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El Juzgado número dos de Arrecife, del que es titular Jerónimo Alonso Herrero, en el auto de apertura de juicio oral en el caso del Hotel Fariones, impone fianzas de hasta 57 millones de euros a los acusados para hacer frente a las responsabilidades económicas que pudieran imponérseles. En el auto se estipula que deben presentar esas fianzas en un plazo de 24 horas o los acusados sufrirán el embargo de sus bienes.

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El juez ha decidido imponer 57 millones de euros a Juan Francisco Rosa y a cada uno de sus dos hijos, Raquel y Juan Andrés, la misma cantidad que a las sociedades BTL y Bodegas Stratvs. A Anselmo Rosa y Rosa María Rosa les impone una fianza de 30 millones, a las sociedades Rosinver y Frateromar 29,6 millones y a Centro Deportivo Fariones 27 millones. Los cinco acusados forman o formaron parte de forma directa, o a través de algunas de las sociedades vinculadas, del órgano de administración de la sociedad Hotel Los Fariones SA.

En 2013 se modificó la estructura del órgano de administración. Se cedió la gestión a la sociedad Bodega Stratvs, representada por Juan Francisco Rosa. En diciembre de 2014 se designa un consejo de administración formado por sociedades controladas por Juan Francisco Rosa y por sus hijos. Anselmo Rosa se había apartado en 2012 y su hija lo hizo en 2013.

En abril de 2014, el socio minoritario hace un requerimiento notarial que provoca reacciones. En las cuentas de ese año se trató de regularizar la contabilidad alegando un “error contable”. Según la acusación particular, Raquel Rosa fue la encargada de negar de forma sistemática la información y de hacer desaparecer u ocultar los Libros de Actas de las Juntas Generales celebradas entre los años 1986 y 2014. Tampoco se facilitó toda la información al auditor.

La absoluta confianza depositada por el socio minoritario García Bravo e Hijos desde el año 1996 hasta 2014, en las personas que llevaban a efecto la gestión societaria, ha posibilitado que los acusados protagonizasen una auténtica operación de despatrimonialización de la sociedad Hotel Los Fariones SA, habiendo visto el socio minoritario cómo su patrimonio societario se malograba de forma irremisible a resultas de las actuaciones protagonizadas por los acusados”, señala la acusación particular en su escrito de calificación.

El empresario Juan Francisco Rosa y cuatro miembros de su familia están a punto de sentarse en el banquillo por un procedimiento que se inició con una querella de su socio en el Hotel Fariones, la sociedad García Bravo e Hijos. El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife ha dictado la apertura de juicio oral contra Juan Francisco Rosa, su tío Anselmo Rosa, su prima Rosa María y sus hijos Raquel y Juan Andrés.

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El fiscal de Delitos Económicos, Tomás Fernández de Páiz, solicita una pena para los acusados que se eleva hasta los cuatro años de prisión, en el caso de Juan Francisco, y de dos años para el resto, como cooperadores necesarios. Todos están acusados de dos delitos societarios de forma continuada, uno de ellos de administración desleal o fraudulenta y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación particular añade apropiación indebida y eleva esta petición hasta los 11 años de prisión para los cinco acusados.

Según la acusación, durante un periodo de al menos 18 años, Rosa, a través de varias sociedades y de sus familiares, habría estado tomando decisiones contrarias al interés de la propia sociedad hotelera para beneficiar a sus propios intereses, vaciándola de patrimonio, y lo habría hecho desviando dinero, hipotecando el hotel, acumulando deudas con organismos oficiales como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, haciendo ampliaciones de capital para disminuir el control de su socio, emprendiendo las obras de remodelación de forma unilateral o con la imputación deudas artificiales.

El quebranto para la sociedad, según la acusación particular, se eleva hasta los 42,2 millones de euros, de los que 20 millones serían por las obras ejecutadas recientemente en el establecimiento hotelero.


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Según Diario de Lanzarote:

El empresario Juan Francisco Rosa y cuatro miembros de su familia están a punto de sentarse en el banquillo por un procedimiento que se inició con una querella de su socio en el Hotel Fariones, la sociedad García Bravo e Hijos. El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife ha dictado la apertura de juicio oral contra Juan Francisco Rosa, su tío Anselmo Rosa, su prima Rosa María y sus hijos Raquel y Juan Andrés.

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El fiscal de Delitos Económicos, Tomás Fernández de Páiz, solicita una pena para los acusados que se eleva hasta los cuatro años de prisión, en el caso de Juan Francisco, y de dos años para el resto, como cooperadores necesarios. Todos están acusados de dos delitos societarios de forma continuada, uno de ellos de administración desleal o fraudulenta y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación particular añade apropiación indebida y eleva esta petición hasta los 11 años de prisión para los cinco acusados.

La querella se produjo por gestionar la sociedad Hotel Los Fariones, que explota el hotel del mismo nombre, del que la familia García Bravo tenía el 25 por ciento, “con claro ánimo de favorecer a sus intereses personales, familiares y patrimoniales ejecutados o materializados a través de un grupo de sociedades vinculadas a la familia Rosa, a sabiendas del perjuicio económico que irrogaba a la sociedad y al socio minoritario”, según señala la acusación particular, que además incluye en su escrito de acusación a dos personas más y otras sociedades como responsables civiles: Noelia Rosa, hija mayor de Juan Francisco Rosa, el empresario Rafael Lasso y las sociedades Rosinver, Frateromar, BTL, Bodegas Stratvs y Centro Deportivo Fariones SL.

Según la acusación, durante un periodo de al menos 18 años, Rosa, a través de varias sociedades y de sus familiares, habría estado tomando decisiones contrarias al interés de la propia sociedad hotelera para beneficiar a sus propios intereses, vaciándola de patrimonio, y lo habría hecho desviando dinero, hipotecando el hotel, acumulando deudas con organismos oficiales como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, haciendo ampliaciones de capital para disminuir el control de su socio, emprendiendo las obras de remodelación de forma unilateral o con la imputación deudas artificiales.

Todo esto lo habría hecho ocultando información a sus socios, realizando juntas generales ficticias o expidiendo certificaciones falsas. Llegaron a rebajar del 25 por ciento al 24,99 por ciento la participación de García Bravo y así esta sociedad perdió su derecho a acceder a la contabilidad societaria. También les ocultaron los libros de actas y otra información básica. Los socios aseguran que “la situación derivó en que durante numerosos ejercicios la entidad tuviera un resultado financiero negativo y un riesgo financiero que superaba el valor de su principal activo, el Hotel Los Fariones”.

El quebranto para la sociedad, según la acusación particular, se eleva hasta los 42,2 millones de euros, de los que 20 millones serían por las obras ejecutadas recientemente en el establecimiento hotelero. Según el escrito de acusación de Fiscalía, los Rosa otorgaron entre 2004 y 2016 préstamos no documentados a favor de sociedades vinculadas a ellos mismos con un interés inferior al legal. El perjuicio por este concepto sería de 1,7 millones de euros. También hipotecaron el hotel, utilizándolo como aval o garantía en 25 operaciones escrituradas a favor de entidades vinculadas a la familia, “o incluso en beneficio exclusivo de la persona física de alguno de los acusados o de personas de su entorno cercano”. Estas operaciones se hicieron entre 2014 y 2016 y supusieron un riesgo conjunto para la entidad de al menos 48 millones de euros, una cifra superior al valor tasado del hotel. Incluso continúa hipotecado hoy en una cantidad a determinar, entre 1,6 y 7,5 millones.

En marzo de 2014 enajenaron por escritura pública todas las acciones que Hotel Fariones tenía en la sociedad Lanzasuiza (propietaria del antiguo Hotel La Perla), a personas con las que tenían, al menos, intereses económicos por un importe inferior al valor de mercado. Según la acusación particular, uno de ellos sería el empresario Rafael Lasso, que compró 970 acciones por un precio de 645.000 euros que ni siquiera pagó. La operación fue mucho mayor y el quebranto por este concepto sería de otros nueve millones.

En este sentido, había ocho locales en ese inmueble de La Perla que se cedieron para su explotación a la sociedad Salmepa, que solo controla la familia Rosa y no sus socios. El perjuicio suma casi 900.000 euros. También a Salmepa le arrendaron un local en el Centro Deportivo Fariones por 1.500 euros cuando después esta sociedad lo alquilaba por una media de 6.000 euros.

Además, desde 2012, Hotel Fariones contrata a otras empresas del grupo de Juan Francisco Rosa (Hotel Princesa Yaiza SA y PY. Hotels & Resorts) “injustificadamente y en provecho de estas los servicios de management y marketing de la actividad de la sociedad para los ejercicios 2014 a 2016, lo que ha supuesto para la entidad un nuevo perjuicio por el abono innecesario de estos servicios impuestos de, al menos, 849.359,77 euros”, señala el escrito de Fiscalía.

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La sociedad sufrió otro grave perjuicio, ya que acumuló deudas de casi siete millones con las administraciones públicas, cuyo impago supuso un sobrecoste en intereses, recargos y sanciones. Entre 2008 y 2016 acumuló una deuda de 3,3 millones por el impago de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores. En enero de 2014 tuvieron que hipotecar de nuevo el hotel para garantizar un aplazamiento de la deuda.

Tampoco pagaron el IGIC a la Administración Tributaria Canaria, llegando a una deuda de 1,2 millones. A la Agencia Tributaria no le pagaron las retenciones del IRPF de sus trabajadores entre 2009 y 2014, acumulando una deuda de más de un millón, y finalmente acabaron debiendo 1,2 millones de euros al Ayuntamiento de Tías “por los distintos impuestos municipales devengados derivados de su actividad hotelera en el período comprendido entre 2008 y 2016”.

Sobrecostes

El Hotel Fariones cerró en el último trimestre de 2016 con cuatro estrellas y volvió a abrir, completamente remodelado y convertido en un hotel de cinco estrellas. Según señala la acusación, Juan Francisco Rosa y otros acusados acordaron esta reforma de forma unilateral, sustrayendo al decisión “del pertinente control y autorización de la Junta General de accionistas y sin plan de viabilidad alguno”.

Las obras tenían un presupuesto inicial de 16,9 millones de euros y debían estar terminadas en mayo de 2018, pero acabaron costando 33 millones y el hotel abriendo en septiembre de 2020. Entre los perjuicios para el accionista minoritario se detallan: un sobrecoste de ejecución de obras sin justificar superior a los 16 millones de euros y un lucro cesante por la falta de inicio de la actividad en la fecha acordada de al menos dos millones.

También se destaca un sobrecoste de financiación de 2,6 millones “al tener que acudir, dada la crítica situación financiera de la entidad que imposibilita concesión de nuevos préstamos bancarios ordinarios, a una entidad de fondo capital riesgo extranjero que exige, entre otros conceptos, diferenciales de tipo de interés muy altos y fuera de mercado, y que implica además la constitución de una nueva hipoteca sobre el hotel a favor de dicho inversor; así como una aparente deuda millonaria con las entidades vinculadas, ahora prestamistas de la entidad, por la financiación concedida a la sociedad por el importe restante del coste definitivo de las citadas obras”.


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El empresario Juan Francisco Rosa se enfrenta a un nuevo juicio, esta vez junto a dos de sus hijos y otros miembros de su familia, acusados de delitos societarios, de apropiación indebida y de falsedad documental. La causa se inició en 2017, a raíz de una querella presentada por sus socios en el hotel Fariones, García Bravo e Hijos SL., Ahora, tras culminar la instrucción y recibir los escritos de acusación, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife acaba de ordenar la apertura de juicio oral.

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En el auto, fechado el pasado 23 de noviembre, el magistrado Jerónimo Alonso impone además elevadísimas fianzas a los cinco acusados, para cubrir la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados. En el caso de Juan Francisco Rosa, le da 24 horas para depositar algo más de 57 millones de euros, con la advertencia de que en caso de que no lo haga, “se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma”.

Además, también reclama esa fianza de 57.056.285 euros a los dos hijos de Rosa acusados en la causa, Raquel y Andrés Rosa Caraballo. Para ellos, la Fiscalía pide dos años de cárcel en su escrito de acusación, mientras que la acusación particular eleva la petición a 11 años de prisión, al considerarlos no solo cooperadores necesarios de los delitos, sino también coautores.

Los otros dos procesados son Anselmo Rosa Perdomo y Rosa María Rosa Martín, a quienes también se les ha exigido ya que depositen una fianza por importe de 29.995.471 euros cada uno. Ambos se enfrentan a una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y de 11 años de prisión por parte de la acusación particular.

En cuanto a Juan Francisco Rosa, la Fiscalía le señala como el autor material de los delitos investigados, precisando que los otros cinco acusados “seguían sus instrucciones”. Así, pide para él la mayor pena, de 4 años de cárcel, frente a los 2 años que solicita para el resto, por dos delitos continuados societarios y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por García Bravo e Hijos S.L, añade a esos delitos el de apropiación indebida o, alternativamente, el de administración desleal, por lo que eleva la petición de penas a 11 años de prisión, que es la misma que solicita para todos los acusados. Para todos ellos también reclama que sean condenados al abono de multas económicas de cientos de miles de euros.

Además, tanto la acusación particular como la Fiscalía les exigen la devolución del dinero que desapareció de las cuentas de la empresa Hotel Fariones S.A., en perjuicio de sus socios, la familia García Bravo, que tenía el 25% de la sociedad.

De la devolución de ese dinero también solicitan que respondan varias empresas de Juan Francisco Rosa, así como otros particulares que se beneficiaron de las operaciones presuntamente delictivas, como el empresario Rafael Lasso Cabrera. De momento, el auto de apertura de juicio oral ya exige a BTL Lanzarote y Bodegas Stratvs que depositen una fianza de 57 millones de euros, como responsables civiles subsidiarias, mientras que a Centro Deportivo Fariones SL, Rosinver SL y Frateromar SL. les reclama fianzas de entre 27 y 29 millones de euros.

La acusación particular también incluye como responsable civil a otra de las hijas de Juan Francisco Rosa, Noelia Rosa Caraballo, por su intervención en una “supuesta Junta General Universal” de Hotel Los Fariones SA, en la que se acordó aumentar el capital social con una nueva acción por la que Noelia Rosa pagó 601 euros. La familia García Bravo pide que se anule el acta, la certificación y la escritura pública de esa “supuesta Junta” a la que no fueron convocados, y que fue clave para reducir su participación en la sociedad.

Junto a esa Junta, la acusación particular reclama que se anulen decenas de acuerdos, escrituras y actas de juntas que sostiene que se realizaron a sus espaldas o que incluso se elaboraron con posterioridad, para dar cobertura a las acciones que se habían venido llevando a cabo a sus espaldas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los cinco acusados, “miembros de la misma familia, puestos previamente de acuerdo y actuando conjuntamente siguiendo las instrucciones" de Juan Francisco Rosa, se valieron de los cargos que ostentó cada uno en distintos periodos y actuaron “con claro ánimo de favorecer a sus intereses personales, familiares y patrimoniales y a sabiendas del perjuicio económico que irrogaba a la sociedad y al socio minoritario de la misma, la entidad mercantil García Bravo, S.L.”.

Entre otras cosas, desviaron fondos de la empresa Hotel Fariones a otras sociedades de Juan Francisco Rosa y de su familia, en concepto de supuestos préstamos que no documentaron y que solo empezaron a pagar años después, a requerimiento de sus socios y con un interés inferior al legal. Además, mientras tanto dejaron de pagar impuestos a distintas administraciones públicas, lo que generó “constantes, cuantiosas y vencidas deudas públicas”, que provocaron el pago de abultados intereses, recargos y sanciones.

Además, también utilizaron el hotel Fariones como aval y garantía de hipotecas y préstamos, tanto para sus otras sociedades como de carácter personal, a favor del propio Juan Francisco Rosa y de “personas de su entorno cercano, pero en todo caso ajenas al socio minoritario y al propio objeto de la entidad”. De hecho, a día de hoy el hotel sigue hipotecado con una escritura pública en favor de Salmepa SL (hoy BTL Lanzarote).

A esto se suma también la venta de una sociedad propiedad de Hotel Los Fariones SA, Lanzasuiza SA, “a personas con las que tenían, al menos, intereses económicos, por importe inferior al valor de mercado”, sin que además la empresa llegara a cobrar “la integridad del precio consignado”. Parte de esas acciones terminaron en manos de Rafael Lasso, que debía pagar 645.079,10 euros, pero según la acusación “no abonó importe alguno”. Por eso, pide que este empresario responda como responsable civil, devolviendo esas acciones a la empresa o, en caso de que ya no estén en su poder, resaciendo económicamente a la sociedad con el importe por el que las vendió.

Entre los presuntos hechos delictivos, la Fiscalía también incluye las obras del hotel Fariones, cuyo presupuesto se terminó duplicando. Además, cedieron durante años un total de ocho locales que pertenecían Lanzasuiza, “sin justificación y gratuitamente”, a Salmepa, que los arrendaba a terceros en su propio beneficio.

Esta misma entidad se benefició de otro local propiedad de Hotel Los Fariones SA, en este caso alquilado, pero “a cambio de una renta irrisoria y fuera de mercado de 1.500 euros mes”, según la Fiscalía. Después, Salmepa lo subarrendaba “sistemáticamente en su propio beneficio, a cambio de una renta mensual mínima de 6.000 euros al mes”.

Además, la Fiscalía también considera que incurrieron en un delito societario al subcontratar con otras entidades vinculadas a Rosa, como Hotel Princesa Yaiza S.A, “injustificadamente y en provecho de éstas, los servicios de 'management y marketing' de la actividad de la sociedad para los ejercicios 2014 a 2016”, lo que supuso para la entidad “un nuevo perjuicio por el abono innecesario de estos servicios impuestos de, al menos, 849.359 euros”.

La Fiscalía añade que “para evitar que el socio minoritario, García Bravo, S.L. descubriese las perjudiciales operaciones” que estaban llevando a cabo, los acusados “confeccionaron de forma espuria, al darle el carácter de universal”, las actas de decenas de supuestas Juntas celebradas entre los años 2001 y 2014, “cuando ni siquiera convocaron a dichas Juntas al referido accionista menor”.

Además, señala que “han ocultado u omitido llevar el pertinente libro de actas de la sociedad, sustrayendo su conocimiento incluso al Juzgado” que instruyó estas diligencias penales.

El auto de apertura de juicio oral -contra el que no cabe recurso, salvo en lo relativo a la imposición de fianzas- implica que ahora el procedimiento se remitirá a la Audiencia Provincial. Después, una vez asignada la Sala que corresponda, se deberá fijar la fecha de juicio.


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Lanzasuiza es una sociedad que pertenecía al 50 por ciento a Hotel Los Fariones y el otro 50 a Apartahotel Fariones. La primera tiene como socio minoritario a la empresa García Bravo e Hijos y la segunda no. Su activo era el Hotel La Perla, o más concretamente el terreno donde estaba el hotel, que se vendió. García Bravo e Hijos señala en el escrito de acusación contra sus socios que la operación de compraventa fue realizada sin su conocimiento ni consentimiento.

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En esa acusación, señala que entre las hechos fraudulentos por parte de la familia Rosa en la gestión de esta sociedad está su venta en marzo de 2014. Las 12.940 acciones se vendieron a dos empresas: Lanzagrava, de Demetrio Rodríguez, y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote, de Joaquín Barber, y el resto, el 15 por ciento, a Rafael Lasso. Toda la operación fue de 8,6 millones y a Hotel Fariones le correspondió la mitad. Según los García Bravo, “un precio notoriamente inferior a su valor de mercado” y que, además, se destinó en parte a liquidar deudas personales de Juan Francisco Rosa y de sociedades del grupo.

El terreno tenía un valor contable de 4,1 millones, pero unos meses antes de la venta, Lanzasuiza había encargado una tasación pericial realizada por un especialista en tasaciones hipotecarias que lo fijaba en 19,4 millones de euros con una edificabilidad de 24.000 metros cuadrados.

Hay dos informes periciales más, una de 2017 de 16,3 millones y otra que tiene en cuenta mayor edificabilidad gracias al Plan de modernización de Puerto del Carmen, que eleva el precio hasta 24 millones.

Tanto Barber como Lanzagrava pagaron una parte sustancial asumiendo tres deudas que tenía Lanzasuiza: una con Caixabank, otra de Banco Santander y otra con el Ayuntamiento de Tías.

Sin embargo, según el escrito de acusación, Lanzasuiza no debía cantidad alguna, sino que solo aparecía en esas operaciones como “hipotecante no deudora” de créditos concedidos a sociedades del grupo de Juan Francisco Rosa, como Salmepa y Construcciones y Urbanizaciones Insulares.

Pero hay más. En el escrito de acusación se detalla que el pagaré por importe de 490.469 euros, que libró la entidad Lanzagrava como parte del pago, no se ingresó en las cuentas de Hotel Los Fariones, sino de BTL, que solo es de Juan Francisco Rosa.

Por otra parte, según la acusación, la otra compradora aún no ha pagado la parte del precio que podía pagar de forma aplazada a pesar de que han pasado ya los cinco años estipulados “y no consta que Hotel Los Fariones haya realizado reclamación alguna al respecto”.

La parte de Lasso, 645.000 euros, que ha sido socio de Rosa en otros negocios, tampoco se habría abonado. Lasso suscribió con Raquel Rosa un contrato en 2016 por el que otra sociedad asumía esa deuda. Aportó unos pagarés de unos 100.00 euros y el resto quedaba por pagar. Pero Lasso y Rosa firman un otorgamiento de carta de pago no fechado por el que Rosa reconocía que ni Lasso ni la otra entidad le debían importe alguno. Ese documento se asoció a un pagaré de medio millón de euros que, según Lasso, había sido un préstamo personal de su parte a Rosa.

El beneficio para el grupo de Juan Francisco Rosa no acaba ahí. El mismo día que venden la sociedad Lanzasuiza, las partes suscriben un documento privado en el que se hacía mención expresa a la existencia de un proyecto de ejecución de oferta complementaria con aparcamientos en ese terreno, y se procedía a compensar la deuda aplazada por ambas empresas con un local de 200 metros cuadros y diez plazas de garaje, que no revirtieron en el patrimonio de Hotel Los Fariones.

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El presunto fraude denunciado con esta sociedad, en cualquier caso, ya se habría estado llevando a cabo antes de su venta. También se denuncia el desvío de ingresos de ocho locales que había en la planta baja de La Perla, que pertenecían a Lanzasuiza pero que esa sociedad cedió en explotación gratis a Salmepa, que alquilaba los locales y los cobraba entre 2003 y 2014. Por este concepto, los García Bravo calculan un perjuicio económico de casi 900.000 euros.


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Las recientes obras de reforma del hotel Los Fariones no solo incurrieron en incumplimientos urbanísticos, sino que también generaron un agujero económico en las cuentas de la sociedad, llegando a alcanzar un supuesto sobrecoste de más de 16 millones de euros, sin que esté claro que ese gasto fuera real. “Con esta actuación, los acusados pretendían eliminar la huella de los delitos previos”, sostiene el socio minoritario de la empresa, García Bravo e Hijos SL, en su escrito de acusación contra Juan Francisco Rosa y otros cuatro miembros de su familia.

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Tanto la acusación como la Fiscalía subrayan que esa “aparente macroactuación edificatoria” se ejecutó “sin plan financiero, económico y mucho menos sin someterla a aprobación de la Junta General de accionistas”, de la que formaba parte García Bravo e Hijos SL, que considera que se realizaron “pagos no justificados a día de hoy”.

Además, las mismas empresas de Rosa a las que Hotel Los Fariones llevaba años prestando dinero o avalando en créditos, como BTL Lanzarote, terminaron apareciendo como supuestas acreedoras de la mano de esas obras.

Según la Fiscalía, se generó “una aparente deuda millonaria” con esas sociedades, “ahora prestamistas de la entidad”, que supuestamente financiaron “el importe restante del coste definitivo de las obras”, tras duplicarse el presupuesto.

Cuando se inició la reforma, Hotel Los Fariones SA se encontraba en una “crítica situación financiera”, según sostiene la acusación, debido al dinero que los administradores habían estado desviando durante años a otras sociedades del grupo Rosa.

Así, Los Fariones SA no pudo disponer de sus propios fondos para acometer la obra y tampoco pudo acogerse a préstamos bancarios ordinarios, por lo que inicialmente tuvo que recurrir a “fondos buitre”. La acusación cifra en 2,6 millones de euros solo lo que tuvo que abonar de más en intereses de ese préstamo, teniendo también que constituir una nueva hipoteca sobre el hotel. Después, llegaron las supuestas aportaciones de otras empresas de Juan Francisco Rosa para cubrir los sobrecostes.

“El objetivo real de esta actuación rehabilitadora innecesaria, injustificada y carente de acuerdo válido societario que la avalase, no es otro que el de continuar con el vaciamiento patrimonial de Hotel Los Fariones SA., así como la imposición de hipotéticas deudas artificiales, ad hoc, carentes de todo tipo de control, supervisión y justificación”, añade en su escrito de acusación.

Además, subraya que “resulta llamativo” que BTL terminara siendo acreedora de Los Fariones SA, cuando esa empresa accedió en 2008 a un préstamo grabando para ello al propio hotel. “Sin esta carga, Hotel Los Fariones SA podría haber accedido a una adecuada financiación y evitar la dependencia del grupo Rosa”, subraya la acusación particular, que considera que esas obras de reforma son “un hito fundamental para conocer el modus operandi de los acusados”.

Al respecto, señala que “viendo la trama criminal en conjunto”, se aprecia “una hoja delictiva planificada” que pretendía “expulsar al socio minoritario”.

“Una vez se destruye la solvencia de la sociedad, bien sea por el continuo vaciamiento patrimonial o bien por el quebranto de la capacidad financiera, la sociedad queda a merced de las sociedades del llamado Grupo Rosa”, concluye. Y es que los administradores, todos miembros de la familia Rosa, también recurrieron a diversas ampliaciones de capital presuntamente ilegales, con las que redujeron la participación de García Bravo e Hijos SL.

El propio auditor se refirió en un informe a la “esperpéntica desviación de la obra”, según subraya la acusación particular en su escrito. Inicialmente, según la memoria del proyecto, el presupuesto era de 16.959.606,57 euros. Sin embargo, la empresa fue modificando esa cifra en la información que aportaba ante distintos organismos, como entidades bancarias y organismos públicos, ante los que pidió subvenciones para la obra.

Por ejemplo, en 2016 se acogió a incentivos regionales señalando que la inversión era de 27.359.236 euros (cerca de 11 millones más de lo presupuestado inicialmente), “lo que determinó el otorgamiento de una subvención a fondo perdido de 5.198.254,84 euros”. Además, en los documentos para solicitar un préstamo hipotecario elevó el coste de la obra hasta los 33.066.955 euros.

Después, ya durante la instrucción de esta causa, un informe pericial de parte, elaborado por la entidad PWC, aumentó aún más el supuesto coste de las obras, cifrándolo en 41.737.842 euros. En ese informe, sostenía además que BTL Lanzarote SL habría realizado unos “desembolsos dinerarios” de 23.359.593 euros y asumido unos “costes de mantenimiento y gestión” de 1.065.584 euros.

“Esta conclusión se fundamenta en los datos 'extracontables' aportados por la entidad Hotel Los Fariones, S.A. que, sin embargo, son absolutamente desconocidos, incluso para el propio auditor, por lo que no existe justificación de su realidad”, señala la acusación particular.

A esto añade además el perjuicio que supuso el propio cierre del hotel, que se acordó “unilateralmente, sustrayéndolo del pertinente control y autorización de la Junta General de accionistas y sin plan de viabilidad alguno, en nuevo claro perjuicio del socio minoritario”.

“Las obras comenzaron a ejecutarse, con el cierre del hotel, en el mes de noviembre de 2016 y su finalización estaba prevista para mediados del año 2018, pero el retraso en la ejecución motivado por la total ausencia de ficha financiera previa, así como la ausencia de contratos de ejecución material con terceros, determinó que la reapertura del hotel Los Fariones se retrasara hasta el mes de septiembre de 2020”, añade la acusación particular, que insiste en que “la ejecución de las obras supuso unos pagos no justificados a día de hoy”, con los que considera que se intentaba disfrazar el vaciamiento previo que los administradores habían hecho de las cuentas.


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“Pocas veces nos hemos encontrado con un auto tan descriptivo y tan exhaustivo que, poniéndolo además en consonancia con la complejidad de la investigación, denota no solo un conocimiento riguroso de lo actuado, sino la plasmación de un juicio valorativo más que razonado y razonable acerca del resultado de la instrucción”. Con esa contundencia ha avalado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas la nueva causa que llevará al banquillo al empresario Juan Francisco Rosa, junto a cuatro miembros de su familia, por presuntos delitos de apropiación indebida, delitos societarios y falsedad documental en la gestión del Hotel Los Fariones.

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Dos de los acusados, Anselmo Rosa y Rosa María Rosa, presentaron un recurso intentando quedar ambos fuera de la causa, pero la Audiencia lo ha rechazado, imponiéndoles además el pago de las costas generadas.

Concretamente, pretendían que se anulara el auto del Juzgado Número 2 de Arrecife que puso fin a la instrucción el pasado mes de marzo, y que abrió el plazo para presentar los escritos de acusación. “No puede sostenerse que el auto impugnado esté falto de motivación”, acaba de responder ahora la Audiencia, que considera que hay suficientes indicios de criminalidad en todos los acusados para continuar el procedimiento.

Mientras se esperaba la resolución de ese recurso, la causa había seguido su curso y el pasado 23 de noviembre, el juez ya había ordenando la apertura de juicio oral, tras recibir los escritos de acusación. En ellos se piden hasta 11 años de cárcel para cada uno de los acusados por parte de la acusación particular; y 4 años de prisión para Juan Francisco Rosa y 2 para el resto de procesados por parte del Ministerio Fiscal. Además, el juez Jerónimo Alonso ha exigido ya unas fianzas millonarias a todos los acusados, para cubrir la responsabilidad civil a la que podrían ser condenados. En el caso de Juan Francisco Rosa, le reclama que deposite ya 57 millones de euros.

Contra ese último auto ya no caben recursos, salvo en lo relativo a las fianzas, pero sí era susceptible de recurso el anterior. Sin embargo, el intento de dos de los acusados, al que se opusieron tanto la Fiscalía como la acusación particular, acaba de ser rechazado.

En su respuesta, la Audiencia no solo alaba la actuación del magistrado instructor, sino también los argumentos del querellante y socio de Rosa, García Bravo e Hijos SL, que estuvo representado en este trámite por el letrado penalista Samuel García. “También resulta exhaustivo el escrito de la parte querellante oponiéndose a la apelación, con singular referencia fáctica y documentada que fortalece más si cabe la conclusión alcanzada por el juez instructor”, señalan los magistrados de la Sección Primera.

Respecto a lo que arrojó esa instrucción, la Audiencia Provincial se refiere a “una trama orquestada por un grupo familiar”, con Juan Francisco Rosa a la cabeza, que gestionó la empresa de la que eran socios mayoritarios “en detrimento de los intereses de la sociedad y por tanto del socio minoritario”, Gracia Bravo e Hijos SL, que fue quien denunció los hechos en la vía penal.

“Es objeto de investigación conductas presuntamente constitutivas de delitos de apropiación indebida, societarios en sus diversas proyecciones de administración desleal, falseamiento de cuentas anuales, denegación de información societaria, imposición de acuerdos abusivos en detrimento de socios minoritarios, así como delito de falsedad documental en relación a la simulación de juntas inexistentes”, recuerda la Audiencia.

Al respecto, subraya que hay “más de una veintena de operaciones que se han ido singularizando con riqueza documental a lo largo de la instrucción de una causa”, y que incluyen préstamos otorgados por Hotel Fariones SA a otras empresas de Rosa, así como el uso del hotel como aval y garantía de créditos que nada tenían que ver con esa sociedad. Además, también se describen ventas de su patrimonio a un precio presuntamente muy inferior al real, y sin que ni siquiera esas cantidades llegaran a ser ingresadas en las cuentas de la empresa. Y todo ello, según la acusación, ocultando toda esa información a sus socios y falseando la contabilidad o incluso simulando la celebración de Juntas, que hubieran sido obligadas para adoptar esos acuerdos, y a las que nunca fue convocada la familia García Bravo.

En su recurso, Rosa María y Anselmo Rosa sostenían que no había suficientes indicios contra ellos dos y pedían el sobreseimiento de las actuaciones “en base al papel que habrían desarrollado ambos”. Además, defendían que desde 2013 “ninguno de los dos” había tenido “intervención en los hechos, al estar desvinculados de la administración de dicha sociedad”, que a partir de esa fecha continuó gestionada por Juan Francisco Rosa, pero acompañado desde entonces por dos de sus hijos -Raquel y Juan Andrés Rosa-, que también están acusados en la causa.

Respecto a los años previos que también se investigaron, en los que Rosa María y Anselmo Rosa sí figuraron como admistradores, alegaban que el querellante, que era socio minoritario del Fariones, sí tuvo “en todo momento conocimiento de la llevanza de la sociedad”.

Además, cuestionaban que en el auto que puso fin a la instrucción se incluyeron hechos que no fueron objeto de la querella inicial ni de la posterior ampliación, y apelaban también al estado de salud de uno de ellos, insistiendo en que no había indicios suficientes para someterlo a “la pena del banquillo”.

Todos estos argumentos han sido desestimados por la Audiencia Provincial, que comienza señalando que “el estado de salud de uno de los investigados no puede constituir un criterio rector que deba modular el alcance de la decisión que se deba adoptar en este momento acerca de si existen o indicios racionales de criminalidad”.

Además, insiste en que el trámite para llevar la causa a juicio “no se basa en consideraciones de parte, ni en meras conjeturas, ni en un ejercicio voluntarista da la función encomendada al juez instructor, sino en un juicio analítico exhaustivo que realiza el mismo de forma imparcial y objetiva”. “Lo sustancial es que la instrucción arroja indicios suficientes como para sostener un relato inculpatorio en fase intermedia, estando por ello más que justificada la apertura del juicio de acusación”, añade.

En cuanto al hecho de que el procedimiento haya terminado llegando mucho más allá de lo que se plasmaba en la querella inicial, la Audiencia tacha de “infundadas” las “quejas” de los recurrentes. “El objeto de la investigación penal es por esencia dinámico, en la medida en que lo que deba constituir la instrucción no puede quedar circunscrito a los hechos puestos de manifiesto en la querella y/o denuncia, sino a todos los que con relevancia jurídico penal se deriven de las diligencias de investigación y frente a los cuáles la defensa de los imputados haya tenido ocasión de defenderse”, recuerda.

Respecto al “supuesto conocimiento por parte de la querellante de todas esas operaciones”, señala que además de ser un “argumento unilateral”, que podrán intentar alegar en su defensa en el juicio, tampoco puede llevar a sobreseer las actuaciones cuando existe “una aparente dinámica de falseamiento de la realidad contable” de la empresa.


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NotaPublicado: Jue 16 Dic, 2021 5:01 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

La causa que volverá a sentar a Juan Francisco Rosa en el banquillo de los acusados ha vuelto a ser respaldada por otra sección de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que alaba incluso la “excelente motivación” en todos los autos dictados por el juez instructor, Jerónimo Alonso. Esta vez ha sido la Sección Sexta, la misma que absolvió a Rosa en el caso Stratvs, la que ha confirmado que hay indicios de criminalidad, rechazando así el recurso que presentó el empresario contra el auto que puso fin a la instrucción y que abrió el trámite para llevarla a juicio.

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Esta resolución, que le impone además el pago de las costas, se suma a la dictada hace unos días por la Sección Primera de la Audiencia, que rechazó también los recursos de otros dos acusados en la causa, Anselmo Rosa y Rosa María Rosa. Junto a ellos, están también procesados dos hijos de Juan Francisco Rosa, y los cinco deberán responder por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida y de falsedad documental en la gestión de Hotel Los Fariones SA, en perjuicio de su socio, García Bravo e Hijos SL, que fue quien denunció los hechos y ejerce la acusación particular.

En su auto, la Sección Sexta de la Audiencia repasa no solo las distintas operaciones investigadas y presuntamente delictivas, sino también la declaración que prestó Juan Francisco Rosa en los Juzgados durante la instrucción.

Ante la queja que planteaba el empresario en su recurso, alegando que se han incluido hechos que no estaban recogidos en la querella inicial y por los que no se le preguntó en su declaración durante la instrucción, la Sala responde subrayando que en esa declaración, Rosa se negó a responder a las preguntas de “la única acusación que compareció en su interrogatorio”.

“Igualmente parecen existir indicios sobre la posible falsedad de las actas de las Juntas, ello acudiendo de nuevo a la declaración del encausado Sr Rosa Marrero, quien señaló que estas Juntas las celebraran Honorio (padre) y él, en la barra del Hotel Fariones, no recordando si existía o no convocatoria”, señala el auto. “Las Juntas eran en el Hotel Fariones y acababan Honorio con 4 whisquies y yo con 5 gin tonics”, añadió Juan Francisco Rosa en esa declaración.

Según su testimonio, que reproduce la Audiencia en su auto, “luego se reunían y se firmaban todas las actas, una o dos al año”. Rosa añadió que las firmaban “todos”, entre los que se incluía él mismo, sus primos, “Honorio padre” -ya que afirmó que “con el hijo solo se ha empezado a reunir desde 2013 o 2014”- y “poco más”. Sin embargo, la familia García Bravo precisamente denuncia que no era convocada a las Juntas y que esas actas fueron falsificadas. Por su parte, la Sección Sexta se remite a lo que establece la Ley de Sociedades de Capital sobre “la forma de aprobación de las actas”, que dista mucho del relato hecho por el empresario.

A esto, la Audiencia añade que también ve indicios de criminalidad en los aumentos de capital efectuados “para diluir la participación de “García Bravo” en Hotel Los Fariones. Al respecto, recuerda que Garcia Bravo e Hijos SL ostentaba una participación del 25%, que es justo el límite que establece la Ley para tener derecho de acceso a toda la información, sin que se le pudiera denegar.

De nuevo, en este punto el auto se vuelve a remitir a la declaración de Rosa, que en respuestas a su abogado afirmó que esa ampliación se hizo “porque hacía falta dinero”, y no para reducir la participación de su socio. “Recordemos que el auto tilda de sospechosas dos ampliaciones por importes de 1.663.860 pesetas (9.999,64 euros) y 600,01 euros”, ya que “estas cantidades no parecerían paliar (por ser ciertamente pequeñas) la falta de dinero”, apunta la Sección Sexta de la Audiencia.

El auto repasa las distintas operaciones investigadas, incluyendo préstamos a otras empresas de Rosa -que no se documentaban ni se devolvían-, así como el uso del hotel como aval y garantía de créditos que nada tenían que ver con la sociedad, mientras Los Fariones acumulaba una deuda millonaria en impuestos y tributos impagados a la Agencia Tributaria, a la Seguridad Social y al propio Ayuntamiento de Tías.

En uno de los casos, subraya que se constituyó una hipoteca “unilateral” para garantizar una deuda personal que Juan Francisco Rosa mantenía a su vez con la Agencia Tributaria, por valor de más de 462.000 euros. El acta de la “supuesta junta” celebrada para aprobarlo la firmó como presidenta la hija de Juan Francisco, Raquel Rosa Caraballo, “cuando dicho cargo no lo ostentó sino hasta el 22 de diciembre de 2014”.

Como ésa, la acusación sostiene que se simularon decenas de juntas, a las que nunca fue convocado el socio minoritario. Lo que cree es que se fingieron después para dar cobertura a decisiones que habían adoptado en contra de los intereses de la sociedad, y que debían haberse aprobado en ese órgano.

También se refiere el auto a la “fraudulenta venta por los administradores de Hotel Los Fariones de las acciones de las que era titular en Lanzasuisa S.A. por 4.302.000 euros, inferior a su valor de mercado”, subrayando además que ese dinero “se destinó en parte a liquidar deudas de Juan Francisco Rosa”.

En su recurso, el abogado de Juan Francisco Rosa, José Antonio Choclán Montalvo, pedía por un lado el sobreseimiento de las actuaciones, mientras al mismo tiempo alegaba que la instrucción “no estaba agotada”.

Respecto a la petición de sobreseimiento, la Audiencia responde que “parece poco conciliable con la 'denuncia' de falta de diligencias”. Además, concluye que analizada la causa, “se antoja evidente que en modo alguno cabe acordar el sobreseimiento”.

En cuanto a nuevas diligencias que seguirían alargando el procedimiento, Rosa pedía entre otras cosas que se “ratificaran” en sede judicial los informes periciales de parte que aportó él mismo, y que se pusieran “a disposición del perito judicial”. “No alcanzamos a comprender qué interés tiene para la investigación el que el perito judicial conozca la existencia de otras tasaciones distintas a la suya”, responde la Audiencia.

“Lo que no parece lógico es que, después de casi cuatro años de instrucción, sea pertinente y útil a los fines de la investigación la aclaración y ampliación de un informe pericial, lo que además puede hacerse en el juicio”, añade el auto, que tacha de “desproporcionada” esa solicitud. Además, añade que analizada la causa y los “indicios de criminalidad”, el resultado de la diligencia interesada “en nada haría variar la decisión” del juez de dar por terminada la instrucción y de iniciar el trámite para llevarla a juicio.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com