Según el canarias7:
El fiscal del caso de los baños de Los Dolores cree que junto a Dimas Martín, Mario Pérez y Sergio Machín, (a los que imputa delitos contra el patrimonio y prevaricación), tres técnicos cooperaron, y un tercero pudo incurrir en falsedad. El juez los ha citado el día 16.
La citación judicial ante el juez magistrado del Juzgado número 4 de Arrecife, parte de la petición del Ministerio Público, que en su informe aprecia posibles delitos de daños contra el patrimonio histórico, «por la destrucción de parte de la colada volcánica que forma parte del Bien de Interés Cultural (BIC) de la ermita de Los Dolores» y prevaricación administrativa, por autorizar obra de reforma de la ermita y la construcción de aseos públicos en su entorno sin contar con los informes previos preceptivos que exige la ley 47/1999.
De estos dos presuntos delitos a los que acusa directamente, a Dimas Martín, Mario Pérez y Sergio Machín, también podrían ser autores, dice el fiscal del caso, «por inducción o cooperación necesaria», dos técnicos de la oficina de Obras Públicas del Cabildo, entre los que sobre sale el ex consejero de Industria del Gobierno de Canarias, José Manuel Fiestas Coll.
Además, el fiscal imputa un tercer delito de falsedad en documento oficial, por la no inclusión en el acta de replanteo de la obra del dato fáctico del comienzo de las mismas con anterioridad a tal trámite administrativo, del que podría ser autor otro técnico de la Corporación.
Por esta causa deberán comparecer el próximo día 16 ante el juez los tres facultativos del Cabildo, al margen de otras diligencias en las que se exige a la Corporación que remita hoja de servicio detallada de los funcionarios adscritos a la obra los días 5 y 9 de julio de 2003 o certificado de penales de los tres políticos.
Entre los funcionarios imputados sobre sale por su viejo pasado político, José Manuel Fiestas Coll, actual gerente del Consejo Insular de Aguas, que fue en su día, consejero de Industria del Gobierno de Canarias, en el gabinete de Olarte, además de consejero delegado de Inalsa en el Gobierno del Cabildo de Nicolás de Paíz y concejal del Ayuntamiento de Arrecife en aquellos años.
Según el fiscal, las obras, que afectaron a la colada volcánica, empezaron antes del 7 de julio de ese año, según las denuncias del Seprona, aunque la fecha se ocultó del documento de acta de replanteo.
El Ministerio Público expone que no consta en autos que el Ayuntamiento de Tinajo hubiera entregado la licencia, sino que recuerda al Cabildo lanzaroteño la necesidad de contar con autorizaciones previas, que no se recabaron (informe de la comisión de Patrimonio y Comisión Iglesia Estado).
De las declaraciones en autos se puede concluir que la orden de inicio y autorización fue dada por la única persona con facultades, el presidente del Cabildo, Dimas Martín. Así se deduce de las declaraciones de los imputados Sergio Machín y Mario Pérez, además de las resoluciones que autorizaban la obra firmadas por éste.
Según la Fiscalía, el expediente elaborado por la Oficina de Obras públicas, carece de fecha de inicio y como única referencia temporal sólo se menciona el mes de julio de 2003, aunque el presupuesto de la obra tiene fecha de 14 de julio, es decir, 7 días, más tarde del inicio.
El informe del inspector de Patrimonio (11 de julio de 2003), desaconsejaba el emplazamiento y otro 21 de julio advertía un importante desmonte en la colada.
La destrucción de la colada fue asumida antes de dictarse resolución por el presidente y se aprobó por el pleno el día de la resolución de autorización de las obras.
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