FORO SOBRE LANZAROTE

Según la voz de lanzarote:

En sentencia dictada el pasado 8 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha estimado el recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra las dos licencias urbanísticas, una para el proyecto básico y otra para el proyecto de ejecución, concedidas por el Ayuntamiento de Yaiza el 1 de junio de 1998 y el 11 de agosto de 2000, respectivamente. Es muy probable que esta sentencia sea declarada firme próximamente por no caber contra la misma recurso de casación.



Para el Cabildo de Lanzarote, "el caso del Hotel Papagayo Arena supone el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico", dado que la propia Corporación insular había denegado ya, a través de una resolución de la Presidencia con fecha de 16 de agosto de 2005, la licencia de apertura y puesta en funcionamiento del establecimiento, debido a las múltiples irregularidades y anomalías advertidas. En este sentido, la sentencia viene a refrendar las tesis de esta Institución.

Desde la Corporación destacan que "la situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que sobre este hotel pesa un expediente de expropiación forzosa de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que se encuentra en avanzada fase de tramitación". En estos momentos, el Consejo de Ministros está valorando la declaración de utilidad pública del suelo, condición indispensable para llevar a cabo la expropiación.

Esta medida se enmarca dentro de las actuaciones prioritarias del Ministerio en relación a la recuperación del litoral nacional, más aún en el caso de la playa de Las Coloradas, que linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. Ahora, desde el Cabildo sostienen que "esta sentencia facilitará enormemente el proceso de recuperación del suelo, aminorando considerablemente el precio a abonar a los propietarios del inmueble, que se encuentra abierto al público sin autorización legal".

En el ámbito del Plan Las Coloradas es la tercera sentencia que se dicta, habiendo sido favorables todas ellas a los argumentos sostenidos por el Cabildo. Dos procedimientos judiciales restan en dicho Plan, esperándose que las respectivas sentencias se produzcan en fechas próximas.

De los muchos motivos de nulidad invocados por la defensa del Cabildo insular (entre otros, ineficacia del planeamiento parcial de Las Coloradas, falta del preceptivo informe jurídico municipal, informe técnico municipal sin contenido, carencia de informe del Cabildo sobre compatibilidad con el Plan Insular, inadecuación del proyecto a la ordenación aplicable, ausencia de informe favorable sobre condiciones de habitabilidad y caducidad de la licencia), el Tribunal Superior anula las licencias, acogiéndose a la ineficacia del Plan y a la vaguedad e inconcreción de los informes jurídicos y técnicos municipales.

En el momento de la concesión de las licencias no se habían publicado las ordenanzas urbanísticas del plan que les servía de cobertura. Esto supone una violación del principio de publicidad plena de las ordenanzas y demás normas de los planes urbanísticos reconocido por la jurisprudencia en interpretación del artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, interpretación que en palabras del Tribunal Supremo es la más acorde con los preceptos impuestos por la Constitución, que no toleraría la existencia y obligatoriedad de normas que configuren, limiten o definan el contenido de la propiedad urbanística sin la necesaria publicidad.

Según la sentencia del Alto Tribunal canario, las licencias anuladas se fundaron en informes jurídicos y técnicos que no pueden ser considerados como tales por su falta de contenido mínimo. Los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente se emiten con violación flagrante de los requisitos esenciales que han de regir el procedimiento de otorgamiento de licencias establecido en la legislación territorial y urbanística de Canarias, lo que convierte los actos administrativos ahora anulados en arbitrarios.

Una vez más las causas de inadmisibilidad formuladas por el Ayuntamiento de Yaiza no son estimadas por el Tribunal al proclamar que el Cabildo presentó el recurso contencioso administrativo dentro del plazo legalmente establecido, que se cuenta a partir de la fecha de notificación de la licencia, entendiendo el Tribunal que lo decisivo es que nunca se produjo dicha notificación de modo fehaciente al Cabildo insular desde el Ayuntamiento, tal y como exige la legislación. Igualmente, señala el Tribunal Superior, en contra de lo sostenido por el Ayuntamiento de Yaiza, que tampoco había caducado la acción del Cabildo para impugnar las licencias que con esta sentencia resultan anuladas.

Según elpais.es:

El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. El cabildo de Lanzarote lo califica como "el ejemplo más grave de edificación ilegal desde el punto de vista jurídico". No sólo su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel.

Lo llaman el Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. Su licencia es nula, según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar". El Ministerio de Medio Ambiente admite que "la estructura e instalaciones del hotel dificultan e impiden el acceso público al mar y el tránsito por la costa", algo prohibido por la Ley de Costas, de 1988.

El hotel, cuya licencia es de 1998, muy posterior a la Ley de Costas, está en la cala de las Coloradas (Yaiza), "en una playa natural encajada (de las mayores de la costa sur de Lanzarote)", según una nota que Medio Ambiente ha remitido a este diario. Tiene 747 camas y, según el cabildo, linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches. No es fácil encontrar un caso tan extremo.

El 23 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros declaró "de utilidad pública" el terreno del Papagayo "para su incorporación al dominio público". El objetivo era expropiarlo, demolerlo y recuperar el paisaje. El Gobierno destacó entonces que su objetivo era "ensanchar en lo posible la franja del dominio público para asegurar una mayor disponibilidad de terrenos libres junto al mar".

Dos años después poco queda de esas intenciones. El expediente está paralizado. El abogado de la empresa, José Luis de Tomás, asegura que no ha recibido noticias del Gobierno en más de un año y que por eso ha pedido la caducidad del expediente: "El expediente de expropiación ha caducado, ya que no han movido un papel ni nos han notificado nada desde entonces".

Una portavoz de Medio Ambiente considera que el expediente formalmente no está cerrado y que el ministerio aún "está estudiando los efectos" de la sentencia de ilegalidad, dictada hace más de un año y siete meses. En realidad, fuentes próximas al ministerio aseguran que el expediente está paralizado y que el hotel está, en la práctica, indultado.

El caso es similar al del hotel de El Algarrobico (Carboneras, Almería). El mismo Consejo de Ministros que ordenó expropiar el Papagayo aprobó la del de Carboneras, que está paralizado por orden judicial, pero cuya sentencia está recurrida.

Tras las elecciones generales de hace un año, el equipo que dirige Elena Espinosa paralizó la expropiación. El ministerio afirmó el pasado 12 de febrero que lo hacía porque así se lo recomendó el abogado del Estado el 11 de noviembre. La abogacía consideraba que expropiar un hotel que podía ser declarado ilegal supondría malgastar dinero público, ya que se podría tirar sin dinero público. El argumento choca con la respuesta que el pasado 2 de febrero Medio Ambiente dio al diputado de ICV, Joan Herrera. En ella afirmaba que la expropiación "se seguía tramitando". En el caso del Papagayo, la sentencia sí es firme, pero Medio Ambiente no ha pedido la demolición.

En Lanzarote hay una veintena de hoteles en la misma situación, ilegales porque la licencia municipal incumple el plan insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. La fundación ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados. El Papagayo no está en esa lista ya que en ese caso no está personada la fundación, según su portavoz, Carlos Meca.

Además, el Cabildo de Lanzarote anunció el jueves pasado que impulsará una ley para legalizar los hoteles, aunque su presidenta, la socialista Manuela Armas, aseguró que no todos los complejos podrían ser legalizados. El cabildo considera que el Papagayo es el que más incumple la ley y confiaba en que Costas lo derribara.

El bloqueo del expediente llega en plena presión sobre la Ley de Costas y después de que los grupos ecologistas criticasen que el Gobierno está suavizando esa norma y su aplicación. En Canarias, Costas tramita el derribo de Tufia, un poblado de pescadores, y en octubre pasado demolió Cho Vito. Coalición Canaria y el PP han respondido con una ley para salvar cientos de viviendas construidas en la playa por su "valor etnográfico".

Los socialistas sostienen que esta ley invade competencias, pero también esperaban del Ministerio de Medio Ambiente una actuación ejemplar sobre algún gran edificio para contrarestar la imagen de que Costas sólo actúa contra los pequeños propietarios. Ese edificio emblemático no parece que vaya a ser el Papagayo.

Según Crónicas de Lanzarote:

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha defendido este martes en los Desayunos de Europa Press la legalidad del Hotel Papagayo Arena, confirmando la posición "clara y nítida" manifestada desde un principio por Papagayo Arena S.L. respecto a que el hotel se construyó "con respeto absoluto a la ley, y gozando, por tanto, de la protección del ordenamiento jurídico autonómico, estatal y europeo", según explicaron a Crónicas fuentes de la empresa. Se da la circunstancia de que las importantes manifestaciones de la ministra que ha sustituido a Cristina Narbona se han producido un día después de que el diario El País adelantase que la Dirección General de Costas ya no tiene intención de expropiar la propiedad para proceder a la demolición, como en su día anunció en rueda el ex director general José Fernández y el senador por Lanzarote, Marcos Hernández.



Durante su intervención la ministra quiso diferenciar las polémicas en torno a la paralización de los procesos de derribo del hotel de la playa de Algarrobico, en Almería, y el hotel Papagayo Arena, ya que para ella "no son iguales ni comparables". Explicó que en el caso del establecimiento de Playa Blanca se ha paralizado la expropiación forzosa que había sobre la zona, garantizando que "solicitar su demolición sería como pedir el derribo de un hotel en el centro de Madrid", ya que "cumple absolutamente con toda la norma legal".

La declaración de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino respecto al estricto cumplimiento del hotel Papagayo Arena de la Ley de Costas debe suponer según la propiedad una llamada a la reflexión a todos aquellos que han atacado injustificadamente al establecimiento hotelero, pese a haber acreditado siempre que se edificó en dos parcelas urbanas fuera de los 20 metros de anchura de la zona de servidumbre de protección delimitada en los sucesivos deslindes del dominio público marítimo-terrestre correspondientes a los tramos Papagayo-Playa Blanca y Playa de las Coloradas, aprobados por Orden Ministerial y confirmados por la propia Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en el informe favorable a la adaptación del Plan Parcial Las Coloradas al PIOT de Lanzarote emitido en diciembre de 1999. "Este deslinde fue autorizado y firmado en su día por el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Canarias y director general de Costas en la etapa del Ministerio Narbona, José Fernández", resaltan.

Además, Papagayo Arena S.L., ante las informaciones difundidas sobre el hotel Papagayo Arena, con datos que entienden que son erróneos y en ningún caso contrastados, hace las siguientes puntualizaciones: primera, que el hotel no tiene doce plantas, lo que se puede comprobar a simple vista, sino que ha sido edificado sobre dos parcelas hoteleras situadas en diferentes cotas; segundo, que el hotel no linda con el Monumento Natural de Los Ajaches, cuya regulación, por otra parte, no establece zona periférica de protección.

Según diariodelanzarote.com:

El consejero de Presidencia del Cabildo, Carlos Espino, afirmó este miércoles que “va a ser muy difícil” que el hotel Papagayo Arena “se pueda acoger a ningún proceso de regularización”. Anunció que el PSOE lanzaroteño insistirá ante el Ministerio de Medio Ambiente para que no se paralice el expediente de expropiación.

Espino destacó del Papagayo Arena “su nivel de grosería, de incumplimiento, de afección al paisaje” así como “la ocupación de una cala de una forma que no veíamos desde el desarrollismo”.

Con respecto al proceso de expropiación, iniciado hace dos años y actualmente frenado, no fue, para Espino, “un brindis al sol” ya que se comenzó por una decisión del Consejo de Ministros en la época en Medio Ambiente de Cristina Narbona y José Fernández, ministra y director general de Costas, respectivamente.

El también secretario general del PSOE lanzaroteño señaló este miércoles, en rueda de prensa, que el nuevo equipo ministerial, con Elena Espinosa al frente, “tal vez no cuenta con toda la información” con respecto al citado establecimiento, por lo que consideró “inadecuadas” las declaraciones de la ministra, en las que venía a ‘indultar' al hotel.

Espinosa aseguró que el Papagayo Arena no incumplía la Ley de Costas al no ocupar dominio público marítimo terrestre. Sin embargo, Espino apuntó este miércoles que sí se ha “acabado con un paso [peatonal] que daba acceso a la playa”.

Añadió que, “con independencia de la Ley de Costas”, la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Yaiza fue “ilegal” y ya “no existe” tras la sentencia judicial que declaró su nulidad. Este aspecto, dijo Espino, “tal vez no lo conocía la ministra”.

Por ello, agregó que los socialistas lanzaroteños van a trasladar la información de la que disponen con respecto al Papagayo Arena al equipo de la ministra, así como “tratar de convencerla de que el expediente debe seguir adelante”.

En el caso de que no culminase el expediente de expropiación, en el que se llegó a fijar un coste de seis millones de euros –muy inferior a la valoración de la propiedad-, Espino admitió que “desde el punto de vista político sería un golpe desagradable”.

Según La Voz de Lanzarote:

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, aseguró este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, donde asiste a varios actos relacionados con su departamento, que la sentencia que obliga demoler el hotel Papagayo Arena en Lanzarote no afecta al Ministerio “sino a la administración que dio la licencia”, en alusión al Ayuntamiento de Yaiza.

“Es por un tema que no tiene que ver con [la Dirección General de] Costas sino con la licencia urbanística porque no está en la zona de dominio público terrestre”, dijo Espinosa, y “como ciudadano responsable hay que pedir que se ejecute aunque no tenga que ver con el Gobierno de España ni con esta ley”. La ministra señaló que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la licencia del citado hotel por “cuestiones estrictamente urbanísticas”.

Según falló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 18 de julio de 2007, la licencia es nula. Según un informe del aparejador citado en la sentencia, "el hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa", superaba el número de plantas autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar".

En Lanzarote hay una veintena de hoteles declarados ilegales porque la licencia municipal incumple el Plan Insular para controlar el urbanismo. La Fundación César Manrique ha pedido en diversas ocasiones la ejecución de siete de las sentencias que ha ganado. Además ha pedido que el juez aclare si hoteles de lujo como el Princesa Yaiza o el Meliá Volcán deben ser demolidos o pueden ser legalizados.

Según diariodelanzarote.com:

El expediente de expropiación del hotel Papagayo Arena se queda finalmente en nada. Así lo deja claro Juan Carlos Martín Fragueiro, secretario general del Mar, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, quien ha subrayado que el Gobierno “debe aplicar el principio de eficacia en el gasto” y “desistir de ese procedimiento”.



El Consejo de Ministros aprobó el 23 de febrero de 2007 el inicio de los trámites de expropiación no sólo del hotel Papagayo Arena, ubicado en el plan parcial Las Coloradas de Playa Blanca (Yaiza), sino también de otros establecimientos como el Algarrobico.

El expediente de expropiación, en el que se llegó a valorar el coste de la misma por parte del Gobierno central en unos seis millones de euros –cifra muy alejada de lo que estimaban los propietarios-, se enmarcaba en el programa de adquisición de fincas para preservar piezas de suelo valiosas en el litoral.

Cabe recordar que en el mismo programa de adquisición de fincas del Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno central adquirió por unos 12 millones de euros los terrenos de la Isleta de La Santa, en Tinajo, a la Caja de Canarias, en una operación que tenía como objetivo evitar que se llegase a desarrollar urbanísticamente en el futuro.

Sin embargo, la situación ha cambiado y el Ejecutivo ha dejado aparcado el programa de adquisición de fincas en el litoral, primando “actuaciones que generen ingresos a los empresarios y salvaguarden empleos”, tal y como confirmó Martín Fragueiro en una entrevista en El País.

Para el secretario general del Mar, “con el dinero de todos no podemos pagar una indemnización por un acto que no ha sido provocado por la Administración del Estado, sino por otra”.

En el caso del hotel Papagayo Arena existe una sentencia que anula la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Yaiza. Una resolución judicial “por un tema urbanístico”, señala Martín Fragueiro, quien apunta que el Ministerio está “a la espera” de que el Cabildo decida cómo actúa. Según su criterio, es la administración que recurrió la licencia la que debe “decidir” si pide la ejecución de la sentencia.

Fuente lavozdelanzarote.com:

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado el recurso que interpuso la empresa propietaria del hotel Papagayo Arena y ha ratificado la nulidad de una de las licencias que permitió construir este establecimiento (la última que quedaba pendiente de sentencia firme).



El nuevo fallo, fechado el pasado 30 de octubre, ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Las Palmas, que en 2011 estimó el recurso del Cabildo y anuló la licencia que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió el 30 de abril de 1999, autorizando la agrupación de las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas para edificar sobre las mismas el polémico hotel Papagayo Arena.

En la sentencia que acaba de ser notificada a las partes, el Alto Tribunal señala que “comparte el criterio del Juzgado”, que declaró nula la licencia que permitió la agrupación de las referidas parcelas, porque “ambas parcelas se encuentran separadas por un vial peatonal de acceso al mar de 5 metros de ancho, previsto como vial público, y que dicho vial se mantuvo en la modificación llevada a cabo para su adaptación al PIOT. Lo que conlleva que la licencia incurra en un evidente vicio de nulidad, al no ser parcelas contiguas y, además, supone una flagrante vulneración de las previsiones del Plan Parcial, al invadir el vial”.

El Tribunal Superior de Justicia rechaza los argumentos de la empresa y concluye que resulta “incontestable” la infracción cometida, al autorizar la agrupación de las dos parcelas sobre las que se construyó el hotel, declarando la Sala que “por más que el artículo 67.5 de las Ordenanzas del Plan Parcial permita la agrupación de parcelas con carácter general, resulta incontestable que no cabe agrupar dos parcelas separadas por un vial”.



La Sentencia de la Sala también confirma la anulación de otras dos licencias que el ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, concedió a dicho hotel: una en fecha 4 de septiembre de 2002, autorizando un modificado del proyecto de ejecución, y otra de 9 de diciembre de 2003, autorizando el denominado “estado final de las obras”. El Tribunal ratifica la nulidad de estas licencias porque “derivan” de unas licencias que ya habían sido anuladas por la propia Sala en Sentencia firme de 18 de julio de 2007, que declaró nulas las licencias de 1 de junio de 1998 (autorizando el proyecto básico del hotel) y de 11 de agosto de 2000 (autorizando el proyecto de ejecución).

"No pueden subsistir esas «licencias derivativas» una vez anulada la licencia de obra en que tienen su origen, por la sencilla razón de que desaparece su objeto, presentado un contenido imposible (artículo 62.1 c) de la Ley 30/1992). Ni tiene objeto modificar una licencia anulada ni tiene sentido verificar la adecuación de la obra a un proyecto no autorizado”, señala la sentencia.

Con el fallo de esta última Sentencia, ya han sido anulados todos los permisos urbanísticos que en su momento se concedieron por el Ayuntamiento de Yaiza para la construcción de este polémico hotel, que podría quedar en la práctica abocado a su demolición. Por un lado, porque la invasión del vial público de 5 metros de ancho de acceso al mar impide su legalización. Por otro, porque tampoco entraría dentro de las medidas que prevé el Plan General de Yaiza, que tramita el Gobierno de Canarias, para facilitar la legalización de los hoteles que han visto anuladas sus licencias urbanísticas por los Tribunales. Así, la Disposición Adicional Quinta de este documento, por la que se permitirá hasta un 50 por ciento de aumento de edificabilidad, no serviría para legalizar el Papagayo Arena.

La sentencia también recoge la situación creada por la construcción de este hotel, que fue denunciada por el Cabildo, reflejando que el hotel se "edificó en primera línea de costa invadiendo por completo el vial público de 5 metros de ancho que separa la parcela 1 de la parcela 2 (que “despareció” de la faz de la tierra con la construcción del hotel, que se edificó sobre dicho suelo público), vulnerando de forma flagrante y grotesca la ordenación urbanística aplicable al haber incumplido, también, los retranqueos que debieron observar las edificaciones a ejecutar en la Parcela 1 y en la parcela 2 (no se trata solo de que se agruparon dos parcelas que estaban separadas por un vial peatonal público, sino que tampoco se respetaron los retranqueos que debía mantener la edificación a realizar en dichas parcelas respecto al vial público con el que ambas lindan generando, a su vez, un ilícito aprovechamiento urbanístico radicalmente incompatible con la ordenación aplicable), consumando un resultado que, amén de manifiestamente ilegal, ha provocado un tremendo impacto sobre el frente de playa, generando una enorme pantalla arquitectónica, tanto lineal como vertical, que ha desfigurado por completo dicha zona, que pugna con las bases de la ordenación territorial, urbanística y turística aplicable y repugna al modelo de desarrollo turístico equilibrado y sostenible que se propugna para la Isla en su Plan Insular”.

En el último de los fundamentos de la sentencia, a propósito de los efectos materiales que tendrá la anulación de todas las licencias que se concedieron en su día a dicho hotel, la Sala reprocha al Cabildo de Lanzarote su pasividad a la hora de instar la ejecución de la sentencia que en el año 2007 ya había anulado las licencias del Papagayo Arena. "Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquella primera Sentencia y la actitud del Cabildo, resulta incomprensible”, subraya la sentencia del TSJC.

Vea el informe de Legalidad Urbanística sobre el hotel Papagayo Arena:
http://www.legalidadurbanistica.org/fil ... accion.pdf

Fuente diariodelanzarote.com:

El pasado mes de febrero, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el último recurso que le quedaba al Hotel Papagayo Arena, en Playa Blanca, para intentar dejar sin efecto la sentencia que anula su licencia de construcción.



La propiedad del hotel había solicitado ante los tribunales la nulidad de la sentencia de octubre de 2012 sobre el recurso de apelación, por la que se pedía que se retrotrajesen las actuaciones hasta el momento anterior a dictar sentencia. El Cabildo de Lanzarote pidió que se desestimara esa nulidad. La licencia realmente se anuló por parte del TSJC en julio de 2007, pero la propiedad siguió apelando.

El hotel, de la sociedad levantina Explotaciones Nueva Valencia, consideraba que en la sentencia se había incluido un motivo sin que se le hubiera dado la oportunidad de discutirlo. El tribunal sigue sosteniendo que no ha existido indefensión y que al anularse la licencia de obra del hotel se anulan a su vez el resto de licencias conseguidas tras ella. El TSJC impone las costas del proceso a la empresa.

El caso del Papagayo Arena es uno de los 27 casos de licencias en Playa Blanca y Costa Teguise anuladas por los tribunales a instancias del Cabildo de Lanzarote y de la Fundación César Manrique, que se mantienen desde hace años en situación de ilegalidad. La ejecución de la sentencia se está intentando encajar a través de una legalización en el Plan General de Yaiza y del Plan Insular de Ordenación (PIO) del Cabildo, que deberán ratificar los tribunales.

La licencia para el Hotel Papagayo Arena la concedió el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, en junio de 1998 y se comenzó a construir en 2001. Tiene cuatro estrellas y 747 plazas y se comercializa en régimen de todo incluido.

En el año 2007 se anuló su licencia porque no se publicaron las ordenanzas del plan parcial, no se recabó el informe jurídico municipal para dar la licencia y no respetó la suspensión de licencias que estaba vigente en el momento de concederla.

Además, incumple el PIO, la Moratoria, el plan parcial y la autorización turística. El proyecto incumple el número máximo de plazas que se podía aprobar, incumple la altura y el número de plantas, ocupa 20.000 metros construidos de más, invade una zona verde y un pasillo de acceso a la playa y lo construido no se corresponde con el proyecto autorizado.

En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente inició el expediente de declaración de utilidad pública y la iniciación de los trámites legales para la expropiación forzosa del hotel para demolerlo y restaurar el paisaje, pero después se paralizó.

Según Diario de Lanzarote:

El Hotel Papagayo Arena es uno de los hoteles que más complicada tiene su legalización, principalmente porque se construyó uniendo dos parcelas que acabaron por eliminar un paso hacia la costa, un pasillo verde en el que no se podía edificar nada y sobre el que está construido el hotel.



Ese es un incumplimiento difícil de solucionar aunque el hotel consiguió hace un año que la Dirección General de Costas le aprobara un proyecto para trasladar ese paso a uno de los laterales del hotel, el más cercano a las playas de Papagayo.

El proyecto se presentó de forma conjunta con el Dream Gran Castillo, el hotel colindante, y aún no es definitivo. Costas ha aprobado esa posibilidad pero ahora deberá ser el Ayuntamiento de Yaiza el que le permita materializarla, porque la decisión de Costas no es preceptiva.

El proyecto modificado lo presentó el arquitecto del hotel, Ángel García Puertas, y según los dos hoteles, se garantiza el paso hacia la costa desde las dos rotondas. Esa misma petición se hizo al Plan General como alegación, pero fue denegada por el equipo redactor.

El informe de Costas es de junio de 2014 y se aportó al Gobierno de Canarias en el mes de julio. Según el hotel, es una solución para garantizar los accesos al mar, que aumenta la superficie destinada a paso público.

El hotel considera que así cumpliría con el artículo 28 de la Ley de Costas sobre la servidumbre de acceso al amar. Los terrenos, no obstante, están afectados en parte por la servidumbre de protección, así que tendrá que obtener también el permiso del órgano competente de la comunidad autónoma de Canarias.

Se da la circunstancia, tal y como destacó el Cabildo en el informe ‘Legalidad urbanística’, que el paso peatonal de acceso a la playa, que originariamente estaba justo donde se construyó el hotel, fue una condición fundamental para que Costas diera su visto bueno a la urbanización de Las Coloradas a finales de los años 80 del pasado siglo.

También la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias planteó reparos a la aprobación del plan parcial de Las Coloradas y exigió “que se crearan zonas verdes intermedias de acceso al mar, de uso público y comunitario”, para evitar que la playa quedara prácticamente cerrada por las parcelas hoteleras.

El hotel Papagayo Arena ocupa las parcelas una y dos del plan parcial de Las Coloradas, entre las que existía un paso de acceso a la playa. El establecimiento tiene 747 plazas turísticas y tiene más de 45.000 metros cuadrados construidos.

Según el análisis que hizo el Cabildo, el Papagayo Arena incumple el Plan Insular de Ordenación (PIO), la moratoria del año 2000, las condiciones de la autorización turística previa e incluso la normativa de la urbanización de Las Coloradas.

En concreto, el hotel incumple artículos del Plan Insular “sobre la adecuación de la edificación a la topografía del lugar y a la arquitectura de Lanzarote”. También incumple la altura y el número de plantas máximas, así como las condiciones de edificabilidad –que “supera notablemente”- del plan parcial de Las Coloradas.

El Cabildo destacó que la edificación no cumplía con los retranqueos del plan parcial: el hotel tenía que retranquearse de los límites de la parcela a “una distancia no menor que la altura de la edificación en cada punto”.

Según Diario de Lanzarote:

El Ayuntamiento de Yaiza ha notificado a la propiedad del Hotel Papagayo Arena la resolución de la Junta de Gobierno que informa desfavorablemente al proyecto de legalización del polémico establecimiento alojativo, construido en primera línea de la playa de Las Coloradas, porque “contraviene el Plan General de Ordenación Urbana vigente”.



Así, el informe municipal concluye que las edificaciones, en la documentación aportada, no se ajustan a lo permitido por el Plan General. El hotel deberá aportar el proyecto de “adecuación de la realidad existente ya que no se contempla ninguna medida” que aborde la “ocupación” “de los viales peatonales de acceso a la costa reflejados en los planos de ordenación pormenorizada” del Plan General.

El proyecto presentado por el Papagayo Arena en mayo de 2015 junto con la solicitud de licencia de obra mayor para modificar los pasos públicos al mar desde unas rotondas de la urbanización de Las Coloradas “contempla la modificación de la ordenación urbanística prevista en el Plan General de Yaiza” y el Ayuntamiento entiende que no se puede cambiar el planeamiento en la tramitación de una licencia urbanística.

Como se recordará, el Hotel Papagayo Arena se levantó sobre dos parcelas en primera línea de la urbanización de Las Coloradas, entre las que estaba definido un vial de acceso al litoral que fue ocupado por el hotel.

El informe técnico municipal señala que “debido a que el proyecto de legalización no subsana la ocupación de los viales públicos peatonales de acceso a la costa” no procede efectuar el análisis sobre el cumplimiento de los parámetros urbanísticos, tales como edificabilidad, ocupación, retranqueos y alturas.

El Ayuntamiento señala que “la adaptación de la edificación al planeamiento” respecto a los accesos al litoral “podría implicar la modificación sustancial del conjunto del hotel” y la “alteración de todos los parámetros urbanísticos del proyecto”.

El Consistorio ordena a la empresa propietaria del Papagayo Arena “la adecuación y acomodación de la edificación a la ordenación urbanística en el plazo de dos meses contados a partir de la notificación del acuerdo de Junta de Gobierno”.

La empresa propietaria ha sido requerida para que en el plazo de un mes registre el proyecto en el que se presente de forma detallada “todas las medidas técnicas a ejecutar, incluida la demolición parcial si fuera necesaria, a fin de ajustar la edificación al planeamiento municipal”.

Vídeo Lancelot TV:

Según La Voz de Lanzarote:

El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso presentado por la mercantil Papagayo Arena S.L., que lleva años intentando evitar la ejecución de la sentencia que declaró ilegal el hotel. Ese fallo se dictó en julio de 2007 y seis años después, dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, el Ayuntamiento de Yaiza acordó requerir a la propiedad para que iniciara la legalización del establecimiento, que a día de hoy sigue sin llevarse a cabo.



La decisión del Consistorio fue recurrida por la empresa primero ante el Juzgado de lo Contencioso Número 5 de Las Palmas -que desestimó su solicitud- y a continuación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que también rechazó su recurso en 2017. Después, se dirigió al Tribunal Supremo, que acaba de dictar un auto, fechado el pasado 18 de febrero, por el que acuerda no admitir siquiera a trámite el recurso.

Así, el auto confirma el decreto del Ayuntamiento -que no llegó a personarse en este procedimiento abierto ante el Supremo- y concluye que no hay interés casacional en el motivo planteado por la recurrente, que insistía en que cuando llegó ese requerimiento del Consistorio, había caducado la potestad para exigir que se restaurara la legalidad urbanística.

En su recurso, la empresa alegaba que la obra estaba terminada desde 2004, cuando obtuvo licencia de primera ocupación por parte del entonces alcalde, José Francisco Reyes -que ya fue condenado en el caso Yate por otorgar éste y otros permisos ilegales a cambio de sobornos-, y que no fue hasta 2013 cuando el Ayuntamiento requirió la legalización. Sin embargo, el TSJC subrayó que lo que estaba haciendo el Consistorio era ejecutar una sentencia que dio la razón a los recursos interpuestos entonces por el Cabildo de Lanzarote y por la Fundación César Manrique, y que “ordenó la restauración del orden urbanístico, lo que necesariamente llevaba a la necesidad de iniciar el procedimiento de legalización, o de ser ésta inviable, a ordenar la demolición de lo construido”.

“No puede hablarse con propiedad de la caducidad del procedimiento, pues sería tanto como admitir que mediante la inacción de la administración local puede llegarse a dejar sin efecto lo resuelto en la sentencia”, señalaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictado en septiembre de 2017, que ya es firme.

Además, la sentencia recordaba que en octubre de 2012, el tribunal ya desestimó la pretensión de convalidar las licencias, ordenando que se procediera a la ejecución de la sentencia, que fue el trámite que inició entonces el Ayuntamiento, sin que pueda por tanto hablarse de caducidad de los plazos para restaurar el ordenamiento infringido.

Mientras se resolvía este pleito en los Tribunales, la propiedad sí terminó presentado un proyecto para legalizar el hotel, pero el Consistorio ya lo analizó y lo rechazó hace dos años, concluyendo que era ilegalizable. Entre otras cosas, el informe técnico advertía que debería llevarse a cabo una demolición parcial del establecimiento, que entre otras cosas porque cerró el acceso a la playa de Las Coloradas, ocupando dos viales peatonales con el edificio.

Además, señalaba que la solución que planteaba la empresa a esto, proponiendo la adecuación de dos pasos al mar desde otras zonas a ambos lados del hotel suponía “la modificación de la ordenación urbanística prevista en el Plan General de Yaiza, no pudiendo ser la modificación del planeamiento tramitada como una licencia urbanística". En cuanto al resto de incumplimientos del hotel con respecto a edificabilidad, retranqueos y alturas, ni siquiera entraba a valorarlos, señalando que deberían ser analizados cuando se presentara un nuevo proyecto que incluyera la recuperación de los viales de acceso a la playa ocupados por el edificio, lo que “podría implicar la modificación sustancial del conjunto del hotel y alteración de todos los parámetros urbanísticos del proyecto".

Según Diario de Lanzarote:

La historia interminable de las licencias anuladas a hoteles por la Justicia en Playa Blanca tiene otro capítulo más, y es de lo más rocambolesco. La propiedad del Hotel Papagayo Arena, cuya licencia de obra fue anulada en el año 2007 y cuyo intento de obtener un nuevo permiso posterior tras la aprobación del Plan General de Yaiza de 2014 también fue tumbado por el Tribunal Supremo el año pasado, ha iniciado otro camino judicial para intentar legalizar su situación.



Su intención ha sido esquivar al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique (FCM), que son las dos entidades que impugnaron esa licencia otorgada en 1998 por el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que cumple una condena de seis años de cárcel precisamente por la concesión de esta y otras licencias.

El hotel, de más de 700 plazas, impugnó el rechazo al proyecto de legalización por parte de Yaiza en un Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria, y al tiempo solicitó al Juzgado que nombrara a un mediador intrajudicial para resolver el conflicto.

Yaiza no se opuso a esa mediación y el mediador nombrado ha realizado una propuesta para que el hotel pueda ser legalizado llevando a cabo pequeñas obras que no supondrían el derribo y que se adaptarían a las determinaciones del plan parcial y del Plan General.

La propiedad del hotel sigue sosteniendo que la anulación de la licencia se realizó por motivos formales, no de planeamiento, por la falta de informe jurídico y falta de publicación del plan parcial Las Coloradas.

La licencia se concedió en un plazo de solo tres días desde que se solicitó y, aunque el TSJC no entró en el fondo del asunto porque los defectos de forma ya impedían que se hubiera concedido la licencia, el hotel incumple, entre otros parámetros, la altura y el número de plantas máximas y supera notablemente las condiciones de edificabilidad del plan parcial Las Coloradas, ocupando 20.000 metros cuadrados de más.

El resultado de la mediación se comunica a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la que anuló la licencia y la que debe ejecutarla. Tanto el Cabildo como la FCM se han opuesto a esa vía, pero el TSJC aún no ha resuelto si da por buena dicha solución, que supondría ejecutar una sentencia firme sin tener en cuenta a quienes recurrieron y ganaron y, sin embargo, con la participación activa de quienes cometieron la infracción: el Ayuntamiento de Yaiza, que fue quien otorgó la licencia, y la empresa hotelera, que se benefició de ese acto ilegal.

Ambas instituciones no solo se oponen porque la solución supondría evitar el cumplimiento de la legalidad urbanística y porque no han sido partícipes de esa propuesta realizada, sino porque también se estaría obviando otra sentencia firme que hace imposible esa vía, que es la que anula la agrupación de las dos parcelas donde se asienta el hotel, que se declaró nula porque en medio hay una zona verde, que sigue ocupando el establecimiento y que debía ser un paso hacia la costa en el que no se podía edificar nada.

La Fundación César Manrique, en sus alegaciones anteriores, apuntaba en ese procedimiento que la ejecución de la sentencia consiste en la demolición del hotel al ser ilegalizable.

Es la segunda vez que el hotel solicita una mediación. En el año 2018 se la pidió al Cabildo y sus servicios jurídicos se negaron. El establecimiento sostenía entonces que la mediación permitiría “una mayor comprensión de la situación existente y contribuiría a componer adecuadamente en el marco de la ley todos los intereses públicos y privados implicados”.

El hotel insistió en pedir la mediación directa del consejero competente en materia de Política Territorial, que era entonces Echedey Eugenio, por “la discordancia existente entre el papel de la representación procesal del Cabildo y lo que han venido siendo los pronunciamientos de los responsables institucionales”.

Según Diario de Lanzarote:

El Cabildo de Lanzarote ha instado al Ayuntamiento de Yaiza a la ejecución de la sentencia que anuló las licencias de construcción del hotel Papagayo Arena, uno de los símbolos de la etapa más corrupta en el sur de la Isla, como se acreditó en el caso Yate.



En términos jurídicos, supondría “el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial infringida”. Y, en términos prácticos, “implicará la demolición de las obras” efectuadas al amparo de los permisos declarados ilegales por la Justicia.

El Cabildo considera que las obras del Papagayo Arena resultan “incompatibles” con la ordenación territorial y urbanística y que solo cabe la demolición. En un informe de la Asesoría Jurídica, avalado por unanimidad en el Consejo de Gobierno, se destaca que “con una simple consulta” al Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, aprobado en julio de 2014, “se puede observar que la situación urbanística de las dos parcelas y las servidumbres sobre las que se asienta el hotel en nada han cambiado”.

El acuerdo instando al Ayuntamiento sureño a ejecutar la sentencia también ha sido trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fue el que anuló hace más de 13 años las licencias concedidas por José Francisco Reyes en su etapa en la alcaldía.

Además, los servicios jurídicos del Cabildo han insistido en la “imposibilidad de legalización” del Papagayo Arena y han resaltado que otra sentencia, confirmada por el TSJC en 2012, anuló las licencias de agrupación de las dos parcelas sobre las que se levantó el hotel, ocupando además un vial público de acceso a la playa de Las Coloradas.

Sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento de Yaiza revisara el planeamiento municipal y diera encaje urbanístico al Papagayo Arena, los servicios jurídicos del Cabildo advierten de que la revisión del Plan General solo se admite cuando el cambio “responda al interés general, pero en modo alguno si su finalidad es legalizar la edificación, pues en este caso se produce un fraude de ley”.

El Ayuntamiento se ha mostrado dispuesto a cambiar el planeamiento municipal, en un acuerdo alcanzado con la propiedad del hotel a través de una mediación en un Juzgado, sin que fueran parte ni el Cabildo ni la Fundación César Manrique, pese a que fueron las entidades que impugnaron las licencias del Papagayo Arena.

En el supuesto de que finalmente se llevase a cabo una modificación del Plan General encaminada a legalizar el hotel, el Cabildo avisa de que “puede ser revisada en la jurisdicción contenciosa”.

“La declaración de nulidad de una licencia por sentencia judicial firme lleva aparejada la demolición de la edificación cuya licencia se ha anulado aunque el fallo judicial no se pronuncie expresamente sobre ella y, por tanto, el Ayuntamiento ha de proceder a su demolición en cumplimiento y ejecución de la sentencia”, concluye la Asesoría Jurídica del Cabildo lanzaroteño.

Los servicios jurídicos del Cabildo han mostrado de forma reiterada su oposición al intento del Papagayo Arena de celebrar una mediación, a lo que sí accedió, por otro lado, el Ayuntamiento de Yaiza.

Con esa mediación, los representantes del hotel pretendían establecer “las condiciones y requerimientos exigibles” para la “legalización” del establecimiento, “especialmente en lo que se refiere al cambio del trazado de la servidumbre de acceso mar” y los “parámetros urbanísticos” de la edificación.

Para la Asesoría Jurídica del Cabildo, “no procede” esa mediación en la ejecución de la sentencia del Papagayo Arena, “pues su objeto es imposible”.



La respuesta del Papagayo Arena ha sido atacar al Cabildo ante el TSJC, acusar a la institución insular de mantener una “actitud beligerante” y buscar “a toda costa y como fuere la demolición de la edificación hotelera”.

En un escrito dirigido al tribunal este pasado mes de diciembre, la representación del hotel alude a una supuesta “obsesión” del Cabildo con el derribo y llega a pedirle que intervenga para obligar a la institución insular a que resuelva el expediente sobre la licencia previa que fija la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y que ha solicitado el Papagayo Arena.

Esa autorización turística previa es “preceptiva” para que, con posterioridad, el Ayuntamiento pudiese otorgar la licencia urbanística municipal. Sin embargo, con la normativa en la mano se antoja complicado que la pueda obtener.

Las fuentes consultadas explican que el Cabildo se ha dirigido al Consistorio de Yaiza para que informe de forma oficial si el Papagayo Arena se ajusta al planeamiento municipal. Hace cuatro años, el propio Ayuntamiento determinó que el hotel “no es legalizable” y concluyó que “no se ajusta a lo permitido en el PGO”.

El hotel ha llegado a cuestionar que se cambiase de departamento a la arquitecta que estaba destinada en la Consejería de Ordenación Turística y Actividades Clasificadas y que conocía el expediente del Papagayo Arena. Las fuentes recalcan que ese cambio estaba previsto y que no guarda vinculación alguna con el expediente del polémico hotel.

El Papagayo Arena también llega a poner en tela de juicio que los servicios jurídicos del Cabildo analicen la documentación presentada para la licencia previa turística, ya que han informado que el Ayuntamiento de Yaiza tiene que proceder a la demolición.

En su ataque contra el Cabildo, la propiedad del Papagayo Arena carga personalmente contra el jefe de la Asesoría Jurídica de la Corporación insular, Pedro Fraile, al que atribuye una “contumaz oposición” a la mediación para legalizar el hotel. El letrado del Cabildo señaló que no era posible cambiar el planeamiento para regularizar la edificación y recalcó que no era “factible” ni la mediación que demandaba el Papagayo Arena “ni la complicidad” de la institución con esa “pretensión”.



En un escrito reciente dirigido al Tribunal Superior de Justicia, la representación del Papagayo Arena llega a sostener que la sentencia que anuló la licencia de obras “ya está ejecutada” con el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Yaiza para iniciar los procedimientos de intento de legalización del hotel.

En esa misma línea, insiste en que “las partes en conflicto” llegaron a un acuerdo mediante una mediación. En realidad, ese acuerdo se formalizó entre el Ayuntamiento, cuyo exalcalde concedió la licencia declarada ilegal, y la empresa que la recibió, pero en el mismo no han participado las dos entidades que impugnaron el permiso urbanístico en los tribunales, el Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique, que a su vez han presentado un recurso de apelación contra el citado acuerdo suscrito por el Papagayo Arena y el Consistorio de Yaiza.

Según La Voz de Lanzarote:

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia anulando el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Yaiza y el Papagayo Arena para intentar legalizar el hotel, tras haber estimado un recurso del Cabildo y de la Fundación César Manrique.



Dicho acuerdo fue homologado judicialmente en noviembre de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, pero tanto el Cabildo como la FCM presentaron un recurso. Y es que, aunque después de que la Justicia anulase la licencia del Hotel Papagayo Arena se abrió un incidente de ejecución de sentencia en el que ambas instituciones eran parte, no fueron emplazadas en este procedimiento.

Además, entre otras cuestiones, en su recurso sostenían que el acuerdo "no se ajusta al ordenamiento jurídico por fraude de ley". Al respecto, cabe recordar que el propio Ayuntamiento de Yaiza concluyó en 2016 que el Hotel Papagayo Arena era ilegalizable, desestimando el proyecto que presentó la propiedad para su legalización. El Consistorio advirtió entonces que debía llevarse a cabo una demolición parcial del establecimiento, entre otras cosas porque cerró el acceso a la playa de Las Coloradas, ocupando dos viales peatonales con el edificio.

Sin embargo, en abril del año pasado, la propiedad del hotel solicitó la terminación del incidente de ejecución, al entender que la sentencia había sido ejecutada, y ello en base al acuerdo, mediante mediación judicial, al que había llegado con el Ayuntamiento de Yaiza. El Papagayo Arena alegaba que la sentencia había sido ejecutada "desde el momento en que el Ayuntamiento de Yaiza le requirió para la legalización del hotel, dado que la sentencia no enjuició la edificación hotelera a la normativa y planeamiento urbanístico de aplicación y que el resultado de la solicitud de legalización queda al margen del fallo de la sentencia".

"No cabe acceder a tal pretensión en cuanto a que la sentencia no ha sido ejecutada en todos sus términos", sostiene sin embargo la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en un auto fechado el 15 de febrero. "El hecho de que exista un acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento de Yaiza y la propiedad del hotel tampoco conlleva sin más el archivo por pérdida sobrevenida de su objeto", añade además el tribunal, que apunta que "la ejecución de la sentencia requiere la incoación y tramitación del oportuno expediente de legalización, con audiencia de los interesados".

"En definitiva, una vez que el Ayuntamiento haya resuelto acerca de la legalización de la obra, y dictada la oportuna licencia que legalice la construcción, se podrá tener por ejecutada la sentencia. Y en caso de que dicha licencia no pueda ser obtenida, la edificación estará huérfana de licencia y, por tanto, abocada a su demolición", añade la sala.

Este auto se suma además a la sentencia en la que se anula el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Yaiza y el Papagayo Arena, en la que se revoca la homologación judicial del mismo, ordenando retrotraer las actuaciones "al estado inmediatamente anterior en que tanto el Cabildo Insular de Lanzarote como la Fundación César Manrique debieron ser emplazados en debida forma".