Según Diario de Lanzarote:
Dos directivos de la empresa Tecmed, que luego absorbió a Urbaser, han confesado antes del juicio del caso Jable los sobornos a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife para la adjudicación del servicio de recogida de basura, además de aumentar el volumen de pagos por la limpieza de calles y cuidado de parques y jardines.
Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, dos de los acusados en el caso Jable, han presentado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial sendos escritos, idénticos, en los que manifiestan su “voluntad de colaboración con la Justicia”, mediante el “reconocimiento de los hechos acontecidos”.
“Con el fin de contribuir a la reparación del orden jurídico”, proceden al ingreso cada uno de ellos de 110.000 euros, “en concepto de pago a cuenta de la multa por delito de cohecho”, que aseguran que aceptarán “mediante conformidad con la Fiscalía”. Ambos acusados ya han efectuado los ingresos bancarios, de un total de 220.000 euros, en una cuenta de la Audiencia Provincial.La Fiscalía Anticorrupción les acusa como autores de un delito continuado de cohecho y de un delito de uso o aprovechamiento de secretos, y como cooperadores necesarios en un delito de falsedad en documento público y en un delito de fraude.
A Santiago Alonso y Manuel Andrés Martínez se le piden más de 10 años de prisión en el caso Jable.
Su conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía Anticorrupción compromete la estrategia de otros acusados, como el exsecretario del Ayuntamiento capitalino, Felipe Fernández Camero, y la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz. Precisamente el inicio del juicio, previsto para el próximo lunes, está a expensas de que la Audiencia se pronuncie sobre la petición de la defensa de Déniz de suspender el comienzo de la vista oral.
Según Anticorrupción, Dimas Martín y María Isabel Déniz, en 2001, se “concertaron” con Manuel Andrés Martínez y Santiago Alonso, directivos y apoderados de Tecmed, para que, “a cambio de una comisión”, la empresa resultara adjudicataria en el concurso de recogida y transporte de residuos en Arrecife. En aquel momento, ambos eran miembros destacados del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL).
Para ello, añade la Fiscalía, fue “necesario” contar con Jacinto Álvarez, gerente y delegado de la empresa en Lanzarote, “que era quien tenía un trato más directo y cotidiano con los políticos y funcionarios locales, parapetando así a los mencionados directivos de la empresa que intentaban evitar el trato directo para no dejar apenas rastro de su labor”.
“
El importe exacto de la comisión pagada por los directivos de Tecmed (después Urbaser) se desconoce, pero inicialmente fue algo superior a los 300.000 euros, si bien finalmente el importe se incrementó considerablemente debido a lo abonado por las modificaciones de los distintos contratos que la mercantil había celebrado con el Ayuntamiento, las revisiones de precios de los mismos y el desorbitado número de regalos y viajes a Madrid de distintos funcionarios y políticos de la Corporación, que se abonaron con cargo a dicha empresa”, señala el escrito de acusación.
Anticorrupción apunta que también se sumaron a este “ilícito acuerdo” Rafael Arrocha, jefe de la Oficina Técnica, y Felipe Fernández Camero, secretario del Ayuntamiento y miembro de la mesa de contratación, “cuya contribución era ineludible”.
El pleno municipal, el 22 de febrero de 2002, aprobó los pliegos de contratación para la recogida y transporte de residuos sólidos, con un presupuesto anual de casi 2,3 millones de euros. Al concurso se presentaron Tecmed y Urbaser, entre otras empresas. Tecmed absorbió a Urbaser pero se quedó con su marca comercial.
El encargado de elaborar la oferta de Tecmed fue el ingeniero Stepahn Jean Antoine Balverde, quien la empresa junto a Jacinto Álvarez en las oficinas municipales. “Una vez estuvieron en el Registro general del Ayuntamiento todas las proposiciones con su documentación”, en ejecución del “ilícito plan acordado”, Fernández Camero, bajo cuya custodia estaba la documentación del concurso, “facilitó su apertura de manera fraudulenta”.
De esta forma, Rafael Arrocha, el 20 de mayo de 2022, avisó al gerente de Tecmed, y le puso al corriente de que su oferta “no era la mejor situada”, dando una “ventaja ilícita” a esta empresa, que redactó “una segunda oferta en mejores condiciones” que, de manera “fraudulenta”, se sustituyó en el concurso público.
El plazo de admisión de propuestas al concurso de recogida de residuos se había cerrado el 14 de mayo de aquel año. Sin embargo, según destaca la Fiscalía, Fernández Camero y Arrocha, “faltando a los deberes de su cargo, cambiaron la oferta inicialmente presentada por Tecmed por otra más favorable” a esta empresa.
El 22 de mayo se constituyó la mesa de contratación, presidida por Isabel Déniz, con Fernández Camero como miembro. Ese mismo día, Arrocha “abrió la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife por la tarde, fuera del horario ordinario de atención al público, para que la sustitución” de la oferta de Tecmed fuera posible. De esto quedó rastro en un cuaderno azul intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) a Jacinto Álvarez, con la nota: “Ver a Felipe Fernández, entregar los pliegos”.
En esa segunda propuesta de Tecmed se introdujeron dos ofertas no contempladas en el pliego del concurso: la construcción de un almacén, talleres, oficinas y aparcamiento, “a pagar en 25 años con un canon anual de 248.836 euros”, para un total de casi cuatro millones de euros y, por otro lado, un taller, oficinas, comedor, lavadero y aparcamiento, por 2,3 millones de euros, a pagar también en un cuarto de siglo con un canon anual de 168.836 euros.
La Fiscalía recalca que estas ofertas “no debieron ser valoradas ni consideradas al no estar previstas en el pliego” del concurso. Así, esas obras, si el Ayuntamiento estaba interesado en que se ejecutaran, tendrían que haberse licitado “de forma independiente”. “Por el contrario, se adjudicaron al margen de todo procedimiento administrativo que garantizara la transparencia, la prevalencia del interés público y la libre concurrencia de los licitadores”, apostilla Anticorrupción, que también recalca que ese plazo de 25 años para pagar las obras excedía la duración del contrato, que era de solo de 10 años.
“Siendo consciente de las gravísimas irregularidades”, el jefe de la Oficina Técnica informó el 8 de julio que la oferta mejora valorada era la de Tecmed, por un precio anual de casi 2,2 millones de euros. En aquel informe apuntó que debía tenerse en cuenta las propuestas introducidas de forma irregular para una serie de obras no contempladas en el concurso público. Prácticamente un mes más tarde, el 9 de agosto, el pleno del Ayuntamiento adjudicó a Tecmed el servicio de basura y los contratos de obra que no habían salido a licitación: uno por casi cuatro millones y otro por 2,3 millones de euros.
Anticorrupción destaca que el contrato por el servicio de recogida de basuras, durante 10 años, tenía un coste global para las arcas públicas de 21,9 millones de euros. Con el coste de las obras, no incluidas en la licitación, aumentaba a 28,2 millones de euros. Sin embargo, con al canon anual que propuso la empresa y aceptó el Ayuntamiento, el coste global se disparó por encima de los 32,4 millones de euros.
![Imagen](https://www.diariodelanzarote.com/sites/default/files/styles/media_thumbnail/public/archivos/2015/Abril%202015/130423-isabeldeniz05-980.jpg)
En el escrito de acusación se indica que por el contrato de la basura se entregaron una serie de dádivas.
El 22 de septiembre de 2003, Jacinto Álvarez entregó a Dimas Martín “una cantidad que no ha podido ser cuantificada pero superior a 6.000 euros”. La Fiscalía resalta que ese mismo día se produjo un ingreso de 6.000 euros en una cuenta a nombre de la esposa del fundador del PIL.Unos días después, añade Anticorrupción,
el gerente de Tecmed entregó a Matías Curbelo, mano de derecha de Dimas Martín, y ya fallecido, “otro sobre con al menos 60.000 euros que, posteriormente, entregó al también acusado Miguel Ángel Leal, miembro del PSOE, como parte de la comisión para la adjudicación del contrato” de residuos, “hecho que tuvo lugar en la cafetería El Notario, en un lateral del antiguo Cabildo de Lanzarote”.
“
Una cantidad similar de dinero, 60.000 euros, había recibido de la misma mercantil, días antes, la acusada María Isabel Déniz de León”, añade el escrito de acusación. El Ministerio Fiscal añade que Déniz también fue “obsequiada” por Tecmed, el 4 de enero de 2002, poco antes de salir el concurso público, “con un mueble de salón valorado en 1.202 euros”.
El escrito de acusación indica que
Jacinto Álvarez realizó otros pagos a Dimas Martín. Uno de ellos, el 4 de enero de 2003, “le entrega 36.000 euros de parte de Manuel Andrés Martínez”, directivo de Tecmed. El 17 de noviembre de 2003, Álvarez entregó al entonces presidente del Cabildo de Lanzarote 30.000 euros, que previamente le había dado el citado directivo de la empresa. Este pago se realizó en el hotel Meliá Castilla de Madrid.
La Fiscalía también sostiene que
Jacinto Álvarez pagó al jefe de la Oficina Técnica de Arrecife “la cantidad de 180.000 euros en concepto de comisión por su participación en la adjudicación a Tecmed”, de forma “fraccionada”, así como diversos regalos.
Rafael Arrocha avaló en marzo de 2002 la ampliación de otro contrato vinculado con esa empresa, el de limpieza de las calles, hasta el millón de euros al año, que supuso un aumento del 254,2 por ciento. Un año después, se modificó el plazo del contrato y se incrementó 10 años adicionales, fijando un nuevo precio anual: más de 1,8 millones de euros.
En total, un aumento del 450,5 por ciento con respecto al precio que se había adjudicado cinco años antes.
Algo parecido sucedió con el contrato de parques y jardines, de otra empresa vinculada al grupo de Tecmed y Urbaser: se adjudicó en marzo de 1998 por 164.676 euros al año, y cuatro años después se aumenta el precio un 305,9 por ciento, hasta los 503.641 euros, con el respaldo del jefe de la Oficina Técnica.
La Fiscalía subraya que Isabel Déniz “continuó exigiendo” a Tecmed, luego denominada Urbaser, a través de su gerente en Lanzarote o directamente a los directivos de la compañía, “el pago de diversas cantidades de dinero” y “
objetos de lujo, como relojes, joyas y bolsos, así como pasajes de avión, casi siempre en clase 'business', y estancias en hoteles, generalmente de cinco estrellas -como el hotel Hesperia-”. Jacinto Álvarez “dejó constancia” de esas exigencias de la entonces alcaldesa de Arrecife en agendas y cuadernos.
Así, según Anticorrupción, Déniz recibió de Tecmed, “al menos”, el citado mueble de 1.202 euros, 30.000 euros el 30 de abril de 2003, 9.000 euros el 12 de febrero de 2004, un bolso Loewe valorado en 418 euros el día de Reyes de 2004, o un reloj Relox modelo Cadette valorado en 4.750 euros el 15 de diciembre de 2005.
También se cita dos entradas para el Teatro Real para asistir a la ópera Don Carlo de Verdi el 29 de mayo de 2005, por 574 euros, 42.000 euros en efectivo en 2006. La empresa adjudicataria del servicio de recogida de basura llegó a pagar “una empleada doméstica durante, al menos, dos meses”, destaca la Fiscalía. En 2007, María Isabel Déniz también exigió a la empresa “diversas joyas”, como un brazalete y un collar de perlas negras, “aunque nunca llegaron a comprárselas”.
Una de las dádivas que destaca la Fiscalía es un viaje a Kenia del 17 al 27 de enero de 2004 valorado en 15.653 euros, con escalas a la ida y a la vuelta en Madrid, estas últimas pagadas por la empresa a través de una agencia. Al viaje acudieron, según el escrito de acusación, dos matrimonios: Isabel Déniz y su marido, José Domingo Abreut, y Felipe Fernández Camero y su esposa, Juana María de las Heras. Jacinto Álvarez anotó en uno de sus cuadernos que la alcaldesa le había indicado que “había que darle un viaje al secretario”. Dos meses antes del viaje, Jacinto Álvarez se desplaza a Madrid y en las oficinas de su empresa “le facilitan 14.000 euros en efectivo”.