Instituciones Penitenciarias “para engañar” a este organismo, sino que también se registraron en la Seguridad Social, al darle de alta como supuesto trabajador, y ante el Instituto de Empleo. En total, pide para él 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros y sostiene que con ese “favor” a Dimas, Rosa pretendía conseguir un “trato de privilegio”, entre otras cosas para legalizar sus hoteles ilegales, ya que el PIL gobernaba en ese momento en el Cabildo.


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NotaPublicado: Mar 19 Feb, 2019 4:27 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa se ha negado a responder preguntas sobre sus conversaciones con Dimas Martín para intentar legalizar sus hoteles ilegales, pero no ha conseguido evitar que una de esas conversaciones se escuchara durante el juicio de la pieza 12 del caso Unión, a petición del Ministerio Fiscal. Esa conversación refleja que Rosa hablaba de este tema tanto con Dimas como con Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias, al menos a juzgar por sus referencias directas al que entonces era consejero de Política Territorial, Domingo Berriel.

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“Me pongo celoso cuando hablas con Dimas, así me lo dijo Domingo Berriel”, se escucha decir al empresario en esa conversación interceptada con la UCO, en la que Rosa llama a Dimas Martín para reprocharle que el Cabildo ha realizado un “borrador” para abordar la situación de los hoteles ilegales y que “han dejado fuera al Princesa Yaiza”. “Me ha llamado el Gobierno”, dice el empresario al explicarle cómo ha tenido acceso a esa información, cuestionando además haberse tenido que enterar así.

“Nosotros no tenemos conocimiento de ese borrador”, se justifica Dimas en nombre del PIL, que en ese momento gobernaba con el PSOE en el Cabildo, con su hijo Fabián Martín como vicepresidente. “Pues niño, está ya en la calle”, le responde Rosa con tono molesto. “Con nosotros no se va a aprobar. Tú preocúpate de Coalición Canaria”, le responde Dimas, que durante toda la conversación intenta calmar al empresario.

En ese momento, Dimas Martín estaba supuestamente contratado por Rosa, que en el juicio ha asegurado que el líder histórico del PIL ejercía como “capataz agrícola” y que se encargaba de los jardines del hotel Fariones, de la Finca de Uga y de sus viñas en La Geria. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Rosa fingió ese contrato para que Dimas pudiera obtener el tercer grado penitenciario, y que le hizo ese “favor” para lograr un “trato de privilegio” de cara a la legalización de sus hoteles.

“¿Utilizó ese contrato para hablar con Dimas de los hoteles?”, le ha preguntado Javier Ródenas durante el juicio. “No, no lo recuerdo. Hablaba poco con Dimas en esa época”, ha afirmado Rosa, que después se ha negado a responder a más preguntas sobre el tema. “No voy a contestar porque no tiene nada que ver con el contrato de trabajo”, ha zanjado cuando el fiscal ha intentado interrogarle sobre esa conversación.

No obstante, Rosa sí ha vuelto a hablar después de sus hoteles ilegales cuando ha llegado el turno de las preguntas de su abogado. Ahí, se ha limitado a señalar que el Cabildo había recurrido la licencia que le otorgó el Ayuntamiento de Yaiza, que se anuló la licencia y que a día de hoy “sigue igual”. Cabe recordar que esa licencia se otorgó bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, que ha sido condenado en el caso Yate por conceder ése y otros permisos ilegales y que actualmente está cumpliendo condena por prevaricación y cohecho, entre otros delitos.

“¿Dimas hizo algo?”, ha insistido el abogado, Antonio Choclán Montalvo, refiriéndose a si el líder del PIL dio finalmente alguna solución a la situación de los hoteles de Rosa. “No”, ha contestado el empresario. Precisamente, tanto en la conversación que se ha escuchado en el juicio como en otras que fueron interceptadas por la UCO y que forman parte del sumario de la causa, se escucha a Juan Francisco Rosa quejarse de esa falta de acción por parte de Dimas.

“¿Tú crees que van a hacer eso sin acuerdo nuestro?”, se justifica Dimas, que le asegura a Rosa que el PSOE no podrá sacar adelante ese borrador sin el apoyo del PIL como socio de gobierno. “Ellos hacen y nosotros no nos enteramos. Yo voy a llamar a Fabián para que me diga cómo es posible que hayan mandado eso y nosotros no nos hayamos enterado”, insiste Dimas Martín.

“Pero se lo ha mandado el Cabildo”, le insiste Rosa, en referencia a que el documento había sido enviado al Gobierno de Canarias. Además, añade también que “se lo mandó la presidenta de Coalición Canaria para que lo vieran aquí”, en referencia a la que entonces era líder del CC en el archipiélago, Claudina Morales. “Voy a llamar a Fabián”, insiste Dimas, que vuelve a separar la actuación de los consejeros del PIL de la de sus socios del PSOE en la Corporación y matiza que en todo caso al Gobierno de Canarias lo habrá enviado “no el Cabildo”, sino “la presidenta”, que entonces era Manuel Armas.

Además de no responder a buena parte de las preguntas del fiscal, ni sobre este tema ni sobre la primera declaración que realizó en los Juzgados tras ser detenido –y en la que sí confesó haber fingido un contrato con Dimas para que pudiera obtener el tercer grado penitenciario, reconociendo que en realidad no trabajaba para él- Rosa tampoco ha querido contestar a la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística. “No voy a contestar. A la señorita no”, ha afirmado cuando llegaba el turno de la letrada de la acusación.

A la conversación que se ha escuchado durante el juicio se suman otras entre Dimas Martín y Juan Francisco Rosa que fueron interceptadas en su día por la UCO. En una de ellas, Rosa le dice al líder histórico del PIL que tiene que “imponerse” con su hijo Fabián Martín. “Yo no entiendo que con la fuerza que tú has tenido, esto no se haya arreglado”, le dice Rosa en un momento de la conversación.

Más allá del presunto delito de falsedad documental que ha llevado a Rosa al banquillo, el empresario también estuvo investigado por otros hechos en esta causa, que entre otras cosas puso de relieve que entregó dinero al Partido de Independientes de Lanzarote. “He hecho préstamos, pero algunos no los he cobrado y creo que no los voy a cobrar”, señaló Rosa en su día, en su declaración en los Juzgados. Después, cuando le preguntaron directamente si había entregado durante las campañas electorales “cantidades cercanas a 60.000 euros”, pasó a responder que “no lo recuerda”.

Lo que sí admitió es haber prestado dinero a la mujer de Dimas, Elena Martín. Según Rosa, le prestó 6.000 euros en el año 2007, y “firmó la hija o la mujer de Dimas”. Además, la instrucción del caso Unión también desveló que las casas familiares de Dimas Martín en Guatiza y en Los Lajares “estaban a nombre de Juan Francisco Rosa”. Así lo admitió el propio Dimas en una de sus declaraciones, en la que afirmó que el empresario les “dejaba vivir” a él y a su familia ahí “desde siempre.


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NotaPublicado: Mar 19 Feb, 2019 4:30 pm 
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La defensa de Juan Francisco Rosa no aportará finalmente ni un solo testigo que pueda dar fe del supuesto trabajo que realizaba Dimas Martín como “capataz agrícola” de sus empresas. La última renuncia se ha producido este mismo martes, justo antes de que comenzara la declaración del que era director del Hotel Fariones cuando ocurrieron los hechos, Bienvenido Saavedra.

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El día anterior, en su declaración como acusado y en contra de lo que había confesado tras su arresto, Rosa negó que los dos contratos que firmó con Dimas fueran fingidos para que éste pudiera obtener el tercer grado penitenciario. Así, aseguró que Dimas Martín sí trabajaba realmente para él en “temas agrícolas”, encargándose de los jardines del hotel Fariones, de la Finca de Uga y de sus viñas en La Geria. Sin embargo, finalmente en el juicio no declarará ningún testigo que pueda confirmar si el líder histórico del PIL acudía a realizar ese cometido.

En su escrito de defensa, Juan Francisco Rosa había pedido que en el juicio fueran citados cuatro testigos: el propio Bienvenido Saavedra, un encargado de mantenimiento del mismo hotel, Antonio Armas, el director del hotel Princesa Yaiza, Javier Suárez, y otro encargado de la empresa BTL Lanzarote, José Paéz Betancort. Sin embargo, a dos renunció ya al iniciarse el juicio y a los otros dos ha terminado renunciando este martes, justo cuando iba a iniciarse la vista precisamente con su declaración.

“Es innecesario”, ha sostenido el abogado de Rosa, cuando el testigo ya estaba en los Juzgados. “Lamentamos que haya tenido que venir”, ha señalado para disculparse con Bienvenido Saavedra. En cuanto al motivo de esta decisión, el letrado lo ha justificado remitiéndose al interrogatorio que realizó el día anterior el fiscal a Dimas Martín, señalando que no le hizo preguntas sobre el supuesto trabajo que realizó para Galerías Rosa, que fue una de las empresas a través de las que estuvo supuestamente contratado.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha respondido que lo que pregunte o no a cada acusado no puede justificar la renuncia de la defensa a uno de sus testigos. “Es irrelevante”, ha subrayado Javier Ródenas, que en su escrito de acusación sostiene que Dimas no trabajaba realmente para las empresas de Rosa y que los contratos fueron simulados para que pudiera obtener el tercer grado penitenciario, incurriendo así en un delito continuado de falsedad documental.

Tras su detención en el caso Unión, el propio Rosa reconoció ante el juez que “las funciones de Dimas en su empresa eran nulas”, que realmente no le pagaban siquiera la nómina y que “no quiere a Dimas ni de cerca”. Sin embargo, dos años después cambió su versión y ahora asegura que trabajaba como “capataz agrícola”, aunque el primer contrato lo firmó con Galerías Rosa como “encargado de obras” y el segundo con otra empresa del grupo, como “auxiliar administrativo en el sector del comercio del mueble”.

Sobre por qué no se hicieron los contratos por las verdaderas funciones que asegura que realizaba Dimas, Rosa alegó que eso dependía de la gestoría y que él solo firmaba los contratos. Y en cuanto a si el líder histórico del PIL cumplía realmente con su jornada laboral y con sus supuestos cometidos, el empresario respondió que el “no estaba controlado a Dimas ni a nadie”, porque tenía más de 1.200 empleados. Sin embargo, finalmente tampoco aportará ningún testigo ante quien sí respondiera como trabajador o que pueda confirmar si desarrollaba alguna función para sus empresas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Juan Francisco Rosa incurrió en un delito continuado de falsedad de documento público, ya que los contratos no sólo fueron presentados por Dimas ante Instituciones Penitenciarias “para engañar” a este organismo, sino que también se registraron en la Seguridad Social, al darle de alta como supuesto trabajador, y ante el Instituto de Empleo. En total, pide para él 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros y sostiene que con ese “favor” a Dimas, Rosa pretendía conseguir un “trato de privilegio”, entre otras cosas para legalizar sus hoteles ilegales, ya que el PIL gobernaba en ese momento en el Cabildo.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com