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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 5:38 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El nuevo juicio del caso Montecarlo ha arrancado este lunes con la confesión del ex interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, que ha reconocido delitos de malversación y prevaricación en los pagos que autorizó a las empresas Inelcon y Señalcon, entre los años 2008 y 2012. Ambas cobraron en ese periodo 3,6 millones de euros del Consistorio, de los que más de 800.000 corresponderían a facturas infladas y a servicios no prestados, según la Fiscalía.

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Saenz ya había confesado en las otras dos piezas del caso Montecarlo que habían ido a juicio, al igual que el resto de políticos y empresarios acusados. Sin embargo, en ésta ha sido el único que ha admitido los delitos, y tanto el empresario Carlos Lemes, como los cargos públicos y técnicos acusados, entre los que se encuentran José Montelongo, Isabel Martinón, Víctor Sanginés, Eduardo Lasso, Alberto Juan Morales, Miguel Ángel Leal, José Nieves Caraballo, Penélope Tabares García e Isidro Hernández Fuentes, defenderán su inocencia durante el juicio, que se prolongará hasta el mes de junio.

En su confesión, Sáenz ha evitado implicar directamente al resto de acusados, pero el reconocimiento de que se malversó dinero público afectará a la defensa del resto, especialmente en el caso de los que intervinieron de forma más directa en los pagos y en los cobros.

"Si, son ciertos", ha respondido Sáenz cuando le han preguntado por los hechos que se le imputan, añadiendo que con lo que no está "de acuerdo" es con la pena que se pide para él -de seis años de prisión-, que podría rebajarse el último día del juicio, cuando la Fiscalía presente sus conclusiones finales.

A continuación, el interrogatorio de la fiscal se ha centrado en pedirle que detallara el procedimiento administrativo hasta que se autoriza el pago de una factura en el Ayuntamiento, que en este caso se incumplió en varios aspectos, y también le ha preguntado por el fraccionamiento de pagos. "Está prohibido. No se puede fraccionar un pago para eludir un procedimiento de contratación", ha respondido el ex interventor, admitiendo que "en algunos casos" firmó autorizando el pago, a sabiendas de que las facturas se habían fraccionado.

Esto, según ha recordado él mismo, se hace "para saltarse el procedimiento" y no sacar la adjudicación a concurso, ya que la ley establece un límite para la adjudcación directa, que esa época estaba establecido en 18.000 euros para los contratos de servicios y en 50.000 euros para los contratos de obras.

"Venían con prisa. Se supone que eran cosas urgentes", ha justificado Sáenz, para explicar por qué autorizó esos pagos. No obstante, después no ha querido precisar quién "le metía prisas", cuando le ha preguntado por ello la abogada de la acusación popular. "Podía ser un político. Normalmente eran los técnicos...", ha respondido. "¿Pero eran los acusados?", ha insistido la letrada. "Y muchos más", ha contestado, apostillando después que "no necesariamente ellos, pero algunos sí".

El ex interventor también ha admitido que "en algunas facturas" se añadió "indebidamente" un 22% más al importe, cargando un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, como si se tratara de facturas de obras, cuando eran de servicios, en las que no se incluyen estos conceptos.

En su declaración, Sáenz también ha asegurado que él no tenía relación con el empresario. Con respecto si la tenían el resto de acusados, ha afirmado que lo desconoce. También ha negado que el que era entonces concejal de Hacienda, José Montelongo, le diera indicaciones para incluir las facturas de Inelcon y Señalcon en un listado que se llevó a Pleno para un reconocimiento extrajudicial (que es la vía para pagar facturas que no han cumplido el procedimiento establecido). "Ni yo lo hubiera permitido", ha apostillado Sáenz, que en otras causas sí ha confesado haber actuado en connivencia con otros cargos públicos, e incluso reconoció haber cobrado sobornos.

Además de en tres piezas anteriores del caso Montecarlo -una centrada en San Bartolomé, otra en Arrecife y una más en el Ayuntamiento majorero de La Oliva, donde también fue interventor- Sáenz también fue condenado en el caso Unión, y actualmente se encuentra cumpliendo condena, aunque ha llegado a la vista por sus propios medios, por lo que podría estar disfrutando de un permiso penitenciario. Para el resto de sesiones, ha pedido no estar presente, y la Sala lo ha autorizado.

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El juicio, que se celebra en Arrecife ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ha comenzado con la presentación de las cuestiones previas por parte de las defensas, y todas -salvo la de Carlos Sáenz- han invocado supuestas causas de nulidad, alegando que se vulneró el derecho de defensa durante la instrucción. Sin embargo, tanto la fiscal como la acusación popular y la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife, han recordado que esos mismos argumentos ya los plantearon al recurrir el auto que puso fin a la instrucción, y fueron rechazados primero por el Juzgado y después por la Audiencia Provincial.

En cuanto a los acusados, finalmente son 11 y no 12 los que se han sentado en el banquillo. Y es que José Antonio Cabrera Moreno, que trabajaba como electricista en el Ayuntamiento, no ha estado presente, puesto que se ha acreditado que actualmente padece alzheimer y no puede ser juzgado.

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Tampoco ha podido ser juzgado otro de los investigados durante el procedimiento, el ex alcalde del PP Cándido Reguera, ya que falleció durante la instrucción. Reguera ostentó la Alcaldía durante los años que se investigan, primero en un pacto con el PIL y el PNL, tras el estallido del caso Unión y la moción de censura contra el PSOE, y después, tras las elecciones, en alianza con los socialistas, con José Montelongo como teniente alcalde y concejal de Hacienda.

El escrito de acusación sostiene que Inelcon y Señalcon recibieron más de 3,6 millones de euros del Ayuntamiento en poco más de cuatro años, incluyendo pagos por servicios no prestados y facturas infladas. "Obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675,34 euros (Inelcon) y de 84.119,55 euros (Señalcon)", precisa la Fiscalía. Además, concluye que se fraccionaron contratos de forma ilegal para poder realizar las adjudicaciones sin sacarlas a concurso.

Entre las decenas de facturas analizadas por la Fiscalía, hay desde servicios de electricidad para distintos eventos e intervenciones en parques, en señalética y semáforos de la ciudad, hasta la contratación de batucadas y la organización de “talleres de pintura facial, talleres de caretas de carnaval, globoflexia y muñecos animados de Minnie y Mickey durante el acto Carnavalito infantil” de 2011.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 5:58 pm 
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“Ni miraba las empresas, ni miraba los importes. Únicamente me limitaba a firmar”. Eso es lo que ha declarado la que fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, Isabel Martinón, durante su declaración como acusada en la primera sesión del juicio del caso Montecarlo, por presunta malversación de caudales públicos en los pagos a Inelcon y Señalcon.

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“Yo nunca entré a examinar las facturas. Las estoy viendo ahora”, ha insistido la ex edil del PNL, cuando la fiscal ha pedido que le mostraran algunas de las facturas que autorizó.

Durante su declaración, Martinón ha defendido que ella “no era técnico”, sino concejal, y que “no conocía nada de la hacienda pública ni de derecho administrativo” cuando fue designada para llevar el área de Hacienda del Consistorio en diciembre de 2009, tras el estallido de la Operación Unión.

“Pero estaba muy tranquila porque tenía dos técnicos. Digo, me avisarán si hay algo”, ha añadido Martinón. No obstante, también ha reconocido que sí recibió advertencias de una técnico del Ayuntamiento, concretamente de la responsable del área de Compras, Elena Martín, que le trasladó hasta seis informes advirtiendo de irregularidades en las facturas.

“Coló esos escritos entre las tongas grandísimas que yo tenía que firmar todos los días”, ha apuntado Isabel Martinón, que ha reprochado su actuación a la funcionaria, porque el mismo día presentó otro escrito al alcalde, Cándido Reguera, pidiendo dejar el área de Compras “porque no podía con el departamento”.

¿Usted sabe eso y usted abandona y le pasa la papa caliente al que venga después?”, ha cuestionado la ex concejal.

Entre otras cosas, la técnico advertía en esos escritos de que no había propuesta de crédito y de que no se habían pedido otros presupuestos, pero también de que se estaban fraccionando contratos (para no superar el límite que obliga a sacarlos a concurso) y que “se había propuesto a una empresa no capacitada para ello”. Y es que aunque Inelcon es una empresa de electricidad y Señalcon de semáforos y señalética, también les adjudicaron servicios de organización de actividades en distintas fiestas, como talleres infantiles y contratación de batucadas y personal de animación.

“¿Al ver esos escritos, hizo alguna comprobación de las facturas?”, le ha preguntado la fiscal. “Yo entendí que la técnico las dejaba guardadas en un cajón”, ha respondido. Sin embargo, después de que el alcalde le quitara esa competencia a Elena Martín y la delegara en el interventor, que pasó a ser también técnico de Compras, se terminaron abonando.

“Si ya sabes que te van a relevar de tu cargo, tú eres la responsable de ir al interventor pidiendo parar esos expedientes”, ha añadido Isabel Martinón, volviendo a cargar contra la técnico.

Además, ha insistido en que todas las facturas que firmó ella llevaban ya la rúbrica del interventor. “Se suponía que el trabajo previo de fiscalización ya estaba hecho”, ha defendido.

“¿Y para qué cree que sirve la firma del concejal?”, le ha vuelto a preguntar la fiscal. “Para el buen funcionamiento de la administración pública”, ha añadido la acusada, tras unos instantes de silencio. Después, ha vuelto a insistir en que tenían “muchísimos contratos” y facturas que firmar a diario.

“Pero a la vista de los informes de la técnico, ¿no prestó especial atención para ver si era verdad?”, ha insistido la fiscal. “No, no me correspondía a mí ese trabajo. Era labor del interventor. Yo no era técnica”, ha vuelto a responder, precisando que es abogada de profesión, pero no “especializada en derecho administrativo”, si no en derecho civil.

Tras terminar el interrogatorio -en el que solo ha respondido a preguntas de la fiscal y de su propia abogada, negándose a responder a la acusación popular y a la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife-, se ha dirigido a ella el magistrado que preside la Sala. Éste le ha empezado preguntado si firmó más pagos a Inelcon y Señalcon tras leer los informes de la técnico Elena Martín, y si “no le podía haber surgido alguna duda”.

“La técnico presentó eso y a los dos días soltó la papa al resto”, ha reiterado la acusada. “Si se sienta conmigo y me dice, Isabel, ten cuidado con esto, yo fiscalizo esos expedientes. Me hubiera sentado con Elena Martín y con Carlos Sáenz, para preguntar ¿qué está pasando?”, ha añadido.

“¿Pero hizo algo?”, ha insistido el magistrado. “Di cuenta al alcalde, como responsable del órgano de contratación”, ha respondido. En esa conversación, según Martinón, Cándido Reguera le trasladó que tanto él como el interventor habían recibido esos escritos. Y, según su versión, lo único que le dijo el alcalde fue: “Nada, tranquila. Si te viene ya con la firma del interventor, quiere decir que ya se han corregido todas las irregularidades”.

Durante la primera sesión del juicio, que ha arrancado con las cuestiones previas y con la confesión del ex interventor Carlos Sáenz, solo han declarado otros dos procesados, de los 11 que se sientan en el banquillo. La primera ha sido Isabel Martinón y el siguiente el empresario Carlos Lemes, administrador de Inelcon y Señalcon.

"A mí me pedían un presupuesto y se hacía. Y si nos daban el contrato, se ejecutaba", ha defendido el empresario. “Yo no conocía ni contrato menor ni contrato mayor”, ha respondido a la fiscal, cuando ésta le ha preguntado si los servicios que le adjudicaban nunca salían a concurso, como obliga la ley cuando se superan ciertos importes.

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Así, ha negado que fraccionara facturas para eludir el procedimiento, y ha defendido, por ejemplo, los numerosos pagos independientes que recibió por reparaciones de semáforos, señalando que les llamaban cada vez que había una avería. “Era un caos”, ha afirmado, en referencia al estado de los semáforos de la capital.

En cuanto a las múltiples facturas relativas a fiestas, ha respondido que cada una obedecía a conceptos diferentes, incluyendo fuegos artificiales en los festejos de cada barrio.

La fiscal también le ha preguntado por otras facturas por servicios que no tenían que ver con la electricidad, con conceptos como “batucada, gigantes y cabezudos en la calle Real”. “Seguramente porque había iluminación”, ha empezado respondiendo Lemes. Sin embargo, al insistir la fiscal en que eso no aparecía en el concepto de la factura, ha admitido que algunas “no tienen que ver con la iluminación”.

“Queríamos ampliar el negocio y dijimos: Pues mira, a lo mejor esto también lo podemos hacer”, ha sostenido el empresario.

Respecto a quién contactaba con sus empresas desde el Ayuntamiento para ofrecerles esos contratos -que no se sacaban a concurso y en la mayoría de los casos, tampoco se pedían otros presupuestos-, ha afirmado que lo desconoce. “Sería personal administrativo del área. Llamaban a la oficina y las chicas hacían presupuestos”, ha respondido.

Además del presunto fraccionamiento de los contratos, en la causa también se investiga el pago por servicios no prestados y la posible existencia de facturas infladas, entre otras cosas, cargando un 22% al importe. Para ello sumaban un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, que es algo que se aplica en facturas de obras, pero no de servicios, como era este caso.

“Yo siempre los he puesto y nadie me ha dicho nada”, ha contestado Lemes al ser preguntado por ello.

Al igual que Isabel Martinón, Lemes se ha negado a contestar a las acusaciones y solo ha respondido a la fiscal, a su abogado y a los magistrados. En este caso, uno de ellos le ha preguntado si en los contratos de instalación no estaban obligados por ley a realizar el mantenimiento durante un año, por lo que no podrían haber cargado después facturas por ese concepto. "Es distinto", ha contestado Carlos Lemes. Al volver a insistir el juez, ha agregado que en ese primer año hacían una "supervisión", pero que si se requería un trabajo de mantenimiento, se hacía "otro presupuesto".

A preguntas de su abogado, el empresario ha señalado que no hay otras empresas en la isla que se dediquen a lo mismo que Señalcon. Y con respecto a Inelcon, ha apuntado que es "una de las más importantes del ramo".

Durante su declaración, también ha subrayado que ya en esa época tenían "muchísimo trabajo", a lo que la fiscal le ha preguntado por qué seguían entonces trabajando para el Ayuntamiento, sí también ha dicho que "no cobraba puntualmente" los servicios que prestaba para el Consistorio. "Pues no sé. Siempre que alguien nos pedía un presupuesto, lo mandábamos", ha respondido.

Con su declaración se ha puesto fin a la primera jornada del juicio, que continuará este martes y el miércoles con la declaración del resto de acusados. Después, seguirá dentro de dos semanas y en varias jornadas más, extendiéndose hasta el mes de junio.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 6:13 pm 
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La declaración de todos los acusados en el juicio del caso Montecarlo ha concluido este martes con un punto en común: todos niegan haber decidido que se contratara a las empresas Inelcon y Señalcon, que facturaron al Ayuntamiento 3,6 millones de euros entre los años 2008 y 2012, sin que se haya aclarado cómo se adjudicaban esos servicios.

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“Yo no intervenía en ningún procedimiento de contratación” ha sido la frase más repetida entre los cinco exconcejales y los cuatro “técnicos” que se sientan en el banquillo. La mayoría ha apuntado al alcalde, Cándido Reguera, que también estuvo imputado en la causa y falleció durante la instrucción, señalando que “no delegó” esas competencias. Así, han afirmado que ellos planteaban “una necesidad” o “ponían encima de la mesa de Alcaldía los distintos eventos que se tenían que realizar”, pero luego sus respectivos departamentos no se encargaban de la contratación.

Así, tampoco ha quedado claro quién pedía presupuestos a esta empresa, ni por qué se le pedían solo a ella, ni por qué había distintas facturas por el mismo acto, ni por qué se recurriría a una empresa de electricidad no solo para servicios de iluminación, sino también para contratar un “cuerpo de bailarines”, para organizar “talleres infantiles” o para realizar un desfile con “batucada, gigantes y zancudos” en la calle Real.

En cuanto a la firma posterior de las facturas, todos los exconcejales han coincidido en que las firmaban sin “comprobarlas” y hasta sin leerlas, en que no tenían formación en la materia y en que “se fiaban” de los técnicos de sus respectivos departamentos, que eran los que las rubricaban previamente.

Respecto a esos “técnicos”, tres de los cuatro que están acusados han declarado este martes que realmente no son técnicos. En el caso de José Nieves, que trabaja en Festejos, ha declarado que realmente es oficial en el Ayuntamiento. Por su parte, Miguel Ángel Leal es “animador sociocultural” (“por debajo de la categoría de oficial”, ha precisado él mismo, a preguntas de su abogado). En cuanto a Isidro Hernández, trabajaba como subalterno en el Consistorio. “Era peón. No era técnico”, ha señalado.

“¿Y estaba facultado para firmar documentos?”, le ha preguntado la fiscal. “No, no lo estaba, pero...”, ha respondido el acusado, que según la Fiscalía dio el visto bueno a pagos por valor de más de 58.000 euros. Como él, Miguel Ángel Leal y José Nieves firmaban facturas para certificar que el trabajo se había realizado. Todos han asegurado que sí lo comprobaban, porque “los eventos se realizaban”, aunque no “medían los metros de cable” ni “contaban las bombillas”.

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Al igual que hizo el lunes la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón (PNL), los cuatro exediles que han declarado este martes -el ex concejal de Deportes y de Hacienda José Montelongo (PSOE), el ex concejal de Vías y Obras Alberto Morales (PSOE) y los ex concejales de Festejos Eduardo Lasso (PIL) y Víctor San Ginés (PSOE)-, se han referido también al área de Compras como responsable de las contrataciones, junto a Alcaldía.

Así, han señalado a Carlos Sáenz, que además de ser interventor, ejerció como técnico en Compras. Sáenz fue el primero en declarar el lunes y confesó los delitos de prevaricación y malversación, admitiendo que como interventor había autorizado el pago de facturas que no eran legales, aunque no hizo referencia alguna a su participación en las contrataciones, ni tampoco le preguntó por ello ninguna de las partes.

No obstante, durante una parte del periodo que se investiga hubo otra técnico al frente de Compras, Elena Martín, que no solo no se encargó de esas contrataciones que se siguieron produciendo, sino que llegó a emitir hasta seis informes advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inelcon, antes de ser relevada de ese puesto por Cándido Reguera.

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Esos informes afectan especialmente a dos de los investigados, que eran los que estaban en el gobierno cuando se emitieron, poco después del estallido del caso Unión en el año 2009. Se trata de la exconcejal de Hacienda Isabel Martinón -que declaró este lunes y confirmó que leyó esos informes, pero que la única medida que adoptó fue hablarlo con el alcalde- y el que era en esa etapa concejal de Festejos, Eduardo Lasso, que ha declarado este martes, y ha sufrido el interrogatorio más duro por parte de uno de los magistrados que complen la sala, Carlos Vielba.

Al responder a las preguntas de la fiscal, Lasso ha confirmado que recibió esos informes -en los que aparece su firma con el acuse de recibo-, pero ha asegurado que no los leyó. “Como firmaba muchos documentos que me ponían y como llevaba muchas concejalías, muchos de ellos no los miraba”, ha declarado, para después asegurar que no había recibido ninguna advertencia de que se estuvieran fraccionando contratos o de que se estaban adjudicando servicios que no tenían nada que ver con la iluminación a una empresa que no tenía ese objeto social.

“¿Le mandan un escrito, lo firma y lo recibe. ¿Qué más advertencia quiere?”, le ha cuestionado el magistrado Vielba al terminar el interrogatorio de las partes. “Si no me decían verbalmente que eso lo tenía que leer, no lo leía”, ha afirmado el acusado. “Iba dirigido a la atención del concejal de Festejos. ¿Qué más quiere que le pongan?”, ha insistido Vielba.

Respecto Víctor Sanginés, fue concejal de Festejos tras las elecciones de 2011, cuando se conformó un nuevo gobierno entre el PP y el PSOE, de nuevo con Cándido Reguera en la Alcaldía. En ese momento, Elena Martín ya había dejado de ser técnico de Compras y volvía a ocupar el puesto Carlos Sáenz.

“Nadie nunca me reparó, ni me objetó, ni me indicó que lo que estábamos haciendo no era correcto”, ha declarado Sanginés, que ha insistido en que él no se encargaba de la contratación, y que si después firmaba las facturas -confirmando que el servicio se había prestado- era porque previamente lo había hecho “su técnico”, José Nieves.

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En cuanto a las que firmó sin la rúbrica de este trabajador, ha declarado que en una etapa José Nieves se encontraba de baja, por lo que la secretaria le indicó que podía poner solo su firma. “¿Decidió hacer de concejal y de técnico? ¿Comprobaría entonces que el servicio se había prestado?”, le ha preguntado la fiscal. “Efectivamente”, ha respondido el ex concejal.

Sobre esas comprobaciones, ha señalado eran actos públicos de fiestas a los que él mismo asistía y en los que incluso participaba. "Tenía la absoluta seguridad de que el trabajo estaba realizado", ha asegurado, aunque aclarando que él no medía "los metros de cable" cuando se trataba de instalaciones eléctricas. Y es que en lo que más ha insistido la fiscal es en preguntar quién se encargaba de verificar que todo lo incluido en el presupuesto y en la factura se había llevado realmente a cabo.

El otro exconcejal que ha declarado este martes ha sido Alberto Morales, que fue responsable de Vías y Obras y Turismo en el primer año que se investiga en la causa, durante el pacto entre el PSOE y el PIL, justo antes del gobierno de Cándido Reguera.

Morales ha asegurado que si firmó facturas o propuestas de gasto a favor de Inelcon fue porque estaban firmadas previamente por el técnico, que en su caso era Miguel Ángel Leal. “Si no, no las firmaba”, ha subrayado, añadiendo después que él “no sabía qué era una propuesta de gasto”.

En su caso, también ha defendido que no participaba en el proceso de contratación. Además, a preguntas de su abogado, ha subrayado que de las 13 facturas que se le adjudican en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, realmente él solo firmó una. El resto, ha afirmado que realmente estaban rubricadas por “Pepe Morales” y por la técnico Penélope Tabares, que es otra de las acusadas.

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Esta trabajadora es la única acusada que realmente tiene la condición de técnico, como aparejadora contratada por el departamento de Obras. “Yo no intervengo en ningún procedimiento de contratación. Es que además, no tengo capacidad para intervenir. Yo soy aparejadora”, ha señalado el su declaración.


No obstante, su firma si aparece en presupuestos de gasto (que es el documento previo que se elabora para definir la necesidad de un servicio o una obra, estimar su presupuesto y determinar si hay fondos para contratarlo). Y en esos documentos, se proponía directamente a Inelcon, sin aportar otros presupuestos.

“Seguíamos el procedimiento establecido”, ha defendido la técnico, que ha asegurado que ese documento no lo “redactaba” ella, sino el departamento de Compras, “siguiendo las indicaciones del técnico”, que en esa época era también el interventor.

En el caso de una propuesta de gasto firmada por ella, la fiscal ha subrayado que se elaboró después de que se hubiera presentado la factura, que de hecho se mecionaba en el documento. Al respecto, la técnico ha apuntado que podría no referirse a la factura de un servicio ya prestado, sino a un presupuesto.

“Cada vez que yo hago una propuesta de gasto, voy a la calle a ver si existe la necesidad”, ha asegurado, sosteniendo que en este caso, “la obra no estaba ejecutada”, y defendiendo que por eso firmó la propuesta de gasto, pese a que la fiscal ha insistido en que la factura ya se había adjuntado al expediente.

En cuanto a las facturas que firmó, Penélope Tabares ha declarado que comprobaba en todos los casos que el trabajo se había realizado.

Además, ha defendido que las facturas investigadas que dependen de su competencia sí eran obras, y no servicios. Ése punto es clave en la acusación, ya que sostiene que Inelcon y Señalcon cargaban un sobrecoste del 22% en todas sus facturas, sumando un 16% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial, que solo se puede incluir en facturas de obras.

Sobre este punto, los ex concejales y el resto de trabajadores municipales que han declarado este martes como acusados han afirmado que no conocían la diferencia entre un contrato de obra y uno de servicios, ni que no se podía cargar ese porcentaje de “beneficio industrial” a la organización de un acto de fiestas o de cualquier evento.

Tras la declaración de todos los acusados -que solo han respondido a la Fiscalía, a los magistrados y a sus defensas, y se han negado a contestar a la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento y a la acusación popular ejercida por Acción Cívica-, el juicio continuará este miércoles, cuando están citados los primeros testigos.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 6:26 pm 
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El ex alcalde de Arrecife, José Montelongo, que está siendo juzgado en el caso Montecarlo por su anterior etapa como concejal de Hacienda, ha subrayado varias veces en su declaración que ejerció ese cargo de forma “provisional” y que ni siquiera “conocía el funcionamiento de la administración”.

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“Había una persona con formación para llevar la Concejalía de Hacienda, pero por incompatibilidad con su trabajo, no pudo”, ha repetido en varias ocasiones, insistiendo en que él solo la asumió como algo “provisional” tras las elecciones de 2011, al no poder hacerlo el también edil socialista Pedro Viera.

Además, Montelongo ha subrayado que él no tenía “ni conocimiento ni capacidad” para elaborar un listado de las facturas que debían abonarse, que es uno de los hechos por los que está acusado, al haberse incluido facturas de Inelcon y Señalcon investigadas en la causa. “Tenía plena confianza en el señor interventor”, ha defendido este martes ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, refiriéndose al también acusado Carlos Sáenz, que ya ha reconocido sus delitos.

También ha añadido que confiaba en el tesorero, aunque ha hecho hincapié en las diferencias que había entre ambos funcionarios. “Era pública y notoria la mala relación entre el tesorero y el interventor. Era surrealista”, ha afirmado.

A esto también se ha referido en varios momentos de su declaración, llegando a afirmar que él tenía que hacer de “intermediario” entre ambos. “Me vi en una situación en la que por la mala relación, me tocaba a mí subir o bajar de Tesorería a Intervención”, ha apuntado. Así ha respondido cuando la fiscal le ha preguntado por qué es su firma la que aparece en el listado de facturas que se iban a llevar a Pleno para su reconocimiento extrajudicial, incluyéndolas en un fondo que se recibió del Estado para el pago a proveedores.

“Lo elaboró Intervención”, ha asegurado Montelongo, que ha afirmado que la Concejalía de Hacienda “no tiene personal adscrito” y que “no tenía ni auxiliar ni técnico asignado para hacer este tipo de documentos”.

“¿No le pareció que con su firma estaba haciendo suyo el contenido?”, ha insistido la fiscal, subrayando que el nombre del interventor no aparecía en el documento. Ahí, José Montelongo se ha remitido a la declaración que prestó este lunes Carlos Sáenz, que confesó pero evitó implicar al resto de personas que se sientan con él en el banquillo, y asumió como propio ese listado.

La fiscal le ha preguntado entonces a Montelongo si no recibió advertencias del tesorero, que cuestionó que no se estaba respetando la prelación de pagos (el orden de prioridad que debía tener cada factura). Al respecto, Montelongo no lo ha negado, aunque ha apuntado que “no recuerda el contenido” de esas comunicaciones del tesorero.

Lo que sí ha reconocido son los documentos que le han mostrado durante el juicio, y que ha afirmado que eran “unos escritos que se cruzaron en los días previos a la celebración del Pleno” entre ambos funcionarios.

Entre las facturas de Inelcon y de Señalcon que se reconocieron en esa sesión plenaria, la fiscal ha subrayado que había algunas que no estaban firmadas, y otras no tenían siquiera sello de entrada en el Ayuntamiento.

“No sé decirle. Los listados se elaboran desde el departamento correspondiente. Intervención y su equipo. Yo creo que el señor interventor ayer fue bastante claro en esto”, ha insistido Montelongo.

Además, al igual que el resto de concejales que han declarado como acusados en la causa, él también ha afirmado que no comprobaba ni miraba las facturas.

“En ese Pleno, dijo que las facturas estaban a disposición de todos los concejales”, le ha recordado la fiscal, tras mencionar las críticas que planteó la oposición por ese reconocimiento extrajudicial, que implica que no se ha cumplido el procedimiento de contratación para poder hacer un pago ordinario. “¿No entiende que si a alguien le correspondía mirarlas era a usted?”, ha insistido la fiscal, a lo que Montelongo ha respondido remitiéndose de nuevo a que él estaba al frente de Hacienda de forma “provisional” y a que también llevaba otras áreas, como Vías y Obras y Urbanísmo.

Además, ha subrayado que el interventor le dijo que “todas las facturas reunían las condiciones para ir a Pleno”.

A preguntas de su abogado, José Montelongo también ha recordado que fue su grupo quien denunció el caso Proselan, por pagos fraudulentos a otra empresa de electricidad, en el que entre otros terminó condenado años después Carlos Sáenz.

Esa denuncia la presentaron tras el estallido del caso Unión y la ruptura del pacto entre el PSOE y el PIL en el año 2009, y poco después los socialistas sufrieron una moción de censura. Dos años más tarde, Montelongo volvió al gobierno tras las elecciones, como concejal de Hacienda.

“¿En ese momento sospechaba que Carlos Sáenz pudiera estar involucrado en los hechos?”, le ha preguntado su letrado. “No”, ha asegurado Montelongo.

Respecto a su primera etapa en el gobierno como concejal de Deportes, desde mediados de la legislatura 2007-2011, también se investigan dos facturas que firmó de Inelcon. Al respecto, ha explicado que ambas eran por reparaciones tras haber sufrido robos de cobre, tanto en el campo de fútbol de San Francisco Javier como en “cuadros de distintas torres”.

Sobre por qué no se hizo una misma adjudicación, Montelongo ha apuntado que la fecha de la factura -que es la misma en ambas- podría no coincidir con la fecha de ejecución de la obra. “En cualquier caso, tenía la firma del técnico”, ha subrayado.

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En esta parte de su declaración, al igual que el resto de concejales Festejos y Vías y Obras acusados en la causa, José Montelongo ha negado que desde su departamento se hicieran contrataciones.

“¿Entonces quién decide a quién se contrata?”, ha preguntado la fiscal. “Desde luego los concejales no”, ha respondido el acusado, dejando en el aire la misma duda que sobrevuela desde la primera sesión del juicio. Y es que nadie ha aclarado quién contactaba entonces con Inelcon para pedirle un presupuesto, quién le adjudicaba el servicio y quién decidía hacerlo de forma fraccionada, en lugar de unificar en una misma adjudicación servicios relativos al mismo acto o intervenciones similares en distintas calles.

“La potestad de contratación la tenía el alcalde. No la delegó”. Eso es lo único que ha respondido al respecto Montelongo, apuntando a Cándido Reguera, al igual que han hecho otros ediles.

En cuanto a la firma posterior de las facturas, también ha reiterado el mismo argumento: que previamente habían sido firmadas por los técnicos del área.

El ex concejal también ha asegurado que él “nunca tuvo conocimiento” de los informes de la que fue técnico de Compras, Elena Martín, advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inelcon. Esos informes se elaboraron después de que él fuera concejal de Deportes y antes de que llegara a la Concejalía de Hacienda, ya que en medio hubo un periodo de gobierno del PP, el PIL y el PNL, por el que están acusados los concejales Eduardo Lasso (Festejos) e Isabel Martinón (Hacienda).

“Si no se realizaba ninguna comprobación, ¿para qué su firma?”, ha preguntado la fiscal, reiterando la misma pregunta que ha trasladado a todos los ex concejales acusados, dado que todos han declarado que no verificaban nada y algunos que ni siquiera miraban las facturas antes de firmar.

“Era una cuestión formal. Lo dijo ayer el interventor”, ha respondido Montelongo, remitiéndose de nuevo a la declaración de Carlos Sáenz.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 6:32 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

En la tercera jornada del juicio del caso Montecarlo han comenzado a declarar los testigos propuestos por la Fiscalía. Han sido declaraciones un tanto farragosas, tediosas, de carácter técnico, en las que se ha cuestionado de manera insistente sobre los procedimientos administrativos.

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Al tesorero del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, le preguntó la Fiscalía por el pleno de noviembre de 2011 en el que se reconoció extrajudicialmente el pago de multitud de facturas, entre las que estaban las facturas irregulares de la empresa Inelcon, que son el objeto principal de esta pieza.

Señaló que hubo presiones y explicó la discusión respecto al listado elaborado por Intervención. “No estaba claro si eran todas las facturas que había”. Pidió garantías, que se certificara si eran todas las que había pendientes o no para estar seguro de que no se adelantaba el pago a unas facturas más nuevas frente a las más antiguas. “Me pedían que informara sin comprobar el orden de antigüedad”, señaló.

Hubo hasta “cuatro o cinco listados diferentes”. El primero se lo remitió de manera informal el entonces concejal de hacienda, José Montelongo, y el tesorero informó de las deficiencias observadas insistiendo en pedir esas garantías.

Se produjo entonces una reunión “muy violenta”, “muy desagradable, con chillidos”, como la calificó Cabrera Panasco. En esa reunión participó el alcalde Cándido Reguera, la concejal de recursos humanos, Nayra Callero y Montelongo. “Yo me sentí decepcionado, era una posición común contra mi posición”, declaró. Dijo que fue “un bloqueo” porque él necesitaba esa certificación y ellos “insistían en que no”. Sostenía que el informe sobre las facturas de reconocimiento extrajudicial debía ser muy exhaustivo precisamente porque antes no había habido control sobre esas facturas.

En 2012 hubo un segundo pleno de reconocimiento extrajudicial de deudas donde se incluyeron facturas de 2010, por lo que se evidenció que en el listado no estaban todas las facturas pendientes. El tesorero dijo que colaboró con la Fiscalía en este procedimiento pero que estuvo después imputado durante cinco años.

Por otra parte, señaló que no se le indicó a qué empresas tenía que adelantar el pago, pero que se trataba de “facturas en el cajón” que no habían seguido el procedimiento correcto. El argumento para esas “presiones tremendas del concejal de hacienda” fue que había unos plazos que cumplir para incluir esas facturas. También señaló que “todas las órdenes de pago estaban firmadas por el interventor”.

Preguntado sobre otros asuntos, señaló que la firma del concejal no sería necesaria en una factura, pero que tanto esa como la del técnico significan que la obra o el servicio se ha prestado, pero no solo que se ha prestado sino que se ha prestado en función de las condiciones en que se contrató. Y que si no hay contrato, el técnico debe motivar si se ajusta al precio de mercado o no.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 6:36 pm 
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Según Diario de Lanzarote:

La última persona en declarar en la tercera jornada del caso Montecarlo fue Asenet Padrón, exsecretaria accidental de Arrecife hasta 2012, que fue cesada por José Montelongo cuando era alcalde.

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Padrón recordó en su declaración la polémica sobre la desaparición de unos documentos de su despacho tras entrar a él Cándido Reguera, Montelongo y Callero, que después se reintegraron
.

Tras ese episodio fue destituida aunque años después la Justicia le dio la razón al considerar que su cese no estuvo motivado.

La trabajadora municipal relató que “fue una época de mucha tensión” y que descubrió que en el Ayuntamiento había un registro de facturas en Intervención que no era legal.

Fue en 2011, cuando una persona fue a hablar con ella para quejarse de que había presentado la factura en ese registro y aún no la había cobrado.

Era un registro manual con sus propios sellos, ajeno al registro general del Ayuntamiento. Al tener conocimiento de él, lo comunicó al alcalde y lo retiraron todo. “Al principio no daba crédito”, dijo.


Consideró que no era legal porque funcionaba “al margen de cualquier tipo de control y garantías”. “Pregunté y me dijeron que era la práctica habitual”, señaló Padrón, quien añadió que entraban todas las facturas por esa vía.

Sobre la reunión antes del pleno de reconocimiento de deuda extrajudicial, que se investigó en el caso Montecarlo, recordó haber estado y que había tensión entre el tesorero y el concejal de Hacienda.

En esta jornada también declaró Carmen Villaverde, interventora accidental, que también estuvo ejerciendo durante unos días como tesorera y también relató que tuvo diferencias con José Montelongo por unos pagos.

“Había problemas de liquidez y había que pagar a algunas empresas por orden de antigüedad y no estaba de acuerdo con eso, se negó a firmar ese listado”, dijo Villaverde, que después fue relevada por el propio Montelongo como interventora accidental.

Además, en esta sesión del caso Montecarlo declararon otros dos técnicos de Tesorería, Silvia Shiao y Francisco Méndez.


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NotaPublicado: Mié 27 Abr, 2022 6:48 pm 
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NotaPublicado: Lun 02 May, 2022 4:18 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

“Me costó mucho hacerlos en su día. Es un disgusto. Normalmente no informamos de cosas negativas, pero después de lo que habíamos pasado, me vi obligada a hacerlo”. Así se ha referido la técnico del Ayuntamiento de Arrecife Elena Martín a los informes que emitió en 2011 advirtiendo de irregularidades en las facturas de Inecon y Señalcon, al declarar este lunes como testigo en el caso Montecarlo.

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“Lo que había pasado” era el caso Unión, que había estallado dos años antes, evidenciando la corrupción que existía en el Ayuntamiento. “Nos volvimos todavía más exigentes”, “todos hilábamos más fino todavía”, ha declarado la técnico.

En su caso, estaba en el departamento de Contratación y en 2011 la asignaron también a Compras, que hasta entonces funcionaba de forma paralela bajo el control del interventor. Y fue entonces cuando realizó advertencias sobre las facturas investigadas en esta causa.

Martín ha confirmado que trasladó sus informes a dos de los acusados que se sientan en el banquillo -el que era concejal de Fiestas en ese momento, Eduardo Lasso, y la que era concejal de Hacienda, Isabel Martinón-, así como al alcalde, Cándido Reguera, y al interventor, que ya tiene otras condenas y en este juicio también ha confesado delitos de prevaricación y malversación.

“Fui yo personalmente”, ha señalado la técnico, que ha desmetido así la versión que dieron Lasso y Martinón, que declararon que esos informes les llegaron en medio de “un montón de papeles” (en el caso de Eduardo Lasso, aseguró que ni siquiera los leyó). “Los llevé yo y pedí que me lo firmaran delante mío”, ha agregado Elena Martín.

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Lo que ha afirmado que no recuerda es si también les dio explicaciones verbales al entregárselos o si ellos se las pidieron después de leerlos, pero ha insistido en que lo que venía a decir en los informes era: “Oiga, yo no voy a tramitar eso”.

Después, “desconoce” qué pasó con esas facturas -que se acabaron pagando-, porque pidió al alcalde dejar el área de Compras. “Yo no podía atender los dos departamentos y me daba miedo que se me escapara algo”, ha señalado, insistiendo en la preocupación que había tras la Operación Unión, en la que ella incluso fue detenida, aunque fue de las pocas personas imputadas que llegó a juicio y resultó absuelta.

Elena Martín también ha declarado que las competencias de las concejalías que requieren una obra o un servicio son mucho mayores de lo que declararon los ediles y técnicos acusados en la causa.

“Al contratista lo proponía la Concejalía”, ha afirmado, en contra de lo que sostuvieron los concejales y los “técnicos” de Festejos y de Vías y Obras procesados, que negaron tener nada que ver con la contratación de Inelcon y Señalcon, y apuntaron al alcalde y a las áreas de Compras y Contratación. “¿Compras no proponía al contratista?”, ha insistido la fiscal. “No, no, no. Nunca”, ha respondido con énfasis, insistiendo en que eso partía de las respectivas áreas.

Además, ha señalado que tampoco era su deparamento el que fijaba el precio. “La función de cada área es establecer: necesito esto y me puedo gastar esto. Y pedir presupuestos”, ha declarado.

Para ello, ha explicado que desde su departamento les daban un modelo que era el que tenían que rellenar si se trataba de un contrato menor, en el que proponían quien iba a ser la empresa adjudicataria, o invitando a tres empresas a presentar presupuestos. “Y si superaba el límite, tenía que ir a un procedimiento abierto”, ha recordado, confirmando que en este caso hubo fraccionamiento de facturas para eludir ese concurso público.

Al igual que se ha puesto de relieve en otros juicios de corrupción en el Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín ha reiterado que Compras y Contratación funcionaban de manera independiente, en lo que uno de los abogados de la defensa ha definido como una “contratación bicéfala”.

“Yo entiendo que Compras era más para cosas del día a día, pequeños suministros”, ha señalado, reiterando que ella “desconocía” lo que ocurría en Compras. Sin embargo, la realidad es que a través de ese departamento controlado directamente por Carlos Sáenz se acaban tramitando facturas por importes millonarios, en lugar de enviarlas a Contratación.

Que yo sepa, Compras nunca ha tenido técnico. La única que he estado he sido yo. Siempre ha estado dependiendo del interventor”, ha explicado Elena Martín, que estuvo unos meses como técnico de Compras, hasta que ella misma pidió dejar el área, justo tras advertir de irregularidades en varias facturas.

Entre otras cosas, ha recordado que le presentaron propuestas de gasto fechadas después de la supuesta prestación del servicio, cuando ése debe ser un documento previo para garantizar que existe presupuesto. “Para pagar en un contrato menor solo se exige la aprobación del gasto y la factura, pero si se hace una propuesta de gasto, tiene que ser anterior”, ha añadido a preguntas de la fiscal.

Además, ha subrayado que es quien firma la factura desde la Concejalía correspondiente quien debe comprobar que el servicio se ha ejecutado y que es “conforme al precio”. Y también “comprobar los conceptos” que incluye la factura (como el 22% que cargaban Inelcon y Señalcon por gastos generales y beneficio industrial, pese a que eran contratos de servicios y no de obras).

Respecto a quién debería firmar las facturas, ha explicado que la ley no lo establece, pero que en las base de ejecución de los presupuestos de Arrecife se indicaba que debían ser el técnico y el concejal del área, aunque ha opinado que es "absurdo" y que la persona con mayor conocimiento para hacerlo era el técnico.

Durante la sesión de este lunes también ha declarado la actual alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, como representante del Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular en esta causa. En su breve intervención, Pérez solo ha sido interrrogada por la fiscal, que le ha pedido que confirmara que el Consistorio reclama la devolución del dinero presuntamente malversado. “Sí, efectivamente”, ha respondido, aclarando que ella no formaba parte del Consistorio en la época en la que ocurrieron los hechos.

Además, también han comparecido como testigos exconcejales del Consistorio que sí estaban en el Ayuntamiento en esa época, como la exedil de Alternativa Ciudadana Blanca Blancas. En su caso, se le ha preguntado por el Pleno en el que se aprobó un listado de facturas -entre las que se incluían muchas de Inelcon y Señalcon- para pagarlas a través de un crédito ICO, con un reconocimiento extrajudicial.

“Nosotros nos quejábamos de que los procedimientos no habían sido los correctos y por eso iban a reconocimiento extrajudicial”, ha recordado Blancas, cuya intervención en esa sesión consta en el acta del Pleno que se incorporó al sumario de esta causa.

Respecto a quién defendía su pago en ese Pleno, se ha referido al interventor, pero también al entonces alcalde, Cándido Reguera, y al que era concejal de Hacienda, José Montelongo.

También tuvo una dura intervención en ese Pleno la que entonces era concejal de CC en la oposición, María Teresa Lorenzo, que acusó al grupo de gobierno de “usar la técnica de la gaveta”. Lorenzo estaba citada como testigo pero no ha podido comparecer por motivos médicos, al igual que Manolo Fajardo Feo, que fue alcalde de Arrecife después de los hechos que se investigan.

Quien sí ha declarado es otro de los concejales que estaban en la oposición cuando se celebró ese pleno de reconocimiento de facturas, el exedil del PIL Juan Jesús González Docal, que no ha recordado detalles de aquella sesión.

La otra exconcejal que ha declarado este lunes ha sido María Dolores Rodríguez, que fue concejal de Educación y Cultura por el PSOE, aunque se le ha preguntado por una época en la que estaba en la oposición. Quien había pedido su declaración fue la defensa de Miguel Ángel Leal, que ejercía como técnico de Festejos y firmaba facturas, aunque su categoría era la de animador sociocultural.

En su caso, el abogado solo le ha mostrado fotografías de distintas fiestas a las que asistió como edil, ya que la defensa de Leal se centra en sostener que los eventos de las facturas que autorizó se realizaron. No obstante, la exconcejal ha aclarado a preguntas de la acusación que ella ni conocía el alcance de los contratos ni se encargaba de supervisar su cumplimiento, ya que asitía solo como edil de la oposición.

Los otros cuatro testigos que han declarado en esta jornada son trabajadores de distintas áreas del Ayuntamiento. Uno de ellos, Manuel Martín, es auxiliar administrativo en Interención y cuando ocurrieron los hechos trabajaba en el registro paralelo de facturas que había en la oficina de Carlos Sáenz.

“En aquella época podían presentarlas directamente en intervención”, ha señalado, confirmando que no pasaban por el Registro General y que les daban entrada con un sello manual. “En 2011 se retiró ese selllo. Se elaboró instancia de que tenían que presentarse en el Registro”, ha recordado. “¿Cuál fue el motivo?”, le ha preguntado la fiscal. “Nunca nos lo dejaron claro. Parece que entendían que el procedimiento no estaba del todo correcto”, ha respondido.

Al respecto, la que era entonces secretaria de Arrecife, Asenet Padrón, declaró la pasada semana que ese registro era “ilegal” y que no tenía “ningún tipo de control”, por lo que ordenó que se eliminara en cuanto tuvo conocimiento de su existencia.

A preguntas de la defensa de José Montelongo, el trabajador ha señalado que no recibió “sugerencias, indicaciones o presiones” suyas para incluir las facturas de Inelcon y Señalcon en el listado de facturas que iban a reconocerse en el Pleno. También ha apuntado que él solo participó en la elaboración de uno de esos listados y que no intervino Montelongo, mientras que en el resto “lo desconoce”.

Otra de las trabajadoras que ha declarado este lunes ha sido María Teresa Duarte Medina, que sustituyó en algunos periodos al tesorero. Y en una de las ocasiones, lo hizo reemplazando a la funcionaria que había sido designada inicialmente. “Me llamó el álcalde diciendo que tenía que sustituir a la persona porque estaban teniendo problemas con ella”, ha declarado.

Esa trabajadora era Mari Carmen Villaverde, que la pasada semana declaró como testigo y afirmó que estaba sustituyendo temporalmente al tesorero y fue apartada del cargo por Montelongo. “Tuvimos unas diferencias de opinión acerca de unos pagos que se iban a hacer y me sustituyó por otra persona”, declaró, explicando que el que era concejal de Hacienda “no estaba conforme” con que se pagaran las facturas por orden de antigüedad.

En cuanto a la técnico que la reemplazó y que también ocupó ese cargo de forma accidental en otros periodos, ha señalado este lunes que también recibió “instrucciones” de Montelongo “para saltarse la prelación de pagos”, aunque a preguntas de la defensa ha matizado que no es ilegal. “Si el concejal altera el orden de pago, lo tiene que motivar”, ha subrayado.

Duarte también ha declarado que tras ocupar ese cargo en varias ocasiones, pidió que no la volvieran a designar, porque tuvo problemas con el interventor.

Por último, también han declarado la actual interventora interina, Sandra Leticia Estelle, y otra técnico de Intervención, Elena López Armas, que elaboraron informes dentro de esta causa a petición del Juzgado. Ambas se han limitado a reconocer su firma en el informe, señalando que en su día harían las “comprobaciones” necesarias para emitirlo.

Además, también se les ha preguntado a varios de los trabajadores por la relación que existía entre el interventor, Carlos Sáenz, y el tesorero, Antonio Cabrera Panasco (que es testigo en esta causa); y mientras uno ha señalado que no tenían “relación ninguna” y que “no se hablaban”, otros han afirmado que era “una relación profesional”, aunque “en algún momento hubiera alguna discrepancia”.


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NotaPublicado: Mié 04 May, 2022 3:36 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Este martes los magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas han analizado los testimonios de la segunda jornada en la reanudación del juicio que se está llevando a cabo en Arrecife para analizar todo lo que sucedió en su Ayuntamiento durante el conocido como caso Montecarlo. Lo más destacado de esta sesión han sido los testimonios del jefe de la Policía Local, Jose Antonio Lasso Tabares, y del que fuera uno de los electricistas de la institución, José Morales Padrón. Ambos han señalado que recibieron indicaciones políticas de llamar a la empresa Inelcon, una de las que está siendo investigada dentro de la operación que estudia el posible cobro ilegal de facturas, para realizar las reparaciones de urgencia y las incidencias que se produjeran en el municipio, todo ello sin aportar ningún tipo de documento que de algún modo ratificara que los procedimientos llevados a cabo eran los correctos.

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El jefe de la Policía Local de Arrecife señaló durante su testimonio que la mala situación de los semáforos de la capital provocaba que en ocasiones dos aparatos estuvieran abiertos a la vez provocando algunos accidentes graves. Era lógicamente una situación que había que atender y que por su responsabilidad en materia de seguridad trasladaba inmediatamente a la parte política para que se tomaran las medidas correspondientes. Lasso explicó que el sistema que utilizaban era el de llamar al electricista municipal, hasta que desde la parte política, desde el Gobierno de esa época, les dijeron que para cualquier incidencia de cualquier tipo tenían que contactar con la empresa privada que supuestamente prestaga un servicio global a la institución. Así, reiteró que era desde la Concejalía de Tráfico desde la que se trasladaba una "comunicación verbal" para que se derivara todo a Inelcon. Lasso aclaró, ante la reiteración de las preguntas, que no recordaba si esta orden estaba vinculada a una nota interna y que desconoce si estaba apoyada por algún documento, entre otras cosas porque de existir esos documentos nunca se los habían trasladado a él. Asimismo, dijo durante su testifical, a preguntas de la fiscal, que quien determinaba que era una razón de urgencia era el policía que estuviera realizando el servicio en ese momento. Luego, desde el Gobierno se daban las instrucciones para poder resolver el problema.

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Por otra parte, José Morales Padrón, profesional de la institución hasta 2013, señaló también durante el interrogatorio que le hizo la fiscal del caso que en el departamento de Electricidad contaban con tres electricistas titulares y cinco operarios, que a su juicio no eran suficientes para abarcar todos los problemas que se producían a diario en Arrecife. Morales, al igual que Lasso, afirmó que recibió la orden “de boquilla” de llamar a Inelcon y que esta acción “no iba con documento". "Simplemente nos decían, llama a Inelcon”, garantizó sin titubeos.

A pesar del tipo de orden que se producía, el trabajador municipal también fue claro al asegurar, respondiendo a la defensa de los acusados, que la empresa externa realizó trabajos importantes en aquella etapa que tuvieron un enorme valor para el mantenimiento de las siempre renqueantes instalaciones de la ciudad. En concreto, dijo que Inelcon había realizado varias acciones importantes, como fueron la reparación del alumbrado público de todo el municipio y la subsanación de una deficiencia en la polideportiva de Altavista.

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El trabajador del área de Intervención, Sergio Morera Fuentes Aparicio, explicó, ante la pregunta de la defensa de los acusados, que la documentación que se llevó a los plenos se elaboraba introduciendo las facturas en un programa informático. También aseveró que estos documentos se entregaban en una carpeta a Secretaría. Ante la pregunta realizada de si fueron necesarias horas extras en Intervención para la elaboración del listado de facturas afirmó que sí se empleó ese tiempo adicional para la elaboración del listado de facturas, compartiendo por tanto la afirmación de otros testigos de este mismo área. Además, negó haber recibido presiones ni que se produjera alguna intervención por parte de José Montelongo, quien fuera concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Arrecife en el período investigado.


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NotaPublicado: Mié 04 May, 2022 3:43 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Los dos ex concejales del Partido Popular (PP) Nayra Callero y Joel Delgado coincidieron este miércoles durante su declaración como testigos del caso Montecarlo en que una de las principales razones por la que parte de los implicados se sientan en el banquillo es la falta de técnicos cualificados en el Ayuntamiento de Arrecife, aseverando durante su declaración que hubo “personal no cualificado” que tuvo que realizar funciones que en otras administraciones no se habrían hecho. En esta línea, Callero, abogada de profesión, explicó primero ante los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas que siendo como es en la actualidad la pareja de uno de los principales acusados, el ex concejal de Hacienda y ex alcalde José Montelongo, no tenía obligación de acudir a declarar, cosa que hacía, según subrayó, de forma voluntaria para aclarar asuntos que a su juicio podrían pasarse por alto por su importante testimonio, ya que estuvo en todo momento muy cerca del ex alcalde Cándido Reguera y de las principales cuestiones que se tenían que resolver en una de las etapas más complejas de la ya de por sí compleja historia del Consistorio de la capital lanzaroteña. Fue una de las principales conclusiones de las declaraciones que se sucedieron durante la tercera y última sesión de esta semana del juicio del conocido como caso Montecarlo que se está analizando en la capital lanzaroteña. La otra, la cantidad de testimonios que se sucedieron sobre la ejecución de los trabajos que se están investigando por parte de las empresas Inelcon y Señalcon.

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La ex concejala de Recursos Humanos Nayra Callero señaló durante sus respuestas a las preguntas de la defensa que no tenía una relación sentimental con José Montelongo durante el periodo que esta siendo investigado. Además, negó que el que fuera concejal de Hacienda la indujera a realizar ningún tipo de voto contrario a sus propias decisiones en los diferentes Plenos. Ante las numerosas cuestiones sobre los Plenos, explicó que la documentación estaba a disposición de los diferentes concejales en secretaria. Además, añadió que la participación del interventor en estos se ceñía a la realización de sus funciones, que no constaban informes negativos sobre las facturas entre la documentación del pleno y que en estos actos se realizaban debates con estructura política porque “no todos los concejales tenían conocimientos para hablar de esas cosas”, haciendo referencia a los aspectos técnicos.

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Con respecto a la reunión que realizaron entre el antiguo alcalde Cándido Reguera, José Montelongo, el interventor y tesorería, mencionada en testimonios anteriores, aseguró que asistió porque “me pidió la alcaldía que asistiera”. Además, afirmó que esta reunión se produjo debido a que la mala relación entre el tesorero y el interventor estaba impidiendo que se realizaran los procedimientos de los prestamos ICO. También aclaró que no se realizó ningún tipo de presión al tesorero más allá de solicitarle que realizara sus funciones. La ex concejala de Recursos Humanos explicó, ante las preguntas de la defensa, que José Montelongo no pudo cesar a la tesorera accidental, Mari Carmen Villaverde, porque esas cuestiones eran responsabilidad del alcalde Cándido Reguera.

Ante la pregunta de la fiscalía de si todos los departamentos poseían un técnico, Callero indicó que no todos los departamentos tenían un técnico y se poseía un problema con esta figura en todos los ayuntamientos, pero que “el Ayuntamiento de Arrecife lo sufría el doble”. La fiscalía preguntó a la que fuera responsable de Recursos Humanos si ante este problema las funciones de técnico las realizaban personas que no estaban cualificadas, la ex concejala señaló que en algunos áreas si habían personas cualificadas pero que se producían casos de personas que no poseían los conocimientos necesarios. Ante la insistencia de los letrados de la fiscalía afirmó no recordar si en los áreas de Festejos y Limpieza no se poseían técnicos y las funciones las realizaban personas sin la cualificación necesaria.

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El ex concejal de Juventud y Medio Ambiente Joel Delgado ratificó en su respuesta a las preguntas de la defensa varios de los testimonios, entre ellos el de Nayra Callero, al afirmar que José Montelongo no le indujo ningún tipo de voto y que las labores del interventor durante el Pleno no “tuvieron gran importancia y fueron las mismas que el resto”. Además, Delgado aseveró que los documentos de los Plenos estaban en secretaría a disposición de cualquiera que los solicitara. También señaló que si hubiera habido informes negativos desde Intervención o Tesorería “no podrían haberse hecho los reconocimientos extrajudiciales de crédito”.

Un abogado de la defensa preguntó al ex concejal si recordaba haber estado junto al fallecido Enrique Pérez Parrilla durante el acto de encendido de las luces de Navidad, situación la cual aseguró no recordar, pero que posteriormente confirmó tras mostrarle una instantánea del suceso. Ante la confirmación de su presencia se le preguntó si hubo más de un acto vinculado a esta acción, ante esta cuestión confirmó de forma firme que se realizaron otros encendidos, pero que el acudió “al principal”. Otro de los actos por los que fue preguntado fue por el mercadillo de los sábados que se realizaba en la plaza de San Ginés y más concretamente por si recordaba facturas de alumbrado y megafonía para este evento. Delgado confirmó estas facturas y destacó que recordaba estas acciones porque vivía en la zona y le “molestaba la megafonía a veces”. El ex concejal finalizó su intervención respondiendo a la misma pregunta que Nayra Callero acerca de la escasez de técnicos en el Ayuntamiento. Joel Delgado no dudo en asegurar que “si estamos en esta situación yo creo que es por este problema”, culpando así a la escasez de técnicos del caso que actualmente se está investigando.

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José Miguel Betancort testificó como representante de una empresa de suministros y confirmó, ante las preguntas de la defensa, que reconocía las facturas de las orquillas de tuberías a favor de la empresa Señalcon. Posteriormente, José Antonio Pérez Jiménez, trabajador de la empresa en cuestión, confirmó la intervención realizada en el deposito de contenedores, la cual contaba con varios puntos en los barrios de Arrecife y afirmó que se emplearon dos orquillas, mencionadas anteriormente en cada punto. También señaló que se colocaron bordillos y se habilitó la zona con señalización para que pudiera pasar el camión y realizar sus funciones. De esta forma estos representantes confirmaban la realización de las acciones de la empresa Señalcon que actualmente están siendo investigadas durante el desarrollo del caso Montecarlo.


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NotaPublicado: Lun 09 May, 2022 4:00 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

Este lunes ha arrancado la tercera semana del juicio de una de las piezas del caso Montecarlo que está analizando la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Emilio Moya. En esta ocasión han declarado como testigos los diferentes concejales que formaron parte del Gobierno y de la oposición durante los años investigados (2008- 2012), los cuáles fueron un periodo político convulso con cambios constantes que hacen muy difícil seguir la pista de quién era quién en cada momento. Todos ellos, al menos los que han acudido, han negado que fueran condicionados por José Montelongo, concejal de Hacienda en los años investigados, a la hora de votar en los diferentes plenos asuntos que pudieran derivar en el favor de determinados intereses empresariales. Fueron contundentes a la hora de determinar lo que han explicado la mayoría de los políticos que han circulado por allí en estas dos semanas, que todo se hacía con los informes técnicos preceptivos. El actual parlamentario autonómico del Partido Socialista (PSOE) Pedro Viera, compañero en aquella época de Montelongo hasta que se le obligó a salir de la institución precisamente por la imputación en este caso, no acudió al juzgado para testificar, por lo que se ha pospuesto su testimonio al entender la defensa de uno de los acusados que es de gran relevancia. De hecho, en 2011 Viera era la persona que debía ocupar la Concejalía de Hacienda en el momento en el que se incorporara a sus labores como edil, motivo por el que fue el propio Montelongo quien tuvo que realizar esas funciones siguiendo instrucciones de su partido.

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Cristina María Marrero, quien fuera concejala de Seguridad y Emergencia respondió durante su testimonio a las diferentes preguntas de la defensa. La que fuera componente del Partido Popular (PP) en los años investigados afirmó no recordar de forma clara su participación en los plenos de noviembre de 2011, sobre el préstamo ICO, y de mayo de 2012, para conformidad del Real Decreto con los proveedores. Marrero negó haber recibido cualquier tipo de prensión por parte de José Montelongo, además aseguró que no le constaba que los diferentes concejales tuvieran acceso a los diferentes documentos que se presentaban en el Pleno.

Vicente Jesús Dorta afirmó que ocupaba la concejalía de Oficina Técnica e Infracción de Movilidad como representante del PP. Al igual que su compañera de partido, Dorta, informó de que fue inducido por el acusado, José Montelongo, para cambiar su voto en los diferentes plenos. Acerca de su presencia en estos actos aseveró que no lo recordaba pero que “probablemente estuviera”.

El que fuera concejal de Nuevas Tecnologías, Parques y Jardines, David Rodríguez, confirmó su presencia en los Plenos analizados, respondiendo las preguntas de la defensa, y compartió la postura del resto de testigos negando presiones procedentes de José Montelongo. Ante la pregunta de si existían informes de carácter mediativo, Rodríguez afirmó que no había informes de este tipo, además confirmo que la relación entre el interventor y el tesorero era “mala”.

María Angela Hernández, componente del PP, confirmó su presencia en los Plenos de noviembre de 2011 y mayo de 2012 y que José Montelongo no condicionó su voto en ninguno de estos actos. Uno de los abogados de la defensa preguntó a Hernández si recordaba una serie de eventos que realizaron en los diferentes años investigados como fueron el mercadillo de San Ginés, la Feria de Cruceros, el mercadillo de Navidad de 2011, la Feria de Comercio de Altavista, las Campanadas del año 2011 y el correspondiente traslado del mercadillo de San Ginés debido a este suceso. La que fuera concejala aseguró recordar los diferentes eventos y las instalaciones pertinentes que se tuvieron que realizar en ellos.

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Orlando Umpierrez, componente de Coalición Canaria (CC), afirmó no recordar si estuvo presente durante los Plenos pero que “hay actas y seguramente estaba”. Al igual que el resto de testigos negó con rotundidad ningún tipo de acción porte de José Montelongo para inducir su voto en los plenos. Acerca de la documentación presentada en los Plenos, el concejal aseveró, ante las preguntas de la defensa, que la documentación estaba a disposición de los concejales y que “nunca se me negó documentación”. Umpierrez señaló que no existían informes de carácter negativo y que “poco se podía discutir si los informes eran positivos”, respondiendo así a la pregunta de la defensa de si los debates que se tenían en el Pleno eran de índole política.

El actual concejal de la Policía Local en el ayuntamiento de Arrecife, Jacobo Lemes, fue otro de los representantes políticos que acudió a declarar. El componente de CC aclaró que durante los años que están siendo investigados él estuvo en la oposición y posteriormente fue el encargado de las áreas de Parques y Jardines, Tráfico, Policía Local y Juventud. Lemes confirmó su presencia en los diferentes Plenos y que el que fuera concejal de Hacienda en esos momentos no realizó ningún tipo de coacción en su voto. Además, ha confirmado que los diferentes concejales tenían acceso a la documentación del pleno y que él mismo en persona fue a ver dichos documentos cuando estaba en la oposición.

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Francisca Toledo Hernández, quien fuera concejala de Eduación y Deportes como componente del PSOE, negó durante su testimonio, como el resto de testigos, que José Montelongo la presionara de alguna manera para condicionar su voto. Ante la pregunta de cómo era la relación del interventor y el tesorero, Hernández afirmó que “buena comunicación no había”. Uno de los abogados de la defensa preguntó, al igual que a María Angela Hernández, si recordaba la realización de la Feria de Cruceros, evento el cual no recordaba exactamente. Francisca Toledo Hernández sí confirmó que recordaba las campanadas de 2011 y el traslado del mercadillo, además de las diferentes infraestructuras que se tuvieron que colocar.

Este martes continuarán los testimonios en una nueva jornada del caso Montercarlo, entre los testigos cabe destacar la intervención de la ex alcaldesa del PSOE en Arrecife Eva de Anta.


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NotaPublicado: Mar 10 May, 2022 5:43 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

La ex alcaldesa y ex concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife Eva de Anta ha afirmado este martes en sede judicial que su antiguo compañero José Montelongo no la condicionó a la hora de votar ningún asunto en los plenos, asegurando eso sí que confiaba en él porque era el encargado del Área de Hacienda y quien elaboró los diferentes informes con los que se pesentaban en las sesiones plenarias. "Era una dinámica de partido”, comentó durante el interrogatorio que se ha producido en esta segunda jornada de la semana en el arranque del análisis del caso Montecarlo que está llevando a cabo la Audiencia Provincial de Las Palmas en la capital lanzaroteña. De Anta, que sigue militando en el Partido Socialista (PSOE) mientras Montelongo no sólo no lo hace sino que se presentó contra ellos en las anteriores elecciones locales con la Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL), explicó que los concejales socialistas tenían la costumbre de confiar los unos en los otros y que no discutían nada de lo que presentaba cada uno en sus departamentos para llevarlo a votación, motivo por el que prestaban su apoyo con un voto afirmativo que no partía precisamente del análisis riguroso de cada propuesta. Todo, como además ha venido sucediendo con el resto de concejales que tuvieron responsabilidades de gobierno en el periodo que se analiza, cuando además no venía con informes negativos de ninguno de los técnicos municipales.

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La abogada de la Acusación Popular, Irma Ferrer, le preguntó durante la sesión de este martes si esta dinámica de confiar y votar a favor se extendía al resto de los concejales del Gobierno. La testigo contestó que sí se producía esta confianza en los diferentes concejales, confianza que les llevaba, efectivamente, a dar como buenos los asuntos que planteaban y que consideraban necesario llevar a aprobación en un pleno.

Ante la pregunta de la Fiscalía sobre de quién partía la propuesta del contratista, declaró que "las áreas eran las que determinaban la necesidad, los técnicos elaboraban los diferentes presupuestos y era el responsable del área el encargado de analizar las diferentes ofertas y elegir la más optima”. Ante las preguntas de la Defensa sobre si todas las concejalías poseían técnicos, la ex concejala de Cultura señaló que “había personal cualificado y no cualificado”. También fue preguntada acerca de si recordaba las campanadas de fin de año de 2011 y que si sabía si este evento provocó el traslado del mercadillo de San Ginés a la Avenida Bargas, situación que afirmó no recordar de forma concreta pero que sí comentó que sabía que se había producido esa celebración.

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El actual parlamentario autonómico del PSOE, Pedro Viera, ha afirmado durante su testimonio que él era el encargado de asumir la concejalía de Hacienda. Viera ha explicado, ante las preguntas de la Defensa, que “debido a una decisión de índole personal, porque no podía compaginar mi labor profesional como educador” no fue finalmente concejal de Hacienda, aunque señaló que estuvo en la concejalía durante un mes. Ante la pregunta de si recordaba que se realizara la transferencia de competencias junto al alcalde Cándido Reguera, el testigo aseguró no recordar de forma concreta dicho suceso. El parlamentario aseveró que durante su corta estancia en Hacienda no se contaba con administrativo y era “alguien del personal del Ayuntamiento quien iba y ayudaba”. Pedro Viera finalizó su testimonio recordando que era el portavoz socialista en los años que están siendo investigados, que “no había informes negativos, ni advertencias de secretaria o intervención” respecto a la documentos que se presentaban en los plenos y que no había recibido ningún tipo de coacción o presión parte del que fuera su compañero de partido José Montelongo.

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Rafael González aclaró, durante su respuesta a las preguntas de la defensa, que durante los años investigados fue concejal de Coalición Canaria (CC) en la oposición hasta el año 2011 y posteriormente ocupó la concejalía de Cultura y Turismo. González señaló que “sí se poseían técnicos, pero no eran suficientes”, ante la pregunta de quién ejercía las funciones de este puesto cuando no se contaba con esta figura aclaró que en su caso concreto “siempre tenía técnicos”. Otras de las cuestiones que respondió el componente de CC era acerca de la celebración de la Feria de Comercio de Altavista y si recordaba que fuera necesario equipar la zona con casetas y otro tipo de cuestiones. El ex concejal aseguró recordar esta celebración y que se tuvo que equipar el espacio donde se llevó a cabo.

Ante esta pregunta sobre la feria, la Acusación Popular profundizó en este evento y preguntó a Rafael González si durante su presencia en el realizó una comprobación minuciosa observando si coincidían los parámetros marcados en las facturas con el resultado final del evento. El testigo negó haber realizado dichas comprobaciones minuciosas y que su presencia en el acto únicamente confirmó que se realizó de forma

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Andrés Ginés González confirmó durante su testimonio que su puesto en el Ayuntamiento era el de animador socio cultural y que también realizaba las funciones de suplidor de la categoría de técnico. La Defensa le preguntó si había firmado facturas como animador social cultural y si él realizaba las diferentes contrataciones. Ante estas cuestiones González aclaró que “firmaba facturas como animador para confirmar que todo estaba correcto. Yo no contrataba a nadie, solo elaboraba los documentos y la propuesta de gasto”. El testigo destacó que esta propuesta no era necesaria siempre y que las ocasiones en la que lo era se marcaban por la “necesidad política”. Acerca de si poseía la cualificación necesaria para realizar todas las valoraciones aseveró que “cuando eran valoraciones muy precisas se acudía al técnico”. Sobre si recibieron algún tipo de formación sobre los derechos y obligaciones que poseían al firmar estos documentos, González afirmó visiblemente molesto que “llevamos varios años pidiendo al Ayuntamiento esta formación”, dejando claro que no se poseía ningún tipo de conocimiento acerca de las consecuencias que podía tener la realización de esta firma.

La Fiscalía solicitó al testigo que explicara quien determinaba la necesidad, anteriormente mencionada, que estaba vinculada a la elaboración de la propuesta de gasto. El animador socio cultural explicó que “era una necesidad determinada por decisión política, era el determinada por el político”. Acerca de si se firmaban las facturas ante técnico el testigo aseguró que “se empieza a firmar facturas en 2010”. González finalizó su intervención aseverando que “contratación era quien tenía la última palabra con los contratistas, nosotros recibíamos ordenes políticas y era el concejal quien los proponía”, respondiendo así a la pregunta de la fiscal acerca de quien era la figura que pedía los presupuestos a los contratistas.

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Ana Sofía Sigut, técnico del área de Festejos desde el año 2018 explicó que es la superior de José Nieves quien es coordinador y que las funciones que él realiza son las de comprobar que se han realizado los diferentes eventos y firmar el acta de conformidad, documento que certifica actualmente la elaboración de los eventos. Ante las preguntas de la defensa sobre si José Nieves realizaba estas mismas funciones en los años investigados Sigut afirmó desconocerlo.

La fiscal por su parte solicitó a la testigo que explicara si el contrato o la propuesta de gasto se encontraban junto al acta de conformidad mencionado anteriormente. La técnico detalló que “viene todo, se realiza un desglose y se comprueba absolutamente todo”. Tras esta declaración la Defensa preguntó a la testigo si esto proceso que acaba de detallar se realizaba a partir del año 2018, buscando con esto el letrado de la defensa aclarar que estas acciones y comprobaciones no se realizaban durante el periodo analizado.

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La actual concejala de Festejos de Arrecife, Encarna Paéz, participó como testigo este martes aclarando que durante los años investigados formó parte de la oposición. La Defensa centró sus preguntas en el evento de inauguración de luces de Navidad que llevó a cabo el alcalde fallecido Enrique Pérez Parrilla. Paéz afirmó no recordar si estuvo presente, pero tras mostrarle el letrado una fotografía confirmaba su presencia. Ante la pregunta de si esta inauguración se realizó en diferentes barrios la testigo señaló que no recordaba los sucesos producidos en esa época.

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Este miércoles se realizará la última jornada de la tercera semana del caso Montecarlo, entre las personas que intervendrán cabe destacar a Pedro de Armas San Ginés, Tomas Fajardo y Astrid Pérez


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NotaPublicado: Mié 11 May, 2022 3:50 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

La novena sesión del juicio del conocido caso Montecarlo que está siendo desarrollado por la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife bajo la presidencia del magistrado Emilio Moya ha finalizado en unos escasos quince minutos después de que la Defensa de uno de los acusados, el ex consejero del Partido Socialista (PSOE) en el Cabildo de Lanzarote y trabajador del Ayuntamiento capitalino Miguel Ángel Leal, decidiera renunciar al testimonio de varios testigos que deberían haber prestado declaración en esta jornada, para evitar sobre todo que se repitan testimonios que han quedado claros y no prolongar el ya de por sí dilatado devenir de este macroproceso.

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Únicamente tres de los nueves testigos que estaban previstos finalmente prestaron su testimonio, por lo que el resto de las personas que fueron convocadas tuvieron que abandonar el Juzgado escasos minutos después de haber acudido, lo que, con el lógico enfado de alguno de los citados, ya se había producido el día anterior. Hasta cierto punto entra dentro de la lógica de un procedimiento de estas características, cuando todos los políticos que han pasado han argumentado lo mismo sobre la inexistencia de informes técnicos negativos que justificaran su negativa a apoyar los proyectos o la ratificación de personas y empresas implicadas en la organización de eventos que han ratificado que todos se celebraron.

Los testimonios arrancaron con la declaración de Alexander Pérez, en ella confirmaba a la Defensa que es el dueño de un bar ubicado en las cercanías de la plaza de San Ginés desde “el año 2009 aproximadamente”. El letrado preguntó al testigo que, si debido a la ubicación de su establecimiento recordaba la realización de los diferentes eventos que estaban ubicados en la zona, destacando las campanadas del año 2011, y las diferentes instalaciones que estas necesitaban. El dueño del establecimiento confirmó la realización de la celebración de fin de año, provocando el traslado del mercadillo a la avenida Bargas, y los diferentes medios que se emplearon.

El director general de la agencia de viajes La Molina, Juan Carlos Ferrer, fue el siguiente testigo en declarar. La Defensa en este caso preguntó a Ferrer si recordaba la feria de cruceristas y las diferentes infraestructuras que se tuvieron que realizar. El director general afirmó que se realizó el evento y que se llevaron a cabo varias instalaciones con motivo de este. El letrado solicitó a Ferrer que le confirmara si los medios de comunicación se habían hecho de la feria, lo cual ratificó sin dudar.

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La última persona en testificar esta jornada fue Rosario González una comerciante y quien fuera presidenta de la Comisión de Pequeños Comerciantes de Altavista. La comerciante aseguró, ante las preguntas de la Defensa, no recordar si la feria fue previamente a la creación de la comisión ni “si fue en 2009 concretamente porque hubo varias” aunque si confirmó su elaboración. Ante la pregunta de si recordaba la dotación realizada en este evento González confirmó que se tuvieron que realizar varias instalaciones.

De esta manera, sin la repercusión mediática que ha tenido el arranque en el que primó el espacio ocupado por las acusaciones particulares y por el propio Ministerio Público, finaliza la tercera semana del caso Montecarlo. El próximo lunes continuarán los diferentes testimonios de los testigos solicitados. Entre las personas llamadas a declarar destaca Leopoldo Díaz, actual viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica y quien fuera secretario del Ayuntamiento de Arrecife durante uno de los mandatos analizados.


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NotaPublicado: Mar 17 May, 2022 4:01 pm 
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Según Crónicas de Lanzarote:

La Fiscalía ha elevado a definitivo este lunes sus conclusiones sobre la pieza del caso Montecarlo que ha venido juzgando la Audiencia Provincial de Las Palmas en Arrecife desde el pasado día 25 de abril en un macroproceso que ha concluido, al menos en la parte que se va a desarrollar en Lanzarote. Así, según ha explicado la fiscal del caso, ha determinado después del procedimiento y de estudiar pruebas y testimonios rebajar las penas al ex interventor del Ayuntamiento capitalino Carlos Sáenz a un año y seis meses de prisión y la inhabilitación de dos años y seis meses para ejercer cargo público y mantener intactas el resto de penas para los demás denunciados en esta causa. Entre las defensas, además de pedir la libre absolución de todos los acusados, se ha solicitado a la Audiencia Provincial que tenga presente la dilación indebida del procedimiento por los años que se ha tardado en juzgar lo que sucedió entre 2008 y 2011. Son las principales conclusiones de una jornada en la que el interrogatorio más largo se produjo con el que fuera interventor y auditor del Estado José Manuel Cardona, que ha encontrado una férrea oposición por parte de los abogados de los acusados en el intento de desmontar su informe sobre lo que sucedió en la institución durante ese turbio periodo de la vida política y técnica de la capital lanzaroteña. Además, en esta jornada intervino el ex secretario de la institución y actual viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Leopoldo Díaz, que lo primero que hizo fue aclarar a los magistrados que él no fue responsable del departamento de Secretaría durante el periodo analizado, sólo lo fue en una sesión plenario en julio de 2012 a petición del ex alcalde Manuel Fajardo Feo para que sustituyera a la persona que debía llevar el puesto y se encontraba de vacaciones. Díaz, además, dejó claro que durante el periodo que sí ocupó la plaza de secretario detectó, como el resto, una carencia notable de técnicos en varios departamentos.

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Leopoldo Díaz, funcionario del Cabildo que ha ocupado la plaza de secretario del Ayuntamiento de la capital y que actualmente está en un departamento clave en el Gobierno del socialista Ángel Víctor Torres, comenzaba su testimonio aclarando precisamente que ejerció las funciones de secretario del Ayuntamiento de Arrecife a partir del año 2013 hasta el 2015, por lo que no realizó este trabajo durante los años investigados. Ante las preguntas del abogado de la defensa de Miguel Ángel Leal, señaló que durante el periodo que fue secretario había departamentos que poseían técnicos y “otros no”. Ante la pregunta de si Miguel Ángel Leal participaba en las contrataciones, Díaz señaló que no conocía "circunstancias concretas”, respuesta que provocó que el abogado repreguntara señalando si los animadores socioculturales participaban en la contratación, aseverando el testigo que “en un principio no”.

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El abogado de José Montelongo comenzó su espacio de preguntas solicitando al viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias que le confirmara si ocupaba el puesto de secretario en el año 2012. Ante esta pregunta el testigo recordó su aclaración al principio de su testimonio; sin embargo, el letrado le preguntó si no había tenido que ejercer de secretario en un pleno ese mismo año. Leopoldo Díaz aclaró que en julio de 2012 el que fuera alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, le solicitó que ejerciera estas funciones debido a que quien ocupaba dicho puesto se encontraba de vacaciones. Además, indicó que la interventora en ese momento era Carmen Villaverde de forma accidental. El abogado de José Montelongo también preguntó al testigo acerca de si, en los años que ejerció de secretario, la documentación estaba a disposición de los diferentes concejales y se realizaron plenos extraordinarios para aprobar el reconocimiento de crédito. Díaz aseveró que la documentación "es una cuestión que se maneja todos los días en la administración" y que se realizaron varios plenos extraordinarios, aunque no sabía la cifra exacta.

El abogado de Miguel Ángel Leal comenzó el periodo de preguntas con Humberto Tavio, animador sociocultural del Ayuntamiento, apuntando si conocía a Tomás Hernández y a su defendido. El testigo afirmó que sí los conocía y que también eran animadores socioculturales aunque estaban en otra Área distinta. El letrado le solicitó que especificara qué funciones tenían sus compañeros de profesión pero Tavio destacó que no sabía cuales "eran sus funciones”. Acerca de la firma de facturas durante los años investigados afirmó haber realizado esta firma y que “era la forma de reconocer que el servicio se había hecho” y que además los procedimientos eran establecidos por los áreas de Intervención y Contratación. Tavio señaló, ante las preguntas del abogado de la Defensa, que cuando se debía realizar un trabajo en el que no tenían cualificación como podía ser algún tema de electricidad se acudía a otros departamentos como alumbrado para solicitar un presupuesto y posteriormente ellos estampaban su firma cuando todo estaba hecho.

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La Defensa de Penélope Tabares comenzó su intervención mostrando diferentes facturas al testigo y preguntándole si reconocía su firma en ellas. El animador sociocultural afirmó que “sí y también está la firma de la concejala Eva de Anta”. Además explicó que “la propuesta de gasto venía de Compras, el trabajador del área elaboraba la solicitud del servicio y la llevaba a Compras acompañada del presupuesto”. Posteriormente aclaró que él “sólo firmaba la solicitud y una vez la recibía Compras la devolvía” y que además podían venir otras ofertas y que ellos no decidían. A continuación se le mostró otra factura con una propuesta de referencia a otra factura con el trabajo aún sin realizar; ante esto afirmó que era “un error” y que no sabía como podía haberse producido. El letrado de la Defensa preguntó si esto podía deberse a un traslado de número, a lo que el testigo contestó que podía ser el motivo.

José Manuel Cardona, técnico del Estado que investigó el proceso que se produjo en esos años en la institución capitalina, comenzó su intervención recordando los informes que realizó como interventor y auditor del Estado para el caso, ratificándose de nuevo en el contenido de su informe. Cardona señaló que el objeto de este documento consistía en el examen de los diferentes folios que le fueron transferidos y observar lo que se mostraba en ellos. Posteriormente aclaró a la fiscal que la finalidad era “mirar las irregularidades que había”. El que fuera interventor estatal explicó que la iniciativa de contratar parte del concejal porque es quien “define la necesidad y es luego se realiza un proceso en cadena hasta que se realiza”. El que fuera trabajador del Estado explicó el fraccionamiento de facturas, señalando que este proceso en el que se dividían contratos mayores para obviar inconvenientes y requisitos que estos tenían es “malversación de fondos”. Cardona también afirmó que “una propuesta de gasto debe tener una sola factura y no pueden haber varias ya que sería algo irregular, a no ser que sea un circunstancia extraordinaria”. Durante su intervención también hizo referencia a dos conceptos que se empleaban en las facturas, de gasto general y beneficios industriales, que se empleaban en contratos que no podían incluirse aumentado el coste de la factura de forma irregular, señalando que “lo que no es legal es el beneficio industrial que aumenta el importe de la factura”. Los diferentes abogados de la Defensa realizaron preguntas acerca de ciertos puntos del informe a Cardona que consideraban incongruentes o sobre los que le pedían explicaciones, algunos de estos extractos versaban sobre el objeto del informe o puntualizaciones que en un principio el testigo aseguraba no podía realizar pero que sin embargo aparecían en el informe. Ante esto el que fuera interventor del Estado se mostró visiblemente molesto y se vio en la necesidad de realizar varias puntualizaciones y aclaraciones. Esta circunstancia provocó que su declaración fuera la más extensa de la jornada ocupando gran parte del tiempo de la sesión.

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Enrique Salvador Villar ratificó durante su intervención los informes que elaboró acerca de la fiscalización del Ayuntamiento de Arrecife en el año 2014. Villar señaló que el interventor del Ayuntamiento no mostró ningún reparo en los diferentes contratos durante la realización de sus funciones. Durante su respuesta a las preguntas de la Defensa de Isabel Martinón afirmó que “no había un procedimiento normalizado en el Ayuntamiento” y que “el alcalde debía exigir que intervención garantizara la legalidad del procedimiento”. Además, añadió que “el interventor tenía que analizar que los contratos fueran menores o no y haber valorado los fraccionamientos”.

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El abogado de la Defensa de José Montelongo solicitó al testigo que confirmara si se realizó un reconocimiento extrajudicial de crédito y cual fue el motivo. Ante esta cuestión Villar confirmó que se realizó por una cantidad cercana a los 680.000 euros por facturas conflictivas en el año 2012.

Tras la intervención de los diferentes abogados de la Defensa, la Fiscal le pidió al testigo que explicara que hacer en el caso de que el expediente de pago llegara sin reparos del ordenante, pero se fuera consciente de que había irregularidades. Villar declaró de forma rotunda que “en ningún caso ordenar el pago y se debería exigir al interventor que realice un informe”. La Fiscal continuó sus preguntas señalando si el alcalde o el ordenador pueden negarse a firmar este documento teniendo conocimiento de las irregularidades, el testigo no dudó en indicar que “deberían hacerlo”. El testigo explicó que las facturas conflictivas son aquellas que carecen de procedimientos y que esto llevaba a “la nulidad”. Finalizó afirmando que “si sucede una irregularidad se debe exigir a quien haya dado pie a ellas por no cumplir sus responsabilidades y esto sería a toda la gente vinculada al proceso, no solo al interventor”.

Tras la finalización de los testimonios la fiscalía señaló que reducía la solicitud de pena para el interventor Carlos Sáenz debido a su colaboración y cooperación con la justicia. Finalmente se piden 1 año y 6 meses de prisión además la inhabilitación de cargo público por 2 años y 6 meses. Para el resto de acusados se solicita las mismas penas, siendo las siguientes:

Para el exalcalde de Arrecife José Montelongo se solicitan 10 años de cárcel. Los exconcejales Eduardo Lasso e Isabel Martinón se exponen a unas condenas de 5 años y 3 meses de prisión. Por su parte Alberto Morales y Víctor Sanginés se enfrentan a un castigo de 5 años cada uno. Para los técnicos Isidro Hernández y José Cabrera se solicitan penas de 4 años y 9 meses de cárcel. El empresario Carlos Lemes se enfrenta a 6 años de prisión por los delitos que se le imputan. Para los técnicos José Nieves, Miguel Ángel Leal y Penélope Tabares se piden 5 años y 3 meses para el primero de ellos y 5 años para Tabares y Leal.

Los abogados de los diferentes acusados pidieron la libre absolución para sus representados. Cabe destacar que la Defensa de Isabel Martinón señaló que se habían producidos dilaciones indebidas del procedimiento y que se deberá tener en cuenta a la hora de dictar sentencia. Tras esto se daba por finalizada la sesión.

La próxima vista se llevará a cabo en Las Palmas de Gran Canaria el próximo día 7 de junio arrancando la sesión a las 9:45 de la mañana.


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NotaPublicado: Vie 07 Oct, 2022 3:41 pm 
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Según La Voz de Lanzarote:

El último juicio del caso Montecarlo ya tiene sentencia, condenando solo a dos de los once acusados que se sentaron en el banquillo. Uno de ellos es el exinterventor, Carlos Sáenz, y la otra la exconcejal de Hacienda por el PNL, Isabel Martinón, a los que considera autores de delitos de prevaricación administrativa.

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Respecto al resto de acusados, entre los que se incluía el ex alcalde socialista José Montelongo, por su etapa al frente de Hacienda, han resultado absueltos en este fallo, dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En cuanto a Sáenz y Martinón, la sentencia considera probada la prevaricación administrativa, pero no el resto de delitos por los que había formulado acusación el Ministerio Fiscal. Se da la circunstancia de que Carlos Sáenz volvió a confesar al inicio de este juicio, señalando que eran "ciertos" los hechos relatados por la Fiscalía, pero finalmente no responderá ni por malversación de caudales públicos, ni por fraude a la administración ni por falsedad documental.

Para Saénz, que ya tiene otras condenas a sus espaldas, la pena establecida esta vez por la Audiencia es solo de cuatro años y tres meses de inhabilitación, aplicando como "atenuante muy cualificada la colaboración con la justicia" y las "dilaciones indebidas" en la tramitación de la causa. Por su parte, Martinón ha sido condenada a 7 años de inhabilitación. Actualmente, ninguno de los dos ocupa cargos públicos.

Junto a Montelongo han resultado absueltos los ex concejales Víctor Sanginés, Eduardo Lasso y Alberto Morales, el empresario Carlos Lemes y los trabajadores municipales José Nieves Caraballo, Miguel Ángel Leal, Penélope Tabares e Isidro Hernández.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostenía que las empresas de Lemes, Inelcon y Señalcon, recibieron más de 3,6 millones de euros del Ayuntamiento en poco más de cuatro años, incluyendo pagos por servicios no prestados y facturas infladas. "Obedecen a servicios no prestados un mínimo de 757.675,34 euros (Inelcon) y de 84.119,55 euros (Señalcon)", precisaba el Ministerio Público, que reclamaba prenas de prisión y la devolución del dinero presuntamente malversado.

Sin embargo, la Audiencia no considera probada esa malversación de fondos públicos y solo ve prevaricación en el modo en el que se autorizaron algunos de los pagos. Concretamente, en el caso de Martinón, tenía varios informes por escrito de una técnico municipal advirtiéndole de irregularidades en el expediente, pero aún así continuó adelante con los pagos. Entre otras cosas, la técnico advertía que no había propuesta de crédito y que no se habían pedido otros presupuestos, pero también de que se estaban fraccionando contratos (para no superar el límite que obliga a sacarlos a concurso) y que “se había propuesto a una empresa no capacitada para ello”.


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Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com