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NotaPublicado: Mar 28 Jul, 2020 4:10 pm 
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La historia de “trampas”, “falsedades” y “mentiras” que puso sobre la mesa la fiscal del caso Stratvs, Elena Herrera, al presentar sus conclusiones en el juicio, podría abrir un nuevo capítulo más allá de esta vista, que llegará a su fin este martes y en la que están siendo juzgadas diez personas. En su intervención final, la representante del Ministerio Público pidió que se abran ahora diligencias contra el notario Pedro Botella, ya que a la luz de la prueba practicada durante el juicio, considera que podría haber incurrido en delitos, al elevar a público contratos que ni siquiera estaban firmados.

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“Cuanto menos me veo en la obligación de interesar deducción de testimonio contra este señor”, señaló la fiscal. “Eleva a público un contrato verbal con una persona que no comparece en la notaría. No puede autorizar un contrato con una persona que no está presente y que, además, presumo que en 2015 había fallecido. Creo que nos estamos saltando unas cuantas normas del ordenamiento jurídico”, advirtió Herrera

La intervención del notario está relacionada con uno de los delitos por los que se acusa a Juan Francisco Rosa, por haber usurpado suelo para levantar Stratvs en un terreno que ni siquiera era de su propiedad. “Este señor no ha acreditado la titularidad de nada”, recordó, subrayando que tampoco el arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, figuraba como propietario del suelo, en contra de lo declarado por Rosa. “El dominio no se justifica con contratos que no se firman. Y con contratos verbales con los muertos tampoco”, añadió la fiscal, en referencia a la escritura que se realizó años después de terminar las obras, cuando ya se había iniciado esta causa penal y algunos de los legítimos propietarios del suelo se habían personado como acusación particular, en su condición de perjudicados.

Al iniciarse la instrucción, y a instancias de la Fiscalía, el Juzgado requirió las escrituras de la propiedad de la finca. “¿Saben qué contestó Miguel Ángel Armas Matallana? Que de qué parcelas estamos hablando. No sabían ni dónde estaba la bodega”, cuestionó la fiscal, recordando que Stratvs se inscribió inicialmente en otra finca que sí pertenecía a Rosa, pero donde realmente no había ninguna construcción, en lo que constituye otro de los “engaños” que se juzgan en esta causa.

Fue en el año 2012 cuando supuestamente se elaboraron varios contratos de compraventa privados, por los que el arquitecto asegura que pasó a ser propietario de una parte del suelo que pertenecía a varios miembros de su familia. Sin embargo, esos contratos no están firmados por la parte vendedora. “Una buena manera de justificar la adquisición del dominio, con contratos que no se firman”, ironizó Elena Herrera.

Pese a ello, tres años después, el notario Pedro Botella elevó a públicos esos contratos, con una escritura fechada en 2015 que se aportó con el escrito de defensa de los acusados. Además, en ese documento, Miguel Ángel Armas Matallana también sostenía que había comprado a su madre, ya fallecida, no solo la parte del terreno que le pertenecía a ella, sino también otro porcentaje que asegura que había adquirido “por derecho de retracto”. Sin embargo, tampoco consta ese expediente, pese a lo cual el notario lo elevó a público en esta escritura.

Por obra y gracia del espíritu santo, una parte ya es propiedad de Armas Matallana, con contratos de venta que no están firmados; y otra parte igual, porque se la compró a su madre de palabra y por un derecho de retracto que no consta”, cuestionó la fiscal, que recordó que la ley obliga a que en caso de fallecimiento, los herederos comparezcan en la notaría para reconocer la validez del contrato que se está escriturando.

Además, también relató otras “falsedades” en relación con la propiedad del suelo, incluyendo otro contrato de compraventa de 1998, de un pequeño porcentaje de la finca que supuestamente había adquirido la mujer del arquitecto, Piedad del Río. En este caso, fue ella misma quien declaró -tanto durante la instrucción como en el juicio- que ella no había firmado ese documento. Y tampoco ninguno de los que se presentaron a su nombre en distintas instituciones, cuando se empezaron a pedir las autorizaciones para levantar Stratvs.

Se ocultó de manera deliberada el verdadero promotor del expediente, que sabemos que desde el primer momento fue Juan Francisco Rosa”, señaló la fiscal, recordando que eran trabajadores de Rosa quienes presentaban las solicitudes, que “él ha reconocido que estaba detrás” y que incluso al Gobierno de Canarias se remitió un fax desde Galerías Rosa, a pesar de que como titular del expediente figuraba Piedad del Río.

En su declaración como testigo, la mujer de Miguel Armas declaró que tenían un acuerdo con Rosa, por el que ellos se quedarían con la vivienda preexistente que supuestamente iban a rehabilitar, mientras que el empresario gestionaría la bodega. “¿Ustedes pondrían una bodega industrial a 15 metros de su casa?. Esto nunca fue una casa familiar y una bodega. Desde el primer momento estaba diseñado de una manera totalmente diferente”, enfatizó Elena Herrera, que tachó también de “mendaz” y “falsario” el proyecto que se presentó para solicitar la autorización de las obras.

Según ese proyecto elaborado por Miguel Ángel Armas Matallana, lo que se iba a hacer era rehabilitar la vivienda que ya existía y construir una pequeña bodega almacén de 900 metros cuadrados. Sin embargo, según la instrucción, lo que se hizo fue derribar la vivienda y construir una nueva más grande -donde se ubicó la tienda-, y levantar un complejo de unos 12.000 metros cuadrados, donde además de la bodega hay un restaurante y distintas salas, terrazas y aparcamientos en pleno corazón de La Geria, en suelo protegido donde no se podía construir.

Una vez levantado Stratvs, Rosa compró una finca contigua e inscribió ahí el complejo en el año 2006. “Él no era dueño de nada. Sabe perfectamente que está inscribiendo la bodega en una finca en la que no hay nada”, advirtió la fiscal, que entre otras cosas acusa a Rosa de varios delitos de falsedad documental.

Además, junto a él están acusados por estos delitos otros funcionarios, como el aparejador del Ayuntamiento de Yaiza Pablo Carrasco y el responsable del Catastro, Blas Noda, por haber contribuido a ese “engaño”. En el caso de Noda, años después, en 2013, cambió la titularidad catastral “sin verificar siquiera los metros” de la finca, que no coincidían, y sin dar audiencia a los legítimos propietarios.

Algunos de ellos, pertenecientes a la familia Negrín, estuvieron personados como acusación particular en esta causa, aunque se terminaron retirando un año antes de que comenzara este juicio, cuando Rosa les pagó por fin por los terrenos presuntamente usurpados. En este caso, Rosa también aseguró que tenía un acuerdo “de palabra” con los Negrín desde 1998, cuando solicitó los primeros permisos. Sin embargo, fue 20 años después cuando realizó el pago, consiguiendo así que se retiraran como acusación de este procedimiento.


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NotaPublicado: Mié 29 Jul, 2020 4:07 pm 
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La acusación popular del caso Stratvs, cuyo segundo juicio ha quedado visto para sentencia este martes en la Audiencia Provincial, ha pedido abrir diligencias penales por falso testimonio contra Francisco Fabelo, exconsejero del Cabildo de Lanzarote y trabajador de la institución.

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Transparencia Urbanística solicitó que se le dedujera testimonio de lo manifestado por Fabelo en el juicio al considerar que habría presuntamente mentido al tribunal al asegurar que se abstenía en los expedientes relacionados con el promotor de la bodega y principal acusado, Juan Francisco Rosa.

La acusación popular resaltó diversas ocasiones en las que se ha presentado a Fabelo en medios de comunicación de ámbito nacional como “gerente” de Finca de Uga, propiedad de Rosa. Su vinculación con el empresario también se ha abordado en el pleno del Cabildo en el pasado mandato, a instancias de Podemos.

“Francisco Fabelo dijo que se abstenía de intervenir [en los trámites relacionados con Rosa] y es falso”, afirmó en sus conclusiones la abogada Irma Ferrer, letrada de la acusación popular. “Fabelo no se abstiene de intervenir en los asuntos de Rosa pese a que trabaja para él”, añadió.

La acusación popular avanzó que solicitará al Cabildo todos los expedientes relacionados con el empresario en el que haya podido intervenir Fabelo y citó por ejemplo uno de ellos, incorporado a la causa de Stratvs, en cuyos trámites aparece el exconsejero en relación al permiso para la “retirada” de unas palmeras en la zona.

Transparencia Urbanística recalcó en el juicio ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que ha quedado vista para sentencia, que Rosa “tiene 1.500 empleados que paga él, pero también tiene empleados que se pagan con dinero público”.

También la Fiscalía ha pedido que se deduzca testimonio contra el notario Pedro Botella por elevar a público contratos de venta que no estaban firmados, relacionados con los terrenos sobre los que se construyó el complejo Stratvs, sin que estuviese presente alguna de las partes que, según dijo, podría incluso haber fallecido cuando se efectuó el trámite.


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NotaPublicado: Mié 29 Jul, 2020 4:08 pm 
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NotaPublicado: Vie 04 Dic, 2020 4:07 pm 
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La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha absuelto a todos los acusados del segundo juicio del caso Stratvs, entre ellos el promotor, Juan Francisco Rosa, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, y técnicos del Gobierno de Canarias que dieron la licencia en la que se amparó la construcción de la bodega.

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En el primero de los juicios, el Tribunal Superior de Justicia condenó, entre otros, a la entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, a 14 años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por la licencia de actividad de la bodega, en una resolución confirmada por el Tribunal Supremo.

En su sentencia, la Sección Sexta absuelve a Rosa de un delito continuado de falsedad en documento público cometido por particulares, del delito de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio, del delito contra el patrimonio histórico, del delito contra el medio ambiente y del delito continuado de estafa cualificada del delito de hurto, así como del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba. La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión.

Además, se absuelve al arquitecto de la bodega del delito continuado de falsedad en documento público, del delito de usurpación de bien inmueble, del delito contra la ordenación del territorio, del delito, contra el patrimonio histórico, del delito contra el medio ambiente y del delito continuado de estafa cualificada del que se le acusó.

También han resultado absueltos los antiguos funcionarios del Gobierno de Canarias que concedieron la licencia -Faustino García Márquez, Armando Villavicencio-, acusados de prevaricación urbanística, así como el entonces director general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa.

Del mismo modo se absuelve al técnico de Yaiza Pablo Carrasco, al exalcalde sureño, José Francisco Reyes, y al exconcejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, que estaban acusados de prevaricación urbanística.

También ha resultado absuelto José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas, acusado de prevaricación medioambiental. Y Blas Noda, trabajador del Catastro, del delito de falsedad en documento público.


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NotaPublicado: Mié 09 Dic, 2020 3:55 pm 
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NotaPublicado: Mié 16 Dic, 2020 7:25 pm 
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La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha presentado este miércoles un escrito ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial solicitando una aclaración de la sentencia del caso Stratvs, ya que considera que hay importantes omisiones y errores en el fallo, que no se pronuncia sobre algunos de los hechos que eran objeto de acusación.

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Por eso, pide un “complemento” de los hechos probados en la sentencia, que absolvió a todos los acusados en el procedimiento. Este trámite es un paso previo al posible recurso del Ministerio Fiscal, que en su día llegó a calificar lo sucedido con la bodega Stratvs como uno de los mayores atentados medioambientales cometidos en la isla de Lanzarote.

En el caso del principal acusado, el empresario Juan Francisco Rosa, recuerda que, entre otros delitos, fue juzgado por usurpación de bien inmueble y por delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y contra el medio ambiente, en su modalidad de realización de excavaciones y extracciones afectando los valores de un espacio natural protegido, en concurso con “un delito continuado de hurto de bienes de valor histórico de especial gravedad por su cuantía”. Respecto a este último delito, la Fiscalía señala que estaba detallado expresamente en el escrito de acusación, sin que se le haya dado respuesta en la sentencia. “Nuevamente nos encontramos con que en los hechos probados se ha omitido cualquier descripción fáctica en relación a los mismos”, señala el escrito, que lo mismo plantea en relación a otro de los procesados, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, que estaba acusado por el mismo delito.

“El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, cuantifica la extracción realizada en metros cúbicos, sin que conste en el hecho probado sexto alusión alguna a la extracción y excavación realizada”, cuestiona. Además, respecto a Matallana, afirma que también se ha hecho caso omiso a algunos de los documentos que obraban en la causa, como el certificado de final de obra que firmó, y por el que estaba acusado de un delito continuado de falsedad en documento público. “En los hechos probados de la sentencia no se realiza mención alguna a la redacción y presentación del proyecto de ejecución por parte de este acusado”, añade también la Fiscalía.

A esto suma otras omisiones respecto al que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, a cuya intervención no se hace alusión en los hechos probados de la sentencia. En cuanto al responsable del Catastro en Yaiza, Blas Noda, el Ministerio Fiscal subraya que no se ha tenido siquiera en cuenta la calificación alternativa que planteó en la última jornada del juicio, al elevar a definitivas sus conclusiones, calificándolos de "falsedad en documento oficial cometido por imprudencia". “Nuevamente en los hechos probados se ha preterido (omitido) cualquier descripción fáctica”, plantea.

“Igualmente, carece de sustrato fáctico la participación de la mercantil BTL Lanzarote S.L. también acusada por un delito contra la ordenación del territorio con afección grave a los valores objeto de protección de un espacio natural protegido y de un delito contra el patrimonio histórico con afectación grave a los valores objeto de protección de un espacio natural protegido”, añade el Ministerio Fiscal.

Además, solicita que se corrijan otros "errores", como fechas que se han introducido en los hechos probados y que “no se corresponden con la documental obrante en autos”; y que se dé respuesta a otros hechos que relataba el Ministerio Fiscal en su escrito y sobre los que no se ha manifestado la Sala.

Incluso, apunta que las fechas de los días en los que se celebró la vista oral “están incompletas, toda vez que se han omitido los días 15 y 16 de enero, el 11 de febrero, el 12 de marzo y el 24 y 28 de julio”.

Por todo ello, solicita que se dicte una nueva resolución complementando el fallo, que dio más crédito a los peritos privados aportados por Juan Francisco Rosa que al testimonio de los numerosos funcionarios, técnicos y agentes de la Guardia Civil y del Seprona que declararon en el juicio y que emitieron informes durante la instrucción de la causa.

Mientras se resuelve esta solicitud, dejará de computar el plazo previsto para recurrir el fallo, que solo era de cinco días hábiles, y que estaba a punto de concluir. Ahora, el Ministerio Fiscal esperará la respuesta de la Audiencia para adoptar su decisión.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com