Según el DiariodeLanzarote.com:
El portavoz de Alternativa Ciudadana (AC) en San Bartolomé, José Antonio González, denunció este miércoles que el ayuntamiento ha sellado un convenio urbanístico con siete propietarios de parcelas en la zona industrial de Playa Honda, uno de ellos hermano del alcalde, por el que obtendrán un beneficio estimado en
2.301.342 euros. González lamentó que no se haya puesto en marcha la comisión de investigación para investigar el asunto y que fue aprobada en el pasado pleno del 15 de julio.
El convenio tiene como antecedente la sentencia favorable al dueño de un solar inscrito en la que hoy es la Unidad de Actuación número 4 (UA-4) de la Zona Industrial de Playa Honda. El ayuntamiento ocupó una franja de su terreno para hacer una calle y el Tribunal Supremo obligó a la institución a pagar una indemnización de unos veinte millones de pesetas por los 1.042 metros cuadrados ocupados.
Para recaudar dinero y hacer frente a la indemnización, el ayuntamiento firmó un acuerdo el pasado 7 de marzo con siete propietarios de la zona que se comprometen a pagar al consistorio la cantidad que abonó al demandante, así como la que le correspondería a otros dos propietarios -que afirman que se les ocupó 1.139 metros cuadrados-, entre ellos el hermano del alcalde, “que nada han reclamado hasta el momento”, según la versión del portavoz de AC.
En total, los siete propietarios pagarán 262.199 euros por los 2.181 metros cuadrados ocupados. A cambio de ello, esos dos propietarios renuncian a entablar acciones judiciales y el ayuntamiento se compromete a cambiar las Normas Subsidiarias, o en su defecto el Plan General de Ordenación, aún en redacción, para que los terrenos UA-4 de los siete propietarios tengan el doble de la edificabilidad actual. Según González, el beneficio neto de la operación se estima en 2,3 millones de euros.
El portavoz de AC desvela además que el hermano del alcalde, uno de los dos nuevos afectados, “no era propietario de la finca cuando se produjo la ocupación en 1995, pues la misma fue adquirida en el año 2001” .
También señala que el alcalde, Miguel Martín, podría haber cometido un delito de prevaricación al votar a favor del convenio urbanístico, “a pesar de que su hermano era uno de los interesados en el mismo”.
Alternativa Ciudadana ha puesto estos hechos en conocimiento de un despacho de abogados los hechos denunciados "para que inicie las pertinentes acciones legales con el fin de que se depuren las posibles responsabilidades que hubieren lugar".
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