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NotaPublicado: Jue 13 Feb, 2020 7:07 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

Yo solo llevaba papeles. Y tampoco era mi misión, solo recuerdo haberlo hecho una vez. Juan Francisco me dijo: 'Ya que vas para Yaiza, lleva esto”. Pero yo no sabía ni lo que había en el sobre”. Eso es lo que ha declarado este miércoles Luis Castro, cuyo nombre es uno de los que más se repite en los expedientes de solicitud de permisos para la bodega Stratvs. Sin embargo, este auxiliar administrativo, que lleva 34 años trabajando para distintas empresas de Juan Francisco Rosa, ha declarado que él no redactó ningún documento, que se limitó a cumplir órdenes de Rosa y que ni siquiera reconoce como suya la firma que aparece en algunas solicitudes.

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Todos esos permisos se tramitaron a nombre de Piedad del Río, ya que Juan Francisco Rosa ni siquiera era dueño de la finca. Y quien figura que actuó en su nombre ante el Consistorio es este empleado de Rosa, aunque él ha asegurado que ni siquiera conoce a Piedad del Río, que él no redactó nada y que se limitó a llevar al Ayuntamiento un sobre que no sabía qué contenía.

A mí me mandó el jefe del Grupo Rosa y yo no sabía ni qué estaba haciendo”, ha añadido con respecto a la única gestión que sí reconoce haber realizado, y que correspondería con la primera solicitud de la licencia de obras ante el Ayuntamiento. En cuanto al resto, pese a que también aparece su nombre e incluso en algunos casos su firma, ha negado con rotundidad su intervención.

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“No lo recuerdo. No lo hice, con seguridad”, ha afirmado al declarar como testigo en el juicio, cuando le han preguntado por qué aparece entonces su nombre en la solicitud ante el Gobierno de Canarias, y también en la gestión que se realizó después en el Catastro, para modificar la titularidad y pasarla a nombre de Rosa.

“Mi firma está, algo pasó”, ha añadido cuando le han preguntado por uno de los documentos en los que aparece su rúbrica, cuando se solicitó una prórroga de la licencia municipal y el traspaso de la licencia a Juan Francisco Rosa. “¿Tiene dudas razonables de que sea su firma?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística. “Puede ser, no lo sé”, ha respondido el testigo.

Por su parte, en su declaración como acusado en el juicio, Juan Francisco Rosa descargó en sus empleados los “errores” que según él se hubieran podido cometer, incluyendo el hecho de que la bodega se terminara inscribiendo en una finca donde realmente no estaba ubicada.

Durante la declaración de Luis Castro, el abogado de Rosa le ha preguntado si además de ésa no había realizado otras gestiones para la empresa ante el Ayuntamiento de Yaiza. “Sí”, ha respondido, precisando que solo relativas al “pago de contribuciones, del IBI” y asuntos similares. El letrado ha insistido entonces en subrayar los años durante los que hizo eso, para concluir que en Yaiza “sabían” que él “trabajaba para el Grupo Rosa”.


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NotaPublicado: Lun 17 Feb, 2020 4:21 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha declarado este lunes como testigo en la vista oral del caso Stravs. La Fiscalía y la acusación particular le han preguntado por los informes que se elaboraron desde el Cabildo para la instrucción del caso a solicitud de la jueza instructora, Silvia Muñoz. La respuesta más común durante la comparecencia de San Ginés ha sido la de que no se acuerda de apenas nada de lo relacionado con esos informes.

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Muñoz solicitó en 2014 a una jurista del Cabildo de Lanzarote, Joana Macías, que emitiera, en calidad de perito, un informe sobre la posibilidad de legalización de la bodega y sobre cómo le afectaba el Plan Especial de La Geria. La jueza no pedía el informe al Cabildo, sino a esa técnico en concreto. El informe de Macías consideraba que la bodega era ilegalizable y que el Gobierno de Canarias no debía haber aprobado el Plan Especial del espacio protegido al no seguir el procedimiento legalmente establecido. En su remisión al Juzgado, San Ginés añadió que el informe excedía “el objeto de lo solicitado” y tenía “errores” de contenido.

En una providencia posterior, la jueza Sivia Muñoz señaló que no era admisible “valoración alguna por personas ajenas a la misma o no designadas como peritos” y que “la supervisión institucional pudiera suponer la incursión en la independencia pericial que debe primar en todo informe, siendo responsable exclusivamente el perito suscribiente de las valoraciones y razonamientos que el mismo contenga, protegiendo las leyes procesales tal independencia”.

Este lunes, San Ginés respondió que “parecía lógico” supervisar ese informe aunque no aclaró el motivo de por qué ordenó supervisar unos informes y otros no. “Debía ser supervisado porque se habían apreciado errores de contenido”, contestó San Ginés. Primero contestó que no recordaba quién apreció esos errores porque “hace muchos años de eso” pero después admitió que fue el director insular del territorio, Miguel Ángel Santana, que es un cargo político. Tampoco recuerda San Ginés si tomó medidas contra Stratvs, si pidió más informes o si la trabajadora del Cabildo Delia Fernández, que elaboró otro informe sobre lo mismo, era la sobrina de unos de los abogados de Rosa, Felipe Fernández Camero.

San Ginés se ha ofrecido a entregar una documentación al tribunal, algo que no pueden hacer los testigos. Tampoco recuerda haber ordenado que se enviara una circular que obligaba a los técnicos del Cabildo a entregar a los servicios jurídicos esos informes para su validación. “No lo recuerdo pero no lo niego”, puntualizó. No obstante, sí recordaba perfectamente haber pedido un informe al director insular y remitirlo al Ayuntamiento de Yaiza, e incluso recordaba con exactitud su contenido.

Igualmente, el ex presidente no recordaba haber dicho públicamente que Joana Macías ponía al Cabildo “a los pies de los caballos” o que era un peligro para la institución. Sobre la destitución de Leopoldo Díaz como director de la Oficina del PIO dijo que no estaba relacionada con sus informes sobre el Plan de La Geria sino que fue una “voluntad política” aunque los tribunales le obligaron después a restituirlo en su puesto.

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Otra de las cuestiones que sí recuerda es la queja que presentó ante la Fiscalía contra el fiscal Ignacio Stampa para defender “la honorabilidad” de Francisco Fabelo, que fue el siguiente en declarar. Esa queja se presentó por un documento del fiscal en el que pedía al Ministerio de Medio Ambiente un informe sobre los daños a los valores del paisaje protegido de La Geria que hubiera producido la Bodega Stratvs. El fiscal justificaba esa petición para garantizar la imparcialidad y objetividad, frente a la posible solicitud del informe al Gobierno de Canarias o al Cabildo, en que el órgano gestor del espacio protegido depende directamente de Fabelo, como consejero de Medio Ambiente y a su vez éste aparece vinculado laboralmente al principal imputado del caso y propietario de la bodega. Destacaba Stampa que Rosa invocó como testigo a Fabelo “en beneficio de sus intereses” en el acto de la diligencia judicial de inspección técnico pericial llevada a cabo en febrero de 2013.

Como la Fiscalía sostuvo que no se podía confiar ni en el Gobierno, en el que había varios imputados, ni en el Cabildo para informar sobre los daños de Stratvs, San Ginés consideró que se trababa de un ataque contra la integridad de Fabelo, que así lo ha reiterado él mismo este mismo lunes en su declaración como testigo. Fabelo contestó que se sintió dañado y ofendido, tanto él como los trabajadores de su departamento, porque la Fiscalía cuestionaba que él era capaz de influir sobre esos técnicos.

El ex consejero de agricultura del Cabido admitió que fue el “impulsor” de Finca de Uga y que no dejó de tener contacto con algunas personas cuando ejerció un cargo público “sin estar contratado por ellos”. El tribunal denegó a la abogada de la acusación popular la posibilidad de elaborar algunas preguntas encaminadas a demostrar la influencia de Juan Francisco Rosa sobre instituciones como el Cabildo, porque iban dirigidas a testigos y no a imputados.

Durante la mañana han declarado cinco testigos más. José Juan Negrín Ramos, propietario de de una parte de los terrenos donde está la bodega, ha relatado que Rosa le ofreció 6.000 euros por el suelo, en pagarés de mil euros. El año pasado acabó comprando ese mismo suelo por 80.000 euros. Dijo que nadie más se puso en contacto con él y que su tío Domingo, “por su forma de ser”, hablaba en nombre de todos pero no les representaba en cuanto a su parte de la finca.

También declaró una técnico de medio ambiente del Cabildo, un trabajador del catastro, una vecina que vendió otra finca a Juan Francisco Rosa y un policía local de Yaiza ya jubilado. La vista oral se reanuda el 3 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria y vuelve al Palacio de Justicia de Arrecife el día 12 para celebrar otras tres sesiones más durante el próximo mes, en las que declararán los peritos.


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NotaPublicado: Lun 17 Feb, 2020 4:33 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“No lo recuerdo” es la frase que más ha repetido el ex presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, al declarar este lunes como testigo en el juicio del caso Stratvs. “Hace muchos años”, ha añadido, eludiendo así responder a algunas de las preguntas de la fiscal y de la abogada de la acusación popular, que le han interrogado por hechos ocurridos en 2014 y 2015, cuando cuestionó públicamente y en los Juzgados el informe emitido por una jurista del Cabildo que actuó como perito judicial en esta causa.

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“¿Usted consideró que una pericial tenía que ser supervisada”?, le ha preguntado la fiscal. “Pues parece ser que sí, ¿no?”, ha respondido San Ginés, cuando le han mostrado un escrito que él mismo envió al Juzgado, al remitir el informe de la jurista Joana Macías. En ese escrito, el entonces presidente señalaba que el informe de Macías tenía “errores” y que no había sido “supervisado ni validado”, a lo que la juez que instruía la causa respondió con una providencia en la que advertía que tratar de influir sobre los peritos de un procedimiento judicial puede constituir un delito.

Además de concluir que la bodega Stratvs era ilegal e ilegalizable, ese informe de Joana Macías planteaba que había vicios de nulidad en el Plan Especial de La Geria que acababa de aprobarse -y que efectivamente poco después fue anulado por los Tribunales-, señalando también que daba un trato de privilegio a la bodega ilegal de Juan Francisco Rosa, al equipararla al resto de bodegas históricas de La Geria.

En ese momento, a finales de 2014, San Ginés aseguró que el informe de Joana Macías había “encendido todas las alarmas” en el Cabildo; que colocaba “a los pies de los caballos a toda la Corporación, a todos los juristas de la Corporación”; y que era algo “grave, muy grave, gravísimo”. Sin embargo, poco más de cinco años después, el ex presidente ha asegurado que no recuerda haber pronunciado esas frases. Ni tampoco el nombre de la técnico que elaboró ese dictamen. Ni siquiera haber pedido 'contrainformes' para rebatirlo.

“No lo recuerdo, la verdad. Ni siquiera recuerdo ahora mismo el contenido de los informes”, ha asegurado, en una declaración que ha distado mucho de la que prestó en el primer juicio del caso Stratvs en 2017. En aquella primera vista, en la que también declaró como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmó que había ordenado supervisar esa pericial de Joana Macías porque su contenido le “preocupó”, y reconoció que fue algo “excepcional”, que no se hacía habitualmente.

Así, aunque entonces también apeló en varios momentos al “no lo recuerdo”, en aquel juicio tuvo menos lagunas de memoria y, sobre todo, otra actitud con el Ministerio Fiscal, que en aquella vista estaba representado por Ignacio Stampa. De hecho, este lunes San Ginés ni siquiera ha “recordado” el nombre de ese fiscal, pese a que durante la instrucción del caso Stratvs llegó a presentar una queja contra él en Fiscalía en nombre del Cabildo, que fue archivada de plano.

En el juicio de la primera pieza de Stratvs, el entonces presidente del Cabildo tuvo que ser advertido en más de una ocasión por el presidente de la Sala del TSJC, para que respondiera a las preguntas del fiscal y dejara de cuestionarlas. Sin embargo, aunque este lunes también lo ha vuelto a hacer con algunas, con la mayoría ha optado por evitar responder alegando que han pasado “muchos años”.

Así, ha asegurado que no recuerda quién le dijo que el informe de Joana Macías tenía “errores”. Y tampoco por qué entendió que ese informe -que no era para el Cabildo sino elaborado a petición del Juzgado- debía ser “supervisado”, cuando no se hacía ni él mismo lo había hecho en otros casos.

“Hace demasiados años de todo esto. En uno se consideraría necesaria la supervisión y en otros no, pero no veo mayor problema en esto”, ha sostenido. Después, tras ver los documentos , ha reconocido que quien se lo dijo fue el que era director de Política Territorial, es decir, un cargo de designación política nombrado por él.

“No lo recuerdo, la verdad. Pero tampoco lo niego”, ha contestado también cuando le han preguntado por una circular que emitieron en el Cabildo, en la que obligaban a todos los técnicos y juristas del Cabildo que actuaran como peritos a entregar sus informes para que fueran supervisados.

Además, San Ginés ha asegurado que ni siquiera recuerda que pidió hasta cinco informes para rebatir el de Joana Macías. Ni tampoco la relación que tenía una de las juristas del Cabildo a la que le encargó ese 'contrainforme', Delia Fernández, con el abogado de Juan Francisco Rosa, Felipe Fernández Camero. “No lo recuerdo”, ha vuelto a responder. “¿No sabe que es su sobrina?”, ha insistido la abogada de la acusación popular, Irma Ferrer. “Sí”, ha admitido entonces Pedro San Ginés, que a continuación ha añadido que no vio causa de “abstención” o de “recusación” para que esta jurista interviniera en este asunto, pese a que tenía vínculo indirecto con el empresario.

Lo que sí ha defendido es que él pedía “informes, no contrainformes”. “Si resultaban contrainformes de otros, es que resultaban, no es que yo los pidiera así”, ha sostenido. Sin embargo, los que hizo públicos en su día fueron los que rebatían el de Macías, pero no el que llegaba a las mismas conclusiones, elaborado por el que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz.

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Poco después de emitir ese informe, Leopoldo Díaz fue destituido de su puesto por San Ginés, tal como le ha recordado la abogada de la acusación. “En absoluto fue por la emisión de ese informe”, ha respondido el ex presidente, que ha asegurado que él no ha “adoptado medidas contra nadie”, a pesar de esa destitución de Díaz -que después fue anulada por los Tribunales-, y a pesar de la declaración que la propia Joana Macías realizó en el primer juicio de Stratvs, en la que relató cómo desde entonces se le había relegado en el departamento, apartándole entre otras cosas de la emisión de informes. “Cogen a otra persona no muy fuerte y estaría con depresión”, llegó a afirmar la jurista, que interviene en esta causa como perito.

Durante la declaración de San Ginés, el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial, Emilio Moya, ha interrumpido en varias ocasiones las preguntas de la abogada de la acusación popular, recordando que el ex presidente declaraba en calidad de testigo. “Pretendemos demostrar la capacidad de influencia de Rosa y las consecuencias que ha tenido para los peritos”, ha subrayado la letrada.

A continuación, le ha seguido preguntando a San Ginés por la destitución de Leopoldo Díaz, y por la sentencia que obligó después a devolverle su puesto. “¿Qué tiene que ver esto con el caso?”, ha respondido San Ginés cuando la abogada le ha preguntado si recordaba ese fallo judicial. Al respecto, el ex presidente ha evitado hablar de la sentencia que declaró ilegal esa destitución y ha seguido defendiendo que entendió que podía hacerlo porque la designación y el cese del jefe de la Oficina Técnica fueron una “decisión política”.

En la misma línea de demostrar la “influencia” que tenía Juan Francisco Rosa en el Cabildo y en otras instituciones, la abogada de Transparencia Urbanística ha preguntado también a San Ginés si asistió a la inauguración de la bodega Stratvs, poco antes de asumir la Presidencia del Cabildo, y también si acudió a la boda de la hija de Rosa, siendo ya presidente. “Sí, claro”, ha respondido a ambas cosas, ante lo que el presidente de la Sala ha vuelto a interrumpir.

“El delito de tráfico de influencias no se castiga solo al que influye, sino también al que se deja influir”, ha advertido el magistrado, insistiendo de nuevo en que Pedro San Ginés había sido citado en esta causa en calidad de testigo. No obstante, tal como ha señalado el propio San Ginés, los hechos que se juzgan en esta causa son anteriores a su mandato. Por eso, lo que la acusación ha subrayado que pretendía demostrar es la relación que ha venido manteniendo Rosa con destacados cargos públicos, tanto en este caso del Cabildo como del Ayuntamiento de Yaiza y del Gobierno de Canarias, así como las dificultades que han afrontado los técnicos de esas administraciones que han intervenido como peritos en esta causa, y también los intentos que se han hecho de legalizar las instalaciones, incluyendo la aprobación del anulado Plan de La Geria y la posterior modificación que San Ginés no consiguió sacar adelante.

“Como presidente del Cabildo y responsable de espacios naturales, ¿adoptó alguna medida contra Stratvs?”, le ha preguntado también la abogada de la acusación a San Ginés. “No lo recuerdo”, ha vuelto a responder el ex presidente, que también ha declarado que no sabe si Stratvs cumple con el planeamiento, aunque poco antes había reconocido implícitamente que le consta que es ilegal.

“¿Stratvs fue legalizada bajo su mandato?”, le había preguntado la letrada. “¿Está legalizada?”, ha respondido con tono molesto San Ginés. “Se lo pregunto”, ha añadido la abogada. “Que yo sepa no. Que yo sepa no está legalizada”, ha contestado entonces el ex presidente.

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Lo que sí ha querido Pedro San Ginés es responder a algunas de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa en el primer juicio de Stratvs, e incluso ha pretendido aportar documentos a la Sala, lo que ha sido rechazado por los magistrados. “Un testigo no puede aportar documentación”, ha advertido Emilio Moya.

Al parecer, como ya intentó en ese primer juicio, San Ginés quería responder a la ex alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, que había declarado que el Cabildo se negó a prestar colaboración interadministrativa al Ayuntamiento cuando estaban tramitando los expedientes sancionadores a Stratvs. Al respecto, San Ginés ha afirmado que ante la solicitud que les trasladó en su día el Consistorio, en la que alegaba que no tenían medios para culminar esos expedientes, él pidió un informe al director insular de Política Territorial. Y ese informe, según ha declarado, “recomendaba suspender los actos”, al estar iniciado este procedimiento penal, o elevar la solicitud al Gobierno de Canarias. Al respecto, cabe recordar que Acuña fue condenada entre otras cosas por omisión, por no haber adoptado medidas para cerrar la bodega cuando era consciente de su ilegalidad.


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NotaPublicado: Lun 17 Feb, 2020 4:40 pm 
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NotaPublicado: Mar 03 Mar, 2020 7:49 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El juicio del caso Stratvs ha continuado este martes en Las Palmas de Gran Canaria con una nueva sesión en la que han declarado cinco agentes del Seprona que participaron en las inspecciones del complejo y que se han ratificado en sus informes advirtiendo de la contaminación en el sistema de aguas residuales, que es uno de los delitos que se juzgan en esta causa. “Era nauseabundo”, han señalado al referirse al olor que emanaba del pozo y de las fosas sépticas.

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Además, han relatado que lo primero que hicieron al llegar a la bodega con una orden del Juzgado que instruía la causa fue pedir los proyectos y la propiedad se negó a entregárselos, por lo que han señalado que era “evidente” que se trataba de una instalación “ilegal”.

Respecto a las arquetas, han explicado que la mayoría “estaban selladas con silicona”, cuando deben poder abrirse para realizar el mantenimiento y la limpieza, además de para vaciarlas mensualmente. Al respecto, han añadido que lo que les dijeron es que estaba cerradas porque “el mal olor” se filtraba y llegaba hasta la zona de la terraza barrica, que la propiedad utilizaba como bar y para acoger distintos eventos sin contar con ningún tipo de licencia.

Además, tal como constaba ya en sus informes, los agentes han subrayado que en el caso del restaurante, las arquetas se habían tapado con tierra y habían puesto plantas encima. “Abrimos las que pudimos”, han señalado los guardias civiles, que están especializados en esta materia y en su día se desplazaron desde Gran Canaria hasta Lanzarote para participar en estas inspecciones y para tomar las muestras.

En cuanto a esas muestras, han precisado que las tomaron en los tres niveles de las fosas sépticas y no solo en el primero, en contra de lo que sostiene la defensa de Juan Francisco Rosa. Así, aunque a la tercera debería llegar solo las aguas residuales ya decantadas y tratadas, los agentes han relatado que en todas ellas encontraron material sólido procedente, entre otras cosas, de los distintos baños del complejo.

“El olor era nauseabundo”, han insistido durante el juicio. De hecho, han explicado que al abrir cada arqueta debían apartarse incluso unos minutos para no respirar esos “gases tóxicos”. Al respecto, han precisado que ése era uno de los problemas de la instalación, ya que al no contar con ningún tipo de ventilación y estar selladas las arquetas, se estaba condensando el aire contaminado en el interior. “Era evidente que no se limpiaban”, han declarado los agentes, que han ofrecido una extensa y detallada declaración, dos de ellos por videoconferencia.

Además, han relatado que por la inclinación del terreno, las aguas residuales de las fosas que estaban en la terraza terminaban yendo a la zona del restaurante semisubterráneo, donde encontraron filtraciones en una pared que estaba cubierta con vegetación. “Tenía moho”, han recordado, explicando que tomaron muestras también de esa tierra y los análisis reflejaron altos índices de contaminación.

Tanto el propio Juan Francisco Rosa como el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, están acusados en esta causa por un delito contra el medio ambiente, por esa emisión de vertidos contaminantes. En el caso de Duchemín, informó a favor de dar un permiso provisional al sistema de vertidos a pesar de ya había analíticas que advertían de la contaminación. Ese permiso era solo por seis meses y establecía que debían hacerse analíticas mensuales, pero ni la administración acudió a tomar ninguna muestra ni actuó tampoco cuando se venció ese permiso provisional y el complejo Stratvs siguió funcionando.

“Me fíe”, declaró en el juicio José Juan Hernández Duchemín, al referirse a un informe que había aportado el propio Rosa para conseguir esa autorización. En cuanto al empresario, aseguró que él sí realizaba sus propios controles y que los resultados de las analíticas eran “increíbles, fantásticos. Mejor imposible”, aunque el testimonio de los agentes confirma que incluso las arquetas se habían sellado con silicona.

Durante la sesión de este martes también ha prestado declaración un agente de la Policía Nacional que acudió al Ayuntamiento de Yaiza a reclamar el expediente de Stratvs. Fue la jueza instructora de la causa, Silvia Muñoz, quien ordenó que interviniera la Policía y que fuera al Consistorio a reclamar ese expediente completo, al comprobar que el Ayuntamiento no había entregado todos los documentos pese al requerimiento del Juzgado.

Además, también ha declarado como testigo el gerente regional de Catastro en Canarias, José Antonio Mateos Tejada, en relación a otro de los delitos que se investigan y por el que están acusados tanto Rosa como el responsable del Catastro en Yaiza, Blas Noda. En su declaración, Mateos ha confirmado que no es posible hacer un cambio de titularidad de una finca sin notificar a los interesados y que se les tiene que dar audiencia. Sin embargo, en el caso de Stratvs, Noda cambió la titularidad y la puso a nombre de Rosa a petición del empresario, que construyó la bodega en un suelo que no era de su propiedad y después lo puso a su nombre en el Catastro.

El juicio continuará este miércoles y jueves en Gran Canaria con la declaración de otros testigos y seguirá la próxima semana en esa misma isla. Después, a partir del 12 de marzo volverán a celebrarse más sesiones en Lanzarote, ya con la declaración de los peritos.


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NotaPublicado: Jue 05 Mar, 2020 6:30 pm 
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La exjefe de servicio de Instrucción de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) entre 2002 y 2014, Sonia Gómez, ha asegurado este jueves, en el juicio del caso Stratvs que se desarrolla en la Audiencia Provincial, que se recibieron "presiones" por parte del Gobierno de Canarias a la hora de informar sobre las irregularidades de la bodega.

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Sonia Gómez afirmó que la técnico Elisa Perdomo, a la que ella encomendó redactar los informes periciales solicitados por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife sobre este complejo bodeguero, y que han dado lugar a la causa penal, "recibió presiones desde la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario".

Esas presiones comenzaron desde que en la Agencia empezó a conocerse que en los informes periciales se nombraba a algunos responsables de la Consejería de Política Territorial, como el que fuera director general de Urbanismo, Juan César Muñoz, o los técnicos Faustino García Márquez y Armando Villavicencio.

Tal fue así, ha dicho Gómez, que, tras comunicar al por entonces director ejecutivo de la Apmun, Emiliano Coello, estos intentos de "injerencias" en el trabajo que desarrollaba Perdomo, cuyos borradores eran públicos para el personal de la Agencia, el expediente obtuvo un carácter reservado, de forma que dejó de ser accesible en el aplicativo informático interno.

Es más, Sonia Gómez ha afirmado que, dadas las discrepancias internas que suscitó en la Apmun el análisis técnico que se había encomendado a Perdomo, se convocó, en dos sesiones, a la comisión de asuntos jurídicos para examinar esa pericial judicial, algo que no se había hecho nunca antes.

Tras esas dos reuniones, tanto el director de la Apmun, Emiliano Coello, como la por entonces jefa de servicio de órganos colegiados y apoyo al director de este ente, Carlota Pérez, concluyeron que Elisa Perdomo "tenía que corregir" sus informes, al entender, según ha manifestado este jueves Pérez que estos documentos constituían "denuncias de posibles vulneraciones de la normativa urbanística" que ellos no apreciaban.

Tanto Carlota Pérez como Marta Rodríguez, quienes elaboraron un contrainforme para contradecir a Perdomo y lo enviaron al Juzgado para que obrara en la instrucción de este caso, han ratificado ante el juez que, a su criterio, el proceso administrativo por el que fue autorizado el complejo bodeguero de Stratvs cumplió con lo establecido y han subrayado que las solicitudes de este proyecto coincidían con las autorizaciones otorgadas, tanto por el Gobierno canario como por el Ayuntamiento de Yaiza.

Uno de los denunciantes del caso Stratvs, el jurista Javier Díaz-Reixa, ha recalcado este jueves ante la Audiencia de Las Palmas que en 2003, cuando comenzó a construirse este complejo bodeguero en La Geria por el empresario Juan Francisco Rosa, la ley prohibía "expresamente" mover tierra en este paraje protegido.

El juicio, que examina las múltiples irregularidades que el Ministerio Fiscal aprecia en la construcción de este complejo, por las que pide 15 años de cárcel para su dueño, e imputa a otras 16 personas, entre ellas antiguos cargos del Gobierno canario como el técnico Faustino García Márquez, ha proseguido este jueves con el testimonio del denunciante y extrabajadores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Ejecutivo regional.

Díaz-Reixa, abogado y miembro de la asociación Transparencia Urbanística, ha manifestado al tribunal que en 2009 denunció estas obras tras examinar el expediente por el que fueron autorizadas por la entonces Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, la licencia municipal otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza, el planeamiento de Lanzarote y del citado municipio del sur de la isla, además del plan especial del paisaje protegido de La Geria.

"No hubo nada de arrebato. No hacemos nada apresurado ni a golpe de impulso", ha aseverado Díaz-Reixa, quien ha comparecido en calidad de testigo y ha asegurado que su denuncia la hizo "indirectamente, no contra personas en concreto", más allá de Rosa y el arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, para el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel.

El denunciante del caso Stratvs ha manifestado que la vivienda que se iba a rehabilitar, según el proyecto autorizado a los promotores de este complejo, "no presentaba problemas", pero sí la ampliación de la que fue objeto, y ha subrayado que el almacén subterráneo de 900 metros ejecutado en "el corazón" de La Geria "estaba expresamente prohibido" por la legislación urbanística vigente.

Preguntado por sus alegaciones al Plan Especial de La Geria, finalmente anulado, Díaz-Reixa ha destacado el "tráfico de influencias" que, a su entender, ejerció el dueño de Stratvs en la tramitación de este documento de ordenación territorial, ya que con escritos remitidos desde Galerías Rosa logró "un sorprendente cambio de criterio de los técnicos del Gobierno canario" que intervenían en este procedimiento.

La defensa del exsecretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), Armando Villavicencio; del exdirector general de Urbanismo del Gobierno canario, César Muñoz, y del exjefe de servicio de este departamento, Faustino García Márquez, ha asegurado que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote permite la construcción de almacenes, una determinación que, según ha puntualizado la fiscal, también afirma que, a la hora de autorizar una construcción de este tipo, "se atenderá a la categoría del suelo" donde se vaya a ejecutar.


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Rita Marrero y Nona Perera, dos técnicas del servicio de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, declararon como peritos en la vista oral del caso Stratvs. La primera señaló que la calificación de Bien de Interés Cultural de La Geria, aunque no llegó a culminarse, tenía régimen jurídico desde su incoación. Perera dijo que no finalizó porque no hubo tiempo “ni voluntad del Cabildo para culminarlo”.

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Respecto a la vivienda de la bodega, no estaba catalogada en 1998 pero un informe del Gobierno de Canarias reconocía su valor etnográfico: “Que no esté en un catálogo no quiere decir que carezca de valor”, señalaron, porque tiene un valor relevante desde el punto de vista del patrimonio histórico ya que se inserta en el paisaje a través de un modelo tradicional.

Las técnicos coincidieron en que se trataba de una vivienda única y, sobre su estado de conservación, afirmaron que eso “no anula los valores del inmueble”. La vivienda, la fuente y otras construcciones anexas apuntan a un modelo de explotación agropecuaria unifamiliar. Según la acusación, la vivienda antigua fue destruida en la construcción del complejo Stratvs.

Perera, que hoy ejerce como directora general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, dijo que en esa zona de la bodega “hasta el subsuelo tiene valor arqueológico” porque La Geria fue un asentamiento aborigen y una zona de vega anterior a las erupciones. Calificó la intervención en Stratvs como “una catástrofe para el patrimonio insular” y “un daño patrimonial incalculable” porque no se puede volver a reconstruir.

Además, dijo que se trata del núcleo histórico, etnográfico y arqueológico de La Geria: “El subsuelo debería tener un sistema de protección mayor”. Señaló que cuando se prohíbe el movimiento de tierras también es para proteger el subsuelo arqueológico y que se han encontrado aljibes y estructuras habitacionales bajo el picón. También señaló que la construcción de los aparcamientos destruyó un aljibe.

Asimismo, declararon sobre el Belén construido junto a la bodega. Marrero aseguró que la propiedad solicitó colocar siete palmeras pero se autorizaron tres, que no estuvieran alineadas con un patrón de ajardinamiento porque es típico del paisaje de La Geria. Aseguró que se incumplió la resolución porque se plantaron cuatro palmeras, se destruyeron diez socos y se instalaron especies no autóctonas, una cascada y una vereda.


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La jurista Joana Macías ha relatado la situación que vivió bajo el gobierno de San Ginés mientras realizaba esas periciales, y también las consecuencias que después tuvo para ella el no aceptar que su informe fuera supervisado por el director de Ordenación Territorial.

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La jurista del Cabildo Joana Macías ha declarado este jueves como perito en el juicio del caso Stratvs y ha vuelto a relatar las consecuencias que tuvo para ella emitir esos informes periciales bajo el gobierno de Pedro San Ginés, y también ha hablado de las “visitas” que se recibieron en la institución cuando estaba elaborando esos dictámenes a petición del Juzgado.

“Era la primera vez que ocurría”, ha subrayado, tras explicar que técnicos del proyecto enviados por la propiedad hicieron “varias visitas a la oficina en relación a este tema”. Después, ha explicado que fue el propio dueño de Stratvs, Juan Francisco Rosa, quien acudió al Cabildo junto al que entonces era su abogado en esta causa, Felipe Fernández Camero, para reunirse con el director insular de Ordenación Territorial, Miguel Ángel Santana. “Creo que era la primera vez que veía a Rosa en el Cabildo, pero después lo he visto ir más veces”, ha recordado.

En este caso, Macías ha subrayado que no le consta que el empresario hablara con los técnicos -“conmigo desde luego no”, ha precisado- sino que se dirigía directamente al director insular, que era un cargo de designación política, “para tratar de Stratvs y de sus cosas”. Después, tras una de esas reuniones, la funcionaria del Cabildo ha explicado que recibió una instrucción que nunca antes le habían dado. “El director insular me dijo que la pericial había que conciliarla antes de mandarla al Juzgado”. “Era la primera vez que yo veía que se hacía eso”, ha vuelto a subrayar Joana Macías, que ya había intervenido como perito en otras causas judiciales.

Incluso, Miguel Ángel Santana llegó a emitir entonces una circular interna para todos los trabajadores, en la que daba instrucciones de que se le entregaran todos los informes periciales que se hubieran solicitado antes de enviarlos a los Juzgados. “Yo le dije que no, porque quien responde en el Juzgado soy yo”, explicó esta jurista ya en el primer juicio de Stratvs, en el que también declaró como perito. “Yo a la validación del director insular no me iba a prestar”, señaló en esa vista, en la que también hizo hincapié en que Miguel Ángel Santana era un cargo de designación política, que fue nombrado bajo el gobierno de San Ginés.

Así, tal como ha recordado este lunes, Joana Macías decidió firmar una diligencia haciendo constar la entrega de su informe tal como ella lo había elaborado. Y cuando el Juzgado volvió a requerirlo, al haberse cumplido el plazo para enviarlo, el entonces presidente, Pedro San Ginés, lo remitió pero acompañándolo de un escrito en el que afirmaba que la pericial no había sido “debidamente validada ni supervisada” por los servicios jurídicos de la Corporación. Al respecto, cabe recordar que la juez instructora de esta causa, Silvia Muñoz, advirtió tras recibir el escrito del presidente que intentar influir en los peritos de una causa judicial puede constituir un delito.

Después, San Ginés encargó varios ‘contrainformes’ -aunque en su declaración como testigo en este juicio aseguró que no lo recordaba-, para intentar rebatir el de Joana Macías. Sin embargo uno de ellos, elaborado por el que era jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, llegó exactamente a las mismas conclusiones que el de Macías: que la bodega era ilegal e ilegalizable y que, además, el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria tenía vicios de nulidad. De hecho, poco después ese documento fue anulado por los Tribunales.

Tras la emisión de ese informe, San Ginés destituyó de su cargo a Leopoldo Díaz, en otra decisión que también fue después declarada ilegal por una sentencia que es firme, y que años después le obligó a devolverle a su puesto. En cuanto a Joana Macías, ha señalado que desde entonces se le apartó de la emisión de informes. “En los últimos seis años de mi vida profesional, se puede contar con los dedos de una mano la posibilidad que he tenido de hacer informes o cualquier cosa que tenga que ver con los Juzgados”, ha relatado.

Además, a preguntas de la acusación popular ejercida por Transparencia Urbanística, la jurista ha explicado que ni siquiera fue el Juzgado quien la designó expresamente para emitir el informe pericial de Stratvs. Quien se lo encomendó fue el propio Miguel Ángel Santana, cuando el Cabildo recibió un requerimiento de la juez Silvia Muñoz solicitando un dictamen pericial de la institución.

“Vino a mi despacho y me dijo: te lo dejo a ti, ahí te dejo el marrón”, ha explicado Macías. Al respecto, al responder por qué se le encomendó a ella, ha recordado que en la Oficina del Plan Insular solo había tres juristas, y uno de ellos había sido recusado por Juan Francisco Rosa, mientras que la otra, Delia Fernández, era la sobrina del abogado del empresario, Felipe Fernández Camero.

Durante la declaración de Joana Macías, que se ha prologando durante más de una hora, la jurista ha reiterado que son ilegales tanto las obras como el permiso otorgado en su día por el Gobierno de Canarias -que ni siquiera cubre una décima parte de lo construido-, pero además ha rebatido todas las preguntas de los abogados de la defensa.

“Por la perito no se preocupe, que se defiende muy bien”, ha llegado a señalar en un momento el presidente de la Sala, Emilio Moya, cuando la abogada de la acusación popular ha cuestionado las preguntas que se estaban formulando. Al igual que han hecho con otros peritos y testigos, tanto la letrada que representa a los acusados del Gobierno de Canarias como el de Juan Francisco Rosa han ido haciendo alusión a otras normativas y a distintos artículos específicos para intentar rebatir las conclusiones de Macías. Pero en todos los casos, la perito ha respondido no solo confirmando que conocía esos artículos, sino también explicando por qué no eran aplicables al suelo donde se ubica Stratvs.

Al respecto, ha precisado que esa zona cuenta hasta con tres tipos de protección: como suelo rústico, como zona paisajística, con la categoría de paisaje singular, y como parte de un espacio natural protegido. Así, ha dejado claro que otras situaciones a las que hacía referencia la defensa “no son comparables”, porque cada suelo cuenta con su protección específica y “las medidas de protección son distintas”, por lo que no se puede aludir solo, por ejemplo, a la normativa para suelo rústico. Además, también ha defendido la vigencia del Plan Insular para regular La Geria, así como su condición de espacio natural protegido, que es otra de las cosas que intenta cuestionar la defensa.

En cuanto al permiso otorgado en su día por el Gobierno de Canarias, que autorizó la construcción de una bodega-almacén subterráena de 900 metros, ha sido contundente: “Sinceramente, tenían que haberlo denegado, porque no estaba permitido”. De hecho, ha llegado a afirmar que esa autorización supuso una “derogación singular de un reglamento, porque se ha exonerado a un caso concreto de cumplir la regla que todos tenemos”.

Aunque la declaración de esta perito ha incluido distintos momentos tensos con los abogados de la defensa, ante los que se ha mostrado contundente, y también alguna intervención del presidente de la Sala para señalarle que podía concluir su respuesta y que no era necesario que diera más precisiones, el comienzo ha arrancado de forma distendida a raíz de una equivocación del magistrado, que ha dado paso a la perito pensando que había sido citada a petición del abogado de Juan Francisco Rosa. “No, no. Éste es del Ministerio Fiscal. !Si es mío, renuncio!”, ha respondido el letrado, José Antonio Choclán Montalvo, despertando las risas en la Sala y dando un anticipo de lo que iba a suponer esta declaración en el juicio.


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El juicio del caso Stratvs se ha reanudado este lunes tras el parón obligado por el estado de alarma y lo ha hecho con la declaración de siete peritos, dos de ellos solicitados por la defensa del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. Sin embargo, aunque la defensa pretendía utilizar estos testimonios para negar que hubiera contaminación en las aguas residuales de la bodega, en base a informes elaborados en su día por un laboratorio privado, lo que han hecho las declaraciones es confirmar la total ausencia de control sobre esos vertidos.

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“Es imposible saber dónde se tomó la muestra. Los datos nos los da la empresa”, ha declarado una de las dos técnicos que trabajaba en ese laboratorio como ingeniera agrónoma, Miriam Bautista, que ha explicado que en otros casos es el propio laboratorio quien acude a recoger las muestras. Sin embargo, aquí fue BTL Lanzarote quien llevó el agua en una botella de plástico de dos litros, y ellos se limitaron a analizarla, sin saber de dónde procedía.

“Nosotros ponemos lo que el cliente nos dice”, ha señalado por su parte la jefa de servicio del laboratorio, Marisol Orgaz, que es licenciada en Ciencias Químicas. Orgaz fue quien firmó esos informes, pero a preguntas tanto del abogado de Hernández Duchemín como de Juan Francisco Rosa, ha insistido en subrayar que ella se limitó a analizar una muestra que llevó el cliente, en este caso BTL Lanzarote, y que por tanto no puede confirmar de dónde procedía ese agua.

Antes de esas tres analíticas, en la causa consta otra realizada en 2008 por el propio Consejo Insular de Aguas, que sí confirmó la existencia de parámetros contaminantes. De hecho, inicialmente Hernández Duchemín trasladó a BTL Lanzarote que el sistema de depuración de la bodega no cumplía con la normativa y le informó de que para conceder la legalización de los vertidos debería instalar un sistema de depuración. Sin embargo, cuando Rosa pidió justo después una autorización provisional, Duchemín informó favorablemente.

Aquel permiso establecía que se deberían realizar analíticas mensuales para “garantizar la calidad de las aguas”, pero el Consejo nunca acudió a tomar nuevas muestras ni volvió a realizar ninguna inspección en las instalaciones. Fue el propio Juan Francisco Rosa quien aportó en total tres analíticas al Consejo -ni siquiera con carácter mensual-, pero realizadas por un laboratorio privado que ni siquiera puede acreditar de dónde procedía ese agua. De hecho, en sus informes señalaban que la muestra había sido “aportada por el peticionario”. Además, cuando ese permiso provisional caducó, el Consejo tampoco adoptó medidas y la bodega siguió funcionando durante años, hasta que fue cerrada por orden judicial, como medida cautelar dentro de esta causa.

En su declaración como acusado durante las primeras jornadas del juicio, Hernández Duchemín justificó su actuación aferrándose a un informe de este mismo laboratorio privado, pero su alcance también ha sido puesto en cuestión por la propia perito de la defensa, que fue quien lo elaboró. Según Duchemín, ese informe aportado por Rosa “hacía constar que ya estaban tratando los vertidos y que se había encargado por parte de BTL la instalación de una depuradora”, y alegó que por eso decidió “fiarse” e informar favorablemente a la concesión de una autorización provisional.

Sin embargo, cuando su abogado ha preguntado por este punto a una de las peritos, ésta lo ha desmentido categóricamente.“Se fue a hacer un estudio para mejorar la calidad del agua, pero trabajar no se llegó a trabajar. Solo se hizo una propuesta”, ha precisado Miriam Bautista. “No se llegó a instalar nada. Solo se diseñaron técnicamente los equipos que harían falta para que ese agua cumpliese con la normativa vigente”, ha reiterado, dejando así claro que el agua no cumplía con esa normativa, y que tampoco se llegaron a acometer las obras que Rosa se había comprometido a realizar, que incluían la instalación de una depuradora. “A nosotros ni nos la compraron ni nos la encargaron”, ha afirmado la perito, insistiendo en que ese informe solo era una propuesta de un proyecto que nunca llegaron a ejecutar.

En cuanto al supuesto “tratamiento” de las aguas del que según Duchemín daba cuenta ese informe, la técnico también lo ha desmentido. De hecho, ha precisado que lo único que se recoge en su dictamen es que se tuvo que hacer un tratamiento químico en el momento de tomar las muestras. “El agua estaba muy cargada y lo que se hizo fue un tratamiento para reducir la cantidad de sólido, para poder tomar la muestra”, ha precisado. Después, con esa analítica que sí tomaron ellos, elaboraron una propuesta “para hacer un tratamiento completo”, “para que el efluente final cumpliese con la normativa”, pero ese proyecto nunca llegó a ejecutarse.

Después, cuando Rosa solicitó una autorización provisional en base a ese informe privado, el mismo laboratorio realizó otras analíticas, pero ya con muestras aportadas por la propiedad. “Cuando un cliente nos trae la muestra ponemos lo que nos dice el cliente. Hay mucha diferencia cuando nosotros recogemos la muestra o cuando la trae el cliente”, ha señalado la perito que hizo esos análisis.

Al respecto, el abogado de Rosa ha planteado que no fue la propiedad de la bodega quien aportó las muestras, pero las dos técnicos se han remitido a los informes que así lo indican. “El cliente es BTL Lanzarote”, “se le hace una factura a su nombre”, han indicado.


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El arquitecto Ángel García Puertas, que entre otras cosas ha sido contratado por Juan Francisco Rosa para intentar legalizar el hotel Princesa Yaiza y el hotel Son Bou, ha declarado también como perito del empresario en el juicio del caso Stratvs, en el que ha defendido un informe elaborado por él mismo, en el que sostiene que la bodega cumple con la legalidad.

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García Puertas, que años antes de empezar a trabajar para Rosa había sido jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza -entre 1988 y 1991-, y que también ha estado vinculado al empresario Luis Lleó, ha llegado a asegurar que aunque Stratvs solo tenía permiso para construir una bodega almacén subterráneo de 900 metros, en realidad podría haber construido "13.000 o 14.000".

“¿Y por qué Juan Francisco Rosa no pidió entonces permiso para construir 13.000?”, le ha preguntado con sorpresa la abogada de la acusación popular, considerando que uno de los delitos que se juzgan en la causa es por haber construido mucho más de lo autorizado en la licencia. “Es una buena pregunta”, se ha limitado a responder el arquitecto.

Según la teoría de Ángel García Puertas, el anterior Plan General de Yaiza no establecía la superficie que se podía construir bajo rasante. Además, ha insistido reiteradamente en que “todo lo que está bajo rasante no computa”, por lo que él excluye tanto la bodega como la zona del restaurante, que sostiene que también es totalmente subterráneo. Y lo mismo ha defendido respecto a las terrazas, las rampas y las pérgolas. “Urbanísticamente, computan cero”.

“Era autorizable”, “cumplía toda la normativa”, ha afirmado el perito de Rosa, que ha sostenido que el Plan General de Yaiza sí permitía la construcción de bodegas en La Geria. En cuanto al Plan Insular, aunque todos los técnicos de la Oficina del PIOT del Cabildo que han declarado en el juicio han confirmado que ese documento prohibía autorizar Stratvs y que la bodega es ilegalizable, el arquitecto de Rosa ha sostenido lo contrario. Según García Puertas, cuando el PIOT señala que en La Geria está prohibida cualquier obra que implique "movimiento de tierras", no hay que “tomar el todo por una frase”. “Es una declaración de intenciones, pero es incoherente con el resto del Plan”, ha sostenido. “Está claro que nadie cayó, yo tampoco”, ha añadido.

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En este punto, tal como ya había hecho en otro momento de su declaración, el arquitecto ha afirmado que él fue quien “hizo las alegaciones en su momento al Plan Insular”, cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Yaiza. De hecho, el abogado de Rosa ha centrado el interrogatorio a este perito comenzando por subrayar su antiguo cargo como jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, aunque de eso hace casi dos décadas.

Desde entonces, Ángel García Puertas ha trabajado en proyectos privados, y en los últimos años para Juan Francisco Rosa. “Cuando se clausuró la bodega me llamaron a mí”, ha señalado en respuesta a preguntas de la abogada de la acusación popular, asegurando que fue ahí cuando conoció “profesionalmente” a Rosa, que le contrató para hacer este informe. Después, cuando la letrada ha insistido en si posteriormente habían tenido otros vínculos, ha reconocido varios más.

Por un lado, Rosa le contrató también para intentar legalizar los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, que tienen sentencias firmes desde hace años y una orden parcial de derribo dictada por el Ayuntamiento. Por otro lado, ha confirmado que también es el arquitecto del Hotel Stratvs, que Rosa pretendía abrir en el antiguo hotel Finca Las Salinas. Las obras de ese hotel tuvieron que ser paralizadas hace años por el Ayuntamiento de Yaiza, por haberse iniciado sin licencia, y el área de Patrimonio del Cabildo advirtió de que se habían causado daños irreparables al patrimonio. Además, hace un año se paralizó otra excavación de grandes dimensiones que Rosa estaba realizando junto a ese inmueble, incumpliendo la autorización que tenía, que era solo para un pequeño aljibe.

Respecto a la casa que existía en la finca donde se levantó Stratvs -que según la licencia debía ser restaurada como vivienda, pero que según la instrucción se derribó para construir una más grande, donde se instaló la tienda-, el arquitecto ha reconocido que hay “una pequeña variación” en el tamaño del inmueble. “No es infrecuente”, ha defendido, cifrando la diferencia en 25 metros de más. “Los muros estaban muy ruinosos”, “puede que las mediciones no concuerden con la realidad”, ha añadido al respecto.

De los cinco peritos contratados por Rosa que han declarado este martes en el juicio, otro más lo ha hecho solo en relación a esa vivienda. “Estaba en un estado ruinoso”, ha afirmado José Luis Ferreiras, que hizo su informe en el año 2016, casi una década después de que terminaran las obras y de que Stratvs fuera inaugurada.

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Sobre cómo hizo su informe, dado que es posterior a la intervención, ha declarado que aplicó “unas tablas del Colegio de Arquitectos” sobre los elementos que tenía, que eran “un plano de distribución” y “una serie de fotografías” sobre el estado anterior de la casa. Y así concluyó que solo se podía recuperar el 30% del inmueble. Respecto a su estado actual, ha precisado que solo ha podido ver el exterior: “El interior no, porque aquello está precintado”.

No obstante, ha defendido que la “estética” es la misma que tenía anteriormente el inmueble. “Mantiene en la misma tipología, diseño y estética de la edificación anterior, pero mejorándola de una forma fundamental”, ha señalado, apuntando así que la edificación actual no es la que existía, tal como sostiene la acusación.

Sobre su tesis de que realmente no se podía rehabilitar la mayor parte de la vivienda porque estaba “en ruinas”, la fiscal le ha recordado que la legislación canaria establece que cuando no se puede recuperar más del 50% de una construcción, se debe acreditar con un proyecto técnico, que tiene que ser presentado ante la administración para que lo certifique, cosa que no ocurrió en este caso.

En su declaración, el perito también ha sostenido que la vivienda no estaba incluida en ningún catálogo del municipio recogiendo sus valores etnográficos, ni tampoco en Plan Insular. Al respecto, las técnicos de Patrimonio del Cabildo que también declararon como peritos en el juicio señalaron que “eso no significa que carezca de valor” y subrayaron que sí estaba protegida por la Ley de Patrimonio de Canarias. De hecho, la propia autorización otorgada por el Gobierno de Canarias hacía referencia al valor etnográfico de la casa, y por eso autorizaba solo su rehabilitación.

Durante la sesión de este martes también ha declarado un ingeniero de Minas, Antonio Merino, que fue contratado por Rosa para hacer varios informes relativos al rofe extraído de La Geria durante las obras de Stratvs. En uno de ellos, cifra en 20.000 metros cúbicos la cantidad de material que se excavó y sostiene que menos de 3.000 eran de picón. Sin embargo, el informe oficial de la Apmun eleva el volumen de la excavación a 40.000 metros cúbicos.

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“Es sorprendente. Hay una diferencia que llama la atención”, ha señalado el perito de Rosa, que ha sostenido que el informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias no es tan “preciso” como el suyo.

En concreto, ha señalado que la Apmun hizo sus cálculos “en base a vuelos aéreos”, a “fotos aéreas”, señalando que es “un procedimiento más basto”. Sin embargo, en otro de sus informes, en el que asegura que en la Finca de Uga no se incrementó la cantidad de picón tras las obras de Stratvs -la acusación sostiene que buena parte del material se trasladó a esa otra propiedad de Rosa-, el perito ha afirmado que él también utilizó fotos aéreas de Grafcan para calcular cuánto picón había en la finca en 1998. “¿Y son precisas?”, le ha preguntado el abogado de Rosa. “Sí”, ha respondido.

Respecto a cómo calculó el volumen de la excavación de Stratvs, ha afirmado que utilizó planos de ejecución de la bodega, pero no ha podido precisar de qué proyecto. En esto han hecho hincapié tanto la abogada de la acusación como la fiscal, ya que de la zona del restaurante, no consta en la causa ni un solo proyecto. El único que hay -firmado por el acusado Miguel Ángel Armas Matallana- es solo de la bodega, que tampoco se ajusta a lo que se construyó, por lo que han insistido en preguntarle cómo había podido hacer el cálculo del total de la obra y de dónde sacó esos proyectos.

“Coincidía con lo construido”, han señalado, sin poder explicar quién era el autor de esos proyectos de excavación que afirma que le “entregaron”. “La anchura coincidía”, ha vuelto a responder.

En cuanto al quinto perito que ha declarado este martes a petición de la defensa de Rosa, ha sido el perito agrícola Leandro Caraballo, que dirigió el trasplante de unas palmeras en Stratvs años después de la inauguración. Esa intervención motivó un expediente sancionador del área de Patrimonio del Cabildo, ya que se incumplió la autorización que se había concedido, entre otras cosas alterando los socos que estaban en la zona.

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Además, Caraballo también tramitó para Juan Francisco Rosa un proyecto de calificación territorial con el que intentó legalizar Stratvs años después de su construcción. Sin embargo, al remitirse ese expediente al Cabildo -”porque es el órgano competente”, ha confirmado el perito a preguntas de la acusación popular-, el propio empresario terminó desistiendo de su solicitud.

Junto a cinco peritos de Juan Francisco Rosa y otro citado por la acusación popular, este martes también ha declarado en calidad de perito la jurista de Yaiza Delia López, que había sido llamada por la Fiscalía. La abogada, que trabaja en la asesoría jurídica del Consistorio, intervino en los tres expedientes sancionadores que el Ayuntamiento abrió a Stratvs años después de iniciarse esta causa penal.

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Delia López ha recordado que se abrió uno por cada actividad: uno por la bodega, otro por el restaurante y uno más por la tienda. No obstante, solo se llegó a concluir el del restaurante, ordenando su precinto. Además, ha recordado que Rosa recurrió esa decisión en los Tribunales, que avalaron la actuación del Consistorio y mantuvieron el cierre.

En cuanto al resto de las instalaciones, terminaron siendo cerradas por orden judicial, como medida cautelar ordenada por la juez instructora del caso Stratvs. Sobre esos expedientes respecto a la bodega y la tienda, la jurista ha señalado que no pudieron culminarlos por falta de técnicos, ya que entre otras cosas el secretario acababa de ser inhabilitado por otra condena. Entonces pidieron colaboración interadministrativa al Cabildo, presidido entonces por Pedro San Ginés, pero no recibieron esa ayuda.

En su respuesta, la Corporación insular les recomendó que pararan esos expedientes “por prejudicialidad penal”, es decir, porque ya estaba iniciada la causa que ahora se está juzgando, y que tiene entre los acusados no solo a Juan Francisco Rosa, sino también a técnicos y cargos públicos del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del Ayuntamiento de Yaiza, además de los que ya fueron condenados en la primera pieza.


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NotaPublicado: Mié 24 Jun, 2020 4:26 pm 
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La existencia de aguas subterráneas bajo La Geria ha centrado este martes buena parte de la vista del juicio del caso Stratvs, ya que este dato tiene especial importancia de cara a uno de los delitos que se juzgan contra el medio ambiente, por los vertidos contaminantes que emitía la bodega. Durante la sesión, el doctor en ingeniería Carlos Soler ha declarado como perito, ya que lleva años investigando la existencia de un gran acuífero bajo Timanfaya, y ha confirmado que en esa investigación han constatado la existencia de al menos dos fuentes en la zona del Barranco del Obispo, donde se ubica Stratvs, que continúan activas a día de hoy.

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“El hecho de que haya una fuente evidencia que hay un acuífero. No puede haber fuente sin acuífero”, ha precisado el experto, que trabajó como técnico del Gobierno de Canarias durante cuatro décadas, entre otras cosas como Jefe de Planificación, Estudios e Hidrología en Dirección General de Aguas, y tiene “cuarenta años de experiencia en obras y estudios hidráulicos”.

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Por su parte, Juan Francisco Rosa también ha aportado un perito que ha declarado este martes para negar la existencia de aguas subterráneas bajo Stratvs. “Soy espeleólogo y técnico de senderos”, ha señalado Miguel Caballero cuando le han preguntado por su cualificación profesional. “¿Espeleólogo es el que estudia las cuevas?”, le ha preguntado la abogada de la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, para determinar la capacidad del perito para emitir un informe sobre aguas subterráneas.

“¿Pero cuál es su formación académica? ¿Tiene algún título universitario en la materia?”, ha insistido la letrada, tras escuchar el escueto “sí” del perito de Rosa. “Realmente mi formación académica... Primero de algunas carreras. Fui mal estudiante”, ha señalado, confirmando así que no tiene titulación universitaria y que sus conocimientos son como autodidacta. “Prácticamente toda mi experiencia profesional es el estudio... se basa en bibliografía y trabajo de campo”, ha terminado añadiendo el perito, que ha ejercido como guía de deporte de aventura en el interior de cuevas de la isla. Tras su respuesta, ni la abogada de la acusación ni la fiscal le han formulado preguntas, aunque antes sí lo habían hecho el abogado de Rosa y los de otros acusados.

En su breve intervención, Miguel Caballero ha confirmado que realizó un informe “para valorar las capacidades hídricas de La Geria” y determinar “si había acuíferos” y “valorar las fuentes”. Para ello, ha afirmado que revisó “todos los estudios” anteriores que "pudo", “del Cabildo y del Consorcio del Agua”, y que realizó “trabajos de campo”.

“Los recursos hídricos son prácticamente inexistentes”, “las fuentes han sido siempre testimoniales. No daban normalmente para abastecer a una familia”, ha declarado, afirmando a preguntas de las defensas que si existiese agua dulce en Lanzarote “no serían necesarias desaladoras” y que no le consta ni que se utilice agua dulce en la isla ni que haya estudios que confirmen su existencia.

Sin embargo, el estudio realizado por Soler por encargo del Consorcio de Aguas ha inventariado dos fuentes activas solo en la zona del Barranco del Obispo, y 91 en total en toda la zona que han analizado. Incluso, ha explicado que el propietario del terreno donde se sitúa una de ellas, a unos metros de Stratvs, tiene un depósito para recoger el agua de la fuente, y que incluso han podido visitarla. “Están, se pueden ver”, ha subrayado.

Por su parte, el perito de Rosa, que en su intervención ha llegado a citar textos publicados en el siglo XIX, ha sostenido que “la posible red hídrica” de la zona “quedó sepultada por las erupciones de 1700”.

Al respecto, el perito Carlos Soler, que está Doctorado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, y ha realizado ya otros hallazgos de aguas en La Gomera, El Hierro y La Palma, ha explicado que precisamente esas erupciones fueron claves para transformar no solo el paisaje de La Geria, sino también el subsuelo y las aguas que transcurren por él.

En el caso del Barranco del Obispo, ha detallado que realmente era un barranco hasta 1730, pero la erupción volcánica rellenó esa cavidad que había entre las dos montañas. Por eso, según ha explicado, el agua dejó de correr en la superficie y desde entonces se infiltra toda en el terreno y ha pasado a correr por debajo.

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Para esto, ha señalado que juega un papel fundamental el rofe fruto de esas erupciones, ya que mantiene la humedad y evita la evaporación. De hecho, en eso se basa su informe sobre la existencia de un gran acuífero bajo Timanfaya, ya que sostiene que hasta ahora no se había tenido en cuenta la particularidad del terreno de la isla, y se aplicaban porcentajes sobre la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el terreno que son válidos en otros territorios, pero no en la isla.

“El agua circula por el terreno antiguo, por lo que antes era superficie (es decir, bajo la capa de rofe), pero de ahí también sigue bajando”, ha detallado, advirtiendo además del peligro que suponen los vertidos contaminantes en esa zona.

Al respecto, ha defendido que la isla cuenta con una enorme reserva hídrica en Timanfaya y que los vertidos en La Geria, según su cantidad y su “mala calidad”, pueden contaminarla. Respecto a la cantidad de agua que habría en esa reserva, ha precisado que con los estudios realizados hasta ahora ya han podido estimar una cifra. “Representaría todo el abastecimiento de agua de la isla durante un año”, ha subrayado.

En cuanto a su estudio, ha recalcado que lo realizó por encargo del Cabildo, a través del Consorcio Insular de Aguas, y ha recordado que también había un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias, instando a investigar la existencia de ese acuífero. Además, ha explicado que de momento se han hecho ya dos estudios preliminares, con los que han confirmado la existencia del acuífero, y que ahora falta hacer pruebas geofísicas y sondeos, para determinar la calidad del agua.

Ante las preguntas del abogado de Rosa cuestionando las conclusiones de su informe, Soler ha explicado que es el primero que se realiza con un “estudio práctico”, realizando mediciones en la zona para poder determinar la cantidad de agua que se infiltra realmente.

Además, ha señalado que el Cabildo ya “ha asumido” las conclusiones de ese informe, que concluye que en la isla no hay un solo acuífero, sino dos: uno en el Volcán de la Corona y otro en Timanfaya, porque son “las zonas con mayor permeabilidad”.

Durante la declaración de este perito, las defensas han hecho referencia al documento que más han cuestionado durante todo el juicio, el Plan Insular, señalando que no recoge la existencia de ese acuífero. Sin embargo, el plan al que más se han aferrado para defender la supuesta legalidad de Stratvs, el Plan de La Geria, sí hablaba de él. “Yo esto del acuífero de Timanfaya lo vengo diciendo desde el año 90. Y pensaba que estaba solo, pero el Plan Especial de La Geria también lo dice”, ha subrayado Soler, que ha insistido que es “lo normal y lo natural” que así sea”, porque es "un suelo permeable”.

El problema, tal como advirtió Soler hace más de tres años, cuando presentó las conclusiones de un primer informe, es que hasta ahora no se había estudiado. Aquel informe fue encargado por el anterior grupo de Podemos en el Cabildo, y tras presentar públicamente las conclusiones, se llevaron mociones tanto al Cabildo como al Parlamento de Canarias para que la administración continuara los estudios complementarios que determinaran la cantidad y calidad del agua, para su posible aprovechamiento.

Finalmente, en base a esos acuerdos, el Cabildo terminó encargando a finales del pasado mandato un primer estudio complementario -con el inventario de las fuentes, nacientes y aljibes-, que es el que después se aportó al caso Stratvs, a petición la acusación popular, y el que ha llevado a Soler a declarar como perito en el juicio. “¿Este informe no es un encargo de Transparencia Urbanística, verdad? ¿Nosotros no tenemos ningún vínculo profesional?”, le ha preguntado la abogada, remarcando así la diferencia con los peritos de parte aportados por la defensa de Rosa. “Son encargos oficiales realizados por el Cabildo a través del Consorcio”, ha respondido Soler.

“¿Esto no fue iniciado por el grupo político Podemos?”, ha cuestionado después el abogado del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. “Eso fue anterior”, ha comenzado respondiendo el perito, ante lo que ha intervenido el magistrado que preside la Sala, Emilio Moya, al considerar improcedente la pregunta.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com