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NotaPublicado: Mar 14 Ene, 2020 5:17 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juicio principal del caso Stratvs ha arrancado este martes con diez personas en el banquillo de los acusados y con una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel para el dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa. Por su parte, la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística eleva la petición para Rosa a cerca de 20 años de cárcel, en un juicio que está previsto que dure 25 jornadas, las primeras en Lanzarote y después en Las Palmas de Gran Canaria, donde están fijadas las últimas sesiones a principios de abril. La Fiscalía solicita la segunda mayor pena, de 10 años de prisión, para el arquitecto de Stratvs y dueño de una parte de los terrenos, Miguel Ángel Armas Matallana.

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En total, en la causa había acusadas 17 personas, aunque varias fueron ya juzgadas y condenadas en la pieza que se separó por el aforamiento de Gladys Acuña, que entonces era parlamentaria regional. No obstante, algunos vuelven a estar también en esta segunda vista, ya que en la primera solo se juzgaron los hechos relacionados con la concesión de la licencia de actividad a la bodega, que fue en lo que intervino Acuña.

Junto a Rosa, en este segundo juicio también repiten como acusados el ex concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, y el ex alcalde, José Francisco Reyes, que actualmente está en prisión y ha acudido al juicio esposado y custodiado por la Policía. A ellos se suman ahora en el banquillo el aparejador de la Oficina Técnica de Yaiza, Pablo Carrasco, el técnico Andrés Morales y el encargado del Catastro de Yaiza, Blas Noda.

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Además, también se juzga al que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y a otras tres personas que han ocupado cargos técnicos o políticos en el Gobierno de Canarias: Faustino García Márquez, Armando Villavencio y Juan César Muñoz Sosa. Para estos tres últimos, la Fiscalía pide penas de multa e inhabilitación. Los diez acusados, a los que se suma la sociedad BTL como persona jurídica, está previsto que declaren entre este martes y el próximo jueves 16, una vez que se resuelvan las cuestiones previas con las que se ha iniciado el juicio.

En su escrito de acusación, que se presentó hace ya casi cinco años, la Fiscalía señala que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental “no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños”.

Tal como puso de relieve la instrucción de esta causa, Juan Francisco Rosa pidió licencia para restaurar una vivienda protegida y para construir un almacén-bodega de 900 metros y lo que hizo fue derribar la casa y construir una nueva más grande, levantando a su alrededor un macrocomplejo de 12.000 metros cuadrados en suelo protegido. Así, además de una bodega de grandes dimensiones construyó también una tienda, un restaurante, cocinas, muros y distintas terrazas que no tenían ningún tipo de cobertura legal y donde realizaba todo tipo de eventos pese a carecer de licencia y con la pasividad de las administraciones, hasta que la juez que instruyó esta causa, Silvia Muñoz, ordenó el precinto.

Además, la Fiscalía sostiene que incluso la primera licencia que obtuvo, y que nada tenía que ver con lo que terminó construyendo, también era ilegal, a lo que se suma que el suelo donde levantó Stratvs ni siquiera era suyo. De hecho, fue ante la proximidad del juicio cuando Rosa compró los terrenos a las familias que estaban personadas en la causa como perjudicadas, consiguiendo así que se retiraran del procedimiento y que dejaran de ejercer la acusación particular.

En el auto que puso fin a la instrucción de esta causa, la juez instructora señalaba que la construcción de Stratvs se basó en una “ficción continua y premeditada”, que empezó desde la solicitud del primer permiso. Para ello utilizaron esa vivienda protegida preexistente, que ni siquiera pertenecía a Rosa, pero que era clave para pedir esa primera autorización. Ahí fue donde entró en escena el arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, que tenía parte de la titularidad de ese suelo a través de su familia, aunque no eran los únicos dueños (otros titulares eran los que se habían personado como acusación en esta causa).

Incluso, en la primera solicitud de licencia ni siquiera aparece el nombre de Rosa sino el de la mujer del arquitecto, que fue quien pidió el primer permiso. Después, esa solicitud fue “mutando” - ya que inicialmente solo se planteaba la rehabilitación de la vivienda preexistente y después se amplió a “restauración de vivienda y almacén”, simulando incluso que también existía una antigua bodega-, y al hacerlo se llegó a “falsificar” la firma de la solicitante, según reconoció en los Juzgados su propio marido.

Sin embargo, pese a no aparecer el nombre de Rosa, el Gobierno de Canarias le enviaba a él las notificaciones sobre este expediente. Después, una vez obtenido el permiso, lo que se construyó nada tenía que ver siquiera con el proyecto que se había autorizado, y que también sería ilegal según la Fiscalía. Y a todo esto se sumaron otros “datos falsos”, incluyendo alteraciones catastrales y un retraso de cuatro años en el plazo que se había fijado para terminar la obra, sin que el Ayuntamiento actuara pese a haber abierto expediente.

Además, tanto el Juzgado como la Fiscalía concluyeron que "se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso este último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria".

El escrito de acusación firmado en su día por Ignacio Stampa, que actualmente ejerce en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, incluía además otros delitos cometidos presuntamente tras la apertura de la bodega, ya que había informes desde el año 2006 y hasta diciembre de 2008 advirtiendo de que las instalaciones “no cumplían con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales”. Sin embargo, el Consejo Insular de Aguas dependiente del Cabildo llegó a otorgarle permisos para el sistema de vertidos, pese a que había informes que advertían de la contaminación.

De hecho, la Fiscalía señala que se provocó un "grave riesgo" para el equilibrio del Espacio Protegido e incluso para la salud de las personas, a la vista de los parámetros de contaminación que arrojan los vertidos procedentes de las instalaciones, destacando que únicamente se puso freno a dicha contaminación por parte del Juzgado de Instrucción, al clausurar cautelarmente el complejo ante la permisividad de las autoridades municipales e insulares competentes.

En su escrito de acusación, además de penas de cárcel e importantes multas económicas, la Fiscalía también reclama la demolición del macrocomplejo Stratvs, la clausura definitiva de la actividad y la nulidad de todas las licencias y permisos que se concedieron, así como de las escrituras públicas e inscripciones registrales practicadas con relación al complejo Stratvs.

En cuanto al primer juicio que ya se celebró, fueron condenadas por prevaricación ocho de las diez personas que se sentaron en el banquillo. Una de ellas fue la que era alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que se vio obligada a dejar la política tras imponérsele 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 10.800 euros, en una sentencia que ya es firme.

También fueron condenados por prevaricación los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno cuando se autorizó la licencia de actividad de Stratvs: Leonardo Rodríguez, Juan Lorenzo Tavío y Evaristo García, así como el ex alcalde, José Francisco Reyes, con quien se inició ese expediente, y el también ex concejal José Antonio Rodríguez, que gobernó primero con Reyes y después con Gladys Acuña. Al igual que la ex alcaldesa, José Antonio Rodríguez fue condenado por omisión, por no haber adoptado medidas contra la bodega y el resto de instalaciones del macrocomplejo Stratvs pese a ser conocedor de su ilegalidad.

Los otros dos condenados en esa pieza fueron el técnico de Yaiza Andrés Morales y el ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, mientras que resultaron absueltos el técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola Perdomo y el propio Juan Francisco Rosa, que en aquella primera pieza que se juzgó solo estaba acusado de un delito de tráfico de influencias
.

Al respecto, la sentencia señalaba que las llamadas telefónicas que habían sido interceptadas por la UCO, en las que Rosa llamaba al concejal de Urbanismo reclamando esa licencia, “no revelan una presión de entidad suficiente” como para condenarle por ese delito. Por eso, solo fueron condenados los políticos y los técnicos que intervinieron para concederle ese permiso. Ahora, sin embargo, el empresario se enfrenta a cargos por más de una decena de delitos de los que sería autor directo, incluyendo delitos contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de estafa, de falsedad documental y de usurpación, que son los principales que se investigaron en esta causa.


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NotaPublicado: Mar 14 Ene, 2020 5:21 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, ha evitado tener que volver a sentarse en el banquillo en el segundo juicio de Stratvs por un error en las citaciones. Bartolomé Fuentes ya fue juzgado y condenado en la primera pieza de la causa, pero la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística le imputaba otros hechos que debían dirimirse en esta segunda vista.

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Sin embargo, no ha sido citado por la Audiencia Provincial y la abogada de TU ha decidido renunciar, porque lo contrario hubiera obligado a suspender el juicio, que lleva años sufriendo retrasos y que tiene a otros diez acusados.

Precisamente uno de los motivos que dilataron esta causa es el que ha dado origen a este error, ya que inicialmente el caso Stratvs era un solo procedimiento, hasta que tuvo que separarse en dos piezas cuando la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, pasó a estar aforada al convertirse en parlamentaria regional en la pasada legislatura. En ese momento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordó que solo se haría cargo de juzgar los hechos relacionados con Acuña, mientras que el resto seguirían a cargo de la Audiencia Provincial.

Esto obligó a dividir la causa cuando ya estaban presentados los escritos de acusación contra 17 personas. Así, el primer juicio se dirigió contra 10 de ellos, y solo en los hechos que tenían relación con la intervención de Gladys Acuña, es decir, con la concesión de la licencia de actividad clasificada a la bodega. El resto de hechos son los que se han empezado a juzgar este martes, en una vista en la que repiten tres acusados por otros cargos (el propio Juan Francisco Rosa, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes y el ex concejal de Urbanismo José Antonio Rodríguez), pero en la que también debía estar Vicente Bartolomé Fuentes.

La diferencia en el caso del ex secretario es que la Fiscalía solo formuló acusación contra él por los hechos que ya se juzgaron. Sin embargo, la acusación popular le imputaba también un delito de fraude a la administración, relacionado con las tasas y tributos que cobró el Ayuntamiento de Yaiza a Juan Francisco Rosa, y que entiende que no se correspondían con lo que debía haber pagado en realidad el empresario.

Aunque la Fiscalía no acusó por este delito, el hecho de que sí formara parte del escrito de calificación de Transparencia Urbanística debía haber llevado a que también estuviera en este juicio. De hecho, uno de los diez acusados, el ex director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias Juan César Muñoz Sosa, solo ha sido acusado por la acusación popular y sí se ha sentado este martes en el banquillo.

En cuanto a Bartolomé Fuentes, la Fiscalía le acusó por su intervención en la concesión de la licencia de actividad, por la que ya fue condenado en el primer juicio de Stratvs. Respecto a la licencia de obra concedida bajo la Alcaldía de Reyes, que es uno de los hechos que se juzgan ahora, se da la circunstancia de que el ex secretario había informado en contra, a pesar de que luego sí dio el visto bueno a la licencia de actividad. Por eso el Ministerio Fiscal no había pedido que estuviera en este segundo juicio, aunque la acusación popular había detectado otros hechos presuntamente delictivos por los que finalmente no será juzgado.


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NotaPublicado: Mar 14 Ene, 2020 5:28 pm 
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NotaPublicado: Mar 14 Ene, 2020 6:50 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juicio principal del caso Stratvs ha arrancado este martes con una primera jornada en la que las defensas ya han mostrado cuál será su principal estrategia, que pasa por alegar que los delitos que se juzgan en esta causa ya habrían prescrito. Esto es lo que han sostenido el abogado de Juan Francisco Rosa y de otros acusados al plantear las cuestiones previas al juicio, que han sido rebatidas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, y que también fueron descartadas en su día por la juez instructora.

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La prescripción de un delito viene asociada a la pena que puede llevar aparejada, que es la que marca el tiempo que puede transcurrir desde su comisión y hasta la fecha en la que se abren diligencias penales contra el autor. Así, tanto la defensa de Rosa como la de otros acusados han comenzado rebatiendo la propia calificación de los hechos, para sostener que el plazo de prescripción sería inferior y por tanto se habría cumplido cuando se inició esta causa.

Esto les ha llevado a negar incluso que La Geria sea un espacio protegido, para intentar reducir la gravedad del delito contra el territorio. Y no solo lo ha hecho el abogado de Juan Francisco Rosa, sino también la jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, que en este juicio representa como abogada al ex director general de Urbanismo de Canarias, Juan César Muñoz Sosa, y a los técnicos Armando Villavicencio y Faustino García Márquez.

En su primera intervención en el juicio, la letrada de estos tres acusados ha sostenido que la declaración de La Geria como parque natural protegido “ha devenido ineficaz” porque en su día no se llegó a desarrollar el plan que exige la ley para su protección, y que por tanto no estaba vigente cuando sus defendidos intervinieron en la concesión de la primera licencia de obra a Stratvs en 1999.

“La Geria sigue teniendo especial protección del suelo”, ha respondido a continuación la fiscal, recordando las leyes que protegen este espacio, aunque la administración no cumpliera en su día con la normativa para regular esa protección. A esto, la abogada de la acusación popular ha añadido que no solo es un espacio natural protegido, sino que también es una zona de protección de aves, por lo que también está protegido como zona ZEPA por la Unión Europea.

"Lo confirmarán los peritos", ha agregado por su parte la representante de la Fiscalía, en referencia a los expertos que están citados a declarar en este juicio, que está previsto que se extienda durante 25 jornadas y que continuará este miércoles, ya con la declaración de los acusados.

Y es que tras escuchar a las partes, los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que conforman la Sala han acordado continuar con la vista, aceptando nuevas pruebas y documentos aportados en esta primera jornada por las defensas y por la acusación popular, y señalando que los alegatos sobre la supuesta prescripción de los delitos se resolverán ya en la sentencia.

En lo que respecta a los tres acusados del Gobierno de Canarias, su abogada ha sostenido que su imputación se produjo “14 años después de su intervención” en el expediente de Stratvs y que por tanto en ese momento ya había prescrito el posible delito. Y lo mismo ha alegado la defensa del arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana, que ha asegurado que su intervención –tanto en lo relativo a la dirección de la obra como en su papel como propietario de una parte de esos terrenos, por lo que está acusado de falsedad documental y usurpación- terminó en 2006.

Sin embargo, la fiscal ha recordado que la acusación se ha formulado por delitos “en concurso”, que hay “una continuidad delictiva” y que “tal como están calificados los hechos”, la prescripción se cumpliría a los 15 años. Además, ha subrayado la contradicción en las fechas aportadas por los propios acusados, ya que la defensa de Juan Francisco Rosa ha reconocido que la bodega se terminó e inauguró en 2008 y no en 2006, como ha sostenido Armas Matallana, que en 2013 ya había sido citado como imputado.

Por su parte, la defensa de Rosa ha tenido que ir más allá para alegar esas supuestas prescripciones. Respecto al delito contra el territorio, se ha “adherido” a las cuestiones previas planteadas por la abogada del Gobierno de Canarias, señalando que si la consideración de La Geria como espacio natural protegido “se cae”, el plazo de prescripción es de cinco años, por lo que según él se habría cumplido. Sin embargo, según ha subrayado la Fiscalía, las obras continuaron incluso más allá de 2008, ya que en 2011 se compró otra finca contigua y realizaron nuevos trabajos.

Al respecto, el abogado de Rosa ya ha adelantado que dedicará parte de sus esfuerzos en el juicio a demostrar que las obras terminaron en 2008. Y también a cuestionar la primera citación que se cursó a Rosa en esta causa, cuando no habían pasado ni esos cinco años que él mismo fija como plazo de prescripción. Sobre esa citación, ha defendido que no tiene validez porque después se suspendió la declaración por decisión del Juzgado, que había recibido nueva documentación sobre la causa y decidió examinarla antes de realizar esos interrogatorios.

En cuanto a otros delitos por los que está acusado, como el de falsedad documental, ha defendido que no pueden tratarse como un delito continuado. En concreto, se ha referido a la alteración de la escritura, que situaba la bodega en otra finca distinta a la que se ubica realmente (el suelo donde se construyó ni siquiera pertenecía a Rosa, que lo adquirió poco antes de la celebración del juicio, consiguiendo que los legítimos propietarios se retiraran de la causa, en la que estaban personados como acusación particular).

“Esa escritura fue utilizada para actos diversos, pero es el mismo documento y por tanto un único delito. No se puede utilizar el mismo documento para sostener que hubo una falsedad documental en el tiempo”, ha sostenido el abogado de Rosa. Así, aunque ha reconocido que esa misma escritura se usó para distintos trámites, incluyendo la solicitud de permisos y la petición de créditos, ha defendido que debe tratarse como un delito aislado y no como un delito continuado, lo que acortaría el plazo de prescripción.

Por su parte, la fiscal ha insistido en que sí hubo una “continuidad delictiva”, que comenzó cuando “se declaró en escritura pública que las obras están en una finca en la que no están” y que se mantuvo después, cuando se hicieron “posteriores inscripciones” con una “sucesión de incorporaciones en el Registro”.

Además, a esto se suma que uno de los principales delitos por los que está acusado Rosa, el delito contra el medio ambiente por los vertidos contaminantes, no cesó hasta que la propia juez instructora ordenó precintar la bodega en diciembre de 2013. Así lo ha recordado la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, que también ha subrayado que el delito contra el territorio continuó hasta 2012, cuando ha afirmado que se terminó de construir la terraza grill del restaurante.

Durante la primera jornada en la que solo se han resuelto las cuestiones previas, la abogada de los tres acusados del Gobierno de Canarias también ha cuestionado la legitimidad de Transparencia Urbanística para formular acusación en solitario contra el ex director general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa, para quien la Fiscalía terminó pidiendo el sobreseimiento tras cerrarse la instrucción.

Al respecto, la propia fiscal se ha opuesto al planteamiento de la defensa, señalando es “una manifestación totalmente extemporánea” que debió formular antes. Además, ha subrayado que aunque el Ministerio Fiscal no ha dirigido finalmente acusación contra Muñoz Sosa, se trata de un delito público, por lo que sí puede actuar la acusación popular.

En la misma línea se ha pronunciado la abogada de Transparencia Urbanística, que ha destacado que la “doctrina Botín ya está superada” y que la acción popular está legitimada cuando se trata de defender “el interés general, el interés público”, en este caso al tratarse de delitos contra el territorio y el medio ambiente. Además, ha recordado que Muñoz Sosa estuvo imputado durante toda la instrucción y que en el último auto antes de la apertura de juicio oral, la jueza instructora le siguió señalando entre los investigados.

Del mismo modo, ha defendido el papel jugado por Transparencia Urbanística, que lleva “15 años interviniendo en causas de corrupción como coadyuvantes del Ministerio Fiscal” y sin “intenciones maliciosas”, y lo ha contrapuesto a lo ocurrido con otros supuestos colectivos que se han personado en causas de corrupción en Lanzarote, como Jacón y la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, que han sido comparados por la Fiscalía con “un caballo de Troya con intereses bastardos”.

Finalmente, la Sala de la Audiencia ha concluido que efectivamente esta asociación está legitimada para acusar en solitario, dado que “son delitos que afectan a la colectividad y la ley lo permite para estos casos”. Así, ha rechazado tanto los alegatos de la defensa de Juan César Muñoz como del técnico de Yaiza Pablo Carrasco. En su caso, la Fiscalía le imputa un delito por su intervención en la concesión de la licencia a Stratvs, pero la acusación popular suma otro de malversación de caudales y fraude, por haber permitido que Rosa pagara menos tributos de los que correspondían por ese permiso.


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NotaPublicado: Mié 15 Ene, 2020 4:13 pm 
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NotaPublicado: Mié 15 Ene, 2020 6:56 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, Isabel Cubas Marrero, se ha puesto la toga en el juicio del caso Stratvs, calificado por la Fiscalía el "peor atentado medioambiental" que se ha producido en Lanzarote.

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La presencia de Cubas, sentada en el estrado en el que se encuentran las defensas de los 10 acusados, junto a la jefa de los servicios jurídicos, Ana María Quintana, sorprendió al inicio de la primera sesión del juicio.

En vez de situarse en el público, la viceconsejera del Gobierno de Canarias se sentó en el estrado reservado a los abogados de las defensas, pese a tratarse de un cargo político de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez (PSOE).

Al inicio de la vista oral, el tribunal fue cuestionado por su presencia y Cubas contestó que era "la viceconsejera de los Servicios Jurídicos" y que había solicitado a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial sentarse en ese lugar, reservado para los letrados de los acusados. Hasta 2015, Cubas desempeñó el puesto de jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se da la circunstancia de que la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias es Carla Vallejo, que como magistrada formó parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que juzgó una parte del caso Stratvs, por el aforamiento de la entonces diputada Gladys Acuña, que fue condenada a 14 años de inhabilitación.

La Sala de lo Penal del TSJC de la que formó parte la actual viceconsejera Carla Vallejo también anuló la licencia de actividad de la bodega Stratvs porque su concesión era "imposible" a la vista del planeamiento territorial y urbanístico
.

Para la defensa de los tres acusados relacionados con la licencia para Stratvs otorgada en 1999 por el Gobierno de Canarias -los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio, y el exdirector general de Urbanismo Juan César Muñoz-, la jefa de los servicios jurídicos, acompañada de la viceconsejera Isabel Cubas, ha sostenido la tesis de que el paisaje protegido de La Geria no sería espacio natural protegido desde 1990.

En concreto, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma alegaron que, al no haberse elaborado un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), la declaración de espacio natural de La Geria habría perdido su vigencia desde aquella fecha.

Sin embargo, el Gobierno ha actuado durante las últimas tres décadas en sentido contrario: lo mantiene dentro de la red de espacios naturales protegidos, aprobó su plan rector de uso y gestión, en 2013 de forma parcial y en 2014 de forma definitiva, y la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun) ha ejecutado el derribo de viviendas ilegales por haberse construido en un paraje protegido.

La Fiscalía y Transparencia Urbanística, que ejerce la acusación popular, también argumentaron que la legislación sigue otorgando una especial protección al suelo de La Geria y que por tanto ésta “permanece incólume”. Además, la letrada de Transparencia, Irma Ferrer, destacó que La Geria es una zona protegida por la Unión Europea al estar incluida en la Red de espacios naturales Natura 2000.

Expertos en Derecho administrativo consultados por este periódico indican que, con su estrategia en el caso Stratvs, los servicios jurídicos del Gobierno ponen en tela de juicio toda la red canaria de espacios naturales protegidos, que estarían en una situación idéntica al paisaje de La Geria.

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Faustino García Márquez, que fue jefe de servicio en la Dirección General de Urbanismo, ya jubilado, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 12 años de inhabilitación para empleo público relacionado con el presunto delito de prevaricación urbanística con afectación grave a los valores de un espacio natural protegido, así como a una multa de 27.000 euros.

La misma pena pide la Fiscalía para Armando Villavicencio. El exdirector general de Urbanismo, Juan César Muñoz, que firmó la autorización del Gobierno para la bodega Stratvs, está acusado por Transparencia Urbanística.

En 1988 se inició por parte del promotor de la bodega el procedimiento de autorización para obras en suelo rústico, preceptiva para luego obtener la licencia municipal de obras. En septiembre de aquel año, el jefe del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo, Luis Pascual, emitió un informe desfavorable al proyecto.

A pesar de destacar la importancia del desarrollo de la industria vitivinícola para "garantizar el mantenimiento de los valores agrarios, paisajísticos, culturales y naturales", el informe de Medio Ambiente señalaba expresamente que los terrenos en los que se pensaba llevar a cabo estaban recogidos en el Plan Insular como zona de valor paisajístico, "un suelo incompatible con la construcción de edificios e infraestructuras aéreas", así como con toda obra "que requiriese movimientos de tierras". También puntualizaba que se encontraba dentro de los límites del paisaje protegido de La Geria.

En octubre de 1998, Faustino García Márquez emitió un informe en el que proponía expresamente denegar la autorización para la construcción del nuevo almacén destinado a bodega, conforme a la normativa del Plan Insular, aunque fuera subterráneo.

"No obstante lo anterior, sin justificación técnica ni documental alguna para ello, y sin que requiriera ni se emitiera ningún otro informe técnico, externo o sectorial al respecto", el 10 de marzo de 1999, García Márquez emitió otro informe "cambiando drásticamente su criterio" y "a sabiendas de que con ello contravenía groseramente la normativa urbanística de aplicación", destaca la Fiscalía en su escrito de acusación.

Así, el Ministerio Fiscal añade que García Márquez informó favorablemente a conceder la autorización del proyecto tanto respecto a la restauración de la vivienda como a la construcción de la nueva edificación de almacén para la bodega, "con la injustificable condición de que ésta fuera totalmente enterrada y mimetizada con el entorno a fin de evitar su percepción desde cualquier punto de vista, y con la advertencia expresa de que el producto de la excavación resultante para edificar la bodega debía ser trasladado obligatoriamente al vertedero designado por el Ayuntamiento".

Seis días después, Armando Villavicencio emitió el informe jurídico favorable con las condiciones descritas en el informe técnico de García Márquez, "dando por ciertos los datos consignados" en el proyecto, "a pesar de conocer y de advertir expresamente tanto en los antecedentes como en los fundamentos de derecho de su propio informe jurídico, la incompatibilidad y la falta de justificación de las obras respecto a la normativa urbanística y medioambiental aplicables".

El 24 de marzo de 1999, el entonces director general de Urbanismo concedió la autorización para la bodega de 900 metros y la restauración de una vivienda antigua. Según la Fiscalía, se intervino en realidad sobre 12.000 metros cuadrados de superficie.


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NotaPublicado: Mié 15 Ene, 2020 7:06 pm 
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Miguel Ángel Armas Matallana, el arquitecto de la bodega Stratvs, autor del proyecto inicial, del proyecto de ejecución y de la dirección de la obra, reconoció este miércoles por la mañana durante la segunda sesión del juicio que se acabó ejecutando “un poco más” de lo que se autorizó.

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En concretó admitió a preguntas de la fiscal Elena Herrera que se hizo “un altillo”, que después denominó entreplanta y que en el proyecto de ejecución se aumentó la sala principal de la bodega porque hacían falta unos aljibes y se hizo un sótano, pero que los sótanos son superficies no computables.

La Fiscalía, en el escrito de acusación, señala que se obtuvo autorización para un almacén de 900 metros y se construyó un complejo de 12.000 metros cuadrados.

Armas Matallana admitió igualmente que en su proyecto no aparecía el restaurante que se hizo después en el antiguo aljibe y que él no es responsable de esa construcción porque son “edificios independientes”.

Le preguntaron si en los certificados de obra que emite en 2005 y 2008 declara que la obra es conforme a lo autorizado. “Sí, en la parte mía”, señaló. Afirmó que hubiera sido autorizable más superficie.

Las obras, por otra parte, se iniciaron sin proyecto de ejecución y fueron paralizadas temporalmente. Tampoco recordaba Armas si se emitió acta de replanteo, que es la que marca el principio de las obras.

Respecto a la vivienda antigua, que la Fiscalía sostiene que se derribó y se volvió a construir y para la que se había concedido licencia de rehabilitación, dijo que estaba en ruinas y que era “imposible restaurarla” y que por tanto tuvieron que poner “una pared de bloque por fuera de la pared de piedra”.

También señaló que la bodega se hizo en una depresión del terreno, el Barranco del Obispo, para intentar mimetizarla y que el movimiento de tierras fuera el mínimo. Señaló que su participación en el proyecto terminó en enero de 2006.

La fiscal cuestionó el proyecto porque cuando se redactó, en esa zona no había ni luz ni agua corriente, y destacó que en una parte del proyecto se afirma que las aguas iban al alcantarillado.

Armas lo calificó como “un lapsus” y dijo que en la memoria del proyecto pone claramente que las aguas van a fosas sépticas y pozos negros
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Armas narró que esos terrenos pertenecían a su familia, que la casa ya estaba en ruinas en los años 40 del pasado siglo y que su mujer, Piedad del Río que es en nombre de quien se pide la autorización al Gobierno de Canarias, quería hacerse una casa ahí. Por eso compra la mitad de la finca a sus familiares, a finales de los años 90.

Después aparece Juan Francisco Rosa, “que estaba buscando terrenos para hacer una bodega”. La finca llevaba dos años a la venta y no se vendía. Armas admitió que desde el primer momento, quien está detrás del expediente es Rosa y que él le autorizó al empresario a que llevara a cabo todos los trámites administrativos.

En principio iban a compatibilizar el proyecto de la vivienda y el de la bodega pero en 2005 Armas se desvincula del proyecto porque, según dijo, Rosa “quería hacer una obra muy grande” y él no tenía presupuesto para ello.

La fiscal le preguntó cómo iban a compatibilizar ambas cosas si tenían 13.500 metros y no se podían segregar menos de 10.000, que es la unidad mínima de producción. “Eso no lo pensamos”, aseguró.

Respecto al otro 50 por ciento de la finca, le dijeron que Rosa había comprado la otra parte. También afirmó que había vendido su parte a Rosa, pero esa compra venta no está en el sumario del caso
.


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NotaPublicado: Mié 15 Ene, 2020 7:15 pm 
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El exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se ha acogido a su derecho a no declarar durante el juicio de Stratvs. Cuando le ha tocado el turno de declarar se ha dirigido al tribunal y ha dicho que no sabe ni de qué se le acusa.

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“No tengo ningún documento de la acusación”, ha dicho. “Imagino que será por la licencia de obras”. Ha alegado que como no es ni técnico ni jurista deja “en manos de sus señorías la decisión que se tome”.

El presidente del tribunal, Emilio Moya, ha decidido que se le lea la parte del escrito de acusación que le afecta para que sepa de qué se le acusa y no alegue indefensión. “Solo se me ha notificado que venga aquí”, ha señalado. Moya ha dudado de esa versión y le ha recordado que ya se han visto en varias ocasiones en las mismas circunstancias y que “a lo largo de todos estos años, algo le habrá llegado”.

Reyes ha acudido al juicio con una abogada de oficio, que fue nombrada para su defensa el pasado 19 de diciembre después de que renunciase otro letrado que estaba asignado al caso. A Reyes se le acusa de haber concedido la licencia pesar de que existía un informe negativo de Secretaría y de conceder la prórroga sin informe jurídico previo. La Fiscalía pide para él siete años de cárcel. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo la condena por el caso Yate.

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El ex teniente de alcalde y ex concejal de urbanismo, José Antonio Rodríguez, tampoco ha contestado a las preguntas de la Fiscalía ni de la acusación popular. Su participación en el caso tiene que ver con la prórroga de la licencia y la transmisión de la misma a Juan Francisco Rosa, en 2005.

Rodríguez dijo que, como alcalde accidental, no dio la prórroga, que ya estaba dada, sino que su decreto subsanaba un error y es que en el decreto anterior se había omitido la palabra “bodega” en la autorización y solo se había señalado que era un permiso para un almacén. Afirmó que no tenía ninguna relación con Juan Francisco Rosa.

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Por su parte, Pablo Carrasco, aparejador municipal, inhabilitado por sentencia firme desde 2013, comenzó explicando que en la Oficina técnica se hacían “informes tipo” con una ficha y que él se encargaba de comprobar si el proyecto cumplía con el Plan General de Yaiza.

Carrasco dijo que para su informe revisó el Plan y que prohibía las industrias vitivinícolas pero no las bodegas y lagares. “Utilizaba los informes tipo que me daba el jefe de la Oficina Técnica”, señaló, en referencia a Alfredo Morales. Tampoco sabe si se hizo acta de replanteo.

Además, dijo que no sabía que el verdadero promotor de la bodega era Rosa y que tampoco recibió una copia del expediente completo. “Reflejo que cumple con el Plan y que tiene autorización del Gobierno canario”.

Alegó que no pasó por ningún examen ni oposición para entrar a trabajar en el Ayuntamiento. “Era un contratado”, insistió. “Siempre creímos que la asesoría jurídica era el secretario y con el paso de los años ha pasado lo que ha pasado”, refiriéndose a que el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes se encuentra en prisión.


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NotaPublicado: Mié 15 Ene, 2020 7:25 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Los técnicos del Gobierno de Canarias que han declarado este miércoles como acusados en el caso Stratvs han achacado a “un error” las contradicciones que existen en los documentos que ellos mismos firmaron para autorizar esa nueva bodega en el espacio protegido de La Geria. En el caso de Faustino García Márquez, emitió una propuesta negativa en octubre de 1998, pero solo unos meses después pasó a informar a favor, con los mismos informes que antes le habían llevado a denegarla.

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Le puse un énfasis excesivo y erróneo porque quería dar una salida rápida negativa a esta solicitud”, ha afirmado para explicar su primera propuesta. Antes de emitirla, había solicitado un informe al Cabildo y otro a la Consejería de Agricultura. El primero, advertía que se trataba de un espacio natural protegido y que en La Geria estaba prohibida cualquier construcción aérea o que implicara movimientos de tierra. El segundo, concluía que autorizar una bodega de esas dimensiones no estaba justificado teniendo en cuenta la superficie de cultivo que iba a ir asociada a ella.

“Estaba cansado. Interpreté de forma rápida pero no era un informe negativo. Era un reparo”, ha sostenido el que entonces era jefe de Servicios de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias, que ha hecho hincapié en el volumen de trabajo que tenían en esos años. “¿Y por qué cambio de criterio meses después? ¿Por qué pasó de decir que el informe de la Consejería era desfavorable a decir que no lo era?”, le ha preguntado la fiscal, Elena Herrera. “Lo que hice fue solucionar un error, corregir una propuesta errónea”, ha insistido García Márquez. En medio, según ha explicado, solo había recibido un elemento nuevo: las alegaciones presentadas por el promotor, que entre otras cosas pasó a vincular más metros de cultivo a la obra que pretendían realizar. Pero para cambiar la propuesta no se pidió un nuevo informe a la Consejería, y tampoco se verificó si ese dato sobre la superficie de cultivo era cierto. “La ley no lo exigía para este trámite”, han señalado al respecto.

En cuanto al informe del Cabildo que advertía de que en La Geria estaban prohibidas por el Plan Insular las obras que implicaran realizar movimientos de tierra, tanto García Márquez como el otro técnico acusado, Armando Villavicencio Delgado, han sostenido que eso es algo que hay que “interpretar” y que “depende de cómo se haga”.

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“En La Geria hay movimientos de tierra todos los días”, ha señalado Faustino García Márquez en referencia al trabajo de los agricultores, y destacando que también está permitido construir aljibes enterrados. Lo que no ha negado, a diferencia de lo que hizo su abogada en la primera jornada del juicio, es que La Geria es un espacio natural protegido. No obstante, defendido que al no haber sido desarrollado con un planeamiento específico, es necesario “interpretar” lo que señala el Plan Insular y “no aplicar una frase sin tener en cuenta el resto”. Así, ha insistido en que el PIOT también habla de la importancia de propiciar la industria vitivinícola en la isla para poder mantener ese paisaje.

Sobre por qué no pidió de nuevo informes tras recibir las alegaciones del promotor y antes de cambiar el sentido de su propuesta, ha reconocido que “podría haberlo pedido”. Sin embargo, ha añadido que ya se había vencido el plazo para responder a la solicitud hacía seis meses, por lo que entendía que ya se había autorizado por silencio administrativo.

“El silencio positivo es para intervenciones que sí están previstas en el planeamiento, pero para las que no lo están, es negativo”, le ha recordado la fiscal. “Sí, es correcto... Pero ésta es una actuación no prevista expresamente, pero tampoco prohibida”, ha agregado el técnico, insistiendo en que “depende del movimiento de tierras” para ver si una obra está afectada por esa prohibición. En cualquier caso, ha subrayado que lo que él propuso autorizar “no era un complejo turístico”, era un almacén-bodega soterrado de 900 metros cuadrados, que nada tiene que ver con lo que se terminó construyendo en Stratvs.

Lo que ninguno de los tres acusados del Gobierno canario ha podido aclarar es cómo llegaron las alegaciones del promotor al Ejecutivo, a través de un fax de Galerías Rosa, cuando aún no había una resolución definitiva sino solo una propuesta técnica, que no es habitual que se traslade al interesado. “Es un trámite difuso”, “hay cierto vicio de informalidad”, ha respondido por su parte el que entonces era director general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa, que ha hecho hincapié en que ese trámite solo implicaba una autorización previa del Gobierno canario, ya que después el Ayuntamiento debía otorgar la licencia de obras analizando otros parámetros.

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“Caballero, esto es un acto previo reglado”, le ha respondido la fiscal, ante lo que Muñoz ha retirado el término “difuso”. No obstante, ha insistido en que el procedimiento sí era “muy abierto” y en que “los interesados llamaban por teléfono” o “tenían una entrevista con un técnico” mientras se tramitaba el expediente. Sin embargo, el otro punto que ha quedado sin aclarar es por qué Juan Francisco Rosa actuó como “interesado” en ese expediente cuando en teoría no lo era. Ni siquiera figuraba como solicitante de la autorización ni era tampoco el dueño de los terrenos -su nombre no apareció vinculado a esta bodega hasta muchos años después-, pero aún así recibió notificaciones del expediente e incluso las alegaciones a lo que en ese momento solo era una propuesta técnica se remitieron al Gobierno de Canarias desde un fax de su empresa.

“Conocía a Juan Francisco Rosa como todo el mundo. Soy una persona mayor y estoy metido en este sector, así que lo conozco”, ha respondido Juan César Muñoz Sosa a preguntas de la fiscal, que ha insistido en saber qué tipo de relación mantenían. “Como podía tenerla con un montón de personas relacionadas con el sector”, ha añadido el ex director general de Urbanismo de Canarias, que ha negado que él diera alguna indicación a los técnicos de que debían autorizar esta bodega.

Éstos, por su parte, han afirmado que desconocían que el verdadero promotor del proyecto era Rosa y a preguntas de su abogada han afirmado que el empresario no les ofreció ninguna “dádiva ni prebenda” para que informaran favorablemente. “No lo conozco. Lo conocí ayer”, ha señalado el otro técnico acusado, Armando Villavicencio Delgado, asegurando que hasta que empezó el juicio este martes ni siquiera había visto personalmente a este empresario.

La solicitud de autorización al Gobierno de Canarias se presentó a nombre de Piedad del Río, que es la mujer de otro de los acusados, el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana. Según ha declarado él mismo durante el juicio, él era el titular de una parte de la finca, que procedía de una herencia y que tenía varios dueños. Los demás, pertenecientes a la familia Negrín, estuvieron personados en esta causa como acusación particular, pero se retiraron poco antes del juicio, cuando hace un año Rosa les compró por fin los terrenos donde había levantado Stratvs.

“Como jurista, ¿no dio usted trámite de audiencia al resto de propietarios?”, le ha preguntado la fiscal a Villavicencio. “El expediente no lleva título de propiedad”, ha respondido el acusado. La fiscal ha pedido entonces que se le mostrara el expediente, para el que entre otras cosas se aportó una escritura de compraventa de solo una doceava parte de esa finca por parte de Miguel Ángel Armas Matallana y Piedad del Río. “Debo decir que es la primera vez que la veo”, ha asegurado el técnico al mostrarle el documento. “Para mí no había más interesado que Piedad del Río”, ha insistido, cuando la fiscal le ha recordado que la ley exige cumplir ese trámite en cualquier expediente de un terreno con varios propietarios.

Por su parte, Armas Matallana ha declarado que llegó a un acuerdo con Rosa para construir la bodega y rehabilitar la casa que existía en esa finca, aunque ha asegurado que como arquitecto no intervino en el resto de las obras que no estaban autorizadas en la licencia, como la construcción del restaurante y las terrazas. Respecto a la solicitud de los permisos, ha afirmado que aunque se tramitaron a nombre de su mujer, dejaron las gestiones en manos de Juan Francisco Rosa, hasta que en 2005 decidieron desvincularse cuando vieron que “lo que quería hacer era una obra muy grande”.


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NotaPublicado: Jue 16 Ene, 2020 4:11 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El promotor y propietario de la Bodega Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha declarado en calidad de acusado este jueves por la mañana durante casi dos horas en la vista oral del caso. Rosa ha reconocido que se excedió en la construcción de la bodega respecto a lo que le habían autorizado. Ha reconocido que construyó unos 500 o 600 metros más de los 900 que le autorizaron. En concreto, que hizo 1.550 metros.

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El empresario, no obstante, no reconoce que el complejo tenga unos 12.000 metros como sostiene un informe pericial, ya que considera que el pavimento, la rampa y otras actuaciones no son metros computables. Tampoco sería conmutable, según su versión, el sótano ni los altillos de la nave principal de la bodega ni la sala de reuniones ni las oficinas ni la terraza ni los aparcamientos, que estarían en un suelo que le expropió el Cabildo y es de uso público. Según él, sólo es construcción “del suelo para arriba”.

Ha resaltado en varias ocasiones que todo se hizo enterrado, bajo rasante. Igualmente ha reconocido que el restaurante lo construyó sin licencia porque consideraba que se trataba simplemente de la adecuación de un aljibe antiguo, “precioso por cierto”, ha dicho, como se hace en tantos aljibes. Ha asegurado que el restaurante lo cerró “antes de que dijeran nada”, pero en realidad fue el Ayuntamiento de Yaiza quien ordenó el cierre. También ha reconocido que empezó la excavación de la obra sin presentar el proyecto de ejecución y argumentó que era algo habitual.

Solo ha contestado a las preguntas de la fiscal Elena Herrera y de su abogado, José Antonio Choclán. La Fiscalía pide para él una condena que suma 15 años de cárcel por varios delitos: uno continuado de falsedad en documento oficial y otro de documento público, usurpación de bienes, contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, delito contra el patrimonio histórico y un delito contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido.

Al inicio de su declaración ha reconocido que era el promotor de la bodega desde el principio, a pesar de que la solicitud inicial se presentó en nombre de Piedad del Río, esposa de Miguel Ángel Armas, con quien había llegado a un acuerdo. Dijo que los trámites los hacia un trabajador de su empresa, Luis Castro, por orden suya. Después ha rectificado y ha dicho que la promotora era Del Río hasta que Armas se retiró del proyecto.

Señaló que hizo alegaciones al proyecto porque le parecía “injusto” que no le concedieran la bodega a él y a otros sí. Las hizo antes de que le notificaran una respuesta negativa pero lo justificó señalando que sus técnicos llamaban o iban a la consejería para informarse de la marcha del expediente. “Nos notifican con comentarios de que lo habían denegado”, dijo pero aseguró que no recordaba ni quién ni cómo.

Sobre la titularidad de los terrenos, por lo que está acusado de usurpación, dijo que la mitad de la finca era de Armas y que él había comprado un cuatro por ciento y después otro cuatro y que le había comprado “de palabra” su parte a Domingo Negrín Armas, el 18 por ciento, a pesar de que no la había pagado. “El pago no se materializó hasta el año pasado pero yo ya era el dueño”, señaló.

Argumentó que la familia estaba explotando una finca de ellos (Armas y él) de 26.000 metros. “En 2001 Domingo me autorizó a hacer la bodega y me vendió de palabra”, señaló, y argumentó que el propio Domingo fue a la inauguración de la bodega. Añadió que dónde estaban esos señores cuando se construía la bodega. “Nadie me vino a decir: has ocupado una finca mía”. Afirmó que la hija de uno de los herederos quería celebrar allí su boda y se daba por satisfecha con el pago, y que es la única vez que ha hablado con ellos.

Dijo que desconocía si La Geria era espacio natural protegido: “Aquí todo lo protegen” y “para eso están los técnicos”, afirmó. También señaló que le acaban de dar licencia para acondicionar una finca de 150.000 metros y hacer un aljibe “a pesar de estar protegido”. Aseguró que restauró el cien por cien de la vivienda antigua “que estaba llena de basura”, y que el peritaje aclara que se derribó y se hizo de nuevo. “Es totalmente restaurada, no se ha aprovechado nada”, dijo después.

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Una de las acusaciones en su contra es un intento de estafa a Hacienda porque puso como aval la finca de Stratvs por una deuda con la Agencia Tributaria que tenía el Hotel Princesa Yaiza, pero en realidad, tras un cambio catastral realizó, según la Fiscalía, el intento de hacer ver que la bodega estaba en la finca colindante que apenas tiene valor y no en la que está, por si era embargada. Rosa dijo que se trató de un error que hizo “una señorita o un chico” que trabajan en su empresa. “Si lo firmé fue un error”, dijo. “No lo hice con intención porque no había necesidad”.

También puso esa finca como aval para una hipoteca de tres millones con el BBVA y dijo que era a diez años y la canceló en cinco. “Siempre hipoteco mi casa o algo que no está a la venta – dijo - BTL es nuestra sociedad familiar y no tiene necesidad de dejar de pagar”. También dijo que “no es fácil cambiar linderos”, porque “un notario no cambia cualquier lindero” y que a Hacienda no se la puede engañar. Este intento de engaño se conoció cuando se inició la investigación judicial.

Sobre los vertidos dijo que se quejó porque los Centros de arte, cultura y turismo también tienen fosas sépticas, como su casa de Yaiza, pero que está “abierto a buscar la mejor solución para que todo funcione bien”. “Me lo piden a mí y no lo tiene ellos”, dijo en referencia al Cabildo. También aseguró que hacía analíticas de las aguas residuales cada 45 días, que se encargaba de ello su hija, y que los resultados eran “fantásticos, mejor imposible”. La fiscal le señaló que solo constan tres analíticas. “Si quiere se las busco”, contestó.

Respecto a la excavación dijo que todo el material retirado, unos 10.000 metros cúbicos, se depositó en fincas de su propiedad y se volvió a colocar entre la pared de la bodega y el terreno. Señaló que quiso construir la bodega porque se dio cuenta de que le pagaban la uva a 30 pesetas y el vino lo podía vender a 300 y que ha acabado comprando 42 hectáreas, “bastante baratas porque estaban abandonadas”, en La Geria y que las cultiva de forma tradicional. Dijo que no tuvo dudas de que en La Geria se podía construir una bodega porque conoce el lugar perfectamente. “Mi bodega no tenía por qué ser rechazada”, aseguró y nombró de nuevo la situación urbanística del Monumento al Campesino.

Durante la declaración ha habido frases llamativas por parte del empresario. Le preguntaron si Rafael Marrero le notificó resoluciones desde el Gobierno y qué relación tenía con él. “Una relación normal, como con cualquier persona que esté en esta sala”. Sobre el pago de unas tasas y una ficha catastral le preguntaron si lo hizo él personalmente: “Tenemos 1.500 empleados, no me voy a estar ocupando de una ficha catastral, imagínese si voy a estar ocupado de esas pequeñas cosas”. Sin embargo se le exhibió el folio y reconoció que era su firma la de la persona que había hecho el trámite. Como no se acordaba de qué empresa había hecho el pago, el tribunal le preguntó cuantas empresas tiene. “42, desgraciadamente”, dijo.

Llegó a asegurar que de Stratvs se dijo que era “la mejor bodega de España”. En una contestación a la fiscal Elena Herrera, le dijo: “No lo recuerdo, señorita”. En otra ocasión respondió: “Si usted me conociera mejor... soy delicado para hacer las cosas bien”. “Quiero cumplir con toda la normativa, cuido mucho La Geria y al medio ambiente”. Y añadió que le interesa que Lanzarote esté bien porque tiene 3.000 camas turísticas.

También dijo que desconocía qué significa la palabra etnográfico y que si la casa donde está Stratvs tenía ese valor, “qué pena” que las autoridades no hayan hecho nada. Sobre el Belén que montó en la bodega, que fue retirado, dijo que fue una pena porque iban muchas guaguas con niños y ponía unas “huchas importantes” para Cáritas y Cruz Roja para comprar juguetes con el dinero que echaban los niños.

Aseguró que tuvo y tiene la intención de hacer un museo y galería de arte, un proyecto nuevo que no irá en la bodega, si Dios le da salud, pero después afirmó: “No se ha podido realizar y no creo que tenga tiempo”. Preguntado si sabía que con el añadido de la palabra “almacén para bodega” en el informe municipal de Pablo Carrasco sabía que se estaba cambiando el uso del suelo, dijo: “Qué lío para hacer una obra, yo sé trabajar y no sé más”. Entonces el presidente del tribunal, Emilio Moya dijo: “El tribunal percibe que usted entiende perfectamente las preguntas”.


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NotaPublicado: Jue 16 Ene, 2020 6:13 pm 
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NotaPublicado: Vie 17 Ene, 2020 4:09 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias defiende la participación de su viceconsejera de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, en el estrado de la vista oral del caso Stratvs acompañando a la letrada de los servicios jurídicos, Ana Quintana, que ejerce la defensa de Faustino García Márquez, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz Sosa.

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Desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias han respondido a las preguntas planteadas por este periódico sobre esta participación en la primera sesión del juicio, desvelada por ElDiariodeCanarias.com y Diario de Lanzarote.

El Gobierno afirma que la asistencia a juicios está entre las funciones de la viceconsejera: "Entre las funciones del titular de la Viceconsejería se incluye asumir la representación y defensa en juicio y en el ejercicio de esa función asistió a la primera sesión de juicio oral celebrada en Lanzarote en apoyo y colaboración de la letrada directora del proceso, dada la complejidad del asunto y su experiencia de treinta años de ejercicio profesional".

La viceconsejera, sin embargo, no intervino durante la sesión, aunque se puso la toga y se sentó junto a la letrada de la comunidad autónoma. En su respuesta a este periódico, el Gobierno señala que según el "el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, corresponde al mismo las funciones de asistencia jurídica, asesoramiento y representación y defensa en juicio de la Administración de la comunidad de Canarias en los términos previstos en el mencionado reglamento".

Según el citado reglamento, continúa, “las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma, como de sus organismos podrán ser defendidos por letrado del Servicio Jurídico, si por la persona titular de la Dirección General a propuesta razonada de la persona titular de la Secretaría General Técnica del Departamento u órgano asimilado del organismo o entidad pública del que dependa el interesado, lo autoriza mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la concurrencia de los extremos reseñados y la inexistencia de conflicto de intereses entre el interesado y la Administración Autonómica en el asunto para el que se solicita el desempeño de la defensa" .

La directora general del Servicio Jurídico autorizó la asistencia a Armando Villavicencio Delgado, Juan César Muñoz Sosa y Faustino García Márquez en junio de 2013 y abril de 2015. Añade el Gobierno que “la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ejercerá sus funciones a través de su titular, de los letrados coordinadores y del resto del personal letrado”. En la misma línea, insiste en que “las funciones de representación y defensa” se ejercerán “por el titular de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos así como por el personal letrado".

"Por otro lado”, agrega en su respuesta el Gobierno, “corresponde también al titular de la Viceconsejería el ejercicio directo y efectivo de las funciones de asistencia, asesoramiento, representación y defensas jurídicas que le vengan atribuidas expresamente o que por propia iniciativa acuerde asumir”.

El Gobierno destaca, igualmente, que una de las funciones de la viceconsejera es "asumir directamente la representación y defensa en procedimientos de todos los órdenes jurisdiccionales, así como la supervisión y estrecha colaboración con los letrados, especialmente los de mayor importancia y complejidad".

Preguntada por este periódico si es habitual que la viceconsejera a asista a otros juicios, la Consejería de Justicia que dirige Julio Pérez (PSOE) señala que "en los escasos meses en que se ha desempeñado el puesto, se ha intervenido también en otro procedimiento penal relevante, tanto en declaración de investigado, como en formulación de escritos; así como en procedimiento constitucional y ante el déficit de letrados en Tenerife se ha asumido también actuaciones en otros ámbitos jurisdiccionales".

Por otra parte, la letrada del Gobierno, Ana Quintana, acompañada por la viceconsejera, defendió en la primera sesión del juicio de Stratvs que La Geria dejó de ser espacio natural protegido en 1990, en contra de las tesis anteriores defendidas a lo largo de los años por el propio Gobierno en diferentes pleitos judiciales sobre este espacio.

En este sentido, el Gobierno responde que la letrada directora del procedimiento ha solicitado informes "a la Consejería competente así como la colaboración necesaria para la preparación de la defensa de los acusados, estando propuestos como testigos y peritos personal de la Consejería de Transición Ecológica".

"La tesis e interpretación mantenida por el Servicio Jurídico sobre la cuestión previa planteada relativa a la prescripción en relación a los hechos imputados a nuestros defendidos, acontecidos en 1999, es jurídica y esgrimida en el desempeño de la función de defensa de los tres acusados que tiene atribuida y con apoyo en las sentencias del orden contencioso-administrativo invocadas en la sesión de juicio oral", responde el Gobierno.


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NotaPublicado: Vie 17 Ene, 2020 4:13 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

José Juan Hernández Duchemín fue gerente “provisional” del Consejo insular de aguas entre 2008 y 2015. Señaló que apenas tenían personal y que en algún momento el Consejo no tenía ningún técnico.

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Al trabajador del Cabildo la Fiscalía le pide 15 años de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público y una multa de más de 32.000 euros, por dos delitos: uno contra el medio ambiente y otro similar por vertidos contaminantes.

Hernández Duchemín dijo que en Lanzarote hay una gran cantidad de pozos filtrantes y que no le consta que se hubiera dado ninguna autorización de vertidos.

En su declaración en el juicio del caso Stratvs señaló que Rosa solicitó la instalación de una depuradora. “Si en lugar de un sistema de fosas sépticas pone una depuradora, pues mejor”, añadió.

Aseguró que él no informó favorablemente de la solicitud y que se le dio una autorización provisional por seis meses.

“Yo hago una propuesta, no concedo la autorización”, dijo, y descargó esa responsabilidad en el entonces vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín.

Hernández Duchemín señaló que él se limitaba a comprobar si las solicitudes cumplían los requisitos, y que en el Consejo no se recibió ninguna denuncia sobre vertidos en la bodega.

Llevo 45 años en el Cabildo y nunca he incumplido la legalidad -dijo-, siempre hago cumplir la ley y si tengo constancia, intento denunciar”.

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En cuanto a Blas Noda, funcionario encargado del catastro en Yaiza y que también declaró este jueves, se enfrenta a dos años de prisión y una multa de 3.600 euros por un delito de falsedad en documento público.

Noda dijo que su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Yaiza desde 2002 es el de controlador en Los Ajaches pero que en 2008 entra a trabajar como auxiliar en el punto de información catastral y desde 2012 lo hace con un convenio con el catastro.

Argumentó que llevaba poco tiempo ejerciendo ese trabajo cuando en 2013 hizo un cambio de titularidad catastral de una de las fincas de La Geria a favor de Juan Francisco Rosa. Dijo que no hace falta comunicar ese cambio al anterior titular.

La fiscal le señaló que debía haber denegado el cambio porque hay una diferencia de más de 4.000 metros en las descripciones de la finca.

Noda dijo que hay otros requisitos, como la coincidencia de colindantes y de linderos y que no tiene fundamentación jurídica para negar ese cambio de titularidad. “Quizá no pude consultar todos los datos”, señaló.

El cambio lo hizo un sábado por la tarde a pesar de que trabajaba de lunes a viernes.


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NotaPublicado: Vie 17 Ene, 2020 4:24 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Me fié de ese informe e hice esa propuesta”. Así ha explicado el que era gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, por qué propuso dar una autorización provisional al sistema de vertidos de Stratvs, cuando contaba con analíticas que advertían de altos parámetros de contaminación. Esas muestras las tomó el vigilante de cauces y llevaron a rechazar la primera solicitud de Juan Francisco Rosa, pero el empresario presentó después un informe de una empresa privada, del que decidió “fiarse” Duchemín.

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Hacía constar que ya estaban tratando los vertidos y que se había encargado por parte de BTL la instalación de una depuradora”, ha declarado en el juicio el ex gerente del Consejo, que está acusado de un delito contra el medio ambiente, por haber permitido que se otorgara esa autorización provisional y por no haber actuado después, cuando el permiso de seis meses caducó y Stratvs siguió funcionando, sin instalar la depuradora que se había comprometido a realizar y sin ninguna nueva autorización.

Además, ha negado que lo que él firmó fuera una autorización y ha descargado la responsabilidad en el que entonces era vicepresidente del Cabildo, Fabián Martín. “Yo hago una propuesta. La autorización la da el presidente, o en este caso el vicepresidente, que tenía delegadas las funciones. Mi propuesta no era vinculante. Él podía haber pedido otros informes. Yo me limité a ver que más o menos se cumplía con las recomendaciones del técnico”, ha sostenido.

Precisamente en base al informe de ese técnico del Gobierno de Canarias, el Consejo denegó la autorización inicial de vertidos y reutilización de aguas que había solicitado Rosa. “Decía que no cumplía los parámetros de vertidos y que se instalara un sistema adecuado de depuración”, ha declarado Duchemín, que ha reconocido que “los valores eran demasiado altos”.

Sin embargo, sin realizar una nueva inspección, después propuso dar al empresario una autorización provisional cuando presentó una nueva solicitud, esta vez para instalar una planta depuradora. “Era algo más de lo que exigía el técnico, que solo pedía un mejor sistema de depuración”, ha afirmado el ex gerente, que ha reconocido que Rosa ni siquiera presentó un proyecto para la ejecución de esa depuradora.

De hecho, nunca la ejecutó y cuando caducó el permiso, el Consejo de Aguas no adoptó medidas para que cesaran los vertidos. Y tampoco realizó nuevas inspecciones. “Yo no hacía inspecciones, no era mi misión. Yo no hacía trabajo de campo”, se ha defendido Duchemín, que en este caso se ha escudado en el técnico. A este trabajador -que ha declarado que es el único técnico con el que contaba el Consejo, y que en realidad estaba cedido a tiempo parcial por el Gobierno de Canarias- también se ha referido cuando la fiscal le ha preguntado por qué no se cumplió otro de los condicionantes que incluía la autorización provisional, que establecía que debían tomarse muestras y realizarse analíticas de esas aguas todos los meses.

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“El expediente se le enviaba al técnico, que cuando venía a Lanzarote visitaba si lo estimaba, tiraba de los vigilantes y hacía inspecciones”, ha alegado, pese a que poco antes había confirmado que entre sus funciones como gerente del Consejo estaba actuar como “jefe del personal” y “hacer cumplir la normativa en materia de aguas y sus cauces”.

Pese a ello, en el caso de Stratvs asegura que cuando caducó el permiso provisional no se actuó “porque no se recibió denuncia de nadie”. “Ni de Yaiza, ni del Seprona, ni de vecinos...”, ha señalado, añadiendo que “sin denuncias no se abría expediente sancionador”. Sin embargo, a preguntas de la fiscal, también ha reconocido que no se publicó esa autorización provisional ni se dio trámite de audiencia a los posibles interesados. “Eso se hacía con la autorización definitiva, no con la provisional”, ha asegurado. “Tiene su sentido. Una autorización provisional es para solucionar algo que ya se está produciendo”, ha añadido cuando la fiscal le ha preguntado por qué.

En cuanto a las analíticas mensuales que la autorización provisional establecía que debían realizarse, tampoco se cumplieron. Las únicas que constan son tres que aportó también el propio empresario. Por su parte, Rosa ha asegurado que sí realizaba análisis “cada mes y medio”, aunque los resultados de todas esas muestras no llegaron al Consejo ni se han aportado a la causa. “Me encanta la agricultura y sé lo que es un agua mala y lo que es un agua buena”, ha alegado el empresario. “¿Y qué resultado daban esos controles?”, le ha preguntado la fiscal. “Increíbles, fantásticos. Mejor imposible”, ha respondido Rosa.

Sin embargo, ha dicho que “no recuerda” si técnicos del Consejo de Aguas fueron a la bodega a tomar muestras o a realizar controles tras otorgarle esa autorización provisional (que tampoco “recordaba” que fuera por seis meses). “Yo iba el sábado o el domingo a dar un paseo y ver cómo estaban los jardines, pero no me ocupaba de esas cosas”, ha contestado.

En cambio, cuando le han preguntado por las analíticas que sí tomó el Consejo antes de esa autorización y que arrojaban parámetros contaminantes, Rosa sí ha entrado en detalles. “Lo que pasa es que cogían de la primera fosa y hay que coger de la última”, ha sostenido, llegando a afirmar que el sistema de depuración que tenía Stratvs “es el mejor de la isla”.

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“Si usted me conociera mejor, sabría que soy delicado para hacer las cosas bien”, le ha respondido también a la fiscal, cuando ésta le ha preguntado por qué cambió su solicitud inicial de vertidos y pasó a proponer la instalación de una depuradora. “A pesar de que el sistema de vertidos estaba permitido, si es mejor una depuradora la pongo. Y si hay otra cosa mejor mañana, también”, ha añadido.

“Yo quiero cumplir con toda la normativa. Nosotros tenemos 3.000 camas turísticas, con lo cual si Lanzarote se cuida, posiblemente yo pueda escapar también. Por lo tanto cuido muchísimo La Geria y el medio ambiente”, ha asegurado Rosa, que solo en esta causa está acusado de delitos contra el territorio, contra el medio ambiente y contra el patrimonio, entre otros, y que tiene dos hoteles ilegales con orden parcial de derribo y un puerto deportivo ilegal en Playa Blanca. Además, también está imputado por haber ocupado una zona verde que pertenecía al Ayuntamiento de Yaiza para construir el Kikoland.

En cuanto a Stratvs, el suelo sobre el que se levantó tampoco estaba a nombre de Rosa, que está acusado también de usurpación en esta causa. Sobre este tema le ha preguntado la fiscal a José Juan Hernández Duchemín, ya que ha recordado que para tramitar una solicitud de autorización para un sistema de vertidos o de una depuradora, el reglamento exige que se debe acreditar la propiedad. “Yo por lo menos que me aporten que tienen licencia. Supongo que si tiene licencia de obras...”, ha respondido a esto el ex gerente.

Hace dos años, el propio Consejo terminó rechazando otra solicitud de Rosa para el sistema de depuración de Stratvs precisamente por este motivo, ya que un informe jurídico advirtió de que para tramitar este tipo de permiso se debe aportar una “certificación registral de la propiedad de los terrenos que hayan de ocuparse, o permiso de sus propietarios”, cosa que no había hecho.

“Llevo 45 años en el Cabildo y nunca he incumplido la legalidad, que yo sepa. Me puedo equivocar, pero adrede nunca me equivoco. No incumplo la ley”, ha defendido Duchemín, que también tiene pendiente otro juicio por su participación en la incautación ilegal de la desaladora de Montaña Roja.


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NotaPublicado: Vie 17 Ene, 2020 4:31 pm 
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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com