Según Diario de Lanzarote:
El Consorcio del Agua ha decidido esconder el informe que se supone que avala la solución propuesta por la presidencia del Cabildo para pagar la deuda de Inalsa con el dinero que el Consorcio va a conseguir a través de la privatización del servicio adjudicado a la empresa madrileña Canal de Isabel II.
Ese informe no se ha entregado ni siquiera a los miembros del Consorcio, además del Cabildo los siete ayuntamientos de la Isla, y se alega desde este organismo que en la última asamblea, celebrada el 11 de julio, se aprobó por unanimidad no hacerlo público hasta que el juez decida sobre la fórmula de pago para no interferir en el proceso.
Sin embargo, en la certificación firmada por el secretario del Cabildo de dicha asamblea, no aparece reflejado ningún acuerdo de este tipo y en el único acuerdo que se tomó, el de llevar los tres informes al Juzgado, el alcalde de Tías se abstuvo.
En esa reunión se explicó el contenido del informe pero no se distribuyó a los presentes y también se ha negado el acceso a su contenido a los medios de comunicación. Sin embargo, durante la sesión sí que se distribuyó el curriculum del firmante del dictamen.
El Consorcio decidió acudir a un experto externo, Pedro Lasso Purriños, ya que la interventora de este órgano emitió un informe, tras cuya presentación dimitió, que decía que el acuerdo por el que se pretendía hacer ese trasvase de dinero, del canon de la privatización del agua a los acreedores de Inalsa, era nulo.
Posteriormente, el interventor de Tías hizo otro informe en el mismo sentido pero aún más duro, en el que se decía que si el Consorcio le diera 35 millones a Inalsa para pagar su deuda sería como regalar indebidamente dinero público.
Finalmente se han enviado los tres informes (el de la interventora, el de Tías y el externo) al juez de lo mercantil que instruye el proceso concursal de Inalsa para que decida si el convenio con los acreedores se ajusta a la legalidad.
En caso de que el juez diga que ese acuerdo no es válido se debería liquidar Inalsa y los acreedores (FCC y Unelco, principalmente) tendrían que intentan cobrar de los bienes de la empresa de aguas o de los bienes de los antiguos administradores, cargos públicos de PIL, CC y PSOE. El informe del interventor de Tías señala que el Consorcio, es decir, el Cabildo y los ayuntamientos, no tienen por qué responder de la deuda de Inalsa.
El 16 de julio de 2012 el pleno del Cabildo, con el voto favorable del grupo de gobierno, aprobó iniciar el expediente para sacar a concurso la gestión de Inalsa. En ese mismo pleno se aprobó un segundo punto, que era el compromiso de asumir la deuda de Inalsa por parte del Cabildo y los ayuntamientos, en caso de liquidación de la empresa.
La interventora advirtió que sin informes de Intervención o jurídicos no se podía aprobar y entonces se cambió la redacción señalando que ese acuerdo estaba condicionado a esos informes. Al final el presidente del Cabildo reconoció que el acuerdo no era más que una declaración de intenciones.
Si se hubieran pedido los informes en ese momento, quizá se hubiera aclarado que hay muchas posibilidades de que en caso de liquidación de Inalsa, el Cabildo no debe asumir la deuda, lo que tumbaría el principal argumento del grupo de gobierno (CC y PSOE) para privatizar la explotación del agua.